By icciec2024
Cada mayo, el calendario nos recuerda que los derechos laborales no fueron una concesión: fueron una conquista. Pero en el Ecuador de 2026, esa memoria choca con una realidad incómoda: hoy, tener trabajo ya no garantiza vivir con dignidad.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) terminan de confirmar una realidad que millones de ecuatorianos sienten todos los días, aunque el discurso oficial prefiera destacar otra cosa. El desempleo abierto se ubica en 2,9%, una de las tasas más bajas de la región. A simple vista, parecería una buena noticia. Sin embargo, basta mirar más allá de la cifra para entender que no estamos frente a un mercado laboral saludable, sino ante una economía que ha normalizado la precariedad como forma de supervivencia.
Porque el problema ya no es únicamente conseguir empleo. El problema es el tipo de empleo que existe. menos personas están desempleadas porque cada vez más aceptan trabajos precarios, inestables y mal remunerados. Y los números lo dicen con claridad: el problema ya no es solamente la falta de trabajo. El problema es que, para la mayoría, el trabajo ya no alcanza.
Hoy, apenas el 32,1% de la población económicamente activa (PEA) tiene un empleo adecuado: jornada completa y un salario igual o superior al básico. Es decir, solo tres de cada diez trabajadores cuentan con condiciones mínimas de estabilidad y protección. En apenas un año, más de 186.000 personas dejaron de tener este tipo de empleo.
¿A dónde fueron esos trabajadores? No regresaron a casa. Fueron absorbidas por la informalidad y la incertidumbre. Más del 56% de los trabajadores sobrevive en condiciones informales: sin contrato, sin seguridad social y sin garantías. A esto se suma un 34,8% catalogado en “otro empleo no pleno”, una categoría técnica que, en la práctica, describe algo mucho más cotidiano: trabajos que existen, pero no alcanzan.
Esa es la gran paradoja ecuatoriana: el desempleo baja, mientras la precarización avanza.
Y esa precarización tiene un rostro concreto. Se refleja en ingresos insuficientes. Aunque el salario básico unificado está fijado en USD 482, el ingreso promedio real apenas llega a USD 430. Es decir, incluso quienes trabajan muchas veces no alcanzan el mínimo legal. Trabajar ya no garantiza cumplir ni siquiera con lo básico.
Si ampliamos la mirada, el panorama es todavía más duro. La canasta básica familiar bordea los USD 829. Un trabajador promedio apenas cubre poco más de la mitad de ese costo. La sobrevivencia depende entonces de sumar ingresos familiares, extender jornadas, multiplicar trabajos o endeudarse.
Incluso tomando como referencia un ingreso familiar promedio de USD 900, el margen es mínimo: apenas unos USD 70 mensuales. Un problema de salud, una reparación en el hogar o el aumento de los pasajes —impulsado por el alza en combustibles y transporte— puede empujar a cualquier familia a una situación de vulnerabilidad.
Esa es la verdadera “flexibilidad” del mercado laboral actual: la obligación de adaptarse permanentemente a condiciones inestables.
La desigualdad, además, no se distribuye al azar. Tiene rostro y estructura. Las mujeres ganan en promedio USD 395, alrededor de un 12% menos que los hombres. Trabajan menos horas remuneradas porque gran parte del sistema económico sigue descansando sobre su trabajo doméstico y de cuidados no pagado. La brecha no es casual; es estructural.
Los jóvenes enfrentan otra realidad crítica. Las tasas de desempleo entre quienes tienen de 15 a 24 años rozan el 40% en los segmentos más jóvenes. Y quienes logran insertarse en el mercado laboral suelen hacerlo bajo condiciones frágiles y temporales. La vieja promesa de que estudiar garantizaba estabilidad se desvanece frente a un sistema que ya no absorbe ni protege.
A esto se suma una fractura territorial evidente. El empleo formal crece, sí, pero concentrado en pocas ciudades. Siete urbes absorben el 63% de los nuevos contratos, mientras gran parte del país queda relegada a economías locales débiles, informalidad y migración interna. Ecuador no solo genera empleo desigual; también lo distribuye de forma profundamente inequitativa.
En este contexto, insistir en que la baja tasa de desempleo es una señal de éxito resulta simplista y engañoso.
Las cifras agregadas esconden una verdad más profunda: el trabajo ha dejado de ser un mecanismo de integración y estabilidad social para convertirse, en muchos casos, en una forma precaria de sobrevivencia. La estabilidad se volvió excepción; la incertidumbre, regla.
Por eso, mayo debería ser más que una fecha conmemorativa. Debería ser un momento para volver a discutir lo esencial: ¿qué significa hoy el derecho al trabajo?
No basta con tener empleo. No basta con reducir el desempleo estadístico. El verdadero desafío es garantizar condiciones materiales que permitan vivir con dignidad, sostener un hogar, proyectar un futuro, enfermarse sin caer en la ruina y envejecer con tranquilidad.
Lo contrario —y eso es lo que muestran los datos— es un modelo donde el riesgo se traslada completamente al trabajador: ingresos variables, jornadas incompletas, ausencia de protección y una sensación permanente de inestabilidad.
Reivindicar los derechos laborales hoy no significa únicamente exigir mejores salarios. Significa cuestionar una estructura económica que depende de la informalidad y la precariedad para sostener cifras aparentemente positivas. El éxito de un país no debería medirse por cuántas personas están “ocupadas”, sino por cuántas pueden vivir dignamente de su esfuerzo.
Porque sin estabilidad, no existe verdadera libertad.
El país no está resolviendo el problema laboral; lo está desplazando hacia la informalidad, el endeudamiento y la sobrevivencia cotidiana. Y ahí está el verdadero desafío: reconstruir un modelo donde trabajar vuelva a significar vivir con dignidad y no apenas resistir un mes más.
La historia del movimiento obrero nunca pensó los derechos laborales como mínimos de supervivencia, sino como garantías para una vida digna. Hoy, esa idea vuelve a estar en disputa.
