Artículos Raíces y Resistencia

Aya Marka Killa: cuando nuestros ancestros marchan junto a nosotros.

                                                                                                                                                                  Katik Macas

En el calendario de los pueblos andinos, noviembre no es un tiempo de clausura, ni de tristeza estéril frente a la lápida fría. Es el Aya Marka Killa, el mes sagrado de la conmemoración, el tiempo circular en el que las fronteras entre los mundos se vuelven permeables para honrar la memoria de nuestros ancestros y reafirmar el vínculo sagrado entre los vivos y los muertos.

Para la sabiduría de nuestros mayores, celebrar el Aya Markay, no significa rendir culto a un pasado lejano, muerto o inexistente. Todo lo contrario: es la manifestación viva de que el pasado es presente y de que el futuro sólo puede nacer como la presencia viva de quienes nos antecedieron. En nuestra filosofía comunitaria, la responsabilidad de quienes caminamos hoy sobre la tierra es mantener la memoria de nuestros ancestros en la mejor condición posible, nutrir nuestros conocimientos y saberes a través de la meditación, la palabra compartida y la práctica cotidiana de los valores colectivos.

Con la mesa ritual en este mes, no solo alimentamos el espíritu de nuestra familia de sangre; también convocamos a la memoria larga de los pueblos, a quienes cayeron defendiendo la tierra, el agua, el pan y la dignidad. Porque en nuestra historia, honrar a los muertos significa no permitir que la injusticia por la que entregaron su vida quede sepultada bajo el silencio oficial.

En este Aya Marka Killa, nuestra memoria viaja desde las montañas hasta las riberas del río Guayas, para detenerse con respeto y rebeldía en aquel 15 de noviembre de 1922, una fecha que marcó a fuego la conciencia de los trabajadores y de todos los sectores oprimidos del país.

La historia de aquella gesta nació desde abajo, cuando los empleados ferroviarios de la estación de Durán iniciaron una huelga exigiendo condiciones laborales humanas y salarios que alcancen para sostener la vida. La semilla de la dignidad prendió rápido y, en los días posteriores, los sectores sindicales de Guayaquil se sumaron al paro: el 7 de noviembre se unieron los empleados de la empresa eléctrica, los transportistas y los trabajadores del astillero. Sus demandas eran profundamente justas y elementales: pedían mejoras salariales, el cumplimiento efectivo de la ley aprobada en 1916 que establecía una jornada laboral diaria máxima de ocho horas y un anuncio previo de treinta días en caso de despido.

Frente al clamor legítimo de quienes sostenían la ciudad con el sudor de sus manos, los empresarios respondieron con la arrogancia de siempre. No aceptaron las peticiones y, como contrapropuesta, plantearon encarecer el costo del pasaje del transporte público para financiar el alza salarial, intentando hacer que el propio pueblo pague el precio de su justicia.

El 13 de noviembre la huelga se volvió general. Guayaquil quedó paralizada, sin electricidad, sin transporte urbano y con los mercados desabastecidos. Un día después, el presidente José Luis Tamayo firmó una sentencia de muerte disfrazada de orden administrativa, enviando un telegrama al general Enrique Barriga Larrea, jefe de la zona militar de Guayaquil: «Espero que mañana a las seis de la tarde me informará que ha vuelto la tranquilidad a Guayaquil, cueste lo que cueste, para lo cual queda Ud. autorizado».

A las dos y media de la tarde del 15 de noviembre, una multitud inmensa —calculada entre cinco mil y treinta mil personas, entre las que marchaban hombres, mujeres y niños— avanzó pacíficamente hacia la Clínica Guayaquil para gestionar, a través de mediadores, la liberación de los compañeros detenidos durante la mañana. Tras aceptar el gobernador de la provincia la petición, la columna obrera y popular se dirigió hacia el cuartel de policía ubicado en las calles Cuenca y Chile, donde permanecían recluidos los trabajadores.

Lo que ocurrió en las inmediaciones del cuartel fue una emboscada brutal contra un pueblo desarmado. La policía abrió fuego contra los manifestantes y, de inmediato, más de dos mil militares se sumaron a la descarga sin tregua. Mientras la multitud intentaba huir hacia la avenida Nueve de Octubre buscando auxilio para los heridos o algún modo desesperado de protegerse de las balas, los batallones rodearon manzanas enteras, plazas, almacenes y viviendas. Como dejó registrado el poeta, líder sindical y testigo presencial Alejo Capelo, la crueldad no vino solo de los uniformados: civiles pertenecientes a las élites acomodadas dispararon contra los huelguistas desde los balcones de sus casas y, consumada la matanza, aplaudieron el paso de los militares por las calles todavía ensangrentadas. El ejército no sufrió una sola baja; el pueblo puso los muertos.

La dimensión real de la masacre intentó ser borrada por el poder. Mientras el régimen de Tamayo habló cínicamente de diez fallecidos y los sindicatos lograron contar noventa, las investigaciones históricas y los testimonios hablan de entre cien y quinientas víctimas, e incluso de cerca de un millar de personas asesinadas. La verdad fue ocultada bajo tierra y bajo el agua: muchos cuerpos fueron arrojados a fosas comunes en el Cementerio General bajo estricto control militar, impidiendo que las familias pudieran siquiera llorar o reconocer a los suyos. Como años después, denunciaría el escritor Joaquín Gallegos Lara —quien tenía trece años aquel día— en una carta a Nela Martínez, varias personas arrojadas a aquellas fosas aún respiraban, pero los soldados impidieron que fueran rescatadas, enterrándolas vivas junto a los cadáveres. Otros cuerpos, recogidos en locales como los almacenes Cassinelli y Cia, fueron cargados en camiones y lanzados directamente al río Guayas a la altura de la calle Mejía, tal como lo denunció la prensa de la época.

La infamia continuó después de las balas. El Estado abrió juicios penales contra los trabajadores sobrevivientes acusándolos de los disturbios, y desterró hacia Alemania al director del diario El Telégrafo, José Abel Castillo, por haber publicado un editorial condenando la matanza. Aunque el general Barriga asumió la responsabilidad formal de los hechos, la memoria verdadera quedó resguardada en la palabra del pueblo y en obras fundamentales como Las cruces sobre el agua, donde Gallegos Lara rindió tributo a la sociedad de panaderos de Guayaquil y a todos aquellos que vertieron su sangre por un nuevo Ecuador.

Han transcurrido más de cien años desde aquel noviembre de 1922, pero quienes caminamos con la memoria ancestral abierta sabemos que la historia no es un libro cerrado. Hoy, igual que ayer, nuestros pueblos y los diversos sectores sociales seguimos resistiendo frente a un sistema que privilegia el capital por encima de la vida, continuamos enfrentando formas crueles de represión, intimidación y desprecio cuando exigimos derechos y dignidad.

Lo comprobamos en las calles de Quito este sábado 7 de noviembre de 2026. En pleno Aya Marka Killa, cientos de personas se autoconvocaron desde el parque La Alameda para recorrer el corazón institucional de la ciudad: la Corte Constitucional, el Consejo de Educación Superior, la Fiscalía y el arco de La Circasiana, en el parque El Ejido. No marchaban intereses particulares; caminaban juntos jóvenes, adultos, adultos mayores, personas en sillas de ruedas y pacientes con enfermedades catastróficas que exigían respuestas urgentes frente a la profunda crisis de salud, educación, seguridad y empleo que golpea a los hogares del país.

Con la fuerza creativa de nuestros pueblos —entre carteles, monigotes, pitos, disfraces, música y baile—, la ciudadanía desafió la lluvia y el largo trayecto para hacer escuchar un solo grito colectivo de rechazo al gobierno. Sin embargo, al llegar al parque El Arbolito, la respuesta estatal volvió a revelar su rostro histórico de contención e intimidación: un contingente policial equipado con cascos, escudos y bombas lacrimógenas aguardaba a los manifestantes. Cuando la marcha avanzó por la avenida 12 de Octubre hacia la Corte Constitucional, decenas de uniformados descendieron de un bus para cercar el espacio e impedir que los ciudadanos ejercieran su legítimo derecho a realizar un plantón.

A pesar del cerco y la intimidación, la dignidad siguió caminando. Frente al Consejo de Educación Superior, los pacientes con enfermedades catastróficas abrazaron la causa de los estudiantes universitarios, uniendo el reclamo por el derecho a la vida y a la salud con la exigencia de un presupuesto justo para las universidades públicas. Luego, frente a la Fiscalía, la voz colectiva exigió justicia real frente a la impunidad y el abandono estatal, cerrando la jornada en el arco de La Circasiana con un llamado firme a garantizar los derechos fundamentales de todo el pueblo.

Desde nuestra mirada de mujeres indígenas, custodias de la semilla y de la palabra, comprendemos profundamente el hilo invisible que une a los obreros y panaderos de 1922 con los pacientes, estudiantes, trabajadores y comuneros de este 2026. Es el mismo hilo de la dignidad humana enfrentándose a la indiferencia del poder.

En este Aya Marka Killa, honrar a nuestros muertos no es resignarnos al dolor. Es mirar a los ojos a quienes nos precedieron y decirles que su sacrificio no fue en vano. Cuando la lluvia cae sobre quienes marchan en Quito, cuando los enfermos se sostienen mutuamente con los jóvenes en las calles, y cuando las comunidades nos levantamos en defensa de la vida, nuestros ancestros caminan entre nosotros. Los caídos del 15 de noviembre de 1922 y todos los luchadores de nuestra historia siguen vivos en cada paso que damos para construir un país donde la dignidad, la justicia y el buen vivir sean realidad para todos y todas.

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