By icciec2024
Durante el levantamiento indígena de fines de enero y primera semana de febrero del año 2001, el gobierno accedió a impulsar una agenda de diálogo con el movimiento indígena bajo una plataforma de 23 puntos en los que constaban las principales reivindicaciones planteadas por el movimiento indígena; se había constituido de esta manera y bajo un formato que hacía referencia al proceso iniciado en el gobierno de Jamil Mahuad (1999-2000), las «Mesas de Diálogo», procesos abiertos como consecuencia de un levantamiento indígena y en los cuales se vislumbraba una posible resolución de conflictos que evitasen a futuro nuevas confrontaciones y bloqueos.
El diálogo asume una característica especial dentro del movimiento indígena, más que un mecanismo de procesamiento de conflictos, se constituye en un elemento central de la organización comunitaria, y en virtud del cual, la comunidad y las organizaciones indígenas llegan a consensos, acuerdos y compromisos. El diálogo es la vía para el consenso, y el consenso es la condición fundamental de organización, y de regulación social al interior de las comunidades.
Apelar al diálogo implica, para el movimiento indígena, relativizar posiciones y estar dispuestos a reconocer que en los argumentos de los otros existen elementos susceptibles de provocar adhesiones y una base mínima de acuerdos. El consenso generado en el diálogo es vital para el desarrollo político y organizativo del movimiento indígena, sin el consenso las complejas estructuras organizativas no tendrían la legitimidad y la credibilidad suficientes para sostenerse y para mantener su poder de convocatoria.
Es significativo el hecho que desde el levantamiento de 1990, una de las principales demandas del movimiento indígena ha sido justamente el de abrir los espacios de diálogo al interior de la sociedad en los cuales puedan debatirse y discutirse aspectos que nos competen a todos, como aquellos de la plurinacionalidad, la interculturalidad, la democracia participativa, etc. Precisamente, porque esos espacios habían sido cerrados desde el poder, es que el movimiento indígena busca abrirlos desde múltiples iniciativas, como aquella de pedir la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pedido realizado en 1990 y que finalmente se concreta en 1998.
La experiencia del diálogo desde el levantamiento de 1990, revela que desde el poder siempre ha existido la intención de utilizarlo estratégicamente como un recurso político para deslegitimar al movimiento indígena, ganar tiempo en la coyuntura, o someter a dinámicas de dilatación burocrática o tecnocrática los problemas que se piden solucionar.
Sin embargo de ello, existen elementos particulares que configuran una nueva dinámica al proceso de diálogo que emerge del último levantamiento indígena. Estos elementos son:
1.- La presencia unitaria del movimiento indígena:
Es la primera vez desde el levantamiento de 1990, que todas las organizaciones indígenas y campesinas nacionales, la Conaie, la Fenocin, la Feine, la Fenacle, la Fei, y la Confeunassc, articulan una sola estrategia unitaria de acción y de negociación frente al gobierno. De hecho, los gobiernos siempre habían utilizado la dispersión organizativa del movimiento indígena para deslegitimar posiciones, suscribir acuerdos que favorecían a otras organizaciones o intentar dividirlas. En esta vez, las principales organizaciones indígenas presentan una estrategia conjunta que constituye un elemento nuevo en la historia política del movimiento indígena ecuatoriano y que abre muchas posibilidades políticas a futuro.
Ahora bien, esta presencia unitaria de las organizaciones indígenas y campesinas nacionales, genera varios problemas que inciden directamente en los procesos de negociación con el gobierno. Un primer problema es la diversidad de criterios sobre determinados aspectos que tienen directa relación con la negociación y con la agenda presentada. Por ejemplo, los criterios de la Conaie no siempre coinciden con los criterios de la Fenocin, ni éstos con aquellos de la Feine. Es necesario entonces un proceso interno de armonización de propuestas, de discursos y de estrategias. Este proceso, dada la coyuntura y los tiempos políticos, no pudo darse al interior del movimiento indígena, lo que favorece la posición del gobierno que siempre va con una posición sólida y coherente con su proyecto político. En la medida en la que existan divergencias, tanto de fondo como de forma, en el movimiento indígena, esto resta posibilidades reales de ejercer una presión política sobre el gobierno.
Un segundo problema es la priorización de agendas internas y de tiempos políticos internos al interior de cada organización indígena campesina nacional. Así, la Conaie piensa en sus tiempos internos en los cuales se avecinan elecciones de renovación de la dirigencia nacional. El hecho de que las agendas internas tengan prioridades específicas, hace que cada organización privilegie determinados aspectos del diálogo sobre otros, y que esta priorización no necesariamente sea coincidente entre todas las organizaciones. Hasta el momento, ninguna organización ha creído conveniente una política de armonización de agendas internas en función de las estrategias de negociación con el gobierno. La presencia de estas divergencias de orden político interno marcan las pautas que las organizaciones siguen al interior del proceso de diálogo, el principal beneficiario de este proceso es indudablemente el gobierno.
Un tercer problema es que la unidad de las organizaciones indígenas ha sobredimensionado los elementos étnicos por sobre los elementos políticos, y en ese sentido existe una sobrecarga de lo étnico en detrimento de otros sectores. Las organizaciones indígenas y campesinas nacionales no tienen reparo alguno en incorporar a otras organizaciones de tipo étnico nacional, pero manifiestan un serio rechazo a la incorporación de otros sectores de la sociedad que no tienen ninguna relación con lo étnico. Lo étnico constituye una base de confluencia de las voluntades políticas de cada organización nacional, que se reconocen desde lo étnico, y que a partir de allí buscan establecer estrategias conjuntas de negociación con el gobierno, pero al mismo tiempo que lo étnico se constituye en elemento unificador es también el mayor peligro que tienen las organizaciones indígenas nacionales.
Un cuarto problema es el hecho de que las organizaciones indígenas y campesinas nacionales, hasta el momento no han discutido en conjunto un horizonte común de expectativas políticas, tanto como movimiento indígena cuanto como país y sociedad en conjunto. Existe una voluntad general de oponerse al poder y a sus imposiciones, existen elementos puntuales dentro del proyecto político de cada organización que son coincidentes, pero no existe un diálogo interno sobre la sociedad que se intenta construir y sobre los medios para llegar a ella. Paradójicamente, el movimiento indígena reclama a la sociedad que abra sus espacios de diálogo, pero no ha logrado articular a su interior un diálogo más amplio sobre un proyecto político conjunto que otorgue una visión de largo plazo del país que se quiere tener. Es necesario entonces que desde la coyuntura nacida desde el último levantamiento, las organizaciones indígenas y campesinas nacionales puedan empezar a construir un diálogo interno que armonice sus proyectos políticos.
Un quinto problema está dado por los elementos de la coyuntura nacional, y en la cual cada organización indígena y campesina nacional, tiene sus propias apuestas, sus propios escenarios, sus propias tácticas y sus cuadros propios. Así, cuando se aproximan tiempos electorales, las organizaciones indígenas y campesinas, identificadas con posiciones políticas determinadas, privilegian sus estrategias en función de esa coyuntura. Ello hace que el proceso de unidad de las organizaciones indígenas y campesinas tenga en el horizonte varias amenazas a su consistencia interna, que indudablemente la debilitarán.
2.- La exclusión del diálogo de otros sectores sociales.-
La conformación de estas «Mesas de Diálogo», son la expresión de una dialéctica que se revela como perjudicial para los intereses políticos del movimiento indígena. Esta dialéctica está dada por la fortaleza organizativa del movimiento indígena ecuatoriano y al mismo tiempo por su debilidad política. En efecto, en la coyuntura del levantamiento indígena de febrero de este año, fueron los indios los únicos actores sociales con la capacidad suficiente para forzar la apertura al diálogo y a compromisos con el gobierno. Fueron ellos los que protagonizaron las marchas, las movilizaciones. Fueron sus bases y sus estructuras organizativas las que jugaron un rol protagónico en ese levantamiento. Fueron sus dirigentes los que asumieron la vocería y los que definieron las estrategias de acción.
Entre ellos y el gobierno estaba la sociedad, es decir, una constelación de actores sociales, de personalidades y de poblaciones, que a más de manifestar una u otra simpatía o cuestionamiento, no fueron gravitantes en este proceso.
El levantamiento indígena de febrero de 2001, obligó a que el gobierno asuma compromisos y que declare al movimiento indígena como interlocutor válido y legítimo a través de la constitución de las Mesas de Diálogo. Esta fortaleza organizativa, una vez que el movimiento indígena aceptó mantener conversaciones con el gobierno se convirtió en debilidad política.
Los indios entraron solos a hablar con el gobierno, pero en su agenda y en sus prioridades constaba la sociedad en su conjunto, y el futuro del país. El entrar solos al diálogo era el reconocimiento a su papel jugado en las recientes movilizaciones, ningún otro actor social pudo equiparar políticamente ese rol, de ahí que los indios vean como legítima la exclusión de otros sectores en el proceso de diálogo. Pero la exclusión de otros sectores significaba de entrada una derrota política para los indios.
En efecto, los indios no podían asumir una agenda nacional porque en los diálogos no existía una representación nacional. Su fuerza organizativa conjuraba en contra de su deseo de convertirse en referente nacional. La agenda presentada a discusión y que será la base de la constitución de las Mesas de Diálogo, tenía la pretensión de convertirse en una agenda nacional y que guarde coherencia con el discurso de «nada solo para los indios», pero ¿cómo hablar en nombre de la sociedad cuando no existía una representación de esa sociedad al interior de las mesas de diálogo? ¿Cómo hablar en nombre de otros actores sociales y de sus demandas, cuando habían sido excluidos de la constitución de las Mesas de Diálogo? ¿Cómo reclamar legitimidad social cuando se actuaba solo? ¿Cómo involucrar a la sociedad en la resolución de sus propias demandas cuando se había adoptado una metodología altamente excluyente?
Estas inquietudes empezaron a pesar sobre el movimiento indígena al momento mismo de la constitución de las Mesas de Diálogo. Así, el triunfo político del levantamiento de febrero se transformaba en derrota estratégica. El problema se amplificaba cuando se comprendía que era demasiado tarde para involucrar a otros actores sociales, y que al interior de las organizaciones indígenas y campesinas nacionales, cada una de ellas tenía una apreciación distinta sobre los actores sociales que podrían participar en el diálogo.
Esta incapacidad de resolver este conflicto político se evidencia en la construcción metodológica de las mesas de diálogo con el gobierno. Su formato privilegia los aspectos técnicos (la Comisión Técnica) por sobre los aspectos políticos (la Comisión Política), y hace que en este terreno el gobierno haya podido articular una estrategia bastante coherente por la cual el movimiento indígena ha sido aislado del conjunto de la sociedad, y se encuentre entrampado en la definición de aspectos puntuales y técnicos por sobre aquellos aspectos considerados prioritarios, como son los aspectos políticos. Así, el problema está en que el movimiento indígena se halla en una encrucijada en la cual tiene plena conciencia de que las mesas de diálogo con el gobierno no conducen a ninguna parte, pero que no sabe cómo salir de este proceso sin perder legitimidad y credibilidad.
3.- La agenda cerrada.-
Un aspecto importante a resaltar dentro del proceso de diálogo es el hecho de que el movimiento indígena entró al diálogo con una agenda cerrada. Esta agenda se construyó al calor de la coyuntura y en la cual se privilegió la reivindicación al corto plazo, por ejemplo, la revisión de los pasajes de transporte público, el precio del gas y la gasolina, etc.
Esta agenda, a diferencia de procesos anteriores, se construyó después de iniciado el levantamiento indígena y trataba de recuperar las principales demandas de las bases y de sectores empobrecidos de la sociedad. Como en los procesos anteriores esta agenda mínima se denominó como «Mandato», y fue la base de negociación con el gobierno.
En virtud de que era un levantamiento en el que participaban por vez primera varias organizaciones indígenas y campesinas nacionales, este Mandato se hizo una vez iniciado el levantamiento y con la presencia de los «equipos técnicos» de cada organización nacional, de ahí que el documento finalmente tenga una deriva de carácter más tecnicista que política.
El error del movimiento indígena fue haber considerado este documento como plataforma central de negociación con el gobierno y no como documento referencial sobre aspectos de la coyuntura. Este error puede explicarse porque cada organización consideraba que en el documento constaban los aspectos más importantes de la coyuntura y que eran aquellos que reclamaban más urgentemente sus bases, y que, además, había sido un documento consensual entre las diferentes organizaciones.
Cuando se constituyen las mesas de diálogo, la propuesta de los «equipos técnicos» devino en propuesta política y en el eje central de la constitución de las mesas de diálogo. El movimiento indígena aceptó ir al diálogo con una agenda cerrada en 23 puntos, y no contempló la posibilidad de abrir la agenda y de considerarla más bien como un elemento de apoyo para la discusión de aspectos de fondo. De esta manera, el movimiento indígena postergaba y sacaba de la negociación con el gobierno los aspectos más importantes y fundamentales de su proyecto político.
Efectivamente, no constan en la agenda los temas más importantes para el movimiento indígena y para la sociedad en su conjunto, como son los temas de la reforma política del Estado, la plurinacionalidad e interculturalidad, la vigencia del modelo económico, la necesidad de una democratización más abierta de los sistemas de representación política, la descentralización, las autonomías y las propuestas de circunscripciones territoriales, el Plan Colombia, la dolarización, etc.
Cuando el movimiento indígena acepta cerrar la agenda circunscribe su ámbito de acción y restringe su capacidad política de pronunciarse sobre los grandes temas de la política nacional. Si bien son importantes aspectos como los precios de la gasolina, el gas de uso doméstico, la transportación, etc., también es cierto que estos elementos son parte de una política más amplia que hace referencia a un determinado modelo económico, y que había que aprovechar la coyuntura para que la sociedad discuta la pertinencia de este modelo económico.
Así, el movimiento indígena y campesino desperdiciaron una oportunidad histórica en la cual se puedan debatir a nivel nacional los grandes temas del país. La sensación existente en la sociedad es que las mesas de diálogo son un asunto entre los indios y el gobierno y que son intrascendentes para el país. Los indios, se piensa, están negociando para ellos no para la sociedad. La agenda más importante que necesita discutir la sociedad está en realidad fuera de las mesas de diálogo entre indios y gobierno.
4.- ¿Es viable el diálogo?
Los errores políticos del movimiento indígena y campesino tienen varias repercusiones: En primer lugar han contribuido a legitimar la política del gobierno al tiempo que desmovilizaban y restringían la capacidad de respuesta del movimiento indígena y de otros sectores sociales. En efecto, en virtud de que el gobierno y los indios estaban en pleno proceso de diálogo, el régimen pudo imponer sin mayores resistencias un paquete de ajuste económico que contemplaba la elevación del impuesto al valor agregado, autorizar la construcción del oleoducto de crudos pesados, seguir con la política de salvataje bancario, consolidar las reformas a la seguridad social, etc. Toda esta política se impuso sin que medien resistencias de la sociedad y sin que el movimiento indígena se pronuncie al efecto.
En segundo lugar, las mesas de diálogo han suscitado expectativas entre las bases de las organizaciones indígenas y campesinas, que finalmente no se van a cumplir y que van a presionar a la dirigencia indígena a radicalizar posiciones con el riesgo de que se generen nuevamente confrontaciones y conflictos, incluso puedan generar las condiciones para nuevas movilizaciones y levantamientos. Dado este contexto, y en virtud de que el diálogo se está revelando como intrascendente para adoptar decisiones radicales, los sectores involucrados echarán la culpa al otro de la ruptura del diálogo y del ambiente de confrontación. Esto tiene una repercusión directa sobre los contenidos mismos de la democracia ecuatoriana, porque las mesas de diálogo podían convertirse en un mecanismo socialmente válido para procesar conflictos y evitar bloqueos, además que hubiesen contribuido a ampliar la base social de participación en la toma de decisiones de la democracia, lo que a la larga habría implicado una institucionalización de este espacio y un enriquecimiento de la democracia. Pero tal como se presenta la coyuntura, se ha generado un escepticismo sobre el diálogo que lo agota como posibilidad democrática.
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Napoleón Saltos Galarza
Resumen ejecutivo
A partir de una reflexión que apunta a descubrir la génesis política del movimiento indígena, del movimiento sindical y de los movimientos sociales, el autor analiza la coyuntura presente en la cual existe una separación entre el movimiento indígena y los sectores sociales cuya expresión organizativa más importante es la Coordinadora de Movimientos Sociales, CMS. Es necesario, entonces, reconstituir ese bloque popular que posibilitó la insurrección del 21 de enero, sobre todo en momentos en los cuales el diálogo entre el gobierno y los indígenas parece estar empantanándose. Para reconstruir ese bloque es necesario, expresa el autor un acuerdo político más amplio.
Actores sociales
¿Cuándo un grupo social se convierte en un actor, una fuerza social? Hay cuatro condiciones básicas:[1] un umbral mínimo de una visión propia del mundo, que empiece por identificar sus propios intereses históricos; lo que puede expresarse en plataformas de lucha, mandatos, programas de gobierno o visiones civilizatorias. Un umbral mínimo de organización, que puede expresarse bajo formas de organización social o de organización política. Un umbral mínimo de capacidad de modificar las propias prácticas sociales (sobre todo económicas y políticas), las prácticas de los otros y la acción del la institucionalidad, en particular del Estado. Un umbral mínimo de capacidad de comunicación de su proyecto histórico, es decir capacidad de denunciar los problemas, de anunciar las alternativas y de realizar las propuestas
El actor social se conforma en el calor de la lucha y la participación; pero se presenta y expresa en la visión del mundo y en la capacidad de ganar el sentido de la totalidad social: la combinación de la propuesta y la acción. Hoy, cuando hablamos de totalidad social debemos referirnos a las luchas locales, nacionales y globales-universales. Un grupo social para poder actuar como fuerza social debe tener capacidad para actuar en esos tres ámbitos.
El tiempo de los pueblos indios
Podemos establecer una fecha de constitución y presencia de un actor social. Pero también podemos ver los momentos de ascenso y los momentos de descenso y de crisis de los actores sociales.
En el caso de los pueblos indígenas, el levantamiento de 1990 es el momento de visibilización como un nuevo actor étnico nacional. La década del 80 ha sido reconocida por los indios como la «década ganada», pues allí se opera tanto el proceso organizativo nacional (la CONAIE se constituye en 1986), como el paso desde una visión campesina a una visión étnica.
Confluyen tres vertientes: las luchas por la tierra en la Sierra, con influjo de la izquierda; las luchas contra la exclusión y por la dignidad, con influjo de la Iglesia comprometida, encabezada por Monseñor Leonidas Proaño. Estos procesos se expresan organizativamente en el ECUARUNARI. Y las luchas por la identidad como etnias y nacionalidades, que vienen desde la Amazonía. En 1981, la Federación Shuar plantea por primera vez la demanda de reconocimiento de los derechos de las nacionalidades indígenas. En la década del 80 surge una propuesta y una intelectualidad indígena que sintetiza los dos procesos regionales, como fundamento de la constitución de la CONAIE.
Este encuentro de los tiempos y procesos diversos de los pueblos indios de la Sierra y la Amazonía es uno de los factores que marcan el carácter de la CONAIE: los momentos de consolidación y los momentos de conflicto.
El poder de los pueblos indígenas se fundamenta en la comunidad, como célula organizativa. La comunidad cuenta con asentamiento territorial, y esto le permite actuar como un organismo paralelo al Estado, desde el asentamiento local. La distribución territorial después de la reforma agraria de los 60 y 70 y de la recuperación de territorios étnicos en los 70 y 80, coloca a las comunidades en posiciones estratégicas a lo largo del callejón interandino, con posibilidades de cerco a los centros económicos urbanos y a las principales vías de comunicación. Las comunidades indígenas y campesinas producen el 67% de la canasta básica; lo que implica un poder en el control del mercado interno.
Desde la base de la organización comunal, organización de primer grado, se constituye una red de organizaciones con asentamiento territorial: las federaciones cantonales (organización de segundo grado) y federaciones provinciales (organización de tercer grado) que permiten la identidad ya no sólo como unidad de comunidades, sino como pueblos: los cayambis, los cañaris, los chimbus, los puruhaes, etc.
El asentamiento tiene un carácter diferente en la Amazonía: allí el poder se expresa en posibilidades de derechos de territorialidad y en una distribución territorial en torno a recursos estratégicos, especialmente la producción petrolera y los recursos de la biodiversidad.
Aquí hay una diferencia entre la base organizativa de la CONAIE y la de las otras organizaciones indígenas. Mientras la CONAIE basa su organización en la organización comunal; las otras organizaciones tienen un fundamento diferente. La FEINE asienta su fuerza en la adhesión religiosa: el 8 ó 9% de la población indígena es evangélica; aunque en algunas zonas, como en Chimborazo esta adhesión puede coincidir con la participación de toda la comunidad y de toda una zona (federación de segundo grado). La FENOCIN tiene un fundamento organizativo combinado con lo campesino; aunque cuenta en algunas zonas, como en Cotacachi con organizaciones comunales.
Un segundo factor del poder de los pueblos indios está en su visión civilizatoria diferente, resultado de quinientos años de resistencia. La visibilización de los pueblos indios está en la nueva presencia de esta visión en nuestro país, no sólo en la recuperación de las lenguas nativas y de las costumbres ancestrales, sino en la apertura de un nuevo proceso de reconocimiento del mestizaje, que había quedado trunco en la década de los 60.[2]
Es decir, esta fuerza civilizatoria se proyecta al conjunto del país, tiene capacidad de abrir un espacio diferente de sentido, no sólo para los indios, sino para la construcción de una sociedad y un Estado diferentes. El movimiento indígena, organizado en torno a la CONAIE, levanta como propuesta central de su programa la construcción de un Estado PLURINACIONAL, es decir la reorganización del país en torno a una nueva identidad y unidad, basada en el respeto a la diversidad.
El principio de «nada sólo para los indios» no es simplemente un recurso táctico para ganar presencia; sino que es uno de los fundamentos de la fuerza que el movimiento indígena ha logrado acumular a lo largo de la década de lo 90. Una visión propia proyectada a ganar la conducción del país, le permite no sólo colocarse en el centro de las luchas de los movimientos sociales, sino actuar como una fuerza gravitante en la vida nacional. Por ello, a lo largo de estos diez años de lucha se ha creado una alianza permanente con los movimientos sociales urbanos y rurales: la unidad indígeno-popular ha sido una línea rectora de la política indígena.
Esta visión de unidad y de un proyecto para el conjunto del país ha logrado subordinar posiciones indigenistas que han emergido periódicamente al interior de la propia CONAIE, bajo la forma de discursos mesiánicos o de retornos sin proyección hacia las raíces ancestrales, o de contraracismos y contraexclusiones. De hecho, no puede mirarse el movimiento indígena como un proceso homogéneo, sino más bien como un proceso complejo, con visiones, intereses y desarrollos diversos. No podemos cerrar los ojos a la constitución de intereses de capas medias de los sectores indígenas que apuntan a utilizar su diferencia como un recurso para mejorar su inclusión en la institucionalidad; y con ello se da la vuelta al principio: «todo sólo para los indios.
La fuerza de los pueblos indígenas emerge en un nuevo tiempo mundial: la globalización abre no sólo un proceso de mundialización de la economía y de la comunicación, bajo el dominio de las transnacionales financieras; sino también la nueva presencia de la identidades particulares, desde la etnia, el género, la edad, la religión, el reconocimiento local, la cultura. La nueva época que vivimos reordena la presencia de los actores sociales en nuestro país: el proyecto neoliberal que deja sin piso la fuerza productiva de los sindicatos, abre condiciones para la presencia de nuevos actores, empezando por el «retorno de los runas»[3].
A partir de la presencia de los pueblos indios como sujeto étnico-nacional, en el levantamiento del 90, hay un proceso de fortalecimiento del movimiento indígena. La conmemoración de los «500 años de resistencia indígena-popular» abre una proyección continental y mundial del movimiento indígena. En 1996, en alianza con los movimientos sociales, se constituye el Movimiento de Unidad Plurinacional-Pachakutik -Nuevo País, que marca el paso como sujeto étnico-político-nacional.
El movimiento indígena, organizado en la CONAIE, aporta al movimiento popular una nueva visión de poder. Durante los años 70 – 80, los sectores populares, liderados por el movimiento sindical, habían actuado bajo una estrategia del «mal menor», es decir, el apoyo al sector «más progresista» del bloque dominante. La caída del Muro y la crisis de la izquierda tradicional, deja sin piso a esta estrategia. La globalización, al debilitar los estados nacionales, disuelve la estrategias de liberación nacional. La década del 90 significa el paso a una estrategia de construcción del poder popular que permite responder a las nuevas condiciones de lucha.
De esta forma, los movimientos sociales empiezan a descubrir que la historia de nuestro país en todo el siglo XX está marcada por los acuerdos y contradicciones del «pacto burgués-oligárquico», representado por dos formas de diferentes de acumulación y de poder, en torno a la oligarquía agroexportadora-financiera de la Costa y la burguesía empresarial-financiera de la Sierra.[4] Pero la consecuencia es diferente: ya no se trata de «apoyar al sector más progresista», sino de aprender a manejar estos acuerdos y contradicciones, para poder construir un poder y un proyecto propios, desde abajo y desde un programa alternativo.
El tiempo del movimiento sindical
El movimiento sindical logra su mayor fuerza en los años 70-80, en el marco del modelo de la industrialización por sustitución de importaciones y de ampliación del Estado. Se fortalece la empresa privada y crece el número de trabajadores; surgen las empresas públicas, sobre todo en base a los recursos petroleros, y crece el número de trabajadores y empleados públicos. Las centrales sindicales constituyen en 1974 el Frente Unitario de Trabajadores.
La fuerza del sindicalismo está en su intervención en el proceso productivo de las industrias privadas y de las empresas estratégicas del Estado. Esta fuerza se expresa sobre todo a nivel urbano: las huelgas nacionales logran paralizar el aparato productivo y el funcionamiento del sector público.
El movimiento sindical levanta un programa de modernización y fortalecimiento del «capitalismo de Estado», de ampliación del «Estado benefactor social» y de retorno a la democracia. Con ello, logra articular las demandas del conjunto de los sectores sociales, en una estrategia subordinada a los intereses de la burguesía industrial. El aliado principal está en el campesinado que se mueve en la lucha por la reforma agraria, en el problema de la tierra. Este era el tiempo de la consigna de la unidad obrero-popular: «nada sólo para los trabajadores».
Esta fuerza llega a su punto más alto en las huelgas generales de 1982 – 1983, que avanzan a desestabilizar al régimen de Osvaldo Hurtado. Sin embargo, la visión del «mal menor» y de «defensa de la democracia ante el peligro de la dictadura», coarta la proyección de este poder. Precisamente en estos años se opera un cambio fundamental: la crisis de la deuda externa sirve de bisagra para el paso al modelo neoliberal. Después de la huelga truncada de 1983, Osvaldo Hurtado firma la primera Carta de intención de este período con el Fondo Monetario Internacional, y gira hacia la política de ajustes. La articulación al capital financiero internacional, empieza a debilitar al sector industrial y empieza a limitar el papel de la empresa pública. Con ello, el piso productivo de la fuerza sindical pierde fundamento.
Una experiencia paralela, aunque con características propias por la presencia de sectores medios organizados en torno a la UNE, la FEUE y la FESE, es la del Frente Popular, liderado por el Movimiento Popular Democrático.
El modelo neoliberal y el dominio del capital financiero cambian las condiciones de la lucha; empezando por modificar la composición de la clase obrera: se reduce aceleradamente el número de trabajadores estables y crece el número de trabajadores temporales y «tercerizados». Empero el movimiento sindical no modifica ni su estrategia ni su organización; sino que insiste en una cadena de huelgas reactivas, para responder a los sucesivos paquetes neoliberales, tratando de defender las conquistas del período anterior. Pero con ello, la lucha se va encerrando en demandas cada vez más parciales; y por tanto, el movimiento sindical pierde su fuerza de convocatoria a los otros sectores sociales.
El sindicalismo tradicional entra aceleradamente en un período de crisis que no logra ser superado hasta la actualidad. Esta crisis se agudiza por los efectos de la derrota del campo soviético y de la estrategia de liberación nacional, que impactan en los partidos tradicionales de izquierda.
Sin embargo el proyecto neoliberal que deconstituye el aparato industrial y debilita al sector público, refuerza el papel de exportador de materias primas de nuestro país, y dentro de ellas, la exportación de crudo. El petróleo continúa desempeñando un papel clave en la economía: en la década del 90 representa el 40% del presupuesto nacional. Con ello, un sector del sindicalismo público, ligado a las áreas estratégicas del Estado, espacialmente en el sector energético y en la seguridad social, conserva condiciones para su fuerza. Allí se asientan experiencias de replanteamiento hacia un «sindicalismo político», es decir un sindicalismo que orienta su acción a los temas nacionales. Estos sectores serán los que converjan con los nuevos actores sociales en la década del 90.
El tiempo de los movimientos sociales
La década del 90 representa el paso a una nueva época. Se operan cambios profundos que actúan sobre nuestro país. Pasamos de la sociedad de la producción y el trabajo, a la sociedad de la información y a la cultura de masas. Es el tiempo del capital financiero: un neofeudalismo transnacional.
Frente a los actores tradicionales, articulados al núcleo fuerte de la economía y la política, surgen nuevos actores, articulados a los temas culturales y civilizatorios de la identidad, la etnia, el género, la religión, el poder local, la defensa de los derechos humanos, la defensa de un medio ambiente sano.
Junto al movimiento indígena surgen nuevos actores sociales, heterogéneos y hasta dispersos; pero que van construyendo una corriente cultural-social.
En el Levantamiento del 90, la Coordinadora Popular juega un papel de detonante («la chispa que encendió la pradera») y de apoyo solidario al movimiento indígena. Allí se articulan organizaciones campesino-indígenas en conflictos de tierras, sectores del sindicalismo público, cristianos comprometidos, organizaciones barriales, organizaciones juveniles y de mujeres, organismos ecológicos y de derechos humanos.
La unidad de estos sectores no es posible desde la sumatoria de las demandas sectoriales. Con el influjo de la visión indígena empiezan a desarrollarse experiencias de construcción de «unidad en la diversidad», es decir, fortalecer la identidad de cada sector, pero buscar puntos de convergencia en el programa y en la acción.
En 1993 se impulsa la «Campaña por una propuesta alternativa», que desemboca en la conformación del Foro Democrático para la presentación del primer proyecto de reforma integral de la Constitución. Con ello, se abre un espacio de convergencia programática de los nuevos movimientos sociales. Es decir, se opera un cambio sustancial en la construcción de la unidad: ya no se trata de organizar plataformas de lucha con las demandas de cada sector; sino que busca la confluencia en un acuerdo cultural-político sobre el país que queremos. Este traslape hacia un acuerdo político permite ver los puntos de confluencia y respetar las identidades y los tiempos particulares.
La unidad de los actores sociales se da en caliente, en medio de la resistencia al proyecto neoliberal. En 1995 se constituye la Coordinadora de Movimientos Sociales en torno a la defensa del patrimonio nacional. Dos experiencias exitosas: la lucha de «los encadenados del oleoducto»[5], y la campaña por el NO en el plebiscito convocado por Sixto Durán para legitimar el proyecto neoliberal y, en particular, la privatización de la seguridad social.
Estas experiencias muestran la fuerza social en la resistencia al proyecto neoliberal, sobre todo en el eje de las privatizaciones. Aunque un año antes, sin que se haya levantado voces de alerta y protesta, se impuso la nueva Ley de instituciones financieras que abre el cauce a la liberalización total del sector financiero y la puerta a la futura crisis del país. Desde estas experiencias, la Coordinadora de Movimientos Sociales confluye con la CONAIE en la necesidad de participar en las elecciones. El planteamiento inicial de los pueblos indios de la Sierra era limitar la participación a las elecciones locales; mientras la Amazonía planteaba la participación nacional. La convergencia de estos procesos, más un sector ciudadano, encabezado por Freddy Ehlers, da paso a la constitución del MUPP-NP.
Una alianza estratégica
La alianza CONAIE-CMS fundamenta la construcción de un nuevo bloque histórico. Se combina la participación institucional con la movilización social. Desde esta fuerza se desarrolla un nuevo eje ético de cuestionamiento del proyecto neoliberal: la lucha contra la corrupción y el autoritarismo del gobierno de Bucaram impulsada por los movimientos sociales, desata el proceso de la caída del régimen en febrero del 97. Empero esta lucha es cosechada por el bloque dominante que logra un recambio con una ficha de su mismo sector, Fabián Alarcón.
Esta experiencia permite ver que no es suficiente la oposición y el derrocamiento del régimen, sino que hay que complementar la estrategia de construcción del poder popular con una estrategia para asumir el poder. La ruptura con la vieja concepción de la conquista del poder, había coartado la visión de la disputa de la conducción política del país. Empezaba la conciencia de construir el poder para poder.
El 21 de enero del 2000 es el punto más alto de este proceso: la alianza de indios, movimientos sociales y militares patriotas construye un nuevo poder en torno al Parlamento de los pueblos, impulsa una insurrección cívico-militar e instala una Junta de Salvación Nacional.[6] La insurrección precipita el derrocamiento de Mahuad; sin embargo no logra consolidar la fuerza y nuevamente el bloque en el poder alcanza un recambio con Gustavo Noboa. Allí empieza el tiempo de los desencuentros
Los desencuentros
Las causas de la crisis de desató la rebelión del 21 de enero no quedaban resueltas con el cambio de Presidente. La crisis política continuaba. Sin embargo, el movimiento popular no tenía condiciones para continuar en la movilización.
Por ello, desde el acuerdo entre la CMS y la CONAIE se impulsa la salida de una consulta popular que mantenga el cuestionamiento a los tres poderes del Estado. La estrategia es correcta. Sin embargo las fuerzas indígenas y sociales no estaban preparadas.
Empieza el desencuentro entre sectores que privilegian la estrategia insurreccional y de desobediencia civil, bajo la forma de una campaña por la consulta popular; mientras el grueso del movimiento indígena y campesino y el Movimiento Pachakutik privilegian la participación electoral. No hay un dirección unificada capaz de combinar los dos procesos. El 21 de mayo se logra un triunfo en las elecciones de los poderes locales; pero mientras tanto queda debilitada la campaña de la consulta popular: el apoyo inicial se enfría.
Fuerzas extrañas empiezan a utilizar estas diferencias para crear divisiones dentro de los Parlamentos y de la relación entre la CONAIE y la CMS. Parte de esta política es el ataque contra la dirección tanto indígena como de los movimientos sociales. Esta situación abre una brecha peligrosa que es utilizada por fuerzas obscuras para quebrar la consulta con la introducción de firmas falsas.
La derrota en la campaña de la consulta afecta la credibilidad del movimiento indígena y de los sectores sociales. La debilidad se ahonda con el fracaso del levantamiento convocado en Septiembre del 2000. Una lectura triunfalista del 21 de enero lleva a sobrestimar las posibilidades de enfrentar la ofensiva del régimen. La fractura con las bases y la emergencia de dinámicas, conflictos, liderazgos e intereses parciales bloquean la capacidad de respuesta
El levantamiento de febrero del 2001
Las promesas de solución de los problemas con la dolarización no se realizan. El Gobierno de Noboa continúa con el salvataje bancario y busca apuntalar el modelo con un nuevo paquete económico centrado en el alza de los combustibles y de los pasajes. Se crean condiciones para la movilización social.
La respuesta inicial viene desde el movimiento estudiantil. Pero cobra fuerza con la convocatoria realizada por una nueva alianza de los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas, en la que participan la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, para iniciar movilizaciones el 21 de enero, en conmemoración de la rebelión del arcoiris.
Se desarrollan dos dinámicas: la una, intenta rehacer el bloque del 21 de enero, la unidad de los pueblos indígenas, los movimientos sociales y los militares patriotas. La otra, centra su interés en consolidar el polo indígen-campesino. A pesar de que en la lucha hay una participación conjunta, bajo el protagonismo del movimiento indígena, finalmente se impone una línea de exclusión de los sectores sociales. El discurso de «nada sólo para los indios», se contradice con la representación «sólo para los indios».
En este desenlace confluyen varios factores. Uno, los límites de la participación de los movimientos sociales, que debilita su representatividad. Dos, el reforzamiento de posiciones indigenistas dentro de la CONAIE, con la presencia de posiciones de exclusión desde la FEINE y la FENOCIN; aunque estas posiciones podían ser tomadas como parte de un aprendizaje que requería tiempo para un encuentro de procesos diferentes. Tres, las confrontaciones de liderazgos y de intereses dentro de la CONAIE, que impiden una acción conjunta. Esta situación es utilizada por el régimen que, con el apresamiento de Antonio Vargas, debilita la dirección de la CONAIE, generando varias tendencias diferenciadas.
Empero, este paso puede significar un retroceso no sólo en la alianza estratégica establecida por los pueblos indígenas y los movimientos sociales; sino en particular en el proceso de subjetivación social seguido por los pueblos indios. Está en juego una disyuntiva: o se consolida el esfuerzo por representar los intereses de un bloque histórico que busca un cambio profundo e integral; o se reduce la lucha a la defensa de los intereses sectoriales de los pueblos indígenas.
Una prueba de esta situación está en el proceso seguido en el diálogo con el Gobierno. Durante el levantamiento se logra un acuerdo entre las organizaciones indígenas y los movimientos sociales sobre un Mandato unitario que centra su atención en los ejes de poder: ir desde el rechazo al alza del gas y los pasajes a un cuestionamiento al modelo neoliberal, enfrentando las privatizaciones del patrimonio nacional (seguridad social, petróleo, electricidad), el salvataje bancario, la reforma tributaria y el Plan Colombia. Y dentro de esta perspectiva global, abordar los temas específicos de cada sector: conflictos de aguas, fondos indígenas y para la producción, demandas provinciales.
Pero este mandato es archivado. La representatividad no está en el tema formal de la exclusión de representantes de la CMS en la mesa de negociaciones; sino en la exclusión de los temas fundamentales que congregan a los demás sectores y, por tanto, en la reducción a temas indígenas (indemnizaciones, fondo indígena, banco de fomento, conflictos de aguas), mientras los demás ejes quedan como complementarios y discursivos y como materia de acuerdos formales (comisiones de estudio, cronogramas de reunión). Con ello, el movimiento indígena empieza a debilitar su relación con la sociedad civil, que ha sido una de las fuentes de su fuerza en su período.
Mientras tanto, el régimen empieza a tomar la iniciativa. Al día siguiente de la firma de los 23 puntos con las organizaciones indígenas y campesinas, el Gobierno aprueba la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Los temas fundamentales (aprobación del IVA, reforma de la seguridad sociales) son tratados al margen de las mesas de diálogo. Aún más, los acuerdos parciales, como el referente a pasajes e indemnizaciones, no son respetados con el régimen. El diálogo debilita la imagen de los pueblos indígenas; mientras da tiempo a las iniciativas del régimen. El gobierno de Noboa maneja hábilmente los intereses sectoriales y locales, estira las expectativas y las ofertas, entrega pequeñas obras sentidas a nivel local; y con ello gana un tiempo clave que le sirve para ir consolidando el modelo ratificado en la Carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional en mayo de este año.
Congreso Constitutivo de la CMS
La primera fase de la CMS estuvo marcada por el peso del sindicalismo energético y la lucha contra las privatizaciones. Desde la participación parlamentaria se introduce el eje de lucha contra la corrupción, que sirve de base al combate al régimen de Bucaram. Progresivamente se fortalece la presencia de nuevos actores: organizaciones campesinas, comerciantes minoristas, jubilados, organizaciones barriales, organizaciones juveniles, cristianos comprometidos, organizaciones de derechos humanos. Esto lleva a la necesidad de un replanteamiento en torno al eje de defensa de los derechos y de la vida.
Los movimientos sociales actúan inicialmente apuntalados en la fuerza de los pueblos indígenas. Por ello, era necesario desarrollar la propia identidad y organización; para garantizar una representatividad autónoma, que aporte a la construcción de una corriente unitaria con los pueblos indígenas y los militares patriotas. Este es el objetivo planteado para el I Congreso de la CMS.
Este Congreso permite acordar el programa alternativo, la estrategia y el plan de acción, la línea política, la línea de organización, y las normas éticas, con la participación de 815 representantes de 24 organizaciones sociales nacionales del movimiento urbano y campesino. Representa un paso fundamental en la identidad político-cultural de los movimientos sociales. Se concreta el largo camino preparado durante la década del 90.
Perspectivas
Estamos en un tiempo clave. El diálogo de los indígenas con el Gobierno empieza a encontrar límites objetivos. La crisis política empieza a evidenciarse nuevamente en las confrontaciones dentro del bloque dominante: no logra escapar a la trampa del salvataje bancario. La ofensiva de empobrecimiento social no se ha detenido; y la sombra de la guerra empieza a crecer atrás del Plan Colombia.
Con ello, se abren condiciones para impulsar un reencuentro de los pueblos indios con los movimientos sociales. Esto requerirá, en esta oportunidad, un acuerdo político más alto: un acuerdo programático y estratégico y la constitución de un comando unitario, para responder tanto en la vía de la movilización como de la participación electoral. La tarea fundamental para contener la nueva ofensiva del régimen es la conformación de una corriente unitaria, sobre la base de la reconstitución del bloque del 21 de enero.
Notas:
[1] Resumo y adapto las tesis de Alain Touraine y de Jürgen Habermas.
[2] Ver las tesis de Alejandro Moreano en La rebelión del arcoiris, Fundación Peralta, Quito, noviembre 2000.
[3] Ver el texto de Galo Ramón.
[4] Ver Alejandro Moreano, Op. Cit., y Napoleón Saltos, idem.
[5] Ver el libro de Iván Narváez.
[6] Hay un amplio debate sobre este acontecimiento: desde el sector oficial se habla del «golpe» tras los ponchos (Vladimiro Alvarez); desde las filas populares se rescata la «cuarta vía» de la liberación (Heinz Dietrich, «La rebelión del arcoiris»).
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Rodrigo Collahuazo
Resumen ejecutivo
El autor hace un recorrido por la coyuntura política del país, tomando una posición bastante crítica con respecto a las políticas adoptadas y pensando en los retos que a futuro tienen los movimientos sociales e indígenas. Desde este análisis de la coyuntura, se entremezclan aspectos que tienen que ver con la crisis del sistema de representación política, la crisis de los partidos, el manejo corporativo y patrimonial del Estado, la persistencia de la crisis económica que hace permanente la ayuda del Estado a la banca privada, y la acción política de los movimientos sociales en el Congreso Nacional, desde el bloque Pachakutik, desde los poderes locales y la necesidad de rearticular las estrategias con vistas a las próximas elecciones nacionales.
Introducción
Estamos asistiendo de manera permanente a una progresiva, por decirlo de alguna manera, pulverización de la institucionalidad del Estado. Si bien en la Asamblea Nacional Constituyente de 1998, se logró introducir el reconocimiento de los Derechos Colectivos, de la Seguridad Social, derechos de las mujeres, niños, la materialización de las juntas parroquiales etc., este conjunto de reformas jurídicas no han limitado el poder económico y político de las elites dominantes y, de otra parte, estas reformas no se han traducido en materializaciones reales y una nueva distribución del poder.
Cuando las elites sientes que se llega a afectar a sus intereses propugnan salidas como aquellas del autoritarismo, o la impunidad. Hoy las instituciones de la democracia expresadas por el sistema de representación política y los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos de control, etc., se encuentran con la credibilidad por los suelos. Existe un acuerdo estratégico de los partidos políticos de derecha, en alianza con las élites empresariales y bancarias, de mantener la Constitución de la República como una simple referencia discursiva o retórica, pero no como un conjunto de normas que se deben respetar y que posibiliten acoplar su accionar político, económico y social dentro de ella.
De esta manera, para las elites la resolución de sus contradicciones internas o sus contradicciones con los intereses del país las resuelven por la vía de la negociación y utilización política del Estado, de sus instituciones y de la democracia. He ahí, entonces, el porqué de un poder judicial plagado de la polilla de la injusticia o utilizado como un arma disuasiva en contra de los pobres, un Congreso Nacional que se hunde cada día más en la pérdida de credibilidad ciudadana, y un ejecutivo que gobierna bajo la sombrilla del autoritarismo, además de tribunales electorales que actúan como juez y parte, tribunales constitucionales donde cada ciudadano responde a la consigna de los partidos políticos, que a su vez se han instrumentalizado a los intereses de las elites, etc.
Deslegitimación del sistema político
La persistencia de la crisis de la institucionalidad ha provocado un amplio rechazo de la ciudadanía al ‘sistema democrático realmente existente’; algunas cifras que nos trae el periódico HOY, son elocuentes al respecto: 85,2 % de los ecuatorianos cataloga a la democracia entre poco beneficiosa y muy perjudicial, un alarmante 86,7% manifiesta que los partidos políticos no han contribuido a mejorar la participación y representación ciudadana, un 44,1 % y 38,1 % catalogan a la corrupción y pobreza, respectivamente, como los problemas más grandes que en 22 años de » democracia» de nuestro país no ha podido solucionar.
Todo esto nos transmite un mensaje muy claro: los partidos políticos no han logrado expresar el sentir de los ecuatorianos, pues existe una exclusión de la sociedad de las decisiones políticas, económicas. Los partidos políticos de derecha han demostrado hasta la saciedad ser la correa de transmisión de los intereses de grupos económicos del país y de las grandes empresas transnacionales.
La reconquista norteamericana y el dominio transnacional
La dependencia ya no solo económica sino política hacia las empresas transnacionales, cuyos intereses se expresan a través de las imposiciones de los organismos multilaterales (FMI, BM etc.), y la vinculación los intereses norteamericanos, se ha visibilizado a los ojos de la ciudadanía de manera fehaciente en la actual coyuntura.
Los delegados de las instituciones financieras internacionales se han convertido en virtuales ministros de economía que viene al país y se reúnen con el Congreso, con sectores de la sociedad civil, tratando de convencer sobre las bondades de los ajustes estructurales y medidas económicas, la adscripción al plan de control geopolítico del área andina a través del Plan Colombia (hoy iniciativa regional andina «IRA») y la utilización de la base de Manta como puesto de avanzada, todo ello constituye una muestra palpable de lo anteriormente expresado. La atadura al mercado » libre» a través del ALCA y, por tanto, la ruptura de los procesos de integración regional como el área andina, el Mercosur, se complementa con la dolarización impuesta en nuestro país. La deuda externa que es una punta de lanza de presión política, antes que económica se sella con el exterminio del Estado de bienestar (Welfare State).
Golpes directos a la economía de los ecuatorianos
En el país, si bien en los últimos años se hizo evidente los atracos a los dineros de propiedad del pueblo ecuatoriano, a través de políticas como fue el caso de la sucretización de la deuda externa privada, el caso del sobreprecio en los recolectores de basura, la utilización abusiva de los fondos reservados, etc., el pueblo no sentía que el Estado les arrebate directamente de sus bolsillos sus recursos, pero con el salvataje bancario y el congelamiento bancario, el Estado ecuatoriano ha transferido directamente al sistema bancario desde 1998, alrededor de 8.000 millones de dólares y solamente en el año 2000 se entregó 2000 millones de dólares; a pesar de esta cantidad de recursos entregados el sistema sigue en crisis y se sigue acudiendo en ayuda a los bancos y al sector financiero, todo esto ha hecho que se vea claramente la vinculación de la famosa banca y empresarios » eficientes» con quienes están en el poder. A esto se suma el atraco a los bolsillos de los ecuatorianos en lo que respecta a los pasajes de la transportación pública en la cual se les ha regalado 2 centavos por cada usuario en el transporte popular y 4 centavos de propina en el caso de los taxistas, que sumado a los cobros exagerados en la transportación interprovincial revelan la magnitud de la crisis al igual que nos muestran ese carácter corporativo y patrimonial del Estado.
El imperio de la corrupción y la impunidad
Todo lo anterior ha sido posible por cuanto se ha institucionalizado la corrupción, como un mecanismo «legítimo» de acumulación de las élites empresariales y bancarias, es así que la compra conciencias, la evasión de tributaria, la utilización de las aduanas como nidos de corrupción, son situaciones y espacios normales para el incremento de las grandes fortunas. Hoy tenemos toda una plétora de banqueros y politiqueros refugiados en una playa de Miami o «asilados» en cualquier país, y por otro lado hasta el momento no hay culpables de los asesinatos de Saúl Cañar, de Jaime Hurtado, de los asesinatos y heridos del levantamiento indio y campesino, etc. Estamos entrando en un umbral muy peligroso en donde el autoritarismo es pan de cada día, donde las leyes no sirven de mucho y el derecho a pensar diferente se ha constituido casi en un delito.
Salidas desde el poder: Cero tolerancia.
Así, queda evidente que este panorama interesa y conviene a los grupos de poder político y económico para desarrollar su estrategia de «tolerancia cero» y de esta manera justificar salidas autoritarias buscando fortalecer el presidencialismo (gobernabilidad), para lo cual resultaría muy óptimo no contar con el Congreso Nacional, (que de una u otra manera expresa la pluralidad política) desechando la necesidad de una mayor democratización del Estado y una participación real de la ciudadanía en la construcción de país. Desechando el aporte de los Gobiernos Locales Alternativos quienes para tener una excelente gestión, transparencia, eficiencia y eficacia, han asentado su poder en una amplia participación y decisión política desde la ciudadanía.
Esto conlleva un reto que a la vez se constituye en una responsabilidad ciudadana, social y política como es la de frenar la estrategia a la que nos quieren empujar desde los sectores dominantes, y de esta manera, nosotros, impulsar no parches legales o constitucionales sino un proceso de reforma política y económica de la cual se empodere la sociedad ecuatoriana al igual que también vayamos logrando una correlación de fuerzas y política favorable a los movimientos sociales.
La necesidad de un programa alternativo y reforma política
El programa de la Coordinadora de Movimientos Sociales, los planteamientos del Foro Ecuador Alternativo que aglutina a intelectuales, economistas, empresarios y políticos, las alternativas del Movimiento indio-campesino y las reformas que impulsa Pachakutik, deben ser los insumos para impulsar un programa alternativo y de reformas políticas, pero no puede constituirse en la sumatoria de las diferentes propuestas sino en la necesidad de llegar a espacios de acuerdo o pacto nacional que sobre la base y el compromiso de impulsar un PROGRAMA DE REACTIVACION PRODUCTIVA, INVERSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, EQUIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN DEMOCRATICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, podamos unificar planes de acción de corto, mediano y largo plazo que establezca las bases para un cambio profundo del país e impulsar las necesarias REFORMAS POLITICAS. Crear las condiciones políticas y sociales de una NUEVA CONSTITUYENTE , obviamente es una tarea titánica pero es necesario, no mirarlo como algo a realizarse inmediatamente, sino como un horizonte hacia el cual transitar.
Movimientos y momentos electorales
En este periodo, estamos cruzando el umbral electoral. Desde los partidos tradicionales, las cartas parecerían estar echadas ( Febres Cordero, Hurtado, Borja etc o con figuras » nuevas» como Álvaro Noboa, Velásquez etc ) pretendiendo que transitemos una vez más por el camino de crisis al que estos mismos sectores nos han sometido en estos últimos 20 años. Desde los sectores democráticos, progresistas y de izquierda, puede evidenciarse que se encuentran en un proceso de construcción de un Programa de Gobierno Alternativo, así como también en la búsqueda de los hombres y mujeres que puedan asumir responsablemente la tarea histórica de construir un Nuevo País. En lo económico, con el segundo asesinato del Sucre, ocurrida el viernes 8 de junio del 2001, la dolarización no ha logrado bajar sustancialmente la inflación, ni las tasas de interés, peor aún reactivar el aparato productivo y la generación de empleo. El régimen se empeña en apuntalar la dolarización vía privatización y crédito externo. De ahí su desesperación, por un lado, por la construcción del OCP, la entrega de los dineros del IESS a las Agencias Colocadoras de Ahorro Previsional, la segmentación de las empresas eléctricas, para proceder a su privatización (elevar el kilovatio hora de 4 a 12 centavos y hacer atractiva su venta) y, por otro, la obtención de créditos de las multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, puesto que el incremento del IVA no llena el hueco fiscal.
Práctica política de los actores.-
La Coordinadora de Movimientos Sociales y en general el movimiento popular, se encuentran ausente en esta disputa de reparto de poder y dinero, a pesar de que hemos presentado las demandas de inconstitucionalidad en torno al IVA, y hemos generado espacios para impedir la privatización del sector eléctrico, e incluso estamos en un momento de articulación y reconstrucción organizativa interna. El Movimiento Indio-Campesino, si bien ha demostrado su capacidad propositiva en las mesas de dialogo, se enfrenta a la falta de decisión política del régimen y no ha logrado romper su cerrazón en puntos que lo afectan directamente (Seguridad Social, OCP, privatizaciones -sector eléctrico-, Base de Manta). El Movimiento Pachakutik, en el Congreso Nacional, ha tenido que moverse en medio de » mayorías móviles» donde se privilegian acuerdos muy efímeros antes que programáticos. En cambio, quien sí está tratando de actuar programáticamente es el gobierno, de ahí que, con el cuento de no pertenecer a partido político alguno, juega a tres puntas y fortalece puentes con el PSC, la DP y el MIN. El FRA, de otra parte, juega a su clásica maniobra de oportunismo político: aprovechar el tumulto para sacar la mejor tajada . El eje de las mayorías en el Congreso están asentadas, por un lado el PSC y por otro en la DP y el PRE; el primero busca por todas las formas mantener las cortes de justicia como están , así como también tener una mejor correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional, tribunales electorales provinciales, y de las comisiones legislativas, mientras que los segundos buscan abrir el camino de retorno a Bucaram, y esfumar la multa que impuso al TSE a la DP por el ocultamiento de los dineros de campaña donados por Aspiazu a ese partido. Todo está reacomodándose con miras a la lid electoral, de ahí que es entendible que a la ID le interese neutralizar a la DP y al PSC neutralizar a Bucaram. En este panorama, los acumulados institucionales y extrainstitucionales nos encontramos con poca capacidad de enarbolar una lucha programática y de conjunto, es así que el Bloque del MUPP-NP aparece en la corriente del Congreso, la CMS, está invisibilizada en el escenario político y social, y el Movimiento indio-campesino aparece solitario y da la imagen de complacencia con lo que el régimen está realizando.
El camino
Ante este marco es importante que desde la CMS, el Movimiento Indio-campesino y Pachakuitk conjuguemos el acumulado histórico que tenemos para enfrentar de manera conjunta y coordinada una estrategia que rompa el círculo vicioso a la que nos está llevando el régimen y sistema político. Debemos impulsar un verdadero dialogo con al sociedad ecuatoriana e ir generando movilización y de esta manera perfilemos como un tercer actor que rompa con la perversa resolución de los conflictos y nos constituyamos en una alternativa real para el país, es el momento de abrir un nuevo momento político. ese es el reto.
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Paulina Palacios
Resumen ejecutivo
El recurso del agua se revela tan estratégico como el de la tierra. Para las organizaciones indígenas y campesinas el acceso al agua es un aspecto de vital importancia y tiene trascendencia por cuanto se vincula con la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Desde esta posición la autora analiza la propuesta del Fondo Nacional de Riego y recultivo de tierras degradadas presentadas por las organizaciones indígenas y campesinas en los procesos de diálogo con el gobierno, asimismo evidencia los motivos que tendría el gobierno para asegurar una sobrerepresentación en este Fondo y sus argumentos de inexistencia de recursos, lo que demostraría la incapacidad del gobierno por entender el problema de la seguridad y soberanía alimentaria nacional.
Antecedentes:
Si de una parte la tenencia de la tierra había desplazado a los pequeños campesinos, comunidades indígenas; el agua había sido también origen de muchos conflictos en el campo. Conflictividad que nacía a su vez del acaparamiento del recurso en manos de quienes también ostentaban la propiedad de la tierra. También, y con frecuencia, la necesidad del agua, su distribución y manejo ocasionó en muchas ocasiones problemas al interior de las comunidades o entre ellas.
El marco legal para el manejo del agua, es la Ley de Aguas promulgada y válida desde 1973. Allí se incluye al recurso dentro del patrimonio público del estado ecuatoriano, así como se intenta normar las concesiones del agua, los conflictos a causa de su manejo y la responsabilidad estatal en la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para su aprovechamiento. Asimismo, se institucionaliza el rol del estado.
En términos generales es una ley que introduce posibilidades de control del estado, estructuras judiciales, concesión del derecho de uso del agua; es decir, permite una superación parcial de los abusos que la mayoría de usuarios sentían por parte de los llamados «aguatenientes», otorgando potestades de mediar en los conflictos a diversas autoridades del estado.
La Reforma Agraria de Ecuador había minado intereses sin lograr redistribuir de manera equitativa las tierras, se proponía de una parte una verdadera Reforma Agraria, y de otra, un proceso que la revierta por su aparente fracaso. En ese marco en 1994 el sector agropecuario vinculado a las cámaras de la producción, a la gran propiedad, propone una Ley de Desarrollo Agrario.
En relación al agua la propuesta planteaba una mercantilización del recurso, convirtiéndolo en garantía prendaria o hipotecaria en transacciones financieras.
Desde inicios de la década de los noventa, dentro de la propuesta neoliberal surge la propuesta de privatizar el agua. Se argumenta la aparente escasez y desperdicio del recurso, y su imprescindibilidad para todos.
La situación de empobrecimiento que afecta a la mayoría de ecuatorianos, enfatizada en el campo, supone una mayor presión sobre los recursos naturales: tierra y agua básicamente. El estado de bienestar ha visto drásticamente reducido su ámbito de acción. No existen políticas que implementen la soberanía alimentaria, la sostenibilidad ecológica, los créditos para los pequeños agricultores.
Frente a esta situación, y tras el Levantamiento Indígena de enero del 2001, en que las organizaciones indígenas y campesinas del país unificaron su convocatoria, acciones y propuesta; uno de los puntos del acuerdo suscrito con el gobierno incluye la creación de un Fondo Nacional de Riego y Recultivo de tierras degradadas. Este ha sido un punto de partida para la reactivación de la agricultura de sostenimiento nacional, incluida desde hace muchos años en la agenda del movimiento indígena ecuatoriano.
En la propuesta de Ley de Aguas realizada participativa y colectivamente por las organizaciones indígenas y campesinas en 1996, se planteó la creación del Fondo para el apoyo a los sistemas de riego privados de tipo comunitario, que han sido construidos por organizaciones indígenas y campesinas, y que en general no han gozado de asistencia, ni apoyo ni crédito alguno desde el Estado.
Uno de los objetivos centrales que persigue la propuesta de creación del Fondo de Riego, es la de apoyar la agricultura sustentable de campesinos e indígenas que constituye la fuente de la Seguridad Alimentaria del país, conduciendo este proceso hacia la generación de una verdadera soberanía alimentaria.
Asimismo, como objetivos puntuales cabe señalar: la reactivación de la producción agrícola de los pequeños agricultores, coadyuvando a la generación de empleo, la optimización del uso del agua. Se pretende también conseguir un sustento económico que pueda generar estabilidad social en el campo.
La propuesta con sus justificativos técnicamente solventados, incluida la propuesta del marco legal se hallan en discusión en las mesas de diálogo de las organizaciones indígenas y campesinas con el gobierno nacional.
Existen varias dificultades en torno a este tema. De un lado el gobierno plantea la inexistencia de recursos, mientras las organizaciones solicitan un monto no menor a 25’000.000 de dólares para el primer año de implementación del Fondo, considerando los altos costos de las obras, trabajos y proyectos que financiaría.
De otra parte, las organizaciones proponen una amplia participación de sus representantes, así como de usuarios campesino – indígenas; y, el gobierno insiste en mantener más del 50% de representantes propios. Es necesario considerar los precedentes que dichas organizaciones proponen como justificativo a su propuesta: en el pasado, en diversas instituciones el gobierno y los representantes de las cámaras de la producción, vinculados a la agroproducción a gran escala o de exportación; siempre tuvieron mayoría y ello impidió un equitativo desarrollo y apoyo a sus necesidades y gestión.
Finalmente, siendo la propuesta para un Fondo de Riego Campesino, que perseguiría el apoyo a los sectores más empobrecidos del campo, se entiende que la representación significativa sea de sus delegados. Existen instituciones de desarrollo en las cuales de manera significativa, sino mayoritaria se encuentran delegados de los sectores de interés, así el caso de Zofragua, entre otros.
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