Editorial

Minería, gran mentira

Nuestra tarea es la de transparentar asuntos turbios, oscuros provenientes del hueco oscuro del mercado, aquellos que surgen de las mentes que han perdido toda su posibilidad de humanidad y pretenden comerciar inescrupulosamente con nuestra posibilidad de seguir habitando el hogar que habitaron nuestros ancestros.

Todo intento por atentar la integridad del entorno en el que vivimos, el legado de generaciones y generaciones que aprendieron a interpretar el sonido del viento, el vuelo de los pájaros, el canto de los ríos, es un atentado contra la vida… Poner como prioridad el progreso, es un atentado contra la vida.

La paradoja radica en que el progreso nos ofrece mayor expectativa de vida, es decir, nos ofrece más años de vida en un entorno que él mismo destroza despiadadamente. Convierte a todo objeto vivo, porque para nosotros todo lo que nos rodea tiene vida, en mercancía… le quita su valor y le pone precio.

El progreso lo abarca todo y tiene múltiples rostros… ahora estamos inmersos todos en el progreso. Sin embargo, es necesario y urgente abrir nuestras pupilas ante varias trampas que nos tiende el capitalismo sangriento.

En el mes de septiembre, la provincia de Zamora Chinchipe se vio envuelta en una crisis detonada por la intervención de elementos de la policía para desalojar algunas instalaciones mineras que, según el gobierno, no tenían permiso para funcionar en esa área.

La crisis se desató debido a que, como es característico en este gobierno, se ignoró el diálogo con los representantes de la minería artesanal de la provincia de Zamora. En lugar de ello, envío 1500 efectivos militares y policiales para que desalojen los asentamientos mineros de la zona.

Para poder analizar con atención la coyuntura, hay que escarbar un poco más e intentar abrir el enfoque y estar atentos a toda jugarreta oscura que la mano negra de los intereses del mercado. Es necesario que con nuestras pupilas bien despiertas y nuestros tímpanos a flor de piel hagamos una lectura de todos los signos que esta nueva crisis nos está manifestando.

En primera instancia, hay que partir de que todo intento de minería que lastime la tierra valiéndose de maquinaria pesada merece repudio y desaprobación. Primero, porque parte de un irrespeto absoluto a la vida de todo elemento presente en el ambiente e impone su presencia, su estruendo y sus desechos en lugares en donde juegan los vientos. Entonces, sin apoyar la agresión y la actitud nefasta del gobierno para con los trabajadores mineros de Zamora, tendríamos que identificar claramente que el problema de la minería tiene muchos más actores de los que aparecieron durante los días de la crisis. Es necesario comprender que los trabajadores mineros no son necesariamente mineros artesanales.

Para explicar mejor esta idea, basta con cuestionar los métodos que utilizan los mineros desalojados. De ahí que surgen varios cuestionamientos que nacen a partir del hecho en particular, pero que tienen que ver con el sentido de explotación capitalista. Los atacados por el gobierno son empresarios de minería a mediana escala, por lo tanto, la medida más consecuente es controlar y normar ese tipo de explotación minera. Sin embargo, para reivindicar su actividad, estos empresarios se valieron de sus trabajadores. Ellos, los que sí necesitan empleo, los que intentan cuidar el entorno fueron atacados, aunque esto no quiere decir que son mineros artesanales: son trabajadores de empresas mineras más grandes. De ahí que la pretensión del gobierno por regular esta actividad y por retirar de un territorio protegido a las maquinarias de estas empresas no es lo cuestionable del asunto.

Ahora bien, la trampa del gobierno radica en las intenciones con las que remueve, metiendo en un mismo costal a los mineros artesanales y a los trabajadores mineros, los asentamientos de explotación de minerales, con el argumento de su violación a las restricciones ambientales con la finalidad de que empresas trasnacionales que «sí hayan realizado estudios de impacto ambiental» y que obtengan los permisos oficiales para realizar minería a cielo abierto y, ahí, retirar del camino a los pequeños mineros.

Es absolutamente reprobable la violencia utilizada por el gobierno en Paquisha para realizar la remoción de las maquinarias y de los trabajadores de las mineras. Es más terrible aún la incapacidad del gobierno para dialogar, y es absolutamente deplorable la intención del gobierno de hacer aparecer a los mineros ilegales y a los mineros artesanales como si fuesen la misma cosa de manera que cualquier reivindicación de los mineros artesanales posterior a estos hechos queda completamente descalificada.

Cuidado, cuidado guardianes de los huesos de la tierra. Cuidado con prestarnos para el juego de quienes nos quieren desangrar. No dejemos de estar alerta, de defender la posibilidad de tener una minería artesanal, que respete los principios reales, sentidos del Sumak Kawsay, que no irrespete la vida ni atente contra ella. No podemos darnos el lujo de caer en las trampas del Capital y convertirnos en sus fichas de juego.

Mente atenta, manos que trabajan por la igualdad, corazones ardientes que sienten a los hermanos vibrar.

Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker

Socialización del Estudio de Impacto Ambiental de Mirador: la necesidad de un proceso de consulta transparente y democrático

William Sacher

El viernes 5 de noviembre de 2010 se realizó en Tundayme, Chuchumbletza y El Pangui la socialización del borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Mirador de la empresa Ecuacorriente S.A. (una subsidiaria de las chinas Tongling y China Railways). La legitimidad de este evento ha sido cuestionada por varios actores locales, entre otros el Consorcio de Organizaciones Sociales del Cantón del Pangui. En una carta mandada al Ministerio del Ambiente el 11 de noviembre, éstos exigen la nulidad de las audiencias efectuadas porque violarían la constitución y serían empañadas de irregularidades.

Una de estas irregularidades que llama la atención: el hecho que en ningún momento la comunidad tuvo acceso ha dicho borrador de EIA. En el mismo evento de socialización, sólo se presentó un resumen. ¿Cómo la comunidad y la ciudadanía ecuatoriana en general pueden decidir de la pertinencia de un proyecto minero de la importancia de Mirador si no tiene acceso a este documento básico? Una exigencia elemental de transparencia por parte de la empresa como la del Gobierno consistiría en publicar sistemáticamente este tipo de documento, a través de todos los medios disponibles (entre otros el internet).

Resulta entonces, de manera sumamente paradójica, que las poblaciones directamente afectadas no son adecuadamente informadas sobre el proyecto. Esta carencia se vuelve inaceptable cuando los impactos de la actividad minera cambiarán para siempre su medio ambiente, económico, social y cultural. Al menos es la conclusión que se puede extraer de antiguas versiones del EIA del mismo proyecto Mirador1 (una versión aprobada por el Gobierno el 12 de junio 2006, para un proyecto que en aquella época preveía el procesamiento diario de 25.000 toneladas de roca en un periodo de 18 años, así como un EIA ampliatorio producido dos años más tarde, para un procesamiento diario previsto de 27.000 toneladas de roca2).

Impactos irreversibles

Entre los puntos más importantes que conviene resaltar de las versiones anteriores del EIA conviene mencionar los siguientes:

• el proyecto tendrá « una incidencia en la supervivencia de los ecosistemas » de los ríos alrededor del sitio de la mina, en particular respecto a la fauna acuática;

• los autores reconocían implícitamente su ignorancia respecto al peligro sísmico, así como la necesidad de llevar a cabo análisis de los peligros de movimientos de terreno e inundaciones en el futuro, particularmente los peligros por crecientes e inundaciones en la cuenca del río Tundayme.

Es preciso recordar que una ruptura de dique de colas3 a causa de un terremoto o de su inundación conduciría a una catástrofe ambiental sin precedente en el Ecuador. Al nivel mundial, la minería a gran escala tiene una larga historia documentada de accidentes con consecuencias dramáticas e irreversibles para los ecosistemas y la salud pública. Cabe recordar que la Cordillera del Cóndor es uno de los sitios más expuesto a lluvias intensas y abundantes, así como de mayor sismicidad del planeta entero. Además, es un sitio de alta biodiversidad. Eso aumenta los riesgos de contaminación y de destrucción irreversibles causados por la explotación minera. Entonces, en el caso de la cordillera del Cóndor, el tratamiento de estas amenazas debe hacerse de manera especialmente cuidadosa. Sin embargo, la disponibilidad actual de datos hidrometeorológicos, climáticos y sísmicos sobre la Cordillera del Cóndor no permite que se diseñan las obras del proyecto Mirador de manera segura.

Además de estos últimos puntos, conviene mencionar que:

La evaluación de los impactos de las diferentes actividades que se desarrollan en el marco de la explotación minera sugería que, 83% de las actividades del proyecto minero tendrá un impacto negativo4.

En cuanto a los efectos negativos, los EIAs concluyan, existen posibilidades de contaminación del agua, del aire, así como amenazas a la flora o la fauna, de efectos severos para la salud de las poblaciones de los alrededores, así como cambios sociales profundos que llevarán al colapso de las estructuras sociales tradicionales. Uno de los pocos efectos clasificados como «positivos », es la creación de fuentes de empleo directo e indirecto.

¿De qué empleo se trata?

Las empresas mineras se basan ampliamente sobre este efecto “positivo” que es el empleo para justificar sus proyectos mineros. Es cierto que la creación de empleos puede ser un factor de desarrollo económico básico. Sin embargo, ¿de qué tipo de empleos se trata en el caso de la minería metálica a gran escala?

Los previos EIA de Mirador reconocen que las fuentes de empleo serán efímeras. Es en la fase de construcción de la mina que se emplea una gran proporción de mano de obra local. Una vez en operación, la mina requiere más empleos especializados por lo que generalmente baja el número de empleos para las comunidades. A eso se debe añadir que los negocios mineros son altamente dependientes de las fluctuaciones de los precios de los minerales al nivel internacional. Los mercados metálicos son particularmente caprichosos, pues suelen subir y bajar los precios de manera abrupta. En ciertos casos puede llevar al cierre de la mina y despidos masivos.

Los trabajos que quedan para la población local una vez la mina en explotación son generalmente los más peligrosos Después del boom mediático de este verano, relacionado con los mineros chilenos, no se necesita recordar lo peligroso que puede ser trabajar en una mina. En los años noventa, el instituto público de estadísticas de Canadá revelaba que la industria minera era la primera responsable de accidentes de trabajo en este país. Además de los frecuentes accidentes, los mineros suelen sufrir de enfermedades crónicas, a menudo mortales, como consecuencia del ejercicio de su labor. En el caso de Mirador, el EIA presenta ciertos riesgos del proyecto como « intolerables », ya que los trabajadores están expuestos a peligros de muerte.

En fin, cabe señalar que los empleos creados son tradicionalmente dirigidos a hombres de buena salud, y reemplazan otros tipos de empleos que desaparecen con la instalación de la mina (ganadería, cultivos, etc.). Por ello, con la minería se fortalecen agudamente las desigualdades entre las mujeres y los hombres, ya que éstos se vuelven los principales proveedores de los hogares, mientras que las mujeres se quedan sin actividad productiva.

La necesidad de un proceso de audiencias transparentes y democráticas

Las empresas mineras, particularmente las empresas transnacionales, tienen estrategias de comunicación muy elaboradas para convencer al pueblo de que sus prácticas respeten al medio ambiente y tejido social local. Pretenden que son capaces de llevar a cabo una explotación controlando a las contaminaciones y generando el desarrollo económico de las regiones en las cuales se instalan. Sin embargo, los mismos estudios de impactos de estas empresas evidencian que – según sus propios criterios- una minería sin impactos considerables e irreversibles es imposible. Cabe destacar que aun los países de tradición minera con alto conocimiento técnico, cuentan con un saldo socio-ambiental catastrófico. Es el caso de Canadá, país de gran experticia minera, en donde la contaminación a gran escala y el despojo de los indígenas causados por la actividad minera son muy bien documentados.

Este saldo se debe a que en Canadá, las empresas mineras gozan de una alta permisividad de las leyes ambientales y de minería. Aun así, en caso de un proyecto minero de gran escala el Gobierno tiene que organizar audiencias públicas casi-jurídicas y participativas que tienen como objetivo de decidir de su pertinencia. En comparación, la obligación de socialización de los EIA que tienen las empresas mineras en el Ecuador no es suficiente. En ésta, los ciudadanos no tienen mayor voz, mientras que este foro se convierte en un instrumento de legitimación de los proyectos mineros.

Dada la decisión de la Corte Constitucional del 18 de marzo de 20105 que obliga a la definición de un proceso de consulta previa, es sumamente necesario que se lleven a cabo el tipo de audiencias que existen en Canadá en el caso de los proyectos mineros vigentes en el Ecuador. Estas audiencias, cumplirían la exigencia de transparencia con su retransmisión en vivo por los medios de comunicación regionales y nacionales. En este proceso las poblaciones directamente afectadas, así como la ciudadanía en general tendrán la posibilidad de exponer sus dudas, inquietudes y posiblemente estudios independientes. La decisión de seguir o de parar con el proyecto deberá ser tomada en el marco de estas audiencias por una autoridad competente, y de manera la más democrática que posible.

La explotación a gran escala de recursos minerales implica transformaciones irreversibles y de gran importancia del medio ambiente, del entorno social, económico y cultural de regiones enteras. Por ello, es necesario que la población sea perfectamente informada de los impactos (al menos lo que se pueden prever). Únicamente desde un manejo verdaderamente democrático del proceso de consulta y de información, el público podría juzgar la pertinencia de la realización de un proyecto minero a gran escala para el interés de las ecuatorianas y de los ecuatorianos.

Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
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Fernando Sarango
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Edición Electrónica: Marc Becker

La criminalización del conflicto Mapuche

Fernando de la Cuadra

La huelga de hambre iniciada por un grupo de 31 presos políticos mapuches en diversas cárceles de Chile ya completó los 40 días y las autoridades chilenas todavía no han dado ninguna respuesta a un conjunto de reivindicaciones que han levantado los huelguistas y las organizaciones del pueblo Mapuche. Las demandas que ellos plantean a la autoridad son justas y legitimas:

1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;

2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;

3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;

4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y

5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.

Esta Ley Antiterrorista prevé la aplicación preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia más directa ha sido la estigmatización de los mapuches como un pueblo violento.

Por su parte, la prensa escrita y audiovisual ha ignorado esta huelga de hambre, centrando las informaciones en el drama que afecta a 33 mineros sepultados hace más de dos semanas en la mina San José, al Norte del país. Excepto por unos pocos medios de comunicación, se ha impuesto un vergonzoso manto de silencio e indiferencia sobre esta otra tragedia que asola a Chile. Según las últimas informaciones difundidas por los familiares de los huelguistas, la salud de la mayoría de ellos se encuentra resentida después de casi mes y medio sin ingerir alimentos. Frente a la perseverante lucha de los mapuches por conquistar sus derechos, el mutismo del gobierno torna aún mas ilegitima la aplicación de una Ley Antiterrorista que ha sido condenada por Naciones Unidas y por organismos internacionales de Derechos Humanos.

El estallido contemporáneo del “conflicto Mapuche”

La expresión contemporánea del conflicto entre los Mapuche y el gobierno, las empresas forestales y de energía (embalses), se instaló a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche de ese sector argumentaba su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal apelando a sus derechos ancestrales. Desde esa ocasión y hasta la fecha, la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.

A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas localidades del Sur del país, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad contratados por las empresas.[1] En la Región de la Araucanía se desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de propiedad sobre dichas tierras.

Algunos de estos enfrentamientos han cobrado la vida de jóvenes integrantes del movimiento Mapuche. Los hechos han demostrado que quienes han perdido la vida o los que han sido agredidos en su gran mayoría son integrantes de esta etnia.[2] La tensión generada por estos asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo, puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una manifestación.

Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de diálogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio. Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico. La pregunta en este caso es precisamente de que tipo de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto, difícil de ser contornada por simples medidas paliativas.

Las comunidades Mapuches también están conscientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades. Como bien nos recuerda Gonzalo Rovira en su artículo, “Patrimonio natural y políticas públicas”, el llamado progreso con su uso creciente y dramático de recursos naturales, tiende a expandir la frontera, aumentando la proporción de zonas intervenidas, para satisfacer así una creciente demanda por bienes y servicios.

A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia…”.

En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las acciones represivas tópicas durante la administración de Bachelet solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad, nacionalidad y autonomía.

Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con la evidente oposición del gobierno y la apatía y falta de movilización de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de algún desenlace fatal. Eso sería un error dramático e inexcusable para cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática mínima.

Fernando de la Cuadra
Sociólogo chileno, Miembro de la Red Universitaria de Investigadores sobre América Latina (RUPAL).
http://alainet.org/active/40309

[1] Una cronología pormenorizada de estas ocupaciones y de otro tipo de manifestaciones (huelgas de hambre, marchas, tomas de caminos, tala de bosques, etc.) se encuentra en los diversos números de la revista del Observatorio Social de América Latina, publicada por CLACSO o en los diversos documentos del Observatorio de Conflictos Ambientales editados por la Casa de la Paz.

[2] Existen tres sucesos de graves consecuencias que han acaparado la atención de la opinión pública nacional e internacional. La primera fue el asesinato del estudiante Mapuche Edmundo Lemus (de 17 años) que recibió una bala disparada por las Fuerzas Especiales de Carabineros mientras participaba en una movilización pacífica de recuperación de tierras efectuada en el Fundo Santa Elisa de propiedad de la forestal Mininco, en las proximidades de Angol. A comienzos del 2008, el 3 de enero, murió a causa de una herida de bala disparada por la Policía, el joven activista Matías Catrileo (22 años). Otro caso que provocó gran consternación fue el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collio (24 años), acontecido en agosto del año pasado, tras el desalojo policial de un fundo agrícola en Angol.

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