By icciec2024
Parece que los sabios dichos populares los podemos aplicar en la coyuntura política actual que vive nuestro país, enseñanzas como “una mentira dicha mil veces, puede convertirse en verdades incuestionables” o “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver” expresiones que resultan aplicables para analizar el gobierno de la revolución ciudadana.
Sin embargo no todos creemos en sus mentiras, ni todos estamos ciegos, proponemos preguntarnos, o al menos revisar a una que otra de sus afirmaciones. Nos dijo por ejemplo, que la deuda era inmoral e ilegítima, armó toda una comisión para demostrar a los ecuatorianos lo que ya sabemos desde hace muchos años, sin embargo terminó pagando los intereses de los bonos global 2015, que hoy los declara como en “cierta forma legítimos” porque esta deuda se la adquirió sin presión alguna, a pesar de que en sus renegociaciones hay, según sus propias palabras «cláusulas horrorosas» pero terminó pagando.
Nos dice además y sin empacho alguno, jugando a la mentira de la ilegitimidad de la deuda, que los bonos global 2012 y 2030 «Esos bonos Global fueron un atraco al país…esa deuda es claramente ilegítima» según sus propias palabras en el programa radial de los sábados titulado “Diálogo con el presidente” mentiras que nos vende como verdades, a la hora de pagar siempre habrá una justificación que encubra la mentira dicha apasionadamente.
Otro ejemplo, son sus mentiras en relación a los aumentos de los subsidios, del sueldo básico a los maestros y demás trabajadores; el bono de desarrollo humano, de qué le sirve al pobre ser humano estos supuestos beneficios, cuando sale al mercado y se encuentra con los precios de los productos de la canasta familiar inalcanzables.
Debemos revisar los índices de inflación del 2008 para entender esta falacia, para el 2007 la inflación fue de 3,32% y en el 2008 de 8,83%, condiciones que no se comparan con las migajas dadas por este gobierno manipulador de la necesidad de la gente, ¿Cómo podemos creerle si el déficit presupuestario de una familia es de 135,9 dólares mensuales, déficit que se calcula en una familia que tiene como ingresos promedio 370 dólares aproximadamente, no se diga de las familias que apenas alcanzan el sueldo básico.
Otra de las mentiras que debemos cuestionar es su posición frente a la burocracia, con quien ha disfrutado un festín petrolero, a espaldas de las necesidades urgentes que nuestro país tiene, el gasto que ha significado el incremento de su buró político, con la creación de nuevos ministerios, o lo que vendría lo mismo decir los súper ministerios que algún día se atrevió a criticar, significó a los fondos del país, un gasto incrementado de mil millones de dólares, gasto que para nada compensa la retira construida al inicio de su periodo cuando se hizo bajar el sueldo.
Ahora que el petróleo no le permitirá sostener su enorme buró y los paseos por el Ecuador a nombre de las reuniones itinerantes de su gabinete, ha puesto su mirada en la minería, bajo la mentira de una necesidad económica de todos, que seguro lo irá resolviendo con incrementos paupérrimos de un bono que no crea producción pero si favorece al mercado de consumo, incrementos de sueldos a la par de procesos inflacionarios justificados entre líneas a nombre de un plan de reactivación de la industria nacional y el aumento en los aranceles de los productos importados con el fin de impulsar el crecimiento de la economía nacional y de evitar la salida de divisas para que el país no se quede sin circulante, otra de sus falacias.
La propaganda en relación a la incautación de bienes a los Isaías, busquemos ¿cuántas de las incautaciones realizadas se han concretizado legalmente y a favor del Estado?, nos hemos quedado con la retira sonando en nuestra cabeza y no conocemos que en Guayaquil, el presidente Rafael Correa; la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri; el gerente de la AGD, Carlos Bravo; los tres integrantes de la comisión y Carlos Pareja Cordero, abogado del grupo Isaías, se reunieron con la finalidad de llegar a un acuerdo para cancelar los USD 661 millones.
¿Qué es lo que se espera? Según Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, todavía no se ha concretado, porque los Isaías por medio de sus abogados han dejado sentado la intencionalidad de pagar aunque no se ha concretado nada todavía, la supuesta decisión de proceder a la incautación efectiva de los bienes tienen que esperar, ¿por qué?.
¿Será que los argumentos están en la supuesta valoración que han hecho los economistas en las 40 empresas principales del grupo Isaías, advirtiendo que algunas de ellas ya estaban con pérdidas antes de la incautación, y que no vale la pena Incautarlas? Pero no nos extrañe que después de pasado medio año nos digan que la incautación de ciertas empresas puede resultar no beneficiosa porque son empresas en pérdida.
Ahora la mentira más inhumana de este gobierno, el plan de vivienda digna, ¿acaso no es violento o con las necesidades de la gente incrementar un bono de la vivienda de 1800 a 3600 para que le entreguen un cuarto donde deben acomodarse entre 5 a 7 personas entre adultos y niños, además de correr el peligro de tener un cuarto que cualquier momento se puede caer por no tener cimientos ni techos adecuados? ¿Lo de la casa digna es una verdad?
Ya quisiéramos los pobres que Rafael Correa dejara el palacio de Carondelet para ir a vivir “dignamente” en una de estas casas con su familia o que sus flamantes colaboradores lo acompañaran a estas viviendas a tomarse un café para hablar de dignidad.
La lucha contra los banqueros que cobran intereses de chulqueros, según alianza país también es un logro del régimen, una mentira más mentira como esta no se la puede encubrir, por ello ya nadie habla de este ofrecimiento. Sino preguntémonos si nuestros préstamos bancarios han disminuido a la hora de pagar las cuotas, o si vamos a un banco a solicitar un crédito preguntemos, si los gastos por comisiones han desparecido de la línea crediticia de los bancos.
Hemos querido citar estos ejemplos de las incoherencias que supone la revolución ciudadana, una revolución signada de violaciones a los derechos laborales conseguidos por años, una revolución construida bajo el marketing de los medios y que prioriza el gasto en los mismos para ser legitimada, una revolución que se sostienen bajo una constante campaña del ejecutivo, que reprime al pronunciamiento del desacuerdo y que violenta el derecho a la democracia, cuando todo que no sea verde es calificado de infantilismo ecológico, izquierdismo absurdos e indigenismos de cuatro pelagatos.
Queremos también invitarles a conocer que hay detrás de cada paso dado por este gobierno, evaluar que beneficios reales obtenemos con los halagos mercantilistas que nos ofrece el régimen. Solo analizando y discerniendo los objetivos reales de quienes respaldan este gobierno nos permitirá tomar decisiones acertadas.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Luis Macas
Para el movimiento indígena, el eje que ha articulado la lucha y los procesos de consolidación, de sus propuestas y acciones políticas ha sido siempre el tema de la tierra y territorio, por ello hablar de soberanía alimentaria en nuestro país y de una ley que lo regule, es hablar ineludiblemente de la redistribución de la tierra, caso contrario nos se puede hablar de una ley de soberanía alimentaria, peor aun de una revolución. Las revoluciones empiezan por la revolución agraria.
La soberanía alimentaria, nos dice de la alimentación de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas se necesita de una revolución agraria; porque la distribución de la tierra hasta no estar resuelto en nuestro país, ni vía reforma agraria, ni a través de compra y venta, no ha terminado con el hambre de una gran mayoría de la población ecuatoriana, ni con el desempleo rural, la migración del campo a la ciudad, esta realidad exige cambios y transformaciones profundos.
Estos cambios tienen que ver con la redistribución de la tierra, su distribución para el indígena, para el campesino, el pequeño y mediano agricultor, sujetos activos de productos que se han mantenido a pesar de todas las circunstancias adversas económica, técnica de comercialización. Para resolver la soberanía alimentaria, el primer paso que se ha de resolver es la tenencia de la tierra.
No es aceptable que los problemas en relación a la distribución de la tierra se quieran resolver endeudando a los campesinos, a los indígenas, a los pequeños y medianos productores, como lo plantea la ley propuesta por el gobierno. Por ello es necesario iniciar con la revolución agraria que termine realmente con el monopolio de la tierra, para luego terminar con el hambre del pueblo.
Los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país han dado muestras suficientes de su capacidad productiva en el campo, a través de sus conocimientos, sus técnicas milenarias, por ello no necesitamos de empresas transnacionales que vengan a regular y planificar la producción agrícola, nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas somos capaces y lo hemos hecho por siglos desde nuestros conocimientos culturales.
La ley que el gobierno propone en relación a la soberanía alimentaria está claramente identificada con las empresas agroindustriales, es una ley que justifica el monocultivo dirigido en su gran mayoría a la agro-exportación, y los agro negocios por lo tanto es una ley que someterá al campesino, al indígena a los procesos de encadenamiento bajo el control de las empresas de agro negocios dirigidos hacia el mercado de la alimentación.
Cuando el gobierno habla de la economía, habla del mercado y de la planificación productiva en función de ese mercado, desde esa óptica jamás se revolverán los problemas fundamentales de la alimentación del pueblo, problemas que están ligados con la nutrición, el trabajo, la salud, la educación y la soberanía alimentaria, en definitiva.
Construir una ley que favorece al mercado, a las empresas de agro negocios que incentivan a una planificación productiva de la agricultura en función del monocultivo y el mercado contrario a todo lo que nos ha alimentado hasta hoy como pueblos con soberanía, los valores nutricionales, las técnicas propias, que aseguren el sostenimiento ecológico del suelo, el sentido comunitario, el desarrollo de las identidades nutricionales y de las semillas.
Por estas razones el movimiento indígena ha levantado una larga lucha contra la introducción de productos alimenticios extraños e innecesarios, específicamente nos referimos a la lucha contra el TLC propuesto por el país, y seguiremos luchando contra propuesta de libre comercio que atente nuestra soberanía y nuestra alimentación, porque queremos que nuestra alimentación sea soberana, y no nos sometan a la dependencia.
Para el campesino, los pequeños productores y el indígena, nuestra alimentación tiene una dimensión cultural muy importante que se ha construido en la historia y que ha dado muestra de eficacia, no queremos que nos vengan con el cuento de que hay que mejorar nuestro sistema alimenticio, sabemos que hay que incorporar interculturalmente conocimientos y técnicas, pero no sometiéndonos a las cadenas productivas en beneficio de empresas como KFC, Mac Donald o PRONACA, como se pretende con la ley propuesta.
Una ley como la de soberanía alimentaria debe construirse desde el pueblo, desde el campesino, desde el indígena, desde el consumidor, no se puede construir una ley desde la necesidad empresarial del mercado, de acumulación que las grandes empresas agrícolas tienen como objetivo; el movimiento indígena no permitirá que se atropelle la vida de todos los ecuatorianos.
Por este motivo es necesario plantear que para elaborar una ley de soberanía alimentaria se debe dimensionar tres componentes fundamentales.
1.- Solucionar el problema de la distribución de la tierra, a lo que el movimiento plantea una revolución agraria que termine con el monopolio de la tierra, entregando a las comunidades sus tierras; priorizar la producción alimentaria frente al monocultivo y con todo lo que esto implica.
2.- El problema del agua, que hoy en la actual constitución es reconocida como recurso estratégico y derecho humano inalienable, reconocimiento que se ha logrado gracias a la lucha y a la presión del movimiento indígena y de los campesinos.
Es necesario que el gobierno demuestre su capacidad para asegurar que lo que está reconocido en la constitución se aplique, deberá responder quién y cómo se regulará el uso del agua, si esta estará distribuida para los campesinos, indígenas y pequeños agricultores o estará en manos de las grandes empresas agrícolas.
Porque nuestra lucha está concretizada en gran parte de la nueva constitución, hemos decidido tomar como arma de lucha, para que ésta no sea letra muerta; esta decisión nos exige proponer y dar seguimiento a las nuevas leyes que definirán con claridad lo estipulado en la nueva carta magna de nuestro país.
Es de suma importancia entonces que la ley que regula el uso del agua y la ley de soberanía alimentaria vayan de la mano, no pueden por ninguna razón construirse por separado y a su vez, estas leyes deben ir íntimamente unidas a una revolución agraria, que redistribuya la tierra con términos comunitarios, de ninguna manera en términos mercantiles, este último solo asegura el monopolio de la tierra.
3.- El movimiento indígena, su estructura organizativa es un potencial ganado en este momento de cambios y de reorganización Estatal. Para producir, distribuir, comercializar se necesita organización, la organización productiva, con los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores, nos permitirá resolver el problema del hambre y el desempleo en nuestro país, caso contrario caeremos en lo que ahora el gobierno de Rafael Correa quiere hacer, argumentado eficacia y competitividad, la creación de una ley dada desde las grandes empresas, las que al mismo tiempo nos quieren someter a una lógica productiva que no es resolver la soberanía alimentaria.
Desde nuestra lógica, nuestra concepción, la producción esta íntimamente relacionada con el sistema comunitario, el principio de solidaridad, la complementariedad y el principio ético de la reciprocidad; no queremos que la lógica de la competitividad capitalista organice nuestra vida productiva, ni nuestra alimentación.
Por otra parte, los términos mismos de competitividad que la ley de soberanía alimentaria que el gobierno propone son irrisorios, por no decir absolutamente fuera de la realidad, ¿Cómo podemos competir con los grandes monopolios, como Estados Unidos, la Unión Europea? El gobierno debería ser más honesto y decir que por la dependencia económica y por la necedad de ser parte del mercado mundial, aunque ser parte signifique la entrega de nuestra tierra y recursos, decir que tal competencia es un sinónimo de supeditación al mercado mundial, a las transnacionales.
Lo primordial y prioritario para el Ecuador es resolver los problemas internos, y estos son posibles de resolverlos si se parte de la organización, la comunidad vivida milenariamente; solo así el país va a marchar, va a poder resolver sus problemas con la alimentación, con el trabajo, con la producción.
En la constitución actual constan elementos del Sumay Kawsay, que tienen que ver con el agua, con la soberanía alimentaría; elementos que se han logrado introducir en la carta magna por el bien del país: el componente cultural, el acumulado histórico en los que refiere a la economía, como una práctica comunitaria, la predisposición del movimiento indígena para aportar en el cambio que el país necesita, todo este proceso que también es un acumulado histórico-político se ha construido para realmente vivir en democracia.
El movimiento indígena está abierto al diálogo, al debate, ha presentado sobre la mesa sus propuestas de ley, de gobernabilidad, de economía, pero la respuesta ha sido siempre la confrontación y la negativa o lo que es peor la utilización de su agenda a favor de una supuesta nueva gobernabilidad, a la que hoy llaman “revolución ciudadana”.
La nueva ley de soberanía alimentaria propuesta por el gobierno de Rafael Correa, busca integrar a los pequeños y medianos productores agrícolas a la lógica y planificación productiva de las empresas transnacionales, por ello la necesidad del régimen de acudir a asesores extranjeros para la planificación productiva, no se quiere ver la riqueza empírica y milenaria que nuestro pueblos tienen, la diversidad productiva que hemos sostenido a pesar de todo los intentos por dirigir la producción agrícola al monocultivo, el objetivo que está detrás de esta ley es la eliminación paulatina del pequeño agricultor.
El trabajo en relación a la producción agrícola, por ende sobre la soberanía alimentaria debería estar diseccionado a promover: la investigación, la aplicación de nuestras técnicas agrícolas complementadas con las que ha desarrollado el ser humano, al mantenimiento de muestras semillas; porque si se quiere enseñar a utilizar técnicas que empobrezcan la tierra, si se quiere introducir semillas manipuladas genéticamente y someter a una producción dominada por el comercio transnacional, no estaríamos hablando de soberanía alimenticia y productiva de nuestros pueblos, estaríamos hablando de una soberanía empresarial liderada por transnacionales.
Si la intención del gobierno actual es mandar en función de las empresas agroindustriales, la ley no debería llamarse ley de soberanía alimentaria, debería por coherencia llamarse ley de la agroindustria en el Ecuador, de esta manera quedaría justificada y legítimo el proceso que respalda la ley que nos propone el gobierno, una ley trabajada por los empresarios, por asesores internacionales, no tiene nada que ver con la realidad agrícola de los campesinos, de los indígenas y de los pequeños productores.
Para resolver el problema del hambre, la falta de trabajo y de todos los problemas que se derivan de esta realidad, no necesitamos importar productos que nosotros mismos podemos producir, porque lo hemos hecho siempre; importa poner en peligro nuestra cultura, nuestra propia vida, estos términos de complementariedad no se entiende o no se quiere entender.
Ahora si analizamos el problema de la tierra, como un elemento fundamental en este debate debemos empezar recordando, recuperando nuestra memoria histórica; la ley de soberanía alimentaría que el gobierno nos propone resuelve este problema por medio de la deuda, es decir, ofrece tierra a quien tenga capacidad de endeudamiento. De esa manera jamás se resolverá el problema de la tenencia de la tierra, problema que no se ha resuelto durante todos estos años de vida republicana, que aún lo seguimos viviendo, arrastrando esos rezagos coloniales que mantiene sometida a la pobreza a una gran mayoría de ecuatorianos.
El movimiento indígena ha luchado para que el Estado entienda, para que la sociedad entienda, que esta realidad no se puede cambiar con tan solo emitir una ley, peor aún cuando la ley responde a intereses que no son del pueblo, si las propuestas del movimiento indígena responden a una gran mayoría ¿por qué no debatirlas? ¿Cuál es el miedo? O será que se tiene que recordar y acudir a los levantamientos, a la confrontación como lo hemos hecho en Cayambe, Guamote, Pichincha, etc. para poder en cierta manera resolver la injusta distribución de la tierra.
Resolver el problema de la tierra, endeudando al campesino, con dineros que vienen del banco mundial, del fondo monetario, del banco interamericano de desarrollo, es promover el despojo legalmente instituido y legitimado por medio de esta ley, con el agravante de que el campesino o indígena quedará endeudado. Solo el diseño de desarrollo del banco mundial puede concebir tal cosa y solo este gobierno puede legitimar este hecho.
Para los pueblos esta ley es nociva, para su cultura, la producción, la alimentación, el gobierno está demostrando que es incapaz frete a la distribución justa de la tierra y si este problema no se resuelve con total justicia, que no sigamos preguntándonos el ¿Por qué de la migración campo-ciudad, Ecuador-Europa, Ecuador-Norte América?
Otro de los artículos que se debe analizar de la ley propuesta por el régimen es el control fitosanitario en la producción agrícola, parámetros productivos que el mercado y la producción agroindustrial esta imponiendo; la producción histórica de los pueblos de nuestro país, tienen sus propios parámetros de control, que no es el mercado, que está ligado a la cultura, a los ritmos de la naturaleza, a la ubicación geográfica, y estos parámetros han sido validos, por años.
Se debe entonces resolver el problema de fondo, no se puede dictar una ley poniendo una cortina de humo ante los problemas reales, latentes del pueblo, no podemos negar tampoco los conocimientos, la experiencia de un pueblo hegemónicamente agricultor.
Por ello el movimiento indígena ha propuesto una ley para que se debata, y seguirá proponiendo leyes alternativas que respondan a nuestras raíces, a lo que somos, a una economía comunitaria que prioriza la vida.
Tildar al pueblo indígena de ignorante, de colectivos eternizados en la historia es una equivocación, no se si mal intencionada de quienes han gobernado hasta ahora, reconocer el conocimiento que existe, sobre como sembrar, como mantener nuestras riquezas y como al mismo tiempo resolver el problema del hambre en el país es darle una oportunidad al Ecuador.
No debemos olvidar que la ley de soberanía alimentaria trabajada por el gobierno actual, también está trasgrediendo nuestro derecho a la circulación y la regeneración de nuestras semillas; usar semillas certificadas en nuestros campos es crear dependencia y toda dependencia crea muerte.
Debemos encaminar nuestras reflexiones a preguntarnos, tomando como insumos nuestra memoria histórica, ¿qué logramos con las revoluciones que hemos vivido?, primero la revolución por la independencia, las revoluciones del campo con las reformas agrarias, las llamada revolución verde y ahora la revolución ciudadana, ¿qué hemos logrado, estar siempre al servicio de las políticas extrajeras?, ¿a quién hemos favorecido?
El consumo de las semillas certificadas que crean dependencia productiva, ¿a quién favorece? ¿Quién certifica que una semilla es beneficiosa? Y beneficiosa ¿para quién o para qué? ¿A quién favorece la ley de soberanía alimentaria que endeuda al campesino, al pequeño productor y al indígena?
Estas y otras preguntas debemos hacernos y respondernos con mucha claridad para que podamos tomar las decisiones adecuadas, por ende para que nuestras acciones se encaminen a defender el sumay kawsay que ha sido tomado por esta nueva constitución que insisto debe ser nuestra nueva arma de lucha.
Coordinación General: José Luis Bedón
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Floresmilo Simbaña
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Gloria Chicaiza
En Ecuador, un país con una cantidad de zonas territoriales con biodiversidad extraordinaria y con una diversidad cultural excepcional, la minería a gran escala no ha tenido asidero, a diferencia de países vecinos como Perú, Chile, Bolivia y Colombia que tienen una industria minera basada en la explotación a gran escala. Nuestro país por historia ha basado su economía en la agricultura, en la minería artesanal, en una industria con gran influencia de lo artesanal y en la explotación petrolera.
Pero esta realidad quiere ser trastocada, desde hace una década aproximadamente, una serie de estudios, exploraciones lideradas por empresas inglesas, japonesas y norte americanas nos anuncian la corriente productiva encaminada a introducir en nuestro país una minería por demás devastadora de toda la riqueza natural y poblacional que posee el país.
Una de las últimas exploraciones mineras ejecutadas fue la misión Británica en 1993 aproximadamente, y que fue legitimada a través de un convenio con el Banco Mundial y el gobierno Sueco, quien nos hacía un préstamo de 24 millones de dólares, encaminado a desarrollar un plan minero al que titularon “Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODMICA)” bajo el visto bueno del Arq. Sixto Duran Ballén, entonces presidente del Ecuador. La intención de estas exploraciones, estudios ha sido siempre sentar las bases para la explotación minera a gran escala; este convenio significó para nuestro país endeudamiento que aun pagamos.
De tras de este convenio, había muchos objetivos, que se han cumplido, en función de crear la base para la explotación a gran escala, entre ellos atraer la inversión extranjera, a esto debemos la presencia de varias transnacionales mineras que están en el país buscando la concesión de espacios territoriales ricos en minería para explotar sin importar los daños ecológicos, sociales y culturales que esto significa.
Otro elemento importante para sentar las bases de este tipo de explotación fue la ley trole 2, que cambiaba el marco jurídico de la explotación minera, y la creación de un banco de datos geofísicos y geológicos, objetivo que también se cumplió pues existe una variedad de mapas mineralógicos, existe pues un mapa catastral minero que es de propiedad del banco mundial, donde está ubicado 5millones de hectáreas de potencial minero, que va de norte a sur atravesando fuentes de agua, zonas boscosas, territorios indígenas, zonas urbanas y campesinas, de esta manera se ha cumplido los objetivos del banco mundial en relación a la minería.
La necesidad de introducir la explotación minera a gran escala en nuestro país, ha utilizado medios supuestamente legales como la ley de trole 2 y medios absolutamente fraudulentos como los privilegios que obtuvieron varios funcionarios del ministerio de energía y minas en relación a la información obtenida al respecto duramente su periodo de administración en este órgano gubernamental, convirtiendo hoy en los voceros y asesores de la trasnacionales mineras que pretenden explotar nuestros recursos, varios de estos funcionarios tienen nombre y apellido: el Señor Elizalde, Cesar Espinosa, Jorge Durini, ahora voceros de empresas mineras canadienses, ocuparon puestos de funcionarios públicos en el ministerio de energía y minas, y fueron quienes promovieron la necesidad del préstamo y la necesidad de crear leyes a favor de la minería industrial, objetivos que hoy la utilizan muy bien.
Hoy estamos viviendo otra etapa en el objetivo de establecer la minería a gran escala en nuestro país, estamos viviendo la entrada directa de las empresas transnacionales mineras con el permiso legitimo dado a través de la ley minera que se esta aprobando en el seno de la comisión legislativa.
El argumento por demás absurdo y falto de conocimiento dado en una de las entrevistas hechas a la señora Irina Cabezas, de la Comisión Legislativa, por los medios de comunicación; es que hay otros países que ya explotan minería a gran escala, sin el menor comprometimiento de recursos naturales como el agua, poniendo como ejemplo la explotación de cobre en chile.
En que cabeza cabe la posibilidad de comparar una explotación minera realizada en el desierto, como es el caso de Chile, en el desierto de Atacama, con la explotación minera en territorios ricos en biodiversidad y en fuentes subterráneas y superficiales de agua.
Lo único que tenemos en común con Chile es la Concesión plena, dentro de las leyes de explotación minera, consentimiento que se lo consiguió en el caso de Chile con Pinochet, quien desnacionalizó la empresa minera de cobre, a través de esta ley, favoreciendo a las transnacionales. La figura de concesión plena da a las empresas la capacidad de obtener grandes extensiones de tierra, les da la capacidad de disponer de esa tierra, venderla cederla, hipotecarla, exactamente las líneas de nuestra ley minera.
Con esta ley, estamos renunciando a los logros obtenidos con el sistema ambiental en el Ecuador, que rige ya nuestro país; en la ley propuesta por el gobierno se les exige a las empresas presentar un estudio de impacto ambiental a diferencia de nuestra legislación ambiental que exige no solo el estudio ambiental, se exige el manejo de ecosistemas, la prevención de daños ambientales y muchos mas puntos de protección a nuestros recursos.
La ley minera aprobada por el ejecutivo no es soberana, de ninguna manera, por que si nos queremos comparar con Chile, debemos conocer que el 75% del manejo de los ingresos generados por la explotación de cobre pertenece a la transnacional. Por ello la comparación que hace en los medios de señora Cabezas definitivamente no debería ni citarse.
Debemos antes que compararnos con otros países, conocer técnicamente que significa la explotación minera a gran escala y que comprometemos con ella: El agua para este tipo de explotación, es como el oxigeno para nuestros pulmones, sin agua no se puede operar y su utilización es en cantidades industriales, en Chile mismo hay conflictos enormes al respeto, como las empresas mineras necesitan tal cantidad de agua que están poniendo en peligro los glaciales que dan a Argentina y a Chile, otro ejemplo lo tenemos cuando explotó la guerra del agua en Bolivia uno de los detonantes fue el proyecto que contemplaba la exportación del agua subterránea del sur de Bolivia al norte de Chile.
Una de las minas de cobre más grande del mundo que esta ubicada precisamente en chile, la Escondida, su fase de ampliación de la explotación está parada, por falta de agua, de allí los conflictos que se esta viviendo en este país, en relación al agua.
En nuestro país, el proyecto Ecuacorriente, esta pensando utilizar 55mil metros cúbicos de agua, cada metro cúbico tiene mil litros de agua, de lo que se va utilizar 40 metros cúbicos por segundo, lo que significa el abastecimiento de 100 mil habitantes rurales y 16 mil urbanos. Esta empresa tiene planteado luego de su cierre establecer en la mina un lago que medirá un kilómetro de diámetro, pues es este el desbrosamiento que se debe hacer para explotar la mina. El lago tiene que llenarse con agua limpia y la única forma de adquirir el líquido para este menester es desviar los ríos cercanos, corriente que sirve para regadío, para los bosques para beber, etc.
Este mecanismo de restitución de la naturaleza para las empresas transnacionales les resulta barato, llenar los huecos con agua limpia, huecos que tienen sustancias tóxicas, y como no pueden quedarse como este hueco no puede quedarse con agua estacada, los ríos alimentaran de agua limpia y saldrá agua contaminada.
Lo que debemos ver es que todas las fases de la explotación minera tienen consigo consecuencias ambientales y utilización de grandes cantidades de agua, no solo las fases que declaran las empresas, en el mismo caso de la empresa Ecuacorriente ellos hacen un estudio de impacto ambiental obviando por ejemplo la utilización de agua y el impacto ambiental que supone la remoción de nubes de material pulverizado, porque para explotar los minerales se van a fracturar la tierra con explosivos, esto genera nubes de material pulverizado que van a apaciguar utilizando grandes cantidades de agua.
La información de los impactos ambientales, antes, en y después de la explotación no son citados en su integridad, por ello la ley minera propuesta y aprobada por este gobierno atenta contra todo principio ecológico, derecho ambiental logrado.
Frente a la necesidad de recursos económicos que el gobierno actual, cita como el factor que determina la explotación de los recursos naturales y en este caso la minería, los movimientos sociales, el movimiento in indígena y las organizaciones ecologistas le estamos proponiendo, invertir y explotar si quiere los recursos que tenemos sin atentar contra la naturaleza, la vida y la cultura de nuestros pueblos, la propuesta es la agricultura, nosotros hemos sido un país que siempre se ha abastecido así mismo; hay muchos países que han dejado entrar a sus tierras la minería de gran escala y se han quedado pobres, endeudados, dependientes y sin soberanía alimentaría, sin la menor capacidad de auto-sostenimiento dependiendo de la entrada de alimentos foráneos, esto nos pone vulnerables, peor aun en este momento de crisis económica, hay que proteger lo que tenemos.
La crisis financiera mundial ya nos anuncia, un descalabro en el mercado laboral, las transnacionales que se las miraba intocables han sido afectadas directamente, por ejemplo en la RTZ se anuncia 14 mil despidos, la empresa Microsoft 15 mil despidos……empresas que son monstruos a nivel mundial están afectadas, debemos entonces proteger nuestros recursos, el agua, la agricultura, la soberanía alimentaria, etc.
Ahora si hablamos en términos mineros las inversiones también se han venido a bajo, más del 50% de lo prevenido en inversión se ha esfumado, el precio del cobre a quedado en la mitad, es el momento de meditar muy bien lo que estamos haciendo; entones preguntémonos ¿Por qué tanto apuro para aprobar una ley minera desfavorable a los ecuatorianos? ¿Por qué la premura por implantar un modelo extractivista que nos va a dejar pobres y contaminados?
La propuesta de parte entonces de los sectores de la sociedad civil agrupados entorno a la negación de la minería a gran escala, postura no negociable, es la regulación, la normatividad de una minería artesanal que la tenemos alrededor del oro, de material de construcción, etc. que se desarrolla en un ambiente caótico, que genera contaminación y enfermedades.
Necesitamos entonces una ley minera que regule y controle la minería que ya existe, y políticas públicas de apoyo al agricultor que ha trabajo, que ha vivido del campo por años, políticas públicas orientadas insertar al minero que no quiere seguir en este tipo de actividad a la agricultura; solo así podemos devolverle la soberanía al Ecuador, trabajando con nuestros conocimientos, en la tierra, la artesanía, la ganadería, generando movimiento productivo y comercial de auto-subsistencia.
No rechazamos la minería artesanal que ya existe, queremos que sea normada, organizada y con suficiente soberanía para decidir sobre los beneficios que ella nos da, estamos absolutamente convencidos que la ley minera que ha regido hasta hoy se la debe archivar, creemos que la minería es un espacio laboral como dice el presidente, pero la agricultura también es un espacio laboral y si permitimos la entrada de la minería a gran escala también estaremos permitiendo el desplazamiento de la agricultura y con ello el trabajo de muchos agricultores.
El gobierno debe evaluar el costo beneficio de la minería, un costo beneficio que debe evaluar no solo0 con parámetros puramente económicos, se debe contemplar, parámetros culturales, poblacionales, a corto y largo plazo, no se debe analizar solo la inmediatez económica, de antemano debemos entender que la minería supone perder en términos de agua, de desplazamiento de comunidades, de pasto, de suelo agrícola; por ejemplo el proyecto que se esta pensando efectuar en Quinsachocha el Portete, les quitaría a los campesinos la producción de 200mil litros de leche diarios, producción que mantiene la economía local, aplicar la minería es arrebatarnos las economías locales que sostienen la economía a nivel nacional.
La minería a gran escala en nuestro país y en cualquier otro es un crimen, no solo por la contaminación que esta genera y que es evidente, es un crimen frente a la posibilidad de desarrollar y fortalecer una cultura agrícola que puede dar mejores ingresos si la planificamos y la dirigimos a la industrialización de los productos producidos.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
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Blanca Chancosa
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