By icciec2024
¿Cómo se producen y se organizan las autoridades en el Congreso Nacional? ¿Es el Congreso un verdadero ejemplo de la práctica de la democracia en el país, o es uno de los espacios más, en donde se reflejan y se imponen los intereses de la clase dominante a cualquier precio?
Antes del 5 de enero del presente año, lo único cierto que se tenía dentro del Congreso eran los diputados electos y que la presidencia de este organismo del Estado le tocaba al Partido Social Cristiano por derecho constitucional, por ser el partido más votado electoralmente. Entonces, para todos los sectores sociales y para el bloque socialcristiano estaba claro, que el Presidente del Congreso sería el Ing. Febres Cordero como jefe y dueño indiscutible de dicho partido. Pero, ¿qué pasó, por qué no asumió su deber constitucional, por qué renunciaron a esta opción a última hora?
Primero hay que tener presente, que el partido Social Cristiano, es un representante y un defensor a muerte de los intereses de la mayoría de los banqueros, de los exportadores y de los grandes empresarios, especialmente de la costa y como tal, jamás estarán dispuestos a renunciar a sus intereses por los intereses de los pobres y de la mayoría de este país, es decir, jamás, el Partido Social Cristiano estará de acuerdo en impulsar leyes para redistribuir la riqueza de este país; por ello no se puede históricamente contar con ellos para cambiar la estructura del Estado; pero bien, es justamente por estos intereses que el Ing. Febres Cordero, empezó a armar su mayoría para el Congreso, pretendían contar con una mayoría servil, que incluía al propio Pachakutik, con la finalidad de poder gobernar y controlar al país desde el Congreso Nacional, es decir, querían controlar o equilibrar las fuerzas entre el Ejecutivo y Legislativo con el fin de crear condiciones de ingobernabilidad y llevar al caos social hasta buscar la caída del poder del Coronel Lucio Gutiérrez y de la alianza 3-18; pero como no lograron armar una mayoría con 67 diputados, entonces el panorama de la coyuntura política cambió, el Partido Social Cristiano logró constituir una mayoría muy frágil con 58 diputados y desde ahí, empezó la aplanadora por el reparto de la troncha, que empezó con las Comisiones Internas del Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, los Tribunales Provinciales, la Corte Suprema de Justicia, etc.
En estas negociaciones, ¿qué rol jugó la alianza 3-18, la Sociedad Patriótica y el Propio Pachakutik? ¿Quiénes fueron sus representantes? Antes, se debe reconocer que al Gobierno le interesaba contar con una mayoría consciente de la necesidad de implementar cambios profundos en nuestra sociedad, pero por otro lado, hay que decir, que la mayoría de los diputados se mueven más por los intereses provinciales, seccionales y sectoriales antes que los nacionales. Desde otra perspectiva, a nivel organizativo, el Gobierno estaba confiando en la buena voluntad, en la honestidad y en la sinceridad de ciertos diputados de la derecha, como la propia ID, PRIAN y la DP, como si el problema político dependiera de la moral de ciertos individuos y grupos que son responsables de la crisis del país, es decir, Lucio Gutiérrez y sus representantes como G. Gutiérrez, P. Acosta y P. Ortiz, pagaron el derecho de piso, no pudo su experiencia militar, su esfuerzo personal y su poca experiencia política. En conclusión desde el Gobierno, en las negociaciones en el Congreso, se puede decir claramente, que no hubo una posición política clara ni una conducción política definida en esta coyuntura, que pudo haber sido histórica y que ya pasó.
Por otro lado, Pachakutik designó al diputado reelecto de Imbabura A. Pozo, para que encabezara las negociaciones para armar la mayoría en el Congreso, esta decisión la tomó un sector del Comité Ejecutivo de Pachakutik cuyos argumentos han sido, que la experiencia acumulada de su representante puede más que la inexperiencia y la improvisación de los otros diputados coidearios. Pero ya en los hechos, la tendencia desde este sector fue ir configurando una mayoría con el propio Partido Social Cristiano y la ID, hecho que se contradijo totalmente a una de las resoluciones de la Asamblea CONAIE y que puso en alerta a sus dirigentes y militantes de base, debido a que históricamente, la derecha encarnada en el Partido Social Cristiano ha gobernado en contra de los pobres y del Movimiento Indígena. Desde otra posición y liderada por Salvador Quishpe como jefe de Bloque, la propuesta consistió en armar una mayoría con el PRE, PRIAN y algunos independientes; este hecho causó controversia y falsas interpretaciones desde el interior del propio Pachakutik, o más exactamente desde algunos miembros que son del Comité Ejecutivo de Pachakutik y que ahora son funcionarios de este Gobierno, el argumento para descalificar esta iniciativa fue que se estaba negociando la traída de Abdalá Bucaran y que Salvador Quishpe negociaba la Vicepresidencia del Congreso para sí mismo.
Alrededor del fracaso en las negociaciones al interior del Congreso han influenciado varios factores de orden organizativo y político, a saber:
Es claro, que el problema de fondo a nivel legislativo y de la sociedad, no es el número de diputados; es la manera cómo está estructurada esta sociedad capitalista, es el tipo de Estado y la forma de gobierno y democracia neocolonial que siguen imponiendo la clase rica o dominante a favor de sus intereses y en contra de los sectores históricamente explotados.
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Gina Chávez V.
“En el caso ecuatoriano, las demandas de territorio, autogobierno y reconocimiento como pueblos se acercan más a aspiraciones autonómicas dentro de la estructura del Estado y no de separatismo, como interpreta maliciosamente el Dr. Noboa en el veto”.
El 8 de enero del 2003, el hasta entonces presidente, Gustavo Noboa Bejarano, remitió una comunicación al Vicepresidente del H. Congreso Nacional Ecuatoriano, encargado de la Presidencia, comunicándole el veto total al proyecto de “Ley de ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas” que fuera presentado por la CONAIE a través de algunos diputados luego de un largo proceso de discusión que duró más de tres años, y que estuvo en el Congreso Nacional por dos años.
En oficio de tres páginas el Dr. Noboa expone de manera breve, superficial y contradictoria los argumentos que sustentan su veto, haciendo reiterada apelación a principios de integridad del Estado, orden público y positivismo jurídico supuestamente afectados con esta Ley.
Sostiene que coexisten grupos raciales en el Ecuador cuyas diferencias no justifican tratamientos desiguales en “aspectos fundamentales que afectan al Estado”, sin definir que considera como aspectos fundamentales. “Que la igualdad ante la ley debe ser entendida en función de las características esenciales de los ecuatorianos”, sin tampoco definirlas, para justificar que no existen fundamentos para establecer “ni discriminaciones ni privilegios” en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, y otros, salvo que estén consagrados en la Constitución, como el caso de los grupos vulnerables.
El ordenamiento jurídico vigente tiene como fundamento la igualdad de sus ciudadanos que, entre otras cosas, significa no discriminación por cualquiera de los motivos que menciona el presidente saliente, por lo que efectivamente, no existe ninguna justificación para establecer “discriminaciones ni privilegios”.
La Constitución de 1998, reafirmando este fundamento, efectivamente declara la igualdad ante la ley, no obstante reconoce derechos especiales, que no reconoce para el resto de la población, a determinados segmentos de la sociedad que por motivos imputables (ser jubilado, ser mujer embarazada, ser niño o anciano, ser indígena o afroecuatoriano) o inimputables (condición física o mental), merecen un trato distinto, que de ninguna manera se asemeja a la discriminación o el privilegio, sino que es necesario para lograr una igualdad real de derechos dentro de la sociedad en donde las diferencias no perjudican sino enriquecen la vida pública.
La Constitución de la República no solo reconoce un trato distinto para los grupos vulnerables, sino también para los pueblos indígenas y otros grupos sociales como por ejemplo, los afectados por daños ambientales. Este trato diferente no está encaminado a generar privilegios o discriminación sino a efectivizar la justicia social de sectores que hasta ahora han visto disminuidas sus posibilidades de realización en la sociedad.
Calificar de “privilegio” el establecimiento de normas que buscan dar a conocer a la sociedad ecuatoriana la dinámica en la que se han desarrollado por siglos los pueblos indígenas, solo habla de la ratificación de una tradicional percepción jurídica de defensa de la igualdad formal de derechos que encubre privilegios para la clase dominante, que por vía de definir políticas nacionales acorde a sus intereses, mantiene el esquema de discriminación, marginación y exclusión de la mayoría de la población.
Sostiene el Dr. Noboa que la característica del Estado ecuatoriano de ser unitario e indivisible no puede verse disminuida ni afectada por ninguna circunstancia y que esta Ley estaría exponiéndolo a su desintegración al aceptarse la existencia de verdaderos Estados dentro del unitario. El uso de sofismas, esto es, mentiras que aparecen como verdades, es un mecanismo recurrente en la autoridad pública y en los círculos de poder que presentan como argumentos racionales hechos irreales o poco probables.
De las demandas étnicas que se dan en los actuales momentos en el mundo, solo contados casos sostienen propuestas separatistas, algunos casos se evidencian en Europa del Este y Europa Central. La mayoría de las aspiraciones, en el siglo que acaba de pasar, se han resuelto mediante el establecimiento de regímenes autonómicos o federalistas. Estos son los casos de Suiza, Yugoslavia, China, Italia, España, Portugal, Finlandia, Dinamarca y Canadá. En años recientes, Bruselas acaba de asumir una estructura de gobierno organizada en base al reconocimiento de la diversidad étnica, al establecer dos cámaras, y otros organismos gubernamentales de decisión política, donde tienen participación directa los cinco grupos étnicos que conforman el Estado.
En el caso ecuatoriano, las demandas de territorio, autogobierno y reconocimiento como pueblos se acercan más a aspiraciones autonómicas dentro de la estructura del Estado y no de separatismo, como interpreta maliciosamente el Dr. Noboa en el veto, así como
todos aquellos quienes no terminan de admitir que es posible una convivencia cultural, social, económica y política sin que medie la disgregación, sumisión o eliminación del otro, del diferente.
En el texto, sin embargo, aparecen las verdades de fondo que están más allá de una discrepancia en el enfoque jurídico o antropológico. No es razonable, dice, entregar decisiones sobre el patrimonio forestal, la biodiversidad, el ordenamiento territorial o la administración de la riqueza nacional a un grupo de ciudadanos.
Para el Dr. Noboa saliente es inadmisible que los indígenas puedan sostener un criterio y una visión diferente acerca del manejo de recursos o la administración de la riqueza nacional localizada dentro de sus tierras y territorios. Para los empresarios forestales, mineros, hidrocarburíferos, para las multinacionales de investigación de la biodiversidad es inaceptable que un grupo de indios tenga siquiera la remota posibilidad de establecer
límites al ingreso de sus tierras para preservar sus valores culturales, o de demandar que se incluyan criterios de orden cultural en la toma de decisiones públicas. Esta es la verdadera razón, puesto que de buena fuente se sabe de las fuertes presiones que hicieron estos sectores para que el presidente asuma el veto total a la Ley.
Los restantes argumentos pretenden dar un rigor legal al análisis, sosteniendo que la administración de recursos públicos está regulada por leyes, y que la Ley crea entidades a las que se les excluye del ordenamiento legal vigente sin identificar en qué casos y en qué magnitud lo hacen.
Sostiene además, que no se expresa cuáles serían las herramientas legales en caso de un eventual conflicto entre leyes positivas y consuetudinarias y reclama no encontrar una figura o figuras que determinen cuál es el Derecho Consuetudinario Indígena.
Esto en verdad es otro asunto importante puesto que el oficialismo solo reconoce el derecho consuetudinario de base legal, esto es, aquel al que remite la ley de manera expresa, y ha sido ciego al derecho consuetudinario de base social sobre el que se han organizado y regulado segmentos de la sociedad como los pueblos indígenas, los campesinos, los montubios y otros que también han desarrollado normas consuetudinarias. Aunque en verdad no resulta fácil resolver un conflicto de leyes positivas y consuetudinarias, las herramientas de interpretación y resolución de conflictos está en el mismo Derecho, respecto de las normas constitucionales y legales. Con creatividad e investigación multidisciplinaria, la interpretación constitucional y legal puede auxiliarse con otras ramas del saber como la antropología o la sociología para enfrentar el reto desde lo cultural y étnico.
Estas y otras ciencias del saber contribuyen a identificar la composición del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, que de lejos es un derecho que instaura el abuso o el sometimiento. El derecho consuetudinario es un derecho que generalmente tiene larga data. Los indígenas se guían inclusive por normas ancestrales, conocidas y ampliamente respaldadas por la sociedad que los asume, y generalmente no es escrito. Si bien su derecho no regula sobre temas de finanzas, macroeconomía, etc., por no ser parte de su sociedad, sí regula las conductas deseables y reprochables en los órdenes que componen su sistema de vida y que pueden incluir asuntos civiles, penales, patrimoniales, contractuales, etc., con mecanismos muchas veces distintos a los del positivismo jurídico, pero de gran efectividad para resolver los casos.
Dos observaciones que hace el Dr. Noboa pueden ser acertadas: la una que observa la inexistencia de normas transitorias que esclarezcan la situación de los contratos vigentes que afectan tierras y territorios indígenas, y la otra que no se justifica la participación de delegados indígenas en algunos organismos públicos colegiados. Esto sin embargo, podría resolverse con un veto parcial.
Entre sus últimos argumentos está el que no cree probable que los pueblos indios tengan conocimientos o costumbres ancestrales en temas como contratos de explotación, fideicomiso, manejo de propiedad intelectual, normas contables, contratos escritos en general y otras instituciones de reciente data. Este sarcasmo termina demostrando una vez más, el desprecio profundo del Presidente a lo diverso, expresa un ancestral racismo, y un gran desconocimiento de los temas de la sociedad profunda. El derecho consuetudinario no es un derecho estático, es muy versátil y cambiante al ritmo de la dinámica de la sociedad en la que se aplica. Si una sociedad enfrenta nuevos retos, esa sociedad buscará y encontrará caminos para enfrentarlos, incluirlos o desecharlos de acuerdo a sus fines y objetivos sociales y políticos, por lo que los temores del ex presidente no tienen fundamentos.
Una combinación de ignorancia constitucional, racismo encubierto, hegemonía cultural, canibalismo político que reedita una vez más la política de supremacía cultural que busca igualar a los indígenas y negros a la cultura blanco-mestiza y no construir un país pluricultural y multiétnico como manda la Constitución, se ve reflejado en el veto total al proyecto de Ley en mención.
Con el veto total el ex presidente está de algún modo tomando venganza, cobrando a los indios todas las presiones y críticas que recibió de ellos a lo largo de su triste mandato, y de paso está apostando a que una postergación en el desarrollo legislativo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, represente un serio obstáculo para la gestión del nuevo gobierno.
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Ecuarunari, Minga Informativa
Uno de los grupos humanos más discriminados ha sido el Pueblo Indígena, se les ha invisibilizado desde hace más de 500 años, pues ya se acaba el tiempo declarado por las Naciones Unidas para el “Decenio de los Pueblos Indígenas”, y todavía los gobiernos del mundo no han hecho nada para que se respeten sus derechos.
Alli punchata charipashunchik mashikuna, tengamos buenas tardes, un saludo compañeros y compañeras. Así, en idioma kichwa, empezó su intervención la líder indígena del Ecuador, Blanca Chancoso, ante un público que colmó las tribunas del Coliseo Gigantinho (donde caben unos veinte mil asistentes), de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en la conferencia Derechos y Diversidad, realizada este sábado 25 de enero, en el marco del Foro Social Mundial 2003.
Junto a Blanca Chancoso, quien es indígena kichwa, del Pueblo Otavalo, integrante del Consejo Político de ECUARUNARI y Coordinadora del Foro Social Mundial, ˆ Capítulo Ecuador, expusieron también Boaventura Souza Santos y Paulo Jorge Vieira, ambos de Portugal; y, Paul Hoffman, de Norteamérica. Todos ellos enfocaron la necesidad de construir otro mundo donde se respeten los derechos humanos y la diversidad de opciones de todos y todas las personas, sin ningún tipo de discriminación.
Uno de los grupos humanos más discriminados ha sido el Pueblo Indígena, a quienes, según palabras de la líder ecuatoriana, se les ha invisibilizado desde hace más de 500 años, pues ya se acaba el tiempo declarado por las Naciones Unidas para el “Decenio de los Pueblos Indígenas y todavía los gobiernos del mundo no han hecho nada para que se respeten sus derechos”. Cabe recordar que el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, fue proclamado por la Asamblea General de la ONU, para el período 1995-2004, con la meta del “fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud”.
Asimismo, enfatizó que a los derechos se les reconoce como si fueran una dádiva, un regalo, cuando éstos deben ser un reconocimiento de hecho para todas las personas y seres humanos. Además dijo que, a los Pueblos indígenas se les ha negado el derecho a la palabra, a pensar, pero también a los violadores de los derechos humanos se les ha olvidado que son de esta tierra, que nacieron aquí, y que son naciones milenarias, “pueblos con origen, con historia, pero no como pueblos del pasado, sino como un pueblo con raíces, un pueblo con presente y futuro”.
Sobre la globalización neoliberal acotó que con este modelo se quiere profundizar la colonización y que se ha detenido el avance y desarrollo de los Pueblos Indígenas, porque se han visto sometidos al desplazamiento forzado de sus tierras, a la pobreza, a la marginación.
Por otra parte, desde su cosmovisión, explicó que la defensa de los derechos desde los Pueblos Indígenas se hace no solo desde el individuo, sino que se hace desde los principios de la solidaridad, el comunitarismo, el equilibrio hombre-naturaleza, todo esto en el marco de los Derechos de los Pueblos y de los Derechos Colectivos, comprendiendo éstos el respeto a la lengua, cultura, medicina, educación, territorialidad, economía, leyes y normas de autodeterminación y soberanía.
En este tema de los Derechos Colectivos observó además que, en la ONU ya llevan más de 14 años discutiendo, porque les cuesta mucho reconocer la existencia de los Pueblos milenarios, así como también la concepción que tienen de la territorialidad, la cual hace referencia no solo al aspecto geográfico de delimitaciones, sino que tiene ver con una relación armónica de los indígenas con su entorno. Hasta la fecha, acotó la dirigente indígena, que solo existe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero no hay el reconocimiento del mismo por parte de los gobiernos, de los estados, y las constituciones políticas de cada país.
El Convenio 169 fue adoptado en 1989 y hasta julio de 1996 solo había sido ratificado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Guatemala, Honduras, México, Noruega, Paraguay y Perú. En el caso ecuatoriano este Convenio se ratificó en abril de 1998, gracias a la presión de la CONAIE y del Movimiento Pachakutik.
Por último, Blanca Chancoso, destacó cómo los indígenas del Ecuador han hecho uso del derecho político, al pasar de ser simples actores sociales a actores políticos, y que en este momento es un reconocimiento a la lucha social que han hecho, el haber logrado un triunfo electoral con el Movimiento Pachakutik en Alianza con la Sociedad Patriótica en las pasadas elecciones que llevaron al ex coronel Lucio Gutiérrez a la Presidencia de la República. Como parte de este reconocimiento y de este derecho que ha dado el pueblo al movimiento indígena, en el gabinete ministerial habrán dos indígenas: Nina Pacari, como Canciller, quien ha sido anteriormente Diputada y ex Constituyente; y, Luis Macas, como Ministro de Agricultura, quien fue dirigente de la CONAIE, Diputado Nacional, y actual Director de la Universidad Indígena.
Sobre el particular, el movimiento indígena ecuatoriano sabe que con ocupar cargos en la administración pública no se ha llegado al poder, sino que este poder se construye teniendo como base al proyecto político de la CONAIE, avanzando en el acumulado político-organizativo desde las bases, desde las comunas, cabildos, federaciones, pueblos; así como en los poderes locales, provinciales y nacionales (concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, diputados).
Finalmente, Chancoso enfatizó que si el gobierno de Gutiérrez no cumple con la defensa de la soberanía, la paz, la vida, la dignidad, el respeto a los derechos humanos, el movimiento indígena estará listo para que sus ministros renuncien y tendrán que salir a las calles, para hacer cumplir los acuerdos programáticos de la alianza. También sostuvo que los Pueblos Indígenas seguirán junto a todos los movimientos sociales del continente la lucha contra el ALCA, porque es un proyecto neocolonial que traerá consecuencias funestas para los países; e hizo una invitación a la realización del Foro Social de las Américas, que se efectuará en Ecuador en el 2004, como un paso más en la construcción de otro mundo posible.
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