By icciec2024
Equipo Editorial ICCI
Abril nos trae matices amargos y contradicciones que desgarran el tejido social. La paradoja ecuatoriana se ha hecho más evidente y dolorosa que nunca: ¿Por qué, si la Amazonía es la mayor productora de crudo del país, sigue siendo el territorio más abandonado y precarizado? Mientras el discurso oficial celebra el alza del precio del barril de petróleo, las comunidades de Taisha no cuentan con condiciones mínimas que garanticen la vida. Esta realidad nos da la razón: el extractivismo no es el camino; sus devastaciones son mayores que sus promesas y las “ganancias” jamás llegan a donde más se necesitan.
Desde el corazón de la selva, acompañando a las familias, Pablo Ponce del colectivo Violín Rojo, describe un escenario de guerra silenciosa contra la niñez. En Taisha, la emergencia es un estado permanente. Lo que ocurre en comunidades como Kuserúa —donde la mitad de la población son niños— es el resultado de múltiples vulneraciones acumuladas.
La desnutrición infantil se combina con la ausencia de agua segura, creando un caldo de cultivo para la malaria, el dengue y la tuberculosis. Hoy, la alerta es por un brote de tosferina, una enfermedad previsible que ya ha cobrado la vida de bebés como Atsawai Mishel Shunta Mayak, quien murió tras una neumonía derivada de la falta de atención oportuna. ¿Cómo se puede hablar de salud integral cuando para 53 comunidades Achuar solo existen 7 puestos de salud desabastecidos? ¿Cómo se puede vacunar una madre que debe caminar horas bajo el sol o la lluvia con su recién nacido en brazos?
Mientras el Ministerio de Salud envía brigadas intermitentes que operan como parches en una hemorragia, la realidad en los hospitales de Macas y Cuenca es de desmantelamiento. Las familias, que viven de la agricultura de subsistencia, son obligadas a comprar recetas de hasta 150 dólares para ventiladores pediátricos.
Lo más grave es la presión para encubrir la crisis. Denunciamos que, mientras las familias siguen mendigando, se les obliga a grabar videos agradeciendo una atención inexistente para alimentar el marketing gubernamental. Es una burla a la dignidad de los pueblos Shuar y Achuar, cuyos hijos mueren en cajas de cartón por enfermedades que se curan con una vacuna o un antibiótico básico.
A esta crisis de salud se suma el golpe económico. Desde el 12 de abril, la gasolina Extra y Ecopaís superaron la barrera histórica de los 3 dólares por galón, mientras el diésel alcanzó los 2,962 dólares. El Gobierno de Daniel Noboa justifica este incremento bajo el “Efecto Ormuz” y la tensión en Medio Oriente.
Es inaceptable que un país exportador de crudo dependa de conflictos a miles de kilómetros para fijar el precio del pan en la mesa ecuatoriana. El aumento de los combustibles no solo afecta al que tiene un vehículo; impacta directamente en el transporte de alimentos y la producción campesina. Como bien señala la CONAIE, este es un ajuste vinculado a los compromisos con el FMI que termina por asfixiar a los sectores más vulnerables.
Hoy, el sistema de salud en la Amazonía no se sostiene por el Estado, sino por redes de solidaridad ciudadana que gestionan recetas por WhatsApp y financian avionetas de emergencia.
Exigimos que la riqueza del subsuelo se refleje en agua potable, medicinas permanentes y soberanía alimentaria. No aceptamos más promesas vacías en videos de redes sociales, mientras en la morgue de los hospitales los bebés indígenas esperan días para ser enterrados porque sus padres no tienen ni para el certificado de defunción. Abril nos duele, pero también nos convoca a la resistencia frente a un capitalismo que prefiere refinar ganancias antes que salvar vidas.
Para este número contamos con la colaboración de Esperanza Martínez, quien nos deja propuestas fundamentales para enfrentar estas crisis. Atahualpa Macas por su parte, nos cuenta desde un marco jurídico, la experiencia del pueblo Saraguro en cuanto a la gestión del agua. Finalizamos con David Chavez quien desmantela la ilusión de la “democracia mínima” para revelar la consolidación de una autocracia oligárquica.
Esperanza Martínez.
Conversatorio Territorios en Resistencia : Balance y futuro de los derechos de la naturaleza y justicia indígena, realizado el 19 de marzo 2026 en la Casa de la Cultura, Quito. De izquierda a derecha: Apawki Castro, Ercilia Castañeda, Esperanza Martinez y Alberto Acosta.Hablar de los derechos de la naturaleza y de los territorios exige, primero, situarnos: ¿desde dónde lo hacemos? Debemos reconocer que el concepto occidental de «naturaleza» —entendida a menudo como un paisaje externo, un parque o un objeto distante— se distancia profundamente de la vivencia de los mundos indígenas. Desde una visión intercultural, el territorio es una trama compleja donde coexisten la comunidad, seres vivos, seres no vivos y seres espirituales.
Cuando la Constitución ecuatoriana reconoció a la Pachamama como sujeto de derechos, lo hizo anclada en esta filosofía de los mundos indígenas: la naturaleza como ese espacio de coevolución entre los pueblos indígenas y la biodiversidad; el sitio donde se reproduce la vida y de la cual todos somos parte. No es un espacio “virgen” puesto por azar; las selvas más biodiversas son, en realidad, las “chacras” de nuestros ancestros: lugares habitados, cultivados y cuidados por los pueblos originarios durante milenios.
Hoy, los derechos de la naturaleza despliegan diversas utilidades y nuevas narrativas que pueden resultar fundamentales para la defensa territorial. Esto ocurre frente a un capitalismo que intenta desmantelar la concepción integral del territorio, fragmentándolo en parcelas administrativas que nos desorientan. Ante un conflicto territorial, el Estado nos empuja a un laberinto burocrático repartido entre Ministerios de Energía, Ambiente o Agricultura.
Frente a esta fragmentación, los derechos de la naturaleza nos ubican en nuevos escenarios, recordándonos que el Estado es mucho más que el Ejecutivo. Nos sitúan en la sociedad misma, en escenarios de participación ciudadana e inclusive en escenarios judiciales, todo depende de las coyunturas y de la suerte que tengamos. En los escenarios judiciales ya sea de primera instancia, nacionales o internacionales hemos logrado hitos históricos: que los ríos, el mar, los manglares, los páramos, sean protegidos y declarados sujetos de derechos. Estas sentencias son herramientas vitales frente a las principales amenazas del propio capitalismo, sobre todo a la amenaza extractiva que es devastadora, y no solo afecta una parte del territorio, sino que llega al “corazón” mismo de la tierra, como diría el pueblo U’wa, el petróleo la sangre de la madre tierra, mientras que la minería —para muchos otros pueblos— representa el despojo de su esqueleto y sus huesos.
Ante la posible pérdida de sensibilidad en las cortes o la amenaza de cambios en el marco normativo por presiones del modelo global imperante, surge una pregunta urgente: ¿Qué nos queda? Tras una profunda reflexión la respuesta se halla en un recurso fundamental que tienen los pueblos indígenas, no solamente en nuestra constitución sino en los estándares internacionales: la autodeterminación. Como bien señala el Relator de la ONU para pueblos indígenas, la autodeterminación es para los pueblos el equivalente al derecho a la vida.
En Ecuador, esta facultad se traduce en el fortalecimiento de la Justicia Indígena, que ha logrado resolver muchos conflictos, esto que en el mundo indígena se llama los llakis (conflictos). Pero, nadie ha dicho que esta justicia no pueda normar la protección de los seres vivientes (ríos, montañas, cóndores, jaguares) dentro de sus territorios. El reconocimiento de estos “seres vivientes” es una realidad natural y existencial, es una parte consustancial de la cosmovisión para los pueblos y un camino legítimo para resolver conflictos territoriales, de por medio la existencia de todos estos seres vivientes, sin esperar la venia del Ejecutivo, sino con el mandato soberano de la comunidad.
Hemos ganado todas las consultas populares donde se ha apelado a la naturaleza como fuerza vital de nuestra existencia. Esto ocurre a pesar de las trampas de las narrativas del miedo, esas que nos empujan a creer que los jóvenes sin horizontes —producto de la exclusión sociocultural— deben ser tratados solo como delincuentes y juzgados con penas de adultos. Esa visión punitiva nos distancia de un discurso histórico fundamental: el de los derechos humanos y la democracia. El Estado debe cumplir con sus obligaciones económicas, sociales y culturales, para que ninguna población se vea empujada a condiciones tan desesperadas.
Me conmueven profundamente estos dolores compartidos: el de Gaza, el de lo que se anuncia para Cuba, el de Irán; el dolor por la economía criminal, los bombardeos en la frontera y el conflicto en Colombia, un horizonte que a veces parece desesperanzador. Ante este panorama, ¿dónde nos situamos? Si vemos que todo se desmorona, la salida fácil sería el individualismo, el ‘salvarse cada uno’, pero ese no es el punto. El aprendizaje fundamental que nos han dado los pueblos indígenas es la resistencia: han resistido 534 años. Aunque los análisis sean dramáticos y el horizonte parezca nublarse, la lucha continúa. Nos enfrentamos a un capitalismo desesperado por capturar las riquezas de la naturaleza como si fuesen gratuitas, ignorando los miles de años que le tomó a la vida producirlas.
Desde la biología, entendemos que todo está relacionado con todo. Lo que ha sostenido la evolución, la vida en el planeta y nos ha hecho humanos, no fue la competencia ni el ‘triunfo del más fuerte’ —nociones propias del capitalismo victoriano—, sino la cooperación. Pedro Kropotkin ya lo observó en sus estudios en Siberia: en condiciones extremas, la vida prospera a través del apoyo mutuo. Galápagos es un ejemplo vivo de ello: en islas de lava donde no había nada, la vida floreció mediante la colaboración entre especies. Esta es una lección que solo se aprende en cercanía con la tierra.
En la Amazonía, cuando un bosque es talado, millones de hormigas acuden no solo por indignación, sino para sembrar de nuevo: ellas transportan las semillas de epífitas y bromelias hacia los árboles. Esta interdependencia es vital: si el jaguar desaparece, la selva se convierte en sabana. Es lo que la ciencia llama ‘cascadas tróficas’, como ocurrió en Yellowstone, donde la ausencia de lobos impidió la reforestación hasta que fueron reintroducidos para equilibrar el ecosistema. Como bien decía Taita Lucho: “si acabas con una especie, terminas por acabarlo todo”.
Los pueblos indígenas no son solo “culturas” en el sentido museístico; son civilizaciones vivas que saben leer las señales de los ecosistemas. Su lengua, su justicia y su presencia en el territorio son la barrera más sólida contra el ecocidio global. La protección de la naturaleza no vendrá de una concesión administrativa, sino de la capacidad de la sociedad para hacer “click” con esta fuerza vital y entender que, si se acaba una especie, se acaba todo lo demás. La resistencia continúa y su nombre es cooperación y territorio.
Atahualpa Yupanky Macas.
La gobernanza del agua en el Ecuador constituye un eje fundamental dentro del modelo constitucional de Estado Plurinacional e Intercultural. El agua no solo es un recurso natural estratégico, sino un derecho humano esencial y un elemento central en la cosmovisión de los pueblos indígenas. En este contexto, el pueblo Saraguro, asentado principalmente en la provincia de Loja, representa un caso emblemático de gestión comunitaria del agua basada en prácticas ancestrales, organización colectiva y defensa territorial.
El presente reporte analiza la gobernanza del agua en los pueblos originarios del Ecuador, con énfasis en Saraguro, abordando el marco jurídico nacional e internacional, los sistemas comunitarios de gestión, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la jurisprudencia relevante.
Gobernanza del agua y cosmovisión/ cosmovivencia propia. La gobernanza del agua se refiere al conjunto de procesos, normas e instituciones mediante los cuales se regula el acceso, uso y control del agua. En los pueblos originarios, este concepto adquiere un significado más amplio, vinculado a:
En el caso del pueblo Saraguro, el agua es entendida como un ser vivo y sagrado, estrechamente ligado a los páramos, vertientes y sistemas ecológicos. La gestión del agua no responde a lógicas de mercado, sino a principios comunitarios de equidad y sostenibilidad.
3.1 Constitución de la República del Ecuador (2008). La Constitución establece principios: El agua es un derecho humano fundamental, es un bien nacional estratégico de uso público, se prohíbe su privatización, además, reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos: Conservar y administrar recursos naturales en sus territorios, participar en el uso, usufructo y conservación del agua; derecho a la consulta previa, libre e informada.
3.2 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (2014) Esta ley desarrolla los principios constitucionales y establece: Prioridad del consumo humano sobre otros usos, reconocimiento de la gestión comunitaria del agua, creación de juntas de agua como actores fundamentales, participación de comunidades en la gestión del recurso, sin embargo, existen tensiones entre el control estatal centralizado y la autonomía de las comunidades indígenas.
El marco internacional fortalece la protección del agua en territorios indígenas:
4.1 Convenio 169 de la OIT.
El Convenio 169 de la OIT reconoce: Derechos sobre tierras y territorios, uso y administración de recursos naturales, consulta previa obligatoria.
4.2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece: Derecho a mantener instituciones propias, derecho a conservar recursos hídricos, autodeterminación.
4.3 Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado estándares importantes: Relación entre territorio y supervivencia cultural. Protección de recursos naturales como el agua obligación de consulta y consentimiento.
El cantón Saraguro y sus comunidades, constituyen un referente en gestión y gobernanza comunitaria del agua.
Organización comunitaria: las comunidades indígenas gestionan el agua a través de: Juntas administradoras de agua; sistemas de riego comunitario; asambleas comunitarias; estas estructuras garantizan: distribución equitativa, solución de conflictos, mantenimiento de infraestructura.
5.1 Prácticas ancestrales.
Entre las prácticas más relevantes: mingas comunitarias para limpieza de acequias, protección de fuentes de agua (páramos y vertientes); normas consuetudinarias de uso estas prácticas reflejan una gobernanza basada en solidaridad y sostenibilidad.
5.2 Relación con el territorio.
En los pueblos originarios, el agua está vinculada a: la producción agrícola, la identidad cultural, la espiritualidad y la conexión con la pachamama; en la actualidad y por el deterioro de las fuentes hídricas, afecta directamente la vida comunitaria en todo su contexto.
La Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado criterios importantes:
6.1 Caso Río Vilcabamba (2011) reconoce los derechos de la naturaleza, incluyendo el agua, y obliga a reparar daños ambientales.
6.2 Caso Los Cedros (2021), fortalece el principio precautorio protección de ecosistemas hídricos, derechos de las comunidades frente a actividades extractivas.
6.3 Jurisprudencia sobre consulta previa, la Corte constitucional ha señalado que: La consulta debe ser previa, libre e informada, debe garantizar participación efectiva, siendo de carácter obligatorio en proyectos que afecten los recursos hídricos.
Se requiere un modelo que articule: derecho estatal, sistemas de administración comunitaria, participación comunitaria en las tomas de decisiones.
Elementos clave: reconocimiento real de la autonomía comunitaria y fortalecimiento de juntas de agua potable y riego, protección de ecosistemas e integración de saberes ancestrales.
La gobernanza del agua en el Ecuador refleja una tensión entre modelos estatales centralizados y prácticas comunitarias ancestrales. En el caso de Saraguro, la gestión comunitaria demuestra ser eficaz, sostenible y culturalmente pertinente.
El reconocimiento constitucional y los tratados internacionales constituyen avances importantes; sin embargo, su implementación aún enfrenta desafíos. La jurisprudencia ha contribuido a fortalecer la protección del agua, pero es necesario avanzar hacia una gobernanza verdaderamente intercultural.
David Chávez
En una nota de diario La Hora del 30 de marzo se intenta responder a la pregunta de si Ecuador está viviendo una dictadura recurriendo al criterio de muy prestigiosos académicos de las Ciencias Sociales. Su respuesta es categórica: Ecuador no vive una amenaza como esa, a pesar de que hay una “erosión” de la democracia. Pocos días después, el 5 de abril, Radio Pichincha publicaba la noticia de que el informe Democracy Report 2026. Unraveling The Democratic Era?, del Instituto V-Dem de la Universidad de Gothenburg, ubica al Ecuador entre los países que potencialmente pueden derivar en una autocracia debido al deterioro democrático de los últimos años.
El indicio primario de una crisis grave de la democracia es el solo planteamiento de la pregunta sobre su vigencia. Cuestionamiento que resulta aún más preocupante si proviene de la visión liberal a la que adscriben tanto los académicos consultados por La Hora como el Instituto V-Dem. En términos liberales la democracia es una abstracción formal que resta importancia a las condiciones sociales del poder. La democracia liberal es una democracia mínima.
Los expertos de la nota de La Hora advierten que el uso de las expresiones tales como “dictadura” o “narcodictadura” es un exceso de la oposición que simplifica o distorsiona la realidad, serían solo “slogans” para la confrontación política. En términos “académicos”, dicen, una dictadura es algo distinto a lo que ocurre en Ecuador. ¿Cuáles serían las características que definen a un régimen de ese tipo? En síntesis, aquellos expertos señalan las siguientes:
a) Concentración de poderes que anula la autonomía de poderes.
b) Suspensión del Estado de derecho,
c) Uso permanente de la fuerza,
d) supresión de la oposición,
e) restricción de la libertad de expresión,
f) Manipulación o supresión de elecciones, y
g) Declaratoria de un gobierno en funciones permanentes.
El balance de estos académicos es sumamente claro en relación con la situación de América Latina, hay peligro de autoritarismo, ese es indudablemente el caso de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero no del Ecuador.
Merece considerarse un aspecto adicional de importancia, descartan que se pueda usar la noción de “narcodictadura” porque esto implica que los cárteles alcancen un control sobre el Estado.
En 2025 se inició el segundo período presidencial de Noboa, la apuesta por una muy poco efectiva política de “mano dura” para contrarrestar la acuciante crisis de seguridad que vive el país, se radicalizó conduciendo a la militarizarización como salida. Pero, en contraste esa militarización se trasladó de modo muy eficaz a la política y el conflicto social, haciendo muy cuestionable la idea de que en el Ecuador no vivimos un régimen autoritario. En lo que sigue se contrastan las características que definen a una dictadura según esa nota del diario La Hora con algunos de los hechos más relevantes del mandato de Noboa.
La manifestación más preocupante del profundo menoscabo del Estado de derecho es la persecución judicial y el hostigamiento a la oposición. La convergencia de varios casos en un muy corto tiempo difícilmente puede entenderse como una coincidencia eficiente en un sistema judicial que se encuentra en soletas.
La exclusión de Jan Topic para la elección de 2025, el encarcelamiento de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, las causas iniciadas, varias de ellas con allanamientos y órdenes de prisión, en contra de dirigentes de la Revolución Ciudadana, la fuerza política más grande del país y la principal oposición al régimen, las investigaciones judiciales iniciadas en contra de los alcaldes de Quito y Cuenca, quienes se perfilan como candidatos para las próximas elecciones locales, las posibles presiones a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y su viceprefecto que podrían haber motivado sus renuncias, las acciones judiciales promovidas contra la dirigencia del movimiento indígena durante el Paro Nacional de 2025; en cada uno de estos casos las irregularidades, la opacidad de las acusaciones y la vulneración de derechos son la norma.
La instrumentalización del aparato judicial es un verdadero modus operandi para presionar a los actores que no se someten a las decisiones del régimen. Un episodio vergonzoso de esta dinámica han sido el inicio de investigaciones del patrimonio de los jueces Terán y Lozada de la Corte Constitucional. La Corte ha estado sometida a un constante asedio por parte del régimen y todo el bloque de poder desde el año pasado. Marchas, ataques mediáticos, exposición pública, etc., han sido las herramientas usadas por el Gobierno hasta llegar a las investigaciones administrativas y judiciales.
La ruptura del Estado de derecho está orgánicamente vinculada con la concentración de poder, la transformación del sistema judicial en un aparato de persecución y hostigamiento se deriva del control que el gobierno tiene de otros poderes del Estado. Por lo demás, esta avidez por procesar judicialmente a opositores políticos mediante casos endebles contrasta con la lentitud y la poca efectividad de la justicia frente a los gravísimos casos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.
El caso del poder judicial es el ejemplo extremo, el ejecutivo también ejerce un rígido control sobre la Asamblea Nacional con una mayoría que hace del parlamento una oficia de trámites de las leyes del gobierno, mayoría que se constituyó mediante perniciosos mecanismos de negociación y presión hacia asambleístas de otras bancadas. Es decir, una mayoría de origen espurio. De igual modo, el Consejo Nacional Electoral ha puesto en evidencia de modo grotesco su subordinación al ejecutivo, mientras en el Consejo de la Judicatura se hacen todo tipo de malabares para sostener a los afines al régimen.
Más allá de los estrechos marcos del concepto liberal de democracia, esta concentración del poder político es más grave aún porque está protagonizada por oligarquías que concentran el poder económico y que aglutinan en su entorno al poder mediático, además de la impúdica subordinación al proyecto de las megaoligarquías globales que representa la estrategia geopolítica de los Estados Unidos dirigidos por Trump.
La última elección dejó en claro que la polarización política configuró una escena dominada por dos grandes fuerzas claramente diferenciadas, ADN como fuerza oficial de derecha y la RC como la fuerza de oposición de izquierda incontestable.
En la primera vuelta ambas fuerzas alcanzaron casi el 90% de votos dividido casi en partes prácticamente iguales. En estas condiciones, la suspensión temporal de este partido que ordenó el TCE por pedido de la Fiscalía General no solo es motivo de alarma por las notorias irregularidades jurídicas, sino –sobre todo– por el severo golpe a la ya menoscabada democracia ecuatoriana. Además, se debe tener en cuenta que la RC es la mayor fuerza política en cuanto a representaciones locales, en las últimas elecciones locales obtuvo 9 de las 23 prefecturas y 50 de las 221 alcaldías. Ninguna fuerza política se acercó siquiera a esas cifras. Varias de sus autoridades locales tienen un importante respaldo a su gestión que podría darles serias posibilidades de reelección. Es sumamente difícil no ver en su supresión como fuerza política una estratagema para favorecer a los candidatos de ADN.
Esta decisión genera condiciones completamente asimétricas de competencia electoral, mientras el partido del régimen utiliza todos los recursos del Estado, sin sanción electoral, y toda la enorme red de medios de comunicación, canales digitales e influencers que posee, el principal partido de oposición debe iniciar el tortuoso camino de buscar apresuradamente otros partidos que puedan acoger a sus candidatos, quienes deben primero desafiliarse de la RC y corren el riesgo del inicio de acciones legales en su contra en cualquier momento. Eso sin considerar que las fuerzas políticas que los acojan también pueden ser perseguidas u hostigadas por el bloque de poder. No se debe olvidar que el partido de izquierda Unidad Popular fue eliminado a causa de una supuesta –y muy extraña– desafiliación masiva.
Se suma a estas condiciones el rocambolesco adelanto de elecciones promovido por el CNE. Ni siquiera merece la pena discutir las deleznables razones climáticas exhibidas por las autoridades electorales. Es bastante obvio que la decisión está motivada por la necesidad de dificultar aún más la participación de la RC quitándole tiempo para preparar sus candidaturas en una situación adversa y evitar que la suspensión temporal concluya. Se ha dicho que el régimen teme a un desgaste mayor hasta esa fecha, esa tesis es cuestionable, el régimen ha demostrado contar con una estable y muy significativa base de apoyo que parece inamovible de alrededor del 40%, en cuanto puede mantener activo la demanda autoritaria de la sociedad anclada en el anticorreísmo ese respaldo difícilmente se verá seriamente afectado. Es decir, paradójicamente, lejos de restarle apoyo, su abierto intento por desmantelar los últimos resquicios democráticos anulando a la oposición le favorece.
Por supuesto, la manipulación de las elecciones no se limita a las decisiones del CNE y el TCE, aquí cuentan también las del poder judicial que han estado dirigidas a atacar precisamente a las autoridades locales con mayor proyección política como en el caso del apresamiento del alcalde de Guayaquil y el asedio a los alcaldes de Quito y Cuenca. Aún resta por saber qué otro golpe de efecto llevará a cabo la Fiscalía en las próximas elecciones, su intervención en las elecciones del país son un verdadero ritual político de los últimos tiempos.
Este es el aspecto más grave del carácter autoritario del régimen. El caso más trágico de la política represiva derivada de la militarización es el de los cuatro niños de Las Malvinas. Pero no se trata de un hecho aislado o un “exceso” de un grupo de militares, las violaciones a los derechos humanos son numerosas y delinean una política sistemática de represión. En un reporte de Amnistía Internacional de septiembre de 2025 se contabilizaban 43 denuncias de desapariciones forzadas y en marzo de 2026 la Comisión de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas publicó su preocupación por estas desapariciones en el país señalando 51 casos.
La política represiva del régimen fue exhibida en su real magnitud en el paro nacional de 2025 convocado por la CONAIE. La respuesta fue militar más que policial, para el régimen no se trató de un conflicto social que debe procesarse mediante mecanismos políticos o, en última instancia, con contención policial de los disturbios. Su estrategia tuvo la forma de una guerra contra las comunidades y organizaciones sociales. Las víctimas mortales, los heridos, los detenidos ilegalmente y –una vez más– la persecución judicial a dirigentes pone en evidencia el talante claramente autoritario de respuesta frente a la protesta social.
En cuanto a la libertad de expresión operan más o menos las mismas estrategias que se ponen en juego en todos los ámbitos: compra de medios, hostigamiento o judicialización. La oscura operación de compra de Radio Centro y La Posta son un ejemplo de la primera, el asedio administrativo y judicial a Expreso de la segunda, y la expulsión de la periodista Alondra Santiago, así como el exilio de Anderson Boscán, constituyen ejemplos de la tercera estrategia. La compra de medios ha supuesto una absoluta subordinación de sus líneas editoriales a la propaganda gubernamental. Quizá el caso reciente que mejor ilustra este alineamiento es el del reconocido caricaturista Bonil que debió abandonar el diario El Universo por sus políticas de autocensura.
En noviembre de 2024 cierto revuelo –no mucho gracias a la barrera mediática con que cuenta Noboa– generó una publicación de The Economist que catalogaba al Ecuador como un narcoestado. Aunque entre los expertos existe un debate acerca de la situación del país, esta se aproxima muy cercanamente a los elementos que definen a un narcoestado. Uno de los expertos consultados por La Hora afirma que el concepto de “narcodictadura” es muy “ríspido” puesto que “indicaría que los agentes de los grandes cárteles se han tomado el Estado”. En términos un poco más precisos cuando los expertos hablan de narcoestado anotan una característica esencial: una profunda penetración de los grupos criminales en el aparato judicial y en las fuerzas represivas. El caso Metástasis y el reciente escándalo del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Gody, dejan evidencias consistentes de una infiltración de esa naturaleza en el sistema judicial. Si se considera la inoperancia estructural que presenta el sistema para el control del crimen organizado, se puede ver que existen indicios sólidos de que esos casos no son aislados. Por otra parte, las denuncias de agentes y mandos de la policía y las fuerzas armadas vinculados a los cárteles son innumerables. A esto se suman casos como León de Troya y Noboatrading que no solo hablan de posibles vínculos de las organizaciones criminales con el poder político, sino, un hecho bastante obvio, pero poco discutido, su relación con las élites económicas.
Inclusive el criterio que les parece más “ríspido” y delirante a los académicos de derechas parece no serlo tanto al contrastarlo con las rotundas evidencias de los últimos años.
Como se puede ver, hablar de “narcodictadura” en Ecuador ni es “ríspido”, ni un delirio o un discurso vulgar de la oposición, advierte de un serio problema. Los indicios dejan ver que el país podría catalogarse ya como una autocracia, pero también como un narcoestado. ¿Narcoautocracia? Y no necesariamente se trata de pensar que existe una estrategia orquestada y deliberada, bien puede tratarse solamente de una trágica coincidencia, por una parte, el desmantelamiento de las capacidades estatales y los mínimos democráticos, por otra, el avance del crimen organizado, pero ambas se retroalimentan. Un Estado débil y un ejercicio autoritario del poder son terreno fértil para el avance de las actividades criminales, lejos de lo que la propaganda autoritaria quiere vender. Así que discutir sobre esta peligrosa trayectoria sin edulcorarla es una tarea fundamental de todos los sectores democráticos del país. Resulta escandaloso que el debate público, particularmente el que protagonizan periodistas y académicos, sea incapaz de afrontar evidencias tan categóricas sin excusas y salidas en falso. Es curioso que se señale con contundencia a Venezuela, Nicaragua o El Salvador por sus excesos autoritarios, pero en el Ecuador se minimicen hechos de la gravedad que revisten.
Estas condiciones de autocracia violenta no son ni coyunturales ni focalizadas, responden a un fenómeno global de recomposición del poder político. Una dinámica política que América Latina padece desde el nacimiento de sus repúblicas: el poder oligárquico. El mundo entero vive lo que puede definirse como “oligarquización del capital”. Una tendencia que no es una anomalía, sino el proceso lógico del desarrollo de las tendencias monopólicas del capital. Es decir, un grupo muy reducido de enormes capitales concentrando el poder económico, político, social, tecnológico, mediático, etc. Es el traslado del “despotismo de la fábrica” a toda la sociedad, traslado que no es ni discursivo ni simbólico meramente, es material, toda la sociedad funciona orgánicamente en función de las megaoligarquías globales. Por primera vez en el desarrollo del capitalismo el “interés general del capital” no está representado por el Estado, sino por las oligarquías globales con sus distintos niveles en la jerarquía de poder, desde los nuevos megaoligarcas de Silicon Valley, que están en la cúspide del poder capitalista global, hasta los viejos oligarcas agroexportadores latinoamericanos. Esto explica porque los Estados les son innecesarios para las labores de la hegemonía y les sirven solo en cuanto promotores del despliegue de fuerza y la salvaguarda de sus negocios. La obscenidad con la que ejercen el poder parece derivarse de esto.
A fin de cuentas, los neofascismos del siglo XXI, al igual que todo fascismo histórico, ponen en el centro de la política al conflicto social, pero lo hacen de forma velada. En las últimas elecciones ha sido recurrente el argumento de que se ponía en juego la disyuntiva de ¿democracia o dictadura?
Evidentemente ese ha sido el debate central de estos años en política, pero no en los términos en que ellos lo plantearon, el supuesto peligro de una “dictadura castrochavista”, sino el del ascenso de la dictadura de la oligarquía. Todo indica que estamos frente a su definitiva consolidación. La pregunta es ¿quiénes van a sumarse a la defensa genuina de la democracia si, para empezar, ni siquiera atinamos a definir el problema del autoritarismo?
