By icciec2024
“No bien salimos de una…caemos en otra” es la frase generalizada que la gente dice para caracterizar los fenómenos de la naturaleza o los problemas sociales en los que siempre estamos involucrados como país. Más de un extranjero o periodista ha dicho también que “quien vive en este país nunca se aburre…porque siempre pasa algo”. Talvez tengan razón, pero de seguro los innumerables hechos que ocurren en nuestra realidad más próxima no pasan por el estar o no aburrido, que es un mal propio de las sociedades satisfechas del norte.
Ecuador que a pesar de estar y al mismo tiempo no estar dentro de lo que se llama la “civilización occidental”, porque somos más andinos que helénicos y nos clasifican o nos auto clasificamos como “pre-modernos” desde esa misma perspectiva cultural, nosotros los de América del Sur, los de la periferia capitalista dependiente, los globalizables, no hemos salido del atraso material que nos determinó nuestra matriz socio-económica, misma que sufrió la desacumulación originaria capitalista y luego se acumuló en el norte del hemisferio a costa de la sangre y el genocidio de nuestros padres. Desde ahí, desde sus cómodos recintos post-modernos hoy nos miran con “amenidad” (porque somos barrocos talvez?), con curiosidad, o simplemente porque como dice el sub – Comandante Marcos “los pobres son noticia cuando matan o cuando mueren”.
Pero no somos tan solo “observables” de investigación social o artículos de vitrina, somos cada vez más, y más a menudo, actores de nuestros propios sueños y de nuestra propia historia, sin dejar de admitir que también hemos sido sujetos y reos de acciones injustas de los otros…”los de arriba”.
En recientes años han trascendido al mundo los levantamientos populares, indígenas y sociales que acabaron con tres gobiernos corruptos o eventualmente derrotaron los proyectos geopolíticos de expansión comercial como el ALCA-TLC de los Estados Unidos, o marchamos para repudiar a Álvaro Uribe como personaje no grato para nuestro país por aplicar el Plan Colombia más allá de sus fronteras con las fumigaciones, activamos para expulsar a la petrolera occidental “OXY”, y tantos otros motivos para ser y actuar.
Pero a pesar de todo no hemos logrado los cambios trascendentes, fundamentales, estructurales. La pobreza agravada por el modelo económico neoliberal que no acaba de ser desmontado sigue reproduciendo la desesperación social que se expresa como migración o como delincuencia y otras formas degradantes de los seres humanos.
Después de los devastadores efectos cíclicos de las explosiones del volcán Tungurahua en las poblaciones pobres más próximas de su entorno y que sirvieron para justificar el incremento de precios de algunos productos alimenticios, viene ahora las aguas, el crudo invierno que se abate como una “catástrofe nacional” como llegó a denominar el gobierno. La tragedia líquida se abalanzó sobre los empobrecidos de las riveras de los ríos en la costa y sobre los extremadamente empobrecidos de las laderas en las montañas de la sierra.
La respuesta del gobierno, desde que se inició, ha sido la de oficializar la desgracia en la que quedó el país luego de la “noche neoliberal” emitiendo decenas de decretos de emergencia. Somos un país de emergencias, emergencias permanentes, propiciadas no solo por la naturaleza en su versión más visible, sino y fundamentalmente en su versión social, porque un gobierno a medias progresista tiene sus límites y sus compromisos sociales, que no se arriesgará sino a pequeñas reformas sociales. Remozar la institucionalidad del poder social para que no se caiga por el peso de tanta injusticia social. “Que cambie todo para que nada cambie”.
El régimen no se propone que pase de una vez la noche neoliberal, le quieren dar un poco de luz, un poco de espacio, oxigeno para que no se ahogue, aunque saben bien que el mañana se acerca inexorable por la implosión del sistema. Sus vacilaciones hacen prolongada la agonía de los empobrecidos, acosados por las aguas que inundaron sus cultivos de auto subsistencia, sus menguados recursos que no logran resarcirse con un “bono solidario”, la úrea abaratada de Venezuela, o el micro-préstamo 5-5-5 y los múltiples decretos de “emergencia”. La respuesta no está a la altura de la tempestad y el vendaval de la naturaleza y de la injusticia social permanece intocable.
Los albergues no albergan sino a pocos y en condiciones de indignidad, la ayuda pronto se desvanece en las manos de “los vivos” o los que aprovechan para promocionarse para la próxima “dignidad” porque dan alguna que otra caridad oficial.
Las vaquitas, los pollos, los animalitos y hasta los hijos se van con la creciente de los ríos que crecen de noche y llegan como los que roban, las avalanchas de lodo sepultan los sueños y los modestos esfuerzos de hombres y mujeres honradas.
Y encima la pobreza… esa desesperación largamente masticada, amarga que se convierte en gastritis, en enfermedad para la que no hay ninguna seguridad social o asistencia médica posible allende los recintos pobres y montubios o las comunidades andinas perdidas en los páramos y las laderas resecas.
De qué iniciativa del sujeto hablan las academias y los conferencistas internacionales y escritores de la auto-superación y la auto- estima, la pobreza hace tiempo que se llevó también la capacidad de responder a la tragedia de los más pobres, envilecidos por el acumulado histórico de explotación y exclusión.
Los que no pueden irse se tienen que aguantar en este país, los que pueden…sueñan con días mejores lejos de los suyos y de su Patria a pesar de los riesgos. Todos quisiéramos irnos “el último apaga la luz” decía un grafitti pintado en una parad de Quito. Inútiles son los esfuerzos y los discursos del Presidente para convencer a los emigrantes de España y otros países para que regresen al Ecuador. Lo que haga el gobierno de la revolución ciudadana sin ciudadanos será insuficiente no sólo por el poco tiempo sino porque su convicción y sus acciones no están para vencer a las injusticias sociales históricas.
Los improvisados asambleístas que dicen representarnos nada harán para superar las causas sociales, políticas, económicas y culturales de la tragedia aceptada y legitimada por la televisión. Nadie moverá un dedo para afectar el principal interés del egoísmo social, nadie afectará con la nueva Constitución, al menos en su redacción, el problema de la propiedad privada sobre los medios de producción que ha llevado al abuso de la tercerización y la precarización laboral, talvez fijen algunos límites a los abusos del capital, o dicten algunos derechos sueltos por ahí, intentos pacatos de redistribuir la riqueza ante la abrumadora socialización de la pobreza, acaso escribirán una plurinacionalidad declarativa olvidando la propuesta de la propiedad comunitaria y social, no debemos esperar mucho.
Salgamos ya la luna de miel “porque mientras haya que hacer nada hemos hecho”, al menos dentro lo social en lo que es posible la transformación, para que la naturaleza también no resulte dañada por el cambio climático global, logrado a punte destrucción de la biosfera por el propio capital y la sociedad del consumo y las transnacionales, corporativas, tecnocráticas, inhumanas.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
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Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Pablo Dávalos
Las justificaciones
El Ministro de Gobierno de Alianza País, Fernando Bustamante, ha sido llamado a mediados de febrero, a la Asamblea Constituyente a exponer las políticas de Estado con respecto a la seguridad nacional y con referencia a lo ocurrido en la parroquia de Dayuma, provincia de Orellana, en la amazonía ecuatoriana. El Ministro justificó el uso de la fuerza y la utilización del ejército en contra de la población civil, indicando que se trataba de un caso grave y extremo de violencia y provocación de sectores interesados en inducir el caos en el país. Se trata, en realidad, de una retórica recurrente en casi todos los gobiernos en los que, casi siempre y según la lógica oficial, en todo acto de protesta o movilización social, hay infiltrados que provocan a la población y a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, lo que llama la atención en esta oportunidad, fue la frase utilizada por el Ministro de Gobierno, justificando lo ocurrido en Dayuma porque, según él, en hechos anteriores se habían registrado «34 bajas sufridas por las fuerzas del orden», aunque el Ministro tuvo que precisar de que no se trataron de «bajas mortales», es decir, no hubieron muertos. La utilización de la retórica belicista para calificar los enfrentamientos entre la población y el gobierno dan cuenta de que en las coordenadas del poder la política debe entenderse siempre como un campo de confrontaciones bélicas, en las que la referencia a lo bélico no es una metáfora sino una realidad. El lapsus del Ministro forma parte de una visión pragmática del poder en el que los que no están con el gobierno evidentemente están en su contra, y por tanto se convierten en enemigos a los que hay que derrotar bélicamente. La población de Dayuma, por el único delito de ejercer el derecho ciudadano (en pleno contexto de «revolución ciudadana») a la protesta, fue considerada como un enemigo militar y tratada a ese tenor. Sus pobladores ahora están acusados de terrorismo por quienes, precisamente, utilizaron el terrorismo de Estado como arma de confrontación política.
Los «terroristas»
Vicente Moreira es el panadero de la parroquia rural de Dayuma. Cuando el ejército irrumpió en la parroquia y empezó a buscar a los «terroristas», Vicente estaba en su panadería amasando el pan de la tarde. Su esposa, Luz del Alba, estaba embarazada y trató de proteger su hogar. Tanto ella como Vicente fueron brutalmente golpeados. Luz del Alba casi pierde a su niño y Vicente aún está en la cárcel acusado de terrorismo. En la población de Dayuma, el argumento de que Vicente habría dado positivo en la prueba de la parafina, lo que supuestamente demostraba su «participación terrorista», provoca sonrisas de incredulidad y desasosiego ante el cinismo gubernamental. Su esposa ahora está en la miseria y vive de la solidaridad del poblado. Su niño recién nacido está enfermo y no tiene medicinas. La madre de Wilmer Armas, Gloria Ramírez, no entiende aún porqué su hijo está en la cárcel acusado de terrorismo. Wilmer es el vicepresidente de la Junta Parroquial de Dayuma y como autoridad local, había ido a negociar con el ejército que se había apostado a la entrada de la población. Wilmer fue golpeado apenas llegó al sitio y luego fue torturado. Gloria aún no puede entender por qué tanta violencia, por qué tanta saña del gobierno. Rosa Mangasha, indígena de la zona y que habita en la parroquia, cuenta cómo el ejército entró en su hogar disparando y lanzando gases lacrimógenos. Sus hijas de dos y tres años se desmayaron por los gases lacrimógenos. Su esposo, al tratar de protegerlas, fue abaleado, y herido fue arrastrado y pisoteado hasta los camiones que amontonaban los detenidos uno encima de otro. Pastora Morillo, embarazada, fue golpeada y su hogar fue inundado de gases lacrimógenos. Jorge Plazarte, fue golpeado, pisoteado, encarcelado y casi pierde la visión en el ojo izquierdo. Abel Mina fue golpeado conjuntamente con su padre que estaba convaleciendo de una operación quirúrgica, y también fue encarcelado. Leonel Moya cuenta como lo golpearon: «me pusieron contra el piso y una bota encima de rostro me restregaba contra el suelo, mientras me insultaban y me decían que me iban a matar». Son nombres entre varios, que no serán considerados como bajas civiles ni como víctimas del terrorismo de Estado, simplemente es pueblo que tuvo el coraje de reclamar lo que consideraban justo. Para el régimen todos ellos son terroristas. Los organismos de derechos humanos han guardado un silencio bastante parecido a la complicidad, y lo único que han reprochado es que los detenidos hayan sido trasladados en medios de transporte no adecuados. Ahora Dayuma es un pueblo fantasma. La alegría de un pueblo que se parecía mucho a Macondo o Comala, fue robada por un gobierno que se autoproclama defensor de la «revolución ciudadana». Margarita Mora, habitante de Dayuma dice del Presidente Rafael Correa, con lágrimas en los ojos, que se le cayó la imagen que de él había construido: «Luché por él. Hice campaña porque lo consideré un hombre honesto, pero ahora se me ha caído del pedestal». Guadalupe Llori, prefecta provincial de Orellana, que nada tenía que ver con los eventos, ha sido convertida en víctima propiciatoria y acusada de ser la instigadora de los «hechos terroristas de Dayuma». El sistema jurídico ecuatoriano la ha exonerado de toda culpa con respecto a Dayuma, pero el gobierno ejerce presión sobre la justicia para evitar su libertad. Aún está en la cárcel. El gobierno hace cálculos para evitar que Llori asuma nuevamente la Prefectura de la Provincia, y en su lugar se posesione alguien vinculado al régimen, y de esta manera tener carta blanca para su política extractivista en la región. Hasta ahora nadie ha defendido a los «terroristas» del terrorismo de Estado. Siguen esperando la amnistía por un delito que no cometieron.
Los cómplices
La Asamblea Constituyente ecuatoriana, totalmente controlada por el gobierno, y que incluso se arrogó para sí los «plenos poderes», no pudo ni siquiera aprobar una moción de respaldo a los derechos humanos de la población de Dayuma. El Presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, personaje vinculado a los derechos humanos y a la crítica al neoliberalismo, durante la coyuntura de la represión en Dayuma guardó un silencio cómplice con los represores, e impidió que la Asamblea Constituyente se pronunciase a favor de los derechos humanos de la población de Dayuma. La razón de Estado se convirtió en más importante que cualquier pronunciamiento que pudiese debilitar al régimen, aunque sea al costo de defender los derechos humanos fundamentales. Dayuma afectó la credibilidad y legitimidad de la Asamblea Constituyente. Ahora, muchos sectores miran con desconfianza y se preguntan qué clase de Carta Constitucional puede aprobar una Constituyente que no pudo, ni supo defender los derechos más fundamentales de su población. Con qué legitimidad ahora se puede hablar de «revolución ciudadana», si el derecho ciudadano básico a la integridad, fue violentado y pisoteado en Dayuma. El régimen realiza una presión política fuerte sobre la Asamblea Constituyente para evitar que ésta apruebe una moción de amnistía para los pobladores de Dayuma que ahora afrontan juicios penales por terrorismo. La dócil Asamblea Constituyente sigue haciendo caso omiso de los pedidos para que se absuelva y se compense a los pobladores de Dayuma.
Los culpables
Habíamos sido testigos en América Latina de cómo diferentes gobiernos neoliberales criminalizaron a los movimientos sociales y a las protestas sociales y ciudadanas, y guardábamos la esperanza de que los gobiernos progresistas, al menos, restauren los principios de los derechos fundamentales. Pero aquella tenue frontera entre la criminalización y la construcción del enemigo a combatir, era un espacio que ni siquiera nos habíamos imaginado. Las declaraciones del ministro ecuatoriano del Interior sobre Dayuma, y su contabilidad de las bajas militares en su guerra en contra del pueblo, dan cuenta que en América Latina ha empezado no solo un proceso de criminalización a las movilizaciones sociales y protestas ciudadanas, sino un verdadero causus belli en contra de la población. Se trata de un retorno a las épocas del terrorismo de Estado, en el que los gobiernos utilizaron el poder y la violencia del Estado para provocar verdaderos genocidios a nombre de la razón de Estado. El nuevo terrorismo de Estado, en el que Dayuma, al igual que los mapuches perseguidos en Chile, es el nuevo argumento del poder que quiere expulsar a las poblaciones de los territorios que han sido privatizados en el nuevo festín de los denominados «commodities» (petróleo, madera, agua, minerales, agrocombustibles, etc.). En el nuevo terrorismo de Estado, en el que los legítimos actos de defensa y de protesta de la población, y que, además, son parte de las garantías y derechos fundamentales del liberalismo clásico, son visualizados como actos terroristas, y el ejército y la policía tiene «bajas» en su confrontación con la población civil, son concomitantes a las nuevas derivas del sistema-mundo capitalista, en el que los países de la periferia se convierten nuevamente en exportadores de materias primas, y sus poblaciones se convierten en enemigos a controlar, someter o a expulsar. Se trata de una nueva división internacional del trabajo en el que se retorna al capitalismo decimonónico. Son tiempos de conquista, de ocupación, de violencia. Entre Dayuma y el caso Poluco Pidenco en Chile, media esa construcción del terrorismo estatal y la razón del poder que sigue siendo mercantil y neoliberal. Hay un hilo conductor entre la huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles, hermana del pueblo mapuche, y la resistencia de Dayuma: evidencian que la globalización neoliberal empieza a mostrar su verdadero rostro de medusa y que los pueblos ahora tendrán que defenderse incluso de aquellos gobiernos que se autoproclaman socialistas.
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René Báez*
El mayor obstáculo a la mundialización del capitalismo –fenómeno conocido por sus críticos como globalización corporativa o “globocolonización”- deriva de la existencia de estados nacionales, con sus inherentes sistemas de protección. Para vulnerar tales sistemas, la lumpengranburguesía planetaria no se ha dado abasto en desmontar la institucionalidad de los países periféricos, contando con la invaluable cooperación de sus peones criollos y en un operativo cabalmente tipificado como de “desnacionalización de los estados nacionales” (Ander-Egg).
Concretamente, y a pretexto de crear condiciones favorables para la inversión extranjera, ha presionado por la firma de tratados de “libre comercio”, la reducción de las tarifas arancelarias y paraarancelarias, la eliminación de regímenes diferenciales al capital foráneo, la supresión de leyes sobre expropiaciones y nacionalizaciones, el debilitamiento de las empresas públicas, la flexibilización (“flexplotación”) laboral.
Estas políticas de inspiración liberal dieciochesca han tenido el efecto de socavar a los estados del subcontinente en su condición de piezas claves para sustentar proyectos de corte nacionalista y latinoamericanista (alterglobalizadores), como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) al cual han adherido hasta ahora Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua.
Para las potencias o subpotencias –llámense Estados Unidos, Unión Europea o el flamante eje Brasil-Rusia-India-China (BRIC)- la fractura de los estados periféricos, aparte de mantener en vigor la vieja divisa romana del divide et impera, cumple los propósitos de facilitar el “engullimiento” por sus conglomerados de los recursos de distinta índole localizados en nuestros países y fomentar su endeudamiento. Expuesto en otros términos, a través de la fragmentación y privatización de la soberanía de nuestros estados, lo que se busca es radicalizar el “modelo de acumulación por desposesión” (Samir Amin), ese capitalismo de rapiña que en tiempos recientes ha desembocado en la liquidación de Yugoslavia y en la ocupación militar de Afganistán e Irak. Y que, en su proyección andina, presiona por el desgajamiento del departamento petrolero de Zulia en Venezuela, Loreto en Perú, Santa Cruz y otros en Bolivia y, particularmente, de la provincia del Guayas en Ecuador.
La cruzada contra las soberanías andinas tiene como su cuartel general a la Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía Regional (CONFILAR, también conocida como la Internacional Latinoamericana para la Balcanización), fundada en Guayaquil en un cónclave realizado el 2006. (1)
La “Ley Nebot-Moncayo”
En el caso ecuatoriano, la derecha tradicional –la denominada “partidocracia”- ha venido impulsando el “modelo autonómico”, con la asesoría de agencias multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, desde los tiempos de Sixto Durán y el “mago” Alberto Dahik (2), en la perspectiva de profundizar la articulación del país a la denominada nueva división internacional del trabajo y satisfacer las ambiciones de caciques de visión comarcana interesados en participar a como dé lugar de los dividendos y comisiones que generarían nuevas olas de privatizaciones (biodiversidad, minerales, petróleo, gas, agua, oxígeno). (3)
Las propuestas “autonómicas” exhiben como su principal argumento la crítica del “Estado centralista”, concepto bajo el cual sectores oligárquicos y filoimperialistas, respaldados por la Gran Prensa, pretenden mimetizar tanto la impotencia histórica de las clases dominantes nativas -costeñas y serranas- para diseñar e instrumentar un proyecto nacional y democrático, como los devastadores impactos de los ajustes y reformas neoliberales de cuño fondomonetarista
El año 2006, los fervores autonomistas/secesionistas cristalizaron en el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Autonómico formulado con asesoría española por los alcaldes de Guayaquil y Quito, Jaime Nebot y Paco Moncayo (4), y remitido al Congreso por el ex presidente Alfredo Palacio.
En la exposición de motivos del mencionado proyecto –aprobado en primera discusión por el Parlamento- puede leerse:
“Los últimos acontecimientos nacionales -alusión a la Rebelión “Forajida” de abril del 2005, R.B.- son la evidencia plena de la existencia de tensiones que tornan insostenible el mantenimiento del viejo Estado centralista. Para evitar la desintegración del Estado, es necesario ofrecer mecanismos de integración política válidos, basados en la práctica de formas significativas de reparto de poder(…) La propuesta de establecimiento de un sistema autonómico se caracteriza(…) por la afirmación rotunda de la libertad, la participación y el pluralismo, en la convivencia y la solidaridad, valores superiores sobre los cuales debe articularse el nuevo modelo de libertad dentro del Estado(…)(Es) necesario idear nuevas formas de ejercer el poder y para ello es fundamental distinguir entre descentralización administrativa y descentralización política (bajo este último concepto se pretende camuflar el separatismo, R.B.). Lo primero implica encargar la gestión de servicios o actividades públicas a los entes locales. No se trata por tanto de una relación entre el Estado nacional y los gobiernos locales. Se trata de una relación entre los ciudadanos y el poder (…) Trasladar el centro del poder político a los ciudadanos permitirá a los ciudadanos de los gobiernos locales ser artífices de su propio destino. Es necesario reconocer a los gobiernos locales la capacidad de autoestructurar sus instituciones para adecuarlas a su nuevo rol. Las funciones, visiones, exigencias y requerimientos no son ni pueden ser iguales (se refieren a las estrategias/modelos económicos, R.B.). No es aceptable tener las mismas estructuras caducas e impedir que estas sean ajustadas a cada situación concreta (…) (El) proyecto que ahora se presenta debe ser considerado como una oportunidad para desarrollar el nuevo paradigma democrático que a través de una participación activa de los ciudadanos haga realidad la disposición constitucional que señala que la principal misión del Estado es garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de los ecuatorianos…”. (5)
Notas.-
(1) En un reporte sobre este suceso se anota: “Con la participación del presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, de los alcaldes de Guayaquil y Quito… finalizó el 19 de septiembre, 2006, el Primer Foro Internacional sobre Libertad y Autonomía Regional (CONFILAR)… El secretario de Autonomía y Descentralización del Gobierno de Santa Cruz (Bolivia), Carlos Dabdoub, fue elegido como primer presidente. José Luis Tapia, del Instituto de Libre Empresa y director ejecutivo de la Conferencia Liberal Hispanoamericana, fue designado secretario general. Tapia cuenta entre los ‘asesores académicos’ a dos conocidos heraldos de la democracia mundial: Carlos Alberto Montaner, buscado en La Habana por actividades terroristas en Cuba…; y Álvaro Vargas Llosa, director del Centro de Prosperidad Global del Independent Institute de Estados Unidos y editor de la página de opinión del Miami Herald, estrechamente vinculado a la mafia anticubana de Florida”. En otro apartado se alude a la promoción de la CONFILAR por el actual embajador de la Casa Blanca en Bolivia, Philip Goldberg, un “experto descuartizador de países soberanos”. (www.rebelion.org/noticia.php?id=43155)
(2) Cf. Diego Delgado Jara, “Reflexiones sobre las autonomías políticas”. Revista ESPACIOS No. 13, CINDES, octubre 2006.
(3) Ibid.
(4) Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Autonómico (Mimeo).
(5) Ibid.
*Economista, investigador y escritor ecuatoriano.
Profesor universitario. Premio Nacional de Economía.
Pertenece a la Internacional Writers Association.
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