By icciec2024
Equipo Editorial Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas
Constantemente escuchamos muchas opiniones generadas a partir de escasa información y se van formando prejuicios y, copiando incluso, formas de pensar que garantizan el mantenimiento del poder en los mismos grupos económicos que han gobernado el país; así como, la geopolítica y economía internacionales, a las que Ecuador se encuentra sujeto.
En este boletín hemos revisado el Informe del Comité Permanente de los Derechos Humanos, levantado por Billy Navarrete y Valeska Chiriboga en 2021, revisitándolo a la luz de los conflictos que hace pocas semanas surgieron en Olón, a propósito del proyecto inmobiliario de la empresa Vinazin S.A., que pretendió construir el proyecto inmobiliario ECHO, en Olón, Santa Elena; siendo el espacio territorial ancestral de la comuna de Olón. Pensamos en la importancia de dialogar sobre lo que, desde cada espacio territorial del país, entendemos como territorio ancestral y ancestralidad, así como las amenazas que actualmente enfrentan los proyectos de vida de las nacionalidades y pueblos.
Otro tema de gran actualidad, tiene que ver con la situación de los subsidios a los combustibles, que como se mencionaba, aparecen como verdades incontrovertidas sobre las que se basan para disponer medidas que afectan a la economía de todos y todas, como dicen muchos grafitis en Quito: “sube la gasolina, sube todo”. En este caso, damos paso a la voz de las y los trabajadores de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo; en texto cedido por los dirigentes de dicha agrupación.
En muchas instancias del movimiento indígena y de las organizaciones y compañeros/as de nuestro contexto social y político, nos preguntamos mucho sobre los sentidos que guarda la situación en Oriente Medio. Es uno de los temas en los cuales más inciden posiciones de interés económico, político, ideológico en la comunicación y construcción cultural y mediática. En este boletín le hemos pedido a la docente Gilda Guerrero que nos acompañe con una colaboración en la cual resaltamos la síntesis histórica – cronológica sobre la crisis palestina-israelí de 2023-2024. Es nuestra propuesta ir generando diálogos sobre esta dolida situación que vive la humanidad, escuchando las voces desde la pluralidad en la que hemos asentado la esperanza como procesos de lucha y resistencia en Ecuador.
En el mismo sentido, en esta vuelta del Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, al tiempo de procesar el diseño y publicación del presente boletín, nos congratulamos sobre el dictamen emitido a través de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre Consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental; en el cual dicha Corte, concluye que las acciones de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales y requieren medidas urgentes para rectificar la situación y garantizar el respeto del derecho internacional y los derechos del pueblo palestino.
Territorios en resistencia: COMUNAS POR EL DERECHO A LA REIVINDICACIÓN DE LA ANCESTRALIDAD EN GUAYAS Y SANTA ELENA
Equipo Editorial Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas
Sobre territorios ancestrales
En el análisis de Catherine Walsh y Juan García, el territorio ancestral se define como un espacio geográfico controlado cultural, social y políticamente por las comunidades. Esta ocupación continua protege conocimientos y valores, asegurando la armonía entre humanos y naturaleza. Para ambos, la ancestralidad se basa en la memoria histórica y la tradición, elementos esenciales para la identidad y supervivencia cultural.
Los territorios ancestrales no solo garantizan la continuidad de la vida y la cultura de las comunidades, sino que también son fundamentales para la defensa de sus derechos colectivos. Estos territorios deben ser espacios comunitarios donde se ejerza autoridad sobre los recursos y los procesos sociales y políticos. La memoria histórica y la ocupación cultural legitiman estos derechos, más allá de las leyes estatales.
Sin embargo, hoy en día, la mayor amenaza para los territorios ancestrales es la desterritorialización. Este fenómeno, según los mayores, implica la pérdida del derecho ancestral y el desconocimiento y negación del Estado al derecho jurídico y al reconocimiento legal para vivir en estos espacios territoriales. Cuando las comunidades con derechos ancestrales reconocidos en las leyes y convenios internacionales pierden estos derechos frente a nuevos derechos, el Estado desterritorializa a esas comunidades, negándoles el reconocimiento de un derecho fundamental: el derecho al territorio donde siempre han vivido.
En el contexto de Santa Elena, esta perspectiva subraya la importancia de reconocer y proteger los territorios ancestrales, ya que potencian los derechos colectivos de las comunidades, asegurando su identidad cultural y su derecho a la autodeterminación.
Las comunas ancestrales en Ecuador tienen una larga historia que precede la conquista española. Estas comunidades han persistido a través de procesos de resistencia y reivindicación de derechos. Sin embargo, las comunas en la costa ecuatoriana enfrentan un proceso de invisibilización en comparación con las comunas de la región sierra. Esto se debe en gran parte a la intervención de grupos de poder y élites económicas en la zona costera.
Según Silvia Álvarez Litben, la reconfiguración de los territorios comunales en la costa ecuatoriana está profundamente influenciada por la intervención de las élites económicas, quienes, a través de estrategias legales y económicas, han buscado apropiarse de tierras comunales. Este proceso de despojo ha sido facilitado por políticas neoliberales y una débil protección estatal de los derechos territoriales de las comunidades. Las comunas costeras, a diferencia de las de la sierra, han enfrentado un proceso de invisibilización, en parte debido a la percepción de que no constituyen «comunidades indígenas» en el sentido tradicional.
Las comunas de la costa han demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación, manteniendo prácticas culturales y formas de autogobierno a pesar de las presiones externas. Sin embargo, estas comunidades también han sufrido fragmentación interna debido a intervenciones asistencialistas de ONG y fundaciones, que han debilitado su cohesión social y cultural.
Álvarez destaca la importancia del territorio como un espacio de reproducción social y económica, así como un marcador de identidad étnica y política. La lucha por la tierra y el territorio es, por lo tanto, una lucha por la supervivencia cultural y la autodeterminación de las comunidades. Las políticas públicas y las intervenciones estatales deben reconocer y proteger estos derechos, promoviendo la autonomía de las comunas y fortaleciendo sus estructuras de autogobierno.
Las élites económicas han influido significativamente en los territorios ancestrales, generando conflictos y precarización laboral. A pesar de la prohibición de la venta de tierras comunales, se han registrado más de 25,000 hectáreas en la provincia de Santa Elena y Guayas involucradas en ventas ilegales e invasiones. Las élites suelen desafiar el derecho a la tierra de las comunas basándose en ideas esencialistas de la identidad indígena.
La influencia de las élites económicas ha afectado la identidad de los pueblos indígenas, especialmente en la costa. Existe una percepción errónea de que los indígenas pertenecen únicamente a la Sierra o la Amazonía. Investigaciones antropológicas destacan la invisibilización de las comunidades indígenas costeras y su lucha por el reconocimiento y la conservación de su identidad y derechos.
Las comunas de la costa ecuatoriana, como Engabao y Valdivia, enfrentan conflictos territoriales debido a la usurpación de tierras por parte de empresas y grupos de poder. Estos conflictos reflejan la lucha continua de las comunas por defender sus territorios ancestrales y sus derechos frente a la privatización y venta ilegal de sus tierras.
El informe subraya la importancia de reconocer los derechos ancestrales de las comunas como un derecho humano. Se recomienda que el Estado ecuatoriano implemente políticas públicas que respeten la interculturalidad y los derechos territoriales de las comunas, en conformidad con la Constitución y los tratados internacionales.
La Constitución del Ecuador reconoce los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, incluyendo el derecho a la autodeterminación, a mantener y desarrollar sus identidades y culturas, y a la propiedad comunitaria de las tierras. Además, se señala que los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, refuerzan estos derechos.
A pesar de este marco legal, las comunas ancestrales en Guayas y Santa Elena enfrentan múltiples violaciones a sus derechos. Entre las problemáticas más graves se encuentran:
Despojo y Usurpación de Tierras: Las comunas han sufrido la apropiación ilegal de sus tierras por parte de empresas privadas y grupos de poder. Estas acciones violan el derecho a la propiedad comunitaria y generan desplazamientos forzados. Casos documentados muestran cómo las tierras comunales son invadidas y luego vendidas ilegalmente, afectando la subsistencia de las comunidades.
Criminalización de la Protesta: Los líderes y miembros de las comunas que defienden sus territorios y derechos son frecuentemente criminalizados. Se enfrentan a procesos judiciales, amenazas y violencia, lo cual limita su capacidad de organización y resistencia.
Falta de Reconocimiento y Visibilización: La invisibilización de las comunas de la costa como pueblos indígenas limita el acceso a programas y políticas de protección. Esta falta de reconocimiento también afecta la identidad cultural y el ejercicio pleno de sus derechos.
Precarización Laboral y Económica: Las comunas enfrentan condiciones de precarización laboral, con bajos salarios y falta de acceso a servicios básicos. Esto contrasta con la explotación de sus recursos por parte de actores externos.
El informe propone varias recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos de las comunas ancestrales:
Implementación de Políticas Públicas Inclusivas: El Estado debe desarrollar e implementar políticas que reconozcan y respeten los derechos territoriales, culturales y económicos de las comunas. Estas políticas deben ser inclusivas y considerar las particularidades de las comunidades de la costa.
Fortalecimiento de la Autonomía y Autogestión: Es crucial promover la autonomía de las comunas mediante el fortalecimiento de sus estructuras de autogobierno y la autogestión de sus recursos. Esto incluye el apoyo a proyectos de desarrollo sostenible liderados por las comunidades.
Protección Jurídica y Acceso a la Justicia: Se debe garantizar el acceso a la justicia para las comunas, protegiendo a los líderes y miembros comunitarios de la criminalización y la violencia. El Estado debe proporcionar asistencia legal y protección frente a amenazas.
Visibilización y Reconocimiento de Identidad: Es necesario visibilizar y reconocer oficialmente a las comunas de la costa como pueblos indígenas, asegurando su inclusión en censos, programas de desarrollo y políticas interculturales.
El Enlace entre el Poder Económico y Político
En Ecuador, los grandes grupos económicos y financieros operan de manera monopólica y están fuertemente interconectados con el poder político. Estos grupos, con fundamentos familiares y basados en encadenamientos productivos asociados al mundo financiero, han utilizado su influencia para litigar, incluso ante la Corte Constitucional, la legalidad de la tenencia y propiedad de tierras ancestrales, como es el caso en Santa Elena. María Eugenia Paz y Miño destaca que estas tierras, de identidad Guancavilca, han sido objeto de despojo sistemático.
Un ejemplo reciente es el caso en Olón, Santa Elena, donde la esposa del presidente Noboa, perteneciente a la tercera generación de un importante grupo económico, ha sido denunciada por comuneros por arrasar zonas de manglar y otras áreas de interés ecológico para desarrollar proyectos inmobiliarios. Este grupo, conocido como el grupo Noboa, fue el primer grupo económico en Ecuador hasta fines del siglo XX (Luis Fierro Carrión, 1991), y en un estudio más actualizado, ha bajado al puesto 20 (Luis Fierro Carrión, 2019). Esto revela un interés persistente del grupo en muchas acciones del presidente.Este fenómeno no se limita a Santa Elena y Guayas. En otros territorios indígenas de la Amazonía y la Sierra, los pueblos ancestrales también enfrentan desterritorialización. La riqueza natural de estos territorios los convierte en objetivos de los grandes grupos económicos, que buscan explotarlos sin considerar el valor esencial que tienen para la vida y la continuidad histórica de los pueblos que los habitan.
En conclusión, la defensa de los derechos territoriales de las comunas ancestrales no solo es una cuestión de justicia, sino también de preservar la identidad cultural y la supervivencia de estos pueblos. Es fundamental que el Estado y la sociedad reconozcan y protejan estos derechos frente a los intereses económicos y políticos que amenazan con destruirlos.
Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo
El Estado, a través de Petroecuador, produce, importa y comercializa los combustibles que mueven el país. Los ecuatorianos, al vivir en un país petrolero, tenemos derecho a beneficiarnos del ahorro que representa la producción nacional a bajos costos.
LA HISTORIA RECIENTE DE LAS MENTIRAS SOBRE LOS SUBSIDIOS:
En octubre de 2019, el gobierno de Moreno habló de un aproximado de 1400 millones de dólares de “subsidio” a la población que consume diésel y gasolinas extra y ecopaís para el sector automotriz. Las cifras que fueron difundidas, sin determinar el método de cálculo, permitieron “justificar” la promulgación del Decreto 883, que en lo fundamental elevaba drásticamente el precio de estos derivados del petróleo, y acarreaba el consecuente encarecimiento de la vida.
En esa misma línea, en el 2020, aprovechando la pandemia, Moreno estableció el sistema de bandas a través del Decreto 1054, que mes a mes incrementó el precio de los combustibles.
En octubre de 2021, ya con Guillermo Lasso como presidente, se congelaron los precios de los combustibles después de un incremento del 46% para las gasolinas y del 90% para el diésel.
Para junio de 2022, una nueva movilización popular presionó a la baja al precio del diésel y la gasolina extra, fijando el precio en 1.75 dólares por galón para el diésel y 2.40 dólares por galón para la gasolina extra y ecopaís.
Desde esa fecha, a pesar de que los trabajadores de la energía y el petróleo expusimos con claridad las verdaderas cifras de los famosos “subsidios”, ha continuado una campaña mediática tendiente a la elevación del precio, mediante “focalización”. Las cifras varían dependiendo del interlocutor y el medio de comunicación; hoy hablan de subsidios de 4500 millones de dólares, otros de 6800 millones, es decir de cifras astronómicas que justificarían “que la situación no es sostenible”.
Paralelamente, se mantienen vigentes los contratos que permitirían la importación directa de combustibles por parte de privados, usando infraestructura del Estado, suscritos en 2021 y 2022. Los capitales privados esperan ansiosos la elevación del precio para poder hacerse finalmente del jugoso negocio.
LA MATEMÁTICA NO MIENTE: EL VERDADERO VALOR DE LOS SUBSIDIOS
Históricamente nos han hablado del subsidio a los combustibles y el gas de uso doméstico, sin hacer mayor ejercicio que la multiplicación del precio internacional por la demanda del país, menos el precio de venta al público. Hoy, han llegado inclusive a la desfachatez de ubicar el valor de los subsidios como el equivalente al valor de importación, como si el combustible se regalara en el mercado interno sin cobrar nada por éste.
Sin embargo, desde los distintos gobiernos, ninguno ha explicado el por qué de este cálculo simple si somos un país petrolero, que además refina el 45% de la demanda nacional de combustibles y; por otro lado, también exporta un significativo volumen de derivados.
ANTEP, a partir de datos oficiales de la estatal Petroecuador, desde 2019 analizó los costos e ingresos resultado del proceso completo de refinamiento, transporte y comercialización de los derivados del petróleo. Hoy podemos presentar las cifras desde 2019 hasta 2023.
¿Cómo se calcula? En el Ecuador, los combustibles para satisfacer la demanda nacional se obtienen a partir de dos procesos, el primero es la refinación de petróleo en los tres principales complejos del país (Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad), y el segundo, mediante mezclas de derivados
producidos localmente con naftas importadas. Del proceso de refinación del crudo, no sólo se obtienen gasolinas y diésel, sino muchos más productos que incluyen también fuel oil, asfalto, solventes, GLP, Jet A-1, AVGAS, lubricantes, nafta base, gas natural, gas natural licuado, residuo crudo, azufre, gasóleo, etc.
Por tanto, si queremos determinar los costos en los que incurre el Estado para satisfacer la demanda interna, debemos incluir en el cálculo el costo de producción de la materia prima (petróleo), su transporte, refinación y comercialización, sumando los costos de importación de derivados para mezclas (en estos cálculos están incluidos los costos de inversión). Este total, comparado con los ingresos por ventas, da el valor global de los subsidios, que como demostramos, eran inexistentes hasta 2021.
Es importante tomar en cuenta que el petróleo que se carga en las refinerías debe ser calculado con el costo de producción de Petroecuador, no al precio internacional. Ecuador es un país petrolero que tiene costos bajos de producción de crudo y cuenta con tres refinerías para producir derivados del petróleo.
Para el primer paso, se debe determinar los costos de producción en refinerías, para lo que se obtiene los siguientes cuadros de 2019 a 2023:
De los informes estadísticos de Petroecuador para cada año, se obtiene también los costos de importación, los ingresos por venta interna (a precios regulados) y exportación de derivados (esto debido a que algunos de los derivados que se obtienen del proceso de refinación no son demandados localmente, pero sí a escala internacional como el jet fuel. el gasóleo y el fuel oil). De aquí se puede obtener el siguiente cuadro para el proceso productivo global (incluye todos los combustibles, inclusive GLP):
Con los datos antes presentados, podemos llegar a varias conclusiones. La principal, ya desde el 2019, antes de la liberación de los precios de los combustibles, no existía subsidio, situación que se extiende hasta 2021.
En el 2019, el balance final del proceso registró una utilidad de USD 152,52 millones para Petroecuador. Este monto sube a USD 280,27 millones en el 2020 y a USD 683,59 millones en el 2021.
En el 2022, por el elevadísimo precio del petróleo y las naftas que se importan a precio internacional, sumado a la rebaja del precio de venta interno del diésel y la extra en junio, se tiene por primera vez un subsidio que llega a 752.53 millones de dólares. Para 2023, como se reduce el precio internacional del petróleo, el valor del subsidio baja a 271.87 millones de dólares. En ambos casos, las cifras son mucho menores a los 3200 millones que, por ejemplo, el portal Primicias recoge en su nota de prensa del 30 de enero de 2024, como cifras oficiales.
LO ÓPTIMO NO ES LA FOCALIZACION, SINO AUMENTAR LA CAPACIDAD DE REFINACIÓN
Otra conclusión obvia, es que el proceso de producción de derivados para satisfacer la demanda interna se autosustenta a partir de la comercialización de todos los productos obtenidos. Esto aun tomando en cuenta que la eficiencia de refinación en nuestras plantas es baja. Por tanto, la solución para eliminar subsidios y tener superávit, no está en elevar el precio, sino aumentar la capacidad de refinación de nuestras plantas, es decir reducir costos. Producir nuestros propios combustibles cuesta cerca de cuatro veces menos que importarlos.
No es correcta la afirmación de que el Estado está “regalando” combustibles. Nadie nos regala nada, simplemente estamos aprovechando nuestros recursos para mantener estables los costos de la energía, y por tanto los costos de la producción nacional de bienes y servicios.
Elevar precios de los combustibles, en la práctica, significa que la mayoría de la población subsidie a los grandes grupos económicos, a los que se ha aprobado constantes y recurrentes remisiones tributarias. Elevar el precio de los combustibles, como en el caso de la última elevación del IVA, es una medida directa contra la mayoría de la población. Esto incluye la focalización, que busca elevar los precios a la mayoría, manteniéndolos bajos para la minoría, que incluye inclusive ciertos sectores empresariales.
Acoger a la humanidad compartida: un análisis desde el diálogo internacional sobre la crisis palestina-israelí de 2023-2024
Gilda Alicia Guerrero Salgado
El conflicto entre Israel y Hamás ha movilizado varias opiniones y posiciones que van desde discusiones geopolíticas hasta el análisis del espectro político derecha/izquierda. Este artículo, en cambio, pretende salir de esa discusión y centrarse en la formación histórica (estatal y nacional) de estos dos pueblos, en las consecuencias del conflicto y en la contención del conflicto en el marco de la seguridad internacional y estudios de paz. Se comienza, entonces, con una mirada fuera del Estado.
¿Quiénes son las víctimas de este conflicto?
Primero, la gente.
El 7 de octubre de 2023, miembros del grupo armado Hamás, Movimiento de Resistencia Islámica de origen palestino, reconocido como terrorista por parte de la comunidad internacional, atacaron el Sur de Israel. Estos hombres llevaron a cabo masacres en los kibutz (comunas agrícolas) de Be’eri, Nir Oz, Netiv Haasara, entre otras. Igualmente, asesinaron a varios jóvenes en un concierto (Fiesta Nova), cercano a la zona de ataque.
Esta fue una brecha de seguridad impensable para uno de los países con mejor defensa del planeta, siendo el territorio que está en el puesto número 2 del Índice Global de Militarización (cifras de 2022, Centro Internacional de Estudios de Conflictos de Bonn).
El ataque dejó un rastro de violencia nunca visto en Israel: la cifra total de muertes, de acuerdo con el servicio de seguridad social del país indica que murieron 695 israelíes, incluidos 36 niños. A eso se suman 373 miembros de fuerzas de seguridad y 71 extranjeros que vivían o residían en los kibutz o que estaban en Nova. 1139 personas (France 24, 2023).
Hamás también tomó rehenes: 250 personas fueron arrancadas de sus hogares y llevados a la Franja de Gaza. No solo israelíes: el grupo contiene personas de nacionalidad mixta y trabajadores de Estados Unidos, Tailandia, Francia, Rusia, Nepal, Argentina, Ucrania, Reino Unido, Canadá, Rumania, Austria y Brasil (RTVE de España, Caballero, octubre 2023).
La incursión del 7 de octubre es la operación terrorista más mortal de la historia desde 1970, si se toman pérdidas humanas. El 9 /11, la caída de las Torres Gemelas representa el referente de mortalidad, con alrededor de 3000 personas asesinadas en un solo día, de acuerdo con el análisis del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, CSIS (Byman, et.al, 2023).
A eso se añade el nivel de violencia: las ejecuciones, tortura y violencia física y sexual perpetradas han sido documentadas por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel (Consejo de DDHH, 2024). La comisión ha realizado la primera investigación en profundidad sobre lo sucedido el 7 de octubre, sobre la base de entrevistas a víctimas y testigos, junto con el trabajo en elementos de código abierto, análisis forense, trabajo médico.
El reporte, publicado el 12 de junio de 2024 indica que hay indicios de crímenes de guerra perpetrados por Hamás: “ataques contra civiles y asesinato o homicidio intencional se cometieron disparando y asesinado a residentes de kibutzim. y otros espacios civiles, incluidos mujeres, niños y personas de edad, y disparando indiscriminadamente proyectiles contra zonas pobladas.” (Consejo de DDHH, 2024, p. 16).
No obstante, la represalia sobre la población en la Franja de Gaza, de donde partieron los hombres armados de Hamás, ha sido indiscutiblemente terrible. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), (junio de 2024) y con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, han muerto, al menos 37.266 palestinos (Relief.web, 2024)
El reporte de la comisión de Naciones Unidas señala las graves afectaciones a la población civil y enormes responsabilidades del gobierno israelí. De hecho, sobre los ataques y operaciones de Israel en Gaza y en los Territorios Ocupados, la comisión concluyó que las autoridades israelíes y de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FSI) cometieron probables violaciones al derecho internacional, crímenes de guerra e, incluso, crímenes contra la humanidad. La acción del Estado sería, en pocas palabras, un castigo colectivo a la población palestina de Gaza, bajo lo indicado en el derecho internacional Humanitario. Hubo violación directa de la precaución, distinción y proporcionalidad de acciones armadas. Para mayo de 2024, se contabilizaron 14 mil muertes de niños, niñas y adolescentes en la franja (cifras de diario El País, Deiros, 2024).
Con esto, es posible observar la gravedad del caso. Un ataque terrorista de un grupo armado de altísima violencia. Un gobierno que responde de una manera brutal y que acaba con miles de personas en bombardeo, desplazamiento y asedio.
La pregunta es el por qué. ¿Cuál es el origen de esta violencia?
Construir naciones
La rivalidad palestina e israelí no comienza en el siglo XXI. Es una historia que se remonta al año 70 DC.
En el año 63 AC los romanos ocuparon la zona de Judea, la región reivindicada por Israel en la actualidad. La relación entre estos pueblos, romano y judío, era conflictiva por razones económicas, políticas y religiosas. Esta tensión termina con la revuelta del año 66, una guerra en la que los judíos logran repeler a fuerzas romanas y que inició un asedio hasta el año 70, cuando las tropas del Imperio Romano entraron a Jerusalén y destruyeron el Templo judío.
Posteriormente, la provincia de Judea fue escenario de varias revueltas, siendo la más famosa la revuelta de Simon Bar Kojba en el 132, quien fue asesinado en 135. Adriano, emperador romano de la época, en un intento de borrar a Judea del mapa, le dio un nuevo nombre: Siria Palestina. Los judíos, mientras tanto, recibieron el peor castigo: la prohibición de entrar a Jerusalén, su ciudad santa.
Sin Templo, sin Jerusalén, sin recursos, los judíos comenzaron la Diáspora, quedando una minoría en lo que fue Judea. El viaje llevó a las comunidades judías a todo el mundo, sin olvidar su sentir de pueblo. En Pascua y Yom Kippur (fiestas religiosas) brindaban para un retorno: “El próximo año en Jerusalén”.
Las tensiones con las comunidades a donde los judíos llegaban no se hicieron esperar. Matanzas de judíos, conspiraciones y una discriminación sistemática, provocaron que los judíos buscaran un Estado. Con este objetivo, se funda el movimiento sionista a fines del siglo XIX.
Y aquí es cuándo la historia del territorio de Palestina, los árabes y los judíos, se entrecruzan.
Mientras los judíos vivían la Diáspora, Palestina se volvió parte del Imperio Romano de Oriente (Bizantino) que, con el emperador Constantino, se volvió centro religioso cristiano.
En el año 634 DC, sin embargo, se alzó una fuerza imparable: los musulmanes árabes ocuparon Siria Palestina. Ante esto, los europeos, con el fin de recuperar esta tierra para el cristianismo, pelearon las Cruzadas. Así, cristianos y musulmanes disputaron esta tierra hasta que un nuevo imperio, el Otomano, tomó la zona. Este dominio. que inició en 1453, y que terminó con la derrota de los otomanos en al Primera Guerra Mundial (1914-1918), consolidó a la presencia árabe y musulmana.
La Primera Guerra Mundial es el semillero del conflicto actual. De hecho, en 1917, en plena guerra, los sionistas lograron que el ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur James Balfour[1], firmara una declaración dirigida al barón Lionel Rothschild, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. Esta Declaración de Balfour hablaba de la simpatía al sionismo y a sus aspiraciones de tener un hogar nacional en Palestina, sin perjudicar a las comunidades no judías de la zona.
Esta acción política, por supuesto, no era gratuita. Servía para amedrentar y dividir al Imperio Otomano, en guerra con los ingleses. No obstante, para poder lograr más apoyo y debilitar aún más a los turcos otomanos, los ingleses negociaron con los rebeldes árabes de Oriente Medio. Una de las relaciones más importantes se dio con el jerife Hussein, príncipe de La Meca, quien colaboró con los ingleses para derrotar a sus enemigos turcos, a través de su hijo Fáysal. Como pago a este apoyo, Hussein pidió la formación de un Estado Árabe (incluía Palestina). En 1919 el Congreso Nacional Árabe declaró en Damasco la soberanía árabe sobre Siria (que se entendía como Siria, Líbano, Jordania y la zona disputada de Israel y Palestina).
Al final de la guerra, las promesas a los árabes no se cumplieron. Los británicos tomaron Palestina que se llamó el Mandato de Palestina.
Ahora, los judíos europeos habían logrado de los otomanos espacios en Palestina (desde finales del siglo XIX). Fundaron kibutz y ciudades… Y comenzaron a tener disputas con sus vecinos árabes en Palestina. Esto llevó a enfrentamientos graves como la Matanza de Hebrón de 1929 (producido por la controversia sobre el control judío del Muro de los Lamentos ) (BBC News, s .f.).
La inestabilidad de la zona continuó hasta la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto produjo la migración masiva de judíos europeos. Así, el 14 de mayo de 1948, bajo la ONU y el plan de partición de dos Estados, un árabe y otro judío, se declaró la independencia de Israel. Un día después, Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano entraron en guerra con el recién formado Estado, quien vence el combate, el primero de varios en el siglo XX:
¿Qué sucedió con los palestinos árabes desde 1948 y en el marco de estos conflictos? Perdieron su territorio y fueron desplazados. Esta catástrofe se conoce como Nakba, episodio que hace referencia a los palestinos expulsados de zonas tomadas por Israel. Tras la firma de los armisticios con los países árabes (1949), Gaza quedó bajo control egipcio, Jordania se anexó la Ribera Occidental. Así, los palestinos dejaron sus hogares en zona ocupada y se trasladaron a la Franja de Gaza y a la Ribera, Siria, Jordania y Líbano. Casi 6 millones de refugiados sin Estado (UNWRA, s.d.).
Esos refugiados han protagonizado varias resistencias, violentas o no, contra de Israel. En principio estos esfuerzos se aglutinaron alrededor de la Organización para la Liberación de Palestina que desde 1973 es la representante política del pueblo palestino en zonas ocupadas: En el año 1993 se reconoció a la Autoridad Palestina sobre Gaza y Cisjordania. Actualmente, Al Fatah, brazo político de la OLP, gobierna Cisjordania.
Sin embargo, Al Fatah no llegó a consolidarse y el movimiento Hamás, Movimiento de Resistencia Islámica, nacionalista y radical islámico, se tomó el gobierno de la Franja de Gaza. Se muestra contrario a todo proceso de paz implique a Israel (Las Heras, 2024). Desde 2006 no hay elecciones parlamentarias en la Franja de Gaza, de donde salieron las brigadas que cruzaron a Israel el 7 de octubre de 2023. Los israelíes, en uno de los intentos de pacificación, habían salido de Gaza en 2005.
Soluciones radicalizadas
Desde hace 76 años Naciones Unidas intenta implementar la llamada “Solución de los dos Estados”. Gaza y Cisjordania serían el Estado Palestino cuyos líderes reclaman también a los Altos del Golán (tomado por Israel en 1967) y a Jerusalén del Este (tomado de facto por Israel en 1980).
Como se comentó, en 1993 las partes buscaron, en los Acuerdos de Oslo, una solución estable. Israel seguiría como responsable de la seguridad del cruce entre Egipto y Jordania, así como de los israelíes que aún estaban en Gaza y en Cisjordania. El tratado también permitió la formación de un gobierno palestino: la Autoridad Nacional Palestina (Petrino, s.f.). El asesinato, por parte de un ultranacionalista judío, del Primer Ministro israelí Isaac Rabin, una figura moderada que buscaba la paz, estancó el proceso.
La posición de Palestina se ha ido endureciendo, tanto por la radicalización de sus líderes, como por las acciones de violencia estructural de Israel, que ha tolerado, por ejemplo, la presencia de asentamientos judíos en zonas de Cisjordania, consideradas ilegales por la comunidad internacional. A eso se añade una estructura de discriminación (apartheid) señalada por Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (s.fl).
Actualmente, gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel es, justamente, conservador, nacionalista y radical. La izquierda israelí, abierta a un diálogo, es minoritaria en el Knéset (parlamento). No obstante, más y más partidos se suman a la oposición de la política de Netanyahu. El centrista liberal Benny Gantz, líder de la mayor fuerza opositora y que aceptó un gobierno de coalición, se ha separado de Netanyahu por lo que considera un mal manejo de la crisis actual (Keinon, 2024).
Israel parecería tener una política de un solo Estado al momento. La posición de Palestina se divide entre el radicalismo de Hamás y la debilidad de Al Fatah.
¿Cuál es el futuro? ¿Cuál debe ser el análisis?
El conflicto, hasta junio de 2024, ha escalado hacia Yemen y el Líbano, donde fuerzas pro Hamás (hutíes y Hezbollah, con ayuda de Irán) atacan a Israel, que tiene apoyo occidental. Ante esto, las dos preguntas de este apartado son complejas. Parecería que el mundo se ha dividido entre dos visiones radicales: una supuesta expulsión de los israelíes en favor del pueblo palestino, o, el terminar con u supuesto terrorismo imbricado en el contexto palestino.
La misma formación de Israel en 1948 estuvo plagada de errores: la falta de responsabilidad británica en el contexto poscolonial, la llegada de refugiados del Holocausto que no se medió claramente con la población histórica, en lógica que se ha identificado como colonialista. A esto se añade la negativa de diálogo por parte de los países árabes, que atacaron a Israel agravando el contexto y sin proteger a los judíos de sus territorios que migraron para fortalecer al Estado recientemente fundado.
Johan Galtung, sociólogo noruego, señalaba que los conflictos no pueden resolverse por presión o por fuerza. Deben entenderse como un triángulo, donde la punta visible es la violencia directa (lo que vemos en el día a día de la guerra desde el 7 de octubre), pero hay que entender el origen de esa ira (las razones históricas revisadas en este texto, que han llevado a violencias estructurales y culturales, ver Calderón Concha, 2024).
Para ambos pueblos la tierra es su identidad, su historia y su mandato divino. Con esto, expulsar a los israelíes o presionar más a los palestinos solo llevará a mayor caos y radicalización. No solucionamos las bases de la violencia directa.
Figura No. 3. Triángulo de la violencia de Galtung
Por lo tanto, la solución podría estar en el plan de partición de los dos Estados, en la desradicalización y el diálogo. En la voluntad política de las partes. No obstante, Occidente exacerba el contexto polarizándolo. Es fundamental el cese al fuego y lograr llamar a partes a negociación, a través, tal vez de una mediación externa. Así, puede bajar la violencia directa. El primer paso, más que declaraciones políticas, es salvar vidas. Todas. Lograr algo de seguridad internacional.
Luego está el cambio de actitudes culturales, el fin de comportamientos violentos y logar que las necesidades de ambos pueblos sean protegidas (como indica Galtung). Eso lleva generaciones. No obstante, es posible. Francia y Alemania bajaron sus intereses conflictivos hacia la cooperación en la Unión Europea. Perú y Ecuador pudieron cerrar su frontera después de un conflicto de más de 50 años.
En junio de 2024, un grupo de rehenes fue rescatado después de la intervención de las fuerzas israelíes. El resultado fue la liberación de 4 rehenes y cientos de muertos entre combatientes y civiles palestinos. La reacción fue dividida, como todo en este conflicto, pero cabe señalar la posición del Embajador Majed Bamya, observador permanente adjunto del Estado de Palestina ante la ONU. Bamya se alegró del hecho de que Noa Argamani, una de las rehenes rescatadas, pudiera llegar a ver su madre, enferma de cáncer terminal. El embajador recibió fuertes críticas. ¿Cómo podía alegrarse por una victoria del invasor?
Un fragmento de su respuesta es la siguiente:
Recibí algunas (y aisladas) reacciones agresivas e insultantes después de haber expresado alivio de que Noa pueda estar al lado de su madre, que padece cáncer terminal. Como dije antes, perdí a mi madre a causa del cáncer y aprecio cada segundo que pasé a su lado, incluso los más difíciles. Permítannos ver al otro como un ser humano y relacionarnos con su sufrimiento. Eso no es traicionar a nuestro país ni a nuestra causa. Eso es negarse a abandonar nuestra humanidad. (…) (Bamya, 2024. Traducido por la autora)
Tal vez, parte de la solución del problema en este conflicto, que ya es global por los actores y reacciones involucrados, es encontrar esa humanidad compartida. Sí, hay intereses hegemónicos, historias de colonialismo y violencia. No obstante, llega el momento en que las espadas deben bajar. La paz, decía Galtung, es transformar los conflictos con empatía, sin violencia y creativamente.
La paz es un proceso, no un Estado. Y no es la alienación de uno de los combatientes. Quedarán cicatrices. Pero la seguridad de palestinos e israelíes, y la seguridad global, está en ese diálogo.
Tal vez, esta crisis es el momento para comenzar este proceso.
La CIJ declara la presencia de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados como ilegal
Equipo Editorial Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas
Consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental
Dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un dictamen en el que declaró que la presencia continua de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados es ilegal. Esta decisión, adoptada por once votos contra cuatro, subraya varias obligaciones y consecuencias para Israel y la comunidad internacional.
Obligaciones de Israel
Obligaciones de los Estados Miembros de la ONU
Violaciones de Israel
Declaraciones del Secretario General de la ONU
António Guterres, Secretario General de la ONU, reafirmó que las partes deben retomar el camino hacia la resolución del conflicto conforme al derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU. Subrayó que la única solución viable es la creación de dos Estados, con Israel y un Estado palestino independiente, coexistiendo pacíficamente dentro de fronteras seguras y reconocidas, basadas en las líneas anteriores a 1967, y con Jerusalén como capital de ambos Estados.
Solicitud de Opinión Consultiva
La solicitud de la Asamblea General de la ONU para la opinión consultiva de la CIJ se remonta a una resolución de diciembre de 2022. La CIJ fue requerida para evaluar las consecuencias legales de las políticas y prácticas de Israel, incluyendo la violación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, la prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, y las medidas discriminatorias asociadas.
La CIJ concluyó que las acciones de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales y requieren medidas urgentes para rectificar la situación y garantizar el respeto del derecho internacional y los derechos del pueblo palestino.
[1] Texto equipo editorial ICCI, sobre la Opinión consultiva de la CIJ, noticia relacionada en: https://news.un.org/es/story/2024/07/1531361
