By icciec2024
Mientras exista injusticia, mientras continúen nuestros niños y niñas encabezando los datos de desnutrición, mientras los saberes ancestrales no sean reconocidos como ciencia y la ambición extractivista golpee nuestras fuentes de agua, seguiremos en pie de lucha. Porque el fuego encendido en la desigualdad, la injusticia, y sobretodo hace un año en Otavalo y en cada rincón del Abya Yala no se prendió por un simple subsidio: fue, es y será una minga por la vida, por la tierra y por la dignidad de los sectores empobrecidos del campo y la ciudad.
El paro inicia a nivel nacional el 22 de septiembre de 2025, posterior al anuncio de la CONAIE . la tierra volvió a estremecerse desde lo más hondo del campo y la fuerza de las zonas marginales de la ciudad. El Gobierno, a través del Decreto Ejecutivo 126, quitó el subsidio al diésel, disparando el precio de USD 1,80 a USD 2,80. Para los de arriba fue un simple ajuste fiscal; para nosotros, las comunas,comunidades, pueblos, nacionalidades y diversos sectores oprimidos fue un golpe directo a la mesa y al trabajo..
Para una familia que vive de la tierra, del comercio informal, del comercio autónomo y de las manos creadoras del arte, encarecer el diésel significa pararle el motor al arado, encarecer el flete de las papas, de las artesanías y del maíz, y asfixiar el pan de cada día. No salimos a las carreteras por gusto ni por capricho. Salimos porque las cifras del propio Estado (INEC, diciembre 2025) reflejan un abandono histórico estructural: en el campo, la pobreza por ingresos ahoga al 37,6% de nuestras familias (frente a un 13,8% en las ciudades); la pobreza extrema alcanza un 19,7% y más del 53,9% de nuestra gente sobrevive con sus necesidades básicas insatisfechas, en un territorio donde apenas 2 de cada 10 personas (20,2%) acceden a un trabajo digno.
Esta violencia económica se evidencia en las calles y en las ferias: a nivel nacional, el sector informal alcanza al 54,2% de la población económicamente activa; sin embargo, en el área rural y en nuestros pueblos y nacionalidades, esta realidad explota superando el 78%. Más de 7 de cada 10 trabajadores comunitarios, comerciantes autónomos y artesanos no cuentan con seguridad social, jubilación ni ingresos fijos. El 42% de todos los trabajadores informales del país están en el comercio minorista, las ferias libres y la venta ambulante sosteniendo el alimento y la cultura a través de hortalizas, papas, comida preparada y artesanías. En esta primera línea de resistencia siempre están las mujeres: el 61% del comercio informal de alimentos en mercados y ferias territoriales lo sostienen mujeres campesinas e indígenas que enfrentan a diario la falta de crédito, el acoso municipal y la ausencia de espacios dignos para trabajar.
A la par, el sector artesanal —motor vital de nuestra identidad— agoniza bajo las mismas políticas: en el Ecuador existe más de 2,4 millones de artesanos y creadores comunitarios —textileros de Otavalo, ceramistas, orfebres, tejedores y talladores—, pero el 83% de los talleres opera en una microeconomía no regularizada y sin acceso a créditos preferenciales, aplastados por la importación masiva de productos industriales y el encarecimiento desmedido de materias primas provocado por la subida de los combustibles. Los llaman «informales» para invisibilizar que son la economía popular que sostiene al país mientras el poder les niega la vida.Durante 31 días de dignidad y dolor, hasta el 22 de octubre de 2025, el movimiento indígena y las bases populares sostuvimos un levantamiento plurinacional donde Imbabura se levantó como el corazón latiendo de la resistencia. El clamor no era solo por el combustible; era un mandato colectivo:
La fuerza comunitaria se convirtió en mandato popular en las urnas durante la Consulta Popular de noviembre de 2025: en las parroquias y territorios donde habitamos los pueblos y nacionalidades, y en los demas espacios donde se activó la lucha , le dimos un «NO» rotundo a la prepotencia del poder. Hoy, cuando los subsidios temporales con los transportistas han caducado, es el pueblo a pie quien sostiene el golpe de la inflación y la vida precarizada, demostrando que la razón siempre estuvo de este lado. A un año de habernos plantado en las vías, la memoria no es un papel guardado en un escritorio; es un fuego vivo que exige verdad y justicia. La respuesta del Estado ante el reclamo de un pueblo hambriento no fue el diálogo ni el respeto a nuestra plurinacionalidad, sino el garrote, los estados de excepción, los discursos racistas que tildaron a nuestras dirigencias de «personas no gratas» y una represión desmedida que convirtió a nuestros territorios en campos de guerra.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos registró 473 personas heridas y 391 vulneraciones directas a los derechos humanos.
No hay perdón ni olvido. Llevamos grabados los nombres de nuestros cuatro compañeros asesinados por sostener la dignidad del pueblo:
Rosa Elena Paqui (Saraguro, 14 de octubre), cuya vida fue segada por la violencia institucional. Édison Farinango (Cotacachi, 27 de diciembre de 2025), quien combatió en una cama de hospital durante dos meses tras ser gravemente herido en las protestas. Mientras las investigaciones por el asesinato de nuestros compañeros descansan bajo el polvo y la complicidad de la Fiscalía, la maquinaria judicial avanza contra los voceros, dirigentes, referentes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El caso de los «18 de Otavalo» es la prueba clara de cómo se utiliza la ley para aterrorizar a la gente. Bajo la figura desproporcionada de enriquecimiento ilícito, financiación de terrorismo y de «terrorismo», persiguen a comuneros humildes como Elvis Lanchimba —quien demostró con documentos que ese día estaba en su trabajo en una florícola—. Continúan con procesos judiciales abiertos compañeros con autismo, comuneros enfermos y pobladores kichwa monolingües a quienes se les negó el derecho básico de defenderse en su propio idioma.
Para los que disparan y dan las órdenes desde los despachos hay impunidad y; para el comunero que defiende la vida, la dignidad y los territorios, hay cárcel y persecución.
Compañeros y compañeras de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, de los barrios populares, mujeres tejedoras de vida, jóvenes, trabajadores del campo y la ciudad: las cicatrices en Imbabura y en el país siguen abiertas y sangrando, pero nuestro espíritu de lucha no se dobla.
No dejemos que la división ni el individualismo desgranen la mazorca que nuestros mayores tardaron siglos en tejer y cultivar. La defensa del agua y del territorio no es una lucha solo de los “indios”; es la trinchera que defiende la vida de todas y todos.
Desde la memoria viva de nuestras comunidades, llamamos a trenzar un solo puño territorial e internacional, llamamos a desprenderse de los intereses personales y centrarnos en tejer este proyecto de liberación y transformación hasta lograr una vida digna para todos y todas.
A las organizaciones comunitarias, regionales y nacionales: es hora de volver a convocar las asambleas de base, de mirarnos a los ojos en la comuna. La lucha por el agua, los páramos, la soberanía alimentaria y el freno a la minería destructora nos exige estar juntos. La división y confrontación por intereses particulares solo le sirve al patrón y a los gobiernos de turno.
La organización vive en las asambleas, se defiende en los tribunales con dignidad e interculturalidad, se canta en el arte, se enseña en las escuelas comunitarias y se siembra día a día en la chakra.
Hasta que la justicia sea tan clara como el agua de nuestras vertientes, hasta que la ciencia de nuestros pueblos sea respetada, hasta que el trabajo digno abrace a los sectores informales y empobrecidos que sudan la patria en el campo y la ciudad, y el fruto de la tierra sea valorado: ¡Ni un paso atrás! ¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia!
