By icciec2024
Una breve evaluación al proceso político del movimiento indígena ecuatoriano, durante el año 2001, demuestra las dificultades y contradicciones que éste ha tenido por consolidarse como el movimiento social más importante en el país, al mismo tiempo que aún no ha logrado posicionar una agenda de reforma política bajo las condiciones de plurinacionalidad, al tiempo que se vislumbran graves confrontaciones internas sobre todo con su brazo político, el Movimiento Pachakutik.
En efecto, el movimiento indígena aún no ha actualizado su proyecto político en función del tiempo político presente. De aquella propuesta inicial de plurinacionalidad e interculturalidad de los años noventa, media un proceso por el cual el movimiento indígena se ha constituido en un espacio referencial de la sociedad, y ha logrado una importante participación en el sistema político, captando alcaldías, prefecturas, diputaciones, el control de algunas instituciones del Estado, y está también su proceso político más importante, el 21 de enero del 2000, cuando logró la destitución del entonces Presidente Jamil Mahuad, y estuvo por breves horas al frente del gobierno.
Sin embargo, es necesario que el movimiento indígena dada su trayectoria política y su importancia histórica, abra un proceso de redefinición de su proyecto político, que incorpore justamente ese acumulado histórico, que proponga cambios sustantivos en los sistemas de representación política, y en las formas procedimentales e institucionales de la democracia. Al menos tal había sido su intencionalidad política cuando emergió con fuerza en los años noventa.
Ese proceso, de una manera u otra, se reavivó con fuerza en la Constituyente de 1998. Allí, el movimiento indígena propuso la declaratoria del carácter de plurinacionalidad del Estado ecuatoriano, pero finalmente transó esta declaratoria por la incorporación de los derechos colectivos en la Constitución. Un paso importante pero insuficiente si se toma en cuenta la importancia política y estratégica que ha implicado la noción de plurinacionalidad para el movimiento indígena.
La Constituyente de 1998, en realidad significó una profunda derrota política para el movimiento indígena. En ese espacio, la noción de gobernabilidad, sustentada epistemológica y políticamente desde el poder, y desde los centros de investigación que le son funcionales, como es el caso de CORDES, acaparó los posibles espacios de discusión de la plurinacionalidad y de reforma política del Estado.
El movimiento indígena ecuatoriano no pudo articular una propuesta que le arrebate los contenidos axiológicos y normativos a aquella noción de la gobernabilidad, que finalmente habría de servir de principio articulador para la nueva Constitución.
Contradictoria y paradójicamente, la incorporación de los Derechos Colectivos en la Constitución, con toda la importancia que tienen, constituyen una evidencia de que el movimiento indígena no supo abrir un espacio de discusión alrededor de la idea de la plurinacionalidad, y que tuvo que transigir su proyecto más estratégico y vital por el reconocimiento de los Derechos Colectivos.
Es esa tarea inconclusa la que hace que el movimiento indígena apueste a partir de esa coyuntura, más por la vía de la movilización y el bloqueo, que por la vía de los cambios institucionales y procedimentales de la democracia. El periodo que sigue (1998-2001), será precisamente un periodo caracterizado por una alta fragilidad institucional y por un permanente bloqueo y movilización de los movimientos sociales (levantamientos de 1999, destitución de Mahuad en 2001, levantamiento de enero-febrero de 2001, constitución de las Mesas de Diálogo, 2001) .
En esa coyuntura, el movimiento indígena logra avances importantes frente a la estrategia neoliberal de privatización. Pero son tareas coyunturales que se pierden si no existe de antemano un horizonte político y estratégico previamente construido. Y es ese horizonte de posibilidades políticas el que está pendiente en la agenda del movimiento indígena. En efecto, el movimiento indígena aún no le ha explicado a la sociedad los alcances que tendría una reforma política del Estado bajo condiciones de plurinacionalidad, así como no ha explicado cómo cambiaría a nivel más fundamental la democracia cuando se discuta y apruebe la plurinacionalidad del Estado.
En esta coyuntura pueden apreciarse algunos fenómenos bastante interesantes de la forma por la cual el movimiento indígena construye su historia actual. Durante el levantamiento de enero-febrero de 2001, vimos a una dirigencia que trataba sobre la marcha de alcanzar a sus bases.
En efecto, fueron las bases las que finalmente presionaron y provocaron el levantamiento indígena. La dirigencia del movimiento indígena, que vivía aún las consecuencias políticas del 21 de enero, además de un profundo desgaste interno por la manera poco democrática y más bien jerárquica y verticalista de conducción, fue rebasada por las organizaciones de base.
La dinámica de movilización social, bloqueo de carreteras, desabastecimiento de los centros urbanos, y marchas hacia la capital, se agravó con la feroz represión del régimen. De esa coyuntura van a nacer las «Mesas de Diálogo» entre el gobierno y los indígenas. Un proceso que llama a engaño, porque hace aparecer la fuerza política de los indígenas como suficiente para enfrentar al poder. Pero que también marca un hecho sin precedentes en la historia política del movimiento indígena, aquel de la unidad estratégica (no orgánica) del movimiento indígena.
Son las principales organizaciones indígenas, encabezadas por la CONAIE, las que entran al diálogo con el gobierno, en una lógica de «poder a poder». Pero esta lógica se va a revelar contraproducente. El momento en el que los indios se visualizan a sí mismos como el actor social y político más importante de la sociedad, visualización que corresponde a una imagen especular hecha desde el poder, se sienten con la suficiente fuerza y representatividad para excluir de este proceso a toda la sociedad.
Sin saberlo, desde el primer día que se constituyen las Mesas de Diálogo, gracias a su aparente fuerza, los indios entran derrotados a este proceso. La ausencia de la sociedad de este diálogo da cuenta de la forma por la cual se articuló el proceso. Un diálogo silente, que en realidad repetía los formatos y los discursos del poder. Los indios se vieron entrampados así en una dialéctica perversa. A medida que se fortalecía su poder de negociación frente al gobierno se debilitaba su presencia en la sociedad.
Las «mesas de diálogo» entraron en un callejón sin salida que a la postre terminaría por debilitarlas y por agotarlas como instancias democráticas de negociación y procesamiento de conflictos.
Es en esa coyuntura de entrampamiento frente al gobierno y la sociedad, que el movimiento indígena entra en dos procesos definitorios. El primero es el Congreso Nacional del Movimiento Pachakutik; y el otro es la renovación de los cuadros dirigenciales de la CONAIE. Estos eventos posibilitaron transparentar una serie de conflictos e indefiniciones internas del movimiento indígena y de su proyecto político.
En este tiempo histórico, el principal conflicto fue (y es) sin duda la ambigüedad que existe en la relación entre la CONAIE y el Movimiento Pachakutik. No se trata solamente de un impasse entre dos espacios políticos por cuestiones de estrategia o por disputas internas de poder. En realidad el problema es más complejo y hace referencia a la relación entre el movimiento social (la CONAIE), con el movimiento político (Pachakutik) y los espacios ganados dentro del sistema de representación política (poderes locales y representación parlamentaria).
En definitiva, está en discusión el rol y la pertinencia del movimiento social cuando se convierte en movimiento político. La concepción de la CONAIE como movimiento social, es que el movimiento político debe estar adscrito e incluso subordinado al movimiento social. El problema de esta concepción es su deriva corporativa. En efecto, el momento en el que un militante de la CONAIE, gana una alcaldía bajo la cobertura del Movimiento Pachakutik, su acción se debe al espacio local que por definición es multicultural y diverso.
El militante de la CONAIE debe realizar una gestión pública desde esa alcaldía de manera tal que represente a todos, indios y no indios. Si ese militante se subordina a cualquier tipo de presiones por parte de la CONAIE, su acción política corre el riesgo de caer en prácticas corporativas.
Ahora bien, a partir del entrampamiento de las mesas de diálogo con el gobierno, y de la pérdida de legitimidad social, el movimiento indígena opta por replegarse sobre sí mismo y en ese repliegue vislumbra de manera diferente los espacios e instituciones que ha ganado y que una manera u otra están bajo la órbita de sus intereses.
Así, el congreso del Movimiento Pachakutik, evidenció ese debate y ese conflicto. La CONAIE intentó mantener el control del movimiento político Pachakutik, cuya conducción estratégica y política prácticamente había pasado desapercibida en los eventos del 21 de enero del 2000, así como durante el toda la coyuntura 1998-2001.
De hecho, para la dirigencia de la CONAIE, que, es necesario recordarlo, había sido fuertemente cuestionada desde las bases, por su gestión de tipo más bien personalista y antidemocrática, era muy importante llegar al control del movimiento Pachakutik a fin de mantener el efecto político creado por los eventos del 21 de enero, alrededor de los líderes y dirigentes que participaron en esos eventos de manera más directa.
Pero el movimiento Pachakutik era la suma de muchas representaciones que no necesariamente hablaban en clave étnica. De hecho, a su interior hay una miríada de pequeños grupos que provienen de los sectores más disímiles de la sociedad y de los remanentes de la izquierda ecuatoriana. Sus lecturas no están precisamente articuladas desde una clave cultural indigenista, y si bien adscriben al movimiento Pachakutik, es por la posibilidad que brinda este movimiento de abrir espacios para la discusión de una reforma política del Estado, y para el posicionamiento de nuevos discursos de transformación social desde la unidad en la diversidad.
Cuando la CONAIE intenta controlar este espacio es natural el conflicto y el choque de posiciones. En ese enfrentamiento se debilitan ambos espacios y se cierran a sí mismos la posibilidad de constituirse en espacios referenciales sea desde lo social o lo político, para toda la sociedad.
Emergen disputas y bandos con posiciones aparentemente irreconciliables y que saldarán sus cuentas en el congreso de renovación de la dirigencia de la CONAIE, realizado casi inmediatamente.
Así, la coyuntura muestra un doble debilitamiento del movimiento indígena a nivel político. Por una parte, el proceso de las mesas de diálogo desgastó y erosionó la legitimidad social de los indios, y, por otra, la incomprensión de los roles del movimiento social y el movimiento político, generan una fragilidad política de los indios como proyecto político nacional y alternativo.
El hecho de que no se hayan delimitado con precisión estos espacios y las agendas y estrategias de cada uno de ellos, hacen que el movimiento social (CONAIE) y el movimiento político (Pachakutik), entren en un proceso de bloqueo mutuo, de deslegitimación y de juegos y disputas internas por el poder.
De esta manera, las posibilidades electorales del movimiento político (Pachakutik), se revelan escasas en un año de elecciones. Ahora bien, un movimiento tan politizado como el movimiento indígena ecuatoriano, y que ha logrado importantes avances dentro del sistema de representación política de Estado, no va a consolidarse como proyecto contrahegemónico cuando su votación y su representación política sea más bien marginal.
Si los indios hablan en nombre de la sociedad, entonces la votación de esa sociedad hacia los indios debe corresponder a la importancia política del movimiento indígena. Tal es el razonamiento hecho desde el poder. Si los indios tienen una votación marginal es porque ellos mismos representan a un sector más bien pequeño del conjunto de la sociedad. Será una argumentación como la anterior la que servirá para deslegitimar al movimiento indígena y su resistencia al neoliberalismo. Es por ello que la actual situación de bloqueo mutuo se revela como paradójica e incongruente con sus expectativas políticas. Lamentablemente, este bloqueo interno será la tónica del siguiente congreso nacional del movimiento Pachakutik a efectuarse a inicios del 2002. Tal como están estructuradas las posiciones, es posible que el bloqueo llegue incluso a fracturar la unidad del movimiento político.
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Kintto Lucas
UNO Pavor, esa es la palabra que mejor definiría la realidad que vivió el ministro de finanzas argentino, Domingo Cavallo, y sus asesores, los primeros días de abril de 1995. No había dinero en caja ni para pagarle a los jubilados, y el pánico se apoderó del gobierno. Lo recaudado con la venta de las empresas estatales se esfumó, y ya no quedaba nada para privatizar. La «próspera» (para algunos) Argentina del peso a la par del dólar comenzaba a caer, y con ella la posibilidad de que el presidente Carlos Menem pudiese reelegirse en las elecciones nacionales programadas para mayo de ese mismo año. Ese miedo en el frente económico menemista, tenía como antecedente el derrumbe financiero mexicano, pues reveló que cuando el libremercadismo comienza a descarrilarse, son los Estados quienes tienen que cubrir las pérdidas, y en este caso, el Estado argentino (como antes el mexicano) ya no tenía de donde sacar plata. La realidad del país conosureño en aquel momento, no hacía más que confirmar el hecho de que la fiesta del capitalismo salvaje parecía estar llegando a su fin. Sin embargo, en aquel momento, el desesperado manotón de ahogado del gobierno argentino de entonces encontró en las aguas del Fondo Monetario Internacional (FMI), un tronco de 2.500 millones de dólares como préstamo, que obviamente se transformó en más deuda externa, para paliar la situación. Pero el FMI no da puntada sin hilo, y como es su costumbre, para soltar el dinero volvió a imponer condiciones: entre ellas, la de subir el Impuesto al Valor Agregado del 18 al 21 por ciento. Ese tres por ciento de aumento en el IVA, fue trasladado por los comerciantes a las mercancías, por lo que los precios de los distintos productos (incluidos los de primera necesidad) se incrementaron, y el consumidor de bajos recursos fue, como siempre, el que más perdió porque tuvo que comprar las cosas más caras sin que le subieran el salario. Pero tal vez lo peor fue la sensación casi generalizada de que los millones de «verdes» prestados por el Fondo solo servirían para retrasar por meses, o quizás un par de años, el naufragio y, sobre todo, ayudar a que finalmente Menem fuese reelegido. Como buen chanta, el ex presidente argentino prefirió no realizar comentarios sobre la realidad económica que vivía su país, y rehusó a debatir por televisión con los distintos candidatos a la presidencia, en tanto que dijo poner a «disposición» sus técnicos «para que debatieran con los de los otros sectores». Este hecho, fue tomado en tiendas opositoras como miedo del presidente a que los debates televisivos le hicieran perder la elección. Menem finalmente fue reelecto y, a instancias del propio FMI, aprovechó ese segundo período presidencial para liquidar lo poco que quedaba del país y endeudarlo mucho más, llevando la deuda externa argentina a 130.000 millones de dólares. Llevando el país a un punto de recesión, desempleo y subempleo que no había conocido en su historia. Sin embargo, todo estaba preparado para saltar del barco antes que se hunda.
DOS Los peronistas saben que siempre hay (¿habrá?) algún radical que pone la cara como Fernando De la Rúa, quien no solo siguió con el modelo económico, si no que llamó a Domingo Cavallo para aplicarlo mejor, o sea peor. Pero esta vez la imposición del Fondo fue más fuerte, porque solo con subir el IVA no alcanzaba y ya no quedaba empresa estatal para vender. Además, desde que en el horizonte de Estados Unidos está el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), es necesario que América Latina se dolarice. Pero para dolarizar primero hay que «sincerar la política monetaria», como dicen los chantas de la economía actual, o sea que antes de dolarizar es necesario devaluar, como ocurrió en Ecuador. De la Rúa y Cavallo sabían que si devaluaban para preparar el camino de la dolarización podrían terminar arrastrados por la gente, y no se equivocaron. Se equivocaron al creer que no serían arrastrados si seguían aplicando el modelo a medias. La crisis era tal que solo el cambio de modelo podía parar la explosión social. Ahora, con veintiséis muertos en el camino, llegaron los salvadores peronistas para devaluar primero y dolarizar después. Tal como quiere el FMI, el país gringo y sus secuaces en Latinoamérica, el modelo neoliberal, contrariando lo que algunos creen, no muere, solo se adapta a las necesidades del momento histórico, y se profundiza. En el camino hacia el ALCA, el Fondo apuesta a gobiernos capaces de continuar la aplicación del modelo en circunstancias de crisis extrema. Entonces, si es necesario que caiga De la Rúa para que surja un gobierno con esas condiciones, tanto mejor.
TRES En Argentina se repite lo de Ecuador, cuando una rebelión popular liderada por indígenas y militares progresistas terminó siendo usufructuada por los mismos grupos de poder que han manejado el país durante décadas. ¿Otra vez la rebelión popular traicionada? ¿Otra vez la mentira? Eso importa y no importa. La rebelión del 19 y 20 en Argentina nos demostró que para derrotar al modelo, aunque sea por horas, se necesita la protesta colectiva de distintos sectores. Pero solo eso no basta, si no se resuelve el problema del poder. Estas luchas que se iniciaron a mediados de los 90 con levantamientos provinciales, incorporaron a los desocupados que, contrariamente a lo que espera el modelo, comenzaron a juntarse. El modelo espera la soledad, la separación del desempleado que ya no tiene fabrica o trabajo donde unirse, el individualismo. La situación fue tal que los desocupados se juntaron a través del barrio o del piquete. La unidad se fue forjando a través del lugar conquistado para luchar. El corte de ruta utilizado largamente por los indígenas en Ecuador fue asumido también en Argentina como una forma de lucha eficaz. El estallido social se fue gestando y estalló pocos días antes de la Navidad con toda su carga de dignidad. Fue éste, el estallido social más importante desde las luchas sociales de los años previos a la instauración de la dictadura en 1976. Pero me temo, que como en Ecuador, son las elites las que están usufructuando de esta rebelión popular. Tras la caída de Jamil Mahuad en enero de 2000, en Ecuador, existieron varios actores. Uno fue el movimiento indígena con capacidad de movilización y de propuesta; otro es el descontento popular generalizado con un gobierno que no supo atender mínimamente los reclamos de distintos sectores y se entregó a la dictadura del poder financiero. Pero también existió una mano escondida tras las sombras, una mano de las elites que estaban desesperadas porque se implante la dolarización y consideraban que Mahuad era muy débil como para imponerla, por lo tanto era mejor cambiarlo por el vicepresidente. Este fue el sector que finalmente venció al imponer mediante un golpe de Estado a Gustavo Noboa. Así, tras la caída de Mahuad, el modelo se reacomodó y se impuso la dolarización. Obviamente los representantes del FMI quedaron satisfechos y brindaron nuevos préstamos, o sea más deuda externa, al nuevo gobierno. Sin embargo, no se puede decir que el levantamiento en sí sufrió una derrota, pues significó un avance en la acumulación de los sectores populares en la construcción de su destino. Fue una experiencia de poder y un avance en la construcción de otro poder, un poder desde la raíz. Pero Ecuador tenía, y tiene, organizaciones sociales y políticas relativamente fuertes, que me temo no es el caso argentino. Tras la caída de Fernando De la Rúa, también existieron varios actores. Uno fue el movimiento de protesta que se fue gestando a través de la organización de los desocupados; otro el descontento generalizado de los sectores populares y la clase media con un gobierno que no ejerció el papel histórico de asumir la quiebra del modelo y apostar a una propuesta distinta. Pero también existió una mano escondida tras las sombras, una mano de las elites económicas argentinas vinculadas al peronismo y de sus aliados del Fondo Monetario Internacional. Era necesario readaptar el modelo y De la Rúa era muy débil como para llevar adelante esa tarea. Entonces, mientras el FMI no daba señales de vida, las patotas al servicio de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf se hacían presentes, promoviendo saqueos violentos en distintas zonas de Buenos Aires durante las movilizaciones y presionando a los líderes populares. ¿Por qué el FMI no desembolsó dinero para socorrer a De la Rúa como lo hizo con Menem en 1995? ¿Por qué todos los sectores de la política tradicional argentina apostaron a que Duhalde terminé el período del presidente anterior y no a las elecciones que devuelvan la soberanía al pueblo?
CUATRO En los últimos tiempos, ante el desborde del modelo neoliberal, que solo profundiza la vieja brecha entre pobres y ricos, el Fondo y el gobierno estadounidense parecen apostar a la profundización de la crisis para precipitar estallidos que provoquen un sacudón pero no el quiebre del modelo. Para eso, es necesario que estos estallidos se produzcan antes de que se consoliden estructuras organizativas capaces de disputar el poder. Con las diferencias y los ingredientes políticos propios de cada país, eso parece haber sucedido en Ecuador, Perú y Argentina. ¿Cuál es el próximo? La caída de Fernando De La Rúa, y los que le siguieron, tiene un significado similar a la de Jamil Mahuad. ¿Las organizaciones sociales argentinas tendrán la fuerza suficiente para proponerse un salto cualitativo en la acumulación? Esa interrogante surge ante el papel nefasto que ha tenido el peronismo en la historia argentina, logrando transformarse en el muro de contención de la izquierda y de los procesos de cambio. El peronismo es una especie de espejismo que amaga con la izquierda y golpea con la derecha, dijo alguien hace años, y no se equivocó. Ahora, tras asumir mediante una componenda parlamentaria, Duhalde habla de cambiar un modelo que él mismo ayudó a profundizar. Como Perón, Isabelita, Menem, los burócratas de la Confederación General de Trabajadores (CGT), el inefable Fierminich y sus compinches, Duhalde propone cambiar para no cambiar. Ahora el nuevo presidente no electo, propone terminar con la convertibilidad para ir a la devaluación, paso previo de la dolarización pre-ALCA. Ahora Duhalde moviliza su gente, mucha de ella pagada, al viejo estilo peronista para contrarrestar el papel creciente de la izquierda. Ahora que, como en 1995, la fiesta del capitalismo salvaje parecía estar llegando a su fin, Duhalde se transformó en la momentánea salida, para dejar claro que el peronismo es lo peor que le puede haber pasado al movimiento popular argentino. Argentina nos puso en primer plano el fracaso del neoliberalismo, con toda su secuela de muerte, pero el neoliberalismo todavía no cayó. Resta mucho por hacer para que eso ocurra. Queda un largo camino por delante y es necesario seguir peleando con la movilización y la organización de los sectores que no creen en el verso discursivo peronista. «Tengan cuidado con lo que hacen» quienes asuman el nuevo gobierno, «porque vamos a salir nuevamente a la calle», dijo un manifestante durante las manifestaciones previas a la renuncia de Fernando De la Rúa. Salir a la calle, esa es la herramienta de la gente para torcer un destino impuesto.
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Alberto Acosta (1)
Ecuador, el país más pequeño de la región andina y con una población de 12 millones de habitantes, concluyó el siglo XX con una crisis sin precedentes. Y empezó el siglo XXI liderando el crecimiento económico en América Latina. ¿Es éste un motivo de regocijo o de preocupación? Frente a esta pregunta nada mejor que el análisis de algunos datos, recordando que la dolarización fue presentada no sólo como la única alternativa existente, si no como la gran solución para resolver los males de la economía ecuatoriana…
– Rasgos de la mayor crisis del siglo XX
Al año 1999 se le recordará por registrar la mayor caída del PIB real del siglo XX. Este declinó en 7,3% medido en sucres constantes y en dólares en 30,1%, de 19.710 millones a 13.769 millones de dólares. El PIB por habitante se redujo en casi 32%, al desplomarse de 1.619 a 1.109 dólares.
El país, como consecuencia de un largo proceso de ajustes y de la crisis mencionada, experimentó el empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales de 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, el salto fue de 12% a un 31%. Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza. Así, mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 20% más rico incrementó su participación del 52% a más del 61%. Y en el tornasiglo miles de ecuatorianos, más de 500 mil personas (más de un 10% de la Población Económicamente Activa – PEA), habrían huido del país.
Las cifras expuestas demuestran la gravedad de una crisis explicable por una serie de factores mutuamente interrelacionados, de orden natural -el fenómeno de El Niño-, de orden económico -el servicio de la deuda externa, la caída de los precios del petróleo, la desestabilización financiera internacional, el salvataje bancario- y de orden político -cinco gobiernos en cinco años-. Crisis desatada, en gran medida, por la política económica aplicada desde 1992, así como por efecto del interminable ajuste estructural de inspiración fondomonetarista impuesto en este país con diversos grados de coherencia desde la primera mitad de la década de los ochenta. Sobre todo estas dos últimas acciones son causas profundas del problema ecuatoriano. Y todo en un ambiente de corrupción desbocada.
– La apuesta de la dolarización
En este contexto Ecuador sorprendió al mundo. Con la dolarización plena de su economía, el 9 de enero del 2000, fue el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e impuso una moneda extranjera como de curso legal completo. Y se incorporó a la lista de 26 colonias o territorios que hasta entonces utilizaban una moneda extranjera en todo el mundo, 11 de ellos el dólar norteamericano.
La decisión final sobre la dolarización oficial plena no resultó de los designios de la razón tecnocrática. Basta ver que con ella no se acabó con el proceso inflacionario, como se había prometido.
La dolarización, por lo demás, no puede ser estudiada exclusivamente en el vacío de la política económica, sino que debe incorporar reflexiones propias de economía política. A más de las lógicas internas del Ecuador, hay que comprender los intereses norteamericanos y, por cierto, la estrategia de los organismos multilaterales. Reconociendo, entonces, que la dolarización está al servicio de determinados intereses y alianzas hegemónicas dentro y fuera de cada país, y que su aplicación responde a procesos avasalladores propios de la mundialización del capitalismo, convendría hacer un análisis desde varias aristas, resaltando las diversas implicaciones y las principales agendas involucradas, así como una serie de prejuicios e inercias que trascienden las racionalidades estratégicas. Sin embargo, por razones de espacio, en este texto se centra la atención en algunos aspectos económicos básicos, lo cual no miniza el coincidente establecimiento de una base militar norteamericana en el puerto ecuatoriano de Manta (en el marco del Plan Colombia) y la decisión de apostar por la dolarización.
– Realidad frente a los ofrecimientos de la dolarización
Para poder realizar una evaluación de los dos años de dolarización conviene recordar los ofrecimientos que justificaron el sacrificio de la moneda nacional, el sucre. Quienes plantearon la dolarización, sobre todo los miembros del Foro Económico, algunos de cuyos integrantes, encabezados por Carlos Julio Emanuel, se encuentran al frente del Ministerio de Economía, ofrecían, entre otras maravillas: «una baja inmediata de las tasas de interés, de la inflación y la entrada de capitales foráneos, dando paso a la reactivación inmediata de los sectores productivos» (Diario El Universo, Guayaquil, 7.1.2000).
¿Cayó inmediatamente la inflación? No. En promedio anual, ésta pasó de 52% en 1999 a 97% en el 2000, antes de declinar lentamente a un 40% en el 2001; alcanzando en diciembre pasado recién un 22,5% ¡en dólares¡, la inflación más alta de América Latina, casi diez veces el nivel inflacionario de los EEUU. Ni la relativa calma conseguida por la ausencia de la devaluación se refleja en una sustantiva caída de las tasas de interés en dólares, que superan el 20% y aún el 80% para compras a plazos en establecimientos comerciales privados…
La relativa estabilidad lograda se explica por la ausencia de la devaluación, que en el año 1999 alcanzó un monto de 198%. Sin embargo, la inflación, en una economía dolarizada, es todavía una compleja tarea por resolver, en especial cuando continúan los reajustes de los precios de los servicios y de los bienes públicos, en un escenario en el cual afloran peligrosas presiones que mantienen una tendencia inercial en el proceso inflacionario…
¿Se reactivó de inmediato el aparato productivo? Tampoco. Fue falsa la propaganda que aseguraba que «la medida es tan poderosa que por sí sola comienza a hacer girar las ruedas de la reactivación económica», como clamaba José Luis Cordeiro, venezolano importado para promocionar la dolarización (Diario El Universo, Guayaquil, 24.2.2000). En el 2000, luego del bajón en 1999, la economía apenas frenó su caída. Y recién convalece en el 2001. Las estimaciones hablan de hasta un 5,4%, sin que con esto el PIB alcancé el nivel de 1998.
Los partidarios de la dolarización sugieren que esta recuperación es una prueba de la eficacia de esta decisión. Absurdo. Toda recesión finalmente termina, sobre todo si tiene recursos foráneos que ayudan a superarla. Con la dolarización, al igual que con la convertibilidad en la Argentina, el dilema es inexcusable: la economía funciona mientras entran capitales externos en abundancia o, en caso contrario, se tiene que ajustar por la vía de la recesión, pero esa no es por ahora la situación ecuatoriana…
Lo que interesa averiguar ahora es de dónde han salido los dólares para esta recuperación por lo demás desequilibrada. En el 2001 la economía se apuntaló con las remesas de los emigrantes, con más de 1.450 millones de dólares (superiores a las inversiones petroleras), y con el monto de recursos demandados por la construcción del nuevo oleoducto, así como con los ingresos generados por las ventas de petróleo en el mercado mundial hasta antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre, que provocaron una drástica caída del precio del crudo. Ya en el 2000 las remesas de los emigrantes por 1.330 millones de dólares, superiores a las exportaciones sumadas de banano, camarón, café, cacao y atún (equivalentes al 20% del consumo nacional), habían salvado la dolarización, al igual que los altos precios del crudo, que produjeron ingresos mayores en 600 millones de dólares a los presupuestados. Y en ambos años debe haber ingresado una cuantía importante de narcodólares y dólares falsos, que han inundado la economía ecuatoriana; en estos dos casos sí apoyados por la dolarización.
Ya casa adentro, el consumo también se ha nutrido del descongelamiento de los depósitos bancarios. Muchos de los clientes de los bancos, atemorizados por la experiencia del feriado bancario y el congelamiento de sus depósitos en marzo de 1999, prefierieron destinar esos recursos liberados al consumo de bienes o a la construcción; sector que ha experimentado un crecimiento importante, alentado también por el bono de la vivienda.
Este convalecimiento de la economía ecuatoriana ha venido acompañado con una reducción de los índices de desempleo y subempleo, pero no por efecto de un incremento de la actividad productiva que pudiera haber creado nuevos puestos de trabajo, sino especialmente por la corriente indetenible de emigrantes. Así, en la actualidad, casi el 80% de la población económicamente activa está en situaciones laborales precarias o desempleada: el subempleo afecta a cerca de un 60% de la PEA, el desempleo abierto a un 9% y más de un 10% se encuentra fuera del país en calidad de emigrante. El salario básico unificado, con 128,8 dólares mensuales, cubre menos de un 42% de la canasta básica familiar (para cuatro miembros), que bordea los 310 dólares; en este marco el alza salarial de 12,- dólares, aprobada por el gobierno, resulta todas luces insuficiente. No sorprende, entonces, que al inicio del 2001, más del 45% de la población adulta ansíe fervientemente salir de este paraíso dolarizado…
Si se conoce los entretelones de la economía ecuatoriana, no resulta sorprendente que el PIB haya crecido en el año 2001. Ecuador tocó fondo en 1999 y, apoyado en factores que no tienen que ver con la dolarización, como el petróleo y los emigrantes, comenzó su convalecencia. En este punto, sin embargo, preocupa que las exportaciones no petroleras en el año 2000 hayan caído en -16,3% y que las exportaciones totales hayan declinado en -8% en el 2001, mientras que las importaciones crecieron en +61,8% en el 2000 y en +45% en el año pasado. Con lo cual el Ecuador, preso en la trampa cambiaria, ya enfrenta un déficit comercial inédito, mientras consolida un modelo aperturista que fomenta las importaciones.
El déficit comercial preocupa aún más en una economía caracterizada por un déficit crónico de la balanza de servicios, provocado particularmente por la sangría de la deuda externa. Lo que dejaría al país con una cuenta corriente deficitaria. Si esto se mantiene, la nueva crisis ya estaría programada…
– Avanzar hacia el pasado para salvar la dolarización…
En este contexto el Ecuador, para avanzar, ha vuelto su mirada al petróleo. Con el incremento de la producción y exportación de crudo se espera sostener la dolarización. La apuesta es reeditar otro auge petrolero como en la década de los setenta en el siglo XX, pero en un ambiente diverso. Por un lado el país ha sido ajustado y reajustado sostenidamente, con lo que su economía está casi totalmente abierta y su mercado financiero se encuentra prácticamente liberalizado, por otro lado, los potenciales ingresos petroleros serán muy inferiores a los de los años setenta para la sociedad en su conjunto, en tanto los contratos hidrocarburíferos existentes no dejarán ingresos importantes para el país, pues en el mejor de los casos la participación estatal en la renta petrolera será de un 18%. Además, ya ahora varias empresas petroleras no pagan el impuesto a la renta porque declaran pérdidas, no cancelan el impuesto al valor agregado, ni las glosas al Estado y hasta consiguen tarifas arancelarias preferenciales para sus importaciones.
Recuérdese, además, que la dolarización no resulta nada recomendable para países cuyas exportaciones son extremadamente fluctuantes, como sucede con los países exportadores de petróleo. Eso lo afirmaba hace un par de años nada menos que un defensor de la dolarización como Juan Luis Moreno-Villalaz, panameño, uno de los consultores internacionales del gobierno ecuatoriano para aplicar la dolarización.
Por lo tanto, si se mira más allá del espejismo consumista, Ecuador no ha dejado de ser un país aún más dependiente de las fluctuaciones internacionales. Una entrada significativa de capitales tenderá a aumentar el crédito y la demanda internos, alentando la actividad económica e incrementando los pasivos externos; en cambio, ante un déficit de cuenta corriente o una salida de capitales, la defensa de la dolarización conllevará la subida de las tasas de interés y la consecuente disminución de la actividad económica. Los ajustes serán por el lado de las cantidades: salarios, empleo, producción, tal como sucedió en Argentina con la convertibilidad, una suerte de dolarización minus.
La pérdida de competitividad relativa de las exportaciones, alentada por la rigidez cambiaria, resulta preocupante en un mundo imperfectamente competitivo, dominado todavía por tasas de cambio variables. Algo angustioso en una economía que tiene uno de los niveles más bajos de competitividad registrados por la Universidad de harvard: el Ecuador sigue al final de la tabla de la competitividad actual, en el puesto 72 entre 75 países. De no existir la suficiente flexibilidad financiera y/o laboral el resultado será más desempleo, menor utilización de la capacidad instalada y aún una significativa quiebra de empresas. Así, las exportaciones se verían obligadas a mejorar su competitividad despidiendo personal o reduciendo los salarios, así como forzando a cualquier costo la renta de la naturaleza, esto es con crecientes destrosos ambientales.
El esquema dolarizador ecuatoriano sólo podrá sobrevivir mientras se garantice el ingreso abundante de recursos externos provenientes de exportaciones primarias, particularmente petroleras (inestables e impredecibles), crecientes remisiones de emigrantes o si se logra mendigar el financiamiento externo necesario para mantenerla en vida, a través de una mayor deuda externa, a más de los coyunturales y magros ingresos provocados por las privatizaciones y por la inversión extranjera directa, que en el caso ecuatoriano no tendrán una trascendencia mayor. Recursos que, sin embargo, se verán estructuralmente amenazados por las crecientes importaciones y la pérdida de competitividad de las exportaciones. Por eso, incluso para cuando la inflación descienda a un solo dígito, el esquema dolarizador no garantizará un crecimiento económico sostenido y una expansión sustantiva del empleo. Pero eso sí se profundizará el esquema primario-exportador de acumulación y se mantendrá aún más la eterna genuflexión frente a los mercados foráneos.
Por eso, aún si se considera el potencial estabilizador de la dolarización para lograr una reducción de la inflación y ampliar la previsibilidad en las decisiones de inversión y consumo, no se puede obviar los múltiples costos sociales que conlleva y los graves riesgos que implica su rigidez para el aparato productivo. Con esquema de apertura a ultranza y una rigidez cambiaria extrema la caída de la competitividad está programada; un fenómeno que ya se experimenta en algunos segmentos del aparato productivo. Y no es extraño que, en estas circunstancias, se esté procesando un recambio de actividades de ciertos empresarios: un creciente número de industriales ha optado por transformar sus empresas manufactureras en unidades importadoras, ciertos fabricantes han dejado de comprar materia prima en el interior para adquirirla en el exterior con el fin de mantener su posición en el mercado y más de un exportador se transforma en importador…
Para comprender de mejor manera esta metamorfosis y las tensiones provocadas por la dolarización, las que a su vez incidirán en la conformación de los bloques a favor y en contra de este esquema monetario y por cierto del modelo, hay que identificar a los perdedores y ganadores. Esto implica ubicar especialmente a aquellos segmentos que difícilmente puedan dar un salto cualitativo en términos de competitividad, pues, como es obvio, ésta se construye pausada y sacrificadamente, no se improvisa.
En la lista de ganadores asoman muy bien posicionados los importadores (a la cabeza los contrabandistas). Otros beneficiarios son el negocio inmobiliario de alta plusvalía y la construcción de vivienda para clase media, por la posibilidad de realizar operaciones financieras con plazos más largos; el gran comercio con capacidad para crear también sistemas de financiamiento con plazos relativamente largos para sus clientes; parte de la industria mayor que pueda mantener su competitividad en mercados externos en base a importaciones de insumos y piezas, utilizando poca mano de obra y no muy cara: ensamblaje (¿sector automotor?); la banca, especialmente la transnacional; y, las empresas de servicios, particularmente las de teléfonos y electricidad, a las cuales se les privatizará con tarifas más altas que las del mercado internacional. Los grupos de clase media que se mantengan como tales podrán sacar alguna ventaja de esta nueva situación económica en un ambiente atractivo para el consumo, en particular de aquellos bienes susceptibles de ser comercializados vía crédito, por supuesto accesibles sólo para quienes tienen ingresos suficientes como para atender su repago.
Mientras que los posibles perdedores estarán en gran parte en el lado de los productores de bienes transables; en aquellos segmentos del sector exportador que no logren mejorar su competitividad en base a una mayor explotación de la renta diferencial (de la naturaleza y del trabajo) o que no tengan capacidad de reacción frente a los choques externos; en el comercio mediano y pequeño, en especial el tradicional; en un enorme sector de industrias medianas y pequeñas, que resulten incompetentes ante el ingreso de bienes importados o aún por una disminución de la demanda de importantes capas de la población o por la consolidación de las grandes cadenas comerciales; en el turismo de clase media sobre todo de aquel orientado a atender la demanda de Colombia y Perú por el incremento del costo de la vida en el Ecuador; en los asalariados y especialmente en los jubilados…
Por otro lado, la dolarización tampoco garantizará un equilibrio fiscal, pues el Presupuesto del Estado consolidará su posición como el campo de confrontación por excelencia, con lo cual las presiones políticas podrán reflejarse en nuevas inestabilidades fiscales. Y, como ya se manifestó antes, no será una sorpresa si el país, en poco tiempo, vuelve a un acelerado y continuado proceso de endeudamiento externo. Argentina es un buen ejemplo; aunque aquí cabrían ciertas diferencias: Argentina terminó el año 2001 con una deuda pública que no superó el 59% del PIB, Ecuador lo hizo solo para su deuda externa pública con un monto superior al 63% del PIB, luego de haberla renegociado en el año 2000; además, Ecuador por su limitado peso específico en el concierto de las finanzas internacionales difícilmente será «el niño mimado» del mercado financiero internacional y de los organismos multilaterales de crédito como lo fue Argentina..
En estas circunstancias el Ecuador será lo que siempre ha sido. Un país productor de bienes primarios. En este escenario el petróleo asoma como la principal fuente de divisas para paliar las tensiones que provocará un déficit comercial crónico en la cuenta de exportaciones e importaciones no petroleras. La apuesta es producir y transportar la mayor cantidad de crudo posible. La desesperación por aumentar la oferta de dólares, conduce al Ecuador hacia una petrodolarización en la que los impactos ambientales aumentarán peligrosamente, al igual que las tensiones políticas, pues, en medio de la actual ola privatizadora, quien logre controlar directamente la riqueza petrolera se apoderará de hecho del poder del Estado, el cual aún manteniendo formalmente la apariencia democrática se volverá en la práctica más autoritario.
Estas tendencias son claramente percibidas a los dos años de la dolarización por un miembro destacado del propio Foro Económico, que apoyó desde 1996 la eliminación de la política monetaria y cambiaria: Pablo Concha, ex-ministro de Finanzas, promotor de la convertibilidad con Bucaram, declaró a la agencia noticiosa argentina Télam-Sur (21.12.01), que «en dos o tres años se va a desbaratar el esquema de dolarización», pues ésta «no logró sacar al país de ‘terapia intensiva’, y si hay reactivación no será sostenible».
– La lección ecuatoriana para América Latina
No hay duda, la decisión final sobre la dolarización oficial plena, que no ha resuelto el azote inflacionario y que ya ha transformado a esta economía andina en una de las más caras de la región, fue el resultado de decisiones y angustias políticas. Tampoco fue «impuesta por el pueblo ecuatoriano al gobierno», como conclusión del proceso de dolarización «espontánea». No fue el anuncio de un nuevo modelo económico al margen del neoliberalismo y del mismo FMI. Menos aún significa que el Ecuador dolarizado «ya tiene un pie en el primer mundo», como afirman algunos de sus promotores. Este castramiento monetario fue, para decirlo descarnadamente, producto de la mediocridad de las élites gobernantes.
Mucha razón tuvo el economista brasileño Paulo Nogueira Batista jr., cuando afirmó el 13 de enero del 2000, en la Fohla de Sao Paulo, a los pocos días de la adopción de esta medida improvisada, que «un gobierno de quinta categoría acaba de anunciar la intención, de cometer suicidio monetario y dolarizar la economía del país. Incapaz de enfrentar una seria crisis económica y amenazado de destitución, el presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, que visiblemente no tiene capacidad ni siquiera para ser el síndico de un edificio o presidente de una asociación de barrio, se desesperó y optó por humillar a su país, desistiendo de uno de los elementos centrales de soberanía».
Téngase presente que en Ecuador, con la dolarización se ofreció solucionar el azote inflacionario y reactivar la economía, sanear el sistema financiero al tiempo de integrarlo internacionalmente, asegurar la sostenibilidad fiscal y conseguir un fácil acceso al mercado crediticio externo, aumentando la flexibilidad laboral e impulsando una mayor disciplina social. Estas metas a ser alcanzadas con la introducción de la dolarización, según rezaba el discurso oficial, en poco tiempo se transformaron en requisitos indispensables para su viabilidad. Una tergiversación de las expectativas iniciales: hace dos años se ofreció resolver todos los problemas del país con la renuncia de la moneda nacional, y ahora se exige dar una respuesta a todas las tareas pendientes para que funcione la dolarización… Lo que sí está claro es que ella sirve para acelerar el ajuste y se espera que ella también actúe como ancla para enraizar el modelo neoliberal, cuya continuidad estaría en cierta medida garantizada independientemente de quién gobierne, el sueño tecnocrático de despolitizar la economía.
Reto aún más complejo mientras se mantiene la institucionalidad dominante, caracterizada por su paternalismo, autoritarismo, corrupción y rentismo depredador de la misma moneda nacional. Y lo más grave estaría por venir. En economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias, solía repetir John Maynard Keynes. Anclar el tipo de cambio puede ser recomendable por un tiempo, pero mantenerlo indefinidamente congelado, en medio de una economía internacional predominantemente flexible, termina por provocar explosiones como las que experimenta Argentina. No reconocer esta realidad raya en la torpeza o en la irresponsabilidad.
En este punto es interesante anotar que la crisis argentina ha provocado una intensa reflexión alrededor de la inflexibilidad cambiaria, a más de otros elementos propios del modelo neoliberal, por ejemplo, la irrestricta movilidad de capitales y la apertura comercial a ultranza. Reflexión que se plasma, en la práctica, en una marcada preocupación en países con este tipo inmovilidad como Hong Kong, en donde -como se comentaba en el Wall Street Journal hace pocos días- han aumentado peligrosamente los riesgos provocados por la convertibilidad, a la que ya no se le ve sostenible en el largo plazo a pesar de tener allí los mejores fundamentos para hacerlo. Tan profundo ha calado la crisis argentina, que hasta en círculos empresariales ecuatorianos, hasta hace poco entusiastas promotores de la rigidez cambiaria, la pregunta que empieza a circular es cuánto más durará la dolarización…
Entonces, si la rigidez cambiaria es intrínsecamente insostenible en un ambiente internacional de tipos de cambio flexibles, no cabe sentarse a especular simplemente sobre la duración de la dolarización. A la sociedad ecuatoriana le urge preparar y procesar una salida ordenada de la trampa cambiaria, sin creer que con eso se van a resolver todos los problemas. Mas, sería una irresponsabilidad histórica esperar a que explote la dolarización, para recién entonces intentar salvar desesperadamente los restos del aparato productivo y tratar de pacificar a un país en llamas, como sucede en la Argentina, cuyos esfuerzos por salir de la convertibilidad podrían ser aleccionadores para discutir las posibles alternativas que eviten los destrozos de una crisis anunciada.
Como se ve, esta experiencia tiene una validez indiscutible para el resto de América Latina, pues Ecuador se ha transformado en un modelo… de lo que NO se debe hacer. Y la crisis de la convertibilidad en Argentina, a su vez, es un espejo de lo que sucederá en Ecuador si no prepara en forma oportuna una salida ordenada de la trampa de la dolarización.
En suma, a viejos retos hay que ofrecer remozadas respuestas, que sean viables en tanto beneficien a las mayorías, con la participación activa de dichas mayorías que deberán hacer viables los cambios necesarios, como parte de una lucha que construya espacios de integración horizontal. Es tiempo, pues, de proponer respuestas compartidas entre los pueblos latinoamericanos, incluida la constitución de una unión monetaria regional, que tengan en su mira al menos la superación del modelo neoliberal. El asunto, visto desde una perspectiva integral del desarrollo, no se reduce, entonces, a una simple resolución del tema monetario y cambiario. ¡Dolarizar o no dolarizar, esa no es la cuestión!
1. Ecuatoriano. Economista, Universidad de Colonia, Alemania. Miembro del Foro Ecuador Alternativo. Profesor universitario. Consultor internacional y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS-FES) en Ecuador. Asesor de organizaciones indígenas y sociales. Dirección electrónica: alacosta@hoy.net y alacosta48@yahoo.com.
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