By icciec2024
Vivimos una época conflictiva pero al mismo tiempo rica en posibilidades.
Después del levantamiento indígena de 1990, la sociedad ecuatoriana ha visto surgir un nuevo actor político en el escenario nacional: los indios y sus organizaciones. Para una sociedad tan racista y tan excluyente como la nuestra, la incorporación del movimiento indígena a las discusiones y debates políticos del país, ha significado el inicio de una transformación profunda. En efecto, la percepción de la sociedad ecuatoriana sobre lo indígena está cargada de un profundo desprecio y de un atávico desconocimiento. Cambiar esa percepción y, más aún, contribuir a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, abierta y tolerante, es ahora una prioridad dentro del movimiento indígena ecuatoriano.
Si bien la incorporación del movimiento indígena a la política del país ha contribuido a enriquecer el debate político, también es cierto que el camino por democratizar nuestra sociedad está aún en sus inicios. Vivimos profundas contradicciones que se expresan en una gran conflictividad social. La concentración del ingreso y la agravación de la pobreza y de la miseria restan credibilidad a la democracia ecuatoriana. La estructura del poder expresa desde sus niveles institucionales, hasta sus niveles simbólicos y semióticos, un alto grado de intolerancia, autoritarismo y prepotencia. Desde inicios de la década pasada, vivimos la imposición antidemocrática de un modelo económico que destruye la capacidad productiva del país, así como la posibilidad de crear consensos sobre la construcción de nuestro futuro.
Por otra parte, es evidente que el mundo entero se halla sometido a cambios vertiginosos que alteran y transforman radicalmente la historia contemporánea. Desde el resurgimiento de los nacionalismos y el debate sobre la cuestión étnica, hasta la globalización financiera de capitales, el mundo de ahora se revela altamente complejo e interrelacionado. Nuevos debates se inscriben con fuerza en el escenario internacional, así, por ejemplo, se debaten los límites de un crecimiento económico que amenaza con destruir la vida misma de nuestro planeta, de igual manera está en el debate la cuestión de la justicia intergeneracional y la ética de toda acción social. Se va creando, asimismo, la convicción de controlar esa enorme masa de capitales especulativos que han provocado crisis monetarias en Asia del Sudeste, Rusia y Brasil. Se debate con fuerza la vigencia del neoliberalismo y el rol del Estado en un mundo sometido a profundas transformaciones. La resurgencia de la socialdemocracia en los principales países de Europa, entre otros fenómenos, evidencian la necesidad de mantener y sostener el Estado de Bienestar.
En este sentido, urge una reflexión y un diálogo, tanto sobre nuestra realidad cuanto sobre el mundo que nos rodea. Una reflexión que sea crítica y un diálogo que se quiera constructivo. El Instituto Científico de Culturas Indígenas, (ICCI), quiere proponer este espacio de diálogo y reflexión sobre los graves y acuciantes problemas de nuestra realidad a través de su Boletín. Este es un espacio abierto y pluralista, destinado a recoger los análisis y las reflexiones de todas las personas comprometidas con la transformación de nuestra sociedad. El ICCI de esta manera busca contribuir a la verdadera democratización del Ecuador y compromete toda su acción en la creación de una sociedad más tolerante, más justa, más solidaria y más participativa.
Luis Macas
En el Ecuador bien vale decir que existen dos etapas en el movimiento indígena; el levantamiento del año 1990 ha determinado este hito; este sector importante de la población ecuatoriana decidió en esta etapa pasar de actor social a actor político y ello ha ocasionado remezones profundos a los diversos niveles; empero de ello, no siempre los gobiernos han respetado este proceso, más bien por el contrario han buscado fraccionarlo como fue el caso de Bucaram, de neutralizarlo, como fue en los gobiernos de Durán Ballén y Alarcón, de tolerarlo en el caso de Borja o de cooptar a su dirigencia como es el actual caso de Mahuad y sus cogobernantes social-cristianos.
La respetabilidad y credibilidad de la CONAIE desde su aparición ha radicado fundamentalmente en el hecho de haber liderado luchas reivindicativas y de cambios anti-sistema, y no en contra de determinados regímenes en particular, porque la consideración esgrimida ha sido que cada régimen de turno defiende a una base social y económica que no es precisamente la nuestra, la de los indígenas, campesinos y más pobres del campo y de la ciudad; en este proceso, ha sido un acierto de la CONAIE unir a los pueblos de todo el país, e inclusive ganarse la confianza de muchos sectores pobres de la ciudad; y se puede afirmar que en 1995 nace el Movimiento Pachakutik como expresión de la organización social y política del pueblo (y el indígena en particular), movimiento que nace sin el tutelaje de partido político alguno, sino como una expresión política alternativa, y este particular factor sirvió para unir a los pueblos indios y no indios del país, alrededor de un proyecto político nacional nuevo.
Muy a pesar de la forma como está configurada la participación electoral, hecha para que triunfen las empresas electoreras, nuestra Fuerza Político-Electoral, el Movimiento Pachakutik ha hecho presencia con Congresistas, Alcaldes, Concejales, Consejeros y Asambleístas en la Última Asamblea Constituyente.
Muchas de las tesis generadas desde el Movimiento Indígena se han convertido en acciones nacionales, como es el caso de la reforma a la Constitución y la implementación de una Asamblea Constituyente; aspecto que después de haber sido aprobado por medio de un plebiscito el poder institucional debió llevarlo adelante; o las acciones que desplegadas desde la movilización han tenido efectos prácticos como los dos levantamientos indígenas en el 90 y el 92; o la caminata de la Amazonía hasta Quito, o las heroicas acciones de febrero de 1997; o las desplegadas con motivo de la defensa de la plurinacionalidad, los derechos colectivos y la no privatización el seguro social; asimismo, la movilización por configurar una propuesta de Constitución desde el sector indígena, es otro de los logros de los Últimos años; en estos mismos instantes, el Ecuador conoce que quizá el Único sector capaz de movilizar su base social y mediante acciones demostrativas de fuerza exigir reivindicaciones concretas, es, precisamente, el movimiento indígena y campesino organizados alrededor de la CONAIE, vale para ello recordar que el tercer puesto de credibilidad lo tiene la CONAIE con un 14% de aceptación social, solamente detrás de los militares y la iglesia católica, gracias, justamente, a su trayectoria de lucha y gracias también a las propuestas elaboradas que han sido el eje central de los consensos y de la unidad de los pueblos en nuestro país.
Crisis en el movimiento indígena
Como lo dejamos expresado, dentro del movimiento indígena coexisten diversas formas de mirar el mundo y de interpretarlo; es decir apreciamos varias tendencias al interior del movimiento indígena organizado:
Estas tendencias son cada vez más evidentes a partir de experiencias actuaciones y comportamiento políticos de algunas autoridades que pertenecen al Movimiento. Otro de nuestros límites es la escasa experiencia en la arena política y electoral, algunas de nuestras acciones, sobre todo en el ámbito de la legislación tienen el sello de un pago de piso por nuestra escasa destreza en estas lides; y sí a ello sumamos la circunstancia más o menos frecuente de ser utilizados en la jungla política; el escamoteo de los espacios que legítimamente nos corresponden.
Pero, los escollos mayores se ubican en otros espacios: el grueso de la población estima que la dirigencia de la CONAIE se halla en un acuerdo tácito con el gobierno nacional, a espaldas de las organizaciones de base y de los pueblos indígenas, que cualquier acción de lucha reivindicativa ha sido frenada por la misma y que ha perdido esa capacidad de respuesta de otros momentos; públicamente, los antiguos amigos y aliados de los movimientos sociales y sindicales expresan que la actitud de la dirigencia de la CONAIE está divorciada de la base social a la que debería representar, juega en la opinión pública el argumento de que la cooptación de la dirigencia de la CONAIE es una de las acciones más acertadas de este régimen, ha logrado con ello neutralizar al movimiento indígena, y con ello poner en práctica su visión particular de la gobernabilidad entendida por ellos como la actitud pasiva y resignada de los actores sociales, dispuestos a aceptar cuanto viniera desde la institucionalidad y a título de un diálogo nacional «civilizado» para el que inclusive se ha formulado un decreto ejecutivo al respecto «institucionalización del diálogo», y que creemos que la base social de nuestro movimiento la debe analizar con serenidad y desapasionamiento.
La cercanía de algunas de nuestras figuras nacionales a las acciones del actual gobierno han determinado que la opinión pública nos relacione con éste y, fuerza es decirlo, aquello nos hace un daño de difícil reparación, dado que no solo se trata de un golpe bajo a nuestra imagen sino también a la misma credibilidad del movimiento; efectivamente, a los ojos del pueblo aparecemos como colaboradores de este régimen indolente y abusivo, que no sólo contribuyó a agudizar la crisis económica; sino que el abuso, la represión y el terrorismo de estado, están a la orden del día, como el asesinato de Saúl Cañar y el crimen de estado cometido en la persona de un representante del pueblo como fue el Diputado Jaime Hurtado González.
El propósito de la coalición DP-PSC es quitarnos el piso político y, sobre todo, la credibilidad, un bien adquirido a base de sacrificios y que es difícil recuperarla, por ello su estrategia apunta a:
Una tercera es la colocación de una parte de la intelectualidad indígena en la institucionalidad gubernativa de manera que vaya ampliándose la base de compromiso y, de esta manera, el sometimiento sea más extenso.
Propuestas
El patrimonio mayor de la CONAIE es la credibilidad, en esa comprensión, no puede perder su prestigio arriesgando acciones junto a un gobierno indolente y deshumanizado; o incurriendo en omisiones de reivindicación y propuestas inexplicables para la base social a la que representa y nos plantee distancias con los demás actores sociales, diversos y heterogéneos, pero aliados en los objetivos, metas y trajinar social.
Debería ser un imperativo de este momento el mantener la credibilidad de la CONAIE en especial con su base social; asimismo, deberían desplegarse acciones concretas que devuelvan la confianza a nuestros potenciales aliados sociales.
Aunque las circunstancias parezcan respetables, o aunque se esgriman razones de estado, la CONAIE no puede asumir una posición pasiva ante éste o cualquier otro gobierno de carácter oligárquico y monopólico; su fuerza se basa en la actitud propositiva que a lo largo de su vida la ha mantenido.
Es deber de la CONAIE levantar las banderas de lucha del sector indígena al que primigeniamente representa; sin embargo, éste no puede ser una limitante ni una camisa de fuerza; por el contrario, dada su calidad de referente, no solo de los indígenas sino también de los campesinos, y otros sectores sociales, también se debe contemplar en la agenda los problemas nacionales.
Si bien de parte la dirigencia de la CONAIE en el evento de segunda vuelta para la Presidencia de la República se escogió respaldar a Mahuad, creemos que la dirigencia debe tener la suficiente sensibilidad para aceptar que esa posición no tuvo suficiente eco en la base social.
El 14% de la aceptación social con que cuenta la CONAIE, un honroso tercer lugar en credibilidad debe usarse para levantar las acciones propositivas desde la óptica del pueblo organizado, y no malbaratarlo de la mano de un gobierno deshumanizado e indolente.
El CODENPE no debe asumirse como una dádiva graciosa de este gobierno, en efecto, es un mandato dentro del Programa de Gobierno el 5 de Febrero e 1997, un espacio para el desarrollo de los indígenas, instancia conseguida por la lucha y la presión de los pueblos indígenas y otros sectores como fue el CONPLADEIN, como es la DINEIB, el PRODEPINE, y de ninguna manera debe ser instrumento de manipulación del gobierno o para la pelea y distanciamiento entre los pueblos indios. Es más, se debe emprender acciones de defensa y de fortalecimiento de estas instituciones sin claudicación ni entreguismos al servicio de los pueblos.
Frente a las diversas medidas y circunstancias que afectan al pueblo ecuatoriano, la CONAIE debe asumir una posición firme frente a eso y alejar de la retina de televidentes, radio oyentes y lectores de noticias la idea de que su dirigencia está entregada a los designios gubernamentales; hay la firme idea de que la CONAIE es un contrapeso para los excesos de éste y cualquier otro gobierno y aquello hay que retomarlo con la fuerza que sea necesario.
La tendencia dentro de la CONAIE, que actualmente busca consolidar una posición de acatamiento, «diálogo institucionalizado», líneas civilizadas de gobernabilidad, aún no se ha consolidado al interior, entendemos que el gobierno hará cuanto esté a su alcance para que así sea; pero pensamos que luego de una Asamblea Nacional, el efecto tendencial más bien apuntará a recuperar la imagen de lucha que tanta respetabilidad le dio a nuestra organización.
Particularmente se han perdido algunas líneas de dirección y conducción que sostenía la CONAIE hasta hace poco tiempo atrás.
Mecanismos
La conformación de un equipo multidisciplinario con delegados de las diversas organizaciones se hace necesario para el análisis y visualización de una línea política concertada con el resto de actores sociales.
El privilegiar el proceso socio-organizativo de los pueblos debe constituirse en un mandato de este tiempo; es el factor que genera cohesión y avances objetivos en la consecución de metas y propuestas de los pueblos.
Es necesario partir de una evaluación política y organizativa a fin de lograr el posicionamiento político claro respecto del régimen; y si acaso cupiera espacio para un diálogo, es necesario establecer cuáles deberían ser las estrategias para éste; si bien desde agosto de 1998 se ha estado dialogando, es necesario saber cuáles son los logros, quién los conoce, quién dialoga, con qué base? Pues, es necesario no quedarnos en la mera reflexión, sino ponernos en la tarea urgente de la búsqueda de estrategias válidas y reencausar una posición; una conducta y una acción coherente con la realidad general de los acontecimientos actuales.
Paulina Palacios
Las recientes crisis de marzo de 1999, evidencia que el sistema de «hacienda», como lo llamaría Osvaldo Hurtado, ha entrado en un momento crítico y de profundas definiciones. En efecto, desde la imposición de las primeras políticas de ajuste, en 1982, que casi coinciden con el advenimiento de la democracia (1979), nuestro país ha vivido dos procesos paralelos y aparentemente contradictorios, por una parte y dentro de lo económico se ha vivido la transición hacia un modelo neoliberal, y de otra parte, y dentro de lo político, hemos vivido un contexto de elecciones y de un sistema constitucional. Así, los dos procesos se han ido vinculando de tal manera que podemos conocerlos como el periodo de la «democracia del ajuste económico».
Efectivamente, en lo económico, las políticas de ajuste han demostrado su incapacidad de otorgar salidas a la crisis del país. La inflación este momento se mantiene entre las más altas del continente, asimismo, las tasas de interés hacen casi imposible todo esfuerzo productivo y condenan a la economía ecuatoriana a la especulación financiera, la deuda externa no ha dejado de crecer y este momento representa cerca de un 80% de nuestro PIB.
La concentración del ingreso es una de las más altas del mundo. La brecha que separa a los ricos de los pobres, alcanza en Ecuador niveles alarmantes, mientras antes del ajuste esta brecha era de cerca de 60 veces entre el quintil más alto y el quintil más bajo de ingresos económicos, para fines del 90 esta brecha se amplía a cerca de 200 veces. Es decir, la población más rica del país gana aproximadamente 200 veces más que la población más pobre. A esto se suma el incremento de las líneas de pobreza y de miseria que actualmente alcanzan a un poco más del 80% de la población total del Ecuador. Definitivamente, las políticas de ajuste han demostrado ser ineficaces desde el punto de vista económico y propensas a generar altos niveles de conflictividad social.
En los político, la democracia que vive el país es, a pesar de la contradicción con el término, altamente excluyente, y ha servido para refuncionalizar a las élites económicas del Ecuador. Efectivamente, la maquinaria electoral, la cual se supone que es la esencia del sistema democrático, está concebida para asegurar el dominio de los sectores económicamente más fuertes de la sociedad. Gracias a esta maquinaria electoral han logrado consolidar su proyecto político los sectores más derechistas de la sociedad, expresados mayoritariamente en dos partidos de derecha, el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, y en un partido populista de derecha, el Partido Roldosista.
Este proyecto político de las élites económicas del país, busca la transformación estructural del Estado y de la sociedad, en lo que podría denominarse la «transformación neoliberal». La transformación neoliberal tiene como objetivo hacer del mercado y de las fuerzas del liberalismo, los mecanismos por los cuales se regulen los conflictos sociales y se asignen los recursos en función de la eficiencia y la rentabilidad. Esta transformación tiene un gran alcance histórico puesto que se trata de reformular todo un modelo de desarrollo y toda una estructurahistórica. Se trata, en definitiva, de desmantelar el Estado de Bienestar creado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que ha servido de modelo para la construcción de la democracia participativa. En América Latina, el Estado del Bienestar, adoptó la forma del estado proteccionista que buscaba la industrialización por substitución de importaciones y por la creación de un mercado interno. En este tipo de sociedad, es el Estado el principal agente el la asignación de los recursos y además es el Estado la principal institución a través de la cual se resuelven los conflictos sociales.
El desmantelamiento del Estado de Bienestar implica también la creación de nuevas relaciones de poder al interior de la sociedad. En efecto, cuando se busca trasladar al mercado los mecanismos de asignación de recursos y de resolución de conflictos, se intenta llevar el peso de las decisiones más importantes de toda la sociedad a un espacio que es exclusivamente controlado por las élites económicas. De hecho, el mercado representa el locus por antonomasia desde el cual se ejerce un poder que no tiene contrapesos políticos, es decir, que no está sujeto a compromisos ni a negociaciones de tipo político. Mientras que el Estado representa la institucionalidad y por ende la obligación de negociar y de buscar compromisos, el mercado representa la transparencia del poder económico.
Allí la negociación social está supeditada a los criterios de eficiencia y rentabilidad. Allí, los recursos son asignados no en función de las necesidades sociales, sino en función de poder económico.
Cuando nuestras élites económicas buscan la «reducción del tamaño del Estado», a través del despido a empleados públicos, a través de las privatizaciones de grandes sectores sociales (salud, educación, infraestructura, energía, etc.), a través de la eliminación de todas las regulaciones sociales, etc., en realidad buscan someter a la sociedad entera a las coordenadas de su poder y de su dominación. El Estado Neoliberal es el sueño de nuestras élites, un Estado con una fuerte capacidad represiva y sin ninguna institucionalidad dentro de la sociedad.
Un estado que no tenga responsabilidades en educación, en salud, en dotar de infraestructura social, etc., es decir, un Estado desligado de todo vínculo social y que sirva solamente para reprimir o para ayudar a las empresas en casos de quiebra o de malos negocios.
El proyecto político de nuestras élites económicas está aún en sus inicios. La resistencia popular a este proyecto ha demostrado ser más fuerte de lo que nuestras élites se habían imaginado. Desde la promulgación de la Ley de Modernización en 1994, hasta la crisis de marzo del 99, la transformación neoliberal de la sociedad ha fracasado en toda la línea.
Hasta el momento, lo único que ha podido imponerse es el esquema de ajuste económico, que tuvo cierta racionalidad desde 1994, pero que finalmente se destruyó en la crisis de marzo del 99.
Una de las explicaciones por las cuales ha fracasado la transformación neoliberal es la presencia de nuevos actores políticos en el escenario político del país, entre ellos cabe resaltar la presencia de las organizaciones indígenas. En efecto, después del levantamiento indígena del 90, la incorporación de los indígenas a la vida política del Ecuador incorporó nuevos temas y nuevos debates para los cuales la clase dominante jamás tuvo respuestas. Así, la introducción del tema de las nacionalidades y el respeto a la autodeterminación de las nacionalidades indígenas del país, puso un límite muy concreto a los proyectos neoliberales de descentralización, las élites políticas decidieron olvidar prudentemente todo proyecto relacionado con la descentralización del país que implicaba de alguna manera la cuestión de las nacionalidades indígenas, de igual modo sucedió con los intentos de modernización agrícola que contemplaba la privatización de las tierras comunales, los levantamientos indígenas del 92 y del 94 obligaron a negociar el fundamento mismo de las leyes de modernización agrícola. La activa presencia electoral y política de los movimientos sociales en las crisis política del 96 y del 97, evidenciaron el peso y la importancia del movimiento social ecuatoriano.
Sin embargo de todo ello, el movimiento social ecuatoriano ha demostrado una debilidad estructural en el plano político, y es el hecho de que hasta el momento no puede articular una estrategia que combine coherentemente la práctica social con la práctica política y ésta con la dinámica electoral.
En efecto, si bien los movimientos sociales y sus representaciones políticas tienen una gran capacidad de movilización social y una gran capacidad de respuesta frente a las iniciativas de las élites políticas y económicas, su capacidad de maniobra dentro del espacio electoral e institucional es reducida. El movimiento social ecuatoriano tiene una gran capacidad de movilización social pero una débil representación política, y una más débil aún capacidad de decisión institucional.
Desde un inicio, el movimiento social ecuatoriano ha sido muy claro en su respuesta política frente al proyecto neoliberal, empero de ello sus proposiciones se sitúan dentro de la conservación del antiguo statu quo. En efecto, el movimiento social hasta el momento se ha limitado a defender el Estado de Bienestar, sin que las propuestas de un nuevo modelo de desarrollo hayan calado en la sociedad. De todas maneras, el movimiento social ecuatoriano ha demostrado lucidez y creatividad cuando ha propuesto abrir el espacio democrático hacia nuevas propuestas.
Pablo Dávalos
La crisis del mes de marzo de 1999 constituye una de las crisis más graves que haya vivido el Ecuador contemporáneo. Existen factores endógenos y exógenos que contribuyen a explicarla, sin embargo, es toda una concepción de la política y de la economía la que ha sido severamente cuestionada y la que es necesario revisar y cambiar. En efecto, esta crisis es la demostración más evidente y dramática de los límites de aquello que ha sido denominado como «neoliberalismo».
Los antecedentes de la crisis: hacia el modelo neoliberal
La crisis de marzo de 1999 marca el final del modelo económico teorizado por Alberto Dahik durante el gobierno de Durán Ballén (1988-1992). En efecto, a partir de la imposición del primer paquete de medidas de ajuste en marzo de 1983, durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, la economía del Ecuador experimenta un cambio brusco de orientación de un modelo económico que antes estaba basado en la industrialización por substitución de importaciones, llamado modelo de crecimiento desde adentro, por un modelo económico que privilegia las exportaciones, llamado modelo de crecimiento hacia afuera, y cuyo objetivo fundamental es reforzar la capacidad expotadora de nuestra economía a fin de satisfacer los pagos por el servicio de la deuda externa.
Sin embargo, las políticas de ajuste y estabilización adoptadas por el gobierno de la Democracia Popular en 1983 y luego en 1984, eran medidas coyunturales destinadas a solucionar aspectos que tenían que ver con la situación económica del momento, como por ejemplo, solucionar el déficit en cuenta corriente en balanza de pagos, o reforzar la posición externa del país a fin de que se puedan cumplir con los servicios de la deuda externa.
Se trataban de medidas dictadas por las necesidades del momento y que no tenían en cuenta transformaciones más radicales de la economía y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto.
Estas medidas de ajuste y estabilización implicaron drásticas devaluaciones del sucre, así como incrementos en los precios de los combustibles y en los precios de los servicios públicos, es decir, eran una especie de impuesto generalizado e indiscriminado que tenía el propósito de trasladar el peso financiero de la sucretización de las deudas externas privadas al conjunto del país. Estas medidas económicas tuvieron repercusiones inmediatas en la inflación, por una parte, y en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por otra parte.
El modelo neoliberal de Dahik
Empero de todo ello, no existía una lógica que articule coherentemente las necesidades coyunturales del momento con transformaciones en la estructura misma de la economía del país. El «neoliberalismo» era más bien un discurso ideológico que encubría las disputas entre diversos sectores de los gobiernos de turno y grupos financieros y empresariales.
Es durante el gobierno de Durán Ballén que se impulsa de una manera coherente y lógica las necesidades del modelo neoliberal al largo plazo con los requerimientos del ajuste monetario al corto plazo. El mentalizador del primer modelo verdaderamente neoliberal en el Ecuador es, a no dudarlo, Alberto Dahik. En efecto, las políticas de ajuste monetario adquieren no solo coherencia con las necesidades de transformar la estructura económica, sino que vinculan de una manera lógica el control de la inflación con el fortalecimiento del sector externo. Así, se logran vincular en un solo modelo macroeconómico al corto plazo las variables económicas de la tasa de inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Además, se logra la vinculación macroeconómica del corto plazo con la transformación neoliberal al largo plazo, es decir con la privatización, la desregulación y la asignación a las fuerzas del mercado como reguladoras sociales.
El modelo neoliberal, establecido por Dahik, vinculaba la tasa de interés al tipo de cambio, de tal manera que la tasa de interés doméstica se convertía en una especie de «ancla» del tipo de cambio, el objetivo era hacer más rentable la inversión en moneda nacional que en dólares. Para poder realizarlo era necesario que la tasa marginal de substitución de la moneda nacional con respecto al dólar sea mayor.
El mecanismo fue el de incrementar las tasas de interés activas. Con una alta tasa de interés doméstica, era más atractivo, definitivamente, invertir en sucres que especular con el tipo de cambio. Pero, además, se lograban tres aspectos fundamentales dentro del modelo del ajuste, por una parte las altas tasas de interés ayudaban a mantener cierta estabilidad en el tipo de cambio, de otra parte, las altas tasas de interés se suponía que atraerían inversión extranjera sobre todo capitales financieros altamente volátiles, esta inversión extranjera tendría un efecto de reforzar la balanza de capitales del país y por ende la balanza de pagos, y, finalmente, las altas tasas de interés contribuirían a controlar la inflación a través de una contracción de la demanda nacional, es decir, el encarecimiento del crédito producía una recesión, o si se quiere, una especie de brusco freno a la actividad económica del país, esta recesión tendría consecuencias inmediatas sobre la demanda que a su vez dentro de la lógica neoliberal es la causante de la inflación.
Pero el modelo de Dahik era mucho más complejo, porque contemplaba la vinculación de esta política económica al corto plazo y estrictamente monetarista, con una política neoliberal al largo plazo. Efectivamente, el modelo contemplaba la privatización de amplios sectores de la economía, entre ellos destacaba la privatización del IESS y la transformación de los recursos de la seguridad social en fondos de pensiones, que tendrían que articularse con el esquema monetarista al corto plazo y que contribuirían al ahorro interno. Asimismo, la privatización de la energía eléctrica, petróleo, telefonía, y otros sectores, reforzarían la balanza de pagos y la capacidad financiera del país.
El modelo también contemplaba la reducción del personal y de los gastos del aparato burocrático del estado y una estructura fiscal bastante sui géneris porque hacía del precio de la gasolina el principal mecanismo de recuperación fiscal. En efecto, ante la imposibilidad de crear nuevos impuestos o de negociarlos con la oposición parlamentaria, el gobierno de Durán Ballén, creó una fórmula, por lo demás abstrusa e incomprensible, para la definición del precio de la gasolina. Un mecanismo que ha sido utilizado por todos los gobiernos que vendrían luego.
Es durante el gobierno de Durán Ballén que se expide la Ley de Modernización, que constituye el intento más serio y más profundo por imponer l a lógica neoliberal en el país. Y es, asimismo, durante el gobierno de Durán Ballén que el proyecto neoliberal sufre su revés más significativo frente a la decisión popular de oponerse a todo intento de privatización del sector público, en especial, de la seguridad social.
La ruptura del modelo: la crisis de marzo del 99
Ahora bien, la crisis del mes de marzo de 1999, hecha al traste con la lógica y la coherencia del modelo macroeconómico neoliberal. Esta crisis rompe con la lógica que existía entre tasas de interés, tasa de inflación y tipo de cambio. Así como la vinculación que existía entre la política del corto plazo con la «modernización» neoliberal al largo plazo. Lo que existirá en adelante es un deseo bastante torpe por lo demás por imponer una política de privatizaciones que no tienen ningún sustento con un proyecto al largo plazo. Empero de ello, qué factores fueron los que dieron al traste con el modelo? Y el hecho de que no exista ningún modelo económico qué implicaciones tiene para la sociedad ecuatoriana? Qué futuro le espera a la transformación neoliberal en el Ecuador?
La ruptura del modelo que desembocaría en la crisis de mazo del 99 tiene dos causas correlacionadas, de una parte está la crisis financiera a nivel planetario que en su Última ola se desata en los países asiáticos del Pacífico Sur y que luego se extiende a Brasil y a América Latina, y de otra parte, están las decisiones gubernamentales de la Democracia Popular para enfrentar la crisis. En el presente trabajo concentraremos nuestra atención en las causas internas que desencadenaron la crisis, que, a nuestro criterio son las más importantes en la generación y propagación de la crisis de marzo del 99.
Las seales más evidentes de la crisis se concentraban en el sector financiero de la economía. En efecto, las altas tasas de interés castigaban la producción y favorecían la especulación. De otra parte, la aprobación de la Ley de Instituciones Financieras en 1994, otorgaba la posibilidad de concentrar un enorme poder financiero en los bancos y les ofrecía además la posibilidad de concentrar créditos a las empresas a las que los bancos se vinculaban por derechos de propiedad (los famosos créditos vinculados).
Esta ley posibilitaba, asimismo, la existencia legal de los grupos financieros que venían controlando de facto la economía del país.
De esta manera, el modelo neoliberal transforma a nuestra economía en una economía de carácter fundamentalmente especulativa. Las instituciones financieras se multiplican y extienden como hongos después de la lluvia. A fines de 1998, existen más de doscientas instituciones financieras, entre bancos, financieras, compañías de seguros, cooperativas de ahorro y crédito, administradoras de fondos, etc., en una economía con un PIB de apenas 1.500 USD por habitante.
Los bancos y otras instituciones financieras empiezan de una parte a concentrar sus créditos en empresas de su propiedad lo que contribuye a generar una economía altamente monopolizada y firmemente controlada por el sector bancario. Por otra parte, generan en toda la sociedad un afán de proteger sus ingresos y sus inversiones en actividades financieras de carácter especulativo.
Las actividades productivas para tener un mediano éxito necesitan de una tasa de rentabilidad que sea mayor a la tasa de interés, es decir que en promedio para realizar cualquier inversión productiva se necesita una rentabilidad superior al 80%. Algo que puede lograrse a condición de reducir los salarios al nivel más bajo posible, de realizar un mínimo de inversión al mediano plazo y de reducir la calidad del producto, sea por la utilización de insumos productivos más baratos y por ende de baja calidad, sea por la sobreutilización de bienes de capital que deberían haberse renovado hace algún tiempo pero que sin embargo aún son utilizados. Todas estas estrategias por mantener la tasa de rentabilidad por encima de la tasa de interés, erosionan la competitividad de nuestra economía.
De las empresas existentes solo pueden sobrevivir aquellas que están dentro de la órbita de intereses de un grupo financiero. Estas empresas gozan de crédito en mejores condiciones, y además en un gran porcentaje ellas ejercen un monopolio sobre el mercado interno. Sin embargo, son justamente estas empresas las que empiezan a sufrir los embates de la recesión económica. La ineficiencia de gran parte de estas empresas se disimula por la pertenencia a un grupo financiero. De hecho, la tasa de rentabilidad financiera sirve para encubrir las deficiencias en la tasa de rentabilidad productiva. Los indicadores financieros de las empresas disfrazan la realidad productiva de las empresas. Las disminuciones por ventas o las reducciones en partes importantes del mercado son compensadas por las utilidades obtenidas por la inversión especulativa de la liquidez de las empresas.
Esta lógica empieza a resquebrajarse cuando los bancos e instituciones financieras empiezan a acumular peligrosamente la cartera vencida, es decir, la proporción de aquellos créditos definitivamente perdidos sobre el patrimonio del banco empiezan a constituirse en un peso financiero cada vez más grande. Muchos bancos se ven obligados a establecer planes de renegociación de crédito con sus clientes.
Cuando la Democracia Popular llega al gobierno evidencia que no tiene ningún modelo económico para resolver los problemas financieros. De hecho, el nuevo gobierno simplemente busca acomodar a las exigencias políticas del momento un modelo económico que venía funcionando desde el gobierno de Durán Ballén. Sin embargo, los signos de la crisis empiezan a acumularse progresivamente mientras que el nuevo gobierno carece de un esquema sea para profundizar el modelo neoliberal o para cambiarlo.
Los errores estratégicos del gobierno demócrata-popular
La evidencia de esta falta de norte económico se traduce en una serie de errores estratégicos del gobierno de la Democracia Popular. Así, reduce al mínimo la base de recuperación fiscal cuando apoya y hace suyo el proyecto socialcristiano de eliminación del impuesto a la renta y de la imposición del 1% a la circulación de capitales. Este error estratégico le quita la posibilidad de maniobra dentro del ámbito fiscal al gobierno y genera un problema que hará inviable el modelo macroeconómico de ajuste: el déficit fiscal.
En efecto, la vinculación entre tipo de cambio y tasa de interés tiene como supuesto de base el control del déficit fiscal, o, en todo caso, el déficit fiscal puede ser controlado dentro del modelo macroeconómico en función de la base tributaria existente. La eliminación del impuesto a la renta sin que exista previamente un cambio en el modelo económico vigente implica la transformación del déficit fiscal en una variable que vuelve incierta la lógica misma del modelo.
Un segundo error estratégico del gobierno de la Democracia Popular fue la decisión de salvar financieramente al Filanbanco volviendo vulnerable la posición financiera del Banco Central, que hasta el momento era la entidad que aseguraba y mantenía la estabilidad en el tipo de cambio. Cuando la Democracia Popular decide sacrificar un monto de recursos equivalente al 4% de nuestro PIB, o si se quiere cerca de un 40% de nuestra Reserva Monetaria Internacional, para salvar a un solo banco, estaba enviando un claro mensaje que fue rápidamente asimilado dentro del contexto de una economía especulativa.
En efecto, la decisión de salvar al Filanbanco implicaba la vulnerabilidad financiera del Banco Central que no podría sostener un ataque especulativo contra la moneda nacional. Inmediatamente al anuncio de salvataje al Filanbanco, empezó un ataque especulativo contra el sucre. El Banco Central pudo sostener la moneda nacional y el esquema de bandas cambiarias solamente por algunos días. El Banco Central estaba financieramente debilitado para sostener este ataque especulativo y los recursos que podía utilizar para defender la moneda nacional se agotaron rápidamente. El Banco Central reconoció su derrota cuando anunció el fin del sistema de bandas y la flotación total del tipo de cambio. Los inversores especulativos se lanzaron a un ataque total contra el sucre que en cuestión de horas veía su valor descender en picada.
La pérdida de valor del sucre frente al dólar desestabilizaba de manera total la estructura misma de la economía del país. Este ataque especulativo recordaba los ataques especulativos contra la libra esterlina en 1994 que obligaron a Gran Bretaña a devaluar su moneda y a retirarse del Sistema Monetario Europeo, o los ataques especulativos contra el franco francés en el 96, o los recientes ataques especulativos contra las monedas de los países del Sudeste asiático. En todos los casos, salvo en el caso francés donde el gobierno decidió enfrentar la especulación atacando a los especuladores, la estructura económica quedó seriamente afectada. Fue el F.M.I. el que tuvo que acudir con préstamos de emergencia para salvar de alguna manera los estragos producidos por la crisis. En nuestro país, el ataque especulativo contra el sucre desestabilizó a todo el sistema económico en cuestión de horas y destruyó un modelo económico que venía imponiéndose desde hace algunos años. La incertidumbre y el temor de la hiperinflación obligaron al gobierno por una salida administrativa a la crisis. En efecto, para controlar la crisis el gobierno se decidió en primer lugar por una medida administrativa, el feriado bancario; y en segundo lugar, por una medida económica que beneficiaba al conjunto del sistema bancario, la congelación de una importante masa monetaria que quedaba así en manos de los bancos.
Estas medidas ponen en evidencia una vez más la carencia de un modelo económico, o la falta de coherencia con cualquier diseño económico. La actuación del gobierno de la Democracia Popular hasta el momento demuestra una total incoherencia y una falta absoluta de proyecto, incluso dentro de la domática neoliberal. De una parte rompe con la lógica del modelo vigente y de otra parte no acierta a establecer un mínimo de coherencia entre su discurso y su práctica gubernamental.
Empero de ello, puede decirse que las salidas a la crisis del mes de marzo del 99 se parece bastante a los bomberos incendiarios de Bradbury. En efecto, es difícil que un incendio pueda apagarse con gasolina, pero eso es lo que hace el gobierno de la Democracia Popular. En vez de atacar las raíces del problema, el gobierno decide atacar sus causas y con ello agrava la situación.
