By icciec2024
Camino con las manos llenas de tierra y una historia viva que atraviesa las venas de nuestras comunidades, el polvo de nuestras parcelas y la memoria de nuestros pueblos. Esta edición rendimos un profundo homenaje a los años de lucha y resistencia, a los saberes y conocimientos ancestrales que se negaron a desaparecer
frente a los embates del despojo, y a la valentía de quienes precedieron nuestros pasos. Queremos expresar nuestra gratitud eterna a las lideresas y líderes cuyos pasos encaminaron la libertad; y, rendir un tributo sentido a quienes se enfrentaron de manera permanente a las dinámicas estructurales de explotación.
Nos reconocemos con orgullo como parte de ese «nosotros» colectivo que despertó con fuerza transformadora en la década de los años ochenta. En aquel contexto caracterizado por profundas transformaciones socioeconómicas, miles de campesinas y campesinos inician un proceso decisivo de autodeterminación política y cultural. Fue una época marcada por la búsqueda identitaria, un período de quiebre en el que en asambleas, mingas y hogares surgía la pregunta fundamental: ¿quiénes somos? De ese ejercicio de mirarnos hacia adentro, emergió la certeza de nuestra identidad. Nuestros líderes se negaron a continuar habitando los márgenes del Estado-nación, a seguir siendo reducidos a estadísticas invisibles en los registros oficiales, o a ser tratados como mano de obra barata y descartable para el capital agroindustrial.
Si releemos la historia, en la década de los ochenta, vemos que las comunidades heredaron siglos de despojo territorial, epistémico y humano. Aunque los procesos formales de Reforma Agraria en el Ecuador (iniciados en las décadas de 1960 y 1970) prometían modernizar el campo y desmontar las relaciones serviles, la realidad concreta en las zonas rurales estaban muy lejos del discurso oficial. Las relaciones sociales propias del huasipungo y de la gran hacienda feudal continuaban operando como una memoria vigente y una práctica cotidiana. Si bien se abolió el sistema del huasipungo, en la práctica permanecían intactos, tanto el control estricto de la tierra cultivable por parte de los terratenientes, como el trabajo mal pagado o no remunerado; y, la imposición de mecanismos perversos de endeudamiento que ataban de por vida a las familias campesinas a la voluntad de los patronos.
Los análisis históricos y sociológicos sobre la tenencia de la tierra en el Ecuador demuestran que la concentración de la propiedad rural no era solo un dato técnico, sino la traducción material directa del poder político y la dominación social. Mientras una minoría controlaba la mayoría de los valles fértiles y tierras con acceso a riego, las familias indígenas fueron desplazadas a las laderas inaccesibles, a los páramos fríos y a tierras infértiles donde la subsistencia misma constituía un milagro diario. Esta desigualdad estructural profundizaba
la dependencia económica y condenaba a las comunidades a una precariedad sistémica. La tierra, que para la cosmovisión indígena representa la madre (Pachamama), el espacio de reproducción de la vida y el territorio sagrado, continuaba cercada por una matriz hacendataria que se negaba a morir.
Frente a esta realidad de despojo, el Estado desplegó de forma silenciosa pero violenta la invisibilización estadística. Al analizar las series históricas de los censos poblacionales de la segunda mitad del siglo XX, salta a la luz una paradoja reveladora. Los datos oficiales sociodemográficos de mediados desiglo (como el Censo de 1950) registraban proporciones de «población indígena» superiores a las reportadas en los censos posteriores de los años setenta y ochenta. Esta aparente reducción demográfica no significaba en absoluto que los pueblos indígenas estuviéramos desapareciendo biológicamente. La explicación radica en la naturaleza de los propios instrumentos censales y en el racismo estructural que los diseñaba. Estudios comparativos impulsados por organismos regionales como la CEPAL, así como revisiones sobre representación etnorracial desarrolladas en el marco del ACNUR y la academia crítica, han puesto de manifiesto, cómo las preguntas censales de la época estaban orientadas a borrar la adscripción étnica. El uso del idioma, la vestimenta o el calzado eran empleados como criterios discriminatorios que clasificaban al indígena integrado como «mestizo». A esta falla metodológica se sumaba la vergüenza impuesta por siglos de discriminación colonial y republicana: declararse indígena ante un encuestador estatal significaba exponerse a la estigmatización y al desprecio institucional.
El subregistro de la población indígena durante la década de los ochenta no fue un simple error de medición técnico; fue una manipulación estratégica de la visibilidad política. Invisibilizar en la estadística es despojar de derechos en la práctica. Si los pueblos indígenas no existíamos en los porcentajes oficiales, el Estado no tenía la de destinar presupuesto para educación propia, centros de salud dignos, infraestructura vial o adjudicación de tierras. La estadística oficial se convirtió así en una herramienta que buscaba consolidar la exclusión social.
La década de 1980 —denominada la «década perdida» en América Latina— fue de una crueldad devastadora para los sectores populares y, en particular, para las zonas rurales. El estallido de la crisis de la deuda externa, la posterior aplicación de las recetas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sumados a las constantes caídas de los precios agrícolas, redujeron más los pequeños ingresos campesinos. El campo ecuatoriano asumió el costo del enfriamiento económico nacional.
En este escenario de crisis económica, la peor parte cayó sobre los hombros de las mujeres indígenas. La precarización del hogar significó, intensificar las jornadas de trabajo, entre los sembríos, el cuidado de los animales, el trabajo doméstico y reproducción social, salir a vender en los mercados urbanos y, en muchas ocasiones, sostener el hogar ante la migración temporal o definitiva de los hombres hacia las plantaciones de la Costa o hacia las grandes ciudades.
La precariedad laboral era la regla absoluta: salarios paupérrimos que ni siquiera alcanzaban a cubrir la canasta básica familiar (situación que se mantiene), ausencia total de contratos de trabajo, inexistencia de seguridad social y condiciones laborales similares a la servidumbre colonial. Como lo confirman las series históricas de pobreza rural elaboradas por el Banco Mundial y la CEPAL, las tasas de vulnerabilidad en las áreas rurales alcanzaron niveles alarmantes durante esa década.
Pero la violencia no se agotaba en la dimensión económica. Existió una violencia multidimensional: material, simbólica y de género. Las mujeres indígenas han llevado históricamente una doble y triple discriminación por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres. Se vivió violencia patronal en la hacienda y violencia patriarcal dentro de las estructuras comunitarias y familiares. Los cuerpos y las palabras de las mujeres eran objeto de castigos, humillaciones y prohibiciones. En las escuelas y en los espacios públicos del Estado, se prohibía el uso de lenguas maternas, como el Kichwa, truncando la transmisión intergeneracional de la cultura y arrancando la memoria histórica.
Frente a esta matriz de dominación que parecía indestructible, la capacidad organizativa de las comunidades emergió como la respuesta política más sólida y transformadora de la historia contemporánea. Este florecimiento no ocurrió de manera fortuita ni espontánea; fue el resultado de años de tejido social. Desde los más altos páramos y la profundidad de la Amazonía, mujeres y hombres fueron encontrando espacios, generando asambleas, en los grupos artesanales de mujeres, en las mingas de trabajo colectivo y en las redes ancestrales de trueque e intercambio.
Ese tejido alimentado por la resistencia cotidiana, comprendió que los problemas locales —la falta de tierra, la escasez de agua, la ausencia de escuelas— tenían una raíz política común. A la voz de “Allpamanta, kawsaymanta hatarishun”, se iban entrelazando hilos desde la sierra, la amazonia y la costa.
Un hito histórico definitivo tuvo lugar en noviembre de 1986. La articulación de las históricas organizaciones regionales —como la ECUARUNARI en la Sierra y la CONFENIAE en la Amazonía— desembocó en el Congreso Fundacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La constitución de esta plataforma unitaria marcó un giro irreversible en la historia política del país. Por primera vez, los pueblos y nacionalidades organizados estructuraron una agenda nacional que interpelaba directamente al Estado unitario y monocultural.
Las demandas ya no eran meramente gremiales; se exigía la restitución de las tierras ancestrales, la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe, el reconocimiento de las medicinas y saberes tradicionales, el respeto absoluto a la pluralidad cultural y la consagración de los derechos colectivos. Esta maduración organizativa y territorial lograda en los ochenta fue la incubadora y el antecedente inmediato que hizo posible el Levantamiento Indígena de junio de 1990, el acontecimiento político que paralizó al país, derribó la hegemonía criolla e irrumpió con fuerza en la escena pública nacional para decir: «Nunca más un Ecuador sin nosotros».
La organización comunitaria fue la respuesta colectiva frente a la culpabilidad y la inferioridad que las estructuras de dominación pretendieron imponer durante siglos, donde el discurso oficial y la estadística reducían las necesidades a simples porcentajes. Ese proceso de empoderamiento histórico, no borró de la noche a la mañana la pobreza extrema, ni sanó instantáneamente las heridas del dolor acumulado, pero logró algo fundamental: transformó el sufrimiento individual en una demanda política estructurada y colectiva. Transmutó la resignación en dignidad organizada.
Hoy, estamos preservando la memoria viva y señalando responsabilidades presentes. Las cifras, los censos agropecuarios y los informes técnicos nos muestran la letra fría de una historia de desigualdad; las voces y las historias convierten esos datos fríos en una pregunta indispensable para el país: ¿Qué clase de nación pretendemos construir cuando la tierra sigue concentrada en pocas manos, cuando las mujeres indígenas continúan trabajando las jornadas más largas bajo la menor protección social, y cuando las instituciones educativas aún le dan la espalda a las lenguas y saberes ancestrales?
Las respuestas a estas interrogantes no se resuelven en los despachos ministeriales mediante tecnicismos o parches asistenciales. Exigen transformaciones estructurales guiadas por tres pilares fundamentales: redistribución de la tierra y los recursos, reconocimiento pleno de la plurinacionalidad y restitución histórica de los derechos despojados.
Resistir nunca ha sido una aventura individual; es y será siempre una tarea colectiva, un compromiso de tejido social. No pedimos caridad paternalista ni estadísticas manipuladas que atenúen nuestra realidad. Exigimos el cumplimiento irrestricto de derechos integrales: territorio digno, educación propia e intercultural, salud con enfoque ancestral, justicia laboral y la reparación histórica de aquello que las cifras oficiales pretenden visibilizar a medias.
Si la década de los ochenta fue la incubadora donde se templó el movimiento indígena contemporáneo, el presente nos exige con urgencia transformar esa memoria histórica en políticas públicas transformadoras y convertir la indignación acumulada en un proyecto de vida pleno, justo y plurinacional para las próximas generaciones.
Luis Macas Ambuludi
Noemi Galvez
El ICCI nació, de hecho, en octubre de 1985. Nació en momentos coyunturales extremadamente difíciles, muy parecidos a los días críticos que hoy nos toca atravesar. Nació gracias a la gestión, el desprendimiento y el sacrificio de dirigentes de larga trayectoria, de hombres y mujeres indígenas y no indígenas provenientes de diversas provincias del país. Casi un año después, el 12 de septiembre de 1986, logra su reconocimiento legal y formal ante el Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular. Pero la verdadera partida de nacimiento no la firmó un ministerio: la firmó la necesidad imperante de no dejar morir la educación propia.
Al mirar el camino recorrido siento el peso de la memoria, recuerdo la década de los ochenta, cuando nuestro pueblo parecía desaparecer por la indiferencia estatal y la represión política. Mirar hacia atrás es un deber ético con la tarea que nos dejaron las compañeras y compañeros que soñaron este espacio. Quienes quedamos al frente de esta posta llevamos la enorme responsabilidad de dar continuidad a las ideas, a los sueños y a los objetivos que trazamos cuando el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas (ICCI) no era más que un anhelo urgente en el corazón de las comunidades.
Para entender por qué se constituyó el ICCI, hay que recordar lo que vivimos entre 1979 y 1985. En 1979, bajo el gobierno del presidente Jaime Roldós Aguilera, iniciamos la Campaña Nacional de Alfabetización. Por primera vez en la historia oficial, nos organizamos para alfabetizar a nuestros adultos en nuestras propias lenguas ancestrales. Veíamos con ilusión cómo este proceso empezaba a llegar a las comunidades de la Sierra, la Amazonía y la Costa.
Sin embargo, en este país estamos acostumbrados a que los cambios de gobierno no sean solo relevos de personas, sino rupturas ideológicas profundas. Cuando triunfó la derecha con el presidente León Febres Cordero en 1984, aquel programa de alfabetización se vio truncado, paralizado y obstaculizado de forma deliberada. El Estado le dio la espalda a la educación de nuestras bases.
Al quedarnos huérfanos del acompañamiento institucional, un grupo de alfabetizadores, coordinadores comunitarios e intelectuales nos miramos a los ojos y sentimos la urgencia de construir un espacio propio; un lugar donde reunirnos a debatir sobre la alfabetización a nivel nacional, pero, sobre todo, un espacio donde pudiéramos pensar la educación desde nuestros propios orígenes, desde nuestros contenidos, nuestra cultura y nuestra identidad. No queríamos ser más espectadores pasivos de la educación formal del Estado; queríamos cerrar la brecha del analfabetismo desde nuestra visión del mundo.
Nada de esto habría sido posible sin la entrega de un equipo humano excepcional que asumió esta causa como un proyecto de vida. Recuerdo con profundo respeto a quienes integramos aquella primera directiva y cuerpo de fundadores en 1985:
Asumí la presidencia del instituto acompañado en la secretaría por el compañero agrónomo Arceliano Illanes Álvarez. Junto a nosotros, arrimaron el hombro socios entrañables: Pedro Ushiña Suquillo, Germán Castañeda Conterón, Eduardo Vele Loja, Vidal Sánchez Caluquillin, Humberto Cachiguango Lema, José Vacacela Gualán, Julio Lojano Fernández, Alejandro Lema Gualli, José Lema Guamán, José Toapanta Tonato, Pio Pila Abraján, Angelita Vacacela Gualán, Martha Grefa Rivadeneyra, Crisologio Cuarán Ulcuango, Francisco Ushiña Suquillo, Luis Illapa Yumisaca, Manuel Agualongo Peña, Asunción Zhumi Zhumi, María Ullauri Velasco, Segundo Juan Lligalo Pungabusi, Luis Sarango Macas y Gilberto Lema Mayancela.
Apenas dos meses después de haber obtenido nuestra legalidad, en noviembre de 1986, surgió la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Con el nacimiento de nuestra organización madre, como la máxima estructura organizativa de nuestros pueblos, el marco de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) pasó a ser asumido orgánicamente por la confederación a partir de 1989.
En ese momento, el ICCI pareció quedarse momentáneamente sin su tarea inicial. Sin embargo, en lugar de disolvernos, rediseñamos nuestro Plan Estratégico. Decidimos volcar nuestros esfuerzos a la investigación, al análisis de coyuntura y al acompañamiento teórico del proceso comunitario.
En 1990, con el histórico Levantamiento Indígena que paralizó al país, comprendimos cuál era nuestro nuevo rol. Hasta ese momento, la historia de nuestras luchas siempre había sido contada por observadores externos. Por primera vez, desde el ICCI, nos propusimos escribir la historia desde nosotros mismos, desde los verdaderos protagonistas. De ahí nació la reseña histórica «El Levantamiento Indígena visto desde sus Protagonistas», el primer esfuerzo por teorizar la acción política directa desde las entrañas del movimiento indígena.
En 1999, en el ICCI comprendimos que el acompañamiento a las bases requería canales permanentes de debate e información. Con el impulso de compañeros como la querida Noemí Gálvez —siempre en la vanguardia de la formación comunitaria— y de un entonces muy joven Pablo Dávalos, quien insistía en la necesidad de hacer un seguimiento mensual a la realidad política, creamos el Boletín ICCI RIMAY. A pesar de las estrecheces económicas que a veces nos han obligado a hacer pausas, ese boletín se ha sostenido como una trinchera de análisis coyuntural hasta el día de hoy.
Asimismo, junto a Pedro Ushiña —quien ya no está físicamente con nosotros, pero cuya luz nos acompaña— y a Isidoro Quinde, nos planteamos apoyar a los jóvenes indígenas que iban terminando sus carreras universitarias. Queríamos que sus tesis e investigaciones no se quedaran acumulando polvo en los anaqueles académicos, sino que volvieran a los territorios. Con ese objetivo fundamos la Revista YACHAYKUNA (Saberes), un espacio para difundir el pensamiento de las nuevas generaciones.
Toda esta labor se asentó en los principios filosóficos de la cosmovisión Kichwa, que definen las áreas de acción del ICCI, son actividades asumidas a partir de las experiencias adquiridas y necesidades de los Pueblos Indígenas mediatizadas por: el análisis, una Metodología Experimental-Participativa desde las bases, el debate, la discusión y la reflexión, a través de:
RIMAY= la palabra, el hablar, la comunicación, la difusión;
RIMANAKUY= la conversación, el conversatorio, foros, talleres, seminarios, capacitación o aprendizaje mutuo;
YACHAYKUNA= recuperar, organizar, sistematizar los conocimientos, los saberes;
RIKSIRINAKUY= conocerse en la memoria histórica, reconocerse en la raíz, reaprender de nuestros antepasados;
YUYARINAKUY= diálogo de unidad en los pensamientos, búsqueda de acuerdos, minga de pensamientos.
Este es el marco conceptual en el que se ha fundamentado el ICCI y aspira siempre a coadyuvar esfuerzos en búsqueda de respuestas a las necesidades de las Comunidades y Pueblos Indígenas en función de su fortalecimiento hacia la construcción de un Estado Plurinacional y una Sociedad Pluricultural.
A mediados de los noventa, sentimos que el ciclo educativo no podía quedarse únicamente en la alfabetización o en la educación básica. En 1994 nació la idea de trabajar en una propuesta de educación superior propia.
Empezamos ese sueño con educadores abnegados como César Ruiz, quien dio su vida como maestro en las comunidades de Cotopaxi, y Pedro Ushiña; ambos hoy nos acompañan desde el espacio espiritual. En 1996 estructuramos un equipo de trabajo más amplio con la incorporación de compañeros como Isidoro Quinde, Segundo Fuentes y Luis de la Torre.
Sosteníamos que para que el proceso educativo estuviera completo, los hijos de nuestras comunidades debían acceder no solamente a la educación inicial, la educación básica, la educación media, sino la educación superior, a una formación universitaria con identidad y rigor científico. Tras años de trabajo itinerante en las comunidades, en el año 2000 logramos publicar lo que cariñosamente llamamos el «Libro Verde»: el proyecto fundacional de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos AMAWTAY WASI, fruto del esfuerzo colectivo de hombres como Julio Olivera, Alfredo Lozano, Fernando Sarango y Jorge García.
Sé sinceramente que no hemos alcanzado el cien por ciento de las metas que nos trazamos hace cuatro décadas. Pero puedo mirar a los ojos a nuestras comunidades y decirles que no hemos desmayado. Hemos dado seguimiento con lealtad a los sueños de quienes levantaron esta casa.
Quiero expresar mi gratitud profunda a quienes han sostenido con su presencia, pensamientos, trabajo y colaboración la vida de este instituto, desde su nacimiento hasta nuestros días; y a cada uno de los académicos, dirigentes y jóvenes que han arrimado el hombro en esta travesía.
Hoy nos encontramos nuevamente en un momento crítico. El Ecuador atraviesa horas difíciles que exigen de nosotros lucidez, coherencia y unidad. El ICCI no fue pensado para tiempos de bonanza, sino para la resistencia en tiempos de tempestad. Desde nuestros espacios, desde nuestras comunidades y desde nuestras instituciones, les invito a no perder el ánimo. Seguimos caminando con la tarea a cuestas, convencidos de que la construcción del Estado Plurinacional y de la Sociedad Pluricultural no es una utopía lejana, sino una minga diaria que estamos obligados a sostener.
Teresa Guayllas Gualán
La verdadera autonomía se ejerce defendiendo nuestro territorio, y en este camino de resistencia histórica, las mujeres hemos roto los moldes para dar un paso al frente, demostrando que somos el pilar irremplazable que sostiene la justicia comunitaria y la vida. Mi nombre es Teresa Guayllas, nací en Loja, en la parroquia San Lucas, el lugar donde, desde pequeños, aprendemos a participar activamente en la vida comunitaria y organizativa. Mi llegada al cantón Nangaritza, específicamente a Guayzimi, ocurrió en el año 2013, impulsada por mi vocación y trabajo en la docencia. Al llegar, me encontré en un entorno nuevo, acompañada únicamente por mi esposo y mis dos hijas. A pesar de ver a muchas personas indígenas en las calles de Guayzimi, me sentía sola, sin conocer a nadie, buscando desesperadamente cómo familiarizarme y dónde encontrar a mi gente, esa necesidad de conexión me llevó a involucrarme en el campo organizativo de este cantón.
Por cosas de la vida, me enteré de un congreso cantonal para el cambio de directorio. Sin que nadie me invitara, movida por la curiosidad y las ganas de involucrarme en estos espacios, decidí asistir. Al llegar, mi sorpresa fue inmensa al encontrar caras conocidas, personas de San Lucas que estaban participando de esa asamblea.
En el 2018, durante este congreso mi vida tomó un giro definitivo al integrarme al Consejo de Gobierno de la organización cantonal ZAKITA, Coordinadora de Organizaciones Kichwa Saraguros y Pueblos de Nangaritza.
En aquella asamblea me vieron como un rostro nuevo y útil. “Ella es docente, nos va a servir para que nos ayude a escribir”, dijeron, y así me designaron dirigente de educación de ZAKITA. Pero mi labor no se detuvo allí y al mismo tiempo me convertí en secretaria de la directiva Cantonal de Justicia Indígena. En ese 2018 instauramos con mucha más fuerza la justicia comunitaria en el cantón Nangaritza. Ese fue el comienzo de un recorrido incesante por diversas comunidades, un proceso en el que tuve que aprender caminando.
Contamos con el valioso apoyo de varios abogados, quienes nos facilitaron formatos basados en el artículo 171 de la Constitución y tratados internacionales, enfocándose rigurosamente en cómo llevar a cabo la investigación y en que nuestras resoluciones deben ser consecuentes, sin atentar jamás contra los derechos humanos.
Al principio, fue una lucha firme, recuerdo casos en los que estábamos a mitad de una investigación y la policía llegaba a arrebatarnos a los detenidos. Nos enfrentábamos al desconocimiento y a los prejuicios, sin embargo, no desistimos. Empezamos a tratar casos de robos constantes que golpeaban a Guayzimi desde hacía años. Uno de los eventos que más me marcó era el caso de un grupo de personas que se dedicaban al robo de ganado, logramos detener a cinco personas, fue en secuencia, primero a una persona, luego a otro y finalmente apresamos a tres hermanos que también estaban involucrados, ellos eran de otras zonas. Los tuvimos como presos comunitarios por más de 15 días, un esfuerzo que sostuvimos sin ningún sueldo, apoyados únicamente por la solidaridad de las comunidades afectadas, que llegaron desde Yantzaza, Zamora, El Pangui, Nangaritza y Paquisha.
Para lograr esas detenciones, tuve que estar en la primera línea, en la justicia indígena, las mujeres siempre vamos en la primera fila. Viajamos hasta Valladolid para detener a uno de los implicados, allí, la comunidad se levantó en contra nuestra para defender al individuo; sufrimos golpes, pero cuando ya se dio a conocer el proceso conjuntamente con la policía, logramos cumplir con esa diligencia. Para ese mismo proceso, en Yantzaza, detuvimos a otro implicado en la calle, la gente gritaba que era un secuestro, hasta que llegó la policía y pudimos demostrar que era un procedimiento legítimo de justicia indígena. Esas experiencias me forjaron, me dieron fuerza, mayor valentía, coraje; actué como guardia, secretaria y jueza al mismo tiempo. Me demostraron que tenía una valentía que quizás yo misma desconocía.
Con el paso del tiempo y a base de un trabajo transparente, nos ganamos el respeto de la justicia ordinaria, hoy en día, fiscales y jueces en el cantón conocen y respetan nuestras resoluciones. Nos piden copias de los procesos únicamente para sus archivos, conscientes de que no pueden cuestionar nuestras decisiones comunitarias, incluso, la policía ahora confía en nosotros; cuando interceptan casos menores, nos entregan a los implicados porque saben que la justicia comunitaria aplicará una verdadera sanación y un proceso correctivo efectivo, evitando que los infractores simplemente salgan libres al día siguiente sin ninguna consecuencia real.
Tratamos conflictos de violencia intrafamiliar, robos, levantamientos de cadáveres y consumo de sustancias estupefacientes en espacios públicos. En los casos de violencia de género e intrafamiliar, se procede enseguida, muchas veces también, depende del contexto, por ejemplo, en mi comunidad donde tenemos acuerdos de convivencia claros, si hay este tipo de conflictos, se realiza todo el proceso de justicia indígena hasta llegar a una sanción comunitaria, toda la comunidad está involucrada, para el cumplimiento de la pena, tenemos vigilantes, además del presidente de la comunidad, ellos van a estar siempre atentos.
En otras ocasiones, si el caso es muy grave, el agresor es detenido inmediatamente en un espacio que llamamos “calabozo”, mientras se convoca a la asamblea para la investigación. No podemos dejar pasar los días cuando la vida o la integridad de una mujer está en riesgo, luego de una investigación minuciosa, se llega a una sanción comunitaria vigilada por todos los miembros de la comunidad para garantizar su estricto cumplimiento.
Sin embargo, somos muy conscientes de nuestras limitaciones. Hemos decidido no asumir casos penales graves, como violaciones, porque una sanción proporcional exigiría años de prisión comunitaria y nuestras comunidades no cuentan con la infraestructura adecuada para mantener a un preso en esas condiciones a largo plazo. Preferimos actuar donde sabemos que podemos garantizar un proceso de sanación completo y seguro.
Nuestra lucha trasciende los conflictos interpersonales; también defendemos la vida de nuestros territorios, uno de nuestros mayores logros recientes a nivel provincial ha sido ganar la acción de protección del río Ortega en el cantón Yacuambi, protegiéndolo del avance de los megaproyectos mineros. Esta es una lucha profundamente compleja y dolorosa, porque nos enfrentamos no solo a presiones externas, sino a divisiones internas, hay compañeros indígenas y mestizos que están involucrados en la minería; a veces se siente como una lucha entre nosotros mismos, pero victorias como la del caso Ortega nos llaman a la reflexión y nos dan fuerzas para seguir resistiendo al extractivismo.
Ocupar espacios de decisión y aplicar la justicia comunitaria ha sido históricamente un rol masculino, mi camino no ha estado libre de los desafíos que siempre existen en un entorno machista, pero he decidido ver cada obstáculo como un aprendizaje.
Agradezco profundamente a mi esposo, quien al principio no tenía interés en el ámbito organizativo, pero que al caminar a mi lado terminó enamorándose del proceso, al punto de ser hoy el presidente de la mesa directiva de ZAMASKIJAT. Pero quienes hicieron el mayor sacrificio fueron mis hijas, Naima y Belencita, desde muy pequeñas, tuvieron que acompañarme en las madrugadas mientras yo resolvía casos de justicia indígena, dormían acurrucadas bajo una cobija en los asientos del carro; a veces regresábamos a casa a las cinco o seis de la mañana y yo debía continuar con mi trabajo docente al día siguiente. Nunca las dejé; siempre estuvieron conmigo, sé que fue duro para ellas, pero también estoy convencida de que fue su mayor escuela. Han crecido inmersas en este proceso, escuchando y aprendiendo en las asambleas de sanación.
Me preocupa que las nuevas generaciones, absorbidas por la tecnología y el individualismo, pierdan el sentido de pertenencia. Por eso es vital involucrar a niños, niñas y jóvenes en nuestras asambleas, para que participen y se empoderen. Talleres como los que facilita el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas (ICCI) sobre identidad y género son fundamentales, al igual que el rol de los centros educativos bilingües en nuestro cantón.
A quienes nos leen desde el resto del país, mi mensaje es claro: cada acción que emprendamos debe hacerse de manera correcta, velando siempre por el bienestar social y jamás por intereses personales o remuneraciones económicas, el trabajo comunitario se hace por convicción y desde el corazón. Como dirigente, camino con la frente en alto porque lidero con el ejemplo, actuando con transparencia y amor por mi pueblo.
Ese es el legado que quiero dejar. Todo lo que estamos sembrando hoy, con esfuerzo, lágrimas y valentía, volverá a nacer en nuestras hijas, en nuestros jóvenes y en la fuerza indestructible de la justicia comunitaria.
“Somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer
y de paja de páramo sembraremos el mundo.”
Mama Dolores Cacuango
