By icciec2024
Nosotros somos como los granos de quinua:
si estamos solos, el viento nos lleva lejos.
Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento.
Bamboleará, pero no nos hará caer.
Mama Dolores Cacuango
Organizarse es empezar a vencer. La lucha del Movimiento Indígena históricamente ha sido para la construcción. Mantener la lucha solo es posible a través de mantener una organización. Pero ¿de dónde surgen los principios que rigen la organización? ¿Qué impulsa la organización? Ver de dónde surgimos, reencontrarnos con el sentido, reencontrarnos con la raíz nos permite ver hacia adelante. Pero, además, sostener una propuesta diferente y revolucionaria supone una fuerza de resistencia muy grande, que nos da la organización si revisamos un poco más de la historia del movimiento y de la organización, podremos construir juntos una panorámica de la realidad actual y de las proyecciones para el movimiento indígena del Ecuador a futuro.
En el Ecuador coexistimos trece nacionalidades y dieciséis pueblos indígenas totalmente diferenciados, los cuales somos descendientes de los grupos originarios que poblaron el territorio ecuatoriano desde hace miles de años y nuestra presencia histórica determina el carácter pluricultural y multiétnico del país, sin embargo desde la conquista española los derechos históricos y las libertades políticas de nuestros pueblos han sido constantemente violados.
Desde tiempos de la colonia existen registros de diferentes luchas impulsadas por diferentes líderes históricos que nos sirven de referentes para construir y sostener las actuales luchas. El desconocimiento e invisibilización de nuestra existencia, la imposición de otra lengua, de otras formas de gobierno, de otras formas de distribución del trabajo que rompen con las formas ancestrales, de otras formas de justicia que no se relacionan con la nuestras, ha hecho que desde la resistencia, los pueblos y nacionalidades sientan la necesidad de organizarse para luchar.
En los años 40 del siglo pasado se crea la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, impulsada por Dolores Cacuango, junto a Transito Amaguaña: se inicia un proceso organizativo amplio especialmente en la sierra de carácter clasista y formas de organización sindical. La FEI jugó un papel importante en la lucha por la tierra, educación, exigiendo mayores salarios, abolición de las formas tradicionales de explotación y de servidumbre.
En 1964, con la primera expedición de la Ley de Reforma Agraria, encabezado por el Instituto de Reforma Agraria y Colonización IERAC, ley que promovió a los indígenas a luchar por la tierra; la forma de la distribución de la tierra para los indígenas creó conflictos permanentes en diferentes provincias,. Ante esta situación los indígenas se reúnen por primera vez en 1972, en la comuna de Tepeyac, provincia de Chimborazo, donde participaron dirigentes de las provincias del Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura; y se resuelve conformar el movimiento indígena denominado “ECUARUNARI” (Ecuador Runacunapac Riccharimui) que posteriormente aglutina en su seno a todas las organizaciones de la región sierra; el objetivo principal de esta lucha fue por la legalización de tierras, educación, libertad de organización, participación en toma de decisiones políticas internas y externas, entre otros. El ECUARUNARI, en los actuales momentos es la organización más representativa en la región interandina. En la lucha permanente por los derechos de los pueblos indígenas ha dado un paso cualitativo y político, convirtiéndose en el eje identidad y sus propias formas de organización.
En 1980 se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE. En 1980 la CONFENIAE y la ECUARUNARI, deciden constituir el Consejo de Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONACNIE, el mismo que en 1986 se convierte en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La CONAIE en su afán de organizar a los pueblos indígenas de la Costa, crea la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Costa Ecuatoriana, COICE, la misma que posteriormente se convierte en la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana, CONAICE.
A partir de estas organizaciones se inicia un cuestionamiento de la estructura del Estado, por lo que se busca construir un Estado Plurinacional, basado en la idea de que los pueblos indígenas son diversos pero iguales, por lo que se buscó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos.
Una vez hecha esta revisión histórica y planteada con claridad el horizonte con el que surge la organización podremos hacer un análisis, refrescar la mirada a cerca de lo que significa la organización. Quienes creemos en la reciprocidad, en la complementariedad, en la integralidad y en la interculturalidad, debemos retomar el sentir de la organización, debemos preguntarnos si la organización aún nos convoca desde este horizonte, si de verdad tenemos claro hacia dónde caminamos, con quién caminamos. Debemos preguntarnos si nuestros pasos están caminando hacia donde queremos llegar.
Así como hemos encontrado en la resistencia un camino de lucha, el capitalismo ha encontrado en la división de nuestra organización el camino para expandirse y eliminar a quienes podrían enfrentarlo. No podemos transar, no podemos negociar lo innegociable, no podemos permitirnos pensar desde la lógica del Capital. Lo comunitario nos sostiene porque nosotros construimos comunidades.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Asamblea de Afectados por Texaco
La sentencia más esperada de los últimos 17 años acaba de hacerse pública. Nicolás Zambrano, juez de la Corte de Nueva Loja, reconoció que la compañía norteamericana Chevron-Texaco es culpable de la contaminación que dejó en la Amazonía ecuatoriana durante sus 26 años de operación.
“El juez ha hecho justicia y ha visto la realidad. Sabemos que esto es solo una parte de nuestra lucha y seguiremos hasta que se haga justicia y se remedie el daño. El mundo debe saber lo que pasó en la Amazonía y que nuestra lucha es por la vida, por la justicia”, señaló Humberto Piaguaje, dirigente de los Secoyas.
El dañó que dejó la compañía ChevronTexaco es el más grande de la historia relacionado a la contaminación petrolera, este no ha sido supera siquiera por la del Golfo de México, que fue causada por BP. El daño que dejó la Chevron es 10 veces más grande.
“Podemos decirles a nuestros vecinos y afectados que la justicia existe. Ellos pueden soñar con poder beber agua limpia, que no tenga residuos de petróleo como hemos tenido que beber hasta estos momentos, podemos soñar con que la tierra se empiece a limpiar y a mejorar, podemos soñar con una vida mejor”, dijo Guillermo Grefa, dirigente de la comunidad kichwa.
El Juez dictaminó que la Chevron debe pagar 8 mil millones de dólares por los daños causados y adicionalmente debe pagar el 10% que impone la Ley de Gestión Ambiental…. “Ningún monto del mundo podrá devolver las vidas, el daño que ha causado esta contaminación, pero este monto no es suficiente para remediar todo lo afectado. Recordemos que se dañó el agua, la vida, la Tierra; que muchas personas murieron, por eso creemos que el monto debería revisarse”, señaló Luis Yanza, coordinador de la Asamblea de Afectados de Texaco.
En la sentencia además el juez Zambrano dictamina que la transnacional norteamericana debe pedir disculpas públicas a las víctimas de la Amazonía ecuatoriana por el crimen cometido. Si Chevron se niega debe pagar el 100% más del monto económico establecido; es decir, que la cifra económica puede ascender a más de 16 mil millones de dólares.
Para determinar el monto total que tiene que pagar la Chevron-Texaco el juez no tomó en cuenta el tan mencionado informe del perito Richard Cabrera, quien según la petrolera se confabuló con los demandantes para extorsionar a la compañía. El juez basó su sentencia en los cerca de 100 informes de otros peritos -muchos de ellos pagados por la propia Chevron –Texaco- que también señalaron que había contaminación.
Los afectados ven este dictamen como el inicio de que la justicia empieza aunque saben bien que la lucha seguirá y que sobretodo la Chevron empezará una serie de campañas para desprestigiar la realidad e intentar cambiar la sentencia a su favor, por eso, dicen los afectados que ellos estarán atentos y seguirán con la lucha hasta que la justicia definitiva llegue.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
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Leonardo Ogaz A.
Una vez ratificado el referéndum-consulta popular por el Tribunal Constitucional, el escenario político del próximo futuro del Ecuador estará copado por la campaña electoral donde se confrontará el Sí gubernamental en contra del No oposicionista.
El referéndum-consulta tiene como eje fundamental el problema del poder en el ámbito de la justicia. Este referéndum contiene 5 preguntas para modificar la constitución y 5 preguntas de consulta general. Su constitucionalidad es bastante discutible, pero no vale extenderse más en esto, puesto que el fallo del tribunal que perfeccionó las preguntas es inapelable.
¿Qué es lo que provocó esta nueva contienda?
Primero un problema real, objetivo, el país está, de alguna manera, tomado por la delincuencia y la justicia se ha mostrado inoperante y corrupta. Además los nuevos mecanismos constitucionales se han demostrado absolutamente lentos e ineficaces para resolver los problemas judiciales. Es aquí donde surge la tentación del poder. El gobierno decide intervenir en el poder judicial para modificar las condiciones de operación en esta esfera. Esto claramente atenta contra la independencia de los poderes consagrada en la actual Constitución, lo cual constituye un atentado, no menor, al derecho liberal burgués en que se sustenta la misma. Pero en realidad el problema principal no es el de la juricidad en abstracto sino el problema político. La cuestión de fondo radica en que el gobierno quiere más poder para combatir un problema complejo y estructural. Un régimen presidencialista que ya concentra cuotas importantísimas de poder, quiere más poder.
La segunda razón tiene que ver con el tipo de apoyos en que se sustenta el gobierno, que si bien cuenta todavía, de acuerdo con las encuestas, con un amplio respaldo, este sostén es del tipo electoral populista, no se sustenta en una organización popular o en una movilización de sectores con conciencia de sí, lo cual lo pone en una situación de fragilidad constante, para combatir esta debilidad necesita reafirmarse permanentemente en las urnas.
Es evidente que otorgarle más poder a este gobierno, es un peligro enorme, existe el temor fundado que se acentúe las tendencias autoritarias cada vez más pronunciadas que ha ido tomando la acción gubernativa.
A lo anterior es necesario sumar el inocultable giro derechista que ha ido tomando la acción gubernamental, incluso el propio referéndum recoge tesis socialcristianas para enfrentar el problema de la seguridad ciudadana.
De parte del movimiento indígena existe una clara decisión de jugarse entero por el No en este referéndum-consulta y tienen poderosas razones para ello, existen 200 dirigentes de los pueblos originarios con juicios por terrorismo. Esto fue el resultado de la lucha en defensa del medio ambiente y en contra del extractivismo minero. Esta tendencia a judicializar la protesta social es marcada y rotunda de parte del gobierno.
El gobierno ya ha tenido un costo político importante al convocar a este referéndum- consulta, una parte relativamente importante de sus aliados se ha retirado del movimiento político gobernante, es el caso de Ruptura de los 25, también una diputada, Betty Amores, ha renunciado al bloque parlamentario oficial y un importante dirigente de Alianza País de la provincia de Guayaquil, Gustavo Darquea, siguió el camino de la desafiliación del movimiento oficialista. Junto a esto la mencionada convocatoria logró consolidar el distanciamiento de otros importantes dirigentes que ya se habían retirado antes como es el caso de Alberto Acosta, Manuela Gallegos y Gustavo Larrea, entre otros.
A pesar de lo anterior y de acuerdo a las primeras estimaciones el gobierno podría ganar el referéndum-consulta, pero de alguna manera y en alguna forma la Constitución recientemente aprobada quedaría con menor legitimidad, ya que reformar una constitución a poco más de dos años no es una buena señal de la validez de la misma.
Tanto la oposición de derecha como la de izquierda se han pronunciado por el No y están tratando de hacer de este referéndum-consulta no tanto un debate en torno a los problemas específicos planteados, como un pronunciamiento sobre el conjunto de la gestión gubernativa. Se está a favor del gobierno o se está en contra.
No obstante también existen sectores que buscan generar un amplio debate sobre los derechos, la defensa de la constitución y otros temas que contribuya al desarrollo de una cultura política que logre elevar los niveles existentes. Que es caso del grupo que lidera Alberto Acosta.
Para la izquierda hay una cuestión que es clave, diferenciarse claramente de la vieja derecha oposicionista.
En las preguntas de la consulta propiamente dicha, es decir, no en el referéndum, existen por lo menos dos temas que podrían hacer pensar en una respuesta positiva, una es la pregunta que tiene que ver con el maltrato a los animales por diversión y la otra que dice relación con aplicar sanciones a los patronos que no pagan el seguro social. El responder afirmativamente estas preguntas permitiría diferenciarse de la oposición derechista.
Una victoria del Sí en la pregunta sobre los espectáculos sangrientos donde se tortura animales posibilitaría hacer una ley que sancione la muerte y el maltrato de estos por diversión, esto afectaría sobre todo a las corridas de toros y a las peleas de gallos; en el caso de las corridas de toros también se argumenta que sería una forma de romper con la matriz cultural del colonialismo.
El votar por estas dos preguntas Sí y las ocho restantes No, sería para la izquierda una buena manera de diferenciarse de la oposición derechista desde la defensa de los intereses de los trabajadores por una parte, y por otra parte, en el caso del maltrato animal se fortalecería el respeto a la naturaleza consagrado en la Constitución y sería un respaldo a las movilizaciones de la juventud rockera anti taurina.
Hay quienes alegan que lo del seguro social está en la Constitución, lo cual es cierto, pero un voto Sí, sin duda reforzaría la disposición constitucional, permitiendo además hacer una ley específica que sancione a aquellos patronos que dejan a los trabajadores sin protección social y le niegan una vejez digna.
– Leonardo Ogaz A. es docente universitario.
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Alberto Acosta
La acusación de terrorismo y sabotaje en contra de un grupo de líderes shuar, entre los que se encuentra José Acacho, Fidel Kaniras y Pedro Mashiant, tensa aún más el tema de la justicia. Y el masivo despliegue de la fuerza pública para detenerlos nos confronta con prácticas represivas que se creía pertenecían al oprobioso pasado oligárquico.
Destaca la ligereza en el uso de las acusaciones de terrorismo y sabotaje. En estos últimos dos años se ha vuelto a esgrimir esta acusación para enfrentar la protesta popular, en este caso de los líderes shuar expresada en contra de la todavía pendientes ley de agua. Esa era la práctica de los años neoliberales. A los luchadores por la vida se les perseguía como terroristas, para que las transnacionales puedan saquear los recursos naturales atentando, además, en contra de la Naturaleza y de las comunidades.
Para dar la vuelta la página, en la Asamblea Constituyente, en Montecristi, ciudad en donde nació el líder de la mayor y quizás única revolución ecuatoriana, Eloy Alfaro, resolvimos vía amnistía, unos 600 casos de acusaciones de terrorismo. El 14 de marzo del 2008 se reconoció “que las personas enjuiciadas se han visto en la necesidad de ejercer el derecho al reclamo en defensa de los recursos naturales y por alcanzar una vida digna dentro de un ambiente ecológicamente sano y libre de contaminación, (….) y que las acciones de movilización y reclamo de las comunidades son de naturaleza esencialmente política y de reivindicación social”.
El tiempo ha pasado y ese espíritu autoritario ha vuelto a aparecer. Hoy se reprime y persigue nuevamente a los líderes populares que luchan por la vida.
A nadie le debe caber duda alguna que la nacionalidad Shuar tiene reivindicaciones de carácter social, cultural y económico. Sus territorios han sido y son amenazados por grandes proyectos petroleros y mineros. La mano del neoextractivismo del siglo XXI, igualmente desaforado como el de épocas anteriores, no se detiene ante nada.
Frente a tanto atropello esta nacionalidad interpuso su rechazo por desconfianza o certeza ante los daños que generarían estas actividades. La respuesta fue la represión o el mismo irrespeto a la Constitución de Montecristi, cuando se intentó aprobar una ley de agua que no abre la puerta a la desprivatización de este recurso estratégico y que privilegia actividades como la minería por sobre aquellas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, entre otros puntos débiles de dicha ley.
Los derechos establecidos en dicha Constitución no han sido transformados aún en herramientas legales que erradiquen todas aquellas prácticas represivas con las que se chantajea y siembra el terror en las comunidades, en este caso en las comunidades shuar. Tenemos un código penal en donde se configura el delito de terrorismo de manera tan general, que no se compadece con los verdaderos delitos de terrorismo. Así el artículo 160,1 del código penal se considera como terroristas a quienes individualmente o formando asociaciones, (…) armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes:….y a quienes construyeran barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas.
De lo anterior se desprende que el tipo penal de terrorismo, como está redactado en dicho código, es inconstitucional. Tiene palabras ambiguas que se prestan a una antojadiza interpretación. Viola el principio de legalidad, que exige palabras que denoten claramente las conductas ilícitas. En esta figura penal cabe tanto el verdadero terrorista que pone una bomba y mata personas para generar miedo, como quien ejerce el derecho a la resistencia -establecido en el artículo 98 de nuestra Constitución- y que protesta para reclamar derechos. La ambigüedad en el derecho penal es inconstitucional.
Entendámoslo, quien usa de forma abusiva el poder penal del Estado hace actos de terrorismo de Estado porque infunde temor injustificado en la sociedad, no quien protesta contra el Estado por los derechos de su comunidad, por supuesto bajo los principios de la no violencia. El Estado debe impedir que se asiente y acreciente la violencia, menos aún puede provocarla al interponer acciones represivas por sobre el diálogo y el respeto a los derechos.
La credibilidad social en la justicia es elemento fundamental de la democracia. El control de la justicia no puede obedecer a la política. La Constitución fijó una ruta para garantizar la independencia de la justicia, ruta en la que apenas se ha avanzado y que ahora está siendo severamente amenazada con dos preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente de la República, las preguntas 4 y 5 del posible referéndum, que afectan la autonomía e independencia de la función judicial.
Estamos frente a un escenario muy complejo. Si en la decisión de detener a los líderes shuar intervino de alguna manera el ejecutivo, sería muy grave. Ya de por si el desmedido despliegue de la fuerza pública revela un abuso de la fuerza. Además, el hecho de que estos líderes no hayan sido encarcelados en su lugar de residencia y que, sin autorización del juez competente, hayan sido llevados a la capital, demuestra otro peligroso abuso. Esto revela un total descontrol de las instancias del Estado que tienen a su cargo velar por la seguridad ciudadana.
Una vez más se utiliza el viejo recurso de marcar precedentes y sembrar el miedo para desmovilizar y silenciar a los detractores. Estas prácticas represivas constituyen una herencia de la vieja política, orientada a desconocer, descalificar e inclusive castigar a los movimientos sociales y a sus líderes. Además, lamentablemente se consolida una equivocada noción de seguridad, contraria a las garantías y derechos establecidos en la Constitución de Montecristi, en tanto incluye el abuso del estado de excepción y el empleo de militares para fines policiales.
Por todo eso, hoy más que nunca, requerimos construir una nueva justicia que no esté contaminada con ninguna forma de injerencia de las otras funciones del Estado. Y por eso mismo también hay que rechazar toda forma de terrorismo de Estado.-
– Alberto Acosta es Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.
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