By icciec2024
¿Qué es la justicia indígena?, iniciamos el editorial de éste mes con ésta pregunta, que hoy se torna fundamental conocerlo, primero por el reconocimiento jurídico de ésta en la constitución y segundo por una serie de hechos ocurridos alrededor de ésta, en diferentes partes del país, hechos calificados por muchos, como barbarie.
Que la nueva constitución haya reconocido la existencia de varias formas y ejercicios de administración de justicia, no significa de ninguna manera que los pueblos indígenas no hayan ejercido sus formas propias de justicia, en sus territorios, en sus comunidades, antes de que éstas sean reconocidas, a lo largo de la historia ésta se ha ejercido bajo el riesgo de ser penalizada como delito por la justicia ordinaria. Por lo que partimos de un acercamiento conceptual que lo define.
El derecho indígena es de naturaleza comunitaria y se define como un sistema, jurídico-normativo, de procedimientos y autoridades que regulan la vida social, productiva y política de los pueblos originarios, tiene como característica básica, ser un derecho histórico propio y de ejercicio comunitario, basado en tres principios, respeto, verdad e igualdad.
Partiendo de esta proposición conceptual, que quizá no alcanza a definir, el sistema y ejercicio de la justicia indígena, y haciendo uso de la oralidad y del juego simbólico, debemos necesariamente analizar la acción jurídica indígena, que nos permita analizar, todos los elementos que forman parte fundamental del derecho indígena: autoridades, sanciones, procedimientos, territorio, autonomía, sujeto de derecho, etc.
Los elementos fundamentales del derecho indígena y de cualquier estructura jurídica, son el territorio y la soberanía, es decir el espacio territorial donde se ejerce y el nivel de autonomía del ejercicio.
Ahora ¿quién es la autoridad, en los pueblos y nacionalidades? La autoridad es pluripersonal, es decir no recae en una sola persona, sino en toda la comunidad.
Es necesario reflexionar sobre el ejercicio de la sanción, porque es en este elemento donde hay confusiones, errores y mal procedimiento del derecho indígena, es donde precisamente muchas comunidades campesinas, comunidades barriales e inclusive comunidades indígenas, confunden y caen en actos violentos que van en contra no solo de los derechos humanos, inclusive en contra del mismo derecho indígena.
El objetivo del ejercicio de la sanción es retornar al individuo a su ser comunitario, sanción que jamás lo cumplirá a solas, siempre estará acompañado y vigilado por la comunidad, castigo que jamás buscará terminar con su vida, como ya lo han dicho muchos de los juristas indígenas, es decir, la pena de muerte en el derecho indígena no existe.
Por estas razones, no entendemos por qué a meses de la aceptación del derecho indígena en la constitución, se acuse a este ejercicio, como la causa que ha impulsado a actos violentos como la quema de seres humanos vivos, torturas o linchamientos.
Estamos seguros que estos actos son el resultado de un sistema de derecho deslegitimado en el pueblo por no ser veraz y efectivo, las normas constitucionales del Estado-nación no han dado ningún resultado a la hora de corregir e insertar a los infractores de las normas de convivencia colectiva.
El pueblo frente a oídos sordos de la justicia del derecho positivo, inmerso en una sociedad de violencia, interpreta y hace uso de la propuesta indígena, reduciéndola a la justicia por mano propia, donde la ira y el descontrol social estipulan y direccionan la pena a cumplir por parte del infractor.
Para la justicia ordinaria y los derechos humanos, el castigo de la ortiga y el baño de un infractor, con su cuerpo semidesnudo frente a la comunidad, es un delito, una violación al derecho del individuo; para el derecho indígena, la ortiga y el baño son un mecanismo curativo integral de la salud indígena, entendida ésta como el estado corporal y espiritual de un individuo con su comunidad, el acusado necesita ayuda para reintegrarse sano a la comunidad por medio de la ortiga que es una planta que ayuda a relajar los músculos, circular la sangre de tal manera que el oxígeno y la sangre lleguen a la cabeza de manera ideal, esto ayudará al acusado a pensar bien antes de actuar; el baño con agua fría complemento ideal para un cuerpo apresado en la zozobra del miedo por haber actuando fuera de la ley, y la desnudez frente a la comunidad, porque la sanción es abierta y es comunitaria, de allí que el sujeto del derecho indígena es un sujeto comunitario, la comunidad-individuo a diferencia del derecho positivo, el sujeto de derecho es el individuo, concepciones totalmente diferentes.
Estas y otras reflexiones se deberían hacer antes de acusar y poner en tela de duda, lo actualmente reconocido por la nueva constitución, un derecho indígena que no inicia a partir de hoy como ya lo hemos dicho, sino que se lo ha ejercido históricamente.
¿Qué se quiere justificar, o deslegitimar, al decir que el ejercicio de la justicia indígena, viola los derechos humanos y las normas de justicia nacional? ¿No será acaso que se quiere invisibilizar el resultado del ejercicio de la justicia ordinaria? ¿O acaso desconocer la existencia del pluralismo jurídico que ha existido de hecho en el Ecuador?
El reconocimiento de la justicia indígena como parte del quehacer jurídico de un Estado Plurinacional, es avanzar hacia un pluralismo jurídico que norme el comportamiento de relación intercultural de las naciones que coexisten en el Estado ecuatoriano, esta práctica para nada se contrapone con los derechos humanos, como analizan varios juristas, se trata del reconocimiento de un derecho jurídico histórico que siempre ha estado vedado por el derecho positivo, una muestra más de la falsa construcción de los Estados uni-nacionales en Latinoamérica.
Atentar contra este reconocimiento, sería retroceder 170 años y desconocer 500 años de lucha indígena.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Nancy Bedón
Para los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador acceder a las becas que el pueblo Cubano nos ofrece, consecuentemente con su ideal socialista, de ver a la humanidad vivir realmente como seres humanos, ha significado siempre la posibilidad de enmendar, el poco cuidado que los gobiernos nacionales han tenido para el pueblo indígena en relación a la educación y a la agricultura.
En este marco, lograr que los pueblos se hermanen bajo el objetivo de cambiar las condiciones económicas y sociales deplorables de su población, generadas por la mala distribución de la riqueza, y por el olvido histórico del Estado, ha sido posible gracias a la conciencia política que estos mismos pueblos tienen; a éstos pertenecen las nacionalidades indígenas del Ecuador, a pueblos concientes de sus necesidades y sus capacidades, tanto económicas, como políticas y sociales.
Una de las necesidades urgentes a resolver, por la vida digna de los pueblos, las comunidades indígenas y campesinas, por los obreros, es la salud, pues la falta de centros médicos en las comunidades, la falta de una buena alimentación, la carencia de trabajo, que permita la tranquilidad emotiva y económica de la gente y otras condiciones más, han generado problemas de salud grave: en los más pequeños, desnutrición y anemias; en los adultos y los más ancianos, problemas intestinales y pulmonares, dificultades en la salud que muy pocas son tratadas. Concientes de ésta realidad se busca solucionar de la manera más efectiva y económica este problema.
Uno de los caminos encontrados para resolver los problemas de salud en las comunidades, ha sido y es, la hermandad y el compañerismo del pueblo cubano con las nacionalidades y pueblos indígenas del país, amistad que se ha visto estrechada por medio de las becas, no solo de estudios en medicina, en varias otras carreras que sobrepasan las dos centenas, espacios de formación profesional que los pueblos indígenas acceden con miras al bien común.
Enviar a nuestros hijos, hermanos o compañeros a Cuba, con la misión, de prepararse como médicos, agrónomos, deportistas y más, tienen intrínseco la necesidad de resolver en cierta medida los problemas comunitarios que nuestros pueblos tienen; para quienes son beneficiados con las becas, la tarea es histórica, llegar después de seis o un par de años a la comunidad desde donde partieron, con el fin de mejorar las condiciones de salud, educación y producción de ese pueblo, que años atrás les dio su aval para que viajaran a Cuba o a otro país para formarse, para aprender, para retornar sabios y conocedores de instrumentos técnicos e intelectuales, que aporten a la vida.
Por la importancia que tienen estos procesos de formación profesional, obtenidos por medio de nuestro quehacer político, creemos que es necesario reflexionar sus resultados, el proceso de acompañamiento a los beneficiarios de las becas y su ocupación luego de su retorno como profesionales.
Año tras año hemos visto llegar carpetas de jóvenes, militantes del movimiento indígena, a la CONAIE, al ECUARUNARI y a otras organizaciones de los pueblos originarios de nuestro país, para adquirir una beca, en especial para estudios en medicina. Pero es necesario señalar, durante este tiempo ¿Cuántos de ellos que ya son médicos, agrónomos o educadores, han retornado a la comunidad para cumplir con el principio ético de nuestros pueblos, la reciprocidad?
Esperamos sinceramente que al menos uno, de los 2129 aproximadamente que han viajado a estudiar medicina, estén al servicio de su pueblo; ésta reflexión nos surge porque datos de aquellos que se fueron, de los que están allá y de los que ya son profesionales gracias a la beca, solo hemos podido encontrar como dato estadístico en la Embajada Cubana, cosa que no existe en las organizaciones que un día sirvieron de puente para la obtención de esta beca.
Lamentablemente, el papel de las organizaciones regionales, provinciales y nacionales que hacen de puente legitimador para que estudiantes indígenas viajen a estudiar en Cuba, pareciera haber quedado reducido a la intermediación burocrática, han dejado a un lado o no se han dado cuenta que su papel con las bases que envían a sus estudiantes con las becas es ineludiblemente político.
Esta realidad nos debe hace reflexionar casa dentro, para llamar a las organizaciones, a la CONAIE, al ECUARUNARI, se tome el reto planificador y direccionador de los estudiantes, de los médicos, agrónomos u otros, que han sido beneficiados con la beca en cuba, o en cualquier otro país, para conocer por ejemplo, en el caso de los estudiantes becados residentes en Cuba, ¿cómo viven los criterios de interculturalidad en ese país hermano?, ¿cuáles son sus necesidades tanto individuales como colectivas? ¿Cuáles es el bosquejo comunitario que están construyendo una vez graduados? y si la pertenencia comunitaria se ha perdido, en ese caso como recuperarla o fortalecerla.
Conocer la realidad de los estudiantes indígenas, tener constancia en la comunicación, ayudarles de alguna manera a resolver problemas propios de su lejanía comunitaria, nos permitirá mantener el vinculo político y comunitario, para que no se pierdan en el tumulto de individualidades que el mundo capitalista tiene, conocer su realidad en el país hermano y sus sueños, implica un trabajo posible y sencillo de realizar, creando redes de comunicación virtuales, escritas y visitándoles al menos una vez al año. Solo de esta manera podríamos pedirles reciprocidad política con su pueblo.
Conocer sobre los nuevos médicos indígenas que ya han retornado, y que entendemos que son 272 aproximadamente en estos 10 años, es tener la posibilidad de interrelacionar y coordinar el servicio de salud con las necesidades de los pueblos y nacionalidades, ¿cómo lo podemos hacer? Primero teniendo sus datos, segundo abriendo posibilidades de centros de salud comunitarios, donde los nuevos médicos puedan ejercer su profesión, posibilidades que se deberían exigir a gobiernos locales y nacionales, en cuanto a presupuesto se refiere.
Creemos que el quehacer político exterior que el pueblo cubano realiza, en relación a la salud del pueblo ecuatoriano, en especial del pueblo indígena, a pesar del bloqueo económico que han sufrido a lo largo de su historia, no puede seguirse recibiendo con indiferencia organizativa, peor aun con agradecimientos cristianos, de quien recibe una limosna, es hora de asumir el compromiso político organizativo que nuestros pueblos exigen, sabiendo que la historia un día nos pedirá cuentas de aquello.
Mirar en el caso de los nuevos médicos que están aquí entre nosotros, una puerta abierta, una herramienta para caminar al Sumak kawsay, donde la salud juega un papel primordial a la mano de la producción; debe ser el acto mas consecuente que las organizaciones pueden realizar, con la claridad política del pueblo cubano y con la necesidad de las comunidades; para lograrlo debemos estar en contacto permanente con los estudiantes, con los médicos, organizar en las comunidades centros de salud interculturales, abriendo espacios de labor a nuestros médicos, inclusive creando espacios de pasantías en las mismas comunidades para aquellos que vienen de vacaciones, dándoles así el sentido político de su profesión, fortaleciendo al mismo tiempo su sentido de pertenencia comunitaria.
Sabemos que no es una tarea fácil, que como todo en este sistema económico capitalista necesita capital de inversión, pero debemos trabajar sabiamente en convenios nacionales e internacionales que permitan la construcción de centros de salud comunitaria, en el caso de medicina, debemos además por derecho exigir al Ministerio de Salud, coordinación en la ejecución de programas de salud o establecimientos de centros médicos interculturales en los pueblos con la presencia de los profesionales médicos que vienen desde la hermana República de Cuba, o cualquier otro país buscando ejercer su profesión y devolver a su pueblo los conocimientos que adquirieron; aquí es necesario señalar que tenemos una ventaja, nuestro vivir comunitario, nuestras organizaciones reconocidas a nivel mundial y nuestros estudiantes que retornan sabios para cuidar del pueblo y la chacra como el cóndor, el puma y la serpiente.
Lo que nos falta realmente es voluntad y visión política, para dar dirección a este capital humano, que con sueños comunitarios parten y en el transcurso de sus estudios son abandonados organizativamente, retornando con una carrera que solo encuentra sentido como provecho individual.
Perder el contacto con los estudiantes en Cuba, perder de vista al que regresa a la comunidad como médico, es renunciar a la posibilidad de construir de forma más concreta nuestro proyecto político, que busca no solo la participación de los pueblos y nacionalidades en el campo político, sino que busca ante todo hacer de los pueblos originarios, un sujeto constructor de su propia historia.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Eliana Champutiz
…“una forma particular de entender la realidad, es la presencia de un polo opuesto, que en la sabiduría indígena implica necesariamente la presencia del otro, los opuestos resultan ser complementarios y no contradictorios, (kari-warmi, chiri-cunu, tuta-puncha, inti-killa; entre otros”… Universidad Amawtay Wasi, “Aprender en la Filosofía y el Buen Vivir” Ecuador, 2004
Hablar de la mujer en el ámbito público como sujeto de acción productiva y política, significa hablar del largo proceso histórico de lucha que las mujeres han emprendido, desde que fueron consientes de su ser para si, conciencia que posibilitó la organización de las mujeres a nivel mundial, en busca de la igualdad y la equidad de género al interior de sociedades eminentemente patriarcales.
Para Latinoamérica este proceso, inicia sus pasos desde los años 20, precisamente en el Ecuador, con Matilde Hidalgo, la primera mujer que participó en los comicios electorales de 1924, quien acercándose a la juntas electorales en Macha exigió la inscripción de su nombre en el padrón electoral, dejando a los delegados del tribunal electoral y a toda la sociedad de entonces, estupefacta frente a tal atrevimiento, al mismo tiempo dejando abierta la posibilidad de que las mujeres ecuatorianas construyeran sus propios pasos, no solo en el ámbito productivo, también en el ámbito político, posibilitando el salto de su quehacer en lo privado al quehacer público.
Muestra de una sociedad organizada bajo criterios patriarcales es que en la constitución de entonces no constaba ninguna provisión de participación de la mujer en el ejercicio del voto, ya que la prohibición estaba en el quehacer cultural de la sociedad, era una norma connatural, legitimada en un Estado patriarcal, cotidianidad que hizo de Matilde de Hidalgo una mujer rechazada por las damas de entonces y excomulgada por la iglesia católica, contexto que tardaría 5 años en cambiar, siendo el Ecuador el primer país en Latinoamérica en aceptar la participación de la mujer como sujeto de derecho al voto, es decir sujeto de participación democrática en 1929.
Desde entonces, hasta estos tiempos la lucha por el reconocimiento equitativo, igualitario de los géneros en el ámbito público, ha tenido sus tropiezos y sus llegadas triunfales, uno de los traspiés es la confusión conceptual y práctica que el movimiento feminista tiene alrededor de la igualdad.
Al respeto Diana Deere y Magdalena León, nos dicen en su libro “Género, propiedad y poder” que la igualdad de los géneros está sujeta a varias interpretaciones, lamentablemente, por un lado las feministas de la igualdad para las cuales las diferencias de género se han usado para racionalizar la subordinación de la mujer frente a ese paradigma de lo natural que ha sido definido en términos masculinos, reforzando bajo esta idea el papel doméstico de la mujer y su marginación, y la segunda de las feministas culturales, quienes consideran que las diferencias de género son la base de la identidad y del androcentrismo, en donde radica el problema fundamental de los géneros.
Un desliz del movimiento de mujeres, por la participación en el ejercicio de decisiones en el ámbito público y privado, es la mal entendida igualdad como simulación o reproducción de la mujer como un seudo hombre, capaz de reproducir los sistemas de marginación y subordinación que la sociedad ha mantenido y sigue manteniendo.
Desde estos elementos y otros que citaremos más tarde, debemos analizar la participación de la mujer en el quehacer cultural de la sociedad moderna, con énfasis en la división del trabajo por género, ubicando la distribución social de la riqueza tanto para hombres como para mujeres y analizando la práctica política de aquellas que ocupan un espacio de decisión sea éste publico o privado.
En este ámbito reconocemos que la participación de la mujer en Latinoamérica, por ende en el Ecuador, no solo ha quedado reducido en el ámbito productivo laboral, éstas se han abierto campo en el ámbito político, participando abiertamente en espacios de decisión económica y política del Estado, proceso que ha resquebrajado el techo de cristal del ámbito político dominado y dirigido por la presencia masculina.
Grieta cultural que aun no ha llegado del todo a romper con el cristal patriarcal que está cubierto el Estado ecuatoriano, un ejemplo concreto de esta imposibilidad de género es la obligada renuncia de Rosalía Arteaga, en el 2007, año en que la primera mujer ecuatoriana se sentaba en el sillón presidencial, pasajera ilusión feminista que duró no más de una semana.
Hecho histórico que según el diario El Hoy tituló “El techo de cristal o la metáfora del sistema que excluye del poder a la mujer” haciendo referencia a una teoría europea que señala que si bien las mujeres podemos ser grandes artistas, empresarias, educadoras, profesionales, etc.; existe un techo de cristal que nunca podremos pasar para acceder al poder del Estado. ¿Se trataría pues de un santuario de poder destinado a los hombres?
Suceso histórico que quedaría no solo subrayado en las páginas de la historia ecuatoriana, en el mismo salón Amarillo de Carondelet, donde constan los retratos de los magistrados que han ocupado el sillón presidencial, el de Rosalía Arteaga, los ecuatorianos nunca podremos mirar.
No así en Argentina y Chile donde la participación de las mujeres en el ámbito político ha llegado al sillón presidencial, con Cristina Fernández y Michel Bacheleth respectivamente.
Reconocer que estos logros son el resultado de la lucha de la mujer por su reconocimiento como sujeto político, es valedero hasta cierto punto, pues para las mujeres indígenas y no indígenas que creemos que la relaciones de género se dan en términos de complementariedad y unidad humana, la llegada de éstas tres mujeres, Arteaga, Bacheleth y Fernández a la presidencia, no solo está sujeto a las conquistas feministas, colocar éstos hechos solo a éste ámbito no sería correcto, ya que estaríamos invisibilizando la lucha de clases, cuestión fundamental para los pueblos.
Las diferencias culturales, sexuales y de cualquier otro tipo, no deben de ninguna manera desdibujar la lucha de clases, pues es en ella, donde radica la lucha por el poder y la subordinación, por lo tanto desde nosotras las mujeres originarias de Latinoamérica proponemos el análisis de la participación de la mujer en el ámbito político, desde la liberación de la mujer complementaria, pues el nivel de desarrollo que tiene una sociedad puede medirse en las relaciones sociales que se entablan sean éstas, productivas, políticas y emotivas, las mismas que determinan el ejercicio de la participación política de sus integrantes.
Desde nuestra propuesta, que éstas mujeres hayan puesto falda al Estado, no representa la lucha de los pueblos que buscan no solo una equidad de género, buscan una equidad económica que sostenga relaciones complementarias entre hombres y mujeres que hacen una sociedad determinada, sino preguntémonos, ¿a qué intereses responden las mujeres citadas, cuáles son sus vínculos económicos, a qué familias pertenecen y qué tipo de proyecto económico aplican?
Por lo tanto el análisis de la participación de la mujer en el ámbito público en nuestro país, debe necesariamente partir de la ubicación de la mujer en el medio o clase social a la que pertenece y desde donde participa como sujeto político, porque no es lo mismos decir Rosalía Arteaga que Dolores Cacuango.
De allí la importancia de analizar con cierta antesala histórica y conceptual la participación de la mujer en el ámbito político del Ecuador, para observar la participación de las mujeres en los comicios de abril. Para los pueblos y nacionalidades, en especial para las mujeres de los pueblos del éste país, la participación de Martha Roldós como candidata a la presidencia, no se la puede mirar como una conquista feminista que reivindica a la mujer ecuatoriana.
Que la candidata a la presidencia por parte de la RED y Polo Democrático, utilice ideológicamente la identidad de género como espacio de captación electoral es una cosa y otra que elle represente los intereses de una gran cantidad de mujeres del pueblo.
Son éstas confusiones feministas creadas para fines electorales, las que debemos analizar las mujeres. Para éstos fines proponemos el análisis desde una visión comunitaria de las relaciones de género en el ámbito político.
Las relaciones de género en las comunidades se dan en términos complementarios, es decir, aprovechando las diferencias innatas de los géneros para construir un solo quehacer. Entonces si elevamos esta propuesta a la participación de la mujer en el ámbito político, debemos decir que, aprovechando las diferencias propias de las mujeres y los hombres, estos dos diferentes se unen para:
En el caso de la lucha por una sociedad equitativa, la mujer no podría utilizar jamás el género como elemento de competitividad o elemento de lucha política, porque la lucha en sí por una sociedad justa y equitativa lleva elementos de liberación femenina, de allí y sin poner voces a pulmón abierto, mujeres como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Bartolina Sisa, entre otras lucharon junto a los hombres militantes, para lograr un objetivo, la lucha por la tierra y el reconocimiento del trabajo del campesino y del indígena.
Por lo tanto la utilización de la frase “porque las mujeres si podemos” en la campaña electoral está demás o no representa la lucha que los pueblos liberan al interior del sistema capitalista. Las mujeres de los pueblos luchamos ante todo contra un sistema económico opresor de hombres y mujeres.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Isabel Viviana Rojas
Agua y democracia
Colombia vive una democracia precaria, y es por eso que el análisis de la actuación de poderes ejecutivo y legislativo tiene que partir de recordar el concepto de democracia, para demostrar cuánto nos hemos alejado de esta forma de gobierno.
Democracia del griego, Demos se traduce como “pueblo”, y cracia como “poder” o “gobierno”. Por lo tanto diríamos que, Democracia es la forma de gobierno donde el “poder” o el “gobierno” es ejercido por el “pueblo”, y por definición, se opone a las formas de gobierno donde el poder se concentra en una persona (monarquía o absolutismo) en unos pocos (oligarquía) o en los ricos (plutocracia).
Desde la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa y la expansión de la filosofía política liberal en el siglo XIX, las naciones han procurado alcanzar el ideal del gobierno democrático, mediante la adopción de Constituciones que establecen los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, la división de poderes y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Colombia y los demás países latinoamericanos hicieron parte de este movimiento tras sus procesos de independencia, los cuáles confirieron legitimidad a las nacientes Repúblicas.
La Constitución en Colombia es “norma de normas” (artículo 4) y por lo tanto “gobierna” por encima de los decretos presidenciales o de leyes aprobadas en el Congreso [1]. Debido a que las necesidades del pueblo, de ése Demos, cambian con el tiempo, la Constitución permite su propia reforma, y por tanto en el título XIII establece los medios para hacerlo. Según el artículo 374, “La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo”; y según el artículo 375 “Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.”
El texto de la Constitución no deja lugar a dudas: cualquier conjunto de ciudadanos equivalente a por lo menos el 5% del censo electoral tiene derecho a organizarse con el fin de proponer reformas de la Carta magna, aunque el artículo 378 establece que en estos casos “el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional“, es decir, el proceso de aprobación del referendo no es directo, como sucede en otros países, sino que requiere de trámite en el Congreso.
La propuesta original sobre el agua:
A partir de estos derechos constitucionales, un conjunto de ciudadanos y organizaciones conformaron el “Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida” con el fin de proponer una reforma a la Constitución que incluía los siguientes elementos:
(1) Declaración del agua como derecho humano fundamental, lo cual implicaría que el Estado está en la obligación de suministrar agua potable a todas las personas y de garantizar un mínimo vital gratuito.
(2) Obligación por parte del Estado de proteger el agua en todas sus manifestaciones en calidad de bien común y público.
(3) Consagración del agua, en todas sus formas y estados, como parte constitutiva de los territorios colectivos que pertenezcan a indígenas y comunidades negras y como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos.
(4) Protección especial por parte del Estado de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua, procurando la implantación de modelos de uso sustentable que garanticen la disponibilidad del líquido en el futuro.
(5) Obligatoriedad de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado por medio de empresas estatales o por organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro.
Lo que quedó de la propuesta de ley de aguas, luego de pasar por el legislativo:
Si la democracia participativa es una forma de democracia donde los ciudadanos tienen mayor participación y más iniciativa para proponer normas que mejoren su calidad de vida, difícilmente se pueda encontrar un ejemplo mejor que el del agua para ejercitar esa forma de democracia.
El Artículo 1 de la Constitución establece que “Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de República unitaria, (…) participativa y pluralista“, y el referendo por iniciativa popular es, además, el mecanismo de democracia participativa por excelencia que contempla nuestra Constitución.
Dicho esto, veamos qué quedó del Referendo del Agua, es decir, qué quedó de ese derecho del 5% del censo electoral a presentar un proyecto de reforma constitucional, transcurrido apenas la primera votación de las cuatro que debe pasar en el Congreso para volverse Ley de la República:
Se eliminó la consagración del derecho fundamental al agua potable.
Se eliminó el reconocimiento del agua como bien común y público.
Se eliminó el uso prioritario de los ecosistemas esenciales al ciclo del agua para este fin.
Esto es, se dejó abierta la posibilidad de que se entregue el agua de los ecosistemas esenciales a agentes privados para que la usen con fines distintos al de cubrir necesidades humanas básicas.
Se eliminó la prohibición de privatizar la gestión del agua y del servicio de acueducto y alcantarillado y, en concomitancia con esto, la obligación de ejercer una administración que no tenga como finalidad el lucro.
Se agregó un “mico” según el cual “las aguas que nacen y mueren en la misma heredad” son privadas, imponiendo así una excepción al principio de que todas las aguas son bienes de uso público. Esto abre la posibilidad de que quienes se hagan a un conjunto de predios de forma tal que éstos contengan un cauce con estas características, automáticamente se apropian de dichas aguas, las cuales dejan de ser bienes de uso público.
Sin embargo, se estableció que las aguas que discurren por los territorios étnicos NO son parte integrante de los mismos. Uno puede preguntarse con qué artilugio pretenderán encajar tamaño contraste entre los derechos de los terratenientes y los derechos de las comunidades étnicas dentro el artículo 13 de la Constitución que dice:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”
Se acomodó el mínimo vital gratuito a los esquemas de programas focalizados hacia los pobres, única política de “bienestar” que cabe dentro del proyecto político neoliberal.
Las modificaciones introducidas por la bancada uribista de la Comisión Primera de la Cámara constituyen una burla descarada de quienes apoyamos con la firma la propuesta de Referendo y una violación flagrante de nuestros derechos políticos, apenas comparable al evento hipotético de que en unas elecciones donde la mayoría de la gente votara por “Álvaro Uribe Vélez”, la presidencia no le fuera entregada a la persona que todos conocemos sino a un homónimo de éste, con el argumento de que “se llama igual”.
El daño es más que el agua
El gobierno nacional y la mayor parte de los parlamentarios de su coalición se opusieron al Referendo del Agua porque consideraban que “no era conveniente“. No he entrado acá en este debate [5] porque fundamentalmente he querido llamar la atención sobre el daño que se hizo, no sólo al agua, sino a los mecanismos de la democracia participativa que establece la Constitución.
La tesis del “equilibrio entre la democracia participativa y representativa” no es más que una marrullería para negar la primera. El equilibrio en cuestión no ha sido planteado por ningún filósofo o teórico de la política, porque estas son formas de la democracia que no se excluyen ni se contradicen sino que deben funcionar de la mano, cosa distinta a la teoría del equilibrio entre los poderes públicos, pilar de las democracias modernas, donde el gobierno nacional también maneja una versión muy especial: la de los desayunos.
El referendo por el Agua fue firmado por más de dos millones de personas que equivalen al 16% del “censo electoral efectivo” (si se tiene en cuenta que en las elecciones presidenciales del 2006 votaron poco más de 12 millones de personas) al 30% de los votos necesarios para ser presidente, a un número superior en 400 mil al de los votos obtenidos por el partido más votado en las últimas elecciones al Senado, y a casi 10 veces el número de votos obtenidos por el senador más votado (Germán Vargas Lleras).
¿Valen menos las dos millones de rúbricas que respaldaron el Referendo del Agua, una iniciativa que ha sido manejada con la transparencia propia del agua cristalina, que los 3.900.000 que respaldaron el referendo reeleccionista, una iniciativa que ha estado plagada de escándalos desde el mismo momento en que las planillas fueron transportadas por una empresa de DMG hacia la Registraduría Nacional? ¿Cómo podrán los colombianos, en el futuro, pedirle a un conciudadano que firme un proyecto de iniciativa popular si está demostrado que apenas es posible proponer un tema sobre el que el Congreso y el Presidente tienen libertad para acomodar de forma que responda a sus particulares intereses?
Si la plenaria de la Cámara o eventualmente la Corte Constitucional no intervienen para reversar el asalto al que fue sometido el Referendo del Agua por parte de la comisión primera de la Cámara, no será exagerado señalar el 22 de Abril de 2009 como el día en que desaparecieron, de facto, los mecanismos de democracia participativa consagrados en la Constitución Colombiana.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
