By icciec2024
Luis Macas
21 de marzo
Alli shamushka kachun, MUSHUK NINA, MUSHUK WATA, PAWKAR PACHA, PAWKAR RAYMI.
Bienvenido el nuevo fuego sagrado, el nuevo año para los que somos de estas tierras, bienvenido el florecimiento, al aparecimiento de los frutos tiernos, a la energía del equinoccio que nos ubica en un punto de equilibrio, al momento de revivir nuestras esperanzas por la vida.
EL RENACER DEL ICCI
A finales de la década de los 70 e inicios de los 80, surgimos con la propuesta de reencontrar y reaprender en el pensamiento, en el caminar y las palabras de los abuelos, taytas y mamas que nos legaron un mundo, una visión y una vida, traída desde sus orígenes por miles de años y sostenida a través de luchas y resistencia histórica. La búsqueda en la reafirmación de nuestra continuidad histórica, la reconstrucción de nuestro mundo, el sumak kawsay conlleva grandes compromisos y sacrificios, desde pensar quiénes somos, basados en nuestras propias coordenadas, en los sentidos profundos de los tiempos, espacios y la vida “RUNAKUNAMI KANCHI”, a siglos de negarnos. La mira hacia el horizonte propio advierte que la identidad como estandarte de dignidad posibilita cumplir nuestros sueños, nuestros pasos, nuestra palabra, hacia la autodeterminación, cambiar el mundo.
La gran preocupación de la época: las luchas por la recuperación de territorios, guardaba relación con los procesos fuertes de opresión y discriminación; lo identitario, o la lucha por la dignidad de los pueblos, en tanto que el despojo territorial significa despojo cultural, la enajenación encubierta en los instrumentos de educación oficial. Por lo que nos preguntábamos ¿qué hacer?, ¿habría que acudir a las experiencias anteriores de la educación propia? Estas reflexiones y cuestionamientos internos permiten construir una propuesta para la educación de los pueblos indígenas; primero, a través de combatir el analfabetismo en nuestras comunidades, a partir de la aplicación de conocimientos milenarios y metodologías propias, el legado de contenidos culturales, la historia, la concepción y práctica de lo comunitario, las lenguas originarias. En la época, nuestra organización mayor la ECUARUNARI, con su presidenta, la compañera Blanca Chancosa y otras organizaciones indígenas, se decide activar el proceso de educación para los pueblos indígenas, la alfabetización en lenguas propias. Lo que dio origen a la declaración de la campaña nacional de alfabetización por parte del Presidente de entonces, Abg. Jaime Roldós Aguilera, una política que fue dirigida por las propias comunidades a través de sus líderes y lideresas, lo que significó, que fuéramos entretejiendo los mismos pueblos en materia educativa.
La construcción de esta experiencia nació en un reducido equipo de compañeros y compañeras en la Universidad Católica del Ecuador (Quito), luego del acuerdo con el gobierno y las organizaciones indígenas, varios compañeros técnicos, hombres y mujeres de diversos pueblos se incorporaron al equipo técnico inicial de la Universidad y otros compañeros/as con experiencia educativa fueron designados como coordinadores y promotores nacionales de la campaña nacional de alfabetización de adultos para pueblos indígenas, bajo la dependencia del Ministerio de Educación. En consecuencia, para levantar esta campaña se concretó en la firma de un convenio tripartito: el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, la Universidad Católica como responsable del componente técnico pedagógico, y las organizaciones indígenas encargadas del proceso de organización de la campaña en comunidades y territorios propios. Se había elaborado materiales educativos para la alfabetización y post-alfabetización en lenguas propias: cartillas para lectura y escritura, cartillas para matemáticas, cartillas de aplicación metodológica, con contenidos propios en lengua propia, como producto de un riguroso proceso de investigación, pensado en la dimensión de nuestra historia y las perspectivas del movimiento indígena. Sobre todo, se había puesto en común la base de que desde nuestro pensamiento comunitario se pudiese alimentar una educación para la liberación, considerando una ética que se entraña en la misma comunidad. Este esfuerzo, aupado por muchos, que recuperaba líneas de trabajo previas, deja de tener respuesta del gobierno; el Presidente Roldós había muerto, la campaña masiva se aniquiló, la organización del proceso educativo en las comunidades se debilitaba, era sensible la ausencia de capacitación, la escasez de materiales necesarios en la comunidad. Había cesado todo el impulso inicial de la campaña, ante este escenario, la búsqueda de alternativas surgió desde varios compañeros/as en el convencimiento de no detenerse en el propósito: “de la crisis surge la iniciativa” o la crisis se convierte en oportunidad. Es el momento de nacimiento de una entidad convertido en instrumento intermedio, a través del cual los indígenas técnicos, educadores, puedan tratar los conocimientos, lo técnico, científico frente al poder del Estado.
La muerte trágica de Roldós, se traslada en el tiempo y espacio, lo que transformamos en sueños, ideas, palabras al interior de un núcleo de compañeros/as para luego convertir en el Instituto Científico de Culturas Indígenas ICCI, un título rimbombante, no solo por sus objetivos, sino por una necesidad política, una vía estratégica para esconder la finalidad social frente a la persecución, la represión de los sectores sociales y populares que vivió el país, bajo el gobierno de León Febres Cordero.
Aún como una entidad de hecho en 1984 y 1985, el ICCI actuó en las comunidades, apoyando en el área de capacitación para la educación. El 12 de septiembre de 1986, se legaliza el Instituto Científico de Culturas Indígenas ICCI, mediante Acuerdo Ministerial No. 21843, emitido por el Ministerio de Bienestar Social, como una institución sin fines de lucro, con 28 compañeros fundadores, provenientes de varias provincias del país.
Muchos de los compañeros ya no se encuentran con nosotros, como Juan Lligallo, Pedro Ushiña, José Guashima y otros. Esta vez somos pocos, pero con fuerza y voluntad. El tema de la educación para el ICCI fue el motivo de su nacimiento, una primera etapa de trascendencia tanto por su creación como una primera entidad indígena con características particulares, y por la presencia en las comunidades en las épocas de mayor complejidad política de la historia.
Podríamos ubicar como una segunda etapa o época del ICCI, cuando dio inicio a una actividad inédita en el mundo indígena, tiene relación con la apertura de una línea editorial, marco en el cual se publican pequeños materiales de reflexión, de análisis, que no estaban limitados para los pueblos indígenas. Así, el boletín mensual ICCI-RIMAY; la revista de publicación semestral YACHAYKUNA, publicaciones de MEMORIAS, de investigación, como EL IDIOMA DEL PUEBLO PUQUINA, RELACIONES INTERCULTURALES en la provincia de Esmeraldas, La Construcción de la Propuesta de Educación Superior para Pueblos y Nacionalidades Indígenas AMAWTAY WASI, APRENDER EN LA SABIDURÍA Y EL BUEN VIVIR, desde el propósito de una educación liberadora, a partir de nuestra visión, desde nuestros paradigmas, nuestras ciencias; en el entendido de que no existe un solo pensamiento, una sola forma de conocimiento, una ciencia, pese a que el mismo sentido de universidad hace referencia a un solo pensamiento, a una verdad universal.
La propuesta AMAWTAY WASI, es repensar la educación, en su integridad, desde la educación inicial hasta la educación superior, desde este diferenciar, nos obliga a pensar en la descolonización del pensamiento, nos sentimos en la necesidad de desaprender varios conceptos y prácticas inapropiados, para reaprender lo nuestro, la armonía, la vida. Pues, siempre en el marco de la plurinacionalidad y la interculturalidad, una propuesta del movimiento indígena hacia una convivencia entre la diversidad. Convencidos de que la interculturalidad se construye con la palabra compartida, con la posibilidad de abrir Diálogos entre todos y todas. La segunda línea de acción del ICCI en esa época, tuvo relación con la capacitación, en especial dirigida a la juventud, de hombres y mujeres, tanto en el ámbito central como en territorio. Del mismo modo, la línea fuerte del ICCI, conocida en el ámbito nacional son los CONVERSATORIOS-RIMANAKUY, que han convocado al debate, a diversos sectores sociales y populares. Esta vez, el Boletín de la tercera época, es levantar Diálogos-Rimanakuy, conversatorios, discusión política, análisis, debate académico, desde una pluralidad de voces, abonar en los acuerdos internos del movimiento indígena, de las organizaciones sociales.
El ICCI – ARY, de manera permanente ha encontrado y alimentado la categoría de plurinacionalidad como una necesidad de construir el país de todos y de todas. Se considera que a más de reivindicar lo indígena como necesario, en un país racista que ignora, oculta, contrapone o desprecia lo indígena, los indios dijimos “nada solo para los indios”, como la expresión más decisiva para construir y definir la plurinacionalidad y no como un acto de generosidad de parte de los indios, sino como un elemento político de cohesión respetando los otros, reconociendo lo diverso, pero con un elemento común, el futuro para todos. Cosa que adolecía y adolece el proyecto de las élites que excluye a los demás y solo contrapone sus intereses.
El reencauce del ICCI, tratará de recuperar todos aquellos sentidos, en una época de crisis profunda, de muchos dolores para nuestros pueblos, pero con el impulso de las energías del Mushuk Nina que junta los corazones de varias voluntades, de los que empezamos con este fuego nuevo, sagrado; la energía de jóvenes para volver a tejer en esos textos de análisis de coyuntura, reflexiones al calor de la historia misma; propuestas ante las medidas políticas y económicas que pretenden borrar con todo; el riesgo inminente que atraviesa la madre naturaleza y la humanidad por la codicia de pocas ambiciones insaciables. Esta etapa del ICCI como un empeño, una necesidad urgente, la de la construcción colectiva de los contenidos y alcances de la plurinacionalidad, como una tarea colectiva, abandonada o postergada por las urgencias de la coyuntura.También se quiere avanzar en descifrar, detallar conocer mas a profundidad lo comunitario, como elemento genuino, valedero frente al mundo y al sistema competitivo, excluyente, acumulador y depredador. Consideramos que estamos en un tiempo, una época en las que es necesario enfrentar las nuevas manifestaciones de la crisis, que necesitan nuevos aportes, lenguajes y alternativas que sean construidas colectivamente.
Y finalmente, recalcar que este es un esfuerzo por que se manifieste el pensamiento y la propuesta política desde la práctica y no solo desde la intelectualidad, separada de la vida comunitaria. Como ICCI, en este primer boletín nos proponemos retomar la discusión, así como la capacitación desde la reflexión, el diálogo intercultural. Abordamos la temática de la seguridad con Luis Córdova; pautas de reflexión sobre la Consulta del próximo 21 de abril, trabajada por el equipo editorial y una reflexión profunda del tiempo político con David Chávez.
Esta vez venimos para caminar bastante y entre todos, quedarnos en comunidad. Y, con el conocimiento de muchos de ustedes y experiencias de años, venimos con la esperanza puesta en común, ir construyendo desde la plurinacionalidad. Estamos aquí para cumplir en minga, para trabajar unidos y para entregar nuestras esperanzas a los demás.
Para apoyar y honrar lo que somos, trabajar sin descansar.
La encrucijada frente al «conflicto armado interno» en Ecuador
Luis Córdova A [1].
Dentro del abanico de opciones para el control policial de la protesta, la criminalización de los inconformes ha sido frecuentemente utilizada en Ecuador y América Latina. Sin embargo, el «conflicto armado interno», decretado por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero del 2024, cambia el escenario político estratégico. A las tácticas reactivas –como la criminalización de la protesta o la represión en las calles– se suman otras posibilidades, como la formación de autodefensas y estructuras paramilitares. Por tanto, el actor con mayor poder de veto por su capacidad de movilización en las calles –el movimiento indígena y campesino ecuatoriano– enfrenta una restricción inédita para su acción colectiva. Aquí analizo dos aspectos de esta encrucijada.
La privatización de la seguridad
La flexibilización de la tenencia y porte de armas en Ecuador, a partir de las reformas introducidas por el expresidente Guillermo Lasso, en abril de 2023[2], levantó más críticas que aplausos. Pero no se trató de un dislate. Al contrario, ya en su plan de gobierno, Lasso recogió una vieja aspiración de gremios agroindustriales que demandaban más armas para su protección. En febrero del 2023, Lasso incluso designó como Gobernador del Guayas a Francesco Tabacchi, hasta entonces el presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, uno de los gremios que más demandó esta medida[3]. Esto estimuló el importe de armas y municiones por vía legal.
Pero hay que añadir tres factores que expandieron el mercado ilícito de armas en el país y alimentaron la espiral de violencia.
Uno, el tráfico de armas externo: las armas, municiones y explosivos ingresan por vía terrestre desde la frontera Sur; pero también lo hacen por vía aérea y marítima a través de empresas de mensajería desde los Estados Unidos.
Dos, el tráfico de armas interno, desde los cuarteles policiales y militares ecuatorianos, así como las municiones fabricadas por la Empresa Pública Santa Bárbara que han sido utilizadas por organizaciones criminales en las calles[4].
Tres, la creciente producción de «armas fantasmas»; esto es, armas ensambladas por el usuario sin registro de fabricación o cuyos componentes son fabricados en imprentas 3D y luego ensambladas furtivamente. En 2023 se descubrió una fábrica de esta naturaleza en Manabí y las armas llegaban en paquetes de mensajería hasta a las cárceles del país.
En definitiva, la flexibilización de la tenencia y porte de armas, así como la expansión del mercado ilícito de armas, aceleraron el proceso de privatización de la seguridad. Bajo estas condiciones se creó una economía política de la violencia, en el que la protección ciudadana se convierte en una mercancía y los delitos como la extorsión, el secuestro y el lavado de activos, en nuevas modalidades para el control social.
La protección ciudadana es un bien público y por esa razón es una tarea vertebradora de toda comunidad política democrática. En teoría, el Estado debe garantizarla y para eso necesita el monopolio del uso de la fuerza. En la práctica, no ocurre así. El Estado distribuye protección y represión sobre la base de una estructura socioeconómica dada. En aquellas zonas donde las desigualdades son crónicas siempre habrá más represión que protección, logrando preservar esas asimetrías. Y sin servicios básicos ni bienes públicos como la protección ciudadana, no hay soberanía posible. La legitimidad del Estado nace de ahí y la lealtad del ciudadano también.
Tal como está planteada la militarización de la seguridad pública no resuelve el problema. Primero, porque el gobierno de Daniel Noboa carece de un proyecto político integrador e inclusivo que le de profundidad estratégica a la presencia de militares en territorio. Al contrario, el bloque de poder al que representa el gobierno del joven magnate apunta a expandir la frontera minera y el agronegocio, instrumentalizando a militares y policías para reprimir a los descontentos.
Segundo, porque el gobierno no está dispuesto a emprender una reforma policial y militar que permita su depuración y adecuación institucional a las necesidades del país. La infiltración del crimen organizado entre policías y militares está incólume.
Tercero, porque la estrategia militarista del «conflicto armado interno» es una política tutelada desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos[1] y no responde a los intereses del Ecuador, como quedó evidenciado tras el fiasco diplomático por la supuesta entrega de «chatarra militar» de origen ruso a Estados Unidos[2].
Autodefensas y paramilitarismo
Con el fallo de la Corte Constitucional quedó claro que el «conflicto armado interno» tiene un horizonte de tiempo indefinido. Desde el gobierno se alimenta la expectativa de triunfar en la consulta popular y el referendo de abril. Así, ya no sería necesario emitir nuevos decretos de «Estado de Excepción» para autorizar la presencia de militares en las calles, pues la militarización quedaría constitucionalizada.
En ese escenario, es probable que la percepción de seguridad mejore entre la ciudadanía de las urbes más grandes, convirtiéndose en un aliciente para la reelección de Daniel Noboa en el 2025. Sin embargo, otro curso de acción puede recrudecer: la proliferación de autodefensas y el paramilitarismo.
Quienes dirigen el Estado siguen administrando la seguridad con indicadores de éxito erróneos. La contabilización de droga decomisada y la tasa de homicidios son indicadores epidérmicos, pues ni el narcotráfico es la única economía ilícita, ni los homicidios son la única expresión de violencia criminal. A esta miopía en la política de seguridad se debe que los delitos como las extorsiones, secuestros y lavado de activos persistan.
La geografía de la violencia política y criminal aún es incomprendida y poco estudiada en Ecuador. Hay zonas del país en donde los grupos criminales, las autoridades locales y la policía son coproductores de orden y están facilitando la reproducción del capital criminal a vista y paciencia de las organizaciones públicas y privadas. En dichas zonas la violencia criminal no se manifiesta a través de homicidios frecuentes, pero el mercado criminal prospera.
En consecuencia, aprovechando la disponibilidad de armas en el mercado (formal o informal) y de dinero (limpio o sucio) entre la población, las estrategias de resistencia a la victimización criminal pueden adquirir un cariz más violento.
Estas estrategias de «vigilantismo» tiene lugar cuando los pobladores de una comunidad usan o amenazan con usar violencia extra-legal para evitar ser víctimas de la extorsión u otras formas de violencia criminal. Se manifiesta de distintas maneras. Las más comunes en América Latina han sido los “linchamientos” y las “autodefensas”. Enzo Nussio y Giovinda Clayton han documentado más de 2818 casos de linchamientos en América Latina, entre el 2010 y el 2019[1].
El fenómeno no es extraño en Ecuador. En febrero del 2023, dos personas incriminadas por los pobladores fueron linchadas e incineradas en Toacazo, provincia de Cotopaxi[2].
Estudios realizados en México demuestran que las personas con menores niveles de confianza en la Policía y las cortes de justicia son más propensas al castigo colectivo de los malhechores.
Mucho más grave es el fenómeno de las autodefensas porque se trata de un vigilantismo institucionalizado, sostenido y extremadamente violento al servicio de intereses económicos locales. En México hay experiencia con el caso de las autodefensas de Michoacán creadas en 2013. Se organizaron con el propósito de combatir y aniquilar al Cartel de los Caballeros Templarios y llegaron a contar con más de 15.000 hombres armados. Tras dos años de lucha lograron su propósito, pero el ecosistema político-criminal no se desmontó. Muchos de los líderes armados de las «autodefensas michoacanas» se convirtieron en piezas clave del nuevo esquema de gobernanza criminal. Aunque surgieron para “hacer lo que el gobierno no hacía” frente al crimen organizado, Michoacán sigue siendo cuna de decenas de organizaciones criminales[1].
Por tanto, la frontera entre «autodefensas» y «paramilitarismo» es casi imperceptible. En Colombia, por ejemplo, fue la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio quien contrató en 1988 a mercenarios israelíes y británicos para entrenar un ejército privado y defenderse de los extorsionadores y cuatreros[2]. En 1997, Carlos Castaño, pistolero del Cartel de Medellín, fundó junto a su hermano Vicente, las «Autodefensas Unidas de Colombia» (AUC). Las AUC pronto monopolizaron ciertas rutas del narcotráfico y trabajaron de la mano con el Ejército colombiano expandiendo la frontera minera y agroindustrial a bala. El documental «Carbón con sangre: un asesino a sueldo en Colombia» muestra esta dinámica con crudeza[3].
En Honduras, el proceso paramilitar también se hizo presente hace poco. Como Lasso o Noboa, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014 – 2022) también abrazó las políticas de «guerra contra las drogas» con inusitado entusiasmo. Militarizó el país y facilitó la organización del paramilitarismo. El reportaje de Jared Olson muestra cómo los paramilitares infiltraron grupos locales y luego mataron a sus líderes. Por ejemplo, relata cómo «un ex oficial de las fuerzas especiales, Celio Rodríguez, se unió a los movimientos de derechos sobre la tierra, incluyendo el MUCA (Movimiento Campesino Unificado de Aguán), y luego ascendió a una posición de liderazgo bajo el argumento de
proteger a las comunidades de la violencia. Pero resultó ser la organización de un escuadrón paramilitar de la muerte»[1].
En Ecuador no faltan voces que claman por la autodefensa y la justicia por mano propia. El Estado no asimila que la victimización criminal es un proceso material, social y político que produce estrategias reactivas de incalculables consecuencias. La economía política local y la captura criminal de la Policía presagian que el «vigilantismo» se radicalizará en ciertas zonas del país.
A modo de conclusión
En el contexto actual, las opciones violentas pueden resultar tentadoras incluso para sectores sociales organizados. Pero encaminarse por esas rutas solo conllevará una mayor militarización de la sociedad.
Urge aglutinar esfuerzos en torno a una agenda de seguridad que desactive las violencias (criminal, social, política) en todas sus formas; y esto implica, al mismo tiempo, una agenda de política económica y social que apueste por superar el orden político-criminal que se ha constituido en Ecuador.
Sin una agenda de seguridad convincente para el resto de la sociedad, el movimiento indígena y campesino ecuatoriano tendrá serias dificultades para movilizar a un país anegado en sangre y asfixiado por la inequidad.
[1] Luis Córdova-Alarcón es Doctor en Política Comparada por la Universidad de Salamanca. Director del programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador. Investiga sobre violencia política y criminal, relaciones cívico-militares y política exterior.
[2] BBC News Mundo. Ecuador autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. 2 de abril 2023. Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65155382
[3] Primicias. Francesco Tabacchi sería el nuevo Gobernador del Guayas. 9 de febrero de 2023. Disponible: https://www.primicias.ec/noticias/politica/tabacchi-gobernador-guayas-gobierno-lasso/
[4] Vistazo. Balas de asesinatos en Guayaquil se fabricaron en empresa del Ministerio de Defensa. 10 de febrero de 2022. Disponible: https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/balas-de-asesinatos-en-guayaquil-se-fabricaron-en-empresa-del-ministerio-de-defensa-HB1322797
[5] Córdova-Alarcón, Luis. Proxy wars en los Andes ¿Cómo Estados Unidos moldeó la estrategia
militar y la política económica del «nuevo Ecuador»? Estados Unidos en la mira No. 2. Quito, Ecuador: Orden, Conflicto y Violencia – Programa de Investigación de la Universidad Central del Ecuador, 26 de febrero 2024. Disponible en PDF: https://ordenconflictoyviolencia.org/estados-unidos-en-la-mira/
[6] Córdova-Alarcón, Luis. Mambrú se va a la guerra…en Ucrania. Revista digital PlanV. 9 de febrero de 2024. Disponible: https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/mambru-se-fue-la-guerra-ucrania
[7] Nussio, Enzo, and Govinda Clayton. 2022. “Introducing the Lynching in Latin America (LYLA) Dataset.” Working Paper, ETH Zurich https://css-ethz.github.io/lyla/
[8] El Comercio. Dos personas fueron linchados e incinerados en Toacazo, Cotopaxi. 9 de febrero de 2023. Disponible: https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/personas-linchadas-quemadas-toacazo-cotopaxi.html
[9] Le Cour, Romain. Los socios violentos del Estado: 10 años de cartels y autodefensas en Michoacán. 30 de marzo de 2023. Disponible: https://gatopardo.com/noticias-actuales/autodefensas/
[10] Córdova-Alarcón, Luis. Militares, mercenarios y narcos. ¿cómo se formaron los ejércitos privados más letales al servicio del Cartel de Medellín (Colombia) y del Cartel del Golfo (México)? Documento de Discusión. Quito, Ecuador: Orden, Conflicto y Violencia – Programa de Investigación de la Universidad Central del Ecuador, febrero 2023. Disponible en PDF: https://ordenconflictoyviolencia.org/documentosdd
[11] «Carbón con sangre. Un asesino a sueldo en Colombia» 2020. [Documental] Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=RJyPwhB6mjI
[12] Olson, Jared. Violent Infiltration. 6 de noviembre de 2021. Disponible: https://theintercept.com/2021/11/06/honduras-paramilitaries-land-rights/
Equipo editorial ICCI
Las y los ecuatorianos se ven obligados a acudir a un nuevo proceso de Referéndum y Consulta Popular, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de abril.
En este evento, se abordarán cinco preguntas (identificadas de la A – E) que implican cambios en la Constitución de la República del Ecuador, lo que constituye el referéndum. Además, se plantearán seis preguntas (dispuestas de la F – K), relacionadas con la modificación de leyes, lo que constituye la Consulta Popular. Dentro de las once preguntas que componen este proceso, el gobierno de Noboa ha incluido nueve preguntas sobre inseguridad ciudadana, una sobre arbitrajes internacionales contra el Estado ecuatoriano y una consulta sobre el trabajo por horas.
Las preguntas del referéndum cambiarían partes de la Constitución, que es una estructura que establece los principios de un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, Plurinacional e Intercultural, Laico. Esas reformas se limiten a ser «parches» y pueden comprometer los derechos de la mayoría de la población, que, en su diversidad plurinacional e intercultural, no se identifica con la delincuencia y simplemente demanda el cumplimiento de las funciones del Estado y de los servidores públicos.
En las preguntas que proponen cambios en el COIP, se observa una tendencia a restringir el papel de la legislatura, mientras que también promueven una actitud social que podría describirse como «linchamiento y populismo penal». Este enfoque no solo socava la construcción de un tejido social sólido y una conducta comunitaria, sino que también fomenta sentimientos de odio y desprecio. Es importante recordar que detrás de cada individuo hay una historia social, una red familiar y un proyecto de vida, aspectos que podrían quedar relegados si prevalece esta atmósfera de revanchismo en lugar de un enfoque más organizado y orientado hacia el futuro.
No hay transparencia en las reformas planteadas en las preguntas de la consulta, en los supuestos anexos. Esto deja margen para la incertidumbre sobre las verdaderas implicaciones de las reformas. Esta falta de claridad otorga al presidente una amplia discrecionalidad para definir las reformas, lo que podría conducir a una distorsión de la voluntad popular y, en casos extremos, a la posibilidad de promulgar cambios inconstitucionales.
Daniel Noboa recurre a las preguntas de la “consulta popular” como una táctica política para respaldar reformas que enfrentan obstáculos en la Asamblea Nacional. Esta estrategia gubernamental busca desviar la atención de los desafíos económicos y sociales del país, al tiempo que busca mejorar su imagen pública mediante la implementación de medidas populistas.
La violencia estatal contra la violencia criminal ya ha ocasionado muertes. Así el caso de: Carlos Javier Vega, quien murió el 3 de febrero de 2024 en Guayaquil, Ecuador, por disparos de militares que lo confundieron con un terrorista durante un estado de excepción. Vega y su primo, Eduardo Velasco, iban en un carro cuando se toparon con un control militar. Velasco afirma que intentó retroceder, pero los militares le dispararon. La versión oficial indica que el vehículo intentó evadir el control y embistió a los militares. Vega recibió cuatro disparos y falleció al día siguiente. Velasco está procesado por resistencia a la autoridad y espera esclarecer lo sucedido. La familia busca justicia para Vega, quien era un joven músico y trabajador.
La consulta es un acto de campaña preelectoral de Noboa quien quiere la reelección y nos cuesta a todos ¡60 millones de dólares! Las preguntas no profundizan la democracia plurinacional y ponen en riesgo los derechos de los trabajadores y la soberanía del estado ecuatoriano sometiéndolo ante tribunales de arbitraje internacional. Las organizaciones sociales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, suman sus esfuerzos para que los votantes digan NO a esta consulta innecesaria, politiquera y contra derechos; ¡basta de ocultar los problemas verdaderos de las y los ecuatorianos!
PREGUNTA A: ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?
Las Fuerzas Armadas ya apoyan a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, pues las organizaciones criminales transnacionales representan una amenaza seria para la soberanía y la integridad territorial del Ecuador, y esa es función constitucional de las Fuerzas Armadas. La utilización frecuente de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna puede conducir a una militarización de la sociedad, situación que podría acarrear consecuencias desfavorables en lo que respecta a los derechos humanos y las libertades civiles. El presidente de la República YA tiene la autoridad constitucional para ordenar a las Fuerzas Armadas tomar acciones contra estas organizaciones de acuerdo a la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza y a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Por lo tanto, ES innecesaria la consulta popular sobre este tema.
PREGUNTA B: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
El ex presidente Lasso propuso en una consulta popular anterior permitir la extradición de ecuatorianos por delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, pero esta propuesta fue rechazada. En la actual consulta, se plantea una enmienda constitucional para permitir la extradición en general, detallando condiciones y requisitos específicos. Es crucial comprender que cuando se solicita la extradición de un ciudadano ecuatoriano por parte de otro país, es para procesarlo y sancionarlo por crímenes o delitos cometidos en ese país, y no por delitos o crímenes perpetrados en Ecuador. Actualmente, la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, pero se argumenta que esta restricción debería ser revisada dadas las dinámicas actuales de internacionalización del crimen. Por lo tanto, votar NO a la pregunta B del referéndum es fundamental para abordar integralmente la administración de justicia ecuatoriana y comprender que la extradición solo se solicitaría si el ciudadano ecuatoriano cometió un delito en el país que lo requiere, sin que esto resuelva los problemas judiciales nacionales.
PREGUNTA C: ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
La reforma propuesta busca establecer jueces y juezas especializados para mejorar la efectividad de las garantías constitucionales, que son mecanismos normativos para proteger los derechos de las personas. Se argumenta que actualmente hay abusos en la entrega de garantías, como el habeas corpus, por parte de algunos jueces, especialmente a presos sentenciados por corrupción o delitos asociados al narcotráfico. Se cree que la especialización de jueces eliminará la corrupción y mejorarán las garantías constitucionales. Esta medida NO resolverá efectivamente que haya abusos y corrupción en la administración de justicia, resulta extremadamente costosa, el verdadero problema radica en la selección, capacitación, evaluación y control de los jueces, ya que la corrupción persistirá independientemente de la especialización. Si la mayoría de los jueces actúan con integridad, la reforma se vuelve innecesaria. Respondemos que NO a esta pregunta, mal fundamentada, que no aborda adecuadamente el problema y representa una inversión estatal innecesaria.
PREGUNTA D: ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
El arbitraje internacional es un instrumento de poder en manos de los inversionistas extranjeros, que está establecido en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y en los Tratados de Libre Comercio (TLC). Es una vía judicial privada y unilateral, que permite a las transnacionales demandar a los Estados. Los Estados solo pueden defenderse. Los tribunales internacionales de arbitraje generalmente dan la razón a las empresas y emiten sentencias que establecen que los Estados hagan pagos multimillonarios que salen de los fondos públicos, muchas veces con cargo a deuda externa.
La propuesta de reforma somete al arbitraje internacional a las controversias contractuales entre el Estado y empresas privadas transnacionales, acabando la voluntad popular expresada en el Referéndum de 2008 que votamos por la Constitución de la República del Ecuador. También incluye a los asuntos de inversión, contratos, comercio y deuda externa. La norma constitucional protege al estado y a las y los ecuatorianos; el arbitraje únicamente ha servido para favorecer intereses corporativos transnacionales. Votamos que NO porque, los mecanismos de arbitraje pretenden poner en las mismas condiciones a empresas privadas y Estados, yendo en contra de la igualdad entre estados que deben representar a toda la sociedad.
La captación de inversiones internacionales se define por la rentabilidad que buscan las transnacionales, son depredadoras, no corren riesgos, saben que un arbitraje internacional es una instancia privatizada de la justicia y ganarán. Incluso, la riqueza despojada por estas empresas, la tienen en paraísos fiscales evitando así la justicia tributaria de los países de origen de la riqueza, que coinciden con ser los más empobrecidos por este capitalismo criminal. Recordemos que, cualquier intento de controlar, impedir la contaminación de la naturaleza, la explotación laboral o la violación de derechos puede ser argumento para que las empresas transnacionales demanden al estado. Ecuador tiene 29 demandas ante tribunales internacionales de arbitraje; es el 5to. país más demandado de la región. En 2/3 de las demandas resueltas -14 sobre 21-. Los tribunales beneficiaron al inversor, sea por laudo o acuerdo de partes. Sólo en 7 ocasiones los tribunales no condenaron al Estado. Casi la mitad de las demandas tienen que ver con minería e hidrocarburos.
Votamos que NO, porque tenemos 21 demandas contra Ecuador que ya tienen resolución y suman 2.906 millones de dólares, sin contar los costos de la defensa y del proceso arbitral. De las 8 demandas pendientes, solo se conoce el valor de 3, que juntas llegan a 9.986 millones de dólares; ¡el equivalente a TODO el gasto en los presupuestos de salud, educación escolar y secundaria, para 2024!.
PREGUNTA E: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?
¡Es fundamental votar NO a esta pregunta! La propuesta de permitir el trabajo por horas precariza la situación laboral de los trabajadores, despojándolos de la seguridad en sus empleos. Se busca maximizar la ganancia de las patronales, sin horas extra, despidos baratos o negando todos los derechos laborales, el derecho a vacaciones, participación en las utilidades de las empresas, los aportes al IESS y el derecho a la organización sindical.
La Constitución ecuatoriana, en el artículo 327 establece que la relación laboral entre empleadores y trabajadores será directa y bilateral. Queda prohibida cualquier forma de precarización laboral, incluyendo la intermediación y tercerización laboral en las actividades habituales de la empresa, así como la contratación por horas u otras prácticas que menoscaben los derechos de los trabajadores, ya sea individualmente o en conjunto. ¡Votamos que no porque las y los trabajadores perderíamos derechos frente a la voracidad de la patronal! A diferencia de la protección constitucional, el estado no protege estos derechos. Para las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad; por ejemplo, las condiciones serían aún más inestables, inseguras: de pura explotación.
Permitir el trabajo por horas violaría el núcleo mismo de estos derechos, en una constitución que se compromete a proteger los derechos de todos los trabajadores. Además, con solo un 33.9% de personas con «empleo pleno», según el INEC, debemos rechazar cualquier medida que ponga en peligro los derechos laborales. Esta pregunta: Precariza el trabajo; genera inestabilidad laboral; perpetúa la informalidad; pone en riesgo la organización sindical; alienta la explotación laboral; coloca en desventaja a los y las trabajadoras; impide planificar la economía y acceder a créditos.
PREGUNTA F: ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
No, porque ya existen normas y reglamentos que regulan esta actividad de control de las Fuerzas Armadas. Estas medidas deberían, además de impedir el acceso de armas, municiones, explosivos y accesorios, proteger a la población que vive, trabaja y transita en esas zonas, y ser parte de los protocolos de seguridad aplicados. No debería ser materia de una Consulta Popular que las Fuerzas Armadas desarrollen su trabajo, ya que son las personas más capacitadas como servidores públicos del Estado ecuatoriano, e incluso podría vulnerar su capacidad de acción. Además, la presencia militar podría estigmatizar las zonas cercanas a los centros de rehabilitación como zonas de delincuencia. También existe la preocupación por el posible abuso de poder y la falta de eficacia de esta medida, considerando los nexos encontrados entre bandas del crimen organizado y la policía o empleados públicos encargados de controlar los centros de rehabilitación social.
PREGUNTA G: ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta?
En relación con esta pregunta, votamos NO porque consideramos que el aumento de penas no constituye una solución efectiva para abordar la corrupción, la violencia, la delincuencia común, la delincuencia organizada o el narcotráfico. Si fuera así, bastaría con introducir una sola reforma al COIP que estipule la multiplicación de las penas por un cierto porcentaje para cumplir el objetivo. Sin embargo, esto no tendría un efecto disuasivo significativo, especialmente dadas las deficiencias del sistema carcelario y la persistente corrupción.
La justificación de esta pregunta, que aborda la complejidad del combate contra el crimen organizado, señala la necesidad de implementar leyes sólidas, fortalecer las instituciones judiciales y policiales, y adoptar estrategias integrales que aborden las causas y consecuencias del crimen organizado. Es evidente que la prevención del delito no se logra mediante la amenaza de penas más severas, sino a través de políticas y acciones integrales que aborden las causas subyacentes del delito.
Votamos que no porque, consideramos que este tema no debería ser objeto de consulta popular, sino de debate para una reforma integral del Código Orgánico Integral Penal. NO a esta pregunta que no tiene, como las demás de la parte de “consulta popular” (F-K), definido el cambio que a su gusto y conveniencia propondría Noboa para reformar la ley.
La Conaie argumenta que la consulta popular NO enfrenta las causas de la inseguridad y la violencia; ni brinda posibles alternativas. Además, está presente el riesgo de que dicho aumento afecte de manera desproporcionada a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, lo que podría profundizar la desigualdad, la racialización, criminalización de la pobreza y la exclusión social. Recogemos los decires de nuestros padres y madres: “la justicia solo es para los pobres”, y, “la justicia es igual para todos, aun cuando para algunos más que para otros”. ¡No queremos un modelo de sociedad en donde prime el castigo, la represión que solamente empeoran la conflictividad, en contra de nuestros valores comunitarios, de alcanzar la igualdad y la justicia social!
PREGUNTA H: ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?
Respondemos con un rotundo NO, ya que consideramos que esta pregunta resulta superflua. La modificación deseada puede lograrse mediante una reforma del Código Orgánico Integral Penal. Además, es crucial distinguir entre los distintos tipos de delincuentes y la importancia de contar con un sistema penal moderno que refleje esas diferencias. Ejemplos concretos, como el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, demuestran que cada individuo presenta características y comportamientos únicos.
Claro que la corrupción en la justicia y la policía puede hacer que algunos delincuentes se salgan con la suya, ¿no? Pero, en lugar de organizar toda esta consulta, ¿por qué no simplemente arreglamos el COIP? Ya están hablando de eso en la Asamblea, ¿sabías? Si seguimos por ese camino, estaríamos gastando el doble de energía y dinero, ¡qué desperdicio! Además, ¿no crees que deberíamos pensar más allá del castigo? Deberíamos buscar maneras de ayudar a la gente a no volver a cometer errores, a reconstruir sus vidas. Ecuador es una sociedad que cree en la rehabilitación, ¿no? Así que necesitamos un gobierno que se enfoque en brindar opciones de trabajo y proyectos de vida para todos.
PREGUNTA I: ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
Votamos que no a esta pregunta innecesaria, pues el tipo penal ya existe en los artículos 360 al 362 del COIP. También, una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) ya está en curso en la Asamblea Nacional, abordando la inclusión del delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes exclusivos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Por lo tanto, aprobar la consulta popular resultaría redundante y dispendiosa en recursos. Además, es evidente que Daniel Noboa está utilizando la consulta como una artimaña política para justificar reformas que han sido obstaculizadas en la Asamblea Nacional, mientras que el Gobierno la emplea como una táctica para desviar la atención de los problemas socioeconómicos del país y para incrementar su popularidad; también esto podrá dar paso a un mercado de armas en manos de civiles. Votamos que no porque nuestras mejores armas como pueblo son la educación, la cultura, la salud, el cuidado de la naturaleza, la convivencia entre diversos, el diálogo intercultural; todo aquello que nos renové como sociedad intercultural y construya un estado plurinacional.
PREGUNTA J: ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
No, votamos que no, porque: la Constitución ya otorga al Presidente la facultad de requisar armas en caso de estado de excepción, lo que hace innecesaria la consulta popular y podría duplicar las funciones y los recursos. Asimismo, existe un riesgo evidente de abusos por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, dada la falta de suficiente control para evitar que estas armas sean utilizadas para fines no previstos, lo que subraya la necesidad de reconsiderar esta propuesta.
PREGUNTA K: ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?
Respondemos que NO a la pregunta sobre la necesidad de incluir ciertas reformas en la consulta popular por varias razones. En primer lugar, consideramos que la Asamblea Nacional tiene la capacidad y el procedimiento legislativo adecuado para procesar estas reformas, sin necesidad de recurrir a una consulta popular. Es prioritario fortalecer el sistema judicial y las instituciones de control para combatir la corrupción y la delincuencia organizada de manera más efectiva. Es una pregunta innecesaria, demuestra una incapacidad de quienes gobiernan y establecen esta consulta más como una estrategia política para justificar reformas que ya están bloqueadas en la Asamblea Nacional, desviando la atención de los problemas económicos y sociales del país.
El tema ya está regulado en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, y la falta de detalles en los anexos genera incertidumbre sobre los cambios propuestos. Por último, en cuanto a la regulación de la extinción de dominio, es crucial precautelar los bienes de quienes no están involucrados en delitos y garantizar el debido proceso, ya que existe un riesgo inaceptable de privar de propiedad a personas inocentes. Por todas estas razones, proponemos responder «NO» a estas preguntas.
Noboa: ¿continuidad o cambio?
David Chávez
Sin un ánimo demasiado exhaustivo se podría decir que la coyuntura política del Ecuador en los últimos meses puede interpretarse en tres momentos diferentes: a) la elección anticipada de Daniel Noboa, b) la declaratoria del “estado de guerra” frente a la grave crisis de seguridad, y c) el resurgimiento de una crisis de seguridad de seguridad verificada a finales de marzo de 2024. Evidentemente, el criterio de esta periodización tiene que ver con el más grave problema que afronta el país en los últimos años, la crisis de seguridad, el cual ha constituido el único “punto fuerte” de la presidencia de Noboa.
Ciclo político en tres actos
El gobierno de transición de Noboa surge de una situación política extremadamente anómala, producto de una elección anticipada que tuvo como su episodio más trágico el asesinato del candidato y exasambleísta Fernando Villavicencio a manos de un grupo de sicarios, quienes también fueron asesinados en una cárcel. El nuevo gobierno fue promocionado por los sectores de derecha como un proceso de renovación política; sin embargo, al poco tiempo dio muestras de lo que era completamente previsible en campaña electoral: incapacidad en la gestión pública, ausencia de un plan claro para el año y medio de gobierno, un equipo inexperto.
Una de las primeras acciones importantes de Noboa fue la convocatoria a una consulta popular. La propuesta fue otra muestra de incapacidad e improvisación, el 2 de enero se remitió a la Corte Constitucional (CC) un pliego de once preguntas; unos pocos días más tarde, el 10 de enero, se entregó un segundo bloque con nueve preguntas más. Con veinte preguntas en total, la propuesta era un galimatías, entre los temas más preocupantes se planteaba relajar las sanciones a militares y policías en casos de violaciones a los derechos humanos abriendo la puerta a la impunidad, así como el retorno a los vergonzosos tratados de arbitraje internacional y la aprobación del ignominioso trabajo por horas.
En la Asamblea Nacional, el gobierno alcanzó un acuerdo con la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano. Este acuerdo hizo posible la nominación de autoridades de la Asamblea Nacional y, en lo posterior, le permitiría a Noboa la aprobación de varias leyes sin oposición. Mientras, en el escenario judicial tuvo lugar otra de las acostumbradas mise en scène de la Fiscalía General el Estado (FGE) que el 14 de diciembre hizo público el que se conoció como “caso Metástasis”. Una investigación sobre los vínculos del narcotraficante Leandro Norero, asesinado un año atrás, con jueces, jefes policiales y políticos. Con los claroscuros de siempre, el caso no podía verse sin rasgos de maniobra política.
Un gobierno incapaz e improvisado no podía responder adecuadamente a la expansión del narcotráfico y el crimen organizado. Entre finales del año pasado e inicios de este se produjeron numerosas fugas carcelarias, entre las que se cuentan las de dos de los más peligrosos jefes mafiosos. A lo que se sumó un desate de la violencia criminal en el país. Sencillamente el país se les había ido de las manos a solo un par de meses de asumir el gobierno. Y es precisamente esta constatación la que parece haber motivado una respuesta distinta de los sectores dominantes que controlan la estructura de poder en el país, un giro inesperado a fin de evitar un desgaste acelerado como el de Lasso. Así dio inicio el segundo acto del gobierno de Noboa.
El 9 de enero Noboa decretó el estado de “conflicto armado interno” contra el crimen organizado. El decreto hizo posible el despliegue de las FF.AA. en las calles para el control de la delincuencia. Las operaciones se concentraron fundamentalmente en la militarización de barrios populares, el control de las cárceles y unos cuantos golpes de efecto con capturas espectaculares de cargamentos de droga. El resultado inmediato fue un repliegue de los grupos criminales que produjo una disminución de delitos, con otros efectos como el irrespeto a los derechos humanos y la estigmatización de los sectores populares que profundizó aún más cierto sentido común fascistizado (racista y clasista) muy extendido en la población ecuatoriana. No obstante, el impacto sobre la imagen del gobierno fue apabullante, Noboa alcanzó una aprobación de aproximadamente el 80% según varias encuestadoras.
El acuerdo legislativo que obtuvo el gobierno, en las nuevas condiciones de conflicto armado interno, se transformó en sometimiento de la RC y el PSC que terminó neutralizando cualquier oposición política. Estas condiciones tan beneficiosas le permitieron aprobar todas las leyes enviadas a la Asamblea Nacional, todas ellas con el respaldo de la RC y el PSC. La última ley aprobada fue la “Ley de turismo”, con el voto favorable de siete de asambleístas de la RC, a pesar de que la bancada de esta organización se opuso a la ley.
Por su parte, la FGE abría un nuevo capítulo en el espectáculo judicial, el 4 de marzo anunciaba una nueva investigación, el caso “Purga”, el cual se derivaba del caso “Metástasis”, pero en esta ocasión develaba los nexos del narcotráfico con el Consejo de la Judicatura del Guayas y con el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes como operador de esa relación.
Otro evento importante del segundo acto fue la aprobación por la Corte Constitucional de once de las veinte preguntas de la consulta popular el 26 de enero. Sobre la base de esto se determinó al 21 de abril como la fecha en que se llevará a cabo esa consulta. De entre las preguntas críticas fueron aceptadas dos, las referidas a los tratados internacionales y al trabajo por horas.
El tercer acto ha comenzado en estos días. En la semana en que se escriben estas líneas, la situación política parece haber tomado otro giro abrupto. Desde el día 20 de marzo se desató un conflicto en la zona de Palo Quemado por las protestas de las comunidades locales contra la minería a gran escala. La respuesta gubernamental ha sido excesivamente represiva. Varios heridos de gravedad y detenidos acusados de terrorismo son los resultados del conflicto.
Mientras el gobierno reprimía a comunidades que defendían su territorio, el país vivió un fin de semana sumamente violento que tuvo su epítome en el asesinato de Brigitte García, la joven alcaldesa de San Vicente. El gobierno tardó muchísimo en dar una respuesta, llevó a cabo un operativo en un barrio pobre de Guayaquil con el presidente disfrazado de soldado. A mitad de semana se sobrevino otro hecho de enorme gravedad, se dio un motín en la Cárcel Regional de Guayaquil en el que murieron tres personas y fueron heridas otras seis. Es muy serio porque se suponía que las FF. AA. tenían bajo su control las cárceles y esto había sido promocionado por los aparatos ideológicos de la derecha –hasta el delirio– como el signo del éxito de Noboa.
También en el ámbito judicial hubo conmoción en estos días, tuvo lugar una verdadera “batalla de chats”. El exasambleísta de la RC, Ronny Aleaga, procesado en un caso de narcotráfico, publicó conversaciones que habría mantenido por años con la principal ejecutora de la persecución política a la RC, la fiscal general, Diana Salazar. La FGE puso en duda la veracidad de aquello y contraatacó casi de inmediato haciendo públicos los registros de conversaciones y reuniones personales del caso “Encuentro” que involucra a personajes muy cercanos al expresidente Lasso. Todo el melodrama mediático-judicial cerró con el testimonio anticipado de varios implicados del caso “Metástasis” que, repitiendo una obra escenificada una y otra vez por la FGE, involucran a Rafael Correa con el narcotraficante Norero.
Si se deja de lado el show militar y judicial de estos meses, los resultados de la militarización son magros, represión en los barrios más pobres, publicación de los chats de un narcotraficante muerto y sus operadores de tercera línea presos, a más de una sobredosis de manipulación política. Dicho de otro modo, la narcoburguesía y sus poderosos vínculos de alto nivel se mantienen intocados. En contrapartida, varios indicadores muestran que delitos como la extorsión o el secuestro no solo no bajaron, sino que tuvieron un incremento significativo en estos meses. No sería tan excesivo decir que, al menos en parte, el país empezó a salir de la burbuja ficcional de la militarización en estos días y pudo ver a un Noboa que se parece mucho a Lasso.
Es aún prematuro estimar el impacto que esto podría tener en la muy favorable imagen que Noboa ha tenido desde la militarización, ciertos signos dejan ver un relativo desgaste. La encuestadora Perfiles de Opinión publicaba un estudio en el que la imagen positiva de Noboa había descendido al 74%, 11 puntos menos respecto de la medición más inmediata al decreto de “estado de guerra”. Por supuesto, sigue siendo una valoración positiva muy alta, por este motivo, en otra medición regional de CB Consultora, Noboa se ubicaba como el mandatario con mayor popularidad de Sudamérica con una calificación positiva del 62%. Sin embargo, es sumamente importante tener en cuenta que estas estimaciones se hicieron en la semana anterior al aumento de hechos violentos.
Un libreto conocido
Es común decir que la política ecuatoriana es imprevisible y azarosa. Pero esta es una afirmación por lo menos exagerada. Ciertamente, no es fácil comprender las dinámicas que suele tener la política del país, pero en los últimos años se pueden detectar patrones repetitivos con una claridad sorprendente. Si se contrastan los primeros meses de los tres últimos gobiernos de derecha se advierte un esquema muy semejante que podría definirse como el ciclo “golpe de efecto – consulta – declive”, justamente el ciclo en tres actos que vemos con Noboa.
En el caso de Moreno el “golpe de efecto” giró en torno a la ruptura con Correa y el tema de la corrupción. Para Lasso fue el plan de vacunación que cumplió con mucho éxito. En este primer movimiento se trata de enfocarse en medidas con un altísimo impacto en la población por tratarse de problemas urgentes, por supuesto no responden a un plan general o un proyecto democrático de Estado, medidas puntuales de alto impacto que permitan una amplia legitimación social, ni más ni menos que eso. Como consecuencia la popularidad de Moreno alcanzó cifras de alrededor del 85% y Lasso un porcentaje cercano al 75%. Por supuesto, esta dinámica política ha estado muy ligada al respaldo unánime de todos los sectores de poder estatales y no estatales articulados en torno a lo que puede definirse ya como práctica política anticorreísta. Noboa sigue el libreto, su golpe de efecto ha sido la declaratoria de “estado de guerra”, respuesta efectista al problema de la seguridad que le ha asegurado altas cifras de apoyo. Curiosamente, los medios de derecha han repetido en cada caso que se trata del presidente con mayor apoyo desde el retorno a la democracia.
La segunda parte del ciclo implica un llamado a consulta popular. Moreno y Noboa lo concretaron en los primeros meses, Lasso lo planteó en sus primeros meses, en el marco del éxito de su plan de vacunación, pero la llevó a cabo casi dos años más tarde. Las consultas han tenido una clara finalidad política: legitimar a gobiernos que distan de mantener un respaldo consistente, orgánico y democrático. Los temas consultados también son recurrentes, se busca alterar el orden político haciendo de las consultas un atajo constitucional, se interviene en el orden jurídico, se introducen medidas económicas de corte neoliberal y, siempre, se incluyen las infaltables preguntas, inocuas pero efectivas, sobre temas ambientales. En esencia se han tratado de consultas demagógicas con claros objetivos políticos.
Un aspecto compartido por todos estos gobiernos es la incompetencia gubernamental y el desinterés real por una política medianamente democrática, lo cual conduce inevitablemente a un acelerado desgaste del amplio respaldo que alcanzan con el “golpe de efecto”. Tanto Moreno como Lasso no pudieron sostener este respaldo más allá de unos meses. Una pregunta central en este momento político es si estamos frente al inicio del declive de Noboa, si el impulso de su “golpe de efecto” empieza a agotarse. Sin duda, habrá que esperar hasta la consulta popular de abril para evaluar cuáles fueron los efectos que los acontecimientos recientes tuvieron en la aceptación del gobierno, si Noboa cumple el mismo destino de sus predecesores ideológicamente afines.
Bloque de poder sin bloque popular: notas finales
El ciclo que hemos descrito es repetitivo, es decir, cuando viene el declive siempre aparece una alternativa que renueva el ciclo. Luego del desastroso gobierno de Moreno, quien después de ser “el presidente con más apoyo desde el retorno a la democracia” terminó con un rechazo cercano al 90%, ganó la elecciones Lasso, quien representaba la continuidad del mismo programa, su gestión de gobierno –de modo sorprendente– fue aún peor que la de Moreno, pero a la hora de las elecciones resultó victoriosa una de las varias opciones que aseguraban que el programa de derechas se mantenga. Si se mira deprisa vienen de inmediato las respuestas fáciles: electorado volátil, comportamiento errático, etc. No obstante, si se contrastan los resultados electorales de los últimos años, salvo variaciones de menor significación, es asombrosa la estabilidad de las preferencias electorales. ¿Cómo explicarlo?
Por primera vez en estos años en el Ecuador tenemos lo que puede definirse como bloque de poder, es decir, un pacto de dominación estructural, un proceso político de largo aliento, no coyuntural. Esto tiene como punto de partida una mayor integración económica de las clases dominantes en escala nacional y transnacional sumada a una reconfiguración de la estructura estatal que ha superado la fragmentación tradicional del Estado para apuntalar centros de concentración de poder en la estructura estatal, por ejemplo, la FGE y las fuerzas represivas, de quienes todos los gobiernos últimos han dependido para sostenerse en el poder. En esta nueva estructura de poder, la embajada de los Estados Unidos parece haberse convertido en el punto axial en el que todos los poderes convergen para mantenerse sólidamente articulados. Se debe considerar también a la narcoburguesía como parte del bloque de poder, tanto por su lugar en la acumulación capitalista del país, como por sus posibles vínculos con otros actores del bloque. Por supuesto, la articulación del bloque de poder no es producto de una concertación explícita de los distintos actores, o no siempre lo es, se trata de un clásico enlace de estructuras sociales dispares y dispersas que activan un engranaje por medio de sus prácticas, sin tener plena conciencia de esa articulación.
Por otra parte, es un bloque de poder que consolida una tendencia autoritaria, que asfixia cada vez más la democracia. Las graves violaciones a los derechos humanos en las dos últimas movilizaciones populares de 2019 y 2022, así como el nada disimulado abuso del sistema judicial para la persecución política son las muestras más significativas de esa tendencia. Eso allanó el camino para la lógica represiva de la actual militarización. La dependencia de los gobiernos respecto del aparato represivo de Estado es cada vez mayor, el “estado de guerra” declarado por Noboa es un resultado previsible, ciertamente se podría decir que –en los hechos– existe un gobierno cívico-militar.
En segundo lugar, este bloque de poder tiene hegemonía. El avance ideológico de la derecha en estos años es notable. Es decir, la derecha no solo ha logrado consolidarse en las cúpulas de lo sociedad, sino que ha logrado, además, un gran respaldo popular. La mecánica fundamental de esa consolidación ideológica tiene, cuando menos, dos dimensiones; la primera –que tiene un carácter global y estructural– tiene que ver con el avance de la forma de vida capitalista, de cómo esto configura la vida cotidiana y termina produciendo una subjetividad capitalista que favorece una especie de disposición práctica para identificarse con el capitalismo. A esto se suma la estigmatización y persecución a la izquierda, particularmente al correísmo y al movimiento indígena, así como cualquier propuesta de política pública que apunte a la garantía de derechos o a la redistribución de la riqueza.
Esto ha dado lugar a que el referente político de muchos sea el estilo de vida de los obscenamente ricos del mundo, por lo que se termina reivindicando la concentración insultante de la riqueza y la desigualdad social. Es en este sentido que se puede habla de un neofascismo, es decir, una ideología extremista que desplaza el sentido de la desigualdad social de la raza o la nación, como en las viejas versiones del fascismo, a la clase; la diferencia de clase para este sentido común de derechas es una desigualdad natural que el mercado sanciona con toda justicia. Por su puesto, esto no implica la desaparición del racismo, el machismo o el chouvinismo, se puede ver como un reordenamiento, más bien. No son solo ideas, es la experiencia práctica que la gente tiene todos los días en el mundo del capitalismo total del siglo XXI: competencia violenta en prácticamente todas las relaciones sociales y una compulsión por la desigualdad, el orden y la jerarquía sociales.
En este contexto, el comportamiento del gobierno de Noboa hace parte de un proceso estructural que va más allá del presidente y el gobierno actuales. De hecho, en los últimos años la dinámica de los actores políticos gubernamentales ha sido muy cambiante e inestable, basta recordar que Lasso no concluyó su período y se vio obligado a llamar a la “muerte cruzada”. Pero, paradójicamente, la estabilidad del bloque de poder ha sido incontestable, ha logrado vencer en dos elecciones presidenciales al correísmo y soportar con éxito dos grandes paros nacionales dirigidos por el movimiento indígena. Esta paradoja explica las dificultades que tiene el bloque de poder para estabilizar su representación política, carece de liderazgos importantes (por norma son efímeros y sostenidos con mucha inflación mediática), y de partidos. Pero, la solidez del ciclo repetitivo es tal que –por momentos– pareciera no importarles demasiado a los operadores del bloque de poder el desgaste que puedan sufrir los gobiernos. Los nodos principales de la red de poder parecen desplazarse cada vez más del gonierno a otros espacios como la Fiscalía General del Estado o las FF. AA. En el momento actual, la incógnita es si Noboa podría llegar a estabilizar esa representación política de la derecha, hasta hace poco las dudas sobre eso parecían escasas, ahora es un poco menos seguro que eso ocurra.
¿Cuál puede ser la estrategia de las izquierdas en estas condiciones? Son muy difíciles las respuestas tajantes. Una primera cuestión a discutir es la ausencia de un bloque popular, dicho de otro modo, no existe una contraparte al poder de las clases dominantes que funcione igualmente como un bloque en donde las izquierdas, a pesar de sus diferencias, puedan tener un frente único que confronte con esa estrategia de las élites en el Ecuador. Es posible ver esto como un aprendizaje de la resistencia al bloque de poder de los últimos años, es decir, se requiere una combinación de los mecanismos de la institucionalidad democrática y de la movilización social. Sin embargo, no hay que llamarse a engaño, todos los indicios de estos años hacen pensar que este es un camino truncado.
En segundo lugar, es necesaria una renovación de la disputa ideológica. La derecha está ganando porque ha logrado constituir una especie de épica popular que sostiene una identidad política sólida. Esto se halla en la base de la política de confrontación de la derecha, que es una política de clase. Una de las tareas fundamentales de las izquierdas consiste en buscar posibilidades de consolidar y expandir una épica política propia que sirva de base de un proyecto nacional-popular. Tampoco se puede menospreciar el hecho de que es difícil hallar un momento histórico en que se haya extendido tanto una identificación política con la izquierda, con todas las impurezas que los inmaculados cultores de la “izquierda verdadera” puedan hallarle, que incluso se pueda disputar el gobierno en elecciones. Dicho de otro modo, no se trata de una tarea que se deba hacer en abstracto, existe una experiencia de resistencia y de gestión de gobierno que debiera servir de base.
Consejo editorial
BOLETÍN ICCI-ARI Rimay, Año 14, No. 154, marzo / abril 2024
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