By icciec2024
El Ecuador de fines del año 2000, configura una serie de situaciones que se constituyen como referenciales para latinoamérica. Es el primer país que anunció de manera oficial un programa de dolarización total de su economía. Asimismo, fue el primer país en entrar en moratoria en el pago de los Bonos Brady de la deuda externa, y en virtud de ello, su propuesta de renegociación constituyó un globo de ensayo para los mercados mundiales de capitales, que, gracias a la experiencia ecuatoriana, pudieron neutralizar los posibles efectos de contagio de la moratoria de la deuda externa del Ecuador.
Por otra parte, en Ecuador existe un poderoso movimiento social, liderado por el movimiento indígena, que ha provocado la destitución de dos presidentes de la república (Abdalá Bucaram en febrero de 1997, y Jamil Mahuad en enero del 2000), e incluso la conformación de un breve gobierno de carácter «popular», encabezado por militares y representantes de la sociedad civil (21 de enero del 2000). Hasta ahora, se ha bloqueado el programa de privatizaciones conocido como reforma estructural del Estado, y es uno de los pocos países que ha logrado defender su patrimonio nacional.
Estos fenómenos otorgan al país una complejidad que amerita un lectura atenta a la actual coyuntura política. En efecto, el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana, hasta el momento la propuesta más radical en ese sentido en todo el continente, ha funcionado más bien por aspectos coyunturales que por razones estructurales de reforma económica. La dolarización en Ecuador, se sostiene más bien por los altos precios del petróleo, y por las importantes remesas que envían los migrantes residentes en el exterior. Fuera de estos dos sectores, el panorama se presenta como desolador. Los exportadores ceden posiciones en el mercado mundial frente a competidores más eficientes, y las inversiones extranjeras en el Ecuador son casi nulas.
Justamente para otorgar una aparentemente base más sólida a la dolarización, el gobierno ecuatoriano propuso una serie de medidas económicas, cuyo objetivo fundamental era la privatización total de lo público y la transferencia de recursos del Estado hacia las empresas privadas. Esta iniciativa gubernamental abarcaba una reforma a cerca de 22 leyes de la república en un solo acto legislativo. Por ello la ciudadanía denominó a esta propuesta de ley como «Trolebús II» (o también conocida como Trole II).
Para el gobierno era de fundamental importancia la aprobación de esta ley. En cierto sentido, había apostado toda su legitimidad y todo su capital político en esta iniciativa. Si la propuesta era aprobada por el Congreso Nacional, el gobierno podía emprender una agresiva política de privatizaciones y de reducción del gasto público del Estado. Las privatizaciones no comprendían solamente las empresas estatales, sino también los espacios de lo público: playas, minería, agua, tierras, recursos naturales, etc. Estas privatizaciones garantizarían el flujo suficiente de inversión para sostener la dolarización.
De hecho, la aprobación de esta ley se presentaba como fundamental e imprescindible para el régimen, por cuanto ella garantizaría la entrada de recursos frescos vía privatización, recursos indispensables para una economía dolarizada, de ahí todos los esfuerzos realizados por el gobierno a nivel legislativo para su puesta en vigencia. Pero al interior del Congreso se perfilaba una corriente de oposición, no tanto por una disconformidad con la política del régimen, sino más bien porque éste se había identificado totalmente con el partido de extrema derecha socialcristiano, asumiendo como suyas todas las disputas provocadas por este partido político.
Ello generó un ambiente de tensión en el cual se situaba en un polo el derechista partido socialcristiano, con el gobierno como principal aliado, y en el otro polo, el resto de partidos políticos. De ahí que se mantuviese un ambiente de tensión al interior del Congreso Nacional que terminaría finalmente en varios conflictos a su interior. El gobierno aprovechó justamente un impasse administrativo interno del Congreso, impasse, vale recalcar, provocado justamente por el partido socialcristiano, para lograr la aprobación de la ley «trolebús II», o Trole II, por el ministerio de ley. Es decir, en virtud de que el Congreso no había podido pronunciarse en el tiempo indicado por la Constitución sobre este proyecto de ley calificado de urgente por el ejecutivo, y una vez transcurrido el plazo para su discusión, este proyecto de ley se convertía automáticamente en ley de la república.
Esta maniobra le dio un respiro al gobierno y posibilitó que a su interior se configuren respuestas de tipo cada vez más autoritario frente a los múltiples reclamos de la sociedad civil sobre el carácter no constitucional de la ley aprobada. Es en este contexto, cuando el movimiento indígena ecuatoriano articula una nueva forma de quehacer político que reconfigura nuevamente el escenario político en el Ecuador.
Efectivamente, el movimiento indígena, realizó una serie de consultas al interior de la sociedad civil y construyó un documento de contrapropuesta a la denominada Ley «trolebús II», al tiempo que elaboró un documento por el cual demostraba fehacientemente el carácter inconstitucional de la ley aprobada. Este documento sería la base sobre la cual el Tribunal Constitucional del Ecuador, la máxima instancia en aspectos constitucionales, revisaría más tarde la ley «trolebús II» y comenzaría un proceso de debate sobre la pertinencia constitucional de la misma.
Debatir la pertinencia constitucional de la ley «trolebús» significaba un desgaste político del régimen que podía convertirse incluso en una derrota política. Así lo entendió el gobierno y de ahí su posición autoritaria frente al pronunciamiento del Tribunal Constitucional y su amenaza de llevar a juicio a sus miembros si éstos decidían la inconstitucionalidad de este cuerpo legal.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, acogió el pedido de inconstitucionalidad de la Ley «Trole II», planteada por la Conaie, y discutió uno por uno los artículos impugnados por la Conaie. De esta manera, el movimiento indígena había logrado, de una parte, posicionar sus objetivos políticos y, de otra parte, había conseguido limitar el espacio de acción política del gobierno.
Finalmente, el Tribunal Constitucional del Ecuador acogió la mayoría de las críticas e impugnaciones que hiciera la Conaie, y declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de esta cuestionada ley. Hasta allí la coyuntura política del Ecuador. Una lectura más atenta, nos demuestra que hubieron una serie de condiciones sociales y políticas que hicieron posible que la Conaie juegue un rol fundamental en este proceso que ha significado al gobierno una grave derrota política.
La Conaie esta vez no protagonizó un levantamiento, ni amenazó con movilizaciones nacionales. Su actuación fue de tipo más estratégico y se correspondió a las condiciones políticas del momento. Después de que la Conaie había aceptado el fracaso de las movilizaciones del mes de septiembre de este año, y entrara en un proceso de redefinición política interna que culminó con la convocatoria a un nuevo Congreso Constitutivo para el próximo año, parecía que la capacidad política del movimiento indígena era restringida y limitada. La Conaie no podía convocar a un levantamiento general en contra de la ley «Trole II», ello era evidente. Pero dentro del movimiento social, era el actor con más fuerza y el que más legitimidad tenía como para presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley Trole II.
La revisión constitucional de la ley trole II significa, en primera instancia, un freno a la propuesta neoliberal y de privatización del régimen. En segunda instancia, la Conaie logra restringir el espacio de acción política del régimen y lo somete a un desgaste que lesiona seriamente su legitimidad. En tercer lugar, recorta las ambiciones del gobierno de capitalizar a favor suyo los éxitos aparentes de la dolarización y construir desde allí una plataforma de respaldo popular al largo plazo. En cuarto lugar, inaugura una nueva forma de lucha y de resistencia que se basa en los esquemas y mecanismos institucionales de la democracia representativa. En quinto lugar, pone en riesgo una estrategia de geopolítica de poder por la cual se buscaba crear un área dólar adscrita y bajo el control directo de los Estados Unidos, y en la cual el Ecuador jugaba el papel de mascarón de proa.
Es cierto que hubieron una serie de condiciones previas que posibilitaron esta victoria política de la Conaie. Entre ellas están: la falta de habilidad del régimen por construir apoyos legislativos mayoritarios, la recurrencia a mecanismos que deslegitiman de entrada su propuesta de ley y que son típicos de la vieja clase política ecuatoriana; su adscripción sin límites al partido socialcristiano y a las sectores vinculados a la agroexportación de la costa ecuatoriana; la prepotencia del discurso oficial de negarse a debatir con la sociedad civil los contenidos, alcances y repercusiones de esta propuesta de ley; la carencia de un proyecto político y de desarrollo al largo plazo, la intransigencia del partido socialcristiano que posibilitó la consolidación de un amplio espectro de partidos políticos en la oposición al régimen, etc.
Lo que realmente está en juego con esta ley, es la vigencia del esquema de dolarización. Si la propuesta de privatización y de reforma neoliberal del Estado no tienen mayor viabilidad, entonces está en riesgo todo el proceso de dolarización, y con él toda la legitimidad del gobierno. Si la dolarización fracasa, el gobierno pierde legitimidad, el esquema monetario perdería atractivo para la región, y la política de privatizaciones se vería nuevamente suspendida. Los inversores extranjeros no tendrían la seguridad jurídica necesaria para comprometerse con la política de privatizaciones. Y sin apoyos internos ni externos, el espacio de maniobra del gobierno se reduce, de la misma manera en que se reduce su capacidad a futuro para imponer nuevas condiciones.
Ahora bien, ¿qué implicaciones políticas a futuro tiene la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Conaie? ¿Podía la Conaie reconfigurarse políticamente a partir de esta maniobra política? ¿Si se aceptaba su propuesta de declarar inconstitucional la ley trole II, ello repercutiría en los espacios político-organizativos del movimiento indígena? Es cierto, por otra parte que el momento en el cual el Tribunal Constitucional decide apoyarse en el pedido de la Conaie para debatir la Ley trole II, reconoce la importancia política de la Conaie y con ello consolida la posición lograda por la Conaie al interior de la sociedad civil ecuatoriana.
Sin embargo, esta actuación política de la Conaie ha sido más bien discreta y no ha alcanzado las repercusiones que tuvieron los levantamientos y movilizaciones indígenas. Se inscribe más bien en la esfera de la negociación política que de una u otra manera excluye a la mayoría de la población. Indudablemente se trató de una hábil maniobra y refleja la importancia que ahora las instituciones del Estado dan al movimiento indígena.
Pero se trata de una maniobra más bien ajena a las prácticas tradicionales de la Conaie y del movimiento indígena. Dentro de la estructura organizativa de los indios del Ecuador, el diálogo cobra una dimensión fundamental. La Conaie tenía que haber articulado este tipo de recursos políticos, que son totalmente legítimos en la lucha contra un modelo de imposición y de poder, con un diálogo con las bases. Es precisamente desde el diálogo que pueden construirse los consensos. Y los consensos aseguran la participación comunitaria que legitima todo tipo de acción y propuesta.
Pero una maniobra de este tipo, hecha desde la coyuntura, y cuyos tiempos políticos están delimitados por la misma coyuntura, es decir, lo que ahora es pertinente puede dejar de serlo mañana, no se adecúa coherentemente a las prácticas políticas del movimiento indígena. Ello puede apreciarse sobre todo en las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Conaie a inicios de diciembre del presente año. Las resoluciones apuntan justamente a recrear los mecanismos de integración entre la dirigencia y las bases. Es en virtud de ello que la Conaie no ha reclamado como un éxito político la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley trole II. Más que una victoria del movimiento indígena, es una prueba de fuerza para la sociedad civil ecuatoriana que tendrá que mantenerse vigilante ante las pretensiones futuras del régimen, y constituye una coyuntura que revela la complejidad del movimiento indígena, y los delgados límites entre la legitimidad y el poder.
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Luis Macas
La «década ganada» y el surgimiento del movimiento indio
Para entender el contexto socio político y económico en el que las organizaciones indígenas aparecen como actor deliberante en los años 90, hay que empezar analizando el proceso que ha vivido el movimiento indígena que surge en la década de los 80, década que ha sido denominada como «perdida», pero que desde una visión más histórica y a largo plazo, puede ser considerada más bien como una década ganada por el movimiento indígena y por el país, porque es allí donde se logra la unidad organizativa y política del movimiento indígena. El hecho de que varias organizaciones, pueblos y nacionalidades hayan logrado un consenso para construir un espacio organizativo común, y hayan creado la Conaie, es un paso significativo en la historia del movimiento indígena, y porqué no decirlo, de la historia del país.
En 1986 se realiza el Primer Congreso de todos los Pueblos Indígenas que constituye la Conaie. Esto permite que en la década del 90 haya otro paso fundamental del movimiento, es decir, si los 80’s se caracterizaron por ser todo un proceso de estructuración orgánica, en los 90’s lo que se hace es generar propuestas al interior del movimiento indígena con alcance nacional. Una de estas propuestas es la construcción de un Estado Plurinacional, como un objetivo del movimiento indígena; esta propuesta ha logrado ser parte actual del debate de la sociedad y de todos los sectores, planteamiento que, a no dudarlo, ha dado más fuerza al movimiento indígena y ha permitido extender la lucha en otros niveles.
Es alrededor de esta propuesta de construcción del Estado Plurinacional, que ha girado toda la lucha del movimiento indígena a lo largo de la década del 90. Al respecto, una de las luchas más relevantes, aquella del levantamiento indígena del 90, fue primero para que el país logre visualizarnos, es decir, que el Estado nación sepa que estamos aquí, que existimos, que tenemos derechos, que tenemos voz. Y otro de los contenidos de la lucha fue por el rescate de la dignidad de los pueblos indígenas. Otro acontecimiento político de vital importancia en la década del 90 fue la convocatoria a una asamblea constituyente.
Un aspecto que posibilitó la constitución de las organizaciones es a partir del proceso de la educación intercultural bilingüe, proceso que hizo posible penetrar y trascender a todas las nacionalidades. Si bien la educación bilingüe no ha logrado cumplir con sus objetivos, pero es importante resaltar que contribuyó para crear y recrear la identidad y cultura de los diferentes pueblos.
Políticamente las luchas de constitución del movimiento se dan en los momentos más difíciles del país, estamos hablando que en 1986 estaba la derecha conservadora en el gobierno, a través de la represión de Febres Cordero. Esto significó un alto riesgo en la conformación de la CONAIE, pero sin embargo se logró consolidarla. Al respecto creemos que cuando las condiciones son más duras socialmente hablando, nos hacen ver que hay que hacer algo. A pesar de que no hubo el mismo nivel de represión que a los sectores populares, las políticas implantadas por ese gobierno impactaron en todos los sectores. Nosotros surgimos como un espacio democrático dentro de lo que se conocía como democracia, dentro de la política formal y establecida, cuestionando ese mismo concepto y poniéndolo en entredicho, pero con la práctica democrática al interior del movimiento.
Homogenización global y sobrevivencia cultural.
Después de la década del 90, el movimiento indígena está viviendo una crisis de transición, en términos de proceso. Esta crisis es por que hoy las condiciones en que nos pone el mundo son distintas; y mucho más difíciles pues la globalización es arrasante con las diferencias y particularidades, con las diferentes identidades (para no hablar solamente de pueblos indígenas). Si no podemos superar esta crisis – que se refleja en la crisis de identidad – estaríamos en riesgo de perder el referente histórico y de futuro de nuestros pueblos, esas dos condiciones son esenciales para que un pueblo o nación puedan mantenerse y desarrollarse. Y esto se aplica a todos los pueblos que vivimos bajo este cielo del Ecuador, porque no tenemos una nación constituida, y si existe una nación estará aún en un estado embrionario, para que surja ésta se necesita de muchísimos elementos constitutivos de la misma, pero no se lo puede construir a la ligera y con copias de mala calidad.
El problema es que no tenemos un estatus de nación constituída, menos aún para hablar de una nación «original». Algo que nos ayudaría a estar claros en esto es preguntarnos cuál es nuestro referente de nación ahora: para muchos será Norteamérica, Europa, la globalización o el desarrollo. Pero el problema es que no sabemos qué significan para nosotros estos conceptos y elementos, no sabemos qué significan para las 12 nacionalidades y pueblos, incluida la nación blanco mestiza, de este país.
Si no nos ponemos a reflexionar a la manera como lo hacían nuestros mayores que decían «alza tu pie y mira el terreno donde estás«, no llegaremos muy lejos, eso nos hace falta. Esto deviene en la crisis de valores, tanto hablamos de Shuk shungulla, shuk maquilla, shuk yuyailla, que son valores que ahora ya no existen para nada, pues no se enseñan ni en la escuela, ni el colegio ni la universidad. Los valores son parte constitutiva de nuestra identidad.
Esta crisis de valores es el origen de la crisis global, pues no nos permite actuar a partir de lo que somos y creemos, sino a partir de lo que nos han hecho creer que somos, y por eso somos presas fáciles de esta época, que no estamos seguros si es la época del cambio o el cambio de época, pero la verdad es que es un momento beligerante y de eso estamos claros y actuamos en consecuencia. Los pueblos, si de aquí a 10 años, por poner un plazo, no nos detenemos a pensar y reflexionar sobre nosotros, vamos a desaparecer en el río de la homogenidad, a esto llamamos la crisis de la transición. O nos identificamos como tales y pensamos ser realmente lo que los mayores nos han dejado (los sueños de ser una nación original, propia, etc, recogiendo la riqueza de los conocimientos universales), o desaparecemos como individuos y nación.
El papel de la dirigencia en la crisis actual del movimiento indígena
Este momento parece que estamos navegando en las tinieblas, sin embargo no hay que descuidarnos que tenemos un referente que es el pueblo. Si bien la globalización avanza como una saeta, nosotros lo hacemos a pie y con carga en la espalda, incluso en los hechos, por ejemplo, el hecho de que hayamos esperado meses para decir no a la dolarización es una muestra de ello. La forma de actuar, no solo de la dirigencia del movimiento indígena, sino incluso de la interpretación que se ha dado a la realidad, hicieron que se dé un acontecimiento político – el levantamiento de septiembre – que ha sido visto por muchos como un fracaso.
Lo que está en discusión este momento es tratar de encontrar, al interior del movimiento indígena, la manera para que esta crisis tenga una orientación real. El reto de la crisis que vive el movimiento indígena es encontrar una orientación valedera para la superación de tan difícil momento, en ese sentido no es solamente la dirigencia la responsable de las omisiones o errores, y al respecto el pueblo con su sabiduría sabrá que hace.
Para poder salir de este momento es necesario reconocer lo que se hizo y no se hizo durante este período de 10 años y eso pasarlo por una evaluación seria de los acontecimientos coyunturales, pero tampoco se ha hecho una evaluación general del movimiento indígena, entonces eso no nos permite ver cuáles han sido los alcances de los resultados si los hay, y con qué horizonte podemos seguir haciendo algo para el futuro.
Como movimiento indígena, si no tenemos una evaluación seria por ejemplo sobre lo sucedido el 21 de enero, simplemente no podremos caminar y potenciarnos a futuro. Uno de los problemas al interior del movimiento quizá sea que hay intencionalidades individuales a su interior. Sin embargo, lo necesario y urgente ahora es un reencuentro entre las bases y la dirigencia y que este reencuentro pase por un sinceramiento mutuo, a fín de ser mucho más cautos y reales, eso hace mucha falta en nuestro movimiento.
Para entender el proceso después del 21 de enero, proponemos algunas líneas de trabajo, que a la vez son aspectos estructurales al interior del movimiento que determinaron que los hechos se den de esa manera.
Las organizaciones y no sólo la indígena, nos movemos en el discurso de la derecha, actuamos y desarrollamos nuestras posturas de acuerdo a como la derecha concibe y piensa este país, de ahí que cuando ellos ponen la dolarización, actuamos en respuesta de eso, o ponen las privatizaciones nosotros rechazamos eso, claro presentamos propuestas, pero eso hace que nuestro accionar esté en cierta medida determinado por lo que ellos hacen. En algunos casos incluso al aceptar que ellos den las soluciones a los conflictos, obligándonos a actuar independientemente y por intereses propios, como el caso de los maestros, los obreros, el sector de la salud, los transportistas, etc. De ahí que resulta válido y urgente sentarse a pensar ese nuevo modelo político que busque revertir esa correlación de fuerzas, donde el escenario sea mejor. Para ello hay condiciones, insumos y capacidades propias.
Analizando el evento del levantamiento de septiembre, podemos decir también que, en relación a las bases del movimiento, hay un estancamiento en el discurso de la dirigencia. El haberse salido de una lógica, que es suya produce eso, por ejemplo, todos conocemos que hay una serie de rituales que se cumplen, para la cosecha y siembra del maíz u otros productos en esta época; sin embargo la dirigencia convoca a un levantamiento precisamente cuando se cumple este ciclo agrícola y se lo hace con eventos colectivos como la fiesta, a este elemento nos referimos al hablar de estancamiento.
Por otro lado, en la asamblea que decide el levantamiento, los representantes de las organizaciones no estuvieron ahí legítimamente, de otra manera ellos habrían manifestado la necesidad de postergar la protesta para otra fecha. Sobre eso cabe decir enfáticamente que además del desconocimiento de las bases, la convocatoria no tuvo real legitimidad y sobre todo, el movimiento indígena no puede estar al tono de algunos dirigentes de los movimientos sociales, los resultados de lo ocurrido son una demostración clara de ese hecho, pues el movimiento no actúa como una central sindical de trabajadores donde se pone una multa si alguien no acude al llamado de la dirigencia.
Con eso tampoco se debe dejar de lado el hecho de que la conducción política está fallando. La práctica – y en eso se ha basado el éxito del movimiento indígena- es la de los consensos, incluso para los levantamientos, si no hay consensos no hay nada. Tampoco hay que confundir los consensos y lo que pasa en el Congreso Nacional, donde todo se da a través del voto (que también es susceptible de ser comprado, negociado), ahí la dirigencia no debe entrar en ese mismo juego supuestamente democrático, pero que no es válido en la lógica del funcionamiento cultural indígena.
La dirigencia debe saber manejar la lógica nacional, pero sin olvidar la lógica cultural étnica de nuestros pueblos. Si no logramos empatar y manejar estas dos lógicas muy posiblemente se cometerá la locura de convocar a un levantamiento en navidad u otros días festivos. Para que pase algo en este país el asunto cultural juega mucho y las dirigencias deben tomarlo en cuenta siempre.
Una evaluación política necesaria
Nuestra debilidad como movimientos organizados en el Ecuador ha sido que no nos sentamos a conversar entre «diferentes», a nosotros nos hace falta lo que a nuestros mayores les sobraba, el trabajar en colectivo. Nos hemos hecho mezquinos, por tanta mala influencia en estos 500 años (valores, patrones extraños), que ahora nos resulta extraño siquiera mirarnos de frente y reconocernos como seres que conviven bajo un mismo cielo.
Tan separados estuvimos durante la colonia que tenemos un esquema cerrado que no nos permite el acercamiento entre el indio y el otro, aún hay recelos de lado y lado en ese aspecto. Tampoco es cierto que ya se han superado todos los obstáculos para poder celebrar un encuentro. El cómo ponernos de acuerdo, es algo que se debe ir pensando, pero sin caer en el discurso demagógico, pues siempre se habla de la unidad, de la propuesta unitaria, pero en lo práctico esa debe ser la herramienta para ir creando una verdadera propuesta alternativa.
Sin embargo hay un desempate histórico en nuestras visones que también impiden una real unidad, y eso se da por que no se inició este proceso de auto reconocimiento antes. En algún sentido eso ocurre entre la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS) y el movimiento indígena, a pesar de que ahí entramos con propuestas conjuntas y reales, precisamente para no tratar de que este discurso se quede en eso. Este desencuentro que ahora la opinión pública lo ve como reciente, requiere una explicación histórica, el hecho de que no se haya logrado hasta ahora, también es por que todavía hay prejuicios políticos.
Por ejemplo mientras en los años 60, ó 70 la izquierda luchaba por hacer campesinos a los indios, los indios luchábamos por no dejar de ser indios; entonces ese esquema todavía prevalece en la lógica de la izquierda ecuatoriana, y esto sin desconcer la necesidad de que el indígena se politice para poder entender la gran magnitud del problema social, pero ese es sólo el primer paso. Al respecto las organizaciones sociales herederas de al izquierda deben tener un proceso similar que nos lleve a entendernos.
El desempate con las organizaciones sociales está ahí, en el interior del movimiento, mientras nosotros nos cerramos en lo étnico y cultural – pues esa dimensión es grande e importante para nosotros – para los otros, es mito y entra en un espacio difícil de codificar y entender. De ahí que se busquen, desde el lado de los intelectuales de izquierda, categorías basadas en lógicas de pensamiento occidental (como campesino) para entender nuestra manera de actuar y pensar. Pero se obvia en los análisis sociales el tema étnico, tan importante para explicarnos muchas de las particularidades del movimiento indio. Ahí vale aclarar que estas dos categorías (étnia y clase) son distintas entre sí, por lo cual no se debe usar la una para entender la otra o viceversa. Por tanto los puentes para encontrar verdaderos espacios de diálogo entre «los distintos» deben estar basados también en la discusión desde lo teórico conceptual, así podremos separar los límites de interpretación que también son producto de el haber estado conviviendo de espaldas tanto tiempo.
Ahí es necesario ver con mucha claridad esas dos lógicas que todavía tienen los márgenes trazados y que ninguno de los espacios puede realmente sobre pasar; por ejemplo la lógica del desarrollo, que para nosotros es el causai en quichua, es el bienestar, ahí no entra la lógica del Capital ni del mercado, pero en las organizaciones sociales esta visión es entendible e interpretable desde ahí. Eso todavía no se logra superar, por lo cual se requiere de mucha reflexión en conjunto, pues nos falta mucho de aprender, eso es lo que llamamos en el discurso la interculturalidad y por eso no se fragua una propuesta global de país. Este tema nos conduce a llegar a entendernos, pero ahí sobre todo debe prevalecer la identidad política, en este sentido a la derecha no le interesa este aspecto. Necesariamente al hablar de interculturalidad, vemos que el espacio de diálogo no está creado todavía, por tanto el debate teórico de la interculturalidad ya debe rebasar lo teórico hasta convertirse en una actitud.
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Augusto Barrera G.
Franklin Ramírez G. (1)
Luego de prácticamente dos años de iniciado el «malestar regional», los distintos actores sociales y políticos comienzan a posicionarse de forma m 1s estructurada respecto de los sentidos y efectos del proceso. Esto permite pensar que el proceso de reforma entra en una etapa más sustantiva de procesamiento.
La primera fase de formación del debate y de propagación de las demandas autonómicas puede ser caracterizada básicamente como un período en que la ‘retórica reformista’ emerge como parte de la disputa por los escasos recursos y poderes que el estado central había controlado, medianamente, hasta hoy. El binomio identidad/territorio ha sido particularmente útil dentro de esta estrategia: el espacio y la pertenencia locales fungen como vehículos de legitimación y sostenimiento de las propuestas autonómicas. En este sentido, la referencia explícita a las modalidades institucionales de reconstrucción del Estado ha sido por demás exigua.
En las últimas semanas, sin embargo, la discusión va adquiriendo cierta consistencia y fisonomía. Solo para citar algunos episodios que dan cuenta de la intensidad con que el tema ha sido abordado cabe mencionar el evento convocado por las Universidades Guayaquileñas, la última reunión del CONCOPE, la convocatoria de varios alcaldes en la Universidad de Cuenca, los debates dentro del G-6, diversos foros impulsados por la Cámara de Comercio de Quito y por la Universidad Católica de la misma ciudad. Por último fue el tema de la sesión conmemorativa del aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco de Quito y de cotidianos pronunciamientos de líderes políticos, autoridades seccionales, editorialistas y medios de comunicación
Si estos eventos tienen alguna utilidad es la de fijar elementos para establecer un balance de los acuerdos que se van formando, para delimitar las dificultades subyacentes, y en tal sentido, ensayar formas de procesar los acuerdos y divergencias. Este texto recoge y elabora, precisamente, algunos de los aspectos claves que han sido colocados en el debate y propone algunas alternativas para el tratamiento de la cuestión.
1. El agotamiento del modelo de Estado centralista, pero, ż qué es el centralismo?
Un de los consensos ‘primordiales’ atañe a la visión sobre el agotamiento del modelo de estado «central» caracterizado por modalidades excluyentes, distantes y poco flexibles de gestión e intervención. Virtualmente todos los actores del debate parten de la constatación de la condición de crisis del estado central. A pesar de este punto de partida – el lugar más común en todos los discursos y propuestas- la discusión no se detiene en comprender el carácter de tal agotamiento y de sus causas.
Así por ejemplo, las investigaciones realizadas a propósito del tema demuestran la inconsistencia del argumento por el cual el centralismo es asumido como una modalidad de intervención estatal construido en torno de una cierta lógica de localización espacial (dirigida desde y según las pautas de la burocracia estatal ‘quiteña’).
Parece más apropiado identificar que, siendo efectivamente cierta la incidencia del rol del estado en la concentración y centralización económica características de la formación económica del país en las últimas décadas y particularmente en los últimos años, el Estado ha direccionado un volumen inmenso de recursos para sanear las quiebras de agentes económicos precisos, dentro del sistema financiero privado y dentro de determinados grupos empresariales. Si solamente se compara los cerca de 500 millones de dólares que serán entregados según la proforma presupuestaria del 2001 aprobada por el Congreso nacional con los 5.000 millones de dólares (en cálculos moderados) transferidos a tales grupos como parte de la crisis bancaria, resulta que la intervención estatal tiene beneficiarios específicos cuya localización dista de tener un anclaje espacial predeterminado.
2. El problema de las cifras
El evento de discusión organizado por las Universidades guayaquileñas tuvo como objetivo central aclarar la polémica sobre la divergencia de las cifras e indicadores de las condiciones y los efectos en que el modelo autonómico puede ser instaurado. En dicho evento, finalmente, se explico tales discrepancias en relación a las diversas metodologías que fueron utilizadas para los estudios, a pequeñas diferencias en términos de las fuentes consultadas y la ausencia de una metodología única para establecer los niveles de autonomía fiscal de las provincias.
La construcción de una metodología única es un trabajo pendiente; la formalización y extensión de su aplicación será posible en tanto que el mismo estado adecue sus modalidades de registro y procesamiento de la información fiscal y establezca los criterios de territorialización de la recaudación tributaria, de la deuda externa y de otras inversiones que realiza nacionalmente.
No han sido desvirtuados los resultados que, en términos de tendencias, arrojan las investigaciones de CORDES, ILDIS-CIUDAD y la CCQ y los datos del propio CONAM en el sentido de que solo las provincias de Guayas y Pichincha tienen condiciones para sustentar su gasto y ser auto-suficientes, a partir de los impuestos recogidos en esas provincias. Esta es una situación evidente en tanto en estas provincias se concentra la mayor parte de la producción del país. Es además razonable por cuanto el grueso de los ingresos estatales, incluyendo la proforma presupuestaria de 2001, tiene sus mayores rubros de ingresos nacionales. Para la proforma recientemente aprobada por el congreso nacional, 37% de los ingresos provienen de recurso petroleros y 20% de endeudamiento.
En esta línea de argumentos, dos condiciones aparecen como básicas para la viabilidad del proceso de descentralización: la necesidad de un pacto y una reforma tributaria de fondo (ingresos y egresos) y por otro lado la urgencia de disminuir la tendencia del endeudamiento externo privado y la absoluta dependencia del petróleo como fuentes de financiamiento del presupuesto nacional.
Tal como ha sido señalado en otros estudios los procesos de descentralización, y más aún aquellos de autonomías, implican mayores gastos para el estado. Una bien informada presentación de un funcionario del BID en el marco del encuentro de Guayaquil señala que incluso en un escenario favorable, y bajo un régimen dolarizado, el régimen de autonomías significaría un aumento del déficit fiscal de al menos 1,8% del PIB hasta el 2004. En un escenario desfavorable, podría llegar a 2.5% en el 2005. Las razones son varias, entre ellas el hecho que el estado no puede dejar de efectuar ciertos gastos el momento de descentralizar tal actividad (contratos colectivos, campañas nacionales, proyectos en marcha, etc.). (Moritz Kraemer, «Mejores prácticas internacionales en la descentralización fiscal y el caso ecuatoriano«. Guayaquil, noviembre 2000)
El segundo argumento en este sentido es la oposición de casi todo los entendidos a regresar a formas de fijación abierta y sin límites de impuestos locales. Algunos editorialistas han recordado que esa practica fue vivida por el país hasta hace unos treinta años y llegó al punto al que el estado debió suprimir mas de 1.200 impuestos y tributos que virtualmente todos los municipios impusieron a un gran número de productos que fueron gravados cuando la potestad era abierta. (Enrique Echeverría, El Comercio, 4 de diciembre 2000)
Además de estos aspectos, y en referencia explícita al anteproyecto del CONAM, resultan preocupantes los criterios establecidos en relación con las facultades tributarias de las autonomías en torno a dos puntos:
a) las tasas e impuestos creados por los parlamentos, así como el financiamiento a partir del impuesto a la renta, generaría mayores distorsiones e inequidad territorial. Tanto por que aquellas con mayor capacidad de tributación se despegarán de aquellas de menor, como por los sesgos que existen en la recaudación de impuestos como el IR.
b) El criterio de fondo de compensación es correcto, por supuesto habría que definir exactamente los criterios. Lo que no es claro en absoluto es ni el monto ni la forma de conformarlo.
3. Aspectos jurídicos políticos
Tanto la aprobación de la pregunta como la aprobación del anteproyecto de ley supondrían la modificación sustancial de la Constitución Política del país. Algunos juristas han hablado de al menos 100 artículos a reformar, puesto que se establece una nueva modalidad de representación con el parlamento autonómico, se les faculta para definir impuestos y tasas (sobre-tasas y sobre-impuestos), las funciones de control se modifican sustancialmente y queda en un peligroso vacío el rol de los municipios. Los vacíos en relación con la constitución del congreso y la potestad de los parlamentos autonómicos frente al nacional son las mayores interrogantes que se abren.
Las observaciones realizadas por AME hacen relación a la invisibilización absoluta de los municipios en el anteproyecto del CONAM y a la oscura relación de subordinación-coordinación entre los gobiernos autonómicos y los municipios.
Dos observaciones adicionales de carácter general tienen que ver con la ausencia total de las circunscripciones indígenas en el nuevo mapa institucional del estado, y en la escasa referencia a las modalidades de participación y control ciudadanos.
4. Aspectos político administrativos
El mantenimiento de dos regímenes -uno de carácter descentralizado y otro de corte autonómico- va a crear complicaciones institucionales y, muy probablemente, fiscales (sobre todo en el caso de las provincias con menores desarrollos relativos). Por ejemplo en relación con el fondo de compensación: con qué criterios se compensa a unas (autónomas) y no a otras, etc.
Más que un desagregado de funciones específicas, tal como lo hace el anteproyecto, debería plantearse un complejo institucional policéntrico que intervenga abiertamente en la promoción del desarrollo local. Es insuficiente hacer un listado de competencias desagregadas si al mismo tiempo no se fortalece la idea de un verdadero gobierno del territorio con capacidad de regular y planificar los flujos de la economía local. De hecho, una de las grandes dificultades de la actual estructura es la poca relación coordinación y articulación, no sólo entre el RSA y el RSD, sino entre municipios y consejos provinciales (en este caso con las autonomías provinciales). Habría que establecer de modo explícito y obligatorio un nivel de articulación que fije responsabilidades, competencias, etc., máxime si el presupuesto provincial va a ser distribuido desde el GP a los cantones.
La misma observación puede hacerse en relación con el Gobierno central. La comisión de competencias que ha sido establecida es absolutamente insuficiente como instancia para repensar el desarrollo del territorio nacional. Persiste un hiato entre «lo nacional» y «lo provincial». Debería entonces establecerse un mecanismo tal como el Sistema Nacional de Planificación como instancia para armonizar las grandes inversiones y prioridades nacionales con los planes de cada autonomía.
Están adelantados algunos trabajos sobre la distribución de competencias entre los niveles provinciales y los municipales que pueden dar una idea más clara de la articulación que puede hacerse.
5. Observaciones al procesamiento de las reformas
A continuación se exponen algunas de los aspectos más conflictos, tanto en relación con la consulta popular como en lo referente a la propuesta de anteproyecto de ley presentada por el CONAM.
La estrategia adoptada por el Gobierno es, por decir lo menos confusa y problemática. Si por un lado se da por sentada la pertinencia y viabilidad de la pregunta para la consulta popular, por otro lado se abre un «debate» alrededor del anteproyecto de Ley.
Esta estrategia tiene una contradicción de fondo en tanto la pregunta tal como está formulada:
a) es virtualmente una síntesis que recoge el sentido del proyecto que se encuentra supuestamente sometido al debate y que tiene, hasta hoy, críticas y observaciones de fondo y de forma de casi todos los sectores involucrados.
b) no ofrece, tal como ocurrió en las consultas provinciales, ningún tipo de alternativa cierta para ser escogida. La formulación maniquea de una opción A ‘para que todo cambie’ y una opción B ‘para que nada cambie’, obscurece totalmente los principios elementales de la elegibilidad democrática.
c) el uso doble del resultado, nacional y provincial, hace imposible un procesamiento global de la consulta: żqué va a ocurrir si la pregunta nacional pierde y al contrario gana en unas provincias?, o al contrario, żqué ocurrirá si la votación nacional es favorable a la pregunta y, en cambio, pierde largamente en otras? Frente a los dos casos posibles, el resultado será el estrechamiento de las posibilidades de construcción de un acuerdo y la mayor polarización regional del debate sobre las reformas propuestas.
A estos aspectos, ya de por sí conflictivos con relación a la estrategia política del régimen, se ha sumado el anuncio de la creación de una nueva comisión de descentralización que profundice este proceso, para responder de forma específica a las demandas de la Sierra. Probablemente, la formación de una opinión pública informada y por tanto contraria, ha hecho retroceder al Ejecutivo y «descubrir» que efectivamente tiene un mandato constitucional y legal que le obliga a presentar un Plan nacional de descentralización y a iniciar real y efectivamente este proceso con una perspectiva nacional. Pero estas exigencias que han dormido, sospechosamente, en el cuerpo de la Nueva Constitución y de la Ley de descentralización, no deberían restringirse a un ámbito de aplicación (la sierra), sino hacia todo el país.
Quienes han seguido de cerca las experiencias de descentralización o el establecimiento de un régimen de autonomías en el mundo saben perfectamente que se trata de un proceso largo que tiene, en la conformación de reglas claras de juego y en el carácter procesual de su instauración, dos características claves para un despliegue efectivo de los nuevos modelos de gobierno. Incluso, en el caso español por ejemplo, la puesta en vigor de un nuevo «modelo» supuso la definición de un periodo pre-autonómico que en algunos casos duró varios años y que, luego de tal fase ‘experimental’, devino en el establecimiento de un régimen nacional de autonomías a las que finalmente se acogieron no solo las comunidades históricas sino todo las demás regiones del país. El objetivo principal, entonces, era la convergencia institucional para la construcción de un modelo homogéneo de Estado.
En esta perspectiva, resulta lógica e históricamente insuficiente hablar del fracaso de la descentralización como argumento para fugar hacia delante a las autonomías A excepción de iniciativas puntuales, aisladas y sobe todo presionadas y gestionadas desde los gobiernos locales, no ha existido la menor voluntad política y la racionalidad administrativa para emprender una descentralización verdadera en el país.
Con todos estos antecedentes se puede afirmar que el debate autonómico aún no termina por enfrentar dos aspectos medulares que permitirían viabilizar una profunda reforma de la sociedad nacional (y no solo de sus fragmentos provinciales o institucionales):
— las dimensiones, causas, efectos y consecuencias de la heterogeneidad estructural y las disparidades regionales que esta trae consigo. Las investigaciones realizadas por CIUDAD y el GDDL, más aquellas que enfatizan en las dimensiones fiscales del problema, son concluyentes con relación a las distorsiones que operan en la estructura socio espacial del país, en términos de producción, productividad, flujo de capital y recursos estatales.
— el hecho de que, más allá de los niveles administrativos y fiscales, está en jugo un modelo de desarrollo y en el amplio sentido un modelo de estado. Vale decir de una nueva institucionalidad que emerja de un renovado contrato social, cultural y territorial.
En todo caso, las últimas iniciativas del Ejecutivo: la convocatoria a Consulta popular, la presentación del Anteproyecto de ley de autonomías y la tardía reestructuración de la Comisión de descentralización propuesta en estos últimos días, establece condiciones propicias para buscar reorientaciones en el curso del debate sobre la reforma estatal
6. Algunas propuestas para el tratamiento de las reformas
En este nivel se presentan algunas estrategias alternativas para procesar las demandas reformistas:
a) Exhortar al Presidente de la República para que disponga la modificación y sustitución de la pregunta (ya pautada) que será sometida a Consulta Popular, por otra que reconstituya una visión nacional e incorpore alternativas razonables de reforma del estado: sea pre-autonomía, descentralización, autonomías. Esto implicaría diferir los plazos de realización de la consulta hasta que el debate público nacional se pronuncie de forma sólida sobre los sentidos de la reforma.
b) Reconstituir la Comisión Nacional de Descentralización, Autonomías y Circunscripciones Indígenas en una forma tal que incluya a la comisión del Congreso Nacional encargada del asunto, y a una representación más plural de la sociedad civil, y que incorpore las observaciones realizadas desde AME/CONCOPE.
c) Constituir como parte del Sistema Nacional de Planificación, consagrado en la Nueva Constitución de la República, el CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION SOCIAL Y TERRITORIAL con la participación de las autoridades del régimen seccional autónomo
d) Promulgar a la brevedad posible un Plan Nacional de Descentralización, tal como está estipulado en la Nueva Constitución y en la Ley de Descentralización y participación social. Este Plan, de cumplimiento obligatorio, deberá determinar competencias, recursos y plazos del nuevo ordenamiento a ser ejecutado desde enero del 2001.
e) Definir los criterios con los que se gestionará: el endeudamiento de los gobiernos subnacionales, el manejo del patrimonio y de las empresas públicas y la reforma tributaria, dentro del nuevo ordenamiento estatal.
Se trata de generar las condiciones para encaminar un profundo proceso de reforma estatal en el país en un sentido tal que se active una dinámica sistémica de cambio político y social que modifique no solo los códigos de la política formal sino sobe todo la matriz de poder social y las correlaciones y disparidades económicas y territoriales sobre las que esta se asienta.
1. Investigadores del Centro de Investigaciones CIUDAD. Esta versión del documento de trabajo fue elaborada el 7 de diciembre de 2000.
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Pablo Dávalos
De las economías de relativa importancia en América Latina, el Ecuador ha sido el único país que ha expresado de manera explícita su compromiso de pertenecer al área dólar, bajo un esquema de pérdida completa de soberanía monetaria y de adscripción con todo tipo de concesiones a la política exterior de los Estados Unidos de América. Habría que añadir también la propuesta del gobierno de El Salvador de dolarizar su economía al estilo del Ecuador.
La decisión de dolarizar la economía ecuatoriana significa un gran triunfo político para los Estados Unidos y la consolidación de una iniciativa que pone a América Latina bajo el dominio directo del dólar americano. A la decisión ecuatoriana habría que incorporar también la convertibilidad argentina. Empero de ello, cuáles son los argumentos que sustentan las propuestas de dolarizar o de tener una caja de conversión fija? Porqué los denominados agentes económicos aceptan este tipo de medidas sin que medien procesos de resistencia o de oposición a estas medidas? Porqué ha calado tan hondo la idea y la propuesta de dolarizar las economías?
Tanto la dolarización cuanto la convertibilidad son esquemas que en economía se conocen con el nombre de tipos de cambio fijos. Su pertinencia en el debate político y económico de latinoamérica se hizo más acuciante ante el fracaso de las medidas de ajuste estructural y estabilización macroeconómica preconizadas desde inicios de los años ochenta, por las multilaterales de crédito, en especial el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el desarrollo (BID), entre las más importantes.
En efecto, mientras más se «ajustaban» las economías al tenor de las recomendaciones del FMI, más aguda se volvía la crisis, más vulnerable se demostraba el aparato productivo interno frente a los shocks externos, más profunda se volvía la recesión, y más rápidamente se extendía la pobreza. El razonamiento del FMI se basaba en una lógica de tienda de esquina: si los egresos son mayores que los ingresos, entonces es necesario o bien aumentar los ingresos (generalmente vía impuestos regresivos), o bien disminuir los gastos (vía reducción del gasto en inversión, en salud, en educación, en bienestar social), o una mezcla de ambas cosas.
La situación se volvió así crítica para millones de personas que de repente vieron fragilizarse sus condiciones de vida y su situación laboral. Se generaba un ciclo perverso en el cual a medida que se profundizaba la crisis se adoptaban medidas de ajuste cada vez más drásticas que conllevaban a nuevas y más graves situaciones de crisis, fragilizando el tejido social, generando incertidumbres sobre la situación económica del corto plazo para millones de hogares, destruyendo el aparato productivo interno, provocando comportamientos especulativos en la población, desgastando las posibilidades de la política económica. Una situación que buscaba salidas políticas a través de los populismos de derecha, o de regímenes de facto. El ajuste económico se reforzaba de esta manera a partir de los mismos efectos negativos que generaba.
Por otro lado, las repercusiones de la crisis financiera internacional llegaban a los mercados internos por la vía de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras. Estas devaluaciones, que fueron altamente recomendadas por el FMI para promover las exportaciones, terminaron por erosionar la capacidad adquisitiva de los hogares, generando serias y soterradas resistencias a todo tipo de políticas que recomienden la devaluación del tipo de cambio doméstico.
Es justamente allí cuando desde el punto de vista del monetarismo se insinuó la posibilidad de que cambiando la moneda nacional por una divisa fuerte, en la ocurrencia el dólar americano, los problemas derivados de la moneda nacional, como la devaluación con la consiguiente inflación y aumento en las tasas de interés, podrían resolverse de una vez por todas.
Para el monetarismo, que es una versión del neoliberalismo imperante en la economía, la culpa de los males de un país los tiene su moneda. Si existe inflación, dicen los monetaristas del FMI, es porque los políticos han hecho funcionar la máquina de hacer billetes (emisión monetaria) de manera irresponsable, entonces es necesario quitarles esa atribución y con ello los problemas ligados a la moneda, como la inflación o las altas tasas de interés, desaparecerán.
Un razonamiento que a primera vista parece bastante efectivo, y precisamente por esa efectividad ha funcionado a nivel ideológico como argumento de peso para la dolarización. Empero de ello, las cosas no son tan simples como lo creen los monetaristas del FMI. Y la prueba concreta está en el caso ecuatoriano.
Efectivamente, el Ecuador se ha convertido en virtud de sus particulares condiciones sociales, políticas y económicas, en una especie de laboratorio en el cual pueden practicarse una serie de procesos sociales, que, de tener éxito, podrían luego replicarse en otros países o regiones.
Sucedió así cuando Ecuador no pudo pagar la deuda externa de los Bonos Brady. Entonces el FMI ideó una estrategia que serviría ante la eventualidad que un país grande o un conjunto de países entren en la misma situación de moratoria de la deuda externa. Esa estrategia apuntaba a medir la reacción de los mercados financieros de capitales ante dos escenarios, el primero es aquel por el cual un país deja de pagar los Bonos Brady, y el segundo es cuando ese país propone un esquema de renegociación de la deuda externa. La reacción de los mercados mundiales de capitales, podría ser medida a partir de su respuesta ante la situación ecuatoriana y en virtud de esta respuesta se podrían delinear estrategias que sirvan para momentos en los cuales las economías más grandes acudan al mismo proceso de renegociación.
De esta misma manera, el Ecuador sirve ahora de laboratorio de experimentación para controlar los efectos económicos, políticos, sociales y hasta simbólicos de la dolarización. Si el experimento ecuatoriano tiene éxito, entonces es bastante probable que la dolarización se inscriba con fuerza en el debate político y en el horizonte de acción al mediano plazo de los países latinoamericanos.
Pero una evaluación de tal experimento demuestra que el proceso de dolarización está provocando mayores problemas que aquellos que supuestamente iba a resolver. En efecto, se pensó que con la dolarización las tasas de inflación domésticas se pondrían al mediano plazo al mismo nivel que en los Estados Unidos, es decir, alrededor de un 4% anual. Este fue uno de los argumentos más utilizados para provocar adhesiones y legitimidades al proceso de dolarización. Un segundo argumento, asimismo utilizado de manera insistente, radicaba en la pretensión de que las altas tasas de interés vigentes descenderían al mismo nivel de aquellas de Estados Unidos, algo así como un 6% de tasa activa anual. Un tercer argumento insistía en el hecho de recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios perdida a partir de las continuas devaluaciones. Y un cuarto argumento, señalaba en la desaparición de la incertidumbre provocada por la inestabilidad del tipo de cambio.
Respecto a los argumentos en contra no se dijo casi nada desde el discurso oficial, y sobre los riesgos que implicaba la dolarización casi no se habló en absoluto. Ahora bien, a casi un año de la imposición de la dolarización en Ecuador, qué resultados podemos evaluar? Qué consecuencias podemos deducir hasta ahora? Qué aspectos son los más importantes a reseñar? Ha tenido éxito la dolarización en Ecuador?
Los datos existentes a la fecha nos dicen que no. A casi un año de dolarizar al Ecuador, se puede constatar la existencia de algunos fenómenos importantes:
Primo: la inflación se disparó a partir de la imposición del esquema de dolarización. En efecto, en 1999, la media anual de inflación a diciembre de ese año estaba en el 43.4%, a la sazón la tasa de inflación más alta de toda América Latina. Una vez aprobado el esquema de dolarización al mes siguiente (enero del 2000), la tasa de inflación se incrementó súbitamente al 3,1% mensual, pasando a un acumulado del 60% anual, y para fines del año 2000, la inflación se situaba por encima del 100% anual, y amenaza en convertirse en inflación rampante previa a un proceso de hiperinflación. Esta situación es absolutamente inédita en el Ecuador, que ha tenido un promedio histórico en el último decenio de 30% de inflación acumulada anual.
Secondo: las tasas de interés expresadas en dólares se situaban en alrededor del 10% a diciembre de 1998. Si bien es cierto que la tasa de interés expresada en sucres llegó a un astronómico 280% con los intereses que pagaba el Estado por los bonos de estabilización monetaria al corto plazo, las transacciones hechas en dólares promediaban el 10% anual. Para enero del 2000, las tasas de interés suben al 15% anual, y cinco meses más tarde se situaban en alrededor del 20% anual. El mismo Banco Central habría de participar en el mercado financiero imponiendo un techo máximo para las tasas de interés activas en el 25% anual.
Tertio: El salario mínimo vital, a enero de 1998 se situaba en alrededor de 20 USD, para enero del 2000, el salario mínimo vital era de apenas 4 USD. El salario unificado, que integra a su interior varios componentes de compensación salarial, para enero de 1998 se situaba en alrededor de 163 USD, para enero de 1999 se situó en alrededor de 141 USD, y para enero del 2000, estuvo en 48 USD. En virtud del grave desajuste provocado a nivel salarial, el gobierno decidió a mediados del año 2000, incrementar el salario más los componentes de bonificación salarial en alrededor de 100 USD, es decir, en apenas dos años se había perdido un 60% de la capacidad adquisitiva, y la dolarización no había posibilitado, al menos hasta fines del año 2000, una recuperación del salario de los trabajadores.
Tetra: las exportaciones no petroleras ecuatorianas, en 1998 alcanzaron los 3.280 millones de dólares, para 1999 bajaron a 1.650 millones de dólares, y a fines del año 2000, no llegan a los mil millones de dólares. Se puede notar una pérdida de competitividad en el sector floricultor que ha cedido posiciones frente a los productores más competitivos de la región, en el sector camaronero que sucumbió ante los problemas de la «mancha blanca», y en el caso del banano que tuvo problemas de negociación internacional sobre todo con el mercado europeo. Es decir, la dolarización no ha provocado cambios importantes que revitalicen a uno de los sectores más estratégicos de la economía.
Una evaluación superficial y muy grosso modo delineada, da cuenta de que el proceso de dolarización en el Ecuador no tiene mayor viabilidad en el mediano plazo, y que actualmente se sostiene gracias al espejismo petrolero y a las remesas que cotidianamente envían los miles de exiliados por la crisis y el hambre. Vistas así las cosas, el futuro del Ecuador es bastante incierto y la dolarización, una vez pasado el espejismo petrolero se revelará como una camisa de fuerza que podría sumir al país en una crisis
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