Editorial

Las amenazas de la globalización

El discurso de la globalización se ha convertido en aquello que el sociólogo francés Pierre Bourdieu denominaba «discurso fuerte». Bajo sus coordenadas pretenden justificarse y legitimarse posiciones de poder que responden a los intereses de las grandes empresas transnacionales, los capitales financieros, y los gobiernos de los países más fuertes.

Se utiliza ahora la noción de «globalización», más como una construcción ideológica que apela al cumplimiento de un destino inexorable, que como una producción histórica humana susceptible de ser transformada, que compete a todos los pueblos y que en tal virtud necesita de la participación de todos.

Pero a medida que el discurso de la globalización, y a su interior se insisten en sus bondades de liberalización e integración humana a nivel mundial, los países más poderosos se vuelven cada vez más proteccionistas, cierran sus fronteras y controlan el flujo de personas, evitando el ingreso de aquellos considerados como no necesarios para sus economías.

Así, presenciamos el escenario paradójico de un discurso que habla de la necesidad de liberalizar los mercados al mismo tiempo que impone trabas a la circulación de personas. El mundo que propone la ideología de la globalización es un mundo contradictorio, atravesado de graves conflictividades, de profundas tensiones y desgarraduras.

Ese mundo al que ahora hemos denominado como un mundo globalizado excluye de los supuestos beneficios de la globalización a una gran parte de la población del planeta, hace de los poderosos más poderosos aún y clausura toda posibilidad de una vida digna a cerca de tres cuartas partes de la población de nuestro planeta.

La globalización, tal como se está conformando en el momento actual, es un proceso de exclusión autoritario y violento. Porque no solo que impone sus reglas de juego en todas partes, sino que amenaza con la expulsión a todos aquellos que no adscriban sus códigos civilizatorios.

Así por ejemplo, la misma concepción de pobreza se articula dentro de estos códigos civilizatorios. Son pobres los pueblos que no alcanzan el nivel de consumo de los países considerados como más ricos. La pobreza se mide dentro de los parámetros del consumidor y de la formación categorial del homo económicus. Para evitar ser pobre hay que tener un mínimo de consumo. La utopía que deviene de esta concepción es la de un mundo formado por consumidores, y el planeta transformado en un gigantesco mall.

Pero estos niveles de consumo están agotando las posibilidades físicas de nuestro entorno y se constituyen en una de las amenazas más serias que tiene el hombre al momento. Desde aquel informe del Club de Roma de los años setenta, a las nuevas corrientes de la deep ecology, (ecología profunda), la ecología política, etc., existe la convicción cada vez más creciente de que si el nivel actual de consumo de los países ricos continúa, el planeta tiene los días contados. Los niveles de contaminación, destrucción ecológica, degradación ambiental ponen en serio riesgo el hábitat humano. La amenaza es real y se convierte en un peligro inminente dada la posición actual del gobierno norteamericano de denunciar los acuerdos alcanzados en Kyoto.

En realidad, el mundo globalizado es un mundo depredador en el cual la noción de acumulación es central, y es justamente en virtud de esta noción que se construyen las relaciones humanas e históricas. La acumulación significa que jamás se tendrá suficiente y que dadas las actuales relaciones de poder del sistema, siempre habrá una utilización estratégica de la necesidad. No importa cuánto se tenga, o cuánto se posea, en realidad, siempre hará falta más. La noción de acumulación, inherente a la matriz epistemológica del sistema capitalista, es un verdadero agujero negro que anula las posibilidades de sustentabilidad, o de respeto a los demás o a la naturaleza. Es por ello que el discurso de la globalización cuando hace referencia al crecimiento, en realidad está proponiendo la idea de la acumulación en términos capitalistas a pueblos y naciones que están fuera de esa concepción.

La instrumentalización política de la acumulación se ha dado últimamente a partir de la idea del desarrollo. Es necesario desarrollar a los pueblos atrasados. A la idea del desarrollo se le ha adscrito, sobre todo después del Consenso de Washington, la idea de la modernización, entendida ésta como la posibilidad de que las sociedades sean eficientes y racionales, y se convierten en eficientes a medida que la regulación social la asumen los individuos que adoptan decisiones racionales (rational choice) dentro del mercado.

Pero aquello que convierte al discurso de la globalización en una amenaza para la historia actual es su apuesta por la homogenización de la diversidad humana bajo las nociones de consumo capitalista, ganancia y acumulación. Pueblos enteros son considerados como pueblos marginales porque no han interiorizado los códigos civilizatorios del capitalismo. Son pueblos que la globalización los ha condenado a desaparecer, porque los considera ineficientes, no racionales, ineficaces. Son pueblos que no tienen cabida dentro del actual pensamiento dominante.

Empero de ello, hay elementos esperanzadores dentro de ese panorama totalitario de la globalización, y es la emergencia de una conciencia cada vez más comprometida con los problemas del mundo, más cosmopolita en la acepción original del término. Es la emergencia de un compromiso que rebasa las fronteras de los Estados-nación, y se constituye en una ciudadanía global en el sentido más humano del término.

Aquellos que cuestionan la globalización, no por sus intenciones de unir dentro de un solo proyecto a todos los hombres, sino por la deriva autoritaria y adscrita a los parámetros del sistema capitalista, en realidad están contribuyendo a la conformación de una democracia de tipo nuevo, que rebasa los contenidos del estado nación y que incorpora nuevos elementos de responsabilidad social, de compromiso humano y solidario.

Porque la disidencia es fundamental en la construcción de toda obra humana. Son los disidentes, aquellos que entran en confrontación con lo establecido aquellos que prefiguran nuevos horizontes de posibilidades para la historia humana, los que quizá indiquen en la hora actual ese mundo que debería ser y al que deberíamos integrar dentro de nuestros horizontes de acción.

La globalización ha visto la emergencia de numerosos sectores sociales, que conforman un abigarrado y heterogéneo movimiento social que se construye a nivel mundial. Ese movimiento social es un producto novedoso en la historia humana. Es la primera vez que tantas voluntades humanas se juntan, desde los más variados rincones del planeta, para expresar su rechazo y proponer nuevas voces al discurso oficial de la globalización.

Aquel joven que fue asesinado en la ciudad italiana de Génova, mientras manifestaba en contra de la globalización y del encuentro de los países más ricos del mundo, es ahora un signo y un símbolo. Es un signo de los contenidos violentos y represivos que está asumiendo cada vez con más fuerza el proyecto de la globalización, y es un símbolo de resistencia a ese proyecto.

Ese compromiso por construir una ciudadanía con contenidos diferentes y que piense en el destino de todos, independientemente de su nacionalidad, se ha constituido en el principal obstáculo que el discurso de la globalización encuentra ahora. Se intenta por todos los medios posibles deslegitimar esas manifestaciones en contra de la globalización, y se ha acuñado un nuevo nombre aquel de globalifóbicos. Se trata en definitiva de la lógica de o se está con nosotros o en contra de nosotros. Quienes están por la globalización estarían por la eficiencia y la racionalidad del mercado. Aquellos que se oponen expresarían corrientes tradicionalistas, que se oponen a la modernidad, al crecimiento, al desarrollo. Tal es la justificación, teóricamente pobre por lo demás, en contra del cada vez creciente movimiento antiglobalización.

Pero estos movimientos están logrando lo inconcebible, están aislando a los sectores más poderosos del mundo dentro de círculos literalmente atrincherados, como fue el caso de la muralla construida en Québec, o aquella de Génova, y obligándolos a debatir con la sociedad civil mundial emergente. Es un signo de los tiempos que aquellos que hablan de la globalización tengan que hacerlo en fortalezas amuralladas, rodeadas de miles de policías, con muros de varios metros de alto, mientras a su alrededor se multiplican las voces, las marchas, las manifestaciones.

Es un signo de los tiempos que ahora son cada vez menos las ciudades y pueblos que quieren albergar a aquellos que hablan a nombre de la humanidad, de la globalización. Génova, la más reciente ciudad en la que se llevó la reunión de los gobiernos más ricos del mundo, después de esta reunión es una ciudad fracturada, dolida, conmocionada. Para esta ciudad este encuentro fue una experiencia amarga que quisiera borrarla de su memoria. Cada vez hay más pueblos que dicen y expresan lo mismo: la globalización, tal como se está construyendo, tal como se está imponiendo, es una amenaza para la democracia, para la ciudadanía, para la diferencia, en definitiva, para el hombre.

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Fondo Nacional de Riego

y recultivación de tierras degradadas

Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador

Propuesta para la creación de un Fondo nacional de riego y recuperación de tierras degradadas

1. ANTECEDENTES

 1.1 Tendencia de las políticas estatales

La tendencia de los ajustes estructurales que propenden a implantar esquemas de políticas sociales y económicas neoliberales con la aspiración de instituir el mercado de aguas en el país, conjuntamente con el debilitamiento de la presencia del Estado y el traspaso de las responsabilidades a las instancias privadas pone en peligro un manejo de aguas enmarcado en el principal objetivo que es la función social del agua.

 Generalmente ha habido poca atención por parte del Estado para los sistemas comunitarios de riego. La característica de la intervención estatal consiste en un apoyo a la producción empresarial, donde predominan los criterios de rentabilidad financiera y más las presiones políticas de los sectores tradicionalmente dominantes y en el ejercicio del poder.

 Las intervenciones siempre se han dado de manera vertical, sin haber dado paso a la participación de los usuarios del agua, ni a las organizaciones de productores campesinos. El Estado pretende desvincularse de su responsabilidad y obligación de atender a los sectores pobres del país, especialmente del sector de los pequeños productores.

 1.2 El Proceso de Modernización

 En el marco del Proyecto de Modernización del Estado y dentro de este contexto en lo correspondiente al sector agrario (PROMSA), se implementa el proceso de transferencia de los sistemas de riego construidos por el Estado en lo que respecta a administración, operación y mantenimiento, mediante el Proyecto de Asistencia Técnica al Subsector Riego (PAT-Riego). En 1994, el INERHI desaparece y se crea el CNRH (Consejo Nacional de Recursos Hídricos) junto con el Proyecto de Asistencia Técnica al Subsector Riego (PAT-RIEGO). Además se crean las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CORSINOR, CORSICEN, CODERECH, CODERECO, etc.) que están encargadas de la transferencia de los sistemas de riego a las organizaciones de usuarios (Juntas de agua).

 Todo el proceso de modernización del sector agrario fue financiado a través de un crédito otorgado por el BID (80 Millones de dólares USA). Los objetivos de este proceso fueron, entre otros, la creación del CNRH, la reforma de la Ley Agraria, la implementación de políticas sociales y económicas de tendencia neoliberal (a través de la eliminación de las empresas del Estado, como son ENAC, ENPROVIT, FERTISA, Programa del Banano, etc.).

 Este proyecto, al que se suma el «PAT-RIEGO» con un crédito del Banco Mundial de 20 Millones de dólares USA, ha significado un incremento del endeudamiento externo del país. No se ha logrado mayores avances en la consolidación del manejo de los sistemas de riego, ni del sector agrario. Mas bien la transferencia de los sistemas de riego significa que el Estado abandona a las organizaciones de regantes, sin que ellas dispongan de la suficiente capacidad económica, técnica y administrativa para poder efectuar una operación y un mantenimiento adecuado de sus sistemas de riego. Hasta ahora no cuentan con la suficiente capacidad de amortización de sus sistemas para de esta manera poder cubrir los costos de obras hidráulicas importantes.

 1.3 Datos generales sobre RIEGO

 La producción agrícola bajo riego es una parte esencial de la agricultura del Ecuador. Se estima que actualmente hay unas 568.000 has. bajo riego, es decir que el riego cubre un 30% de la superficie cultivada en el País (1`850.000 ha).

 Del total de la superficie regada, aproximadamente el 81 % (460.000 ha) se encuentran bajo riego particular (comunitario y privado), mientras que el 19 % (108.000 ha) se riega con sistemas públicos. La comparación de estas cifras indicaría que el riego en el País es una actividad desarrollada hasta ahora principalmente por la iniciativa privada. Esta conclusión, sin embargo, dista mucho de reflejar la magnitud de las inversiones realizadas por el Estado. Según IDEA, al año de 1993 un 11 % de la deuda externa (1´455 millones de dólares) podría atribuirse a inversiones y compromisos en sistemas de riego público.

 En 1996, el riego público se realizaba a través de 65 sistemas en operación, de los cuales 49 estaban localizados en la sierra y 16 en la costa. Una gran parte de estos sistemas se encuentran en operación parcial y todavía en proceso de construcción La superficie atendida por estos sistemas, en forma individual, varía, desde áreas inferiores a las 200 ha, hasta áreas superiores a las 15.000 ha. Estimaciones realizadas por la Unidad Ejecutora del Proyecto de Asistencia Técnica al Subsector Riego UEP, indican que el área regable cubierta por estos sistemas es del orden de las 147.000 ha y el área regada del orden de las 108.000 ha.

CUADRO N°1 SISTEMAS DE RIEGO ESTATALES EN EL ECUADOR

En lo que refiere al riego particular se estima que actualmente se riegan 220.000 ha. en la costa y 240.000 ha. en la sierra.

El riego particular en la sierra está constituido por una compleja infraestructura de canales (acequias), generalmente sin revestimiento y con obras de captación y distribución en su mayoría rudimentarias. Entre estos sistemas hay una gran cantidad de sistemas comunitarios e intercomunitarios que benefician a miles de usuarios pobres y algunos que sirven a un solo usuario. Las áreas regadas por estos sistemas varían entre decenas y miles de hectáreas.

1.4 Recuperación de tierras degradadas:

El marco de la política de modernización del Estado, la política agraria está claramente orientada a fortalecer las grandes explotaciones de productos de exportación (flores y frutas, en especial en la sierra). Estas pretenden aprovechar ciertas ventajas comparativas para obtener divisas, perjudicando a las pequeñas agriculturas familiares. Las unidades de producción familiar demuestran una eficiencia económica y social superior, por contribuir a la seguridad alimentaria, a la estabilidad social, a una repartición poblacional equitativa y por crear fuentes de trabajo y tomar en cuenta externalidades dejadas de lado por la agricultura empresarial (costos ambientales p.ej.).

Si bien el Ecuador importa hoy en día gran parte de sus cereales, en especial el trigo y avena, sin embargo, las agriculturas familiares campesinas siguen abasteciendo el país en productos alimenticios, tales como la papa, la cebada, el maíz, el ajo, la cebolla o los frutales. Las ferias de productos agrícolas, tan numerosas en todas las ciudades y pueblos de la sierra en especial constituyen solamente una prueba de la vitalidad e importancia de este sector agrícola para el desarrollo del país.

Un proceso histórico determinó que las haciendas se ubiquen en los valles, mientras que los campesinos sean desplazados hacia las laderas sobre tierras más altas con menor capacidad productiva, las cuales desde hace mucho tiempo fueron afectadas por un proceso continuo de erosión, originado por las inadecuadas técnicas de producción aplicadas por las haciendas y replicadas en muchas de las unidades de producción familiar campesina.

Con la recultivación de las superficies de cangahua (20% del callejón interandino central y septentrional) se podrá diversificar la producción agrícola y la recuperación de la fertilidad de estos espacios producirá mejores rendimientos de las cosechas de cereales y hortalizas. Además de incidir positivamente en la producción agropecuaria la recultivación de estas superficies degradadas y actualmente sin uso significa una revalidación de la tierra que puede tener un efecto positivo en la economía campesina y sobre la estabilidad social en las zonas rurales densamente pobladas.

Se considera también, que la implementación del fondo podrá contribuir a detener el proceso de degradación de las zonas altas (páramos), las cuales constituyen el espacio más importante de las cuencas y microcuencas hidrográficas respecto de la conservación y el almacenamiento de agua.

2. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CREACIÓN DEL «FONDO NACIONAL DE RIEGO Y RECUPERACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS»

Se considera que para la creación del fondo es necesario que se mantenga como principio que el agua siga siendo considerada como un bien nacional de dominio público. Por lo tanto, el derecho de aprovechamiento se debe conceder únicamente vía adjudicaciones y no debe darse paso a la mercantilización del recurso agua y la delegación de su gestión a empresas privadas.

Uno de los principios más importantes es que se considere la función social, y no sólo económica, que debe cumplir el recurso agua:

El agua debe contribuir al desarrollo nacional y garantizar la seguridad alimentaria interna del país (la agricultura indígena-campesina es la fuente principal para el abastecimiento nacional). El agua será uno de los recursos fundamentales para viabilizar el desarrollo de las economías campesinas y asegurar una estabilidad poblacional geo-social.

Deben mantenerse prioridades para la adjudicación y el uso del agua (prelación):

a) uso doméstico,

b) producción de alimentos a través de la agricultura bajo riego,

c) otros usos (agroindustria, industria, energía, minería). 

Se considera que es necesario revisar la actual distribución del agua, ya que el recurso se concentra en pocas manos. La redistribución (incluyendo también criterios de equidad inter-generacional, social, etno-cultural) debe realizarse de acuerdo con las prioridades establecidas y a través de un proceso de participación que permita el manejo de conflictos alrededor del acceso al recurso agua.

Los sistemas de riego particular hasta la presente han recibido poca o ninguna atención por parte de la administración pública, en lo concerniente a rehabilitación, adecuación y mantenimiento. El Estado ha destinado los recursos a los sistemas construidos por la Caja de Riego, INERHI y por ahora las Corporaciones Regionales de Desarrollo. Desde mediados de los años 90, el Estado se dedica a la transferencia de los sistemas construidos por la administración pública, con el aumento de la deuda externa, sin garantizar su funcionamiento en el futuro.

3. GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA

El agua al ser un recurso estratégico para la sobrevivencia y para la producción de amplios sectores requiere de un tipo de gestión que permita superar los conflictos y conseguir acuerdos respondiendo a los intereses colectivos.

La gestión social del agua requiere de una participación democrática de todos los usuarios y el diseño de una estructura participativa que abarque los niveles:

a) social y técnico,

b) jurídico-organizativo (agencias de agua, asesoría técnica),

c) económico.

Para el aprovechamiento del agua deben establecerse derechos, responsabilidades, aportes colectivos, reconociendo al manejo comunitario como un elemento de gestión participativa y democrática.

Además de la rehabilitación física de los sistemas de riego se debe propender al manejo de conflictos alrededor de la gestión del agua. Esto significa que es necesario:

§ la revisión y el análisis de problemas,

§ la formulación de propuestas de solución,

§ negociaciones, acuerdos,

§ viabilizar procesos participativos de diseño, aprobación de obras, de construcción,

§ transferir la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego a las organizaciones de usuarios,

§ asegurar la disponibilidad de recursos económicos que necesitan las reparaciones y el mantenimiento de obras de gran envergadura que sobrepasan las capacidades de administración, organización y mantenimiento corrientes.

4. EL FONDO DE RIEGO Y RECUPERACIONES DE TIERRAS DEGRADADAS: Proyecto de Ley

4.1 Considerando:

F que la crisis del país, provocada por el manejo de una política social y económica impuesta por el modelo neoliberal, desemboca en el estancamiento del desarrollo de los pequeños productores agrícolas, sin considerar vías alternativas;

F que la administración pública canaliza los recursos hacia los sectores de la producción destinada a la exportación, descuidando al mismo tiempo la seguridad alimentaria interna del país y la atención a programas sociales;

F que a través de las planteadas reformas a la ley de aguas (con excepción de la propuesta de reforma elaborada por la CONAIE) se pretende implantar la mercantilización del derecho de aprovechamiento de agua;

F que existen en el país alrededor de 2.000 sistemas de riego particular y comunitario que no han sido atendidos, para de esta manera contribuir al fomento de las pequeñas economías campesinas;

F que el Estado ha invertido los recursos en sistemas de riego de alto costo, cuyo mantenimiento no podrá ser asumido por las organizaciones de usuarios;

F que la adecuación del riego comunitario significa una alternativa de menor costo de inversión en relación con los sistemas de riego construidos por el Estado, dadas las capacidades de autogestión y de contribución de los usuarios del agua de riego;

F que existen vastas áreas de tierras degradadas, cuya recultivación permitirá crear fuentes de empleo y de ingreso para un gran numero de familias campesinas, así como aumentar las superficies bajo riego con la construcción de nuevos sistemas;

F que el agua como un sector estratégico para el desarrollo sostenible del país y su seguridad alimentaria debe ser manejado con participación de las organizaciones campesinas-indígenas.

4.2 Se resuelve:

Crear un Fondo Nacional de Riego y de Rehabilitación de Tierras degradadas.

5. JUSTIFICACIÓN DEL FONDO

El Fondo tendrá un carácter nacional, permanente (un horizonte mínimo de 20 años de funcionamiento) y sustentable. Esta proyección del Fondo a largo plazo permitirá resolver la problemática del riego en el país a diferencia de las actuales medidas basadas en proyectos de corto plazo, con una cobertura limitada, con un alto costo y resultados parciales. Los procedimientos propuestos para el funcionamiento del Fondo se basan en reconocer y aprovechar la capacidad comunitaria y las experiencias institucionales locales, lo cual garantizará:

• los bajo costo y la eficiencia de las intervenciones,

• la transparencia en la gestión del Fondo,

• el carácter participativo de su funcionamiento, y

• su inserción en el proceso de descentralización.

 

Las metas del Fondo son las siguientes:

a) Reactivación de las economías de los pequeños agricultores,

b) Generación de empleo en el área rural,

c) Optimización del uso del agua,

d) Garantizar la Seguridad Alimentaria interna del País,

e) Lograr mayor estabilidad socio-económica en las zonas rurales y disminuyendo el crecimiento acelerado de los centros urbanos,

f) Armonizar el desarrollo humano, aplicando una gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales, en el marco de una agricultura familiar.

5.1 Beneficiarios del Fondo

 Este Fondo será destinado a atender la demanda presentada por los usuarios de los sistemas de riego comunitarios y privados:

 Se deberá considerar la integralidad de los sistemas de riego en relación con los diferentes sectores sociales de usuarios, así como las condiciones de ubicación geográfica, con el fin de que se garantice el funcionamiento de los sistemas desde sus fuentes de agua hasta el ultimo usuario.

 5.2 El Fondo se destinará a las siguientes acciones

§ rehabilitación y adecuación de los sistemas de riego existentes,

§ construcción de nuevos sistemas comunitarios,

§ construcción de obras de regulación de caudales y almacenamiento de agua,

§ fortalecimiento de las organizaciones de regantes y comunitaria,

§ capacitación y formación de personal para la gestión integral y con función social del agua,

§ recuperación de suelos degradados destinados a la producción agropecuaria familiar,

§ ejecución de planes de manejo de páramos y de gestión integral de cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas,

§ investigación para el mejoramiento de riego parcelario y producción agropecuaria.

5.3 Financiamiento del Fondo de Riego

El Fondo contará con un capital inicial destinado a su arranque. En su fase de funcionamiento, el Fondo será capitalizado vía las siguientes opciones que pueden ser complementarias:

· asignación presupuestaria permanente por parte del Estado,

· recursos provenientes de la renta petrolera,

· canje de deuda externa,

· recursos externos (créditos, donaciones internacionales),

· tarifas y recuperación de inversiones realizadas por el Fondo,

· recursos provenientes del Fondo de Solidaridad,

· porcentaje del ICE (impuesto al consumo especial),

· donaciones, legados o contribuciones que personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras hagan al Fondo.

El financiamiento del Fondo debe ser asegurado a través de contribuciones internas y de donaciones internacionales, evitando recurrir al incremento de la deuda externa del país.

El Fondo necesitará arrancar durante su primer año con un aporte de 25 millones de US-$ para estructurar sus distintas unidades (organización institucional y operativa) y empezar las primeras intervenciones en los sistemas de riego. El presupuesto anual del Fondo en su fase de funcionamiento regular deberá alcanzar 50 millones de dólares US por año, para alcanzar unas superficies mayores a 400.000 ha y a 50.000 ha de tierras endurecidas y erosionadas, con el fin de mejorar la situación socioeconómica de más de 300.000 familias.

6. GESTIÓN DEL FONDO DE RIEGO Y RECUPERACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS

6.1 Estructura organizativa del Fondo

El Fondo será creado mediante Decreto Ejecutivo, tendrá un carácter autónomo y no politizado. Se buscará simultáneamente obtener una legitimidad del Fondo a través de un proceso legislativo desembocando en Ley de la República. Se sugiere que existan estructuras organizativas con una estructura sencilla, eficiente con costos bajos (tanto en términos de personal como para agilitar los tramites y las decisiones) a dos niveles:

F Nivel nacional,

F Nivel regional (descentralizado).

6.2 La estructura del fondo a nivel Nacional

6.2.1 Consejo directivo del Fondo

El Consejo Directivo del FONDO será integrado por:

§ representantes de organizaciones campesinas e indígenas reconocidas a nivel nacional,

§ representantes de organizaciones de regantes

§ representantes del estado: gobierno central (CNRH) y gobiernos seccionales

Las representaciones de estos actores del riego en el Consejo Directivo del Fondo serán las siguientes:

50% para las organizaciones indígenas y campesinas,

25% para las organizaciones de regantes,

25% para la representación estatal.

El Consejo Directivo estará a cargo del diseño de las políticas, estrategias para el riego campesino y el manejo del fondo de riego.

El Consejo Directivo formulará los lineamientos de trabajo, parámetros de aprobación de propuestas, prioridades de financiamiento y apoyo. Además, creará el Departamento Técnico.

6.2.2 Departamento técnico

El Consejo Directivo creará un departamento técnico que estará a cargo de la elaboración de planes de inversión, planes de trabajo a nivel nacional, y la evaluación del avance técnico de los proyectos. Además determinará el accionar de las delegaciones regionales y sistematizará y documentará los procesos.

El departamento técnico estará conformado por:

• representantes de organizaciones de regantes,

• un equipo técnico,

• personal de ONG’s involucradas en el desarrollo agrícola y gestión del riego,

• personal de la cooperación internacional.

6.2.3 Unidad administrativa financiera

El Fondo contará con una Unidad Administrativa Financiera que tendrá a su cargo el manejo administrativo, contable y legal. Se sujetará a auditorias externas periódicas. Realizará un seguimiento a los proyectos, planes y programas.

6.3 La Estructura del Fondo a Nivel Regional

Se crearán unidades regionales o provinciales, cuya representación deberá reflejar la estructura del Consejo Directivo del Fondo. Sus funciones serán operativas (administración, recepción de propuestas, calificación, aprobación, asesoría técnica, capacitación seguimiento, fiscalización a las obras, etc.).

Para las obras de infraestructura se elaborarán diseños participativos de obras hidráulicas. La ejecución de las obras se contratará directamente con las organizaciones buscando alternativas a la Ley de Contratación Pública, previniendo la corrupción. En caso de requerimientos especiales, se recurrirá a la contratación de empresas competentes con procesos de contracción transparentes.

8. ORGANIGAMA DEL FONDO

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Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Raúl Illaquiche Licta

Resumen Ejecutivo

El autor plantea una reflexión a partir de la noción de plurinacionalidad propuesta por el movimiento indígena ecuatoriano, y el discurso de la descentralización y las autonomías. La idea fundamental del movimiento indígena, no es construir un estado nación aparte, sino la de integrar en un solo proyecto, en una sola visión, las diversidades existentes. Solamente cuando se reconozcan esos contenidos de autonomía indígena, como posibilidad de pueblos diferentes que tienen opciones históricas determinadas, puede tener viabilidad la democracia ecuatoriana, sostiene el autor en sus conclusiones.

Introducción

En los últimos años los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, han puesto en el tapete de discusión algunos problemas no resueltos desde la constitución de los Estados nacionales y la aplicación de las diversas teorías y modelos de desarrollo. Estos problemas constituyen la razón de ser para emprender un estudio sobre la relación entre autonomía y desarrollo para los pueblos indígenas, lo que implica pensar qué significa autonomía para los pueblos indígenas, así también para vislumbrar el porqué de los planteamientos de los pueblos indígenas sobre las autonomías.

Con este objetivo en primer término se estudia el problema de la constitución de los estados nacionales y los modelos de desarrollo aplicados. Luego se aborda el tema de las autonomías conceptualizando e interpretando desde los pueblos indios, con el objetivo de posteriormente justificar el pedido de las autonomías como un derecho de los pueblos desde su propia cosmovisión.

El problema de la autonomía hace referencia al Estado y su constitución dentro de la mentalidad moderna. Ese estado se fundó en la idea de un poder soberano único sobre toda la sociedad homogénea, con iguales derechos para sus miembros, sometido al mismo orden jurídico. Consiguientemente se perseguía la uniformización de una sociedad heterogénea y múltiple, subordinándola a un poder centralizador y benefactor que concentra el poder sin la posibilidad de participación de los sectores sociales y pueblos indígenas en las decisiones e intereses nacionales.

En nuestro país, la república se constituyó por un grupo de criollos y mestizos, que impuso su concepción del Estado moderno a los pueblos indígenas, ignorando deliberadamente la existencia de diversos pueblos, con características específicas como la lengua, las costumbres, las tradiciones, la organización social, etc., que constituyó el abanico de las culturas indígenas existentes en este espacio. Este hecho llegó al extremo del olvido, exclusión, integración forzosa y homogenización dentro del marco de los Estados nacionales.

Es decir que, «Los Estados nacionales en América Latina intentaron constituirse a imagen y semejanza del Estado Europeo, como una imposición de un dominio que negó la diversidad existente y los intereses que la constituían. Los criollos buscaron mediante la idea del «orden y del progreso» legitimar su afán homogenizador» (TORRES: 1998:98)

Al dejar al margen de esta constitución, sin posibilidades de participación en las decisiones e intereses nacionales a los pueblos indígenas, los Estados nacionales nacen con una tensión interna entre el poder central que intenta imponer la unidad entre los diversos pueblos a través «de las reducciones en reservaciones o las deportaciones masivas (como en la Rusia de Stalin), hasta formas de violencia disfrazada, como las políticas de integración forzada a la cultura nacional homogénica» (VILLORO: 1994:2).

En suma, la constitución de los Estados nacionales respondió a una necesidad de establecer una unidad política y una identidad cultural en una agrupación de grupos múltiples con intereses diversos. No fue el resultado de un pacto entre partes iguales. De hecho se constituyó por la imposición de una parte de la población sobre el resto del grupo. La constitución de los Estados fue ajena a la realidad diversa en lo geográfico, cultural, social, ambiental y lingüístico.

Frente a estos problemas y como una solución a las tensiones internas, los pueblos indígenas han planteado política y jurídicamente el reconocimiento de una autonomía interna en los territorios ocupados ancestralmente, en la que las autoridades del cabildo, que desde siempre han ejercido el control social, tengan cierto poder para controlar todos los procesos sociales, económicos y culturales que allí ocurren, así también controlar los recursos naturales renovables y no renovables. Para de esta forma generar recursos propios tendientes a solucionar los problemas y necesidades de los pueblos indígenas y de la sociedad en su conjunto.

Al plantear la posibilidad de la autonomía, también han cuestionado las teorías y modelos de desarrollo aplicados en los Estados nacionales, que antes de solucionar los problemas acuciantes de los habitantes, se han constituido en sometimientos a las exigencias de los grandes grupos hegemónicos, de los organismos internacionales como el FMI, BM, BID, etc. Esto ha conllevado a adoptar fórmulas de reajustes económicos con el objetivo de lograr una estabilidad económica con crecimiento, mediante la reducción del déficit fiscal, control de la inflación, privatizaciones, reducción del tamaño del Estado, devaluaciones, etc., sin tomar en cuenta los costos sociales, que en la mayoría de los casos han sido muy altos y graves para los sectores de bajos ingresos económicos (pueblos indígenas), quienes se han visto sumidos en la extrema pobreza, sin posibilidades de contar con servicios básicos (agua, luz, teléfono), asistencia y protección social.

Si queremos disminuir estas tensiones y lograr una solución al problema del desarrollo, los Estados nacionales deben resolver los problemas de manera urgente con la adopción de un nuevo modelo de desarrollo – que puede ser uno a partir de las autonomías y la descentralización -, en donde participen a base de consensos todos los que conforman las sociedades; de esta forma generar la participación y el ejercicio pleno de la democracia. Vale decir, una participación activa en las decisiones e intereses de la localidad generando planes y programas acorde a las realidades como de las necesidades de la localidad, sin que impongan ningún otro grupo de poder.

LAS AUTONOMIAS : Un contexto general

Los pueblos indígenas han venido reclamando insistentemente el derecho a la autonomía, como condición necesaria para la solución definitiva de sus problemas y en aras de ejercer este derecho a través de un régimen de autonomías en el marco de los Estados nacionales donde se encuentran insertos.

Estas reivindicaciones encuentran su sustento en los documentos internacionales (Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales, el Convenio 169 de la O.I.T., etc.), que reconocen y garantizan los legítimos derechos de los pueblos indígenas conculcados a lo largo de la historia de los Estados nacionales.

Estos documentos dan sustento legal a los pueblos indígenas que requieren de autonomía para que puedan asumir las decisiones así como el control sobre sus propios asuntos.

Pero, qué es lo que se debe entender por autonomía y cuál es el concepto manejado por las organizaciones indígenas? Para despejar estas dudas y entender de la mejor manera, Díaz Polanco propone la siguiente definición: «un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos» (Díaz: 1993, 151).

Se precisa fácilmente que la autonomía no corresponde al sentido etimológico de la palabra, equivalente a independencia. Existen, sí, las facultades de gobierno, legislación y organización interna propia. Pero así mismo están subordinados en el ejercicio de sus atribuciones a la tutela política del gobierno central: pues pueden ejercer solamente aquellos poderes que delegue el gobierno central.

La autonomía, como señala Díaz Polanco, no busca satisfacer los intereses de algunas comunidades, sino que intenta asegurar la integración de la sociedad nacional basándose en la coordinación, en vez de la subordinación, de las colectividades que integran el Estado. El régimen de autonomía es, por lo tanto, parte del Estado. Por medio de la autonomía se pretende distribuir las competencias de las colectividades del Estado, con el objetivo de velar por los intereses de la colectividad en su totalidad, por lo que el fundamento jurídico y político del régimen de autonomía estaría en la ley fundamental del Estado (en nuestro caso la Constitución) y no en las mismas comunidades. Aunque hoy nuestra Constitución reconoce, limitadamente, los sistemas normativos de los pueblos indios, al regular un régimen de autonomía, las comunidades indígenas se regirían por sus estatutos.

Por su parte, la CONAIE como vocera oficial de los indígenas en el Ecuador, define a la autonomía como «la capacidad de decisión y control propio de los pueblos y nacionalidades indígenas en nuestros territorios en el orden administrativo, jurídico, político, económico, social y cultural con la existencia y reconocimiento de las autoridades propias en coordinación con las autoridades centrales. Ser autónomos o aspirar a serlo no significa el aislamiento, separación o rechazo a otros sectores de la población» (CONAIE: 1997:50).

Al interpretar estos conceptos, vemos que la autonomía es una facultad de una comunidad humana de gobernarse a sí misma, mediante sus leyes propias (costumbres), por sus autoridades elegidas en su seno. Es un sistema que puede cobrar vigencia dentro de un Estado del cual es parte integrante.

Se desprende claramente que los pueblos indígenas pretenden ejercer este derecho como una forma de participación directa en la vida política, económica y cultural. Este constituye el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus propias autoridades para administrar justicia, ejercer el control de todos los procesos sociales y culturales, los recursos naturales del suelo y subsuelo que se hallan en los territorios indígenas.

Este derecho constituye un respeto a los derechos propios para desarrollar la identidad, la cultura, el arte, las costumbres, el reconocimiento de las organizaciones, el reconocimiento de las tierras y territorios; es decir el derecho de disponer de los medios materiales necesarios para el progreso de los pueblos diversos del país. Es un derecho a intervenir en forma directa y permanente en todos los asuntos, planes, programas, proyectos que tengan relación con las vidas y destinos de los indígenas.

En el aspecto político, la autonomía implica una organización política fundada en el autogobierno, el rescate y reconocimiento de la historia, particularmente de las tradiciones democráticas y comunitarias de los pueblos indígenas, afianzándose así el vínculo estrecho entre el pasado y la construcción de un futuro mejor.

También conlleva la aplicación y ejercicio de una verdadera democracia participativa, además del reconocimiento de las formas tradicionales de la organización comunitaria, el respeto a la vida y el ejercicio de uno de los derechos fundamentales; que es muy diferente del formalismo de la democracia actual, en donde sólo los que ostentan el poder económico acaparan también el poder político, sin la participación real de los diversos pueblos.

En el aspecto económico, supone un control efectivo de los recursos existentes en los territorios indígenas (hoy circunscripciones territoriales, Art. 224 Constitución Política), para destinarlos al servicio de la comunidad local, y evitar que sean explotados en beneficio exclusivo de las empresas extranjeras. De este modo, la autonomía está estrechamente relacionada con el medio ambiente, con el tema del desarrollo sustentable que implica, al decir de CATHERINE MARIELLE: «asumir responsablemente lo que se tiene y lo que se quiere; reordenar de manera participativa y progresiva; el uso y apropiación del suelo y territorio; delimitación, posesión y autonomía en el territorio; autoafirmación de la población; identidad de la población; se fortalece a los ámbitos de comunidades» (1998:169). De esta forma se preservaría la relación armoniosa que existe entre el hombre y la naturaleza según la cosmovisión indígena.

La autonomía, en el frente educativo y cultural, obliga a elaborar alternativas a un sistema de educación que ha destruido las culturas indígenas. Esto no puede ser más que una Educación Intercultural Bilingüe, que responda a su cosmovisión, a su filosofía y que se imparta en los idiomas respectivos. Por lo tanto, la tarea es luchar por la implantación de este sistema educativo, pero exigiendo importantes mejoras en su calidad, lo que supone una mejor formación de los profesores con recursos suficientes. Así se podrá rescatar las culturas originarias y desarrollarlas.

Esta ansiada autonomía les permitiría a los pueblos indígenas, redefinir los conceptos de desarrollo, progreso, racionalidad económica, subordinándolos a sus propios intereses, rescatando las experiencias, cultivos y tecnologías tradicionales.

En último término, la autonomía es la posibilidad de crear una economía alternativa en alguna medida de las leyes de mercado, sin excluir totalmente estas dependencias, inevitables en el mundo de hoy modernizante y globalizante.

Estos planteamientos han tenido sus dificultades, como la de haber sido catalogada y tergiversada, en el sentido de que los pueblos indígenas pretenden constituir Estados paralelos. Inclusive las disposiciones de los primeros artículos de los Pactos Internacionales enunciados, han sido vedados por considerarlos una separación total.

Estas confusiones e interpretaciones con gran malicia política han conllevado a que en el ámbito internacional, se haya aclarado y establecido el manejo adecuado del concepto de autodeterminación y quien es el sujeto de este derecho; que no pueden ser más que los pueblos (los pueblos indígenas).

En el Ecuador estas demandas han merecido un trato bastante escueto y muy vago. Sin embargo, las disposiciones de los artículos 83 y 84 de la Carta Magna con sus numerales, al elevar a los indígenas a la categoría de pueblos y sujetos de derechos, responden implícitamente a las pretensiones de la autonomía, es decir el derecho a decidir sobre los aspectos que les conciernen.

Además se establecen las circunscripciones territoriales indígenas (Arts. 224, 228 C.P.E.); esto es de suma importancia, puesto que la autonomía requiere de una base territorial, ya que la autonomía «no solo define derechos para ciertas personas, sino que constituye verdaderos entes políticos en el seno de un Estado; y no hay colectividad en un sentido político sin ámbito territorial. Puede esperarse que el principio territorial siga siendo indispensable para los proyectos de autonomía en el futuro, dado que el territorio (vinculado a los recursos naturales y el medio ambiente) constituye una demanda sólida entre los pueblos indígenas» (DIAZ: 1993: 116).

Estas circunscripciones, entendidas como la división de un territorio, parece ser la respuesta dada a los pueblos indígenas en cuanto a la demanda de autonomía. De la disposición del Art. 224 de la C.P.E. se colige que estas circunscripciones se establecerán en lo futuro. Para ello es necesario la adopción de una ley secundaria o un estatuto de autonomías, en donde se establezcan específicamente los derechos de los pueblos indígenas, los límites de las circunscripciones territoriales autónomas, la competencia que le corresponden en relación con el propio Estado central, etc.

Este reconocimiento supondría una transformación radical del Estado. La aspiración de los pueblos indígenas a este derecho para solucionar sus propios asuntos de manera autónoma, no implica separación, sino colaboración en el seno de una Patria grande, plurinacional, pluricultural y multilingüe. De esta forma, se instauraría una nueva sociedad, un nuevo porvenir, un nuevo mundo, donde los pueblos y nacionalidades del Ecuador, diversos pero unidos, serían realmente los protagonistas de una nueva historia.

Estas interpretaciones vislumbran claramente que las autonomías son una forma de las descentralización, entendida como un modo de organización político-administrativa del territorio. Es también «acción de transferir a diversas corporaciones o personas parte de la autoridadd antes ejercida por el gobierno supremo del Estado. Sistema administrativo que deja en mayor o menor libertad a las corporaciones provinciales o municipales, para la gestión de los servicios públicos y otras actividades que a las mismas interesan dentro de la esfera de su jurisdicción territorial» (CABANELLAS: 1983: 98).

Arocena agrega que cuando se trata el tema de la descentralización «éste se vincula al tema del desarrollo local, al de la relación estado-sociedad civil y al de la democracia. Descentralización supone no solamente tomar posición sobre una forma de organización del territorio, sino también obliga a definir una estrategia de desarrollo, a plantear una forma de articulación estado-sociedad civil y a abordar la cuestión de la forma de democracia» (AROCENA: 1995: 68).

Efectivamente, sólo a través del desprendimiento del poder central y reconocimiento de las autonomías internas puede darse un desarrollo local, mediante el cual se genere la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas, que como es de conocimiento han estado excluidos social, económica y políticamente de las decisiones del poder central sean estas municipalidades, seccionales, provinciales y peor a nivel nacional. Lo que ha significado carencia de obras de infraestructura básicas y la solución de las necesidades y servicios indispensables para las poblaciones.

Es mediante la descentralización en las circunscripciones territoriales indígenas, que las propias autoridades ejercerían el gobierno interno, contando con los recursos humanos, naturales y financieros que constituyen las riquezas propias de las circunscripciones territoriales indígenas.

A través del reconocimiento de las autonomías indígenas y el establecimiento de la descentralización, autogestionarían y decidirían sobre sus propios asuntos, sin apartarse del destino del país, además podrían desarrollarse y participar en el poder; vale decir en las decisiones que les afecte al conjunto de la sociedad.

LOS PUEBLOS INDIGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO DE LAS AUTONOMIAS Y SUS DIFICULTADES

En el Derecho Internacional ha sido de gran importancia el interés en emprender estudios tendientes a identificar y definir a los indígenas como pueblos y como sujetos de derecho. Ya que como lo justificamos anteriormente, la autonomía es un derecho inherente de los pueblos, solo ellos son sujetos con capacidad de ejercer a plenitud ese derecho.

Los indígenas en sus múltiples luchas, que han significado recuperar y desarrollar los derechos históricamente conculcados, han dado preeminencia por el reconocimiento de su condición de pueblos. Esta no es una construcción artificial sino que está fundada en sus derechos sociales, económicos y políticos mantenidos desde siempre y actualmente reconocido en distintos cuerpos jurídicos.

El término pueblo ha sido largamente debatido, tergiversado; sólo en el ámbito internacional ha merecido un estudio serio. El concepto de pueblos se ha mantenido en una brumosa imprecisión siendo catalogado como minorías, etnias, tribus, etc., y «numerosos estados incluyen en sus legislaciones medidas de protección a las minorías» (STAVENHAGE: 1994: 165). Sin embargo, ello ha sido considerado insuficiente y atentatorio a los derechos históricos por las organizaciones de los pueblos indígenas, sosteniéndose una tesis diferente, en el sentido de que su situación no se puede comparar con las minorías, tribus, etc. Insisten que se los reconozca como pueblos y les restituyan los derechos históricamente perdidos.

Con el fin de esclarecer el uso de este término, «ha sido de gran importancia el interés que ha mostrado la comunidad internacional en identificar y definir a los pueblos, comunidades, poblaciones o naciones indias, ya que ello ha permitido ir codificando sus derechos» (SANCHEZ: 1996: 114).

Según los estudios realizados en la legislación internacional, tendientes a aclarar la «autodeterminación de los pueblos» que pregonan los documentos, informes, declaraciones internacionales como: la Carta de las Naciones Unidas, Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Convenio 169 de la OIT, etc., los mismos que reconocen el carácter histórico de los pueblos indios y los derechos que les corresponden como tales, un pueblo sería una colectividad que: «participa de una unidad de cultura (lengua, creencias básicas comunes, ciertas instituciones sociales propias, formas de vida compartida, etc). Se reconozca a sí misma como una unidad, es decir, la mayoría de sus miembros se identifican con esa cultura; comparte un proyecto común, es decir, manifiesta la voluntad de continuar como una unidad y compartir el mismo futuro; esta relacionado con un territorio geográfico específico» (VILLORO: 1994: 3).

Cualquier colectividad que cumpliere con esas condiciones tendría derecho, según el autor, a la autodeterminación o a la autonomía.

Con esta determinación, vemos que el término pueblo se asocia con el derecho a disponer de sí mismo y se dice que los pueblos son grupos de seres humanos que pueden, o no, comprender a estados o naciones.

En suma, la interpretación del término pueblo aclara que hay una distinción en lo que es derecho de un pueblo con el de un Estado. Pueblo como una comunidad cultural relacionada con un territorio. Estado como un sistema de poder soberano sobre uno o varios pueblos; por lo mismo no se debe confundir la autodeterminación con la soberanía política en el momento de conceder y ejercer dichos derechos.

Los indígenas del Ecuador según el art. 83 de la Carta Magna son pueblos; por cierto cabe decir que no es una benevolencia de la Constitución sino que siempre se han caracterizado como una colectividad, con desarrollo histórico, económico, social y cultural propios. Esto es lo que diferencia entre sí y con respecto al resto de la población nacional.

Una vez ubicados, definidos y admitidos los indígenas en el ámbito internacional como en el Ecuador a la categoría de pueblo y sujetos de derechos, es que se pretende resolver en última y definitiva instancia su propio destino a través de las autonomías.

CONCLUSIONES

El tema en cuestión es evidentemente muy delicado, los pueblos indígenas están conscientes de que los Estados nacionales temen por su integridad territorial. Es más, ha sido tergiversado deliberadamente por los sectores opuestos a este reconocimiento equiparando con la soberanía que es atributo propio de los Estados.

Debe quedar muy claro que al plantear las autonomías internas, los pueblos indígenas no pretenden de ninguna manera la independencia, sino el derecho a vivir en sus tierras, de manera que les parezca más conveniente. Esto implica una forma de descentralización, que permitiría un desarrollo localizado con una mejor participación de recursos entre los sectores sociales, de la forma que se desprende de los conceptos e interpretaciones, que respecto de las autonomías anteceden.

A pesar de que en la normativa internacional se reconoce este derecho, los Estados nacionales siguen negando este reconocimiento en la práctica. Esto se debe en parte al temor ya explicado, pero el motivo fundamental con frecuencia es económico, por el derecho que conlleva la frecuencia es económico, por el derecho que conlleva la autonomía a gozar de las tierras y de sus recursos. Parece ser que los Estados nacionales temen perder el control sobre esos recursos. Sobre todo de los réditos económicos que se desprenden de su usufructo.

Con estas consideraciones, demostramos plenamente que a los pueblos indígenas les corresponde este derecho. Los Estados nacionales, en particular el Ecuador, si pretende construir un marco de igualdad de condiciones entre los diversos sujetos, conformándose en Estado plurinacional, pluricultural, multilingue y solucionar los problemas de pobreza, el centralismo que acapara todos los recursos, sin retribuir en obras hacia las poblaciones, no puede seguir negando ni soslayando la obligación del Estado, como signatario de los Convenios Internacionales, de respetar y hacer posible el ejercicio de este derecho, autonomía, sin que esto implique amenazas a la soberanía y peor creación de Estados paralelos.

De no conceder y respetar este derecho fundamental de todo pueblo a decidir por su destino, como es la autonomía, se estaría creando el campo propicio para los conflictos, movilizaciones, reclamos insistentes con consecuencias gravísimas para el conjunto de la sociedad nacional. No se dan cuenta que es precisamente el no reconocimiento de este derecho el que ha contribuido a la desestabilización política y ha alterado a la paz social.

Como bien dice Díaz Polanco, se «debe reconocer este derecho a través de la reforma constitucional en la que se cree el régimen de autonomía como fundamento jurídico y político; para luego adoptar una ley secundaria que determine su normatividad y regulación» (DIAZ: 1992: 124), el mismo que debe conllevar «la asignación de competencias y facultades para desconcentrar la carga administrativa de obligaciones y demandas que pesan sobre el aparato central que administra el Estado» (TORRES: 1994: 91).

La autonomía, considerada como un derecho del pueblo indígena, permitiría el desarrollo de sus miembros de una manera acorde y digna con su condición de protagonistas de una realidad histórica, política y económica, realidades de las cuales hasta hace poco solo han sido meros espectadores. Pues con este derecho podrían dar un salto cualitativo hacia el desarrollo, a partir de la utilización de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos, a fin de que esta riqueza de contingente se vea revertida en su fuente misma que es el pueblo indígena.

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EL SISTEMA DE FORMACION DE MUJERES LIDERES INDIGENAS

«Dolores Cacuango»

La construcción de una utopia

Paulina Palacios y Vicenta Chuma

Resumen Ejecutivo

El movimiento indígena ecuatoriano es un movimiento sumamente complejo que abriga a su interior varios procesos, entre ellos uno de los más importantes es la capacitación política a mujeres líderes indígenas, a través de la constitución de un espacio institucional denominado como Escuela de Formación de Mujeres Líderes Indígenas Dolores Cacuango. Las autoras, realizan una evaluación de esta iniciativa, proponen nuevos esquemas a ser tomados en cuenta al futuro, y proponen cambios en la estructura de capacitación. Esta Escuela de formación de mujeres, es una experiencia inédita y constituye al momento la experiencia política más importante en capacitación y formación política del movimiento indígena ecuatoriano. Las autoras quienes han estado desde sus inicios en este proceso, evalúan este sistema pensando en la conformación de un Sistema Nacional de Formación de Mujeres Líderes, que incorpore a su interior todas las experiencias de capacitación y formación política.

ANTECEDENTES:

1.1. Situación de la mujer en el campo:

Las cifras oficiales, careciendo del parámetro de pertenencia étnica, marcan una realidad en la cual la mujer mantiene una situación de exclusión acentuada. Así: el 85.4% de mujeres indígenas (indicador familiar con un miembro de habla indígena) carece de seguro de salud. De otra parte, llama la atención que el 93.2% de mujeres indígenas se encuentran con sus necesidades básicas insatisfechas. Las tasas de acceso a la educación son: apenas el 1.2% de mujeres en el campo poseen título universitario, el 7.2% educación secundaria, el 44,8% educación primaria. Asimismo, el 46% de mujeres en el campo están dentro del parámetro de analfabetismo funcional.

Estos son apenas algunos datos de la situación general y de acceso a la educación formal de la mujer indígena y campesina. Sin embargo, pueden ejemplificar una situación bastante generalizada, que es el escaso índice de mujeres capacitadas en el plano formal. Sin esta formación se supondría que estas mujeres tengan menos oportunidades tanto que los hombres en general, como de las mujeres urbanas o no indígenas.

Dentro de la organización indígena y campesina, si bien se reconoce el liderazgo histórico de mujeres, tales como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Micaela Bastidas, entre otras, la participación política en la discusión y la toma de decisiones tiene muchas limitaciones.

1.2. Escuela de Mujeres líderes «Dolores Cacuango»

A partir de 1997, bajo la conducción de la dirigencia de la mujer de Ecuarunari, se inicia el proceso de formación de líderes de esta organización. Surge como respuesta a una realidad de exclusión en la participación política de las mujeres.

En el Ecuador no se habían registrado con anterioridad experiencias de formación política a mujeres indígenas y campesinas, efectuada desde sus organizaciones de manera sistemática. Se reconocen, sin embargo, en el marco de la capacitación puntual, actividades de formación, alrededor de la problemática de la mujer, la pobreza, la tenencia de tierra. A partir de estas experiencia se da inicio con el apoyo de Ayuda Popular Noruega APN, la escuela de formación de mujeres líderes.

En el momento actual se han recorrido ya tres años o fases del proyecto en mención, existe un acumulado de trabajo, experiencia, procesos formativos en general.

De otra parte, la experiencia de la Escuela se ha tornado «nacional», en tanto engloba a actoras de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa, y porque se la ha podido replicar, con al apoyo de IBIS-Dinamarca, en un ámbito de regionalización de los pueblos pertenecientes a dicha Confederación. Este esfuerzo se inicia en el año 2000, y como objetivo principal persigue el fortalecimiento integral del proyecto político de Ecuarunari, cual es: la reconstrucción de las identidades de los pueblos kichwas del Ecuador.

2. Balance y Propuestas para el sistema de formación de mujeres lideres de ecuarunari y para la reconstrucción de pueblos kichwas

2.1. Trama curricular de la escuela «Dolores Cacuango»

A partir del primer año de trabajo en la Escuela «Dolores Cacuango», realizados varios análisis colectivos, asambleas de las mujeres participantes, una encuesta y diagnóstico con ellas; se logra iniciar un proceso de consolidación curricular de la formación.

Consecuentemente con los ejes del proyecto político de Ecuarunari, realizado en 1997, se proponen como ejes de formación:

Desarrollo y autogestión: en procura de vincular a las mujeres a procesos productivos para sus organizaciones, familias, así como una herramienta de apoyo al liderazgo de la mujer.

Cultura e identidad: Fundamental como mujeres indígenas y campesinas. Existe un gran desconocimiento de la verdadera historia de los pueblos, sus líderes, sus procesos de resistencia; así como, de los elementos de su cosmovisión e identidad. En este eje se persigue fortalecer desde la autoestima personal de la mujer, hasta la que le genera su pertenencia étnica.

Política y organización: se consideró necesaria la adquisición de conocimientos y destrezas en la participación política, sobre los derechos humanos y colectivos, así como de la historia de la organización.

Sobre estos ejes se trabajaron transversalmente la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la pluralidad cultural. De otra parte se instituyó el trabajo integral sobre la autoestima de cada participante sobre dos ejes: el trabajo profesional sobre autoestima personal, y la adquisición de destrezas puntuales para la participación política, como el caso de la oratoria.

Este marco dio paso a una trama curricular de los tres niveles de formación de mujeres. Se mantuvieron los dos primeros como de formación general y el tercero como año de especialización en torno a los tres ejes fundamentales de formación.

De esta manera se ha llevado adelante estos tres primeros años de formación en la Escuela Dolores Cacuango.

2.2. Sistema de formación de mujeres líderes

A partir de noviembre de 1999 se inicia con la cooperación de IBIS-Dinamarca una nueva fase en Ecuarunari: la de Reconstrucción de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa. Con el propósito de fortalecer este proceso inicial, así como extender la positiva experiencia de formación de la Escuela de Mujeres de Ecuarunari «Dolores Cacuango», dicha cooperación aprueba financiar la ejecución del componente de escuelas regionales de formación de mujeres líderes.

De esta manera se inicia un proceso que se encuentra en la actualidad como un Sistema de formación a nivel general, con todas las actoras de Ecuarunari, a nivel nacional y a nivel regional. La regionalización propone 4 zonas y 4 escuelas de mujeres.

Estas escuelas vienen funcionando un año lectivo sobre la experiencia y trama curricular de la Escuela «Dolores Cacuango«, previa una revisión y planificación realizada por las dirigentas provinciales y alumnas del tercer nivel. En esa revisión se modifica el plan de cada Seminario Taller, así como se busca una alternativa de «Componente Local», es decir una materia vinculada a la historia y proceso organizativos de los pueblos al interior de la región.

2.3. Aportes del Taller del Sistema de Formación

En el mes de mayo se realizó un taller en la ciudad de Baños que concitó la presencia del grupo de «facilitadores» o instructores con mayor permanencia en el sistema en su conjunto, así como de las dirigentas provinciales que se constituyen en el Consejo de Mujeres de Ecuarunari.

La discusión se realizó sobre los documentos y la experiencia que ha venido viviendo la Escuela «Dolores Cacuango«, así como las escuelas regionales.

Aportes significativos al Sistema de Formación fueron:

• Contar con la concurrencia de líderes históricos, hombres y mujeres en una instancia rectora de las políticas generales del sistema.

• Activar el Consejo Académico de la Escuela Nacional, vinculándolo como apoyo a las demandas de las Escuelas Regionales.

• Proponer el rol del facilitador como un compromiso con el fortalecimiento del movimiento indígena.

• Especializar a la Escuela Dolores Cacuango como de rango nacional, de formación de liderazgos políticos, con una preselección rigurosa para las asistentes. De ello deviene un proceso de reformulación curricular hacia una formación básicamente política.

• Las escuelas regionales, en cambio, se constituirán en espacios de formación local, para mujeres líderes con un perfil más general de instrucción.

3. Propuestas para el sistema

De los dos últimos aportes del apartado anterior, se propone:

3.1: Propuesta de Reestructuración escuela nacional

La Escuela Nacional reformulará su currícula en base a un proceso de discusión amplio entre hombres y mujeres de Ecuarunari. Se contarán con las siguientes propuestas:

• La nueva malla curricular de la Escuela Dolores Cacuango propondrá materias vinculadas a realidad nacional, internacional, globalización, derechos de los pueblos, historia de cada pueblo kichwa, participación política, ciudadanía, sistema electoral, oratoria, análisis de coyuntura, cosmovisión, entre otras.

• En la experiencia vivida en la Escuela Nacional se inicio la construcción de un nuevo camino, no existieron preconceptos, ni experiencias anteriores. Se considera que en la actualidad sobre el camino recorrido, los documentos y reflexiones existentes, es posible perfeccionar y proponer una nueva curricula.

• En las fases anteriores el proceso de definición curricular, planificación de cada año, trabajo de consultoría-asesoría, facilitadores, alumnas fue marcando pautas. Se propendió permanentemente a la discusión de las mujeres líderes. Se mantendrá necesariamente el carácter consultivo de la definición curricular, planificación y trabajo académico.

• Asimismo, en base a reuniones periódicas se sistematizará la nueva propuesta de esta nueva fase de Escuela de Formación Política de Mujeres Líderes, con la especialidad única en lo político.

3.2: Propuestas para las escuelas regionales

En relación a las Escuelas Regionales:

• Han venido funcionando con una adecuación de la Currícula de la Escuela Nacional Dolores Cacuango. Se debe mantener un nivel de discusión profundo para la adecuación de ésta en las escuelas regionales, pero se mantendría la currícula con los cambios para el sistema regional.

• Es necesario partir del trabajo globalmente visto de la Escuela Nacional para continuar con las regionales.

• Es necesario contar con el apoyo de conocedores o investigadores de la historia de los pueblos kichwas para el desarrollo de los módulos locales, referidos a la historia, perfil básico, líderes locales, elementos de identidad de cada uno de los pueblos kichwas.

• Se dará énfasis en el eje «Desarrollo y autogestión», con el propósito de formar y fortalecer liderazgos locales, proponer una formación política e integral a las técnicas y dirigentes que tienen a su cargo la ejecución o coordinación de proyectos.

• Se tratará de contar con la planta de facilitadores de la Escuela Nacional, como se lo ha venido realizando parcialmente, sin que ello obste con el apoyo a las mujeres formadas en la Escuela Nacional y otros dirigentes locales, en el rol de instructores-facilitadores.

• Para la planificación se contará con el apoyo del Consejo Académico de la Escuela Dolores Cacuango.

4. Conclusiones:

• Se ha logrado a partir del trabajo colectivo, democrático y horizontal de la dirigencia de la mujer anterior y la actual, cimentar un Sistema Nacional de Formación de Mujeres Líderes para Ecuarunari.

• En perspectiva del proceso de estos años los y las actoras/es han realizado sugerencias y aportes para el mejoramiento del sistema.

• Se deben iniciar inmediatamente los procesos de reestructuración de las diferentes instancias del sistema.

• Se debe contar con la mayoría de enfoques y voces para la reestructuración.

• Es necesario implementar mecanismos sólidos de difusión del trabajo realizado por el sistema de formación.

• Se debe perfeccionar la coordinación entre el proyecto político de Ecuarunari y los componentes, así como al interior de la estructura de dirigencia.

• Las capacitadas que han concluido su ciclo en la Escuela Nacional deben mantener su compromiso de liderazgo revirtiéndolo hacia el sistema.

• La Escuela Nacional ha podido mantenerse y asimilar constructivamente diversas etapas de la organización. Sin embargo, es necesario llamar la atención para concitar un apoyo real y mayor al trabajo de capacitación de las mujeres, así como apoyar su mejor participación política.

• De manera recíproca se debe construir la participación de la mujer formada en las escuelas: el compromiso de cada una, y la apertura de las dirigencias locales y nacional hacia esa participación.

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