By icciec2024
Existen algunos elementos que configuran nuevos escenarios para la actual situación política, económica y social del Ecuador, uno de ellos hace referencia a la aprobación de la denominada Ley «Trole II», un conjunto de reformas a 31 cuerpos jurídicos que posibilitan la privatización del sector público en condiciones bastante onerosas para el Estado Ecuatoriano, la supresión de políticas sociales, la flexibilización laboral, entre las leyes más importantes que se han aprobado, y, de otra parte, el denominado «Plan Colombia», que abre un periodo de incertidumbres cuyo signo más evidente es la sensación de que el Ecuador ha entrado de manera gratuita en una guerra de la cual no es parte, pero que sin embargo sufrirá sus consecuencias.
Esta doble tenaza, por así decirlo, ha generado un ambiente de tensa conflictividad y en la que la sociedad civil ecuatoriana se siente rehén de intereses que escapan a su comprensión, y sobre los cuales no tiene ingerencia para decidir, o para, al menos, cambiarlos. Así por ejemplo, la decisión de otorgar una base militar en el puerto de Manta a los Estados Unidos, se tomó tras bastidores y sin que el Congreso Nacional apruebe tal tratado, y, sin la discusión y el conocimiento de la sociedad civil ecuatoriana.
De igual manera, las leyes que se aprobaron en le Ley «Trole 2», se impusieron sin que medie ninguna participación de la sociedad civil, ni de los actores directamente involucrados con la ley, como por ejemplo los sectores sindicales, los sectores agroexportadores, etc., y, ni siquiera, con la aprobación del Congreso Nacional. De esta forma, la democracia ecuatoriana se va revelando como un mecanismo social que articula formas discursivas basadas en la retórica de la democracia y la modernización para garantizar el dominio de las élites económicas y políticas sobre el conjunto de la sociedad.
En Ecuador, el discurso de la democracia ha servido hasta ahora como coartada para frenar, justamente, la posibilidad de abrir el espacio de lo social a la participación pública en condiciones de transparencia, equidad y justicia. Los mecanismos que legitiman la democracia existente en el Ecuador, paradójicamente, aseguran la exclusión, perpetúan el autoritarismo y son propensos a generar formas clientelares, paternalistas y patrimonialistas de asumir la política.
Así por ejemplo, mientras que la Carta Fundamental recoge los Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, garantizando su integridad del territorio, su cultura y su medio ambiente, la recientemente aprobada Ley «Trole 2», hace tabla rasa de estos derechos y garantiza las prerrogativas de los sectores madereros, mineros, empresas petroleras, empresas dedicadas a la agroexportación, etc., por sobre cualquier otra consideración.
El Estado Ecuatoriano, a pesar de haber incorporado los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas a su Constitución, y a pesar de haber aprobado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por la cual se reconocen los derechos de los pueblos ancestrales, hasta el momento no ha realizado ningún esfuerzo, ni ninguna iniciativa, por armonizar los cuerpos jurídicos existentes con los Derechos Colectivos.
Empero, todo el ordenamiento jurídico existente, así como todas las formas de regulación social, se subordinan de manera inmediata a los nuevos requerimientos políticos y económicos de las élites, quienes han impuesto sus necesidades particulares como tareas históricas a ser asumidas por toda la sociedad. El discurso que legitima y justifica esta manipulación social es aquel de la modernización.
Para este discurso, se comprende a la modernización como la estrategia destinada a incrementar la productividad nacional garantizado el aumento del nivel de vida del conjunto de los ciudadanos. De esta manera, y a partir de esta concepción, se ha generado todo un universo simbólico en el cual la modernización es casi un fetiche por el cual los graves y estructurales problemas de la sociedad ecuatoriana podrían resolverse rápidamente.
Sin embargo, las élites han articulado alrededor de la idea de la modernización y la supuesta necesidad histórica de imponerla, una retórica por la cual la única posibilidad de modernizar el país sería transfiriendo la regulación social y la asignación de recursos a los mecanismos de mercado, y, por ende, entregando las funciones, servicios, infraestructura y empresas del Estado al sector privado, un sector que para el caso del Ecuador se ha caracterizado por su alta ineficiencia, sus altos niveles de corrupción y su carácter predatorio del medio ambiente.
Así, este «déficit de democracia», asume características dramáticas en el Ecuador de inicios de milenio. Porque el modelo vigente, no solamente perpetúa y agrava las condiciones de marginamiento, exclusión y conflictividad social, sino que en los actuales momentos existe el riesgo real de involucrar al Ecuador en un conflicto militar de carácter regional a través del «Plan Colombia», y en el cual el discurso de combatir al narcotráfico se constituye más bien como un discurso pantalla que sirve para proteger las estrategias de la geopolítica del poder.
Es una tarea urgente, entonces, dotar de contenidos democráticos al actual sistema. A pesar de que éste se dice democrático, es fundamental construir esa democracia, y ello solamente puede darse con una participación decidida de la sociedad civil ecuatoriana. El movimiento indígena propuso a inicios de la década de los 90’s, discutir sobre el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano, y la necesidad de reconocer al Otro a través de la interculturalidad.
A lo largo de la presente década, el movimiento indígena ha sumado voluntades y se ha constituido en el eje de un poderoso movimiento social, que hasta el momento han impedido la subasta de los bienes públicos, a nombre de la modernización. El movimiento indígena, en numerosas oportunidades ha expresado estar de acuerdo con la modernización, pero concibiendo el término en su acepción original, es decir, transformar las caducas estructuras políticas y económicas, que han garantizado diversas formas de explotación y de dominación, por nuevas formas de relación social en las cuales primen el respeto, la equidad, la transparencia, y que aseguren la participación en igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad.
Solamente en esos términos podría construirse una sociedad verdaderamente democrática. Tal ha sido uno de los aspectos en los que más ha insistido el movimiento indígena ecuatoriano.
Por Rosario Naula
1.- Los procesos organizativos internos
En el mundo entero, el eje fundamental de las sociedades es la familia. Para el mundo indígena, las familias se agrupan, generalmente, en formas históricas como las comunas o comunidades, y estas comunidades tienen lazos de unión entre sí.
En el caso de los grupos indígenas ecuatorianos de la sierra, la manera tradicional de organización es la comunidad. Dentro de las comunidades existen diversos grupos organizados como la comuna representada por el cabildo, las asociaciones, los clubes, las organizaciones de mujeres, los comités, las juntas de agua, etc., cada una de estas formas organizativas tienen distintas actividades e intereses definidos y están representadas por sus respectivos dirigentes.
Aparte de estas organizaciones internas, muchas veces existen otras personas o grupos que también intervienen en las decisiones que toma la comunidad. Pueden ser personas mayores en edad que gozan de mucho respeto por su sabiduría, personas que tienen muchos recursos o familias numerosas. El punto de vista de estas personas, así como el de todos los/las comuneros/as es importante y debe ser tomado en cuenta aunque no formen parte de grupos organizados.
2.- La dirigencia de la mujer
Las mujeres indígenas han sido consideradas solamente para los trabajos domésticos y no se les ha dado iguales oportunidades que a los varones para estudiar y salir. A pesar de que esto ha dificultado su participación en las organizaciones y en la dirigencia de las comunidades, muchas mujeres se han destacado como líderes. En muchos casos estas mujeres cuentan con el apoyo de sus familias pero, sobre todo, son mujeres que tienen la capacidad y el valor de luchar por la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para las mujeres.
Las mujeres líderes se forman en sus familias, comunidades, organizaciones de base y organizaciones de segundo grado. Las mujeres líderes no solo representan a otras mujeres, sino que pueden ser líderes de una organización de hombres y mujeres o de sus comunidades.
Las mujeres líderes se forman también por necesidad, ya que deben asumir la responsabilidad total de sus hogares y de la comunidad debido a la migración de los hombres.
3.- Líneas de acción política de las mujeres líderes
Las mujeres líderes deben asumir muchos espacios y responsabilidades para lograr la equidad en el desarrollo socio económico y político de nuestra sociedad.
Familia:
Siendo la familia el eje central de la sociedad ecuatoriana, es importante nuestra participación en las decisiones porque estamos aportando a la economía de nuestra familia. Para esto es indispensable fortalecer nuestras organizaciones a fin de generar proyectos productivos y trabajar con miras a conformar una economía solidaria y sustentable a mediano y largo plazo.
Las mujeres líderes indígenas deben denunciar cualquier forma de violencia que se dé dentro de las familias. La violencia puede manifestarse en forma de violencia física, psicológica o de discriminación de género, como por ejemplo, impidiendo que las niñas estudien por su condición de ser mujeres o que tengan una sobrecarga de trabajo doméstico ayudando a sus madres.
Comunidad:
Es otro espacio en donde las mujeres debemos ampliar la participación, ya sea como dirigentes o como gestoras del desarrollo proponiendo propuestas sustentables, creadas y nacidas desde nuestra iniciativa y realidad, ya que somos las que enfrentamos y sufrimos la crisis en nuestras familias y en la comunidad.
En la comunidad, las mujeres líderes deben tratar de cambiar la concepción de que solo los hombres pueden ser presidentes del cabildo. Se debe hacer tomar consciencia a hombres y mujeres que las mujeres pueden y deben ser también electas para estas dignidades.
Poderes locales:
Las mujeres líderes indígenas debemos trabajar en la democratización de los poderes locales. La democratización se entiende como la participación ciudadana en la toma de decisiones. Tradicionalmente, se ha privilegiado la participación de los hombres con el criterio de que el hombre como jefe de hogar representa a su esposa e hijas.
Las mujeres líderes deben procurar que las mujeres participen activamente en reuniones y asambleas para que los intereses de las mujeres sean considerados y que los beneficios de la participación se repartan equitativamente entre hombres y mujeres.
También debemos vigilar que exista una participación política de las mujeres en los puestos de toma de decisiones para desde allí proponer y ejecutar nuestras aspiraciones. En el Ecuador, la ley de elecciones habla muy claro de la participación de la mujer para cualquier dignidad de elección popular. Los partidos o movimientos políticos deberán tener al menos un 30% de mujeres en sus listas. Este porcentaje deberá aumentar cada cuatro años hasta llegar a la igualdad (50%). La participación en las listas electorales no asegura de por sí el liderazgo de las mujeres, pero al menos las mujeres empiezan a ser vistas como dirigentes políticos.
Organizaciones:
En las organizaciones, las mujeres líderes debemos ayudar en la formación de otras líderes mujeres, sobre todo, de mujeres jóvenes, mediante el apoyo y el ejemplo. Dentro de las organizaciones mixtas, las mujeres líderes deben cuidar de que las voces de las mujeres se escuchen, de que sus intereses sean tomados en cuenta y de que se respeten sus derechos.
Desarrollo comunitario y autogestión:
Al desarrollo no debemos entenderlo como la ejecución de un proyecto sino de una manera más amplia y que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, con la equidad de género, de clase, de etnia y de generación. No hay desarrollo si es que los beneficios van a parar a un solo grupo, y esta desigualdad acentúa las divisiones entre grupos sociales como indígenas y mestizos u hombres y mujeres. Además, el desarrollo debe venir desde nuestra visión y no de aquellos que quieren imponer proyectos pensando en el desarrollo desde sus perspectivas particulares, que muchas veces no llegan a funcionar porque no están diseñados desde nuestra realidad.
Como mujeres debemos cuidar que los programas y proyectos de desarrollo correspondan a nuestra realidad. Las mujeres tenemos un horario que se debe respetar, obligaciones que se deben considerar e intereses que son distintos de los hombres. Debemos participar en la elaboración, ejecución y monitoreo de los proyectos para que los beneficios se repartan equitativamente entre hombres y mujeres y entre los distintos grupos sociales.
4.- żHacia dónde vamos? żQué queremos como mujeres líderes indígenas?
Queremos una sociedad en la cual cada persona pueda acceder a los bienes y a los servicios a los que tienen derecho. No reclamamos una sociedad de despilfarro, de consumo material ilimitado, sino una sociedad justa en la cual nadie, sobre todo las mujeres, esté excluido del trabajo y del acceso a los bienes fundamentales: alimentación, educación, salud, vivienda y seguridad social.
Queremos una sociedad en la cual todos y todas puedan vivir en familia y mirar el futuro con esperanza, disfrutar de la naturaleza y transmitir sus maravillas a las generaciones que vendrán.
Queremos una sociedad respetuosa de las tradiciones culturales que están en el origen de la identidad, tanto de los pueblos indígenas, como de los afroecuatorianos y de los mestizos.
Queremos una sociedad sensible hacia los débiles, los marginados y todos aquellos que han sufrido las consecuencias de procesos socioeconómicos que no colocan al ser humano en primer lugar. Una sociedad democrática construida con la participación de todos y todas, en la cual la actividad política sea la elección de quien quiera dedicarse al servicio del bien común. Finalmente, queremos una sociedad que contribuya a la construcción de una comunidad latinoamericana entre nuestros pueblos.
Por Lourdes Tibán
1.- Introducción
Durante la historia de la humanidad los pueblos indígenas se han constituido en los protectores y guardianes de los recursos de la biodiversidad, especialmente porque desde sus orígenes han desarrollado técnicas y mecanismos de coexistencia armónica con su entorno natural. Sin embargo, en estos últimos años se vislumbra cada vez más la necesidad del respeto a la relación: desarrollo humano – sostenibilidad ambiental, como la única forma de asegurar el porvenir del planeta, sobre todo luego del deterioro, contaminación y daño que ha causado el proceso de desarrollo intensivo aplicado hasta ahora, de allí surge la necesidad de mirar al concepto de desarrollo desde la concepción indígena para proponer alternativas de futuro, por tal razón en el presente trabajo se aborda el tema del concepto del desarrollo sustentable visto desde el mundo indígena, es decir, las formas por las cuales este concepto es utilizado en la práctica política y organizativa de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
En este contexto, trato de llegar a una aproximación de la definición del desarrollo sustentable desde el punto de vista no indígena, y desde este concepto enfocar cuál es la visión de los indígenas sobre el tema, es decir, el estudio se basa en una correlación de las visiones indígenas y no indígenas a propósito del concepto de desarrollo sustentable. Este estudio tiene sus limitaciones propias, sin embargo tiene la intención de abrir una discusión sobre una temática que nos parece importante.
2.- Conceptualización de algunos términos
Los términos sustentable, sustentabilidad, desarrollo, en conjunto, aparecen en el discurso cotidiano como una forma de conciliar el crecimiento económico expresado en la concepción del desarrollo y el equilibrio del ecosistema. Hoy en día, estos términos del desarrollo sustentable o sostenible, son muy utilizados en el lenguaje de los ecologistas y ambientalistas, en espacios académicos, en el discurso indígena, etc.; por lo tanto, con el fin de comprender mejor el presente tema es necesario, de entrada, definir el término de desarrollo sustentable o sustentabilidad.
2.1. El concepto del Desarrollo
Este concepto es un término que en estas últimas décadas ha sido bastante utilizado, no solo en los medios políticos y económicos de casi todos los países del centro o industrializados, sino también en América Latina o países denominados pobres, subdesarrollados o tercer mundistas-, para los cuales este concepto se ha convertido en un término de manejo común.
Desde el lenguaje político económico, el concepto de desarrollo implica las siguientes características: «a) Elevada capacidad productiva determinada por una compleja estructura de producción industrial, competitiva y rápida en la readecuación de su producción; b) Elevados niveles de ingreso y consumo per cápita y bienestar social extendido a la mayor parte de los sectores sociales; c) Grado de utilización (y eficiencia en el uso) de las llamadas modernas tecnologías de producción disponible; d) Elevado nivel de la población económicamente activa» (Gómez: 1996:5).
Según la enciclopedia Océano, desde el punto de vista económico se define al desarrollo como la «fase de la evolución de un país, caracterizada por el aumento de la renta nacional por habitante».
Por su parte, la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República del Ecuador, al referirse al desarrollo expresa que el «desarrollo es el proceso hacia el bienestar» (CAAM:1996).
Con estas anotaciones, el desarrollo se comprende como un crecimiento hacia el mejoramiento del nivel de vida, o bienestar de los seres humanos. A partir de estas características surge la clasificación muy conocida por la cual existen países desarrollados y otros que serían subdesarrollados o tercer mundistas, es decir, aquellos que no cumplen con las características del desarrollo, entre los cuales se encuentra, obviamente, el Ecuador.
Cabe señalar que la conceptualización del desarrollo ha ido cambiando dependiendo de las variables históricas, culturales y políticas; así, se hablaba de «desarrollo a secas, luego se añadió la necesidad de la equidad social y finalmente se ha incorporado como requisito del desarrollo la sustentabilidad ambiental» (Rebolledo: 1996:44).
2.2. Desarrollo Sustentable
Ahora bien, el término sustentable y sostenible es un término desconocido por el léxico común español, sin embargo, aparece enunciado por primera vez en el año de 1987 en el Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, también denominado Informe Brundtland, por haber sido dirigido por la ex Ministra Noruega Gro Hariem Brundtland. De este informe surge la siguiente definición que sirve de base para ulteriores definiciones: «Desarrollo sustentable es aquel que atiende a las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones» (Gómez:1996:15-16).
La definición anotada da a entender que el desarrollo sustentable comprende, al menos, dos perspectivas que se pueden sintetizar en dos objetivos: «el objetivo actual, es el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. El objetivo futuro, no menos importante, consiste en no comprometes el futuro de las futuras generaciones restringiendo sus alternativas de desarrollo» (Madrigal: 1995:229). Con ello incorpora un aspecto nuevo y es el de la justicia intergeneracional o transgeneracional que debería ser parte inherente a toda política de desarrollo.
Lo que implica que el bienestar actual de la humanidad necesariamente obliga a tomar decisiones apropiadas para no comprometer el bienestar de los que aún no nacen, es decir, que el desarrollo sustentable es un desarrollo a largo plazo, es pensar en hoy y en el mañana.
A estas definiciones Rafael Negret (1995), hace un aporte en el sentido de que el desarrollo no debe ser sostenido, sino también sostenible; considera que el crecimiento sostenido significa continuar acumulando, creciendo, proyectándose, pero como ha venido sucediendo, con dirección al caos, tal como es la proyección del crecimiento económico, que más bien se preocupa de lo cuantitativo y no de lo cualitativo. De manera que la sustentabilidad del desarrollo también es dinámica y por ende se requiere de la inteligencia humana para proyectarse en el tiempo y en el espacio.
3. Visiones sobre el desarrollo sustentable
Dentro del presente trabajo es importante hacer un análisis respecto a cómo es visto el desarrollo sustentable desde dos visiones distintas, esto es: desde lo no indígena y desde lo indígena.
3.1. Visión no indígena del desarrollo sustentable
Desde el punto de vista no indígena, el concepto de desarrollo sustentable aparece como una respuesta a la problematización de la naturaleza y de su relación con la sociedad, y también como una reacción frente al degradante atropello actual al medio ambiente. En este contexto, frente al discurso del desarrollo sustentable, Arturo Escobar establece tres formas de discurso: liberal, culturalista y ecologista. A continuación se señala brevemente las características de cada uno de ellos:
3.1.1 Visión liberal: Se llama liberal porque el informe Brundtland parte de la realidad de la modernidad occidental, cuya matriz ideológica fundamental está dada por el discurso liberal que proviene desde la Ilustración. El discurso liberal del desarrollo sustentable tiene que ver con una definida cultura económica. Para este discurso, la economía es autónoma, es decir, es independiente de la política, de lo social, de lo cultural, etc.; la erradicación de la pobreza dependería, entonces, exclusivamente del crecimiento económico. Considera a la pobreza como causa y efecto de la degradación ambiental, pero, sin embargo, no ha discutido la dinámica social inherente a la pobreza, la exclusión y la miseria; culpa a los tercer mundistas por la crisis ecológica y no a las grandes fuentes de contaminación como son las grandes empresas transnacionales ni tampoco al modelo de vida de los países más ricos del planeta, causantes en gran medida de la actual degradación y destrucción ambiental.
3.1.2. Visión culturalista: En estricto sentido no existe una propuesta definida en esta visión, sino más bien es una crítica al discurso liberal del desarrollo sustentable. Es culturalista porque considera que la cultura es la instancia fundamental de la relación de la sociedad con la naturaleza. Cuestiona a la cultura economicista y científica de occidente. Sostiene que en la cultura se origina la crisis ambiental, principalmente porque se trata a la naturaleza como mercancía de enriquecimiento, ya que según el informe Brundtland, lo importante es producir más a partir de menos. Los culturalistas no justifican que la naturaleza sea vista en términos del enverdecimiento de la economía. Ven imposible que se pueda proteger a la naturaleza desde el punto de vista económico. No encuentra la forma de conciliar a dos enemigos: crecimiento económico y naturaleza dentro del desarrollo sustentable.
3.1.3. Visión ecosocialista: Los representantes de esta corriente comparten algunas de las observaciones de los culturalistas, critica a los liberales, y se diferencia de las anteriores por la mayor atención que presta a la economía política reformada y centralizada en la «teorización de la naturaleza del capital en lo que se ha dado en llamar su fase ecológica» (Escobar: 1998: 99-103).
De estas consideraciones se puede determinar que el desarrollo sustentable, partiendo de que la visión liberal es la dominante de la ideología en donde nace la concepción del desarrollo sustentable, está orientado al crecimiento económico mas no a la preservación del medio ambiente, el ecosistema, la cultura, la naturaleza, etc., aunque estos sean sus instrumentos, pero más bien solo servirían como pantalla del desarrollo económico puro y simple. La visión no indígena del desarrollo sustentable tiene una proyección economicista, sin embargo, dentro de este pensamiento hay muchas corrientes de crítica al economicismo de la sustentabilidad..
3.2. Visión indígena del desarrollo sustentable
El movimiento indígena desde el punto de vista económico considera que el discurso actual del desarrollo es de corto plazo y que el neoliberalismo dominante no le permite al lenguaje oficial hablar de otro tipo de desarrollo que no sea el capitalista. Sostiene que, en rigor, el discurso oficial no debería hablar de desarrollo, sino más bien de «equilibrios» o «desequilibrios» macroeconómicos (Ecuarunari: 1988: 39), pues la cuestión central del desarrollo no está en el significado del crecimiento económico, sino en el sentido de un desarrollo humano integral y armónico. Desde este punto de vista se entiende que la calidad de vida debería ser cada vez mejor a nivel local y global. Por lo tanto, creen importante considerar las políticas alternativas de desarrollo locales y globales, para ver si es posible iniciar un desarrollo desde abajo hacia arriba, concepción que justifica la iniciativa de empezar políticamente conquistando los poderes locales en los sectores de población mayoritariamente indígena, con el fin de impulsar propuestas de desarrollo sustentable que abarque lo económico, social y cultural, como una concepción más integral, más armónica, más democrática y más justa.
En este sentido, el término de desarrollo sustentable ha ido apareciendo en estos últimos años, aunque de diferentes maneras, en el discurso indígena como una de los ejes de su discurso político. Por lo tanto, a continuación se analizan los planteamientos políticos respecto al desarrollo sustentable, según lo expresado en los documentos oficiales y que integran los proyectos políticos de las tres organizaciones nacionales más representativas de los indígenas en el Ecuador: la Conaie, la Fenocin y la Feine.
3.2.1. Visión del desarrollo sustentable desde la Conaie
Si revisamos la visión del desarrollo sustentable que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas, expresada a través del proyecto político de la Conaie, estrictamente no encontramos enunciado en ninguna parte el término de «desarrollo sustentable», sin que ello no signifique en absoluto que la Conaie no articule propuestas de crecimiento económico en consideración al medio ambiente, sino que encontramos un término que es utilizado con mayor propiedad y que trata de integrar las dimensiones humanas, naturales, éticas, políticas y culturales de las condiciones de vida de las personas a través del concepto de «desarrollo integral».
Así en lo político, la Conaie plantea la reforma de la Constitución, a fin de «resolver las demandas de la plurinacionalidad y necesidades básicas de las Nacionalidades indígenas y de los diferentes sectores sociales del Ecuador, para lograr el desarrollo integral de todos los ecuatorianos». Respecto a las tierras y territorios, la lucha de la Conaie es: «por la recuperación de las tierras y territorios usurpados, para lograr el desarrollo socioeconómico integral y equilibrado de todos los Pueblos y Nacionalidades Indígenas … pues son la garantía para la sobrevivencia y el desarrollo integral de las Nacionalidades Indígenas … el reordenamiento territorial no debe ser entendido como el cercenamiento del actual territorio ecuatoriano, sino más bien como un proceso que garantice un eficiente manejo administrativo desde y para las nacionalidades, y posibilite el desarrollo armónico y equilibrado del Estado Plurinacional».
En cuanto a la situación agraria critica al Estado que, dentro de sus políticas agrarias, «no ha tomado en cuenta la necesidad de un verdadero desarrollo integral, partiendo del cimiento cultural y la realidad de nuestros pueblos…», por lo tanto, exige «la aplicación de la Ley de Desarrollo Agrario vigente con el propósito de promover el desarrollo económico integral de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas…».
El Estado Plurinacional tendrá como objetivo el «desarrollo económico integral de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas e Hispanoecuatoriana». En cuanto a las políticas industriales de desarrollo, critica que «pese al esfuerzo del Estado burgués y del sector privado, no ha alcanzado niveles sostenidos de desarrollo», y destaca que la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas es redefinir las políticas existentes con el propósito de «superar los problemas de dependencia tecnológica, científica y fnanciera que impide el desarrollo equilibrado con los demás sectores productivos», (Conaie: Proyecto Político: 1997, todos los subrayados son del autor).
El término de desarrollo sustentable, al menos hasta 1997 no se incluye en el proyecto político de la Conaie, más bien se define con otro término que es el de «desarrollo integral», concepto que está concebido como la práctica cotidiana del humanismo integral, en donde el hombre y la naturaleza están en estrecha y armónica interrelación garantizando la vida, en un juego en el cual los recursos humanos, naturales y financieros, deben ser tomados en cuenta por el Estado y las Nacionalidades Indígenas de manera armónica, integral, democrática y éticamente para emprender un verdadero desarrollo.
3.2.2. Visión del desarrollo sustentable desde la FENOCIN
La Fenocin respecto al discurso del desarrollo hace una crítica a los modelos capitalistas aduciendo que promueven solamente el crecimiento económico para los propietarios del capital, sin importar lo que suceda con los demás habitantes del planeta; así también critica a algunos grupos denominados de izquierda que caen en la trampa de adoptar supuestos modelos alternativos tales como: «desarrollo económico», «sustitución de importaciones», «desarrollo sostenido», «desarrollo sostenible», «desarrollo local», etc. No estando de acuerdo con estos modelos, la Fenocin denomina a su propuesta como: «Desarrollo sustentable con identidad», y señala que se denomina así hasta encontrar otro término que se ajuste más a su visión.
El desarrollo sustentable con identidad establece tres espacios que se deben considerar para la elaboración de la propuesta: el nivel comunitario que constituyen las organizaciones de base; el nivel local, que comprende las organizaciones de segundo y tercer grado; y el nivel sectorial y nacional que comprende las organizacione regionales y la organización nacional .
Así, la Fenocin, habla de un desarrollo sustentable con identidad, para que los actores del desarrollo local sean múltiples, partiendo desde las comunidades de base hasta las instancias nacionales, donde la comercialización y los centros de acopio estén manejados por estos actores y que los excedentes sean equitativamente distribuidos de acuerdo con el esfuerzo de cada integrante, que en lo posible será la propia comunidad.
El desarrollo con indentidad implica que el desarrollo no sea ajeno a la comunidad, que esté vinculado a la realidad comunitaria, que no altere la concepción de la tierra que tiene el indígena, el campesino y el negro, y que las particularidades en general sean consideradas en un desarrollo participativo y de base. Sin embargo, es de resaltar que en la porpuesta analizada no se pueden establecer las formas de articulación entre estos diferentes niveles, en efecto, ¿cuáles serían las formas de articulación de la comunidad o de las bases con el resto del país?
3.2.3 Visión del desarrollo sustentable desde la Feine
La Feine es una organización no gubernamental encaminada al desarrollo integral de los pueblos, comunidades e iglesias evangélicas indígenas del Ecuador. Uno de los objetivos principales de la Federación es: «coordinar con organismos internacionales públicos y privados, misiones, instituciones del Estado, organismos no gubernamentales y otras entidades para el desarrollo sustentable»; dentro de las estrategias de acción establece la necesidad de la «formulación y propuesta de políticas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas» .
Asimismo, en el proyecto político y de desarrollo de la Feine , se establece un nuevo estilo de desarrollo sobre la base de la equidad social, respeto y armonía con la naturaleza, con mayor eficiencia productiva, encaminada a mejorar las condiciones de vida y de la sociedad en general, en el marco del desarrollo de sus propios sistemas organizativos, ejercicio de un poder alternativo inspirado en los valores cristianos.
Critica al modelo de desarrollo implementado en el Ecuador, ya que éste no articula lo económico con lo social, y peor con lo espiritual, por lo tanto plantea la «urgente necesidad de desarrollar una política integral que abarque todos los planos de la vida social, económica, política, ideológica, cultural y religiosa, que implica enfrentar el dilema y desafío para la construcción de una sociedad sin exclusiones, una democracia sin violencia, un desarrollo centrado en el respeto al medio ambiente, una libertad para el ejercicio religioso, un afianzamiento de valores y principios morales, es decir que la propuesta, se proyecta como una estrategia de desarrollo con identidad» (Feine: Proyecto Político: 1999).
De manera que la Feine propone un desarrollo integral íntimamente relacionado con lo espiritual-religioso, ya que desde esta perspectiva el desarrollo que han mantenido los indígenas durante la historia tiene su conexión directa con lo espiritual individual y con lo colectivo como las iglesias, pues respetar a la naturaleza, a la producción que surge de la tierra, es, según la Feine, respetar a la espiritualidad humana.
Conclusiones
El desarrollo sustentable visto desde los no indígenas hace un énfasis principalmente en el crecimiento económico y no se orienta hacia un desarrollo humano, cultural y ético de manera más integral. Sin embargo, de alguna manera, los culturalistas y los ecosocialistas, giran, por decirlo así, el concepto sobre la base de la cultura y la naturaleza respectivamente, a fin de lograr un avance en relación a la propuesta original y superar los aspectos negativos y las críticas que el término de desarrollo sustentable generó en sus inicios, empero es evidente que de no existir conciencia, conocimiento y decisión en los actores sociales del desarrollo, es difícil que estas ideas de los culturalistas y ecosocialistas se hagan efectivas.
Por su parte, la visión de los indígenas (Conaie, Fenocin, Feine) respecto al desarrollo sustentable, está impregnada por la cosmovisión indígena que considera a la naturaleza como un todo, que abarca lo material, lo espiritual y humano; es la vida misma y no puede ser utilizada para enriquecerse individualmente. Esta cosmovisión tiene una serie de principios que parten de la idea de que se debe cuidar y respetar al conjunto de seres vivientes que coexisten en el ecosistema, conservar y fomentar la tierra, proteger los productos de consumo humano, para mejorar el nivel de vida de la familia y de la comunidad; proteger los recursos no renovables, incentivar a la comunidad para que cuide su propio ambiente, socializar a nivel de la organización y las comunidades acerca de la conservación del entorno como garantía de una vida digna tanto para las actuales generaciones como para las futuras.
En ese contexto, los indígenas a través de la Conaie, Fenocin o Feine, últimamente están adoptando formas discursivas en las cuales se habla más bien del desarrollo integral como una propuesta de desarrollo alternativo a nivel socio-económico y cultural, que de desarrollo sustentable a secas. En efecto, todas las propuestas insisten en el respeto a las estrategias tradicionales y formas ancestrales de relación entre el hombre y la naturaleza, que históricamente han sido comprobadas que han dado resultados de protección y conservación del medio ambiente y la seguridad de la vida social, , denominándose así esta propuesta como la de un etnodesarrollo, que implica alcanzar un desarrollo sustentable, integral o alternativo sin negar la diversidad cultural, fundada en su propia cultura, sabiduría y organización y sin disminuir el bienestar humano.
Las tres propuestas coinciden que las «tecnologías y prácticas tradicionales son necesarias y deben ser combinadas con tecnologías modernas y que los proyectos de desarrollo deben recoger las necesidades y problemas de cada pueblo, partiendo de una base sostenible y económicamente adecuada a sus características sociales y culturales», (Encuentro Binacional: 1994:4).
Los indígenas plantean, entonces, un desarrollo que ya no signifique la imposición de proyectos y sistemas ajenos, desapropiados, insostenibles y destructuvos, sino: «un desarrollo fundamentado en el respeto a la naturaleza y el derecho de los Pueblos Indígenas a participar como sujetos colectivos en su propio destino, acorde a su cultura, organización socioeconómica, valores, conocimientos y potencialidades» (ibid: 6). Así como también demandan a los gobiernos emitir una legislación que proteja y garantice los conocimientos, prácticas tradicionales y los derechos de propiedad intelectual de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador.
Por Paulina Palacios
La actual Constitución del Ecuador señala de manera taxativa, que en materia de leyes económicas que con el carácter urgente envíe el Ejecutivo para su trámite respectivo en el Congreso Nacional, éstas deberán circunscribirse a un solo tema y deben reformar un solo cuerpo legal. Sin embargo, el actual gobierno ha hecho tabla rasa de todo precepto constitucional, y por segunda vez envía al Congreso una Ley, denominada como «Ley para la promoción de la inversión y la participación ciudadana», que la ciudadanía ha calificado como «Ley Trole 2», que reforma 31 cuerpos jurídicos y que hace referencia a temas tan disímiles como la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Maternidad Gratuita o la Ley de Radiodifusión y Televisión, entre otros.
La intención subyacente es la forzar los aspectos jurídicos y legales de tal manera que puedan imponerse los objetivos fundamentales de esta ley: la transferencia al sector privado de los bienes y servicios públicos, la reforma política del Estado garantizando prerrogativas al sector empresarial y financiero, y la flexibilización laboral, destruyendo las conquistas laborales y deteriorando las condiciones del empleo y la remuneración.
Mientras que la aprobación de la denominada «Ley Trole 1», tenía como objetivo fundamental otorgar las garantías necesarias al proceso de dolarización de la economía, esta nueva iniciativa tiene como propósito básico las privatizaciones en los sectores públicos que han provocado hasta ahora mayor conflictividad social: petróleo, energía eléctrica, minería, agua, telecomunicaciones, seguridad social.
Esta Ley, empero, tiene dos particularidades que hablan claramente de las intenciones subyacentes a su promulgación, la primera es que a diferencia de los procesos de privatización que se dieron en los países de América Latina, y por los cuales de una u otra manera hubo inversión en la compra de los bienes públicos privatizados, esta Ley Trole 2, financia con recursos del propio Estado las privatizaciones del sector público. Es decir, no habría ninguna inversión en la privatización, por el contrario sería el mismo Estado con fondos públicos quien financiaría la venta de los bienes públicos.
La segunda particularidad hace referencia al poder que tendría el Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, para decidir los términos, los costos, los procesos, y la calificación de las empresas que participarían en la compra de los bienes públicos, sin que exista ningún contrapeso político o algún control social sobre el proceso de privatización. El presidente del CONAM, tendría él solo todas las prerrogativas para decidir qué vender, a quién vender, a qué precio vender y en qué condiciones, con la particularidad de que el máximo directivo del CONAM es hermano del actual Presidente de la República.
Esta forma inconstitucional, ilegal, arbitraria y prepotente de disponer de todo un acumulado social expresado en los bienes públicos, da cuenta del carácter rapaz de quienes este momento están en el gobierno en el Ecuador. No solamente que se pretende transferir a precios irrisorios los bienes nacionales, sino que se constituye un entramado jurídico por el cual una sola familia tendría el poder suficiente para imponer las reglas de juego a todo un país, convirtiéndolo en un rehén de sus propios intereses.
Pero si la Ley Trole 1 desarmaba el ordenamiento jurídico existente provocando incoherencias y graves desajustes en las leyes existentes, esta nueva Ley Trole 2, desestructura de manera profunda todo un andamiaje jurídico que ha sustentado el ordenamiento jurídico-social del país. Así, la promulgación de esta Ley, entra en grave contradicción, por ejemplo, con los Derechos Colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.
En efecto, se conculca el derecho a la participación ciudadana, de manera particular lo que tiene relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Porque se plantea que la participación ciudadana, se limitaría únicamente a quienes tengan los recursos o capital económico para «invertir» en las privatizaciones, en sectores como la minería, o el petróleo, sin tomar en cuenta los criterios de los pueblos que habiten en las áreas concesionadas.
Efectivamente, no estaría demás recordar que la Constitución Ecuatoriana, vigente en estos momentos en sus numerales 3, 4 , 5 y 6 de su Artículo 84 declara expresamente que: «El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley; 4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras; 5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los prejuicios socio-ambientales que les causen; 6.Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural».
Pero tal declaración se constituye en letra muerta por la aprobación de la Ley Trole 2, que establece claramente una serie de prioridades de carácter económico, y en las cuales los Derechos Colectivos, así como los derechos de los trabajadores, son prácticamente eliminados. Así por ejemplo, en el caso de la minería, que ha sido declarada en esta Ley como actividad de prioridad nacional, se establecen los siguientes aspectos:
… Que la minería sea considerada prioridad nacional, es decir, si una comunidad se niega a que se realicen actividades mineras en su territorio, el inversionista o la compañía minera podría rechazarles ayudados por la fuerza pública.
… Las concesiones de agua serían prioritariamente para la minería.
… No se respetarían las áreas protegidas como biodiversidad.
Así, a más de conculcarse el derecho a la participación real, se violenta el derecho constitucional a vivir un desarrollo sustentable, así como a vivir en un medio ambiente sano. La explotación a gran nivel de la minería, así como la tala de manglares, el irrespeto a las zonas de biodiversidad, bosques protectores, son atentatorios a esos derechos. Los beneficios económicos de los que hablan quienes promocionan esta Ley, son solo para unos cuantos empresarios, que por precios muy bajos accederían a la riqueza que potencialmente es de todos los ecuatorianos/as.
Los recursos que están en juego a propósito de la Ley Trole 2, son gigantescos. Nunca antes en la historia del Ecuador, se había pretendido enmascarar esta enorme transferencia de recursos hacia los sectores de poder. En el caso de la energía eléctrica, se busca convertir un monopolio público, el Sistema Nacional Interconectado, en un monopolio privado. En el caso del petróleo se intenta vender a un precio mínimo las enormes reservas petroleras del Ecuador. En efecto, esta Ley establece en un solo artículo toda una estrategia de desarticulación de los bienes nacionales. El artículo en mención establece que: «la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables cuya propiedad inalienable e imprescriptible pertenece al Estado, podrá hacerse a través de empresas públicas, mixtas o privadas»
Otro aspecto a ser tomado en cuenta en la Ley Trole 2, es la virtual desaparición de los derechos y conquistas que los trabajadores habían logrado en su momento. Esta Ley, hace precarias las condiciones del empleo y otorga grandes poderes a los empleadores. Al desarmar la capacidad organizativa y reivindicativa de los trabajadores, la Ley favorece a un solo sector de la población, aquel de las élites económicas y políticas, y contradice de esta manera los principios éticos y deontológicos según los cuales las leyes están hechas en función de los intereses de las mayorías, y deberían defender a los sectores más vulnerables y frágiles de la sociedad.
Con la Ley Trole 2, se dan modificaciones al régimen laboral sustanciales. Estas modificaciones conculcan los derechos de los trabajadores, implican una disminución significativa de la protección, los principios que han regido las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores. Los principios universales favorecen a los trabajadores por cuanto se conoce que son la parte vulnerable de la relación laboral. Entre los aspectos más importantes a ser señalados en este sentido, cabe resaltar los siguientes:
… A los nuevos empleadores se les exonera de las garantías económicas que deberían otorgar a sus trabajadores.
… Se incorpora la polifuncionalidad de los trabajadores.
… Se implementan los contratos eventuales de trabajo, en perjuicio de la estabilidad que es principio fundamental en las relaciones laborales.
… Se implementa un TECHO para el pago de las utilidades a los trabajadores («Ningún trabajador podrá percibir por concepto de participación en las utilidades anuales, conforme a lo establecido en este artículo, una suma superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América.» art. 173, ley trole 2).
Existen otros aspectos que trata esta ley (la privatización de la única empresa que presta servicios de transporte aéreo, las ayudas a los bancos que puedan caer nuevamente en crisis a través de un fondo especial, la supresión de las ayudas sociales a los trabajadores, la eliminación de la estabilidad laboral, la eventual privatización del agua, la supresión de impuestos a los capitales, etc.), y que configuran un cuadro altamente conflictivo, y en el cual se demuestra que en el Ecuador, las élites económicas y políticas han perdido todo escrúpulo o toda consideración moral para, literalmente, atracar los bienes del país.
Por Pablo Dávalos
No hay ninguna duda de que el movimiento indígena ecuatoriano es actualmente un actor social de enorme importancia, cuyas orientaciones y directrices políticas reconfiguran el escenario político nacional. Es asimismo un consenso generalizado que la organización de mayor peso y trascendencia política del movimiento indígena ecuatoriano es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. De ahí que de las decisiones y resoluciones que adopte la CONAIE, dependan, literalmente, los destinos del país. La última confirmación de este aserto está en los acontecimientos del 21 de enero de este año, cuando la CONAIE lideró el movimiento social en contra del gobierno de la Democracia Popular, y logró la destitución del ex Presidente Jamil Mahuad, y la conformación de un efímero gobierno de «Salvación Nacional», en el cual el Presidente de la CONAIE era parte integrante de esta junta de gobierno.
Es en virtud de ello, que se impone un análisis de coyuntura del actual momento político que está atravesando la CONAIE, y de sus propuestas y de su discurso. La comprensión del fenómeno político «CONAIE», es compleja y su estudio ayudaría a comprender la realidad política del país y las posibilidades de cambio al futuro, así como el devenir del movimiento indígena ecuatoriano.
Una lectura de la acción social y política de la CONAIE, de los últimos años, evidencia que ésta se encuentra en la frontera entre el actor social, que goza de una enorme legitimidad social y de un amplio poder de convocatoria, y del sujeto político, cuyos márgenes sociales de acción son más bien estrechos pero cuya incidencia política es mayor.
Como actor social, la CONAIE ha experimentado un proceso de consolidación organizativa desde mediados de la década de los ochenta, hasta emerger a inicios de los noventa con la realización del Levantamiento Indígena del Inti Raymi. Su emergencia significa también el nacimiento de un nuevo actor que siempre había sido asimilado bajo las coordenadas de su situación económica, es decir, como campesino y no desde su identidad. El levantamiento indígena de 1990, implicó un cambio en el discurso y en la percepción sobre lo indígena, y el aparecimiento de un nuevo lenguaje en el debate político, aquel que hablaba de la identidad y la necesidad de reconocer el carácter plurinacional del Estado Ecuatoriano.
Pero como sujeto político, la CONAIE ha ido experimentando profundas transformaciones ha todo lo largo de la última década y que ha sido evidente en las diferentes coyunturas en las cuales la CONAIE ha jugado un papel protagónico, y en los cuales uno de los factores importantes que incidieron en su transformación política, es el vacío político que generó la derrota estratégica a la clase obrera durante la década de los ochenta y la necesidad de construir un eje político que sirva de aglutinador y que dé coherencia a las necesidades de expresión y participación de otros sectores y movimientos sociales.
En la conformación de ese vasto movimiento social, han confluido incluso sectores que fueron en su época fuerzas sociales de gran movilización social, como fueron los obreros, los campesinos. La lógica fundamental de este gran movimiento social ha sido la de la oposición y la de constituirse en el eje de un contrapoder social que limite efectivamente las pretensiones del poder institucional y de clase. Hasta ahora, el movimiento social ecuatoriano se ha , efectivamente, en la barrera más sólida que tienen las élites en su empeño de someter al país a nuevos esquemas en las estructuras de dominación. Han sido las movilizaciones, los levantamientos, las huelgas, y otras formas de resistencia social las que han impedido la imposición del nuevo modelo de dominación político y económico.
El asumirse como sujetos políticos a diversos actores sociales, no es un proceso nuevo ni en el país ni en la región, de hecho, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, por ejemplo, ha ido asumiendo cada vez posiciones políticas más radicales, y se ha constituido, asimismo, en un referente de organización social y en la posibilidad de articular a partir de su experiencia y de sus estructuras organizativas un proyecto de resistencia.
Este proceso por el cual los movimientos sociales asumen las tareas que les corresponderían más bien a los partidos políticos, y por lo que muchas veces se ven obligados a institucionalizar su presencia a través de la participación en elecciones, se debe al carácter restringido de las democracias que se han impuesto en la región, y a la debilidad que tendrían los partidos y organizaciones políticas de constituirse en contrapesos efectivos frente a las estructuras de poder.
La CONAIE no es un partido político, sin embargo, su actual discurso es básicamente político. Es, en realidad, la suma de una serie de organizaciones indígenas, altamente integradas en estructuras organizativas que comprenden los cabildos comunitarios, las organizaciones de segundo y tercer grado y las organizaciones regionales. Esta alta densidad organizativa se manifiesta en la complejidad del proceso de toma de decisiones y en la legitimidad que existe en su dirigencia. Su discurso se ha ido transformando de aquel discurso que hacía un énfasis en la interculturalidad y en la plurinacionalidad hacia un discurso de carácter más coyuntural y político.
En ese sentido, la CONAIE ha aprendido a jugarse en los niveles de la institucionalidad y también de lo extra institucional. La amplitud de su discurso político hace posible que se identifiquen otros sectores sociales y que se conviertan en sus aliados estratégicos. Sucedió así con los taxistas y sectores del transporte cuando en 1999, la CONAIE luchó por la revisión del incremento en los precios de los combustibles y arrancó al anterior gobierno la promesa de mantener congelados sus precios durante un año. Esta posibilidad de jugar a algunos niveles, y de negociar posiciones de conjunto más que posiciones propias, ha sido una de las características de la CONAIE como sujeto político.
De hecho, muchos sectores, sobre todo aquellos vinculados a la élites, han reclamado a la CONAIE no adscribirse a sus demandas concretas y particulares, y han cuestionado duramente su intención de convertirse en el portavoz de toda la sociedad. Para otros sectores, las acciones de la CONAIE, en cambio, se justificarían por las atávicas condiciones de pobreza, marginamiento y exclusión social de los indígenas. Bastaría, entonces, con abrir determinadas formas de participación social, sobre todo a nivel institucional con políticas asistencialistas y paternalistas, para que la CONAIE cese en sus demandas, o al menos no tenga los justificativos necesarios.
Sin embargo, la CONAIE ha ido cambiando su posición de reivindicación particular por una posición que revela las profundas transformaciones que ha ido experimentando a su interior, y por las cuales la política reivindicativa ha ido cediendo a una percepción de más a largo plazo y que involucra directamente a la sociedad en su conjunto, incluida su institucionalidad. Este proceso puede evidenciarse en la continua transformación de sus demandas y de sus discursos producto de sus Asambleas y Congresos ordinarios y extraordinarios.
Ahora bien, no solo que alrededor de la CONAIE han ido confluyendo diversas organizaciones y movimientos sociales, sino que también la CONAIE ha logrado la articulación de un frente político propio, el Movimiento Pachakutik, y, sobre todo a partir de las recientes elecciones seccionales, el control de varios poderes locales. Si bien la vinculación entre los poderes locales ganados por el Movimiento Pachakutik, e incluso el mismo movimiento Pachakutik, con la CONAIE, sea más bien estratégica que orgánica, demuestra que existe una compleja relación entre los niveles organizativos, políticos e institucionales que ha ido creando el movimiento indígena ecuatoriano.
La apertura del espacio de lo político ha posibilitado que por vez primera en la historia, líderes indígenas se conviertan en autoridades locales y tengan la posibilidad de ejercer un poder real y efectivo. La vinculación de estos poderes locales con la CONAIE es de tipo estratégico. De hecho, parte del proyecto político de la CONAIE se realiza desde la conquista del poder local.
Es en virtud de este complejo entramado entre el movimiento político Pachakutik, los poderes locales conquistados, y los espacios institucionales creados, que la CONAIE no se asume a sí misma como un actor social más, inmerso en una constelación de otros actores sociales que tienen objetivos distintos pero un mismo horizonte de expectativas políticas, sino que se presenta más bien como la única posibilidad de construir un polo alternativo de poder y contrapoder. Ello lo diferencia fundamentalmente de otras organizaciones indígenas existentes, como por ejemplo la Fenocin y la Feine.
Este es un proceso inédito para un movimiento social. Durante la década de los ochenta, los líderes obreros generalmente intentaron participar en los espacios institucionales desde la plataforma de los partidos políticos de izquierda. Su fracaso es también la demostración de que acceder a los espacios institucionales desde los partidos políticos de izquierda es un camino cerrado para cualquier opción que se reclame como opositora al modelo vigente. En este caso, la creación del Movimiento Pachakutik, se vislumbra como una necesidad de provocar cambios desde el interior de la institucionalidad sin dejar de presionar por cambios desde el exterior y sin el tutelaje de los partidos políticos de izquierda. Una doble estrategia que le ha dado resultados inéditos al movimiento indígena ecuatoriano.
La elaboración de un discurso que rebase lo reivindicativo, y que posibilite la integración de las demandas de otros sectores, como por ejemplo los sindicatos petroleros, los campesinos, los sectores de las barriadas pobres de las grandes ciudades, los ecologistas, etc., evidencian el hecho de que la CONAIE ha tenido que cambiar internamente y que en su visión de futuro haya preferido posponer su proyecto político original, aquel de la plurinacionalidad, por las nuevas demandas de tipo más coyuntural e inmediatista.
Ello acarrea el riesgo de que la CONAIE pierda de vista su proyecto original, y que no sepa cómo articular a su propuesta de construir un Estado Plurinacional, las demandas de la coyuntura y aquellas de otros sectores sociales. Así por ejemplo, en los acuerdos y resoluciones del mes de agosto del 2000 y que sirven de base para las jornadas de septiembre, el énfasis se da en aspectos como la crítica al modelo económico vigente (la dolarización, y la Ley «Trole 2»), y el «Plan Colombia». Ninguna de las resoluciones se armoniza con su demanda original de la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Este es un precio a pagar por constituirse en un referente social. Empero, cabría preguntarse, ¿puede la CONAIE posponer indefinidamente su propuesta de construir un Estado Plurinacional? ¿Es conveniente dejar el proyecto de la interculturalidad como segunda opción frente a las demandas de la coyuntura? ¿Es estratégico convertirse en rehén de esa coyuntura? Y lo más complejo: ¿cómo armonizar las propuestas de interculturalidad con las demandas de la coyuntura? ¿cómo luchar por la plurinacionalidad del Estado, y al mismo tiempo contra la Ley Trole 2 o la dolarización? ¿Cómo convertirlas en una sola plataforma armónica y coherente de lucha?
