Editorial

La CONAIE y la constitución de un nuevo sujeto político

En 1986 fue creada la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que aglutinaba a su interior a las organizaciones indígenas regionales más representativas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, como son, el ECUARUNARI (Confederación de los pueblos de la nacionalidad Quichua) y la CONFENAIE (Confederación de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía), entre las más importantes. Para ese entonces, la creación de la CONAIE no suscitó mayores comentarios dentro del ámbito político y social de nuestro país. En efecto, desde la creación de la república en 1830, para el discurso dominante, los indios simplemente no existían, como Garabombo el Invisible, aquel heroico personaje creado por el escritor peruano Manuel Scorza, los indígenas eran invisibles para la visión oficial. No tenían el derecho a existir dentro del imaginario y del discurso político dominante. Su cultura se reducía al folklore y su lengua no era otra cosa que un «dialecto». Para los sectores más radicales de la sociedad, el problema indígena, en cambio, se reducía a la «cuestión agraria». Los indios eran vistos como campesinos y su lucha tenía un carácter reivindicativo, luchaban por la tierra. El nacimiento de la CONAIE coincide con las una de las épocas más negras de la historia contemporánea del Ecuador: la brutal y feroz represión al pueblo ecuatoriano que, incluso, adquirió características de terrorismo de Estado, llevado adelante por el régimen social cristiano de León Febres Cordero, y que cerró todos los espacios críticos de la sociedad, además de generar un miedo social que desmovilizó la capacidad de respuesta y que, finalmente, contribuyó a desarticular al movimiento obrero, hasta entonces, el opositor más radical a la imposición del neoliberalismo. Sin embargo, es en este contexto que se logra organizar y constituir al actor social más importante de la década de los noventa: el movimiento indígena ecuatoriano. Efectivamente, es a partir de las estructuras organizativas creadas desde la CONAIE que se va a articular la unidad estratégica de varios actores sociales, que confluirán en la creación de la Coordinadora de Movimientos Sociales del Ecuador, a no dudarlo, uno de los sujetos políticos más importantes de esta década. A inicios de los años 90, la CONAIE organiza el primer levantamiento indígena de la era contemporánea e incorpora al escenario nacional a un actor social nuevo: los indios y sus organizaciones. La sociedad ecuatoriana no sabe cómo asumir al movimiento indígena, de hecho, sus primeras reacciones van desde el miedo hasta el menosprecio. La propuesta de pluriculturalidad y de plurinacionalidad no son aceptadas por la sociedad y se cierran filas en contra de ellas. Se ve en el pedido indígena de plurinacionalidad un atentado contra la integridad del Estado Nación Ecuatoriano. Desde el Presidente de la República, pasando por las cámaras de la producción, las cámaras de los agricultores, medios de comunicación, sectores políticos, etc., todos coinciden en rechazar la demanda indígena de pluriculturalidad, y frente al levantamiento indígena de 1990 se opta por la violencia y la represión. En realidad, lo que el movimiento indígena reclamaba era el reconocimiento a la profunda diversidad que estructura el estado nación conocido como Ecuador. El Ecuador no era un espacio homogéneo en el cual solo existía un norte, aquel de la modernidad capitalista. Existían también pueblos enteros fuera de esa modernidad capitalista que reclamaban el derecho a existir y a pervivir en su diferencia radical. El debate político empieza a transformarse y se van incorporando, gracias al movimiento indígena, temas y problemáticas nuevas. La plurinacionalidad se convierte en un eje estratégico del movimiento indígena que sobrepasa a las demandas reivindicativas por la tierra y que incorpora nuevas dinámicas políticas y organizativas a la CONAIE y a sus filiales. Se trata, en definitiva, de aceptar la alteridad que representa el mundo indígena, en un contexto de una sociedad profundamente cerrada, racista, autoritaria y excluyente. La marcha de los pueblos indígenas de Pastaza en 1992, y los actos para conmemorar los quinientos años de lucha y de resistencia, otorgan al proceso de constitución de la CONAIE, una dimensión nacional e incluso internacional. La organización indígena comienza a constituirse en un referente obligatorio para comprender la realidad ecuatoriana. Para 1994, el rol de la CONAIE será vital para impedir la aprobación de la Ley de Desarrollo Agrario, propuesta por el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén. La iniciativa gubernamental apuntaba a la modernización capitalista en el agro, destruyendo a las comunidades indígenas y convirtiéndolos en fuerza de trabajo para las agroindustrias y la agroexportación. La CONAIE, en esta oportunidad, no solo que organiza políticamente al movimiento indígena para frenar el intento de privatización de la tierra y la destrucción de las comunidades, sino que, además, asume un carácter propositivo. En efecto, la oposición al proyecto neoliberal de privatización del agro y de modernización capitalista, se enriquece con la realización desde las propias organizaciones indígenas, de un proyecto de ley de desarrollo agrario y un proyecto de ley de aguas. Son las primeras iniciativas de un proceso de legislación que tiene como base la participación democrática de los pueblos y nacionalidades indígenas. Sobre la base del diálogo y del consenso, prácticas tradicionales en el mundo indígena, se construyen dinámicas organizativas diferentes y alternativas. Son estas prácticas las que estarán a la base de los procesos políticos de los años 1996-90. Efectivamente, es en la coyuntura de 1996-1999, que la CONAIE tendrá un rol protagónico en la vida nacional y que marcará su transformación de actor social en sujeto político. En esta coyuntura, se definen, de una parte, procesos políticos organizativos en los cuales el movimiento indígena es el elemento central para la conformación de la Coordinadora de Movimientos Sociales del Ecuador y sus jornadas de lucha en contra de la imposición neoliberal. Pero, de otra parte, se configuran procesos políticos electorales que transformarán radicalmente el tradicional escenario político nacional. Es en este periodo que se conforma el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que ganará para el movimiento indígena ecuatoriano, por vez primera en nuestra historia, cerca de un 10% de la representación parlamentaria, varios poderes locales y varios espacios institucionales, entre ellos, el actual CODENPE. Es en esta coyuntura que se logra la aprobación del convenio 169 de la OIT. La constitución del Movimiento Pachakutik-Nuevo País, es un desafío para el movimiento indígena ecuatoriano. Se pretende una participación política sin tutelajes y sin direccionalidades predeterminadas. Es un espacio nuevo, porque no implica solamente a los indígenas, sino que intenta abarcar al conjunto de la población. El discurso construido desde la práctica indígena y en el cual la plurinacionalidad constituyó un eje estratégico, debe transformarse de tal manera que pueda abarcar a otros sectores, al mismo tiempo, que haga posible una lucha por cambiar nuestra sociedad. Este nuevo discurso debe hacerse con el pueblo, con aquellos sectores que han sido duramente golpeados por la política económica, y que también sufren por la discriminación social y el racismo económico. Es de esta manera, que la CONAIE, conjuntamente con otros sectores sociales, convocan en 1998 a la Asamblea Constituyente del Pueblo, el ejercicio democrático más representativo de este último periodo. Así, la CONAIE abrió el espacio social hacia nuevos actores y hacia nuevos discursos. Posibilitó la incorporación de nuevos temas de debate, pero, quizá lo más importante, cuestionó el profundo racismo que atraviesa a nuestra sociedad, que ha construido una estructura de poder asentada en el desprecio absoluto al Otro, en la exclusión total de lo indígena. La voz crítica de la CONAIE se convierte en un referente de organización y de discurso político para el pueblo en su conjunto. Durante el Levantamiento por la Vida y contra el Hambre, del mes de julio de 1999, fue la CONAIE quien llevó adelante la oposición más radical y más consecuente contra las pretensiones gubernamentales. Fue ella quien posibilitó la negociación, asimismo por vez primera en nuestro país y en condiciones de poder, de un paquete económico de ajuste. Es por ello que las elecciones de la nueva dirigencia de la CONAIE, en este mes de noviembre, son una cuestión de alcance nacional. Se está jugando, y sin ninguna exageración, el futuro del país. De la nueva dirigencia de la CONAIE dependerá que ésta se constituya en el referente a partir del cual se pueda articular una propuesta para transformar al Ecuador, y construir así un país más justo, más tolerante, más democrático.

Que este diálogo, sirva para cambiar

Por: Fernando Sarango

El Movimiento Indígena Ecuatoriano, desde siempre ha sido partidario del diálogo sincero con los poderes centrales, como único mecanismo que permite llegar a acuerdos pero han sido la falta de seriedad, sinceridad e incumplimiento de los gobernantes los motivos que bloquean y anulan los procesos de diálogo y han dado como resultado los levantamientos y otras medidas de hecho, último recurso de las nacionalidades y pueblos indígenas que ha debido ser usado para hacer escuchar sus justas demandas. Producido el levantamiento indígena del pasado mes de julio de 1999, el gobierno nacional y los representantes de la CONAIE y sectores sociales, suscribieron un acuerdo de nueve puntos, del cual el punto número siete menciona que: «Las partes se componentesa integrar comisiones de diálogo que presidirán los ministros de estado correspondiente, que permitan analizar y formular propuestas y alternativas sobre los siguientes temas: a) Deuda Externa, b) Modernización, c) Privatización d) Educación, e) Salud, f) Vivienda, g) Seguridad Social, h) Plan 2.000, i) Posibilidad de condonación deudas del Banco Nacional de Fomento para pequeños agricultores, y, j) Base aérea de Manta, utilizada por unidades norteamericanas de combate al narcotráfico». Presionados por el propio movimiento indígena, el gobierno nacional y la CONAIE han acordado una agenda para el diálogo, el mismo que contempla varias reuniones de trabajo de acuerdo a los temas, con las diferentes entidades competentes y en distintos momentos. Como es lógico, en estos espacios se exponen los más agudos problemas de los indígenas y movimientos sociales y las autoridades están en la obligación de presentar alternativas que permitan un cambio cualitativo, un giro a la tradicional práctica de entorpecer y dilatar los problemas existentes, gracias a una burocracia inepta y prepotente. Así, en estas semanas, se han dialogado con varias instituciones que están involucradas con la problemática más emergente especialmente de los pueblos indígenas, de las cuales mencionamos como ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente y al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA. La primera tiene que ver con el deber de hacer cumplir el débil y benigno ordenamiento jurídico existente a fin de preservar los pocos recursos naturales que no quedan y de promover y desarrollar las actividades necesarias a fin de que los ciudadanos ecuatorianos gocemos del derecho constitucional de vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se nos garantice un desarrollo sustentable, y que, como entidad ministerial representante del Estado, nos garantice la preservación de la naturaleza (Art. 86 C.P.R.). La segunda entidad, el INDA, es la llamada a promover el cumplimiento del gran objetivo de lograr el è «fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema». (Art. 2 L. D.A.). Cuando los delegados de las organizaciones llegan a las conversaciones, las autoridades principales de estas entidades dan la bienvenida y casi al unísono preguntan a los dirigentes que mencionen casos de corrupción, a sabiendas que éste es un mal endémico casi institucionalizado e imposible de probar, es decir, se van por lo más relativo, «caminan por las ramas», y no hay una predisposición de inaugurar un cambio en la gestión institucional. Teníamos la idea de hablar de lo medular, de los problemas de fondo que no necesariamente tienen que ver con lo financiero, así por ejemplo, de la misión institucional que para la cual por mandato de la ley ésta fue creada, de sus objetivos, de la verdadera modernización que implica capacitación, moralización y la eliminación total de la actitud discriminatoria frente al indio por parte de la burocracia, del cumplimiento de la ley y el mejoramiento de los mecanismos que permitan una eficiente atención a los ciudadanos y una correcta administración de justicia en sus respectivas áreas. En el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, la Federación de Centros Awá del Ecuador que es parte de la CONAIE, presentó una denuncia en contra de las empresas ENDESA- BOTROSA Y PLYWOOD, quienes valiéndose de intermediarios han procedido a incitar a que miembros del Centro Awa Guadalito, ubicado en San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, procedan a talar un bosque primario del territorio Awa, para vender estas empresas pues las fotografías tomadas demuestras que la maquinaria usada son de ENDESA-BOTROSA y PLYWOOD, las autoridades de este Ministerio si bien ordenaron una inspección Forestal la misma que debió -como es lógico- ser practicada en el lugar de los hechos, sin embargo el señor Leoncio Marín Andrade, Jefe de la Oficina Técnica San Lorenzo, realizó una «sesión» en la misma ciudad de San Lorenzo y para ello hizo que los indígenas Awá del Centro Guadualito salgan de su comunidad a San Lorenzo transportados por los intermediarios de ENDESA, BOTROSA y PLAYWOOD, los señores MAXIMO Y VICENTE RIERA. El «informe» ha sido presentado con fecha 26 de agosto de 1999, por supuesto en base a referencias y totalmente parcializado a favor de las empresas madereras que lo único que han hecho es acelerar la terminación de los recursos forestales. En el caso de INDA, no se escapa por ejemplo el que se notifica en los casilleros judiciales con fecha de notificación de varias semanas atrás en tanto que recién nos enteramos de las providencias dictadas en contra nuestra, y debido al término transcurrido ya se han ejecutoriado. Sin embargo, hemos acordado como siguiente paso presentar a las instituciones involucradas en la problemática, un listado de los problemas por provincias con la idea de que estos sean solucionados de una vez por todas, pero también con la esperanza de que las instituciones estatales cambien, que éstas nos garanticen la seguridad jurídica cumpliendo y haciendo cumplir las leyes a ellas competentes y así salgamos de esta crisis no solamente económica, sino también moral y de valores éticos. Ojalá que algo concreto se logre, en fin, que éste diálogo sirva para cambiar.

Las agrofloricultoras en la provincia de Imbabura y sus consecuencias

Por: Juan Guatemal

El cultivo de las plantaciones de las flores en el país, particularmente en la Provincia de Imbabura, van en crecimiento paulatino, es uno de los cultivos que requiere de grandes cantidades de inversión económica; de la misma manera son los cultivos que generan mayor rentabilidad económica, para llegar a los indicadores altos en cuanto se refiere a la rentabilidad también se requiere la aplicación de gran cantidad de fungicidas, fertilizantes y plaguicidas químicos entre otros. La comercialización está destinada a la exportación, como Estados Unidos y Países Europeos y los riesgos destinados a los mercados internos. Por otro lado, esta actividad requiere de gran cantidad de personal técnico y la mayor parte para atender y producir es indispensable y requiere de mano de obra no calificada o entendida como personal sin ninguna capacitación; a esta producción están dedicados los terratenientes, los banqueros, los narcotraficantes y gente de gran poder económico. Con estos antecedentes es importante analizar y preguntarnos, esta actividad beneficia a nuestro países beneficia a las comunidades, nos garantiza la seguridad alimentaria con la producción de las flores? La respuesta del análisis desde los diferentes sectores ha sido un rechazo total, porque en nuestro país no comemos flores, ni tampoco la plata que genera la misma en nuestro país. Necesitamos producir: papas, maíz, trigo, cebada, arroz, quinua, habas, etc. Que garantice la nutrición y la seguridad alimentaria de la humanidad. Creemos que estas plantaciones están acabando con la vida de mucha gente y de la vida de la naturaleza, porque en ellos trabajan cientos y miles de compañeros y compañeras de las comunidades y de la ciudad, bajos grandes invernaderos bien cerrados y en medio del aire contaminado con los químicos, fungicidas y plaguicidas no recomendados por las autoridades. En consecuencia, muchos de los trabajadores han perdido sus vidas con cáncer a los pulmones y otros organismos a causa de la contaminación ambiental, a pesar de estos acontecimientos los empleadores de esas instalaciones no han garantizado la seguridad de sus trabajadores, que la ley obliga la protección con los implementos necesarios, realmente es una explotación inhumana. De la misma manera la naturaleza tiene su vida, a la cual la están dando una muerte lenta, existen contaminaciones a las fuentes de agua, al espacio aéreo, a los ríos y a la tierra mismo después de dar vida útil quedan tierras inertes, en consecuencia generan enfermedades a la piel y órganos internos de la persona y animales, la mayor parte de ellos están en el entorno de los recursos señalados, en este caso las siguientes instalaciones: Las plantaciones de la Hacienda La Magdalena a la acequia Cari yacu, el mismo que cruza 7 zonas pobladas que están ubicadas en la parroquia La Esperanza del cantón Ibarra; Las plantaciones de la hacienda las Vegas contaminando al río Itambi que alimenta al Lago San Pablo, las plantaciones en la Parroquia de Quichinche comunidad Azama y Perugachi los que contaminan al río Ambi, así como en los diferentes cantones, Cotacachi, Ibarra, Atuntaqui y Urcuquí, con todos estos casos los pequeños y medianos agricultores están quedando al margen de toda posibilidad de acceder a los préstamos, el gobierno ha dado el privilegio a los grandes agroexportadores.