Boletín No 12

ICCI

Editorial

La democracia en Ecuador: Entre la ruptura y la emergencia de nuevas formas de participación social

La sociedad ecuatoriana y la estructura del poder vigente, están fracturados a partir de los acontecimientos del 21 de enero, cuando el movimiento indígena ecuatoriano, constituyó, por breves horas, un denominado «gobierno de salvación nacional». Por una parte, y frente a la amenaza política en la que se han constituido los indígenas ecuatorianos y los movimientos sociales, la derecha política del país se ha reconfigurado y ha establecido una alianza estratégica que le permite actuar como un bloque monolítico. Lo demuestra la reciente aprobación de un conjunto de leyes que dan paso a la dolarización oficial de la economía ecuatoriana, la privatización del sector público y la precarización de las condiciones de trabajo. De otra parte, los Estados Unidos han mostrado un renovado interés por los sucesos ecuatorianos y han enviado una serie de comisiones de trabajo al Ecuador, entre ellas, cabe resaltar aquella de Thomas Pickering, del Departamento de Estado para Asuntos Exteriores. Dentro de la geopolítica de los Estados Unidos, el Ecuador se inserta dentro de una región que aparece como altamente conflictiva, y en la cual está la presencia de nuevos fenómenos a los cuales hay que controlar política y militarmente, como es el caso de la guerrilla colombiana. En la subregión, el control territorial de la guerrilla colombiana, e incluso la presencia de un frente militar de las FARC a 70 kilómetros del Canal de Panamá, conjuntamente con las incertidumbres políticas que genera el régimen venezolano de Hugo Chávez, y la emergencia política de los movimientos sociales e indígenas en el Ecuador, le otorgan características particulares que han obligado al Departamento de Estado Americano, establecer prioridades de carácter económico, político y militar para el área. Ello explica la ayuda emergente a Colombia por cerca de 3.000 millones de dólares, y, por ahora, el ofrecimiento de un crédito por 900 millones de dólares al Ecuador, para respaldar su proceso de dolarización. En efecto, mientras que el ex Presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, no tuvo ningún apoyo ni del gobierno estadounidense, ni de las multilaterales de crédito como el FMI o el Banco Mundial, a pesar de su política entreguista (como habría de calificar a su política exterior por la cual se dio el voto ecuatoriano en contra de Cuba en las Naciones Unidas, o se entregó el puerto de Manta para una base militar norteamericana), el nuevo gobierno que emergió luego de los sucesos del 21 de enero, tiene, al menos, la promesa de un préstamo por 900 millones de dólares. Esta preocupación y alterta por parte de Estados Unidos, hacia un país que geopolíticamente aparecía como insignificante, demuestran el carácter «globalizado» que tiene la lucha emprendida por los movimientos sociales e indígenas del Ecuador, y la importancia incluso a nivel internacional que tuvieron los acontecimientos del 21 de enero. De otro lado, y frente a estos mismos acontecimientos, la derecha política del Ecuador, que defiende una determinada estructura de poder y de privilegios, se enfrenta ahora con el desgaste y la deslegitimación de una determinada forma de entender la democracia como una forma de articular y ejercer el poder. Lo que le ha obligado a adoptar una posición unitaria y consolidada en la actual coyuntura. Frente al desgaste y a la deslegitimación de la democracia, tal como ha sido impuesta en Ecuador, y que se asemeja más a una forma de control social y político, el discurso dominante apuesta por la defensa a la institucionalidad a través del respeto a la «constitucionalidad» del sistema democrático. Así, la democracia se reduce, desde la visión de las élites, a las elecciones y al respeto a la «constitucionalidad». Pero se trata más bien de un respeto entendido de forma estratégica y unilateral. Mientras que la acción del 21 de enero fue descalificada y deslegitimada, por las élites económicas y políticas, utilizando el argumento de la «ruptura de la constitucionalidad vigente», estas mismas élites no pusieron ningún reparo cuando tuvo que violentarse la Constitución vigente en Ecuador para impulsar el proyecto de dolarización oficial de la economía ecuatoriana. Este uso estratégico de los discursos jurídicos y políticos, ha desgastado profundamente el carácter de la democracia en Ecuador. En efecto, la democracia, tal como ha sido estructurada y concebida en el Ecuador, dentro de un modelo que tiene semejanzas con los modelos políticos de América Latina, se enfrenta a un doble reto: o bien la democracia, como modelo político de organización, participación y regulación social, se transforma, incorporando las nuevas demandas por mayor participación de sectores de la sociedad en la economía, en la política, en la creación de leyes, etc., es decir, y utilizando un pleonasmo, la democracia ecuatoriana opta por «democratizarse». O bien, la democracia se mantiene como un mecanismo formal de recambio de las élites en el control de la burocracia estatal, y de los poderes locales, perpetuando las condiciones de exclusión, autoritarismo, clientelismo y populismo. De ser este el caso, las posibilidades de que nuevamente se rompa el «orden constitucional» en Ecuador son bastante amplias, puesto que la acción política del movimiento indígena y de los movimientos sociales, contribuyó a abrir el espacio de lo público hacia nuevas formas de participación política, en una sociedad marcadamente racista, autoritaria y violenta. Las jornadas del 21 de enero del 2000, fueron una ruptura de una teconología política del poder que, irónica o paradójicamente, se ha denominado como «democracia», y abre un horizonte de luchas sociales caracterizadas, en lo fundamental, por una crítica a la democracia como proyecto formal de control político, y en la exigencia de que esta democracia existente vaya ampliándose e incorporando nuevas formas de participación y control social.

Algunas ideas sobre la sublevación del viernes 21 de enero

Por: Virgilio Hernández

1. Los hechos presentados en los últimos días de Enero de este año, son el resultado de una crisis múltiple, relacionada con la incapacidad del modelo neoliberal para solucionar los problemas del Ecuador; y con la pérdida de legitimidad del sistema representativo, lo que a su vez conlleva una fuerte resquebrajamiento de la institucionalidad y finalmente una crisis del Estado Nacional. 2. El ex- Presidente Mahuad había minado dos pilares básicos de su sustento: la capacidad y credibilidad. En 17 meses de gestión los problemas económicos, políticos y sociales se profundizaron, en más de un año no logró un acuerdo con el FMI, aunque paulatinamente había aceptado cada uno de los condicionamientos que le requerían. En lo político, iba del PSC al populismo, con una brevísima estancia en la centroizquierda. En lo social, institucionalizó una política de compensación a través del llamado «bono de la pobreza», descuidando la política social en su conjunto. Un elemento detonante sobre su credibilidad fue la comprobación que había recibido más de tres millones de dólares de un solo banquero que tenía litigios pendientes con el Estado. Este hecho esfumó su aureola de honradez, al punto que el 95% de los ecuatorianos aprobaba su salida. 3. Previa a la medida de la dolarización decretada el 9 de Enero del 2.000, los diferentes sectores, no sólo los movimientos sociales, sino también los grupos de poder, se empeñaban en la salida de Mahuad, incluso corría el rumor que el mismo presidente tenía la Carta de renuncia lista. Por otra parte, la oligarquía provocó una escalada especulativa del dólar, de un lado les permitió «licuar» sus deudas y, de otro, presionar para que el gobierno adopte la convertibilidad o la dolarización. El propio Presidente Jamil Mahuad, tres días antes del anuncio oficial de la dolarización, había manifestado que ésta constituía un «salto al vacío»; sin embargo, una vez adoptada la medida se constituyó en el mecanismo de cohesión de la derecha, de los sectores financieros y de los grupos de poder. La dolarización modificó el escenario y la correlación de fuerzas. La salida de Mahuad se constituyó en la tesis de los sectores sociales. En este aspecto, se cometió un error político: insistir en la salida de Mahuad, el desconocimiento del Congreso y la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, dejando en un segundo plano la dolarización que implica, de hecho, privatizaciones y flexibilización laboral. 4. El Parlamento de los Pueblos que se instaló el 11 de Enero del 2.000, constituye un símbolo importante de un nuevo liderazgo político y social. Participaron en él, más de 800 delegados de diferentes sectores y regiones del país. Sin embargo, en este importante espacio de poder paralelo se repite un límite que es común a la izquierda: discutir un programa máximo y descuidar las acciones emergentes, sobre todo la estrategia política más adecuada en las condiciones posteriores a la dolarización. Se insistió en la idea refundacional de la república, sin considerar otros escenarios como aquel de la sucesión constitucional, el golpe exclusivamente militar y una junta cívica, con participación de civiles y militares de una corriente progresista. Tal vez hoy no deberíamos analizar en qué nos equivocamos el viernes 21, día de la ocupación del Congreso, la Corte Suprema de Justicia e incluso por tres horas el Palacio Presidencial de Carondelet, sino en los objetivos mismos del levantamiento. Incluso en el plano militar, se confundió la espectacularidad de una acción de punta y con miles de gentes, con la correlación más estructural presente al interior de las Fuerzas Armadas. De otra parte, la posibilidad de participación de estos sectores generó la subordinación de la táctica, el proceso y los tiempos a una lógica diferente a la de la movilización social, sin considerar que en el escenario nacional se movían otros factores de poder que conspiraban contra una salida popular; tal es el caso de la embajada norteamericana, los organismos internacionales y los sectores vinculados al capital financiero, que, representados por el Partido Social Cristiano, se preparaban para combatir a la Junta de Salvación Nacional . 5. Un elemento con el que se ha pretendido deslegitimar la movilización indígena popular es el referido al rompimiento del sistema constitucional y la democracia. Respecto a lo primero, cabe señalar que en momentos de crisis se evidencia una creciente tensión entre Constitucionalismo y Democracia, pero, además, supone una visión de la democracia que acentúa su contenido sólo en los elementos políticos formales, dejando de lado lo que los institucionalista llaman ampulosamente: los «Rendimientos del Sistema democrático». ¿Es posible definir un valor per se de la democracia, sin referencia a los contextos particulares en que determinan su existencia en cada país? Si la respuesta fuese afirmativa, tendríamos que decir que en los años 90’s en América Latina y en el Ecuador, efectivamente se han instaurado sistemas electorales confiables, partidos políticos que se alternan y compiten por el poder, elecciones periódicas y permanentes; pero la democracia ha dejado de enrumbar las energías de cambio y las expectativas de la población, se ha desconstituido en medio de millonarias campañas electorales que convierten en una caricatura cualquier competencia electoral y, sobre todo, han vuelto invisibles los derechos sociales que las mismas Constituciones declaran. Seguramente por está razón, el 75% de la ciudadanía aprueba los objetivos del levantamiento y con ello vacía a la democracia de un componente fundamental: la soberanía popular. Por último, limitarse a los aspectos formales impide considerar que ha fracasado el régimen presidencialista y la demanda de control social que ya fue evidente en la movilización de febrero de 1997 que destituyó a Bucaram. No olvidemos que la Consulta Popular de Mayo de ese mismo año, instituyó la revocatoria del poder, sin embargo, la derecha conculcó esta voluntad popular y sólo la circunscribió a las dignidades seccionales. La movilización indígena despertó a las ciudades y al país. El planteamiento de refundar el Ecuador rearmó las expectativas de miles de personas, rompió con el mito de que no son posibles los cambios y nos devolvió el sentido de trascendencia de la acción política. Al mismo tiempo, el levantamiento transformó nuestros discursos: lo indio, la pluralidad y la diferencia sólo tienen perspectiva en función de que exista y se preserve un punto más amplio llamado Ecuador. En esta ocasión, lo indio no reinvindica sus propias demandas, sino encarna el eje de la reconstrucción de un nuevo país, el himno nacional es reconocido como síntesis de unidad, la posibilidad de la «común-unidad». Al mismo tiempo el sueño de los «shamanes», del que habló en varias ocasiones Antonio Vargas, Presidente de la CONAIE, es asumido como la fuerza mítica simbólica de la lucha social, no sólo de los indios. Es el factor subjetivo que alimenta la movilización de una identidad basada en la fuerza y reconocimiento de lo indio. La acción del 21 de Enero, fue un hecho más para consagrar la burla al poder: «la risa que impide que las penas se te vayan al alma», esta vez llegaba a los predios mismos, a los intersticios de la institucionalidad corroída. El viejo país se retorcía, y a la luz quedaban las diferentes conspiraciones de los sectores de poder y todos clamaban por la «democracia», ingenua y amenazada por la «alevosía» del levantamiento. 7. Asumamos, el desenlace es una traspié en el plano programático, pero no en lo político. Tenemos la obligación de construir un Polo Social Alternativo, que defina una estrategia global y a largo plazo. Es fundamental definir una coherencia global entre las instancias sociales y el papel que debe cumplir el Movimiento de unidad Plurinacional Pachakutik; asimismo el desafío de la unidad se vuelve un imperativo: hay que estar dispuestos a reconocer los límites de nuestros respectivos espacios y asumir la responsabilidad de una gran alianza política y social para enfrentar las fuerzas del neoliberalismo. Los Parlamentos deben convertirse en espacios que disputen los sentidos y la sensibilidad social en la confrontación con las propuestas autoritarias y neoliberales. Al fin y al cabo, a pesar de los «grandes pasos» no podemos olvidar que el poder se construye y para ello no sólo se requiere una nueva propuesta, sino también que la misma se encarne en la población, es decir construir una nueva hegemonía. El gobierno de Noboa recompuesto con el apoyo de la DP,PSC y populistas del PRE, sabe que desde el subsuelo se ha reconstituido una fuerza que sobrepasa los discursos, le otorga una razón de creer y soñar a los pobres del Ecuador. 8.- Hoy existen retos fundamentales, quisiera mencionar sólo dos: El primero está relacionado con la realización de la Consulta Popular, que tiene por objetivo transformar la estructura política y económica del país, al mismo tiempo que cumple un papel fundamental en la transformación de una conciencia social alternativa al neoliberalismo. El segundo reto está relacionado con el proceso electoral. A diferencia de quienes sostienen que estas elecciones solo son un adelanto del proceso de elecciones nacionales, es conveniente pensar en los objetivos específicos del evento que se realizará el próximo mes de Mayo. Tal vez conviene identificar esos objetivos. Un primer elemento que se debe contemplar es que hasta hoy la iniciativa en torno a la autonomía y descentralización ha venido de la derecha; la posibilidad de pensar un nuevo país pasa necesariamente por la democratización y descentralización del poder, son en los espacios seccionales en los que se va a discutir y definir la direccionalidad del rediseño del Estado. Un segundo aspecto tiene que ver con la importancia de recuperar otros espacios institucionales por fuera del Ejecutivo y el Congreso Nacional, no cabe duda que los Municipios y Consejos Provinciales están más cerca de la vida cotidiana y necesidades de la ciudadanía, si se lográ potenciar la participación, como se ha realizado ya en Guamote o Cotacachi, los Municipios pueden ser polos dinamizadores del desarrollo y la democracia. Por estas razones, conviene además, pensar en la obligación de tener una presencia significativa en la dirección de la AME y el CONCOPE, que generalmente han sido controlados por la derecha o el populismo. Existirán miles de retos más, pero ahora es importante diseñar una estrategia global. » Un paso adelante sin dejar de mirar lo caminado». Sin perder de vista el poder pero por hoy sacando la cabeza de «Carondelet» para escuchar con la sapiencia y paciencia que demanda nuestro apuro de construir un Nuevo País.

Pueblos indígenas y derecho internacional

Por: Miguel Berraondo López

1. -EVOLUCION EN EL DERECHO INTERNACIONAL Los pueblos indígenas han sido apartados del derecho desde el comienzo de su tortuosa relación con los pueblos no indígenas. Estos, no han hecho nunca el más mínimo intento de respetar las culturas diferentes de estos pueblos y han intentado acabar con todas ellas a través del exterminio o la asimilación. Los pueblos indígenas han sido, durante muchos siglos, ignorados totalmente por los legisladores y considerados como individuos inferiores al hombre blanco, sujetos a su voluntad y carentes del más mínimo derecho por el simple hecho de ser diferentes. Han sufrido esclavitud, persecuciones e incluso en muchos casos exterminio a manos siempre de unos individuos pertenecientes a una cultura más desarrollada tecnológicamente que les ha considerado siempre, incluso hoy mismo en algunos países, como un problema y un peligro molesto. Afortunadamente, y después de casi cinco siglos, por fin los pueblos indígenas comienzan a hacerse un hueco, por así decirlo, en los entramados legales nacionales e internacionales y en las sociedades actuales. Pero el comienzo de la lucha de los pueblos indígenas por ser respetados y tratados con igualdad es de larga data. Fue durante el periodo de colonización española en América cuando Bartolomé de las Casas criticaba y denunciaba el trato que recibían los indios y muy en particular el sistema español de la encomienda . A Bartolomé de las Casas lo siguieron otros juristas de la época, como Francisco de Vitoria, quien además de respaldar las teorías de Las Casas sobre la existencia de una humanidad esencial común a todos los hombres, bien fuesen indios y no indios, defendió la posesión por parte de los indios de un poder original autónomo y de unos derechos sobre sus tierras así como su condición de seres humanos . Otro gran jurista de la época, Hugo Grotius, considerado el padre del derecho internacional, coincidía con las tesis de Vitoria sobre los derechos de los indios en cuestiones de tierras y al afirmar también su condición de seres humanos, a pesar de sus diferencias notorias con el resto de seres humanos . Las opiniones de estos juristas tuvieron pocos seguidores en los siglos posteriores y en vez de avanzar hacia un reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas la dirección que se tomó fue la de la exclusión social y negación de todo tipo de derechos. Finalmente, fueron apartados del derecho internacional porque los pueblos indígenas no constituían Estados independientes y el derecho internacional era el derecho que regulaba las relaciones entre estados. Esta concepción ha durado hasta bien entrado el siglo XX, hasta que la proclamación de los derechos humanos fundamentales y la creación de los sistemas de protección para los individuos que los Estados están obligados a garantizar y respetar, ha revolucionado las concepciones tradicionales sobre el derecho internacional. El derecho internacional ya no es solo cuestión de los Estados, sino que también los individuos pueden beneficiarse de las normas del derecho internacional. Los pueblos indígenas apartados hasta la fecha de cualquier tipo de reconocimiento internacional, han sido objeto constante de políticas de exterminio o de asimilación brutales que han reducido el número de su población de manera alarmante. Además, se les han negado siempre los derechos más básicos simplemente por el hecho de no ser como los demás. Conscientes de la necesidad de trasladar su lucha fuera de las fronteras nacionales para unir sus fuerzas y comenzar la lucha por su supervivencia, vieron en esta evolución del derecho internacional, la ocasión propicia para comenzar un fuerte movimiento social en favor de sus derechos tanto individuales como colectivos. Fue en la década de los 60’s cuando comenzaron a escucharse voces en defensa de sus derechos y de sus culturas, principalmente para los pueblos indígenas de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, influenciados por los procesos de descolonización, los movimientos de derechos civiles y políticos y el apoyo financiero que comenzaba a encontrar mucha de sus iniciativas . Durante la década de los 70’s, las organizaciones indígenas siguieron organizándose y denunciando su situación por todos el mundo. Organizaciones regionales daban paso a otras nacionales y éstas a su vez formaban redes internacionales de organizaciones indígenas que ejercían mayor presión en los organismos internacionales. Hasta que finalmente las Naciones Unidas, en 1982, crearon en el seno de la subcomisión para la prevención de la discriminación y protección de las minorías, un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas con el fin de promover la protección y defensa de estos pueblos en el ámbito internacional. Según Julian Burguer, secretario del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, los pueblos indígenas han acudido «muy acertadamente a Naciones Unidas porque se han dado cuenta que sus problemas emanan generalmente de ámbitos superiores a sus fronteras estatales», y «porque han asumido que el mandato de Naciones Unidas también es para asegurar su protección y supervivencia y, por lo tanto, las decisiones, tratados y acciones que se llevan a cabo dentro del seno de Naciones Unidas también les afectan; porque los estados generalmente ni escuchan los problemas de los pueblos indígenas ni intentan resolverlos; y porque llevando sus problemas al ámbito internacional consiguen apoyos de otros países y organizaciones» . Durante las últimas décadas, los pueblos indígenas han creado un fuerte movimiento internacional, retomando las tesis de antiguos juristas sobre sus derechos y su condición de seres humanos que ha afectado directamente a las políticas estatales en materia indígena. Estas han tenido que ser modificadas, muy a pesar de muchos estados, en pro de la defensa y protección de sus formas de vida y no de políticas asimilacionistas o genocidas, como las que han soportado durante tantos siglos. Aunque siguen sufriendo constantemente amenazas y violaciones de sus derechos, ya nadie duda de su condición de seres humanos y de su titularidad de unos derechos humanos. Ahora la cuestión es definir esos derechos y adecuarlos a la especificidad de los pueblos indígenas. 2. – PROTECCION INDIGENA DESPUES DE LA DECLARACION DE DERECHOS HUMANOS. Al hablar de pueblos indígenas hay que tener muy claro que ante todo se está hablando de unas culturas diferentes que luchan por mantenerse como tales y no ser asimiladas por las culturas occidentales que las tienen cada vez más atrapadas y oprimidas. No hay ninguna definición internacionalmente asumida que distinga a los pueblos indígenas, pero de entre todas las más importantes se pueden destacar tres características comunes a todos ellos que les hace diferentes. Estas son:
  • La permanencia en el tiempo. Mucho antes de la llegada de los colonizadores y desde tiempos inmemoriales.
  • La auto-identificación como pueblos indígenas.
  • La voluntaria perpetuación de tradiciones y costumbres. Un modo de vida existente paralelo a las modernas culturas que preserva las culturas antiguas y sagradas.
Para hacernos una idea acerca de quienes estamos hablando cuando nos referimos a culturas indígenas, podemos decir que de las 5000 culturas existentes en nuestro planeta, el 95% de ellas son culturas indígenas, aunque poblacionalmente solo suponen el 4% del total mundial, o lo que es lo mismo, unos 300 millones de personas. Además, dentro de lo que es, y debería reconocerse así, como territorio indígena, aproximadamente el 7% del territorio mundial, se encuentra el 70% de la biodiversidad de flora y fauna actual . Precisamente, es esta riqueza de sus tierras y su aparente debilidad con respecto a las culturas supuestamente más desarrolladas la que ha hecho que hayan sido los pueblos más afectados por violaciones de derechos humanos. Sus características culturales, que en algunos casos son muchas y muy variadas respecto a nuestras culturas occidentales, ni siquiera fueron tenidas en cuenta. Nadie se paró a pensar que quizás podría haber gente en el mundo más interesada en mantener sus costumbres tradiciones y formas de vida que en subirse al carro del desarrollo moderno. Así que cuando estos pueblos surgen de los confines de la tierra y proclaman su derecho a seguir viviendo de acuerdo a sus costumbres sin integrarse en las culturas dominantes no se les toma en serio, no se les respeta y por si fuera poco, como constituyen obstáculos para el progreso al estar asentados en muchas zonas estratégicas para el desarrollo industrial, minero o económico, se les intenta destruir. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue hecha desde una óptica occidental, basada en los modos de vida y costumbres de las culturas dominantes en aquella época. Se establecieron unos derechos individuales siguiendo las concepciones individualistas del momento que situaban al individuo por encima de la colectividad y se pretendía protegerle de atrocidades cometidas por los gobiernos, como las que acababan de suceder durante la segunda guerra mundial. Por su parte las culturas indígenas tienen fuertemente asumida una dimensión comunitaria , que obviamente no se asume en la declaración universal y que motiva su gran interés por gozar de unos derechos colectivos. Unos derechos que la comunidad ejercería como sujeto y gracias a los cuales la comunidad podría garantizar su pervivencia, al reconocérsele posibilidades de autogobierno y derechos diferenciados. En el autogobierno encontramos otro punto de conflicto en el disfrute de los pueblos indígenas de los derechos universales. Ellos insisten en ser considerados como pueblos o como naciones. Con ello reclaman conexión especifica con un territorio, y el derecho de autogobierno y autodeterminación política, entendiendo así que es aplicable en su caso el derecho de autodeterminación reconocido a los pueblos en los pactos del 66. Estas reivindicaciones no solo desafiaban la concepción individualista de los derechos, sino que desafía también las demarcaciones de los Estados actualmente existentes . Otro punto de discordia se encuentra en los derechos relativos a la tierra. Las culturas indígenas están fuertemente arraigadas a las tierras de sus ancestros y, al contrario de nuestras culturas, la importancia de la tierra para ellos es vital. Esta especial conexión no ha sido nunca entendida por nuestras culturas y ha sido motivo de muchas de las violencias que los pueblos indígenas han sufrido y sufen hasta ahora. Además, como fruto de nuestra incapacidad para entender sus modos de vida, no hay ninguna referencia al mantenimiento del medio ambiente, ni en la declaración universal ni en los convenios del 66, siendo éste un de los ejes importantes de las culturas indígenas, ya que su supervivencia esta ligada a la protección de su base territorial. La Declaración Universal se muestra cada vez más incapaz de proporcionar una protección eficaz de los derechos de ciertos pueblos o culturas, como es el caso de los pueblos indígenas. El resurgimiento de culturas apagadas por la dominación colonial ha transformado la comunidad internacional de tal manera que la primacía de la cultura occidental es cada vez más cuestionada. Esto ha motivado que los modelos y estructuras occidentales sean muy criticados y que hayan surgido movimientos transformadores que reduzcan el dominio cultural de occidente. La declaración de derechos humanos es un claro reflejo de este choque cultural. Por un lado se afirma su carácter universal y, por otro, se le crítica por su marcada orientación occidental y por las tensiones que suscita en otras culturas como la islámica o la árabe. Si el problema se centrara en asumir que hay una serie de derechos inherentes a todo ser humano, que llamamos humanos, universales, que no pueden ser violados bajo ningún concepto, las discusiones acabarían pronto. Pero el debate no se queda ahí, se complica cuando se afirma que esos derechos universales son los contenidos en la declaración universal de derechos humanos, en la forma y contenido que fueron escritos 50 años atrás por el bloque de países que participaron en la redacción de la declaración. Es difícil afirmar la universalidad de esos derechos, en primer lugar, al contemplar la escasa pluralidad cultural del comité redactor, ya que todos pertenecían a culturas coloniales, y el escaso número de países que existían por aquel entonces, ya que la mayoría o estaba inmersa en procesos de descolonización o los iban a comenzar en breve. Y, en segundo lugar, al contemplar la escasa aceptación y respeto que tienen hoy en día, ya que, aproximadamente, las tres cuartas partes del mundo viven en Estados que no respetan los derechos humanos y estamos acostumbrados a ver noticias sobre masivas violaciones a los derechos humanos. Así que, cómo vamos a afirmar la universalidad de unos derechos que no se respetan en el mundo y que son violados a diario por todos los países que en su día aprobaron la declaración o se adhirieron a ella posteriormente? Las culturas indígenas son un buen ejemplo de esta escueta universalidad que rodea a la declaración de derechos humanos. Tal es así, que se está preparando en el seno de las Naciones Unidas una declaración de derechos indígenas que se adecúe más a las necesidades y características de los pueblos indígenas y que sea más efectiva en su protección que la declaración universal. Así pues, los instrumentos internacionales del momento distan mucho de dar una protección adecuada a los pueblos indígenas y a sus pretensiones. Así se lo afirma en el estudio sobre la discriminación contra los pueblos indígenas redactado en el seno de Naciones Unidas entre 1972 y 1984 . A pesar de la ausencia de referencias a las particularidades de los pueblos indígenas que hay tanto en la declaración universal como en las dos convenciones de 1966, no cabe duda que desde la proclamación de la declaración la situación de los pueblos indígenas ha mejorado, o por lo menos no ha empeorado. Dentro de las Naciones Unidas se ha producido un activo movimiento a favor de la protección de estos pueblos que se plasmó en la creación del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en 1982 y que se espera se adopte cuanto antes la Declaración de Derechos Indígenas, que se sigue discutiendo en el seno del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo es el único foro oficial al que las organizaciones indígenas pueden acudir para plantear sus problemas. Debido a la gran aceptación que ha tenido desde un principio, se ha convertido en un foro de máxima transcendencia para el futuro de los pueblos indígenas. En la actualidad, en el seno de este Grupo de Trabajo, que se reúne todos los años en Ginebra, se está trabajando un borrador de declaración de derecho indígenas, que, sin duda, contribuirá a la supervivencia de pueblos tan amenazados por el exterior. Otro órgano importante dentro de Naciones Unidas, es el Comité de Derechos Humanos establecido por el artículo 28 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, para resolver las denuncias individuales sobre violaciones de derechos humanos. Los pueblos indígenas han utilizado en diversas ocasiones este mecanismo, amparándose en el articulado del pacto, aunque principalmente en el artículo 27 referido a la protección de las minorías dentro de los Estados. A pesar de que no quieren ser considerados simplemente como minorías porque su situación es diferente y más especial, puesto que se remonta a los orígenes mismos de las civilizaciones, se han visto obligados a utilizar su condición de grupos minoritarios para lograr una cierta protección de sus culturas y modos de vida como pueblos, que de otra forma no hubieran conseguido debido al vacío legal existente en cuanto a la defensa y protección de estos pueblos. Además, a través del artículo 27, es el único modo que tienen de dotar sus denuncias con cierta perspectiva comunitaria que de otra forma sería imposible porque el procedimiento del comité es exclusivo para denuncias individuales. Dentro de las organizaciones regionales, tan solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos se ha mostrado activa en la defensa y protección de los pueblos indígenas. Esta organización tiene desde 1972 la defensa de estos pueblos como un compromiso sagrado por motivos tanto humanitarios como históricos . Como consecuencia de este interés por promover su defensa la comisión ha intervenido a lo largo de todos estos años en numerosos casos relativos a violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas. Casos como el de los indios «peasant» en Colombia y Guatemala o el de los indios «Miskitos» en Nicaragua, relativos a violacions de derechos humanos y otros como el de los indios «Guahibo» en Colombia, el de los indios «Aché- Guayakí» de Paraguay o el de los indios «Yanomami» en Brasil, relativos a la posesión de las tierras indígenas son algunos de los casos más trascendentales que la comisión ha analizado . 3. – CONCLUSION El derecho internacional y los pueblos indígenas siempre han estado en conflicto. El primero porque es el derecho creado por los estados para regular sus formas de relacionarse y los segundos porque son culturas diferentes que luchan por mantenerse tal y como son, fieles a sus costumbres y tradiciones, y no ser integradas por las culturas mayoritarias que son las que hacen las normas. Como consecuencia de esta situación, existe un gran vacío legal al respecto de cómo articular las relaciones entre los pueblos indígenas y los Estados porque no se acaba de entender muy bien quiénes son y qué quieren los pueblos indígenas. Constituyen una amenaza para la estabilidad nacional de aquellos países en donde tienen sus territorios cuando hablan de lograr reconocimiento, autogobierno…etc y por lo tanto, los gobiernos se muestran muy reticentes ante cualquier tipo de relación especial que para ellos debilitaría su unidad nacional. Pero los pueblos indígenas no quieren esto. Entre sus intenciones no figura el interés por debilitar naciones, simplemente quieren ser respetados en sus tradiciones y prácticas culturales. Y ello indudablemente sí que entraña modificaciones legislativas. Pero no solo dentro de aquellos estados en los que hay comunidades indígenas sino también a nivel internacional, porque estos pueblos son una realidad que esta ahí, que también forman parte de la comunidad internacional, y que necesitan acabar de una vez con los vacíos jurídicos que existen. El derecho internacional ha tardado quizás demasiado tiempo en tomarlos en cuenta. Ahora que se les reconoce como un grupo social débil necesitado de mayor protección que el resto, tal y como se afirmó en la conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, es el momento de colmar sus intereses y dotarles de un entramado jurídico acorde a sus culturas y tradiciones. Que asuma la visión comunitaria de la sociedad que poseen, que respete su estrecha conexión con la tierra que habitan, sus costumbres y tradiciones. La declaración de derechos indígenas acabará de una vez con el vacío legal existente hasta el momento y, sin duda, posibilitará una protección más real y eficaz a los pueblos indígenas.

¿Existen pueblos indígenas en la capital ecuatoriana?

Por: José Atupaña

Primera Parte: «Es tarea de todo runa <ser humano> hoy más que nunca, asumir retos y roles constructivos», sentenciaría un abuelo si nos atreviéramos a preguntarle: ¿Qué podemos esperar de una pasividad franciscana, de una mediocridad espantosa, de un quemeimportismo creciente o de un conformismo sepulcral? Iniciado el año dos mil no hay espacios para indecisos, apolíticos, «independientes» o parecidos. Todos somos hijos de la Allpa Mama, sin embargo, el ser humano se ufana en declararse «amo y señor» de ella; se afana en llamar a modernizar los esquemas de organización social o políticos caducos de la actual República del Ecuador pero, no es capaz, siquiera, de imitar a las imperceptibles y tesoneras hormigas y construir este país sobre el respeto a las culturas ancestrales y sabidurías milenarias. Tantos han sido los discursos retumbantes que se esparcieron en pedazos al explotar los raquíticos corazones y los perturbados cerebros de los recaderos de oligarcas e imperialistas, empeñados en cubrirse mutuamente saqueos y fugas de banqueros, ministros y jueces; es más, sus representantes que no son más de 30 ó 40 se turnan entre el Congreso, las Cortes o los Ministerios del Estado desde que este pobre país se constituyó en República. ¿Manejando qué argumentos se han mantenido como sectores de poder hasta la actualidad? Básicamente, son tres: en primer lugar, por su poder económico, logrado gracias al saqueo de nuestros recursos naturales, a la explotación inmisericorde del trabajador y a la apropiación de los dineros del Estado. En segundo lugar, a la existencia de un marco jurídico (incluido la Constitución), convertido en un catálogo de argumentos para defender sus trapacerías y que garantiza los intereses en forma exclusiva de estos grupos poderosos, a tal punto que todos los poderes del Estado están bajo su égida. Como resultado de esto se encuentra un tercer motivo, la existencia de una absurda democracia excluyente, racista, no participativa y orientada a dirimir solamente las contradicciones de los dueños del poder económico. Solamente sucesos como los ocurridos en los inicios del año 2000, destapan las ollas de grillos y delatan la caducidad producida por los manoseos y las imposiciones de los usufructuadores de las riquezas de los doce millones de ecuatorianos, parapetados atrás de la sombra del imperio norteamericano. Los empedernidos defensores de la dolarización no han dicho que su imposición encubre entre otras cosas la estrategia de estados Unidos para enfrentar al euro y afianzar su dominio en territorio americano bajo una sola moneda, el dólar. La globalización no constituye una solución celestial por la que debe optar el país a cualquier costo, a uniformar nuestras formas de pensar, en fin, ésta no es otra cosa que el monopolio más grande de la estafa para fabricar el mundo a imagen y semejanza del imperio. No hay otra forma de entender cómo por un lado proclaman «salvar al país» pero sólo salvan el país de los «banqueros», abren el diálogo con «todos» los sectores pero sólo se escuchan entre ellos, dando como resultado la imagen de una patria llena de parches autodestructivos. Mientras en los centros del poder y de decisiones se urden dramas y comedias, otros hechos más puntuales muestran el verdadero panorama social y político del país. La llegada incontenible de familias migrantes, desde todos los rincones del país a la ancestral Quito: ciudad con alrededor de dos millones de habitantes, con diversidad de pueblos, lenguas, culturas y formas de expresarse y producir; ciudad con matices sociales y desequilibrios espeluznantes; desde la agudización de la crisis económica de las familias, la desnutrición de los niños. ¿Los indígenas abandonan sus comunidades? «Si mi familia pudiera educarse dignamente, pudiera alimentarse como debe, si en los aspectos de salud fuera atendida, si tuviera la posibilidad de garantizar mi ingreso para el sustento familiar, jamás hubiera salido a un medio totalmente adverso como la ciudad», comentó un trabajador de la construcción. La presencia indígena en las grandes urbes es forzada, obligada por las políticas estatales y gobiernos con poco espíritu nacional, éste es el verdadero rostro de la atención estatal, sólo así se entiende la cada vez acentuada falta de fuentes de trabajo, la carencia de planteles educativos, la condición cada vez más retaceada y estéril de nuestra tierra a la que se ha sometido por la sordera permanente de las autoridades seccionales y nacionales. Llegamos a explorar nuevas condiciones de «vida», a colisionar con un mundo incrustado en una carrera sin rumbo y la guerra constante contra la insatisfacción, gracias al consumismo. Si preguntamos a los ya «quiteños» si su estancia en esta ciudad es solo por un tiempo limitado, pocos responden que desean mantenerse por mucho tiempo. La mayoría anhela volver a su tierra natal, a seguir junto a la chacra, a respirar aire puro, a percibir la libertad de los pájaros, a generar la alegría comunitaria que nuestros padres cultivaron como norma de salud. A propósito de esta consideración, la salida más simplista y mediocre sería la de impulsar su pronto retorno hacia sus lugares de origen. Esa ha sido la mentalidad con que han vivido los que han usufructuado las riquezas de nuestro país. No! No se trata de que se regresen. La verdadera urgencia consiste en generar condiciones políticas, sociales, culturales y de vida misma aquí en el medio urbano y también en el campo, pues en ambos espacios se recrean las más diversas formas acordes a sus características. Lo que se trata es que este proceso tenga un sentido constructivo y de desarrollo real de nuestro país, la posibilidad de retomar, de recrear la minga que genere riqueza, la opción creativa para que lideremos colectivamente el desarrollo nacional, donde la sociedad urbana entienda la gran riqueza histórica y cultural de los pueblos que conformamos el Ecuador. El reto de los habitantes de la ciudad radica en empezar a vivir procesos de autoencuentro y autoreconocimiento, de manera que germine desde sus entrañas la necesidad de conocer al otro, de valorar y aprender juntos. Es cierto que la idea de «abundancia», el «facilismo», las múltiples «oportunidades» del mercado, el inmediatismo atrajeron a muchos de nuestros wawkikuna (hermanos), quienes en un tiempo récord engrosaron las filas de nuevos «ciudadanos», convirtiéndose rápidamente en sujetos que viven al día, esclavos de la moda. Otros procurando ingresar a la competencia, a la superación individual, hemos desoído la cosmovisión de los pueblos indígenas que es colectiva, de asumir comunitariamente las responsabilidades, las decisiones, las luchas, los triunfos y las derrotas. Formas nuestras que se contraponen con la forma de ver y actuar de occidente que es individualista. ¿Etapa de la desaparición indígena en las grandes urbes o reconstrucción de los pueblos indígenas a partir de las mismas? ¿Cómo, indígenas en la ciudad, acaso Quito es un «pueblito» parroquial? ¡Hey, no digas eso, organización indígena en tu llacta, aquí es la capital del Ecuador! Quitate taitico! Ven guambrito, cargá este saquito! ¡Uf, ve, esa manada de longuitos parecen tus familias (refiriéndose a niños que salieron a recorren museos del centro histórico de Quito, en 1986)! S Para no retroceder más allá, en la década del 80 era común escuchar expresiones, gestos o actitudes como las indicadas que se confundían entre mofas y compasiones. Al entrar al año 2000, la milenaria ciudad de Quito, la que vio nacer a pueblos y culturas con miles de años de historia como Cotocollao, El Inga, Ilaló. Tierra que tanto amó Ataw Allpa (Atahualpa) por la gracia del Gran Señor su Tayta Inti, en cuyo centro da la sombra cero en los comúnmente conocidos equinoccios de marzo y septiembre, festividades y acontecimientos importantes, como el inicio del año indígena el 20 de marzo, la Gran Fiesta del Mushuk Nina, como la dedicada a la madre naturaleza, a la Pachamama, a la Mujer, a la fertilidad el 22 de septiembre, denominada Kolla Raymi. Quito que en las lenguas mayas significa el centro del mundo, que vio nacer a uno de sus intrépidos hijos que ofrendó su vida por defender la dignidad de su pueblo, por el amor a su tierra, a su historia, a su estirpe. Este Quito que hasta la actualidad h a recibido a sus hijos para defender el honor, el derecho a la vida, la dignidad del ser humano, la posibilidad de la continuidad de vida como la ocurrida recientemente que desembocó en los hechos del 21 de enero, cuenta con alrededor de dos millones de habitantes, de los cuales, algo más de 350 mil son indígenas y forman parte ya de esta urbe. Para graficar brevemente las estadísticas de la población indígena en el medio urbano mencionemos la más de 450 mil en Guayaquil y no menos de 150 mil en Santo Domingo de los Colorados, por tomar tres ciudades. Qui-tu como espacio histórico cultural, tierra que vio desarrollarse en su seno las múltiples manifestaciones culturales, que viera regarse la sangre de sus hijos y que posteriormente sería bautizada como Ecuador u «ombligo», teje ahora una nueva sociedad. Aquí están los pueblos indígenas conocidos como «los migrantes», quienes aseguran que son de y en Quito, mientras no se ponga sobre el tapete el sobrenombre impuesto por los geodésicos. Están en el centro, al norte y al sur de la ciudad; se han ubicado en los barrios periféricos. Se han organizado como miembros de una misma comuna o como jóvenes que practican una actividad similar tanto en lo deportivo como en lo cultural o de trabajo. Otras están en asociaciones de mujeres, de vendedores, de trabajadores de mercados (cargadores), de la construcción (peones y albañiles), otras formas organizativas como la de estudiantes y profesionales indígenas. El resto están organizados en pequeñas cooperativas de ahorro y crédito, de transportes, de comerciantes minoristas, en fin. Ahí están los Puruáhes de Chimborazo, los Guarangas de Bolívar, los Chibuleos de Tunguragua; cómo olvidar a los Panzaleos de Cotopaxi, cuyos miembros más destacados son los Tiguas en esta ciudad. Se suman los Imbayas de Imbabura. Los nombrados por estar en mayor número, pero no faltan otros pueblos como Saraguros que aportaron para la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas con uno de sus mejores y apreciados hijos, Luis Macas. Están los cañaris, los salasacas, los shuaras (sobre todo jóvenes que están preparándose en las diferentes universidades de esta ciudad). Es arduo aún el proceso de reencuentro de los indígenas en la ciudad, por lo que sigue en pie esta tarea de aglutinar a esa gran parte de la población que todavía no está organizada, pero que gracias a la enseñanza de nuestros jatun yayakuna (abuelos), muy pronto estaremos indisolublemente unidos. Este proceso ha sido lento, pero se desarrolla de manera progresiva con la decidida inserción del Movimiento de Organizaciones Indígenas de Quito (MOIQ), organización que por razones de carácter político y estratégico ha evitado la publicidad priorizando el trabajo en sus bases. Se sustenta en dos pilares de acción: Lucha incansable por la unidad de los pueblos, particularmente la de los indígenas y el otro, trabajo sostenido y progresivo en la reafirmación y desarrollo de nuestra identidad histórico-cultural. Definido así, para el MOIQ, no existe reinvindicación alguna, ni posibilidades de mejora en la calidad de vida sin la unidad en una realidad diversa, tampoco desarrollo sin identidad histórico, político y cultural. Ha preferido impulsar iniciativas de carácter educativo con la apertura de planteles de educación primaria y secundaria de carácter intercultural y bilingüe (quichua-español), la recuperación del valor de los espacios ceremoniales de nuestros abuelos como el Yavirac (Panecillo), generar espacios de encuentro, de reflexión y propuestas creativas para buscar soluciones a sus problemas a través del Proyecto Mishki Samari que se realiza todos los últimos jueves de cada mes; los espacios de recreación y uso del tiempo libre para los jóvenes y las familias a través del proyecto de Deportes (fútbol, ecuavoley y deportes ancestrales), Jornadas de capacitación y encuentros de socialización de experiencias con jóvenes, mujeres y líderes. En el propósito de generar participación y reencuentro entre los pueblos indígenas de Quito, se ha impulsado iniciativas de trabajo cultural a nivel de las comunas ancestrales de los alrededores de Quito, para quienes el inconsulto nombre de Distrito Metropolitano, no ha significado atención para sus necesidades reales, al contrario, las amenazas de usurpación y tráfico de tierras se mantienen a la orden del día. Consecuentes con el Mandato asumido se ha mantenido relaciones fraternas y de apoyo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua (ECUARUNARI) así como con la organización Provincial Pichincha Riccharimui. Creemos que este proceso desatado empieza a permitirnos cosechar los primeros frutos, esto requiere de un esfuerzo mancomunado donde dirigentes, organizaciones, todos y cada uno tenemos la responsabilidad de cuidar y desarrollar nuestro destino en un ambiente de armonía, de integralidad con prácticas reales de Interculturalidad siendo como es el Ecuador un país pluricultural y multinacional. Parte de esta realidad se ha empezado a vivir en Quito, con la declaratoria de algunos barrios que tienen una alta población indígena, de acoger y declararse comunas, propuesta que es altamente saludable, tomando en cuenta las nuevas formas de organización de los pueblos desde las urbes y de cara al nuevo milenio. Movimiento de Organizaciones Indígenas de Quito (MOIQ)

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