By icciec2024
Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días,
mujer de saya azul y de tostada frente,
que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía
que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía
vi abrir el surco negro en un abril ardiente.
Alzaba en la taberna, honda la copa impura
el que te apegó un hijo al pecho de azucena,
y bajo ese recuerdo, que te era quemadura,
caía la simiente de tu mano, serena.
Segar te vi en enero los trigos de tu hijo,
y sin comprender tuve en ti los ojos fijos,
agrandados al par de maravilla y llanto.
Y el lodo de tus pies todavía besara,
porque entre cien mundanas no he encontrado tu cara
¡y aun te sigo en los surcos la sombra con mi canto!.
Gabriela Mistral
Los pueblos indígenas nos regimos bajo un principio fundamental: la complementariedad. Este principio nos permite relacionarnos con nuestro entorno, con nuestros semejantes y con nuestro opuesto, que solo existe en tanto nosotros existimos y existimos en tanto este opuesto es. Para el hombre, el opuesto complementario es la mujer. La mujer es compañera, es contraparte.
Desde el principio de complementariedad que sustenta nuestra lógica comunitaria es así, debería ser así. Ahora bien, cabe preguntarnos, si somos consecuentes con este principio y si vemos en realidad cuál es el papel que ha jugado la mujer en la organización y cuál es el papel que se le está otorgando. El poder ha fragmentado la realidad creando estructuras, nos ha hecho creer que estas estructuras están dadas por condiciones naturales, nos ha borrado la memoria y ha permitido la impunidad en las ignominias históricas.
El capitalismo es el que divide a los seres humanos y pone a unos por encima de otros. La estructura predominante del poder ahora es el capitalismo, es él quien ha determinado el incuestionable papel de las mujeres como fuerza de trabajo barata. Sin embargo, la estructura capitalista es un fenómeno moderno y posmoderno pero no es el primer modelo de estructuración económico social que otorga este rol a las mujeres. El patriarcado es precedente al capitalismo y prevalente a él.
Replantear nuevas formas de repartir los roles de hombres y mujeres no solamente implica romper con las estructuras patriarcales capitalistas sino también romper con formas patriarcales ancestrales sobre las que el capitalismo se ha sostenido para afianzarse. Para replantearnos estas formas es necesario revisar el papel histórico de la mujer indígena dentro de la organización y los aportes políticos realizados por las mujeres para sostener las luchas impulsadas desde el movimiento indígena.
La mujer indígena está sujeta a un doble abuso, por ser mujer y por ser indígena. Es doblemente invisibilizada, por eso es importante que a nivel del movimiento indígena no sea invisibilizada, que la organización sea su trinchera, que la organización se sostenga en estas nuevas formas de relaciones que se basan en lo comunitario y no en la acumulación.
Líderes como Mama Tránsito Amaguaña, Mama Dolores Cacuango, Luisa Gómez de la Torre y Laura Almeida son referentes de resistencia y son referentes para la organización, para las nuevas mujeres y para los nuevos hombres.
Actualmente tenemos nuevos referentes de líderes mujeres que han asumido su doble rol, en las tareas del hogar, el campo y en las tareas de la organización, a pesar de que para la mujer indígena ha sido mucho más dura la incorporación al proceso de identidad y sus propias formas de organización y participación política. Ha sido duro, frente a toda una política trazada desde los hombres, sin la participación de la mujer, es decir con una visión masculina. Y cuando la mujer ha alcanzado un espacio, es muy duro ejercerlo y sostenerlo.
La mujer indígena se identifica en el proceso como pueblo; en estos últimos tiempos, se ha buscando una visibilización, un acompañamiento con voz.
Es importante también identificar que el papel de la mujer indígena dentro de la organización no se enmarca dentro de los problemas de género concebidos desde la lógica occidental. Es importante empezar a mirar desde la perspectiva y lógica de los pueblos y naciones. La participación, la repartición de las tareas, la voz de las mujeres en la organización debe ser planteada desde la complementariedad. Una visibilización colectiva; no en silencio, sino con aportes críticos, en el proceso organizativo. Si bien las organizaciones regionales y a nivel nacional tienen dirigencias de la mujer, es importante que se impulse y se visibilice la participación y los aportes de las dirigentes para los procesos y propuestas de cambio que surgen desde el movimiento indígena.
La educación es libertad, por ello las mujeres se capacitan, para poder defender y proponer, para lograr ese cambio y no reproducir el mismo esquema social. Debemos recordar que la organización no es sólo de hombres, hay responsabilidades importantes de decisión y acción que recaen sobre las mujeres también, y si los hombres están en la organización, los hijos están con las madres hay que prepararlos en conjunto, como complementarios, para su incursión en el movimiento, ésta es tarea de las mujeres y debemos estar conscientes de que esa responsabilidad no es sólo como mujeres sino como parte del grupo, de la comuna.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Nora Fernández, Ricardo Buitrón C.
A partir de la resolución de la Naciones Unidas en la que declara el derecho al agua como un derecho humano es posible entender su importancia desde una perspectiva integral en la que confluyen otros derechos como la salud, la soberanía alimentaria para el derecho a la alimentación, los derechos colectivos y de la naturaleza.
En tal sentido, es necesario que con la Constitución vigente se incluyan ciertas reformas y modifiquen normativas a fin de que el Estado pueda garantizar el acceso universal y equitativo de la población a agua segura y saneamiento, y que además cumpla con lo ya establecido: la creación de la autoridad única del agua, la gestión exclusiva pública y comunitaria, la participación de las personas, pueblos y nacionalidades en la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas y servicios públicos; indicadores que dan cuenta de las condiciones de vida de la población. Todo esto implicaría una ruptura definitiva del sector privado en la gestión del agua pero sobre todo de las concepciones neoliberales que impulsaron una reforma institucional que debilitó la capacidad del Estado.
Según datos contemplados en el II Informe Nacional de los ODM y estimaciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante casi una década no se han presentado cambios significativos en cuanto al acceso al servicio de agua y alcantarillado a través de conexiones domiciliarias. En el caso del agua, aún existe un déficit de 41,4% viviendas sin cobertura a nivel nacional, problema que es más agudo en el área rural en el que el déficit se ubicaría en el 57,5% mientras que en el área urbana llegaría al 33,5%. En alcantarillado el déficit nacional sería del 48,7% frente a un déficit urbano del 35% y un déficit del rural, bastante crítico, del 85,8%.
Así, en Guayaquil, cuyo sistema de agua potable y saneamiento está concesionado a la transnacional VEOLIA-INTERAGUA, en el 2009 sólo el 11%de las aguas residuales recibían depuración en sus lagunas de estabilización y los parámetros de cumplimiento de la normativa ambiental no eran admisibles. En el caso de Quito, Ambato e Ibarra, la situación no varía mucho. Sólo las ciudades de Cuenca, Sushufindi y Babahoyo son las únicas que cuentan con sistemas completos de tratamiento de aguas residuales.
De acuerdo al Art. 318 de la Constitución1 (1) y al Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA) es la entidad que actualmente debería ejercer la rectoría de los recursos hídricos en el Ecuador, pero ésta no cumple esa función, pues no dictamina la política a nivel nacional ni coordina la intervención de las demás instituciones. Así, el MIDUVI, MAE, MSP, INAR han tenido que elaborar políticas con una débil coordinación inter-institucional. De esta manera, la institucionalidad vigente se ha caracterizado por una superposición de políticas, objetivos, funciones y responsabilidades.
En lo que respecta a políticas a nivel nacional, no se ha logrado identificar una propuesta clara para saneamiento ambiental integral. En el proyecto de Ley de Aguas se define al saneamiento como un sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y de tratamiento de aguas servidas, sin incorporar el tratamiento de residuos sólidos lo que ha hecho que persista la fragmentación de la política, gestión y control de residuos sólidos.
Es necesario subrayar que, la Constitución no establece como parte del saneamiento la prestación pública exclusiva del servicio de manejo y tratamiento de desechos sólidos, lo que permite que la provisión de dicho servicio constituya un negocio y que se mantenga en manos privadas.
A pesar de que problemas como éstos han sido identificados, el MIDUVI, el MSP y las empresas de agua potable y saneamiento no han modificado los programas de control de calidad que dirigen, ni han elaborado una política nacional integral para el sector que logre cambiar esta situación.
Tampoco se han desprivatizado las concesiones de los servicios públicos de agua en la ciudad de Guayaquil; y en los Municipios de Samborondón y Pedro Moncayo. En el caso de Guayaquil, con fondos públicos tanto del gobierno nacional como del municipal realizan las inversiones en alcantarillado, conexiones domiciliarias y sistemas de tratamiento de aguas residuales que la empresa transnacional INTERAGUA no realiza, para justificar la renegociación del contrato a pesar de los incumplimientos encontrados en las auditorías y de lo establecido en la Constitución.
Por eso, se considera que la integración de la gestión comunitaria del agua y su participación real en la elaboración de políticas y en la institucionalidad como un reto para la política nacional del sector. Según estimaciones de la SENAGUA la misma es realizada por 9.952 sistemas comunitarios reconocidos por el MIDUVI, el MIES, el MSP y otros organismos gubernamentales, que se distribuyen de la siguiente manera: 6.603 de agua para consumo, 124 de agua potable y 3.225 de sistemas de riego. De acuerdo a datos de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador (JAAPRE), estos sistemas comunitarios abastecen de agua para el consumo doméstico a aproximadamente el 25,9% de la población ubicada fundamentalmente en el área rural y periurbana del país. Un reto adicional es la incorporación de estas cifras a las estadísticas nacionales, ya que por ejemplo, en el VII Censo de Población y VI de Vivienda no se incluyó ninguna pregunta que permita diferenciar entre las viviendas que acceden a los sistemas comunitarios y las que acceden a los sistemas públicos así como si el acceso es permanente o por horas.
La aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua es un tema pendiente. Esta ley deberá dar mayores atribuciones a la autoridad única del agua para que se consolide como entidad rectora, la misma que, según las propuestas de organizaciones sociales, deberá estar compuesta por un consejo plurinacional e intercultural que tenga poder de decisión sobre las políticas nacionales.
De esta manera, la participación efectiva de personas, comunales, nacionalidades y pueblos estaría garantizada, y con ello se aseguraría el derecho al agua, la alimentación, el ejercicio del derecho a la salud y de los derechos de la naturaleza.
Nota
(1) “El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas…”.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Ollantay Itzamná
Desde hace 19 años atrás la comunidad internacional, por decisión de la Asamblea General de la ONU, celebra cada 22 de marzo el día mundial del agua. Fecha que, no en pocas ocasiones, en varios países, pasa completamente silenciada por los acontecimientos coyunturales. Pero el agua, como derecho universal, hoy, se constituye en una cuestión de vida o muerte. Mañana será peor.
Si bien el planeta Tierra es azul porque está compuesto de 71% de agua, sin embargo, sólo el 2.5% de esa agua es dulce. Y del total del agua dulce, sólo el 0.4% se encuentra en la superficie en estado líquido. El resto está en los glaciales y el subsuelo.
Este pequeño porcentaje de agua dulce disponible se va agotando a causa de la contaminación, mala distribución y la “cultura” del despilfarro.
Sí, aunque Ud. no lo crea, ésta nuestra conducta inmoral e irresponsable hace que cada 20 segundos muera un niño/a en el mundo a falta de agua limpia. En la actualidad, más de mil millones de personas ya padecen sed, y más de 2.5 millones (40% de la población mundial) carecen de saneamiento básica. Para 2025, 2 de cada 3 personas en el mundo pasaremos sed.
En la actualidad cerca de 30 países tienen serios problemas de agua.
Entre ellos Kuwait, Libia, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, etc. En los EEUU cerca del 40% de las reservas de agua dulce se encuentran contaminadas. Los 10 principales ríos del planeta están contaminados.
Ante la imposibilidad humana de aumentar las reservas de agua dulce, y ante la imparable contaminación de las pocas reservas que quedan, se plantean dos posturas filosóficas y políticas para la administración de este recurso vital:
La primera, promovida por los promotores del libre mercado (BM, FMI, BID, CAF, etc.) que consideran el agua como un simple recurso mercantil y que para su eficiente administración y asignación debería pasar a manos de empresas privadas, porque consideran que el Estado es el principal responsable del despilfarro de este recurso.
La segunda, promovida por la ONU, ONGs y pueblos conscientes del mundo que consideran y defienden el agua como un derecho universal, requisito para la satisfacción de los demás derechos fundamentales. Destinado a satisfacer las necesidades de todos los seres vivos. El agua es un derecho, no una mercancía. Por tanto, son las comunidades organizadas quienes deben administrar y cuidar el agua y los bosques. Por eso, en 2010, el acceso al agua potable y saneamiento básico fue declarado como un derecho humano fundamental por la ONU.
Honduras, país bendecido por la Madre Tierra por sus reservas hídricas, asumió, de manera irresponsable e irreflexiva, la primera postura. Los servicios de agua y saneamiento, que históricamente fueron asumidos, de forma espontánea, por las organizaciones comunales (juntas de agua), desde inicios de la pasada década (2003) están siendo trasferidos a los municipios para su inmediata privatización (como está ocurriendo en la ciudad de San Pedro Sula). Casi simultáneamente, se transfirieron y transfieren los ríos a las empresas privadas para la producción de hidroeléctricas. Y, ahora último, hasta los bosques están siendo vendidos “para el mercado de carbono”. Así, sin servicios de agua, sin ríos y sin bosques, el pueblo hondureño va camino seguro a su calvario infernal. Y todo, en nombre del “Humanismo Cristiano”.
Si no le conmueven los niños/as que murieron en los minutos que leyó o escuchó esta editorial, quizás porque sean del áfrica o Asia, piense en sus hijos y nietos. Ellos padecerán el calvario de la sed y se enfrascarán en guerras de exterminio por unas moléculas de agua. Y, entonces, sólo quedará lamentos y maldiciones por cómo usamos el agua, y nuestra indiferencia ante la mercantilización de ríos y bosques. Ahora es el momento para que Ud. y yo alcemos nuestras voces y defendamos la sangre y los pulmones de nuestra Madre Tierra.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
