By icciec2024
El Presidente de la República y su hermano, en forma especial, y una serie de funcionarios de todo nivel, mediante sesudos análisis, estadísticas despiadadas, oscuros cabildeos, intentos de compra de conciencias e insultos, se han empeñado en convencernos de la «racionalidad» de vender las empresas eléctricas. Prácticamente ha empezado una nueva cruzada entre los talibán criollos que intentan bombardear las torres del desarrollo defendidas por la alianza de la civilización occidental, cristiana y globalizadora.
En esta nueva cruzada los talibán serían todos los «dinosaurios» que se oponen a la venta, vale decir: movimiento indígena, trabajadores eléctricos, colegios de profesionales eléctricos y electrónicos, muchas autoridades municipales y provinciales, muchos empresarios, a los que se suman una serie de ONGs y movimientos sociales que se oponen a la privatización a ultranza; mientras en la alianza de occidente estarían: el gobierno de los hermanos Noboa; Heinz Moeller, Canciller de la República, patrocinador hasta hace poco, de una de las multinacionales que podría adquirir el sistema eléctrico nacional; Ing. Alfredo Mena, durante muchos años presidente de la Empresa Eléctrica Quito, a la que hoy acusa de ineficiente; varias cámaras de la producción, especialmente de la Costa, además de otras figuras menores.
A continuación resumimos los argumentos que más se han usado para justificar la venta de las empresas de distribución eléctrica.
Todos estos puntos forman un sistema de ecuaciones:
Las empresas eléctricas ineficientes, sumadas a la falta de recursos del Estado, necesarios para la construcción de los nuevos proyectos, dan como resultado un cada vez mayor déficit de energía y los apagones.
Mientras tanto, la venta de empresas eléctricas produciría el ingreso de recursos en el Fondo de Solidaridad y por lo mismo la mayor atención de la salud, la educación y la construcción de los proyectos hidroeléctricos.
Resolviendo las ecuaciones, el Presidente nos ha dado la respuesta en los medios: «Si no se venden las empresas eléctricas no se construye Mazar, así de sencillo».
¿Cómo no podemos entender la racionalidad de la argumentación gubernamental?
También es muy sencillo: no la entendemos porque no es nuestra racionalidad. ¡No existe una sola racionalidad!
El proceso que el gobierno ha seguido está viciado de ilegal, a este respecto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional e inmoral, tema sobre el que han hablado autoridades locales como el Alcalde de Cuenca, el Prefecto del Cotopaxi y otras, así como dirigentes indígenas y eléctricos, dirigentes populares y técnicos.
No existe hasta el presente la valoración de lo que se quiere vender. Existen serias dudas de que se pretenden vender las empresas a una fracción de su valor real.
La venta no es en verdad una privatización, puesto que las empresas eléctricas así sus acciones sean propiedad de los municipios, Consejos provinciales o del Fondo de Solidaridad, son empresas de derecho privado.
Varios organizamos seccionales estarían encantados de hacerse cargo de la administración eficiente de las empresas eléctricas, porque el negocio es rentable.
Los problemas de las empresas distribuidoras no son por culpa de los trabajadores, los sindicatos o los contratos colectivos, otros son los culpables.
Los proyectos hidroeléctricos que hacen falta podrían ser construidos por medio del sistema BOT, es decir que quien construya, financie y opere los proyectos hasta recuperar su inversión más una justa ganancia.
No existe ninguna garantía de que los recursos, que podría recuperar el Fondo de Solidaridad por la venta de las empresas eléctricas, sean utilizados para la educación y la salud, porque la presente y anteriores administraciones del país han dado muestras del criterio con que manejan los dineros públicos. Para muestra sirvan dos ejemplos: el manejo de la crisis bancaria que ya cuesta más de cuatro mil trescientos millones de dólares y la intención de perdonar las deudas de más de cincuenta mil dólares de los acreedores de la banca pública.
Y, la última maniobra del gobierno, la oferta a los trabajadores eléctricos para que se asocien en la privatización mediante la compra del 10 % de las acciones de las empresas a diez años plazo, sin intereses y a pagar con el rendimiento de las propias acciones, un regalo. Más inmoralidad, aspiramos que los trabajadores eléctricos no caigan en la trampa que los alejará definitivamente del lado de quienes se supone están defendiendo.
La lógica impecable de la racionalidad neoliberal, nos llevará siempre a resolver la ecuación del desarrollo mediante la receta que el FMI nos está obligando a tragar, privatización, apertura a los mercados externos y ley de la oferta y la demanda; receta teñida siempre de corrupción.
Cuenta el Che que mientras examinaba impotente, a los habitantes de una aldea boliviana y encontraba que todos padecían de desnutrición, parasitosis y otras secuelas de la pobreza, que no estaba en sus manos solucionar, una niña, que había presenciado todo el trabajo, decía: «Mami, ese doctor a todos receta lo mismo».
La lógica del desarrollo, la receta globalizadora, es la misma que durante los treinta últimos años se ha aplicado en Ecuador y Malasia, en Brasil y Yugoslavia, en Argentina y Rusia, en África y Centro América. ¿Será que el Fondo Monetario Internacional, conmovido observa como morimos de subdesarrollo sin esperanza de salvación? O será que el problema no está donde lo están buscando, sino en el sistema que pone la ganancia privada como único norte, la utilidad particular como único fin.
La «protesta con propuesta» que ha levantado el movimiento indígena tiene que extenderse a toda la sociedad civil, debemos estructurar un movimiento nacional en el que participen activamente las autoridades locales, la población urbana, las mujeres, los jóvenes; un movimiento que no solamente pare la privatización del sistema eléctrico, sino que construya un modelo económico, social y político alternativo para dar respuestas integrales al país diverso en el que vivimos.
Debemos poner más fuerza a la «MINGA PARA QUE EL ECUADOR NO SE APAGUE».
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José Atupaña
Presidente del MOIQ
Resumen ejecutivo:
Los pueblos indígenas de Quito se encuentran empeñados en construir una gran organización independiente de las autoridades gubernamentales y municipales, de los partidos políticos y de los credos religiosos. La organización, de amplia participación, trabajará en la reconstrucción los pueblos y en la recuperación y desarrollo de las lenguas y culturas indígenas.
Según una investigación realizada por el CODENPE, el año pasado, en Quito vivirían entre trescientos cincuenta mil y cuatrocientos mil indígenas que provienen fundamentalmente de los pueblos quichuas serranos. Muchos están organizados en asociaciones y cooperativas, asisten a iglesias propias, juegan en más de treinta equipos de fútbol barrial; viven en varias zonas de la ciudad: El Panecillo, San Roque, La Libertad, Toctiuco, Chillogallo, Monjas, en los barrios nuevos sobre la Av. Occidental al norte y sobre la Nueva Oriental al sur, así como en más de treinta comunidades en los alrededores de la ciudad.
Y en un hecho histórico sin precedentes y en pleno corazón de Quito, en San Roque, el domingo 28 de octubre se realizó una asamblea de más de quinientos representantes de las organizaciones indígenas y comunidades ancestrales del Distrito Metropolitano de Quito.
Desde hace algunas semanas el municipio había impulsado un proceso que pretendía que en la asamblea de San Roque se nombrara un Cabildo Mayor Indígena para que sea interlocutor de los indígenas ante el Concejo Metropolitano. La asamblea se convirtió en un gran foro en el que los representantes de las comunidades ancestrales y de las más diversas organizaciones indígenas discutieron temas como: cultura, identidad, educación, salud, desarrollo y, fundamentalmente, el qué, el por qué y el para qué de la organización que se pretende construir.
No cabe que a estas alturas, se le ocurra a ningún funcionario «bien intencionado» de alguna institución pública o privada caminar contra la historia y la realidad de los pueblos indígenas, es decir, proponer organizarles para entregar al movimiento indígena a un organismo determinado, extraño a los intereses propios de los indígenas.
En este marco, no cabía la iniciativa municipal de que simplemente los pueblos indígenas piensen en las obras que pudieran conseguirse a través del Municipio Metropolitano, liderado por el actual Alcalde Paco Moncayo, a quien en su oportunidad, felicitamos por su intención de hacer participar en su administración a todos los sectores sociales.
Los pueblos indígenas tenemos historia y tenemos retos concretos, tenemos un proyecto político común que es el de reconstruirnos como pueblos y encontrarnos para tejer juntos y con alegría nuestro futuro, tener nuestras propias autoridades, hacer y disfrutar nuestras fiestas, degustar nuestros alimentos, comunicarnos en ñukanchik shimikuna (nuestras lenguas), el vestir, el pensar, el ORGANIZARNOS a nuestra manera. Entonces, no resultó desacertado el cuestionamiento del MOIQ a establecer un Cabildo Mayor Indígena Metropolitano en las condiciones que el Municipio proponía.
La Asamblea de San Roque dio la razón. Las autoridades allí presentes, entre sorprendidas e inquietas, pensamos que entendieron que los indígenas del actual Distrito Metropolitano, esos mal llamados migrantes, cargadores, albañiles, las sirvientas, los vendedores ambulantes; esos miles de personas que alimentan con su producción a los quiteños y aquellos cientos que están en EMASEO, en el EMAAP, en EMOP y otras instituciones también municipales, hacen mucho por Quito y tienen su proyecto político e histórico que no puede estar desligado del movimiento indígena nacional. Entonces dijeron: «CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, INDEPENDIENTE, LAICA Y PARTICIPATIVA, ES NUESTRA TAREA».
Si el actual Alcalde Metropolitano impulsa esta decisión de los pueblos, la respeta, no ganará solo él, lo harán los pobladores de Quito y todos quienes hacemos el actual Ecuador. Significaría que tanto los pueblos indígenas como las autoridades de la ciudad nos estamos entendiendo y que se abre una esperanza de construir la sociedad que todos anhelamos: equitativa, democrática, participativa e intercultural.
Diremos que nuestros guaguas, que nuestras mujeres, ya no serán perseguidos como ahora por vender sus chochos y su mote, que nuestras comunas ya no tendrán la preocupación de ser exterminadas por las empresas traficantes de tierras. Será para nosotros un gusto inmenso poder demostrar que sí es posible modernizarnos garantizando aire puro, un ambiente seguro y con respeto generar empleo para nuestros jóvenes y recursos para a ciudad.
Sólo nos queda la tranquilidad, que de nuestros hermanos, más allá de pensar que tendrán un puestito para vender, una atampa para poder cargar mejor, tendrán ese inmenso gusto de decir que estamos sembrando y construyendo algo nuestro y que garantizará el futuro de todos.
«Nos quitaron nuestras ramas, nuestros troncos, pero jamás pudieron ni podrán con nuestras raíces». Sentenció hace mucho algún abuelo.
PRINCIPALES RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE SAN ROQUE
1. Fortalecer el proceso de construcción de una gran organización de los pueblos indígenas de Quito; este proceso será impulsado, en primera instancia, por una Comisión Coordinadora con amplia participación, que empezó su trabajo inmediatamente y que tendrá como objetivo el organizar el Primer Congreso de los Pueblos Indígenas de Quito.
2. Constituir una organización independiente de las instituciones municipales, estatales y de los partidos políticos, laica, autónoma y ampliamente participativa. Estará basada en la solidaridad, la reciprocidad, el respeto mutuo, la equidad, la reconstrucción de la identidad de los pueblos indígenas, la interculturalidad y la lucha contra la discriminación.
3. Impulsar el reconocimiento y valoración de los pueblos indígenas y trabajar en la reconstrucción y fortalecimiento de la identidad de dichos pueblos.
4. Participar en la discusión de los temas de interés nacional que afectan directamente a los pueblos indígenas como: la economía, deuda externa, privatizaciones, modernización del Estado y contribuir a la búsqueda de alternativas.
5. Impulsar el mejoramiento y la extensión de la educación intercultural bilingüe y exigir aumento de presupuestos para este sector.
6. Exigir del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la solución de los problemas de tierras dentro de una nueva política de restitución de la tierra a sus verdaderos dueños. Los herederos de los pueblos originarios de Quito no pueden ser convertidos en invasores de su propia tierra.
7. Exigir de las autoridades municipales respeto a los territorios de las comunas ancestrales de Quito y el inicio de un proceso de declaratoria de estas comunidades como patrimonio histórico, cultural y ecológico de Quito.
8. Rechazar el término «migrantes» con el que se refieren a los indígenas de Quito y establecer el derecho que tienen los pueblos indígenas para habitar este o cualquier otro espacio de un territorio que ha sido suyo históricamente.
9. Recuperar y revalorizar los sistemas de salud y nutrición ancestrales.
10. Impulsar propuestas de desarrollo que partan de la visión de los pueblos indígenas.
11. Trabajar en la recuperación y fortalecimiento de las lenguas indígenas.
12. Llamar a integrarse en este proceso a todas las organizaciones y comunidades indígenas de Quito.
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Víctor Bretón Solo de Zaldívar
Universidad de Lleida (España)
Investigador asociado a FLACSO / sede Ecuador
Resumen ejecutivo
El autor establece que la política de creación de capital social realizado por las ONGs y el PRODEPINE en el campo ecuatoriano, constituyen la forma como se concreta el control social que la globalización neoliberal requieren para el éxito de su modelo de desarrollo.
Partiendo de tres ejes: el movimiento indígena, el ajuste neoliberal y el fomento a la inversión en capital social, al autor destaca la participación de la CONAIE como un freno al modelo neoliberal, establece como las políticas asistencialistas del Estado se han convertido en una real privatización del desarrollo y cómo la formación de cuadros técnicos indígenas hace posible la concreción del desarrollo tal como es concebido por el Banco Mundial.
La experiencia andina: del fortalecimiento organizativo al neo-indigenismo etnófago
En realidad, hace ya muchos años que las ONG que operan en los Andes ecuatorianos trabajan avant-la-lettre en esa dirección. Es más: la sucesión de los acontecimientos y la forma particular en la que los técnicos del Banco Mundial han diseñado el PRODEPINE sugiere que esta iniciativa se ha nutrido en buena parte del humus sedimentado por las ONG locales -de un modo indiscutible al menos por las grandes- a lo largo de más de dos décadas de experiencia en apoyo a las federaciones de organizaciones de base. Desde el tiempo de las luchas por la tierra de los setentas, en efecto, muchas fijaron como prioridad de sus intervenciones el apoyo a las OSG como plataformas idóneas sobre las que construir el cambio social en el mundo rural de las post-reformas agrarias.
Para el momento actual, un buen inicio de aproximación al tema es intentar responder a una pregunta bien simple, «¿dónde prefieren intervenir las ONG?»; o, si se quiere de un modo más preciso, «¿dónde, cómo y por qué concentran sus esfuerzos e inversiones, si es que efectivamente los concentran?». Para arrojar una primera luz en términos cuantitativos al respecto, procedimos en su momento a acopiar el mayor volumen posible de datos fiables sobre proyectos de desarrollo rural implementados por ONG en la región andina a finales de los años noventa, tarea harto compleja dada la reticencia de ese tipo de instituciones a ser fiscalizadas. A continuación, correlacionamos esas series con las estimaciones disponibles de población indígena serrana; con las referentes a la distribución de OSG a nivel cantonal; así como con las más recientes mediciones de la magnitud y el alcance de la pobreza y la indigencia (1). Los resultados de esa fase de la investigación permitieron plantear las primeras hipótesis interpretativas sobre los lazos existentes entre la proliferación de ONG y el grado de densidad organizativa del mundo indígena-campesino; hipótesis que pueden explicitarse sintéticamente en los tres grandes argumentos que resumimos a renglón seguido:
El análisis pone de manifiesto, pues, que se da una correspondencia territorial muy estrecha entre el volumen de población predominantemente indígena, el de organizaciones de segundo grado formalmente constituidas y el de ONG operando. Eso significa, en suma, que es efectivamente la indianidad el elemento primordial que ha inducido -e induce- a los agentes externos de desarrollo a hacer converger sus intervenciones en unas áreas y no en otras. Además, la presencia masiva, reiterada y sin solución de continuidad de esas agencias sobre las áreas quichuas explica la proliferación de OSG, y no al revés: la alta densidad organizativa característica de las zonas predominantemente indias tiene su origen en el afán mostrado por las ONG y otras financieras en consolidar interlocutores que, a la vez, sean institucionalmente representativos de los beneficiarios y lo suficientemente articulados -local y regionalmente articulados- como para dotar a los proyectos de una razonable repercusión espacial y social.
Años y años de esfuerzo en pos del fortalecimiento organizativo, por otra parte, no han sido asépticos políticamente hablando. Más allá del impacto estrictamente económico de los proyectos -tema controvertido que vamos a dejar de lado en esta ocasión-, lo cierto es que sería ingenuo pensar que tanta insistencia y tantos recursos invertidos en el andamiaje federativo no hubieran tenido ningún tipo de efecto sobre las características de las OSG resultantes y sobre la orientación de las nuevas élites locales consolidadas al palio de la cooperación exterior. Las evidencias recogidas en el trabajo de campo que realizamos sobre cuatro organizaciones de segundo grado representativas de la sierra central (provincias de Chimborazo y Tungurahua) (3), junto a las pocas referencias al respecto desparramadas por la bibliografía disponible (4), nos llevó a formular una serie de tesis sobre la naturaleza de ese tipo de instituciones (Bretón 2001, 246-248); tesis que, sucintamente, reproducimos a continuación:
Estas consideraciones, harto reveladoras por sí mismas, nos condujeron a definir los modelos actuales de intervención sobre las comunidades como neo-indigenistas y etnófagos (5). Lo de neo-indigenistas viene porque se nos antojan similares a los del indigenismo clásico en su afán de situar la etnicidad en un plano «políticamente correcto», aunque adecuando el horizonte final -la domesticación del movimiento indígena y la neutralización de su potencial revulsivo- al signo de los tiempos de la era de la globalización: la asunción de la pluriculturalidad, del plurilingüismo y, en el mejor de los casos, de la plurinacionalidad de los Estados latinoamericanos no tiene por qué atentar contra la lógica de la acumulación capitalista neoliberal. Esta es una lección que han aprendido los organismos multilaterales que han «descubierto» la importancia de la inversión en rubros tan poco convencionales como el capital social en países donde, con el Ecuador a la cabeza, los movimientos étnicos han mostrado su capacidad de aglutinar y canalizar el descontento popular ante el ajuste. La etnofagia, por su parte, alude a la peculiaridad más perversa y también más sutil del nuevo indigenismo: al hecho de que los programas sean con frecuencia gestionados y ejecutados parcialmente por indígenas. Una simple ojeada al funcionamiento del entramado institucional del desarrollo evidencia de qué modo sectores importantes de la intelectualidad quichua -la misma que elaboró un discurso contestatario y anti-neoliberal en la década de los ochenta- trabaja y vive enquistada en la maquinaria burocrático-administrativa del desarrollo. Lo mismo cabe argüir, como hemos visto, desde el punto de vista de los pisos intermedios del andamiaje organizativo indígena (las OSG y lo que éstas representan), dependientes funcional y financieramente del entramado de las ONG y de sus proyectos específicos. Es en esta tesitura, y no en otra, donde hizo su aparición el PRODEPINE con su «revolucionaria» propuesta de financiar y dar la mayor autonomía posible a las OSG como plataformas privilegiadas del etnodesarrollo sostenible.
El PRODEPINE es una iniciativa ideada desde el Banco Mundial que, con una duración en principio pensada para cuatro años (1998-2002), se ha convertido en la actuación más ambiciosa y mejor dotada presupuestariamente en materia de desarrollo rural en Ecuador. Nos hallamos, además, ante la institución que más ha apostado por el fortalecimiento organizativo como prioridad de sus inversiones, recogiendo así las esperanzas depositadas en los últimos tiempos en el capital social como motor del empoderamiento de los excluidos. Prueba de esto es el carácter innovador y experimental que tiene para toda América Latina, pues nunca antes se había ensayado un macro proyecto tan descentralizado, participativo y celoso de que las OSG orienten y gestionen el devenir de sus filiales: PRODEPINE se limita a financiar y asesorar a las organizaciones de segundo grado para que controlen y supervisen las intervenciones a realizar en su territorio. A través de la elaboración de un autodiagnóstico previo, se persigue que estas federaciones sean capaces de priorizar sus necesidades, de establecer líneas de acción susceptibles de convertirse en perfiles y de contratar al personal necesario a fin de traducir eso en sugerencias concretas y plausibles. La intención es, en esta línea, poner al alcance de las OSG los recursos para que asuman todas las acciones derivadas de unos planes de desarrollo local -habitualmente de ámbito parroquial- emanados a su vez de los diagnósticos participativos preliminares.
Un tema crucial para calibrar la naturaleza política del PRODEPINE es el de la cronología de su gestación, dado que no parece gratuito que fuera en 1995 cuando empezó a madurar la idea de articular una propuesta de esta naturaleza. Tras un año y medio de conversaciones se procedió a diseñar el Proyecto -tarea que demoró dos años más- hasta que, por fin, el once de septiembre de 1998 pudo éste iniciar sus actividades. La discusión sobre la conveniencia de una institución como PRODEPINE arranca, así, un año después de que el levantamiento indígena de 1994 hubiera hecho oscilar por segunda vez los pilares del Estado ecuatoriano y de que, muy al norte, en las lejanas tierras mayas del sudeste mexicano, un ejército de indios chiapanecos reaccionara con las armas en la mano contra la exclusión económica, política, social y cultural a que los condenaba la flamante ortodoxia salinista. En el momento de una cierta crisis del patrón macroeconómico imperante; cuando sin que fuera previsto por nadie la indianidad irrumpía en América Latina como un referente capaz de cuestionar públicamente la legitimidad moral de la globalización; cuando de pronto algunas de las externalidades del crecimiento económico -los costos sociales- se incrustaban sobre las perspectivas de los beneficios a corto y a medio plazo como verdaderas internalidades que hacían peligrar la viabilidad del modelo; en ese momento preciso fue cuando los planificadores del desarrollo voltearon sus caras hacia el capital social y el fortalecimiento organizativo como estrategia de lucha contra la pobreza y, de paso, como vía indirecta (¿o no tan indirecta?) para cooptar y limitar el alcance de los nuevos movimientos sociales. PRODEPINE emergió así, en suma, como el ensayo más sofisticado de intervención social desde los parámetros del nuevo neo-indigenismo etnófago.
Consideraciones finales desde los Andes profundos
El cantón Guamote, en pleno corazón de Chimborazo, condensa y ejemplifica a la perfección muchas de las afirmaciones vertidas en este trabajo. Fue, para empezar, uno de los centros más emblemáticos de lo que significó el régimen de hacienda en los Andes septentrionales. Como resultado de la reforma agraria de 1973 y de la presión campesina, una parte importante de las grandes propiedades acabó en manos de los campesinos quichuas. En muchos casos, al igual que en otras zonas de la sierra, las comunidades tuvieron que adquirir personalidad jurídica a fin de poder negociar formalmente con el Estado futuras inversiones en proyectos relacionados con rubros tales como sistemas hidráulicos, carreteras, crédito, servicios sociales y demás. La eclosión de las comunas legalmente reconocidas coadyuvó, lógicamente, la consolidación de una dirigencia local con un buen manejo del español y con un conocimiento nítido del funcionamiento de las instituciones y del entramado externo a las comunidades: generó, en suma, el capital humano y el capital social estructural necesario para garantizar un mayor acceso a los recursos (Bebbington y Perreault 1999). En esta evolución fue en todo momento indispensable el apoyo de agentes externos, desde la Diócesis de Riobamba y los proyectos DRI estatales hasta las ONG de todo tipo y orientación. No en vano Guamote -cantón de los de mayor porcentaje de población quichua de Chimborazo- se ha convertido en uno de los escenarios preferidos por las instituciones de desarrollo -las 30 agencias contabilizadas por Víctor Hugo Torres (1999, 108) dan buena fe de ello- y en uno de los espacios con una densidad organizativa más alta de toda la Sierra ecuatoriana: 12 OSG y 158 organizaciones de primer grado para menos de 28.000 habitantes rurales. Con el paso de los años, además, gracias a la redistribución de la tierra y a los recursos externos canalizados a través de las OSG hacia las comunidades de base, fue aumentando la representatividad de los indios en el poder municipal. El proceso culminó con el acceso del primer alcalde quichua en 1992 y con el inicio de una democratización de los poderes locales que sorprende por su celeridad: cuarenta años no son tantos si tenemos en cuenta cuál era el punto de partida -el régimen gamonal- y los logros alcanzados. Es por eso por lo que Guamote ilustra para muchos las potencialidades que brinda el capital social al tiempo que, simultáneamente, marca el rumbo de lo que debieran ser las orientaciones políticas de las ONG del siglo XXI.
A tenor los argumentos aducidos en las páginas precedentes, sin embargo, nos parece pertinente cuestionar, incluso en casos tan aparentemente «exitosos» como este, hasta qué punto pueden los stocks en capital social, a través de las OSG y de la alianza de éstas con las ONG y otras instituciones externas, garantizar la consecución a largo plazo de unos niveles de ingresos capaces de reducir sustancialmente las carencias básicas. Decimos esto porque las cifras revelan que Guamote, teniendo un alto índice de densidad organizativa y estando entre los seis primeros en lo que a concentración de intervenciones de ONG se refiere, continúa siendo el cantón con mayor incidencia provincial de la pobreza (el 89,3% de los hogares) y con el porcentaje nacional más alto de familias literalmente indigentes (el 68,3%) (6). Estas constataciones sugieren, en fin, que recetas como las de Deepa Narayan (1999; 2000) en torno a la viabilidad de los «puentes» tendidos entre las ONG y las organizaciones populares como instrumento de combate contra la miseria extrema no son, al menos en escenarios como los andinos, tan eficientes como se pronostica.
Dejando de lado el caso concreto de Guamote y situándonos en un plano más general, podemos plantear el tema de otro modo. Si estamos de acuerdo en la funcionalidad de la fragmentación paradigmática, la externalización y la privatización de las políticas de desarrollo que representan las ONG en términos de la lógica neoliberal, tendremos que convenir en que poca debe ser su capacidad -su margen de maniobra, si se prefiere- para contribuir de verdad a articular alternativas a ese mismo modelo. Muy al contrario, la experiencia de los Andes del Ecuador muestra sus tremendas limitaciones como entidades aliviadoras de la pobreza y, a la vez, su extraordinaria eficiencia como cooptadoras y encapsuladoras de los pisos intermedios del movimiento indígena. Esa es la herencia -por lo menos una de las herencias- que recoge el Banco Mundial a través del PRODEPINE. Lo prioritario -se diga lo que se diga, y se justifique como se justifique- no son ya los proyectos productivos estricto senso, sino el encuadramiento de las élites locales y de sectores prominentes de la intelectualidad indígena en la maquinaria desarrollista. A tal fin, la praxis derivada de la aplicación a la realidad andina de las teorías manejadas desde Washington D.C. sobre el capital social vienen como anillo al dedo.
Un problema añadido, además, es que esas prácticas han sido vendidas de cara a la galería como si de un paradigma progresista se tratase; como si, de pronto, por el mero hecho de ser un poquito más sensibles al tono de la voz de los pobres, los problemas derivados de unas estructuras injustas y asimétricas -la pobreza y la indigencia- pudieran solventarse sin necesidad de cuestionar los cimientos que reproducen y amplifican la brecha de la exclusión. Este no es un problema menor, y la percepción de que PRODEPINE representa un espacio ganado por el movimiento indígena es, en nuestra opinión, la traba principal que impide, hoy por hoy, plantear un debate público y sosegado -dentro obviamente del propio movimiento indígena- sobre sus pros y sus contras. En este artículo hemos intentado argumentar de qué manera el capital social -y el PRODEPINE nace desde los presupuestos participativos del capital social como teoría para la acción- se está convirtiendo en una suerte de comodín capaz de dar un barniz de progresía y sostenibilidad a lo que, en el fondo, no es más que un nuevo ropaje con que maquillar y humanizar unos esquemas macroeconómicos de alto coste social, facilitando así su continuidad.
Permítaseme una última reflexión antes de terminar. Una de las características básicas del éxito del sistema colonial vigente en los Andes desde el siglo XVI hasta finales del XVIII también fue el de la cooptación de la intelectualidad indígena. La Corona española respetó las prerrogativas económicas y sociales de los nobles incas como herramienta que garantizó la continuidad secular de la pax hispana. Tras la rebelión de Túpac Amaru y el posterior descabezamiento de la aristocracia quechua, las sociedades indígenas perdieron la posibilidad de expresarse públicamente por sí mismas, de tener representación propia en los procesos de constitución de las nuevas repúblicas independientes y devinieron, como ha señalado Andrés Guerrero (2000) para el caso ecuatoriano, en una masa amorfa de «sujetos» a ser «administrados» por los ciudadanos. En ese nuevo marco de relaciones, la ventriloquía fue la forma institucionalizada de relación entre los pueblos indígenas y las diferentes instancias del aparato del Estado. En el mejor de los casos, fueron los indigenistas quienes, a menudo cargados de buenas intenciones pero siempre desde la propia sociedad blanco-mestiza, interpretaron y defendieron puntualmente líneas de intervención política sobre los indios pero sin contar con los indios, a modo del viejo despotismo ilustrado europeo. La conformación, durante la segunda mitad del siglo XX, de una nueva intelectualidad indígena capaz de articular en Ecuador un gran movimiento político de reivindicación étnica y social supone, en perspectiva histórica, un acontecimiento importante e impensable por casi dos siglos. La respuesta del otro lado -del poder en un sentido amplio- tampoco se ha hecho esperar: del mismo modo en que el régimen colonial encuadró a la inteligencia quechua dentro de su esquema de dominación, asimismo la poderosa maquinaria del entramado neoliberal está procediendo -vía neo-indigenismo etnófago- a ubicar en su lugar a la dirigencia indígena contemporánea. Puede parecer una comparación algo forzada, pero no deja de sorprender la similitud de las estrategias del gobierno indirecto de hace trescientos años con las que parecen derivarse de iniciativas tan aparentemente benignas como las emanadas de esta peculiar forma de entender el fortalecimiento organizativo que tiene la cooperación para el desarrollo en la era de la globalización.
Notas
1. Véase, para cada ítem, Zamosc (1995), Coronel (1998) y PNUD (1999). En cualquier caso, no vamos a entrar aquí en una descripción minuciosa de las fuentes disponibles ni de sus limitaciones heurísticas. Toda la reflexión al respecto, así como el análisis y procesamiento completo de los datos, se encuentran en la obra de referencia (Bretón 2001, 125-153). Únicamente queremos dejar constancia de que las cifras sobre las ONG se basaron en una muestra aleatoria de 170 agencias (Fundación Alternativa 1999) y de que, en lo alusivo al tema de la indianidad, utilizamos la noción de «áreas predominantemente indígenas» acuñada por Knapp (1991, 17) y felizmente aplicada por Zamosc (1995) a escala parroquial, cantonal y provincial. Conviene recordar que estos últimos datos son una proyección al censo de 1990 de aquéllas zonas donde, en 1950, más de un tercio de su población fue catalogada como quichua-hablante. En el texto utilizamos como sinónimas las expresiones «población predominantemente indígena», «población indígena» y «población quichua».
2. Es notoria la permanencia de numerosos espacios rurales que, caracterizados por una presencia nula o casi nula de población quichua, y a pesar de contar con unos niveles de hogares pobres superiores incluso al 70% del total local, están prácticamente fuera del mapa de preferencias de esas instituciones
3. Estudiamos y reconstruimos a base de fuentes orales y archivísticas la historia de la Corporación de Organizaciones Campesinas de Licto (CODOCAL) del cantón Riobamba, Chimborazo; la de la Unión de Cabildos de San Juan (UCASAJ), también del cantón Riobamba; la de la Federación Inca Atahualpa, del cantón Alausí, Chimborazo; y la de la Unión de Indígenas Salasacas (UNIS), del cantón Pelileo, Tungurahua.
4. Véanse, sin ánimo de exhaustividad, Korovkin (1997); Bebbington, Ramon et alii (1992); Bebbington y Perreault (1999); Bebbington y Carroll (2000); y North y Cameron (2000).
5. La expresión la hemos tomado parcialmente de Héctor Díaz-Polanco (1997), autor que habla literalmente de indigenismo etnófago. En la medida en que el término «indigenismo» está demasiado relacionado en América Latina con su utilización para calificar el paquete de políticas dirigidas a las poblaciones indígenas durante la etapa desarrollista, preferimos hablar de neo-indigenismo etnófago para aludir a la situación creada en el contexto de los modelos neoliberales de actuación.
6. El Informe de Desarrollo Humano de 1999 completa el perfil de Guamote ubicando en su haber otros dos dramáticos récords nacionales: el de la tasa de mortalidad infantil (122,6 por mil) y el de desnutrición crónica de menores de cinco años (con el 70,3%, más de siete puntos por encima de la media serrana).
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