By icciec2024
¿Qué son las encuestadoras? ¿De qué o de quiénes viven? ¿Qué hacen y cómo hacen sus encuestas? Las encuestadoras son verdaderas empresas electorales que trabajan para ciertos partidos políticos o grupos de poder económico. Cedatos-Gallup y Market, son las encuestadoras más importantes que se han disputado el mercado electoral de nuestro país en los últimos períodos.
¿Cuál fue el comportamiento político de estas encuestadoras para la primera vuelta electoral del 20 de octubre del 2002? Market, al 30 de Septiembre ubicaba al candidato de la Izquierda Democrática (ID), Rodrigo Borja, en primer lugar con el 16.74% de intención del voto, seguido del candidato del PRIAN, Alvaro Noboa, con el 14.45 %, Xavier Neira del Partido Social Cristiano, con el 13.44%, León Roldós del Partido Socialista, con el 12%, y al candidato de la alianza 3-18, Sociedad Patriótica-Pachakutik, Lucio Gutiérrez, con el 9.20%.
Por su parte, Cedatos, ubicaba a Noboa en primer lugar, con el 17 % de intención de voto, seguido de Borja con el 16%, Roldós con el 12%, Gutiérrez con el 12%, y Neira con el 10%. Entonces, estaba claro que para estas dos encuestadoras, la derecha debía pasar a la segunda vuelta, era la socialdemocracia (ID) y el PRIAN, o los monopolios los que deberían ser los aspirantes a gobernarnos por cuatro años más, a la final no importaba que sea Borja o Noboa, porque la orientación y las políticas serían las mismas, habría solo cambios de forma, pero el sistema y la sociedad se mantendría igual, es decir, la receta neoliberal seguiría sobre la cabeza de todos los ecuatorianos.
Paradójicamente, en estas dos encuestadoras el candidato ganador, Lucio Gutiérrez aparecía sin ningún chance de llegar al Palacio de Carondelet. Para Market, Gutiérrez aparece en el quinto lugar y para Cedatos en el tercer lugar, empatado con Roldós. En todo caso, las dos encuestadoras dejaron afuera y sin posibilidades de triunfo al candidato de la alianza. En otras palabras, los ex militares rebeldes y los movimientos sociales, con Pachakutik a la cabeza no podían ser los ganadores de la primera vuelta, sino que debían estar siempre los mismos.
¿Qué otras cosas se pueden deducir del trabajo de estas encuestadoras? Todo indica, que los típicos partidos de la derecha, como el Social Cristiano, Izquierda Democrática, Democracia Popular, etc. han sufrido una severa derrota en las elecciones, debido a que ya han sido gobierno por varias ocasiones y solamente han implementado el proyecto neoliberal o el proyecto de los ricos, han gobernado para sus intereses, en medio de actos de corrupción y estafa pública al Estado y a los recursos del pueblo ecuatoriano, ellos son los responsables de la crisis generalizada del país, por eso, para seguir en el poder, ya no les sirve ni la misma democracia formal que ellos han creado, porque carece de legitimidad y de credibilidad frente a la sociedad, por ello es entonces, que se sirven de las encuestas, como una estrategia para validar sus candidaturas y engañar al pueblo; en este sentido, estas encuestadoras no son las más indicadas para captar la intención de voto de la población, sino que son las que a cualquier precio, quieren cambiar o manipular la intención de voto y la decisión del voto de la ciudadanía en favor de los sectores dominantes, especialmente, de las grandes ciudades.
Por lo tanto, hay razones económicas, políticas y técnicas que ponen en duda la legitimidad de cualquier encuesta de opinión pública con fines electorales, por eso, con esta nueva experiencia electoral, habrá que emprender una política de Estado para que regule, controle y vigile a las empresas encuestadoras y a los medios de comunicación en cualquiera de sus formas, a fin de que se conviertan en instrumentos educativos, orientadores y generadores de valores que apunten hacia un verdadero cambio social y político de nuestro país.
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Ménthor Sánchez G.
I.- INTRODUCCIÓN
¿Por qué y para qué debemos hacer una evaluación política del actual estado del Movimiento Indígena? Para esto debemos tener presente que, pese a los logros sociales que ha tenido nuestro movimiento en los diversos campos en que ha incursionado, se hace indispensable una profunda evaluación de todo el Movimiento, pero una evaluación que supere los típicos análisis y no se muera en las consabidas reflexiones y compromisos de buena voluntad que luego socapan y perpetúan los mismos errores, obstaculizando el avance del verdadero proyecto político que nos hemos planteado.
Una evaluación política real tiene que hacerse periódicamente para saber cuanto hemos logrado avanzar en nuestros objetivos, en nuestras estrategias y tácticas, para saber en qué caminos andamos, para conocer si los mecanismos o instrumentos que hemos empleado han sido útiles en términos coyunturales, históricos, políticos y sociales.
Una evaluación política tiene que tener presente, que evaluar es topar los aciertos y fundamentalmente los problemas y los errores organizativo-políticos, es analizar profundamente sus raíces, sus relaciones, sus motivaciones e intenciones. Es poner al descubierto la acción de nuestros dirigentes y de nuestras bases y confrontarlo con su discurso y ver si existe un nivel de coherencia política de la que tanto hablamos.
Otro aspecto importante de todo proceso de evaluación consiste en pasar del análisis a las decisiones políticas, es decir, no basta con conocer los errores, sino que hay que superarlos con madurez política, para lo cual, las organizaciones, los dirigentes y militantes debemos estar en la capacidad de tomar decisiones que ayuden a rectificar nuestros errores, a reorientar y a fortalecer nuestra organización y nuestro proyecto político; pero para que estas decisiones tengan resultados efectivos en corto plazo, debemos implementar mecanismos y responsabilidades que permitan aplicar tales resoluciones y hacer seguimiento de las mismas, caso contrario volveremos a caer en el vacío.
II.- BREVES ANTECEDENTES Y ANALISIS
¿Qué es lo que debemos evaluar? ¿Desde dónde debemos partir para evaluar o qué etapa debemos evaluar y qué tiempos o períodos debemos tomar en cuenta para su análisis? ¿Quienes son los que deben evaluar? ¿Y cómo debemos proceder o qué mecanismos o procedimientos vamos a utilizar en este proceso?
Debemos empezar preguntando si en el Movimiento Indígena o en un sector de él, existe actualmente un proyecto político; también deberíamos conocer qué es un proyecto político o a qué estamos llamando o considerando como proyecto político.
Al respecto, si miramos los últimos acontecimiento políticos como los levantamientos, procesos de diálogo, parlamentos populares, alianzas políticas, alianzas electorales, etc., vemos que cada sector habla de un proyecto político, especialmente los dirigentes, pero en la práctica se demuestra que lo que existe en tales acuerdos con los diversos sectores son varios intereses sectoriales, gremiales, de clase, étnicos e individuales, es decir, no se puede hablar de un solo proyecto político para el país y que sea amplio, consensuado, participativo y consolidado, porque muchas veces siguen primando los intereses individuales y de pequeños grupos.
Ahora, ¿se puede decir lo mismo de la CONAIE? O mejor cuál es su comportamiento político en la práctica concreta? En principio, hasta finales del mes de Octubre del año 2001, se avanzó a discutir y a reactualizar el proyecto político de la CONAIE con la participación de las regionales y de sus bases, pero desde esa fecha hasta este momento no se ha socializado los cambios a las bases y menos se ha logrado encaminar algunos puntos fundamentales del mismo; como por ejemplo, la elaboración de un programa de Gobierno y su respectiva estrategia, etc., pero, ¿entonces qué es lo que se ha hecho? ¿Acaso, se puede hablar de un proyecto político, cuando este permanece como letra muerta, como un escrito cualquiera postergado en el olvido y relegado a un segundo plano? ¿O bien el proyecto político es un documento más o es un proyecto de vida para las Nacionalidades y Pueblos indígenas y para todo nuestra sociedad? ¿Entonces qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene haciendo?
Empecemos por topar algunos hechos, si bien actualmente hay un Consejo de Gobierno de la CONAIE, pese a la forma como fueron elegidos y a quién los eligió; ¿acaso está funcionando coordinadamente como Consejo de Gobierno? La respuesta es no, porque al interior, también se ha dado una contraposición de intereses personales y particulares. Unos a favor del apoyo a un sector de la CONFENIAE y de apoyarle como candidato a la presidencia de la república a Antonio Vargas; otros, en cambio defendiendo una posición «neutral» si es que es posible hablar de neutralidad de la CONAIE y otro grupo minoritario a favor de la propuesta de apoyo a Pachakutik.
A este problema se suma la inexperiencia política de algunos dirigentes, su falta de capacitación y proyección política para superar los problemas domésticos por los desafíos nacionales y tomar una posición política coherente con las demandas históricas y no solo coyunturales. Además, todos sabíamos que Antonio Vargas buscó y presionó en la CONAIE para ser el único candidato del Movimiento Indígena, sin embargo todos miramos, nadie decía nada; también, todos sabíamos que quiso ser el único candidato de Pachakutik, desconociendo a la directiva nacional, pidiendo la salida del Director Nacional, desconociendo sus resoluciones y queriendo imponer sus decisiones, sin embargo, todos miramos y nadie decía nada, hasta que el ECUARUNARI dijo:
a) Antonio Vargas, no es candidato de la CONAIE, ni del Movimiento Pachakutik.
b) Antonio Vargas, ha traicionado y dividido al Movimiento Indígena del país. Desde el ECUARUNARI se declara persona no grata del Movimiento indígena y se propone la expulsión de la CONAIE. Sobre este tema, la misma CONAIE, durante mucho tiempo mantuvo una posición dividida al respecto y en ocasiones poco clara y transparente, hasta que finalmente emitió su pronunciamiento que no termina de convencer a las propias bases, porque aquellos colaboradores, asesores e incondicionales de A. Vargas siguen merodeando en la CONAIE y ahora, debido a los resultados electorales, se autodenominan como Pachakutik.
¿Qué podemos decir del Consejo de Nacionalidades y Pueblos durante este primer año de vida, funciona como tal, cuáles son sus logros y alcances hasta este momento? ¿Qué pasa con la existencia del Consejo paralelo que viene actuando dentro de la estructura del CODENPE y cuáles son sus resultados concretos? ¿Cuál mismo es el verdadero Consejo y para qué existe? Sin duda, cualquiera que sean los razonamientos y las explicaciones que se den, lo cierto, es que esta doble estructura, en la práctica concreta no le hace ningún bien al Movimiento.
Otro elemento que deberíamos revisar, es el de la participación electoral, es decir, evaluar políticamente al Movimiento Pachakutik. Aquí, hay que analizar todo el proceso de la Alianza, hay que tomar en cuenta cómo se toman las decisiones y cómo se delinean las estrategias de conducción política con el “Buró político”, con los asesores o colaboradores de Lucio Gutiérrez, con Ximena Bohorquez, en definitiva con Sociedad Patriótica. En este momento parecería que estamos priorizando el nivel estratégico electoral por el organizativo-político. Al respecto, parece que se consolida una tendencia al interior del Movimiento Indígena, caracterizada por captar algunos espacios estratégicos dentro de la estructura del Estado y desde ahí emprender los cambios previstos, al actual estilo venezolano; sin embargo, esta tendencia reformista del Estado, para cumplir con su fin, tiene que superar varios problemas, surgidos de la misma alianza 3-18 y de la propia organización interna; como por ejemplo, el oportunismo, el clientelismo, el paternalismo, la burocracia, etc.; tiene que fortalecer su estructura organizativa desde las bases hasta la nacional, además, hay que evitar el desmantelamiento organizativo de los principales dirigentes provinciales y nacionales del Movimiento, porque sino, seguimos arrastrando un problema de conducción política y por consiguiente de estrategia y táctica política.
Estos y otros elementos obligan al Movimiento indígena a replantear sus principales estrategias de participación política, como a reorientar sus levantamientos, esto es, si van a ser de oposición ciertas decisiones, si es elegido como presidente Lucio Gutiérrez o van a ser de apoyo al gobierno, pero, ¿a qué tipo de Gobierno y en qué acciones concretas de políticas de Estado para los sectores explotados?.
Sin duda, este es un proceso complejo, que requiere un constante análisis y discusión, para no volcarnos o suicidarnos políticamente, para no tomar a la contienda electoral como si fuera la única estrategia válida y posible del Movimiento Indígena para materializar su propuesta política, cuando no hay que olvidar que solamente es una posibilidad y que no es el fin máximo ni último, antes hay que recordar y analizar que es un juego de la propia democracia burguesa y que estamos jugando dentro de sus propias reglas y normas, lo cual en sí mismo ya es una desventaja política que puede llevar a cambiar los medios por el fin.
Por todos estos hechos creo que debemos evaluar el estado actual del Proyecto Político y retomar urgentemente el mismo, pero antes es indispensable que el Movimiento Indígena, la CONAIE, sus regionales y sus bases entren en profundo proceso de evaluación de toma de decisiones y de depuración política.
III.- ESPACIOS DE EVALUACIÓN POLÍTICA
Tenemos algunos acontecimientos políticos que nos ha tocado vivir en algunos espacios, durante este último tiempo y que merecen ser tenidos en cuenta para su evaluación.
1. La estrategia política del actual gobierno del Dr. G. Noboa en:
– El proceso de diálogo y la firma del acuerdo en los 23 puntos.
– La nominación del Lcdo. Luis Maldonado como Ministro de Bienestar Social.
– La relación de las instituciones indígenas con el Estado y con el Movimiento indígena.
2. El Proceso Electoral del 2002.
– La posición política de la CONAIE respecto de la CONFENIAE y de Antonio Vargas.
– La posición política del ECUARUNARI.
– La posición política de la CONFENIAE
– La posición política de la CONAICE.
– La posición política de Pachakutik.
– La posición de las bases y de sus organizaciones provinciales.
– La alianza electoral 3-18 en cada una de las provincias y a nivel nacional.
3. El proceso político interno.
– Las resoluciones del Congreso de la CONAIE de Octubre del 2002.
– Las elecciones de la CONAIE, sus formas, procedimientos, mecanismos y resultados.
– El Proyecto Político de la CONAIE.
– La relación CONAIE, CONFENIAE, ECUARUNARI, CONAICE Y PACHAKUTIK.
– La relación CONAIE y sus instituciones: CODENPE-PRODEPINE, DINEIB, Dirección de Salud Indígena, UINPI, etc.
– Los Poderes locales: Alcaldías, Concejalías, Juntas Parroquiales, Bloque Pachakutik.
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Apartes del documento base de la Campaña Nacional contra el ALCA-Ecuador
A menudo, la clave de los discursos está en los silencios. Hay varios temas estratégicos que se quedan fuera de los tratamientos explícitos del ALCA, aunque sin duda están subyacentes y sufrirán sus impactos Son tópicos de gran importancia social y económica para los pueblos, pero que los gobiernos no los asumen como tales: la deuda externa y los flujos financieros, derechos humanos, ambiente, trabajo, migración, la soberanía, la democracia y el papel del Estado, los derechos culturales y de género, incluyendo los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
EI discurso del mercado total homogeniza la economía y la sociedad, anula las diferencias, invisibiliza procesos y a numerosos actores de la producción, el comercio y los servicios. Todo se convierte en mercancía y la prioridad es su libre circulación, por encima de los derechos de las comunidades y de los intereses de los países en relación con sus recursos naturales. Cuando el discurso oficial habla de actores económicos, excluye al Estado, alude sólo a la acción de la gran empresa privada, local y transnacional. Se desvaloriza el papel del mercado interno y el aporte de las comunidades indígenas y campesinas, del trabajo no pagado o subpagado de las mujeres, el de la pequeña empresa y la microempresa.
En nuestro país, las economías campesinas e indígenas aportan el 67% de la canasta familiar, la microempresa emplea al 52% de la mano de obra ocupada. Sin embargo, las políticas del ALCA las reducen a actores marginales, y amenazan su viabilidad con los postulados de privatización y dominio de una sola forma de organización de la producción: la de las empresas transnacionales.
El valor del trabajo de reproducción y cuidado humano que las mujeres realizan sin pago o retribución, es equivalente a un 30% del PIB, pero en el ALCA no solo se invisibiliza, sino que se tiende a incrementar ese trabajo por efecto de la mercantilización y privatización de todos los servicios, y de la limitación de las competencias públicas para desarrollar políticas de redistribución y equidad.
El comercio internacional, regional y global, representa apenas un tercio de la economía, mientras el mercado interno abarca los dos tercios, empero, el discurso del poder se centra en «exportar y competir», y se olvida de los procesos que vienen desde abajo, y que tienen que ver con las condiciones de vida digna para los pueblos latinoamericanos.
El ALCA responde a una estrategia de concentración monopólica no sólo de la riqueza y los recursos naturales, sino también de la información y las decisiones en manos de grupos locales de poder y de las transnacionales. Se trata de una integración de los grandes capitales, a espaldas de la integración de los países y de los pueblos.
Las políticas de los acuerdos.
Si analizamos los mandatos de los Grupos de Negociación, constatamos que presentan al neoliberalismo como un modelo de vida. El argumento es que los seres humanos están motivados por el interés personal, expresado fundamentalmente por la búsqueda incesante de la ganancia económica. Según esta perspectiva, las acciones que proporcionan ganancias al individuo o a la empresa son siempre las más beneficiosas para la sociedad; el comportamiento competitivo es más racional y más beneficioso que el cooperativo; el progreso humano se mide mejor por los incrementos en valor de lo que la sociedad consume. Por lo tanto, desde esta visión, los que más consumen más contribuyen al progreso.
El ALCA significa la legitimación y la profundización del neoliberalismo, el cual se ha venido aplicando en nuestro Continente en las dos últimas décadas. Varias veces los bloques dominantes han intentado legitimar con plebiscitos esta política, pero han sufrido sucesivas derrotas. Ahora concentrando las decisiones en manos de los gobiernos buscan asegurar su objetivo.
A lo largo del continente hay un estrato de la sociedad que vive muy bien bajo las políticas neoliberales. Los especuladores, las corporaciones transnacionales y quienes trabajan a su servicio proclaman las maravillas del mercado. Pero para la mayoría de los pueblos latinoamericanos, los últimos 25 años han significado un declive en los niveles de vida, y en muchos casos la pobreza extrema.
El neoliberalismo conlleva la imposición de una serie de reglas que gobiernan no sólo la economía, sino también el tejido social de nuestras sociedades. Por tanto, no se trata de una lucha comercio vs. protección o integración vs. aislamiento, sino de ver cuáles son las reglas que prevalecerán y quién se beneficiará con ellas.
El espejo del TLCAN.
El ALCA es todavía un proyecto en marcha. Pero podemos evaluar las políticas en que se sustenta con los resultados de 7 años de aplicación del TLCAN en México.
En tanto sus promotores enfatizan que las inversiones y exportaciones de México crecieron con el TLCAN, lo datos indican que el PIB mexicano que en la década de los 70 creció en el 6,6 % anual, después del TLCAN en 1994 disminuyó su ritmo a 3,1% anual y en el 2002 a 1,5%. Los Estados Unidos han pasado a ejercer un virtual control monopólico de la economía mexicana: el 74% de sus importaciones y el 90% se dan con ese país. Trescientas empresas filiales de transnacionales norteamericanas y las maquiladoras producen el 96% de las exportaciones totales, el 4% restante es producido por 2 millones de empresas mexicanas. El componente mexicano en cada dólar de exportación es de 18 centavos, y en las maquiladoras de 2 centavos, lo que muestra la absorción de las empresas mexicanas por las transnacionales norteamericanas.
El TLCAN ha sido un instrumento para ceder a las transnacionales todos los beneficios, provocando la destrucción de la economía y de la organización campesina. El caso del maíz es solo un ejemplo: el maíz es el principal alimento de la población mexicana y el primer cultivo campesino. A él se dedican 2.5 millones de productores, el 92% de las parcelas menores a 5 hectáreas y ocupa 8.9 millones de hectáreas, equivalentes al 57% de la superficie agrícola. Antes del TLCAN, se producían más de 18 millones de toneladas, que representaban el 61% de la producción de granos.
Según los acuerdos del TLCAN el maíz tendría una protección extraordinaria a través de aranceles altos del 215% que se eliminarían de manera paulatina en un período de quince años. Sin embargo, durante los siete años de vigencia del tratado, el gobierno mexicano, bajo presión de las transnacionales y de los USA, ha permitido que las importaciones de maíz sobrepasen las cuotas fijadas sin cobrar el arancel previsto.
Los principales importadores de maíz a México son empresas multinacionales dedicadas a la producción de semillas y agroquímicos (Cargill, Continental, Monsanto) que, asociadas a empresarios locales y con el amparo del gobierno, están saturando el mercado mexicano del maíz en desmedro de la producción local. Por su parte los campesinos, ciclo a ciclo se enfrentan a grandes dificultades para comercializar su cosecha en el mercado interno por la competencia de las importaciones. El TLCAN ha provocado además la contaminación de las variedades nativas de maíz con transgénico proveniente de los EEUU, afectando gravemente la soberanía de los pueblos mexicanos sobre sus semillas.
Las transnacionales no solo controlan ahora el abastecimiento de maíz, también han acaparado la producción de harina y masa para las tortillas, que es uno de los principales alimentos de la población mexicana. Una sola empresa controla el 70% del mercado de tortilla y harina de maíz, de manera que en la actualidad, el gusto por las tortillas en México no depende de su producción interna sino de las decisiones de una sola multinacional.
El resultado es el aumento de las importaciones agrícolas, mientras se destruye la base productiva en los países periféricos. La agricultura ha sido severamente golpeada por la competencia con productos subsidiados y producidas con tecnologías intensivas en el uso de agroquímicos, semillas transgénicas y combustibles fósiles. Ha pasado de exportador de arroz, a importador del 50% de lo que consume. Ha decrecido la superficie de tierras explotadas y se ha desplazado a 6 millones de trabajadores agrícolas. El costo de la canasta básica ha aumentado en 560% entre 1994 y el 2000, en tanto el salario real sólo creció en un 135%; el 50% de los asalariados recibe la mitad de lo que percibía hace 10 años.
El ALCA es una estrategia para consolidar una división del trabajo, en la que América Latina profundizará su dependencia de las exportaciones primarias bajo una nueva dependencia tecnológica y el control de las transnacionales alimentarias, actuará como mercado para la sobreproducción de los países centrales y verá destruida su base industrial.
El ALCA ataca a la producción en todos sus aspectos. Desde la flexibilización laboral, orientada a la sobreexplotación de los trabajadores, la destrucción de la contratación colectiva, del derecho de organización, a la estabilidad, a la huelga y a la seguridad social; hasta la reprimarización de nuestras economías que serán condenadas a abandonar toda estrategia de desarrollo endógeno, a cambio de su concentración exclusiva en la extracción de riquezas naturales y en procesos de trabajo que demanden la explotación intensiva de la fuerza de trabajo para la producción, no de mercancías terminadas, sino de parte de ellas, en el contexto de la internacionalización de la producción. La expectativa del ALCA es transformar al subcontinente en una gigantesca zona franca donde operen libremente las maquilas. (…)
NO AL ALCA
No creemos en una integración entre desiguales, ni en la proclamación del absolutismo del mercado. Creemos en una integración que ponga por delante los intereses, los sueños, las angustias y las esperanzas de nuestros pueblos, de todos los sectores productivos y de los excluidos.
Con este instrumento se busca profundizar aún más un modelo económico que en los últimos años ha provocado empobrecimiento masivo de la población, ha destruido las economías nacionales y ha debilitado nuestra soberanía. La decisión de los Estados Unidos de imponer el ALCA no está dirigida a compartir los beneficios de su desarrollo tecnológico y sus excedentes con los países empobrecidos, ni a abrir las puertas de su gigantesco mercado a los productos latinoamericanos, sino por el contrario, a invadir nuestros mercados con sus productos subsidiados y a concentrar la acumulación de riquezas de América Latina, de sus materias primas (petróleo, oro, uranio), de sus recursos naturales (agua, biodiversidad) y su fuerza laboral de millones de seres humanos, en manos de la corporaciones transnacionales norteamericanas.
Si no se trata la desigualdad entre países, el discurso de la integración se convierte en los hechos en una estrategia de anexión. Un verdadero proyecto de integración es una asociación entre iguales, destinada a crear las condiciones para la libre circulación de las mercancías, el capital y las personas, en un contexto de transformaciones económicas, sociales y políticas, y de apoyo a las regiones más atrasadas. Si no se trata la desigualdad entre los diversos sectores sociales y económicos, la desigualdad étnica, de género, el discurso del mercado libre se transforma, en los hechos, en una estrategia de sobreexplotación de los excluidos.
Un verdadero proyecto de integración sería una asociación que respete las diferencias y busque superar las inequidades. Por el contrario, un área de libre comercio como la planteada por el ALCA, tiende, si se establece entre países con distinto grado de desarrollo, a acentuar las desigualdades e implantar así una división del trabajo en la que los más atrasados operan simplemente como proveedores de recursos naturales y mano de obra barata. Con el agravante, en el caso del ALCA, de que la potencia hegemónica se reserva el derecho de mantener los subsidios a sus productores agrícolas, sus cuotas y normas antidumping que le permiten deprimir los precios de los productos latinoamericanos y cerrarles su mercado, en tanto que la penetración de sus productos en América Latina destruirá la producción y el empleo, impulsará la reducción de los salarios y estimulará la precarización laboral como medio de incrementar la capacidad competitiva de las diversas economías.
En los hechos el ALCA constituye la creación de un espacio al servicio de las transnacionales norteamericanas y de sus socios locales, que lesionarán aún más a los sectores productivos nacionales, en especial a las pequeñas y medianas empresas, degradarán los ingresos y el empleo y, en especial, las condiciones de trabajo de las mujeres. Los Estados, por su parte, quedarán reducidos al rol de meros administradores de los intereses de las transnacionales y de sus socios, y serán llevados en su lucha competitiva por atraer inversiones a permitir la destrucción del medio ambiente y a ajustar perpetuamente hacia la baja los salarios y las condiciones laborales.
La puesta en práctica del conjunto de medidas contenidas en los acuerdos del ALCA implica profundizar las políticas neoliberales y garantizar su irreversibilidad. Cualquier Estado nacional que quisiera cambiarlas debería enfrentar el pago de indemnizaciones que los pondría en quiebra. Las instituciones quedarán así vaciadas de todo contenido real y la América Latina imposibilitada de emprender la imprescindible integración de los pueblos latinoamericanos. Los gobiernos nacionales, sometidos al suprapoder de las transnacionales, no podrán fomentar políticas que fortalezcan la demanda interna y terminarán haciéndose dependientes por completo de los mercados externos.
En conclusión: el ALCA no constituye un proyecto de integración. Por el contrario, es un proyecto político de sometimiento y profundización de la hegemonía de los EE.UU., donde los intereses de las empresas norteamericanas estarán encima de las leyes y los intereses de cada uno de los países latinoamericanos.
Por ello, los pueblos latinoamericanos no podemos aceptar el tipo de integración que nos proponen en el ALCA y tenemos el deber de construir una INTEGRACION DIFERENTE.
OTRA INTEGRACION ES POSIBLE
Estamos ante una disyuntiva: el sometimiento de los gobiernos latinoamericanos a las políticas anexionistas de los Estados Unidos y de las transnacionales plasmadas en un Area de Libre Comercio que legalizará el neoliberalismo y el neocolonialismo, o la adopción de un camino soberano y propio de integración, con protagonismo directo de los pueblos y gobiernos latinoamericanos, para construir una unidad basada en la justicia, la soberanía, la equidad y la dignidad. No es posible seguir una línea de simples reformas o parches al ALCA.
El comercio y la inversión no deberán ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable. Los ciudadanos y las ciudadanas deben tener derecho a participar en la formulación, instrumentación y evaluación de políticas sociales y económicas continentales. Las metas centrales de estas políticas deberán ser la promoción de la soberanía y el desarrollo económico, la garantía de una vida digna, el bienestar social y la reducción de la inequidad.
1. La participación es la primera condición de una decisión justa.
El primer paso para que una decisión sea justa es la participación de todas y todos los involucrados. EI tratamiento del ALCA ha sido excluyente y secreto. Los organismos y los pasillos del ALCA están copados por los representantes de cámaras empresariales, funcionarios de los gobiernos y de las corporaciones transnacionales. La participación de la sociedad civil y de los actores sociales ha quedado reducida a un equipo especial de trabajo, sin poder de negociación, y a un público pasivo que presencia retazos de noticias dirigidas. No faltarán desde el poder los mecanismos para argumentar la participación ciudadana como legitimación de decisiones tomadas a sus espaldas.
Si hubiera voluntad democrática de los gobernantes, el primer paso para el tratamiento del ALCA sería la apertura de un gran debate nacional y la convocatoria a un plebiscito para escuchar la voluntad del pueblo.
Por eso hemos avanzado en el cumplimiento de nuestro primer compromiso: informar a todos los sectores sociales, económicos y políticos de nuestro país, para que puedan participar conscientemente y respaldar la iniciativa tomada en el marco del Foro Social Mundial 2002, para la realización de un plebiscito continental sobre el ALCA. En la II Convención Nacional de la Campaña Nacional (Cuenca, septiembre 2002), se resolvió ya la realización, en Ecuador, de ese plebiscito nacional el 8 de marzo del 2003.
2. Frente a la competencia neoliberal, la cooperación, la solidaridad, la reciprocidad y la complementariedad.
El fundamento de la visión neoliberal es la competencia. Con el ALCA la competencia se dará entre nuestros países por mercados copados y los resultados serán más desastrosos. La única posibilidad de desarrollo de nuestros países en medio de un mundo globalizado es cambiar la orientación hacia la reciprocidad, cooperación, la solidaridad, la convergencia y complementariedad de los objetivos y las políticas entre los países latinoamericanos.
La integración desde los intereses de los países y los pueblos implica buscar cómo unir nuestras fortalezas y superar nuestras debilidades. Convergencias sobre índices de producción, empleo, inflación, inversión, educación, salud, permitirán encontrar formas de colaboración y complementariedad en áreas estratégicas que garanticen primero asegurar las condiciones de vida de nuestros pueblos y desde allí intervenir en la construcción de un nuevo orden mundial, guiado por estos principios de solidaridad y cooperación.
3. El tiempo para la equidad
Proponemos un calendario con tres fases combinadas: consolidación del mercado interno, reorientación de los acuerdos regionales e integración hemisférica.
El tiempo de la integración es el tiempo del tratamiento de las desigualdades internas y hemisféricas. Una propuesta de integración empieza por trazar y construir el país que necesitamos para responder a las necesidades básicas de la población: reconstruir el mercado interno en torno a la provisión para todos y todas de empleo, pan, vivienda, educación, salud, vestido y seguridad social. Reconstruir el país desde la reactivación productiva, empezando por cerrar el paso a los salvatajes bancarios y a la incorporación a los procesos especulativos del capital financiero, local y transnacional.
Vemos la integración como un calendario de fortalecimiento de los acuerdos regionales. En nuestro caso, será necesario retomar el camino bolivariano de la unidad de la Comunidad Andina de Naciones, como un área de integración productiva, aduanera y monetaria. Para ello, el compromiso inicial debería ser detener todos los planes belicistas, como el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina, impulsados por el gobierno estadounidense, con la complicidad de los gobiernos locales; eliminar todas las bases militares extranjeras en nuestros territorios, y construir una política de paz y de solución política de los conflictos, sin injerencia de poderes externos.
A nivel regional será necesario redefinir y relanzar el MERCOSUR después de los impactos de la crisis argentina. Las perspectivas de una renovación democrática en Brasil pueden permitir mejores condiciones para este objetivo, y para establecer acuerdos con la CAN.
La integración de los países de América del Sur debiera buscar altas formas de institucionalización en la conformación de una Organización de Estados, un Fondo Monetario, un Parlamento de Suramérica. En definitiva se trata de buscar formas de integración que abarquen ya no sólo los aspectos comerciales y arancelarios, sino partir desde la integración productiva y tecnológica, y la integración política, para avanzar a integraciones monetarias.
4. Un cambio de actores.
La democracia no puede funcionar con virreyes imperiales, ni con funcionarios de organismos internacionales que tienen más poder que los gobernantes electos y los mandatarios; la democracia no es viable sin el conocimiento y la participación ciudadana en la toma de decisiones claves para la vida de nuestros países.
La doctrina Bush de seguridad nacional, que proclama el derecho unilateral de Estados Unidos para intervenir en cualquier parte del mundo para, ya no sólo disuadir, sino desarmar y eliminar a cualquier adversario, en impulsar el único «modelo sostenible para el éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa», apunta a un dominio imperial mundial. Si la doctrina Monroe puso en práctica la idea de América para los norteamericanos, la doctrina Bush se propone conquistar el mundo para los norteamericanos.
Frente a ello, se requiere una gran unidad de los pueblos para impulsar un camino diferente. Los actores del Acuerdo no pueden ser los gobiernos, al margen de la participación ciudadana e incluso de las decisiones del parlamento. Por eso, es necesario abrir un foro en donde se dé una participación equilibrada tanto de los sectores oficiales, corno también de los sectores empresariales, productivos y sociales del país.
Pero el cambio de actores va más allá: no se puede colocar como sujetos fundamentales y principales beneficiarios a las empresas transnacionales, sino que se debe buscar la participación de todas y todos los actores económicos y políticos. Frente a un modelo de economía centrado en los monopolios transnacionales, planteamos un modelo de economía en que participen la empresa privada no monopólica con responsabilidad social y ecológica, la empresa pública reformada, y las economías campesinas y comunitarias, con papeles específicos, para garantizar el desarrollo equilibrado de nuestros países y de nuestra Región.
Proponemos una política alternativa al ALCA que no reduzca las capacidades de los Estados nacionales para definir sus propias formas de desarrollo y de comercio, defendiendo las necesidades sociales, culturales y económicas de sus pueblos. No se puede imponer los intereses privados de las corporaciones transnacionales a los intereses públicos.
5. El rol clave de la agricultura.
En el tema agrario, para cualquier proceso de integración debe valorarse el rol de la pequeña producción de campesinos e indígenas tanto por su aporte a la alimentación de la población, como porque sus parcelas diversificadas coadyuvan a sostener la biodiversidad, a proteger los suelos y los recursos naturales. Por ello los Estados deben generar políticas públicas favorables a la consolidación de estas agriculturas, promoviendo al mismo tiempo condiciones de equidad, especialmente para las mujeres que en este sector afrontan los más altos índices de empobrecimiento y exclusión.
Y lo más importante, los Estados nacionales, pueblos y comunidades deben precautelar su seguridad alimentaria en forma soberana (con capacidad autónoma de tomar decisiones), por lo que se propone luchar por la soberanía alimentaria de los pueblos de América, como una vía para erradicar el hambre, la malnutrición, entendida como un derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, respetando sus culturas y la diversidad de modos de producción.
Para alcanzar esta soberanía alimentaria es necesario la puesta en marcha de procesos de reforma agraria adaptados a las condiciones de cada país, dirigidos a que el campesinado acceda a la tierra para producir y que los pueblos indígenas reciban el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos sobre sus territorios. Estas reformas deberán incluir políticas que garanticen crédito suficiente y oportuno, tecnologías apropiadas, infraestructuras productivas y sociales, mecanismos de comercio cogestionado por los actores del campo, es decir las condiciones básicas para la reproducción de las sociedades rurales.
6. Las áreas estratégicas son palancas de desarrollo e integración.
Todo país tiene fortalezas y debilidades. América Latina debe cuidar y utilizar celosamente, bajo el principio de las soberanía, sus recursos energéticos (petróleo y electricidad), biodiversidad, recursos naturales, empezando por el agua. Pero la base fundamental está en que puede combinar su originalidad, enraizada en la sabiduría de los pueblos indígenas y en el aporte de las culturas mestizas propias; y por tanto puede aportar una perspectiva civilizatoria diferente, ante la decadencia de Occidente.
La biodiversidad puede ser el recurso estratégico del nuevo milenio. La sabiduría de nuestros pueblos y nuestra riquísima biodiversidad podrían abrir nuevos cauces para solucionar los problemas de soberanía alimentaria y de salud que nos aquejan.
La lucha por un ambiente sano ante la voracidad del lucro, es la defensa de la vida y de la subsistencia del planeta. Buscamos una integración que se asiente en la vigencia de los derechos humanos, sociales, económicos y políticos, sobre todo de los sectores más duramente golpeados por el modelo neoliberal: los niños/as, los jóvenes, las mujeres, los pueblos indios, la tercera edad.
7. El sentido de la integración es el desarrollo humano.
El principal organizador de la economía es el trabajo y de la sociedad la cultura. La propuesta neoliberal ha significado tres décadas de destrucción y desconocimiento del derecho al trabajo digno y la ausencia de empleo. Esto ha provocado grandes oleadas migratorias, la agudización de diversas formas de empleo denigrantes e injustas, como en las exclusiones por género, edad o nacionalidad, y condiciones cada vez más precarias de sobrevivencia que han implicado nuevas presiones para el trabajo no remunerado de las mujeres. Esta política ha sido el primer factor para la crisis económica.
Una integración diferente deberá tener como base el reconocimiento del papel del trabajo y la recuperación de la dignidad del empleo. El termómetro de la justicia de las políticas integradoras debería ser la creación de nuevas fuentes de empleo con acceso a derechos y una remuneración que garantice una vida digna, al igual que mecanismos para redistribuir la carga de trabajo doméstico y de cuidado humano abrumadoramente concentrada en las mujeres. Este es elemento fundamental de la gobernabilidad.
Una de las riquezas estratégicas de América Latina es la diversidad cultural. Un verdadero proceso de integración debe reconocer la diversidad de identidades de los pueblos originarios, de los afrolatinoamericanos, de los pueblos mestizos urbanos y rurales, y potenciarlas mediante la creación de nuevas formas de Interrelación cultural.
Pero, para ello, es necesario construir una voluntad política que se atreva a pensar un camino diferente de desarrollo e integración.
8. Institucionalidad política, social y ambiental para otra integración.
Mientras el ALCA gira alrededor de la «teología» del libre mercado, la iniciativa que aquí se plantea, exige una dimensión política-institucional, social y ambiental. Frente a la práctica asimétrica que se deriva del librecambismo, se requieren criterios de equidad, similares a los fondos de cohesión y los fondos regionales de la Unión Europea para apoyar financiera y técnicamente a los países de menor desarrollo relativo para que alcancen el nivel de las naciones más ricas, algo que no asoma por lado alguno en el ALCA. Se requieren espacios para el diálogo político entre los países miembros, especialmente a nivel parlamentario; hay que configurar un marco jurídico común; y, por cierto se debe garantizar la soberanía monetaria de los países miembros, los cuales libremente pueden optar por formas simétricas y concertadas de unificación monetaria, que no representen una imposición por la vía de la dolarización unilateral de los países latinoamericanos.
Mercado común sí, pero con justicia económica, equilibrio social, con respeto ambiental y con normas políticas transparentes y democráticas, asoman como requisitos fundamentales de otra integración.
9. Un cambio de agenda.
La integración debe apuntar a resolver nuestros principales problemas económicos, políticos y culturales, con el apoyo y la colaboración de los países del hemisferio. Desde esta perspectiva, proponemos la creación de espacios que aborden estos temas prioritarios:
1. La concepción y desarrollo de un proyecto de vida diferente o alternativo, en el cual se refleje la diversidad de actores y países, y articule armónicamente los sueños de integración económica, social, política e intercultural de los pueblos de América Latina;
2. Inversión productiva en el campo y la ciudad, sobre todo para los pequeños y medianos productores;
3. Deuda externa, deuda ecológica y control de los flujos financieros especulativos;
4. Políticas de paz y solución política de conflictos. Reducción de la carrera armamentista. Plan Colombia e Iniciativa Regional Andina. Eliminación de bases militares extranjeras;
5. Reorientación y robustecimiento de los acuerdos regionales (CAN, MERCOSUR): acuerdos aduaneros, áreas de unidad monetaria;
6. Integración y soberanía alimentaria;
7. Integración energética;
8. Tecnologías y desarrollo;
9. Políticas sociales y económicas: empleo, educación, salud, derechos laborales, seguridad social, equidad de género. Redistribución de la riqueza y combate a la pobreza;
10. Diversidad de identidades culturales e interculturalidad;
11. Reforma y modernización del Estado. Avanzar hacia una democracia participativa. (…)
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