By icciec2024
Las transnacionales petroleras que ingresaron al territorio ecuatoriano desde la década de los 20, luego en los 70 y 80 en adelante, junto con las empresas de explotación del caucho y las madereras son las responsables de la explotación indiscriminada de los recursos naturales del territorio de la Amazonía y de sus efectos permanentes en contra de las Nacionalidades Sionas, Secoyas, Cofanes, Huaoranis, etc. Por ejemplo, la Texaco que vino en 1964 hasta 1990 «Operó 15 campos petroleros, 22 estaciones de producción, y 339 pozos, extrayendo 1.434.000.000 barriles de petróleo». «Algunos de los daños que provocó son: 16.8 millones de galones de petróleo regados en ríos y esteros; 20 billones de galones de agua tóxica derramados en ríos y esteros; 235.000 millones de pies cúbicos de gas quemados a cielo abierto».1 A estos efectos, se suman la contaminación ambiental, la deforestación permanente y la táctica empresarial de dividir a las organizaciones y a algunos de sus dirigentes a cambio de pequeñas dádivas personales o grupales.
En 1998 el Estado ecuatoriano declaró zonas intangibles al Parque Nacional Yasuní y por tanto al territorio en donde existen y transitan milenariamente los Tagaeri y los Taromenane, pero pese a esta declaratoria, las empresas madereras y petrobel han realizado vuelos constantes sobre estos territorios a fin de ir ubicando las áreas de producción. Ante esta codicia irracional de las empresas extranjeras y nacionales por el oro negro y por la madera, que buscan explotar los recursos naturales a bajos costos y extraer lo máximo de ganancia a cambio de poca inversión, queda claro que para el Estado neoliberal y para sus aliados empresariales, lo fundamental es obtener grandes ganancias a cualquier costo y en donde sea.
En este contexto el Estado ecuatoriano y los gobiernos de turno han sido incapaces e incompetentes de hacer cumplir y respetar la constitución política y los derechos colectivos; por ejemplo, no se viene haciendo cumplir ni respetar el Art. 84:
Literal 2, dice que el Estado debe «Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas de pago del impuesto predial».
Literal 3. «Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley».
Literal 4. «Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras».
Literal 5. «Ser consultados sobre sus planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental y culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indeminizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen»2 etc.
En vista de esta falta de garantías constitucionales, las nacionalidades han venido enfrentando una serie de atropellos a lo largo de su historia y han tenido que defender sus derechos en varias ocasiones frente a las petroleras, a las empresas madereras y frente a las doctrinas y sectas encabezadas por el Instituto Lingüístico de Verano, hoy llamado Visión Mundial.
En este contexto los conflictos armados entre las empresas madereras y la Nacionalidad Huaorani han sido permanentes. Por ejemplo, el día lunes 8 de julio del 2002, tres indígenas Kichwas ( R. Chimbo, A. Huatatoca y su hijo) fueron asesinados en la reserva Huaorani de la cuenca del río Nushiño, al nororiente de Pastaza3.
Luego a finales del mes de Octubre del 2002, en un enfrentamiento entre los taladores de madera y los Huaorani cerca del puente de la vía Coca-Tiguino, falleció Mencam Omene de 39 años y quedó gravemente herido el niño J. Ima 4.
A esta ola de enfrentamientos se suma otro, ocurrido a fines del mes de mayo del presente año, en donde son asesinados 12 miembros de la comunidad Taromenani (nueve mujeres y tres hombres, entre los cuales está un joven y un niño) en manos de los Huaorani y en complicidad con madereros de la zona que habrían proporcionado fusiles, municiones y recursos para provocar tal genocidio.
¿Por qué se vuelven a producir estos asesinatos? ¿Qué significado y efectos posteriores, tienen estos hechos para las propias nacionalidades involucradas? ¿Qué tiene que ver el hecho de que hayan sido la mayoría mujeres y niños asesinados cruelmente? ¿Cuál ha sido la participación de la Administración de Justicia Indígena en este caso? Y ¿Cuál ha sido el rol del Estado?
La versión religiosa del Padre Juan Carlos Andueza, es que un grupo de guerreros Huaorani ingresaron al territorio Tagaeri en 1994 y secuestraron a una mujer para ofrecerle regalos y devolverle a la comunidad Tagaeri, pero en el trayecto de regreso los Tagaeri asesinaron a un miembro de los Huaorani, por lo tanto, el asesinato a los Tagaeri, para este religioso sería un acto de venganza de los Huaorani. En esta versión quedan muchas dudas y vacíos; por ejemplo, por qué ingresaron los Huaorani al territorio Tagaeri, solamente para entregar regalos a una mujer, sabiendo que los Tagaeri son guerreros y defienden su territorio a muerte y que además no buscan contacto con nadie. ¿Acaso los Tagaeri han pedido regalos a los Huaorani?. ¿Por qué los Huaorani asesinaron a varios Tagaeri, sabiendo que está en juego su propia extinción?.
Esta versión es muy simplista y no recoje los antecedentes históricos de las nacionalidades y pueblos; al contrario ubica a las nacionalidades como «seres salvajes, criminales, que viven en condiciones primitivas» y que no son capaces de resolver sus conflictos por la vía del diálogo y la paz. La exaltación del genocidio por los medios de comunicación, ubica a las nacionalidades y pueblos como incapaces de resolver sus problemas internos y como causantes y ajenos al dolor de sus propios hermanos.
La otra tesis mantenida por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, por la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana ONAHE, Confeniae, Codenpe y CONAIE, es que detrás de tal genocidio, están las empresas petroleras y madereras que buscan la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la zona y que logran dividir a los miembros de las nacionalidades para conseguir sus fines.
Por ello han emprendido un proceso de investigación de los sucesos y han exigido del Gobierno el respeto de los derechos colectivos y de las áreas intangibles para que en tales áreas no ingresen las transnacionales.
Lo cierto es que lo sucedido debe poner en alerta a todo el movimiento indígena, porque no sólo es un crimen y una violación a todo tipo de derechos humanos, realmente es un genocidio humano y cultural, porque por un lado, se acaba con la vida de seres humanos que son portadores de una cultura, de unos valores y de un saber irreparable; pero, por otro lado, se acaba con las mujeres y los niños, que en el caso de las madres, son las portadoras, reproductoras y transmisoras de la vida, las costumbres, la socialización, el idioma, es decir, se acaba con el ser más fundamental en la generación de la vida; así mismo, se acaba con la vida inocente de varios niños; es decir, se mutila o se anula la esperanza del florecimiento de la propia cultura y la posibilidad de seguir multiplicando esfuerzos para construir una nueva sociedad libre de explotación económica y social.
1Petróleo, Ambiente y Derechos en la Amazonía Cntro Sur. CDES-OPIP-Amazanga. P.11.
2Constitución Política del Ecuador. Capítulo 5. p.41.
3El Comercio 17 y 18 de julio/2002.
4El Comercio 3 y 3 de noviembre/2002.
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Patricio Zhingri T.
La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), organización integrante de la CONAIE, respecto al ALCA y en especial sobre el tema Agricultura, recogiendo los aportes de la Campaña Nacional contra el ALCA en Ecuador, plantea:
1.- En nuestro continente, en Abya Yala, hace más de 500 años la Economía Agrícola Comunitaria que practicábamos los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, fue interrumpida por la invasión y la conquista española, y sustituida por el sistema colonialista de producción, basado en la propiedad privada de la tierra y la explotación brutal de la mano de obra indígena.
2.- En el Ecuador actual aún existe la gran propiedad privada sobre la tierra, y la mano de obra indígena sigue siendo explotada. El Estado Burgués, no ha logrado solucionar el problema agrario, y actualmente es el sector productivo más abandonado y atrasado del país.
3.- El proceso de Reforma Agraria impulsado por los diferentes gobiernos civiles y militares, desde el año de 1964, no ha resuelto el problema de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas; en tanto es una Reforma Capitalista «Agrotécnica» que responde a los intereses económicos y políticos de los explotadores nacionales y extranjeros, y no se ha tomado en cuenta la necesidad de un verdadero desarrollo integral, partiendo del cimiento cultural y la realidad de nuestros pueblos.
4.- En Ecuador en 1992, el gobierno neoliberal de Durán Ballén terminó el proceso de reforma agraria, impulsando la Ley de Desarrollo Agrario, en contra de los campesinos e indígenas, eliminando los subsidios. No contentos con esto, en 1996 el Ecuador ingresó a la OMC, trayendo como consecuencias, más medidas de liberalización del sector agrícola. Y como si esto fuera poco, ahora se avanza en negociaciones para entrar en el ALCA.
5.- Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador rechazamos frontalmente las pretensiones del proyecto ALCA, que busca favorecer a los productos transgénicos, por encima de la seguridad y soberanía alimentaria, y que excluye la necesidad de posibles reformas agrarias. Asimismo, no podemos aceptar un Acuerdo que promueve la liberalización de la tierra y del agua, para legalizar la expropiación a los campesinos e instituir la propiedad transnacional de la tierra y el agua, el monopolio privado de la producción y el comercio de alimentos.
6.- Consideramos que no es posible una integración comercial entre países del continente, cuando en el capítulo sobre Agricultura en el ALCA nada se dice sobre los elevados subsidios que tiene la economía norteamericana a su agricultura: alrededor de 18.000 dólares anuales a cada agricultor (según la FAO), dando a los Estados Unidos una ventaja enorme sobre casi todos los países latinoamericanos, especialmente en productos estratégicos tales como: trigo, cebada, maíz, soya, entre otros, con lo que los EE UU podría inundar la región y prácticamente quebrar todas las producciones locales por calidad y precios.
7.- Creemos que en el tema agrario, para cualquier proceso de integración debe valorarse el rol de la pequeña producción de campesinos e indígenas, tanto por su aporte a la alimentación de la población, como porque sus parcelas diversificadas coadyuvan a sostener la biodiversidad, a proteger los suelos y los recursos naturales. Por ello, los Estados deben generar políticas públicas favorables a la consolidación de estas agriculturas, promoviendo al mismo tiempo condiciones de equidad, especialmente para las mujeres que en este sector afrontan los más altos índices de empobrecimiento y exclusión.
8.- Reafirmamos que los Estados nacionales, pueblos y comunidades deben precautelar su seguridad alimentaria en forma soberana (con capacidad autónoma de tomar decisiones), por lo que luchar por la soberanía alimentaria de los pueblos de América, es una vía para erradicar el hambre, la malnutrición, entendida como un derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, respetando sus culturas y la diversidad de modos de producción.
9.- Enfatizamos que para alcanzar esta soberanía alimentaria es necesario la puesta en marcha de procesos de reforma agraria adaptados a las condiciones de cada país, dirigidos a que el campesinado acceda a la tierra para producir y que los pueblos indígenas reciban el reconocimiento pleno de sus Derechos Colectivos sobre sus territorios. Estas reformas deberán incluir políticas que garanticen crédito suficiente y oportuno, tecnologías apropiadas, infraestructuras productivas y sociales, mecanismos de comercio cogestionado por los actores del campo, es decir las condiciones básicas para la reproducción de las sociedades rurales.
10.- Consideramos que las áreas estratégicas son palancas de desarrollo e integración. Todo país tiene fortalezas y debilidades. América Latina debe cuidar y utilizar celosamente, bajo el principio de las soberanía, sus recursos energéticos (petróleo y electricidad), biodiversidad, recursos naturales, empezando por el agua. Pero la base fundamental está en que puede combinar su originalidad, enraizada en la sabiduría de los pueblos indígenas y en el aporte de las culturas mestizas propias; y, por tanto puede aportar una perspectiva civilizatoria diferente, ante la decadencia de Occidente.
11.- Estimamos que la biodiversidad puede ser el recurso estratégico del nuevo milenio. La sabiduría de nuestros pueblos y nuestra riquísima biodiversidad podrían abrir nuevos cauces para solucionar los problemas de soberanía alimentaria y de salud que nos aquejan.
La lucha por un ambiente sano ante la voracidad del lucro, es la defensa de la vida y de la subsistencia del planeta.
12.- La I Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en su Mandato entregado al gobierno de turno (Lucio Gutiérrez), hemos dictaminado una Política Agraria, donde se plantea:
– Establecer políticas de reactivación de la producción del pequeño y mediano productor agropecuario, mediante líneas de financiamiento y de seguros manejados por las propias organizaciones.
– Apoyar la realización de estudios de políticas de comercialización, que permita la vinculación directa entre productores y consumidores. Políticas de precios, concertados por los agricultores.
– Financiar un sistema de capacitación a los pequeños y medianos productores, para fomentar una agricultura sustentable, recuperando tecnologías ancestrales.
– Apoyar la creación de un servicio para la provisión de insumos agropecuarios.
– Proteger la producción nacional, prohibiendo la importación de productos agropecuarios y artesanales que se producen en el Ecuador, a fin de no contradecir los acuerdos establecidos, buscar mecanismos para-arancelarios de protección.
– Prohibir la producción con semillas y productos transgénicos y proteger la riqueza de la biodiversidad.
– Redistribución de tierras y territorios con la finalidad de garantizar seguridad y soberanía alimentaria con identidad.
– Adjudicación y titularización de tierras y territorios de los pueblos y nacionalidades.
– Prohibir la comercialización y la división de los páramos y áreas forestales, para garantizar la supervivencia del ecosistema, la biodiversidad y la dotación de agua.
– Que el Estado garantice la preservación y conservación de los recursos naturales: biodiversidad, fuentes de agua, respetando el derecho y formas de gestión comunitarias.
– Creación del Instituto de Riego Campesino, para que se garantice la distribución equitativa a todos los ecuatorianos, y dotarle de los recursos y presupuesto necesarios para su funcionamiento.
13.- Finalmente, en ese mismo Mandato exigimos al Gobierno ecuatoriano que convoque a Consulta Popular sobre el ALCA y que sus resultados sean vinculantes. Independientemente de la posición del gobierno, las organizaciones que hacemos parte de la Campaña Nacional contra el ALCA en Ecuador, hemos convocado a la Consulta Popular, cuya fase de votación se iniciará el 12 de octubre del 2003, fecha de la resistencia continental contra la invasión y la conquista.
«Otro Ecuador es posible, otra América es posible, no al ALCA.»
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Mailer Mattié
En medio de la enorme problemática que enfrentan los pueblos indígenas del mundo para defender sus culturas y su sobrevivencia, la construcción de grandes proyectos de desarrollo ocupa un lugar destacado. En la región de la Cuenca Amazónica, cientos de comunidades indígenas llevan adelante con extrema dificultad su oposición a este tipo de obras. A pesar de estar localizadas en las tierras que habitan, son diseñadas y ejecutadas sin su consulta y mucho menos su consentimiento y aprobación. La principal característica de estos proyectos es la incompatibilidad, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también humano. Implican, en la mayoría de los casos, directa o indirectamente, la expulsión y desplazamiento de los núcleos de población.
Para los pueblos indígenas representan una intolerable y violenta intervención en sus territorios ancestrales. Las consecuencias incluyen graves alteraciones al medio ambiente, lo cual conduce a la desaparición de los medios de subsistencia. Representan, además, la profanación de sus lugares sagrados. Obviamente, los megaproyectos expresan la infravaloración que el modelo dominante de desarrollo económico otorga a la diversidad humana y, por tanto, a la coexistencia de las culturas. Muchos son los ejemplos: la construcción del gasoducto Brasil-Perú-Bolivia; el oleoducto amazónico en Ecuador; las explotaciones mineras que utilizan mercurio en Guyana y Surinam; la explotación de carbón en territorio wayuu en Venezuela; entre otros.
En Ecuador, el pueblo Kichwa de Sarayacu enfrenta actualmente a la compañía CGC-Texaco Chevron, en la provincia de Pastaza. Según denuncias hechas en diversas instancias internacionales, se han destruido gigantescos árboles centenarios para la instalación de los campamentos de la empresa, con daños irreparables para la fauna, incluyendo la matanza incontrolada de tapires, un animal en vías de extinción. Se pretende en la zona la explotación petrolera de 135 mil hectáreas en territorio indígena, por lo cual las comunidades afectadas exigen al gobierno la retirada inmediata de Texaco.
En el Valle del Cauca, en Colombia, grupos indígenas Chamí luchan por detener la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas y el trasvase del río Cauca. Estas obras forman parte del llamado proyecto Calima, cuya primera etapa finalizó en los años sesenta. Su impacto social y ambiental fue de tal envergadura que la pesca, principal actividad de subsistencia de las comunidades involucradas, desapareció casi por completo. Actualmente las obras están paralizadas debido a la presión de organizaciones ambientales e indígenas. Cuarenta años llevan los Chamí resistiendo su avance.
En el Departamento de Arauca, también en Colombia, desde 1994 el pueblo U’wa ha tenido que hacer frente a la Occidental Petroleum Corporation (OXY), debido a las actividades de exploración petrolera realizadas en sus territorios. La OXY formó parte de las multinacionales que presionaron para que se aprobara en los Estados Unidos el Plan Colombia. Estando ya éste en marcha, en febrero de 2002 la policía nacional reprimió duramente una protesta de comunidades U’wa contra la compañía, resultando asesinada una niña. Sin embargo, a pesar de los intensos trabajos de exploración, la búsqueda de petróleo no ofreció los resultados esperados por la OXY, de tal forma que ese mismo año abandonó sus planes. No obstante, Ecopetrol, compañía petrolera del Estado, ha reiniciado las labores exploratorias. Entre los efectos más graves se encuentra la contaminación del río Arauca, cuyas aguas llegan al Orinoco en Venezuela. Los U’wa creen, de acuerdo a sus leyendas, que los Werjayas (guías espirituales) escondieron el petróleo a la OXY. Han decidido, por ello, no volver a exponer a ninguno de sus miembros a la violencia policial, confiando en que de nuevo sus Werjayas hagan lo mismo a Ecopetrol.
Siguiendo en territorio colombiano, en la zona del Alto Sinú, Antioquía, la comunidad indígena Embera-Katío ha tenido que sufrir las consecuencias que sobre sus sistemas de subsistencia ocasionó el represamiento del río Sinú, conjuntamente con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá. A través de la Organización Regional Indígena Embera y la Organización Indígena de Antioquía, la comunidad cuestionó legalmente el proyecto por la alteración causada a la biodiversidad, además de la destrucción del patrimonio arqueológico y cultural. En noviembre de 1998, la Corte Constitucional ordenó a la empresa Urrá indemnizar, por dichos daños, al pueblo Embera durante un período de 20 años. Sin embargo, en junio de 2001, la Corte Suprema de Justicia desconoció el fallo, considerándolo contrario a la seguridad jurídica.
Estados Unidos, por su parte, tiene especial interés en construir en territorio colombiano una nueva ruta que una los oceános Atlántico y Pacífico. La posibilidad de un canal interoceánico utilizando las corrientes de los ríos Atrato y Truandó, es una de las propuestas con mayores posibilidades de aceptación. El impacto de esta obra modificaría de manera significativa la vida de decenas de pueblos, además de la magnitud de los cambios ambientales en toda la región.
En Brasil, por otro lado, se lleva a cabo el proyecto Da Usina Belo Monte, primera etapa del denominado complejo hidroeléctrico de Xingú. Su construcción afecta a los pueblos indígenas Juruna, Xikrin-Kaiapo, Arara, Xipaia y Curuaia. Todas estas comunidades han manifestado su oposición a que se resuelvan los problemas energéticos y financieros de Brasil, a costa de su propia sobrevivencia, del patrimonio cultural y de la biodiversidad de la Amazonía.
Se proyecta igualmente en Brasil la construcción del gasoducto Uruau-Porto Velho, con una extensión de 522 Km. El estudio ambiental fue realizado por un equipo dependiente de la empresa promotora, violando todas las disposiciones legales al respecto. Esta obra afectaría a 7 sistemas arqueológicos y varios territorios indígenas, incluyendo tierras de pueblos voluntariamente aislados como los Pau-Mari, los Juma y los Katauxi.
Las consecuencias que generan estas construcciones específicamente a las poblaciones indígenas, constituyen, a saber, una clara violación del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Este instrumento internacional tiene como objetivo la defensa de los derechos indígenas, comprometiendo a los países a respetarlos, sobre todo en lo que se refiere a la relación entre los territorios, uso de los recursos naturales y la ejecución de grandes proyectos industriales. El Convenio hasta ahora ha sido ratificado por Brasil, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay, Honduras, Guatemala y Costa Rica.
Así, mientras continúe la violación de las normativas internacionales, el patrimonio de América Latina seguirá al servicio y libre disponibilidad de un desarrollo hecho a la justa medida de las transnacionales; incompatible, por tanto, con los intereses, principios y objetivos de sus pueblos.
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