By icciec2024
La más reciente obra del periodista y escritor uruguayo-ecuatoriano Kintto Lucas llevó el nombre de “Un extraño en Carondelet”, un recuento histórico y casi biográfico del aparecimiento en la escena política del actual Presidente de la República, Rafael Correa.
A más de año y medio del gobierno del aludido economista, el título de una nueva obra podría o debería llamarse: “Un extraño en el movimiento social ecuatoriano”. Este título alcanzaría para definir de algún modo al actual Mandatario que ha trazado abismos con los movimientos sociales y particularmente con el movimiento indígena del Ecuador.
Es tal la distancia entre Correa y los movimientos sociales que a los asambleístas de su propio movimiento, que apoyaron la inclusión del Kichwa como lengua oficial del país, los denominó “infiltrados”, al considerar que sus posturas disponían de una “agenda propia”, muy cercana a las posiciones de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador.
“Infiltrados”, “infantiles”, “noveleros”, “caretucos”, “corruptos” y la canción “que se vayan. que se vayan…” han sido endilgados por el Presidente Correa al movimiento indígena y algunos de sus dirigentes, dando fe en los hechos de su distancia del proyecto político de los indígenas y del pueblo ecuatoriano, pero al mismo tiempo utilizando parte del discurso de la izquierda social y el kichwa de los pueblos ancestrales andinos.
A la escala de infiltrados a reducido el Presidente a sus adversarios de izquierda que le piden no vulnerar los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas y no indígenas a pretexto de recursos para el desarrollo que “sólo” se pueden obtener empleando la misma y cuestionada política extractivista, aplicada por anteriores gobiernos con el viciado modelo neoliberal cuya noche no ha concluido. Vale decir: ¿cuáles son los verdaderos infiltrados?, ¿quién es infiltrado en Acuerdo País? como sostuvo el asambleísta Fernando Vega, el pasado 22 de julio1.
Caben hacerse otras preguntas que nos den pistas de infiltraciones o de políticas que nada tienen ver con la agenda política de los pueblos empobrecidos del Ecuador: ¿Cómo entender el pago puntual y casi religioso de la deuda externa ecuatoriana bajo el gobierno de Correa, tras las afirmaciones de la nueva Ministra de Economía Willma Salgado quien dijo que el “Pago de deuda se mantendría”2. ¿Cómo entender el silencio del gobierno y de la Asamblea frente a la urgencia de salir de la dolarización como sostenía el propio Correa antes de ser Presidente?, ¿qué hace Mauricio Correa, hermano del Primer Mandatario, en los negocios del Estado?, ¿porqué no dispone el Estado ecuatoriano de una verdadera política petrolera soberana en este “cambio de época”?.
El extraño en Carondelet es extraño también en el movimiento social ecuatoriano y casi nadie sabía que Correa fue funcionario del Proyecto MEC – BID (Banco Interamericano de Desarrollo, dependencia regional del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y sus políticas neoliberales, de ajuste y privatizaciones) en el año 1997. Corea se encaramó en el movimiento social arrebatando su discurso y cooptando su agenda que desde hace casi dos décadas está dedicada a la lucha contra el modelo neoliberal, las privatizaciones, el TLC, la irracional extracción petrolera transnacional, el Plan Colombia, las fumigaciones y la expulsión de los norteamericanos de la Base de Manta.
Al igual que el “Consenso de Washington”3 o el de Santiago existiría el “Consenso Socialismo Siglo XXI”, cuyos 7 puntos principales cumpliría al pie de la letra el Presidente Correa, una nueva tecnología de poder y un gran engaño con el que se habría infiltrado a los movimientos sociales y progresistas del continente para vía elecciones y nuevos gobiernos mantener el poder, aflojar la soga, reinstitucionalizar al Estado con el cuento del Estado Social de Derecho, “cambiar para que nada cambie”.
Quizá Correa no sea un infiltrado sino el promotor de un socialismo del Medioevo como dice Dimas Castellanos en su artículo “Socialismo medieval en el siglo XXI”4 “En la actualidad, la tendencia a gobernar excluyendo la participación de una parte de la sociedad –con independencia de que se haga en nombre de la nación, de los pobres, del socialismo, o de Bolívar- es repetir las viejas dictaduras con un nuevo ropaje: se trata de una política que, al llevar implícita el empleo de la violencia verbal y física contra los que se le opongan, no tiene nada que ver con el siglo XXI y sí con los siglos XII ó XIII. Por eso sería más preciso bautizarla como “socialismo feudal”.
A consecuencia de esa “infiltración” o más bien de ese socialismo medieval no científico aplicado en el siglo XXI, la desmovilización social, indígena, popular y de la izquierda se dejar ver como una esclerosis, una parálisis seguramente no irreversible. Pero cuánto se tardarán los movimientos sociales y las izquierdas en salir de la ficción socialdemócrata, de ese secuestro de la agenda, el proyecto, los discursos, la iniciativa y la movilización. A quién le interesa la desaparición de la CONAIE y de toda organización social con conciencia histórica que promueva cambios más allá de las formalidades de un marco legal general que no recoge en lo fundamental sus propuestas.
Desmovilizados frente al desempleo, la migración, el hambre; que es mayor a causa de la especulación mundial con los alimentos pero más grave porque el economista no se atreve a regular los precios con listas oficiales que tanto temen los neoliberales. Enfrentamos el peligro de ser vistos como traidores si no hacemos nada para protestar en contra del incremento de precios del pan, la leche, el arroz y otros alimentos de primera necesidad, tal como demanda el pueblo.
Tras la desmovilización, la cooptación, el chantaje o la represión como la de Dayuma que mantiene presa a Guadalupe Llori. Consecuencias de una política que tiene la capacidad de mutar, confundir y decepcionar, como un juego virtual, más agudo en tiempos de elecciones y referéndum.
¿Asistimos inermes a la confiscación de la lucha popular que ha resistido a la hegemonía del capital y la corrupción, lucha que ha logrado mantener algo de Dignidad y Soberanía de los pueblos del Ecuador? ¿Cuándo delegamos en un extraño, en desconocidos y oportunistas tales responsabilidades históricas?
1. La nota informativa titulada: Asambleísta Vega: “Habría que preguntarnos quién es infiltrado en Acuerdo País” es posible encontrarla en el periódico digital Ecuadorinmediato remitirse a su página http://www.ecuadorinmediato.com 2008-07-22.
2. Para ver detalles de la nota de prensa publicad por el periódico digital Ecuadorinmediato remitirse a su página http://www.ecuadorinmediato.com 2008-07-23.
3. Detalles sobre lo que es el “Consenso de Washington” puede acudir a http://www.fespinal.com/
4. Ampliación del artículo citado en http://www.desdecuba.com/
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Pablo Dávalos
La última reunión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, OMC, efectuada a fines de julio de los presentes, y cuyo objetivo era el de conseguir un nuevo acuerdo de comercio global pendiente desde 2001, finalmente se estancó por la negativa recurrente de los países más ricos por revisar la estructura arancelaria de su producción agroindustrial, y demuestra que el discurso del libre comercio, en realidad, es más una cobertura para desarticular las políticas de protección y desarrollo industrial que puedan impulsar los países más pobres, que una realidad de la globalización neoliberal. Empero de ello, hay una soterrada disputa que no emerge de manera explícita en las reuniones multilaterales sobre el libre comercio, pero que forma parte de la agenda de los centros de poder que están detrás de la OMC, esta discusión hace referencia al formato político que deben asumir los Estados-nación, en el momento de la globalización neoliberal.
Más allá de los debates sobre los aranceles, la protección a la producción agroindustrial a través de los subsidios que mantienen los EEUU y la Unión Europea, el cronograma para la liberalización comercial, etc., existe una subterránea disputa que atañe a la transformación del Estado y del concepto de soberanía estatal. Los acuerdos de libre comercio, propugnados por la OMC, se están convirtiendo en un formato jurídico de contractualidad trans e inter-nacional. Las cerradas confrontaciones que se suscitan en las negociaciones bilaterales o multilaterales, a propósito de los acuerdos comerciales entre países, dan cuenta de que una vez suscritos estos acuerdos, la legislación interna, incluidos sus marcos Constitucionales, deben transformarse inmediatamente y en función de estos acuerdos de libre comercio.
Es por ello que en las negociaciones de la OMC, se asume que los Estados-nación deben utilizar la capacidad coercitiva que emerge de su soberanía política, para salvaguardar la seguridad jurídica de los inversionistas privados. En ese sentido, se está produciendo una especie de transferencia de la soberanía jurídica y política de los Estados, hacia los actores claves de la globalización: las corporaciones transnacionales y la banca financiera mundial.
De este modo, el neoliberalismo se está constituyendo en un proyecto más vasto que aquel que solo se limitaría a la economía. Sus transformaciones apuntan, en realidad, al conjunto de instituciones políticas, sociales y jurídicas que estructuran al Estado y a la forma política del sistema-mundo capitalista. Estamos, entonces, ante la presencia de una Gran Transformación, en el sentido inverso en el que Karl Polanyi daba a esta frase. En efecto, es el sentido del Estado el que está en disputa en estos momentos. ¿Qué es el Estado y cómo debe asumírselo en esta hora neoliberal? ¿Qué significa la soberanía para las corporaciones transnacionales? ¿Quiénes son los “inversionistas” y por qué ahora poseen derechos que antes eran prerrogativa de los Estados?
Desarmar al Estado como noción del “interés de todos”, y volverlo a rearmar como garante de la propiedad privada, esto es, como “Estado social de derecho”, ha sido una de las tareas fundamentales de la globalización neoliberal. En esta tarea de desarmar para volver a armar al Estado sobre nuevas bases contractuales, se están creando y posicionando figuras de contractualidad relativamente novedosas y que dan cuenta de la magnitud de esa Gran Transformación Neoliberal.
Es por ello que habría que volver sobre la heurística que se desprende de los contenidos jurídicos y políticos que constaban en el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), propuesto por la OCDE, y que fuera realizado entre 1994 y 1998. Allí, se inscribía la utopía del capitalismo: la conversión a un marco de soberanía jurídica estatal al inversionista privado y la inversión.
Para que la figura jurídica del “inversionista” tenga un rango de contractualidad ha sido necesario someter al Estado a transformaciones de fondo. Esos cambios vinieron de la mano de las privatizaciones, la desregulación, la descentralización y profundas reformas estructurales. Sin embargo, hay un proceso que ha permanecido en cierto sentido oculto en este proceso y es la privatización de la inversión y la creación de su correlato: el inversionista como figura con carácter histórico.
En efecto, detrás de esas figuras jurídicas del “inversionista y la “inversión”, a las que hacía referencia el AMI, y que posteriormente serán parte de todos los acuerdos y tratados de libre comercio, bilaterales o multilaterales, hay un recorrido de tipo conceptual y también histórico, que da cuenta, entre otros procesos, de la privatización de la inversión como proceso histórico-social, y de la construcción de un Estado que la garantice, proteja y defienda transfiriendo sus capacidades de inversión hacia actores privados.
En efecto, cabría recordar que tanto en el Estado de Bienestar y de su correlato en América Latina, el Estado industrializante, la inversión siempre era considerada desde un punto de vista histórico y correspondía a una necesidad social, en la cual el rol del Estado era determinante. Es por ello, que en los discursos del desarrollo y del crecimiento económico se justificaba y legitimaba la intervención del Estado a través de la denominada “inversión pública”, como un factor importante del crecimiento económico y la redistribución del ingreso.
Los efectos de la inversión pública sobre la economía, fueron objeto de largos debates cuando se trató de explicar y comprender, por ejemplo, el “milagro de los tigres asiáticos”, en referencia a los procesos de desarrollo y crecimiento económico de Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Había un cierto consenso en la idea de que las altas tasas de crecimiento económico de esas regiones se debían a una combinación de políticas públicas con una fuerte inversión del Estado, sobre todo en áreas consideradas estratégicas, en especial la tecnología, amén de una participación importante del sector privado.
Los programas de estabilización macroeconómica del FMI, y los proyectos de reforma estructural del Banco Mundial, cambiaron el énfasis y el sentido de la inversión pública, y determinaron a las políticas de inversión pública más bien como una amenaza a las decisiones que pueda adoptar el sector privado y el mercado global. No es casual que el primer punto del Consenso de Washington haga referencia, precisamente, a la austeridad y la disciplina fiscal. En efecto, la disciplina fiscal debilitó y vulneró cualquier capacidad que tendría el Estado de llevar adelante una política de inversión pública. Los programas de ajuste del FMI devastaron la posibilidad de que el Estado se convierta en un agente importante de la inversión económica. La inversión, como proceso histórico y social, por tanto, fue transferida íntegramente al sector privado.
Sin embargo, cuando se habla de la inversión, también se hace referencia al empleo y, por consiguiente, a los niveles de ingresos del conjunto de la población. Lo que se transfirió al sector privado no fue solamente la capacidad discrecional de crear o destruir empleos, sino también la facultad de disponer de los ingresos (y, por tanto, del consumo) de toda la población, en otras palabras, la posibilidad de controlar y administrar la escasez. Los inversionistas privados tienen ahora la capacidad de crear escasez y distribuir la abundancia, y utilizarlas como un recurso de poder.
De esta manera, el Estado deja de ser un actor importante del desarrollo económico y se convierte en un garante y complemento de estas decisiones sobre inversión y empleo que asume el sector privado. Concomitante a este proceso, el sector privado, que en lo fundamental estaba conformado por grandes corporaciones multinacionales, reclama al Estado “seguridad jurídica” y un estatuto político propio para el inversionista privado.
En el discurso del neoliberalismo, la inversión privada se convierte en el eje explica el crecimiento y, por consiguiente, la capacidad de consumo de la población. Ya no se hacía referencia a los “tigres asiáticos” que aún tenían un tufo a Estado, sino de los nuevos mercados emergentes, como Malasia o Filipinas, que expresaban las virtudes del crecimiento económico por la vía de los mercados y los empresarios privados. Sin embargo, para que la inversión privada tenga un entorno “amigable” era necesario que el Estado restringa de manera radical sus opciones de intervención sobre la economía y que garantice la “seguridad jurídica” de los inversionistas privados.
En virtud de que la parte de león de la inversión privada en realidad era inversión pública que había sido privatizada, los inversionistas privados querían curarse en sano y evitar futuras nacionalizaciones, estatizaciones, controles y regulaciones. Por ello, al sector privado no le bastaba la declaración de seguridad jurídica que el Estado podía realizar, sino que buscaron (y buscan) la transferencia del poder político del Estado hacia el sector privado, vale decir, hacia las corporaciones, de tal manera que el proceso de privatización y desregulación sea irreversible.
Esa transferencia de poder político está en la necesidad de que el sector privado sea reconocido no solo en el ámbito del derecho privado y comercial, sino incluso en el ámbito de la contractualidad social. En otras palabras, lo que los empresarios pedían (y piden) es que el Estado les resigne su soberanía política.
Es en virtud de ello que cobra importancia el AMI, porque en este acuerdo, cuya pretensión era proteger a las inversiones privadas, se le otorgaba al inversionista y a la inversión una textura jurídica novedosa: aquella de ser figuras de contractualidad. De esta manera, se buscó la privatización, si vale la expresión, de la soberanía del Estado. Quizá el ejemplo más relevante de esta deriva jurídica de privatización de la soberanía de los Estados, sea el Centro de Arbitrajes del Banco Mundial, el CIADI. Hace algunos años habría sido impensable siquiera suponer que una corporación pueda sentar en el banquillo de los acusados a un Estado y tratarlo de igual a igual. El CIADI ha hecho posible que empresas y Estados tengan, a nivel jurídico, una misma consistencia contractual. En ese juego de espejos, quien realmente tiene soberanía política no es el Estado, sino la corporación.
El discurso de la globalización es ejemplificativo a ese tenor. El AMI como heurística de este proceso, permitió que las demandas de las grandes corporaciones multinacionales se trasladen hacia los acuerdos de libre comercio, tanto bilateral como multilateral, y de éstos hacia los tribunales de arbitraje. En todos estos tratados y tribunales de arbitraje, el inversionista y la inversión gozan de derechos contractuales que los equiparan con aquellos que antes eran de potestad de los Estados.
Para que los tratados de libre comercio que permiten el nacimiento y conformación de esta nueva contractualidad, tengan peso político es fundamental debilitar al Estado-nación, en su sentido más fundamental: aquel que hace referencia a su soberanía política.
En el juego de casino de la globalización del capital financiero internacional, la soberanía política de los Estados-nación se convierte en un obstáculo. En efecto, si se mantiene la soberanía política del Estado-nación, ésta puede dar paso a la estatización y nacionalización de recursos estratégicos, al establecimiento de controles y regulaciones, a la búsqueda de un rol más proactivo del Estado en la economía, a impuestos y regulaciones ambientales o laborales; en fin, la soberanía política de los Estados-nación, puede revelarse anacrónica con la gran transformación neoliberal.
De ahí que uno de los logros más importantes de esa gran transformación neoliberal, haya sido el consenso que se logró sobre la figura del Estado como Estado de derecho. Es decir, un Estado que se limita a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, y, entre ellos, aquel de la propiedad de los inversionistas. El Estado de derecho no interviene en la economía, ni en el desarrollo sino a condición de garantizar la “seguridad jurídica” de los agentes privados. El Estado de derecho, respeta y hace respetar las reglas de juego del sistema. Esas reglas de juego, que las determinan los inversionistas y sus inversiones, se convierten en rule of law. El Estado de derecho neoliberal expresa, justamente, esa demanda del imperio de la ley. Los Centros Internacionales de Arbitraje están hechos, precisamente, para regular, controlar y sancionar el incumplimiento del imperio de la ley. El Estado nada puede hacer en contra de estos centros de Arbitraje, salvo enviar a su delegado si no quiere que en el concierto internacional sea considerado como un Estado paria, y que a ese tenor los inversionistas decidan no invertir y, en consecuencia, generar escasez, pobreza, desempleo.
Es un dato curioso que de todos los eventos que configuraron a la globalización durante la década de los noventa, y entendiéndose a la globalización como una fase particular de predominio del capital financiero en el sistema-mundo capitalista, hayan sido la guerra de Kosovo, y la masacre de hutus y tutsies en Ruanda, los que definen los límites y posibilidades del Estado neoliberal: o la balcanización y fragmentación total del Estado-nación, o el grado cero de contractualidad en la que el hombre, literalmente, se convierte en lobo del hombre. Ante esa posibilidad, a los Estados no les queda otra opción que integrarse a la globalización neoliberal resignando su soberanía.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Alejo Vargas Velásquez*
Concluyó sus tareas la Asamblea Nacional Constituyente ecuatoriana con la aprobación del texto de la nueva Constitución que consta de 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, la cual debe ahora ser llevada al escrutinio democrático a través de un referéndum el 28 de septiembre próximo. La Constitución fue aprobada con el voto a favor de 94 asambleístas de los 130 que conformaban la Asamblea –la apoyaron Alianza País, Movimiento Popular Democrático, Pachakutik y cuatro independientes que pertenecían al Partido Sociedad Patriótica-. Se opusieron el Partido Social Cristiano, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, el Partido Sociedad Patriótica y los movimientos UNO y Futuro Ya.
Para el Presidente Rafael Correa en su discurso al recibir la Constitución, el destino de Ecuador está escrito en sus constituciones y anota, “La acción colectiva democrática, solidaria, es indispensable para superar esas barbaridades que estableció la Asamblea de 1998, que instituyó el neoliberalismo en la verdadera arma de destrucción masiva que destruyó tantas vidas, que permitió el atraco bancario más grande de la historia”. Para muchos analistas esta es una constitución hiperpresidencialista al situar en el ejecutivo una serie de competencias en relación con la política económica y modificando la tradicional autonomía del Banco Central, derivada de las recomendaciones del Consenso de Washington.
En lo relacionado con la seguridad y la defensa se establece que son atribuciones y deberes del Presidente de la República (Art. 171): “Velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la integridad e independencia del Estado; ejercer la máxima autoridad de la fuerza pública, designar a los integrantes del alto mando militar y policial, otorgar los ascensos jerárquicos a los oficiales generales y aprobar los reglamentos orgánicos de la fuerza pública, de acuerdo con la ley; asumir la dirección política de la guerra; mantener el orden interno y la seguridad pública.”
Y en el capítulo de la Fuerza Pública se establece (Art. 183) que “La fuerza pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional…Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. Además de las Fuerzas Armadas permanentes, se organizarán fuerzas de reserva, según las necesidades de la seguridad nacional. La Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden públicos. Constituirá fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional. Estará bajo la supervisión, evaluación y control del Consejo Nacional de Policía, cuya organización y funciones se regularán en la ley. La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el desarrollo social y económico del país.” Aquí encontramos la distinción clásica existente en todas las sociedades entre la defensa de la soberanía nacional a cargo de las Fuerzas Armadas y la seguridad interior y el orden público a cargo de la Policía Nacional; igualmente deja la posibilidad de nuevos roles de la fuerza pública en el desarrollo social y económico.
Establece como máximo organismo responsable de la defensa nacional el Consejo de Seguridad Nacional (Art. 189) “cuya organización y funciones se regularan en la ley, será el organismo superior responsable de la defensa nacional, con la cual, los ecuatorianos y los extranjeros residentes estarán obligados a cooperar.” Igualmente establece la obligatoriedad del servicio militar, pero contempla un servicio civil a la comunidad para aquellos que invoquen objeción de conciencia (Art. 188).
Igualmente se reitera el carácter obediente y no deliberante de la fuerza pública (Art. 185), pero se anota que “la obediencia de órdenes superiores no eximirá a quienes las ejecuten de responsabilidad por la violación de los derechos garantizados por la Constitución y la ley.
*. Profesor Universidad Nacional (Colombia)
http://alainet.org/active/25476⟨=es
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
