By icciec2024
“¿Si han esperado quinientos años, por qué
no van a poder esperar unos meses más?”
El Ecuador está atravesando una profunda crisis de la institucionalidad de su sistema político que pone en tensión los contenidos mismos de la democracia y apela a respuestas urgentes. Es un panorama confuso y ambiguo, en el que las decisiones de la coyuntura parecen ser determinantes; la misma crisis de la institucionalidad del sistema es tan fuerte que absorbe como un agujero negro toda posibilidad de alternativa que no sea aprobada y controlada desde ella. Los problemas más acuciantes del país se revelan casi intrascendentes al tenor de la crisis institucional: el Tratado de Libre Comercio que se negocia a espaldas del pueblo, o la privatización de la seguridad social, o la flexibilidad laboral, o incluso el involucramiento en el conflicto armado de Colombia, pasan a un conveniente segundo plano. Parecería ser que una vez que se re-institucionalice la democracia, podrán resolverse todos los problemas nacionales. El espejismo de la institucionalidad recrea la lógica de los simulacros.
Según esa lógica, todos tendríamos que ponernos firmes y detrás de las consignas de aquellas organizaciones que llaman a restaurar la institucionalidad del sistema político ecuatoriano. Si hay personas o movimientos sociales que por cualquier circunstancia critican o toman distancia con las decisiones adoptadas por estas organizaciones, corren el riesgo de ser acusados de complicidad, entreguismo con el gobierno, etc., y, no solo eso, sino que incluso se ha tildado al movimiento indígena ecuatoriano de traición y acomodo por no participar de manera activa en las diferentes movilizaciones sociales que la “oposición política” al gobierno de Lucio Gutiérrez ha programado para estos meses. Una acusación grave que encierra en sí misma un argumento falaz: el de suponer que los conflictos reales del Ecuador se circunscriben y se limitan a la institucionalidad democrática.
Cabe preguntarse: ¿Porqué esa desesperación de estas organizaciones de que todos los ecuatorianos terminemos avalando y respaldando sus movilizaciones y consignas? ¿Quiénes son estas nuevas organizaciones de la sociedad civil que ahora copan el espacio mediático y que han enarbolado la bandera de la democracia y la institucionalidad del sistema? ¿Porqué frente a ese vaciamiento político en el debate nacional en uno de los momentos más dramáticos del país, que es la suscripción del TLC con Estados Unidos, no se ha logrado posicionar con fuerza este tema? ¿Quiénes son en realidad aquellos sectores que se presentan como “oposición política” al gobierno de Gutiérrez? ¿Dónde estaban cuando se firmó la Carta de Intención con el FMI? ¿Dónde estaban cuando el Presidente Gutiérrez involucró al país en el Plan Colombia? ¿Cuál es, entonces, su verdadera agenda?
Y, es que llama a sospecha el hecho de que sean las Cámaras de Producción, Comercio e Industrias, es decir, la representación gremial de la burguesía ecuatoriana, las que hayan asumido la bandera oficial de la oposición política.
Despierta suspicacias el hecho de que sean ONGs de dudosa procedencia como “Participación Ciudadana”, “Transparencia Internacional”, “Ruptura 25”, “Coalición por la Democracia”, entre otras, y vinculadas directa o indirectamente con el Departamento de Estado Norteamericano, y sus agencias de seguridad (entre ellas la CIA), las que se conviertan en “movilizadores ciudadanos”. Produce interrogaciones el hecho de que sea desde un programa del Banco Mundial, Projusticia, y sus representantes y aliados (como la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco, que, además, ha firmado un jugoso contrato con Projusticia) los que se conviertan en nuevos actores políticos.
Cuestiona el hecho de estar en estas jornadas de protesta junto a partidos políticos tan desgastados como la Izquierda Democrática, que desde la Alcaldía de Quito, pretende la privatización del agua, y ha anunciado, además, un agresivo programa de despidos a los trabajadores municipales; o el Partido Social Cristiano, expresión políticamente fuerte de una de las oligarquías más poderosas del país. Y esa sospecha se convierte en certeza, cuando se constata que estas mismas organizaciones de la sociedad civil y estos partidos políticos han respaldado y respaldan al TLC, al ALCA, a la dolarización, a las privatizaciones, etc.
El hecho de que sea la representación gremial de la burguesía la que llame a la movilización nacional, al tiempo que portavoces de los intereses norteamericanos se pongan al frente de las movilizaciones sociales, da cuenta del alcance y profundidad de la crisis que experimenta el sistema político ecuatoriano y de las contradicciones y paradojas de la coyuntura. Porque es esta representación gremial, y son estas ONGs relacionadas directamente con intereses norteamericanos, las que han constituido la plataforma desde la cual se rearticula y reconstituye la “oposición política” al gobierno de Gutiérrez.
Sobre esta plataforma pueden actuar los partidos políticos que representan la racionalidad del sistema político ecuatoriano: la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Ambos partidos, son casi los únicos sobrevivientes del proceso de retorno a la democracia y “reestructuración jurídica del Estado” de los años 1978-1979; y ninguno de los dos ha tenido la oportunidad de estar en el poder nuevamente.
Ahora bien, la decisión del presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez de rearmar la mayoría parlamentaria para defenderse de un posible juicio político en su contra, que implicaba su destitución de la Presidencia de la República, implicó la desestructuración de todo el diseño institucional creado desde la democracia y demostró los mecanismos íntimos desde los que opera, funciona y se legitima el sistema político. En efecto, la nueva mayoría parlamentaria afín al gobierno, y lograda con la entrega y reparto de funciones, cargos, representaciones y prebendas del Estado, hizo tabula rasa de toda consideración de tipo ético, jurídico y político, para rearmar la institucionalidad jurídica y electoral en beneficio propio.
Esas decisiones desnudaron el entramado más esencial de la institucionalidad vigente: demostraron que la justicia, en realidad, es una prerrogativa del poder; que la ética es un discurso que legitima y encubre la dominación; que la política es el ejercicio hegemónico del poder. Demostraron que nunca hubo institucionalidad fuera de las lógicas del poder. La justicia en Ecuador, es ahora tan politizada como lo fue antes y lo ha sido siempre. El sistema político es ahora tan corrupto como fue construido en sus inicios por la misma burguesía. La democracia funciona más como una ficción que como una realidad. Una ficción necesaria para cohesionar la hegemonía del poder.
De otra parte, para defenderse de su posible destitución, el Presidente Gutiérrez se alió con otros sectores de la misma oligarquía, pero ocultó esa maniobra política vendiendo al país su estrategia de defensa como parte de una lucha antioligárquica. ¡Curiosa paradoja del poder en la que estar apoyado por la oligarquía es luchar en contra de la oligarquía! ¡Curiosa forma que asume la cultura política que esa estrategia le dio resultados al gobierno e incluso le permitió ganar en credibilidad y popularidad! Pero no hay que llamarse a engaño, detrás de Gutiérrez están ahora defendiéndolo dos de los grupos financieros más fuertes del Ecuador, el grupo Isaías y el grupo Noboa.
Pero la “oposición política” no quiere saber nada de involucrar a esos grupos financieros dentro de su disputa. En todos los discursos, en todos los debates, en todas las críticas hechas desde la “oposición política”, en ninguna ocasión se han mencionado los nombres de estos dos grandes grupos financieros, a pesar de su presencia está allí incluso de manera explícita en el caso de Alvaro Noboa, un magnate bananero que intenta llegar a la Presidencia del Ecuador a través de uno de los partidos que apoyan actualmente a Gutiérrez, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN.
La “oposición política” no dice nada del grupo Isaías, verdadero sustento de poder del partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, y actor crucial de la actual “desinstitucionalización jurídica”. No le informa al país que este es un grupo financiero que solo en el ámbito de la comunicación controla 11 empresas (entre ellas: TC Televisión, Gamavisión, TV Cable, etc.), y que desde ese enorme poder mediático emprendió una campaña en contra de otro grupo financiero (el grupo Egas), no para acabar con él sino en realidad con el sistema monetario de la dolarización y poder recuperar el banco que perdió en la crisis financiera de 1999 (Filanbanco). No dice nada de que fue justamente este grupo el responsable de la crisis financiera de 1999, que le costó al país más de cinco mil millones de dólares. No dice nada de que detrás del control de las cortes de justicia está la intención de que el Estado reasuma el costo de la crisis financiera con la quiebra del mayor banco nacional: Filanbanco y lo entregue a la familia Isaías nuevamente.
Asimismo, no dice nada del grupo Noboa, un grupo que controla una de las mayores exportadoras de banano del mundo, y que se niega a reconocer el costo oficial del banano. Que explota a los pequeños productores bananeros imponiéndoles precios y condiciones, que impide todo tipo de organización gremial (muchos dirigentes campesinos de las provincias en las que esta empresa tiene sus haciendas, han aparecido asesinados por bandas de sicarios), que utiliza trabajo infantil y que se niega a pagar impuestos. No, ni el grupo Noboa ni el grupo Isaías son parte del escenario del poder, ellos están en la tramoya no en el proscenio. Ellos son el poder, y al poder se lo siente pero no se lo nombra.
Quizá por ello, en estas jornadas de protesta y de oposición haya algo de simulacro que no termina de convencer. Los problemas reales están allí y esperan una resolución que a no dudarlo se dará por fuera del sistema político. Está la agenda de la apertura y liberalización que se “negocia” con EEUU desde un Tratado de Libre Comercio. Un Tratado que, sin ninguna duda, transformará profundamente al Ecuador. Está la intención de endeudar nuevamente al país para pagar la deuda externa. Está la agenda de la privatización y también la agenda de la guerra (la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia).
Está, asimismo, la pretensión gubernamental de llevar adelante la alicaída agenda de reforma estructural que el gobierno de Gutiérrez firmó con el Banco Mundial en abril del 2003. Una reforma que plantea la privatización de la seguridad social, la energía eléctrica, los hidrocarburos, las telefónicas, que propone la flexibilización laboral, que disminuye de manera radical la intervención del Estado en áreas delicadas como educación, salud, bienestar social, inversión pública. Una pretensión que tiene nombre: la “Ley Combo”, y que necesita de tiempos políticos para su aprobación y ejecución.
En esta coyuntura, la “oposición política” hace mutis camino al foro. Estos, según su perspectiva, no serían problemas importantes, o, al menos, no tan importantes como el control de la nueva mayoría del congreso de las cortes y los tribunales constitucional y electoral. Ese silencio cómplice del sistema político es funcional al poder. Esas reformas legales codificadas en la “Ley Combo”, propician la modernización neoliberal que tiene varias asignaturas pendientes desde la década pasada. Gutiérrez, ha desperdiciado todo su capital político y todo su tiempo, hasta ahora, en buscar apoyos para sostenerse en el poder y ha descuidado la agenda de la modernización neoliberal.
Empero de ello, cabría preguntarse por el verdadero leit motiv que está detrás de toda esta estrategia de movilización ciudadana, de todo este sutil juego de espejos. Una primera respuesta es que esta movilización tiene que ser referida y contextualizada en la perspectiva del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina. En efecto, la presencia de organizaciones de la sociedad civil que son directamente financiadas por el Departamento de Estado Norteamericano, le otorgan un cariz especial a estas manifestaciones. El gobierno norteamericano siempre había actuado tras bastidores en las últimas décadas no solo en Ecuador sino en América Latina. Se trataba de un papel políticamente conveniente para que las democracias no aparezcan directamente tuteladas desde EEUU. El tutelaje vendría encubierto desde el ajuste y reforma estructural de las multilaterales de crédito, el FMI, el BID y el Banco Mundial. Por ello llama la atención que esta vez la intervención norteamericana en la crisis política del Ecuador se haya transparentado de manera tan directa.
En efecto, se trata de una intervención directa hecha a través de la “cooperación” vía USAID y también vía National Endowment for Democracy, NED (en realidad una fachada política de la CIA), en varias organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana (como Participación Ciudadana, Ruptura 25, etc.), una intervención que da cuenta de que el gobierno norteamericano tiene apuestas reales en la región andina, una región convulsionada, además, por la guerra civil colombiana y por la presencia del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Esas apuestas estarían en el caso del Ecuador estructuradas, al menos, en dos dimensiones básicas; una militar, y tiene que ver con la necesidad de ampliar el número de bases norteamericanas en Ecuador (de ahí que se hable de una base militar en Esmeraldas y otra en la región de Putumayo, ambas en la frontera con Colombia); y otra económica, que tiene que ver con el acceso, control, y dominio de uno de los corredores ecológicos con la mayor biodiversidad del planeta, incluyendo la existencia de recursos naturales como el agua, y recursos minerales como el petróleo.
De hecho, en el Plan Estratégico de USAID para el Ecuador, para el periodo 1998-2002, se identifican en orden prioritario los siguientes aspectos de la cooperación norteamericana: la biodiversidad, la defensa de la democracia, la lucha en contra de la pobreza y el desarrollo fronterizo. De otra parte, a fines de 2004 y refiriéndose al TLC, la embajadora de EEUU en Ecuador, Kristie Kenney, expresaba que una de las asignaturas más importantes que el Ecuador debía aprobar para entrar en el TLC era la aprobación de una Ley de Biodiversidad.
Ahora bien, dentro de los requisitos a ser definidos en el TLC constan, entre otros: el tratamiento a la inversión extranjera, la seguridad jurídica y los derechos de propiedad intelectual. Una de las garantías de contractualidad, es decir legalidad y legitimidad de los contratos es la democracia, y la democracia necesita de marcos institucionales sólidos, estables y legítimamente constituidos. La crisis política en Ecuador afecta la estabilidad de los marcos institucionales y genera “inseguridad jurídica”. Es necesario, entonces, cerrar la brecha de la inseguridad jurídica, y proteger la estructura institucional de la democracia. Es desde la democracia que se firmaron los acuerdos para la Base de Manta, y es desde la democracia que se intenta otorgar seguridad jurídica a las nuevas bases militares que EEUU intenta crear en Ecuador. Es desde la institucionalidad que se debe proteger a la inversión extranjera, es decir, a las corporaciones americanas. De esta manera, las movilizaciones ciudadanas en Ecuador por la defensa de la institucionalidad jurídica, serían una estrategia que está totalmente armonizada con el TLC, y con la Iniciativa Regional Andina. De ahí que USAID haya considerado como prioritario el financiamiento a estrategias que tengan como objetivo la re-institucionalización de la democracia en el Ecuador.
Un segundo argumento está en las elecciones del próximo año, y en la necesidad de que la política en el Ecuador se “racionalice”, es decir, que pueda ser absorbida por el sistema político ecuatoriano. El sistema político pretende acotar tanto las posibilidades del “populismo” (expresado en los partidos políticos PRE, PRIAN y MPD, todos ellos ahora aliados del gobierno de Gutiérrez), cuanto las incertidumbres de lo que en Ecuador se han denominado los “outsiders”, es decir, personajes que intervienen en las elecciones desde fuera del sistema político. La defensa de la institucionalidad en realidad esconde la maniobra de los repartos de poder en dos instancias básicas: los tribunales electorales, y los tribunales constitucionales. El tribunal electoral regula el poder dentro de los contenidos del sistema político. Pueden ganarse las elecciones en las urnas, como efectivamente ha pasado en Ecuador, pero se las pierden en los tribunales electorales. El sistema político sabe de esas prácticas porque fue él mismo quien las creó, y ahora tiene miedo de que esas prácticas se vuelvan en contra suyo. Entonces, de una manera u otra, es necesario devolver a esos espacios ese carácter de supuesta imparcialidad y que permitía el funcionamiento “normal” de las elecciones y el reparto del poder.
Una tercera lectura, podría sugerirse desde el vaciamiento del discurso político que tenga por objetivo, justamente, impedir el posicionamiento de temas fundamentales para el país: TLC, Plan Colombia, privatizaciones, dolarización, deuda externa, etc. Es paradójico pero el vaciamiento de contenidos reales del debate político se produce por exceso y no por carencia. Solo así se explica que el ambiente esté tan saturado de discusiones políticas que en realidad no definen nada. Está, por ejemplo, la iniciativa del ejecutivo de llamar una consulta popular para la reforma de las cortes de justicia, o la iniciativa de la autodenominada “Asamblea de Quito” de conformar una “comisión de notables” que darían la solución para el nombramiento de los nuevos jueces. Mientras el país debate una u otra posición, las rondas de negociación del TLC pasan convenientemente a un segundo plano. Las ofensivas militares que el ejército ecuatoriano realiza en contra de su propia población (como por ejemplo el caso de los pueblos Awas en la provincia de Esmeraldas y frontera con Colombia), no tienen tiempo ni siquiera de ocupar un espacio en el universo mediático. La defensa del territorio de las comunidades de Sarayacu en contra de las corporaciones petroleras no tiene el derecho a existir ni como información. El sobreendeudamiento del gobierno de Gutiérrez (que ha anunciado la emisión de bonos por cerca de 900 millones de dólares (cerca de un 3% del PIB del país), tampoco han merecido ningún tipo de atención. Todo el escenario público, toda la discusión política es rehén de un tema circunstancial: la legalidad de los jueces y de los tribunales electorales y constitucional.
Un cuarto aspecto sería concomitante a este proceso de vaciamiento del discurso político, y estaría en provocar un estado de movilización permanente, con el propósito de acotar los espacios de incidencia, maniobra y capacidad política a los movimientos sociales, y en especial, al movimiento indígena. Cuando la ciudadanía está en alerta permanente y ha sido movilizada varias veces en función de una agenda determinada, el espacio de la movilización social se satura, y la convocatoria a movilizaciones sociales por fuera de esta agenda de la institucionalidad del sistema, no-solo que no tendría fuerza sino que además se presentaría como extemporánea o intrascendente. De esta manera, si los movimientos sociales apuestan por la movilización social para detener el TLC, o la “Ley Combo”, estarían perdiendo su legitimidad porque habrían perdido su capacidad de movilización. La ciudadanía estaría agotada y las posibilidades de trasladar la resolución de la conflictividad política al campo de la protesta popular estarían restringidas. Es un mensaje muy claro para el movimiento indígena que ha decidido no participar en estas estrategias de re-institucionalizar la democracia.
Las preguntas finales que se imponen son: ¿cuánto tiempo más tendrá legitimidad y credibilidad esta estrategia? ¿Porqué EEUU juega a dos bandas: dice apoyar a Lucio Gutiérrez y al mismo tiempo aparece financiando y apoyando las marchas en contra del gobierno? ¿Podrán el movimiento indígena, y los movimientos sociales del Ecuador, romper la trampa de la institucionalidad y aprovechar la enorme energía generada desde la protesta ciudadana para frenar el TLC?
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Pablo Dávalos1
Para comprender la dinámica de los Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y algunos países y regiones de América latina (bilateralismo), entre ellos el Ecuador, es necesario analizar los alcances que tuvieron dos estrategias anteriores en las cuales se propugnaban la aceptación de nuevas reglas de juego al comercio mundial bajo los parámetros de la liberalización absoluta, las privatizaciones, la desregulación, y la protección a la inversión, la una en el ámbito internacional: la OMC, y a nivel regional: el ALCA, la otra, ambas signadas bajo la noción del multilateralismo.
Ambas estrategias, en realidad, se corresponden más al mundo de la política que al mundo de la economía y se inscribían en un contexto en el que el gobierno americano había optado por el unilateralismo diplomático-militar (como fue por ejemplo su decisión de atacar e invadir a Irak sin el consentimiento de las Naciones Unidas), y por la generación de un ambiente de incertidumbre económica en el ámbito mundial por los excesivos déficits fiscal y comercial norteamericanos.
Una primera aproximación da cuenta de que Estados Unidos ha priorizado su agenda militarista en el mundo a través de su discurso de la lucha en contra del terrorismo. En adelante, todo lo que harán los Estados Unidos en materia de relaciones internacionales tendrá que ser puestos en esa clave, incluidos los acuerdos comerciales. La lucha en contra del terrorismo le permite a Estados Unidos rediseñar el mapa político mundial en función de sus propios requerimientos y con los tiempos de su propia agenda. Despliega bases militares, ejércitos, portaviones, y toda su logística y parafernalia militar, no tanto en función de lo que serían reductos terroristas sino más bien en función de recursos estratégicos: petróleo, agua, biodiversidad, metales raros, etc.
El mapa de las bases militares que Estados Unidos ha desplegado y que intenta además crear por todo el mundo, es coherente con aquellos mapas de los nuevos recursos naturales de carácter estratégico y a nivel mundial. El discurso del terrorismo, en realidad, vendría a ser la cobertura política a una nueva estrategia de expansión y de consolidación de una hegemonía de carácter bélico-económica. Quizá ello pueda ser explicado porque el lobby de la guerra está profundamente relacionado con la administración Bush.
Por ello, la agenda del bilateralismo norteamericano tiene que ser puesta en la perspectiva de geopolítica de una voluntad imperialista en el más clásico de los sentidos de este término. Pero ese bilateralismo nos está demostrando, de una parte, el empeño de Estados Unidos por consolidar su hegemonía y, al mismo tiempo, el fracaso de una estrategia anterior y que fue aquella del multilateralismo.
Estados Unidos, durante la administración Clinton, parecía que iba a jugarse, como pocas veces en su historia, por construir una plataforma de intereses multilaterales con América latina, a partir de acuerdos de liberalización comercial. A mediados de la década de los noventa del siglo pasado, se crea el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA. Su construcción institucional relativiza el peso real de Estados Unidos. En efecto, el ALCA tiene una arquitectura que se parece a aquella de la OMC: un país, un voto.
Es decir, se construye sobre las decisiones de países que supuestamente son soberanos al momento de elegir sus políticas. Estados Unidos se convierte en un estado entre otros, pero con una voluntad de imposición que se ve constreñida por la misma arquitectura del acuerdo. Tiene que armonizar posiciones sobre todo con el único país de América Latina que al parecer tiene un proyecto propio y un peso específico: Brasil. De hecho, es la posición brasileña la que es gravitante para que los acuerdos y las agendas que se discutían en el ALCA se amplíen a campos en los que el gobierno americano quería más bien pasarlos por debajo de la mesa: el enorme subsidio americano a su producción agroindustrial, las grandes disparidades en la brecha tecnológica que querían ser cubiertas en beneficio de las corporaciones americanas a través de la protección a la propiedad intelectual, las compras gubernamentales y el tratamiento a la inversión extranjera.
Algunos de estos temas fueron el impasse que impidió, asimismo, llegar a un consenso en la Ronda de Cancún de la OMC, y que fueron conocidos como los “temas de Singapur”. Con el fracaso del ALCA, Estados Unidos retoma aquellas posiciones que le son más cómodas y desde las cuales puede definir las reglas de juego: el bilateralismo.
Con el bilateralismo impone condiciones políticas a estados más bien débiles y desesperados por acceder a los mercados americanos, retoma sus posiciones hegemónicas marcando los tiempos, las agendas, las prioridades y los temas que ellos consideran de interés y pueden consolidar una base de apoyo político a su estrategia de lucha en contra del terrorismo. Y su estrategia empieza con los más pequeños y vulnerables: los países de Centroamérica, que además tienen fuertes vinculaciones con Estados Unidos a través de la constante migración de fuerza de trabajo y una estructura de comercio exterior fuertemente vinculada a Estados Unidos. Luego, los países del Area Andina, un área muy sensible por la presencia de fuertes movimientos sociales, sobre todo indígenas, un gobierno impredecible como aquel de Hugo Chávez en Venezuela, y una guerra civil de larga data en Colombia y en la cual una buena porción del país está en manos de la guerrilla izquierdista de las FARC y el ELN.
Uno de los efectos más inmediatos del bilateralismo es la distorsión de los procesos de integración regional y subregional, que en el caso concreto de Sudamérica apuntan directamente a Brasil y al MERCOSUR. Los países andinos podrían ganar más a nivel comercial en un acuerdo con el MERCOSUR que en un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero la estructura del comercio exterior de estos países se ha ido construyendo de tal manera que su dependencia del mercado norteamericano es importante al extremo de convertirse en aquello que en la década de los setenta la CEPAL denominaba como la “dependencia”.
Otro efecto del bilateralismo es acotar los espacios de expansión que tendrían otros bloques económicos, como por ejemplo la Unión Europea, Japón, China y el sudeste asiático. Estados Unidos estaría demarcando “su” territorio a través de políticas comerciales definidas frente a otros posibles competidores, en un contexto en el cual en el ámbito internacional tienden al aislamiento político y la competencia. Pero aparte de estas dos dimensiones, hay otro proceso de fundamental importancia y que es subyacente a los tratados de libre comercio y tiene que ver con el rediseño de la noción de soberanía y al rol que juegan las corporaciones multinacionales.
En efecto, en Estados Unidos, las corporaciones tienen una vinculación directa con las decisiones que asume el gobierno tanto en materia de política interna cuanto en política mundial. Es conocida, por ejemplo, la vinculación de la corporación Halliburton con el Vicepresidente Dick Cheney, y el rol que esta corporación está jugando en la guerra de Irak. Es también conocido el lobby que hacen las corporaciones a la administración norteamericana y en periodos electorales a los candidatos republicanos o demócratas en función de sus propias agendas (el lobby de la electrónica, el lobby del petróleo, el lobby de la industria de la guerra, etc.).
De esta manera, existiría una simbiosis real entre el aparato político del Estado americano y el entramado corporativo: lo que es bueno para las corporaciones es bueno para el gobierno americano (y el discurso ideológico de la globalización lo extenderá a la democracia). Es, en realidad, el funcionamiento de un proceso político-económico de lo que hace algunos años denominábamos como “capitalismo monopolista de Estado”, y que se corresponde a aquella definición del ex Presidente americano Eisenhower: del complejo industrial-militar norteamericano, pero ahora inserto dentro de dinámicas de especulación financiera y de lucha en contra del terrorismo a nivel global.
Pero en el contexto de una acendrada competencia en la que las corporaciones europeas y asiáticas disputan los espacios de acción, decisión y provisión de materias primas y mercados, a las corporaciones americanas, y cuando se forman espacios regionales importantes como la Unión Europea, es necesario redefinir el rol político y económico de las corporaciones.
De ahí que Estados Unidos haya propuesto cambios importantes con respecto al rol político que deberían asumir en tiempos de globalización las corporaciones transnacionales. Esto se vio, por ejemplo, cuando a instancias de Estados Unidos, la OCDE comenzó a trabajar en 1995 el texto para un Acuerdo Multilateral para las Inversiones, casi al mismo tiempo que Estados Unidos proponía la creación del ALCA.
Aquello que diferencia el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, de otros instrumentos parecidos, es el tratamiento que se da a la inversión y al inversionista extranjero (capítulos III y IV del proyecto de documento del AMI). Por vez primera, tanto el inversionista cuanto su inversión tienen en el AMI un tratamiento de igualdad política frente a los Estados-Nación. Las cláusulas de indemnización por lucro cesante, por expropiaciones, o porque de acuerdo al inversionista (la corporación), el Estado no garantizó la rentabilidad esperada, hacen del AMI un instrumento que otorga por vez primera un status de cuasi soberanía política a las inversiones (es decir, las corporaciones) y a los inversionistas.
El AMI nunca se llegó a firmar por la oposición y fuerte movilización de las organizaciones sociales europeas, canadienses y americanas. Sin embargo, su espíritu se trasladó en cuerpo completo al ALCA. Allí también se recoge esa intencionalidad de proteger a la inversión y al inversionista frente a los Estados-nacionales, una protección que tiene que rebasar el ámbito del litigio y desacuerdo comercial para convertir a la corporación transnacional en un verdadero interlocutor político frente a esos Estados-nación.
El ALCA no es solamente un tratado de libre comercio, en realidad es una estrategia de carácter geopolítico que buscaba sustentar a la corporación transnacional como el nuevo sujeto de las políticas de desarrollo regional, y, por tanto, como interlocutores validados políticamente a través de acuerdos internacionales. Si esta hipótesis es plausible, entonces, los países que suscriben este tipo de acuerdos de libre comercio, se ven obligados a reformar la arquitectura de su normatividad interna, esto es, todas sus leyes e incluso su Constitución, en armonización con estos tratados de libre comercio.
Estos acuerdos son claves porque implican que en la legislación vigente de cualquier país se tienen que realizar los cambios de rigor para que se armonicen con los tratados internacionales, en otras palabras, la legislación nacional se subordina a los contenidos establecidos en el tratado internacional de libre comercio. Así, estos tratados tendrían fuerza vinculante, acción prevalente (en el sentido de que se superpondrían a la legislación nacional), y acotarían el margen de acción de cualquier Estado.
Con este nuevo marco jurídico, la corporación tiene, ahora, un contexto para reclamos, imposiciones y negociaciones, más favorable, y al mismo tiempo tiene un espacio de negociación política en el cual puede inscribir sus condiciones, ampliar sus ventajas y acotar sus obligaciones. Luego de suscrito un acuerdo de libre comercio, los gobiernos en realidad se convertirían en “administradores de los acuerdos de libre comercio”.
Por ello, el fracaso del ALCA implicaba también el fracaso del proyecto norteamericano de otorgar ese estatus político de soberanía a las corporaciones bajo la figura de protección a las inversiones y a los inversionistas. Ahora bien, el bilateralismo, como estrategia política que le toma el relevo al multilateralismo del ALCA, le permite al gobierno americano poder impulsar ese estatus a la corporación como nueva figura de derecho político y nuevo sujeto del desarrollo económico, y por tanto con posibilidades de disputar el status de soberanía con los Estados-nación de la región.
En efecto, los tratados de libre comercio, planteados desde el bilateralismo norteamericano, más allá de las consideraciones de tipo comercial, las estructuras arancelarias, los tiempos de desgravamiento arancelario, las tarifas, cuotas, y otros mecanismos pararancelarios, en realidad supeditan las legislaciones nacionales a un nuevo corpus jurídico en el que es la corporación transnacional quien tiene las posibilidades reales de definir los términos, las características y las modalidades de la nueva contratación social.
Son espacios por definición políticos, y son políticos en el más amplio sentido del término, porque lo que en realidad está en juego es la noción de soberanía de los Estados, al menos tal como se las estructuró en el discurso de la modernidad y desde la paz de Westfalia de 1648.Es como si estuviésemos atravesando el umbral histórico de redefinición del contrato social con el que se inaugura la modernidad, en el que la corporación se erige como nuevo figura jurídica-política. En esta nueva contractualidad, los términos básicos entre el Estado moderno y el individuo se ven transformados entre el individuo y la Corporación. El Estado se convierte en cobertura jurídica de protección y seguridad a la inversión. No representa aquella noción de contrato social entre individuos libres, soberanos y racionales, sino la garantía de funcionamiento del mercado como nuevo locus político de regulación social.
En realidad, los Tratados de Libre Comercio, no son acuerdos económicos, y ni siquiera comerciales, son instrumentos políticos que nacen desde las necesidades de asegurar la hegemonía mundial de los Estados Unidos. De hecho, redefinen los contenidos mismos de la democracia, la ciudadanía, y la soberanía. Crean una nueva reterritorialización de los Estados a través de los mecanismos del arbitraje, y a esa nueva reterritorialización le adscriben criterios de soberanía política: las resoluciones de los tribunales internacionales de arbitraje, son inapelables, vinculantes y obligatorios.
Una nueva juridicidad, esta vez sustentada desde la lógica de las Corporaciones, emerge, se consolida y se convierte en el eje de la globalización liberal. Cuando un país firma un Tratado de Libre Comercio, no está solamente firmando nuevas cláusulas para la entrada y el libre intercambio de bienes y servicios, en realidad, está entrando en una lógica de cambios profundos de su ordenamiento interno que vulneran de manera profunda toda su institucionalidad, toda su economía, toda su política.
Notas
1. Profesor de Posgrado de la Universidad Católica del Ecuador
Coordinador de Attac-Ecuador
© Los artículos del presente Boletín pueden reproducirse citando la fuente
René Báez1
1. La tendencia más característica de la economía internacional contemporánea constituye la mundialización capitalista de los procesos productivos, comerciales, financieros, así como de sus concomitantes pautas de consumo. El fenómeno involucra tanto a los países centrales del sistema como a los periféricos, incluidos en estos últimos las naciones del ex campo socialista europeo. La aludida tendencia se habría iniciado desde el fin de la II Guerra Mundial.
2. La mundialización capitalista en curso ha configurado tres grandes bloques económicos: a) el presidido por Estados Unidos, con hegemonía sobre América Latina, b) la Unión Europea, encabezada por Alemania y Francia, en proceso de expansión hacia Europa Central y Oriental, y c) Japón, cuya influencia se despliega en el Sudeste asiático y el Pacífico, y que, según opinión distintos analistas, establecerá en un futuro próximo un entendimiento militar-político y económico con China. Los citados bloques apuntan a desenvolverse en un contexto de creciente interpenetración de capitales, que, dado el carácter intrínsecamente violento del capitalismo, no excluye la posibilidad de confrontaciones militares entre los Estados imperialistas y, menos aún, el fomento de guerras periféricas de distinta índole (religiosas, contra el “narcoterrorismo”, tribales).
3. Las actuales propuestas integracionistas de los Estados Unidos para el continente, como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio (TLCs), se engranan con concepciones y políticas de corte colonialista o neocolonialista impulsadas por la Unión en distintos momentos de su historia. El más notorio de tales antecedentes constituye la Doctrina Monroe (“América para los americanos”), sustento del expansionismo territorial de Washington a lo largo del siglo XIX. En época más reciente, el monroísmo-panamericanismo se sustentará en la ideología del “espacio vital”, un elaborado del nacionalsocialismo alemán asumido por el complejo industrial-militar norteamericano como soporte de la estrategia de la Gran Área (Grand Area), fundamento de la intervención yanqui en la segunda contienda, conforme lo demuestran Chomsky y Dieterich en su libro Los vencedores. En tiempos más recientes, Bush padre extrapolará esos axiomas de la política exterior washingtoniana a la Iniciativa para las Américas, el corolario hemisférico de la inmediata post-Guerra Fría.
4. Las fórmulas unionistas de la Casa Blanca del ALCA y los TLCs, lejos de inspirarse en propósitos de fomento productivo y diseminación del progreso en las naciones sureñas, buscan, sobre todas las cosas, consolidar la hegemonía de la potencia unipolar en las esferas productiva, comercial, financiera, científica, tecnológica, ambiental, ideológica, cultural, legal e institucional, en la perspectiva de contrarrestar la superioridad tecnológica de los europeos y asiáticos en la producción de bienes de consumo civil. A la luz de esta urgencia, no resulta casual que el ALCA y los TLCs comporten esquemas de fusión de “una sola vía” (excepto de la fuera laboral),
(+) Ponencia para el I Foro Social de las Américas, evento a realizarse en Quito entre el 25 y el 30 de julio del 2004.
para consolidar el “modelo de acumulación por desposesión” (Walden Bello, Raúl Zibechi) que ha puesto en marcha Wall Street. Específicamente, pretenden asegurar la libertad de movimiento y las máximas ganancias a las corporaciones estadounidenses, y, en contrapartida, a enajenar aún más la soberanía de nuestras naciones, liquidar a los mini-Estados sociales preexistentes, profundizar la expoliación de su fuerza laboral y el saqueo de sus recursos naturales y ambientales, apropiarse de los conocimientos vernáculos, eliminar competidores, extender el antidesarrollo neoliberal, adoctrinar al continente en la religión del mercado, empobrecer y humillar a los latinoamericanos.
5. La integración-“anexión” de América Latina se ha tornado más necesaria para los Estados Unidos en el marco de su reciente debilitamiento de su poder económico y financiero. ¿A qué aludimos? El auge de la economía de la potencia unipolar durante la era Clinton colapsó a fines del 2000 envuelto en la debacle de la Nueva Economía. Esta inflexión del ciclo económico norteamericano se expresó no solo en la caída de las inversiones, sino también en las espectaculares caídas de sus exportaciones y en el crecimiento exponencial del déficit presupuestario. Amén de la vertical expansión de su endeudamiento externo. Factores de este orden son los que están detrás de la decisión de George W. Bush de impulsar un plan completo de recolonización de América Latina, inicialmente bajo el formato del ALCA y, a partir de noviembre del 2003, bajo el molde de los TLCs.
6. El proyecto del ALCA (que no ha sido abandonado) y los TLCs con los Estados Unidos, ya suscritos por México, Chile y Centroamérica, y en proceso de negociación con los países andinos, comportan ofensivas bélicas no militares contra nuestras naciones. Aunque para el caso de los países andinos, cuyas negociaciones oficiales se iniciaron el pasado mayo, en Cartagena, el contenido bélico-militar aparece explícito al menos desde el 2000, centrado en la militarización del conflicto civil colombiano (Plan Colombia, IRA, Plan Patriota).
7. Específicamente, los TLCs suponen un abandono del multilateralismo y la imposición del bilateralismo como mecánica para las negociaciones. Antes que constituir una modificación formal, el cambio está significando que las asimetrías de distinto orden entre la superpotencia y nuestras naciones cobren una relevancia aún mayor.
8. El horizonte que dibujan los TLCs –y el ALCA- no agota el futuro probable de América Latina, entre otras razones porque la ofensiva totalizante y totalitaria del capital monopólico norteamericano, encaminada al desmantelamiento de los Estados-nación latinoamericanos, conducirá a generar múltiples resistencias, no por cierto de las burguesías y gobiernos cipayos que desafortunadamente predominan en la región, sino de los heteróclitos sectores sociales víctimas de la oleada recolonizadora.
9. Los discursos y las prácticas revolucionarias de la Cuba castrista y la Venezuela bolivariana, las acciones contestatarias de las masas campesino-indígenas especialmente andinas, la reticencia de algunos segmentos empresariales ligados al mercado interno, las movilizaciones de los defensores de la naturaleza, los reclamos de los sindicatos públicos y privados, las intifadas estudiantiles… anticipan un largo escenario de impugnaciones defensivas. Sorpresivamente, los emigrados a la metrópoli, a la par de resistir al rebrote del racismo blanco y del fundamentalismo cristiano, estarían deviniendo en catalizadores de la lucha de clases en el seno mismo de la otrora opulenta sociedad estadounidense.
10. El ALCA y los TLCs son productos históricos, condenados por lo mismo a cambiar y desaparecer. Su extinción, sin embargo, no será obra exclusiva del tiempo, sino de la acción consciente y decidida de los pueblos latinoamericanos para, desbordando la pesada herencia de la “balcanización”, edificar “la más grande nación del mundo, menor por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”. (Simón Bolívar)
Notas
1. Profesor de la PUCE y del Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central
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