By icciec2024
Por: Natalia Sierra
1.- CRISIS POLÍTICA E INSTITUCIONAL
A finales de los años setenta América Latina vuelve al régimen democrático después de años de dictaduras militares. La nueva época democrática vino acompañada y cualificada por la política económica neoliberal, la misma que garantizaba la expansión acumulación, concentración y centralización del capital en la época de la globalización. Conocido es por todos los efectos económicos, sociales y políticos que la aplicación de las directrices neoliberales produjo en los países del sub continente, y específicamente en el Ecuador.
En términos económicos se produce la descomposición de las economías nacionales periféricas, por efecto de la destrucción del aparato productivo nacional y la expansión del capital productivo y financiero transnacional.
En términos sociales, la destrucción del aparato productivo nacional produce mayor desempleo y por lo tanto mayores niveles de exclusión y marginalidad social. Las condiciones de vida de la mayoría de la población se deterioran aceleradamente y se incrementa la migración de mano de obra barata liberada de las destruidas economías nacionales.
En términos políticos institucionales se produce la reducción y debilitamiento del Estado Nacional, históricamente precario en América Latina y sobre todo en los países andinos. El Estado dejó de ser la expresión política que regula los negocios para configurarse en un aparato de seguridad de las corporaciones transnacionales. La institucionalidad democrático burguesa es tomada por las mafias incrustadas en el Estado Nacional, mafias que se reacomodan en su articulación a las grandes corporaciones transnacionales y que generan mayor deterioro institucional.
Para fines de los años 80 del siglo pasado, a diez años de la democracia neoliberal, el movimiento indígena, heredero de la organización campesina-obrera de los años 60s y 70s, irrumpe en la escena política con el primer levantamiento indígena a nivel nacional. El carácter uninacional, clasista y excluyente del estado ecuatoriano es develado por la reivindicación indígena de la plurinacionalidad y la denuncia de su situación histórica de clase explotada y excluida de las decisiones políticas de la sociedad ecuatoriana. El develamiento de la fragmentación étnica y clasista de la sociedad ecuatoriana destapó el vacío inherente a la estructura política liberal burguesa; en este sentido se puede decir que la lucha del movimiento indígena produce una herida en la credibilidad de la institucionalidad burguesa desde la época del gobierno de Rodrigo Borja (teniendo en cuenta que este gobierno es quizá el que mejor manejo la institución del Estado nacional.)
Después del gobierno de Sixto Duran Ballén, la institución estatal profundamente deteriorada no es capaz de mantener un gobierno por los cuatro años para los que éstos son elegidos. Movimientos populares, campesinos e indígenas de distinta composición deponen los gobiernos de Bucarán, Mahuad y Gutiérrez. Son más de 12 años de inestabilidad política-institucional que evidencian la inconsistencia del Estado Nacional, digo inconsistencia pues estoy convencida de que la crisis del Estado Nacional Burgués no se explica por algún fenómeno externo al mismo, sino por su propia constitución. Ya desde hace mucho la crítica teórica de izquierda advirtió sobre el carácter de clases del Estado Nacional, carácter invisibilizado por el discurso dominante que hacía del Estado la instancia de acuerdo y reconciliación nacional. El significante Estado-nación no hace sino tapar el vacío abierto por la contradicción de clases que articula la sociedad moderna capitalista. Sobre este significante, que corresponde al orden de lo simbólico, se estructuró la identidad imaginaria del Estado-nacional; fantasía ideológica que articuló un campo de sentido desde el cual los sujetos-ciudadanos se pensaban y actuaban como parte de una comunidad compacta y homogénea. Sujetos vaciados de sus contenidos patológicos de clase, es decir de sus intereses concretos de acuerdo al lugar que ocupan en el orden social, económico y cultural de la sociedad capitalista. Cada una de las últimas movilizaciones populares y, sobre todo, las que destituyeron gobiernos fueron destapando y agudizando la profunda crisis que atraviesa la institución política liberal, rompiendo la fantasía ideológica de la unidad nacional y dejando ver la vacuidad esencial del significante Estado Nacional.
La última gran revuelta popular que derrocó al gobierno de Gutiérrez, cuyo principal protagonista fue la clase media de la sierra y básicamente de la ciudad de Quito, destapó de manera definitiva la crisis de la institución estatal. Ni el Gobierno, ni el Congreso, ni el poder Judicial y, aún más, ni el poder de la comunicación mediática tenían credibilidad. La gente por un momento dejo de creer en el Estado y la Democracia Liberal, esta retirada de la fe en el sistema político nos acercó al filo del abismo, desde donde pudimos mirar la “Cosa”, el elemento extraño, traumático que no puede ser simbolizado, que no puede ser integrado al orden del Estado Nacional: el insuperable antagonismo de clases. La “Cosa” que no puede ser integrada por cuanto está en el orden de lo Real, sin embargo es lo que articula el orden simbólico y el orden imaginario del Estado Nacional liberal democrático.
La consigna “fuera todos” que se escucho en las movilizaciones “forajidas” era la constatación de la pérdida total de fe en la institución estatal; falta de fe que dejó por un momento sin piso al Estado, el mismo que estaba a punto de desplomarse, de desaparecer. Un momento que suspendió el tiempo del relato político moderno y abrió el paréntesis ahistórico que anuncia las épocas pre-revolucionarias. Pero la revolución no se dio, toda la potencia pre-revolucionaria fue absorbida en la continuidad de la historia presente o será mejor decir en la continuidad del “fin de la historia”. Desde el pensamiento de Walter Benjamín ponemos decir que no fue posible dar el salto dialéctico, al punto de la falla, al punto exacto de lo que no fue, en el cual se recoge la urgencia revolucionaria de las clases oprimidas de todas las épocas.
¿Qué paso? Enfrentados al vació, a la catástrofe política, que la retirada del Estado Nacional dejaba, es decir, enfrentados al insuperable antagonismo social, hay dos posibilidades: 1. provocar el acontecimiento revolucionario, lo que implica atravesar el vacío, caminar sobre las ruinas, articular la verdad de la catástrofe, diría Zizek, que pasa por discernir la oportunidad única para la revolución. Posibilidad de quebrar el Estado Nacional Burgués “e inventar una forma social comunal sin ejército, policía o burocracia en pie, en que todos pudieran tomar parte de la administración de los asuntos sociales.” Esta posibilidad que parece una locura y que de hecho lo es, muestra la urgencia del momento que es la verdadera utopía. De hecho no existen condiciones objetivas para la revolución, esta se da siempre por una subjetividad “delirante” con pasión por lo Real. 2. retroceder, cerrar la posibilidad del acontecimiento revolucionario, retornar a la cordura y atrincherarse en los restos del Estado Burgués para reencaucharlo. Abortar la urgencia del momento, volver a lo conocido que al fin de cuentas es “mas seguro” que lanzarse a la aventura de lo no conocido, de lo aún no.
En definitiva no hay opciones, la idea que se puede elegir es siempre falsa, solo hay una opción y para abril del 2005, momento culminante de la luchas populares de la dos últimas décadas, solo era posible reencauchar el Estado. Esta opción no responde a la objetividad de las condiciones dadas, sino más bien a la subjetividad de los sectores que lideraban la movilización. El movimiento “forajido”, cuya composición básica era la clase media quiteña, horrorizado ante el vacío institucional y la emergencia de la “Cosa” no podía sino retroceder. La ausencia de orden simbólico, la inminente muerte del ciudadano (sujeto político moderno), el aniquilamiento radical del tejido institucional del estado burgués, mediante el cual se constituye la llamada realidad política, es demasiado traumatizante para un sector medio que de todas manera tiene algo que perder si este orden simbólico se desploma. Si de veras el “ciudadano” de las revueltas de abril del 2005 hubiese caminado hasta el lugar vacío de la “Cosa” se hubiese permitido concebir la posibilidad de un aniquilamiento total del Estado, lo que implicaba atravesar la fantasía ideológica del ser ciudadano y asumir la muerte simbólico-política y de ahí, solo de ahí, inventar otro orden político.
Derrocado el gobierno de Gutiérrez, se reestableció el orden institucional con la designación del vicepresidente Palacio como presidente constitucional de la República, por el período que faltaba para concluir los cuatro años para los que fue elegido el gobierno. Ante la profunda crisis institucional, Palacio ofreció re-fundar la nación, promesa que los sectores medios quisieron creer. Pero ¿qué significaba refundar la nación, recomponer el orden institucional del Estado Burgués bajo agudas presiones de los grupos de poder local y global, del gobierno norteamericano y de los organismos económicos multilaterales?
La vuelta al orden constitucional con Palacios abrió para la clase media una especie de tregua política vista a las elecciones presidenciales del 2006, se puede decir que este período de transición alivió el horror al vacío, enfrió el miedo que la catástrofe política institucional había provocado en los ciudadanos. Se reactivaron las esperanzas de componer el deteriorado sistema político burgués, a pesar de que los escándalos de corrupción continuaron en todas los poderes del Estado.
La presión de las demandas de los sectores populares desmintieron las promesas del gobierno interino y nuevamente se reactivaron las movilizaciones indígenas contra el neoliberalismo y sus Tratados de Libre Comercio. Es difícil saber que sentían los sectores populares, quizás el miedo que en éstos también se congeló se descongelaba rápidamente y poco a poco la falta de fe en el Estado crecía nuevamente, ahogándose en una frágil esperanza de las elecciones próximas. Bueno, no se si en los sectores populares haya miedo a la falta de institución estatal, nunca les sirvió de mucho a no ser como aparato de represión de las luchas, sin embargo a nivel simbólico-ideológico, si creen en su posibilidad de asistencia social.
Rafael Correa, ministro de Economía del Gobierno Interino, quien fue destituido del cargo por discrepancias en algunas decisiones que modificaban la política económica neoliberal continuada por Palacios, se lanza de candidato presidencial con el apoyo de lo que puede definirse como un movimiento ciudadano nacionalista compuesto básicamente por sectores medios, pequeños empresarios, organizaciones barriales y una élite intelectual tecnoburócrata, básicamente de la Sierra. Sus posiciones contra la política económica neoliberal manifiestas en su breve paso por el Ministro de Economía, su oposición al viejo sistema político de partidos, tan desgastado ante la mirada de la sociedad, su apoyo a la realización de una asamblea constituyente (oferta de campaña), y la necesidad de la gente de inventar algo que le devuelva la fe y la aleje del vacío, del caos, de la contradicción irresoluble, logrando para Correa un apoyo mayoritario de la sociedad ecuatoriana en las elecciones de noviembre del 2007.
2.- TRANSFERENCIA.
Correa se presentó como la posibilidad de recuperar la fe en la decaída institucionalizada burguesa. Organiza un discurso en torno a la ciudadanía, con el cual interpela a esa multitud ávida de referentes políticos. Correa pone a circular “la carta” que contiene el significante ciudadano y todo aquel que se reconoce en éste inmediatamente entra a la red simbólica que se reestructurar en la perspectiva de reencauchar al Estado Nacional, a través de una Asamblea Constituyente. Sin duda, no solo la clase media, sino varios sectores de la clase trabajadora obrera y campesina se reconocen en este llamado, en otras palabras, se cosen al significante ciudadano.
La rápida respuesta de la multitud al llamado simbólico que hace Correa se puede explicar por la situación de desamparo político-institucional en el que se encuentran. Enfrentada al caos institucional, la población realiza una transferencia, encarga la responsabilidad política a Correa, se puede decir que entrega el poder que logró en las movilizaciones callejeras y que podía ser sostenido y consolidado en la instancia de las asambleas populares, que curiosamente se debilitan con la entrada de Correa al Gobierno. Desde el psicoanálisis la transferencia explica el mecanismo por el cual el sujeto abocado a la evidencia de su crisis existencial (según Fromm: estar separado de la naturaleza y fatalmente atado a sus leyes) descarga la responsabilidad de resolverla a una instancia trascendente: Dioses, ídolos, maestros, etc., con lo cual tranquiliza su angustia. Correa parece jugar el papel del Maestro, una especie de elegido que promete restaurar el orden simbólico y tapar el abismo político que se abría en los pies de la población. De no ser así no se explica la ciega confianza que gran parte de la población depositó y sigue depositando en el actual presidente, confianza que no pasa por un análisis racional de la propuesta política del presidente ni por una participación directa en el proyecto gubernamental, sino por una necesidad de creer, fe que le asegura un piso donde depositar y calmar su angustia.
La aceptación y respaldo que la “ciudadanía” da a Correa pasa por una identificación con su discurso, por medio del cual performa una realidad imaginaria que ofrece seguridad política y social sobre la base de negar el pasado dominado por la partidocracia neoliberal que condujo al caos. Una realidad imaginaria que cobra mucha más importancia que la realidad social concreta, simplemente porque la ciudadanía quiere creer. El vínculo entre los ciudadanos comunes y el ciudadano presidente es un vínculo que mínimamente se asienta en las políticas concretas que éste último puso poner en marcha, pues si revisamos este primer año de gobierno no hay cambios cualitativos en la política económica y social, sino, más bien, una continuidad con el desarrollo de la sociedad capitalista, incluso en su versión neoliberal. Lo que se puede observar es un cambio en el discurso que empieza a configurarse en torno al significante “revolución ciudadana”, “Socialismo del Siglo XXI”, “Socialismo de los ciudadanos”.
A los “ciudadanos” les importa más asegurar su existencia política imaginaria que los cambios económico-sociales, pues el significante ciudadano en sí mismo es un significante que acolchona una fantasía imaginaria que tapa el vacío substancial que la categoría proletariado destapa y que en el caso de los Andes es la categoría de lo Indio. No es gratuito que el movimiento indígena del país haya sido invisibilizado en el proceso Correa, por principio histórico y social el indio no se reconoce en la categoría de ciudadano; en la periferia andina dependiente el indio no puede ser ciudadano, el indio es el proletario, pues lo indio revela la imposibilidad estructural de la sociedad moderna capitalista en los andes. Al Indio, categoría política que hace referencia a la clase trabajadora integrada y excluida y a los sectores expulsados, no le asusta el vacío político institucional, ya que nunca fueron partícipes de la estructura política burguesa oligárquica, nada pierden con esta pérdida solo pueden ganar una posibilidad de existencia positiva. Cuando los trabajadores excluidos y expulsados se dan cuenta que dentro de este orden social no son nada entonces se saben proletarios, se saben indios y solo entonces saben que nada tienen que perder si esta sociedad y sus instancias políticas se derrumban, solo entonces saben que no tienen por qué defender esta institucionalidad política donde no existen, donde no participan.
A diferencia del indio (proletario) asumido como tal, el indio no asumido y la clase media mestiza cosida a los referentes de la burguesía necesitan defender la institucionalidad política donde creen existir de forma positiva. En el caso de los indios no asumidos existe un extrañamiento radical de su condición material de clase y en el caso de la clase media mestiza su enajenación tiene un soporte material que le da el lugar que ocupa en el aparato burocrático moderno y en las áreas de servicio. Tanto el indio no asumido como la clase media mestiza, y sobre todo ésta última, se horrorizan ante la retirada del Estado Nacional porque subjetivamente para los indios no asumidos y materialmente y simbólicamente para la clase media el Estado representa un soporte de su existencia política y social. Por esta razón es que estos sectores sociales realizan la transferencia por la cual encargan su destino político a Correa, quien les asegura reestablecer su Estado nacional.
Es curioso, todas las reivindicaciones populares recogidas como bandera de lucha del movimiento indígena son apropiadas por Correa y convertidas en promesas de su campaña electoral. Yo diría, más bien, que hubo una expropiación del discurso de las organizaciones populares por parte de Alianza País, expropiación en la medida en que no se reconoce el importante rol político que las organizaciones y movimientos sociales de izquierda (sobre todo de las organizaciones indígenas) tuvieron en el arrinconamiento político de la derecha oligárquica del país. Hoy resulta que el movimiento indígena y las otros movimiento sociales, por decisión del presidente, no tienen ninguna importancia político e histórico en el proceso que se abrió a partir de la derrota de Lucio Gutiérrez.
Se declara una “revolución ciudadana” en la cual, por obvias razones políticas y conceptuales, las organizaciones y movimientos populares de izquierda no tienen lugar, a no ser sobre la base de su disolución. La “revolución ciudadana” es la revolución de los ciudadanos no de las organizaciones políticas, la que se compone de la suma de “voluntades racionales individuales” no de sujetos políticos organizados. La “revolución de los ciudadanos”, quienes en un acto libre y racional encargan la tarea de hacer la revolución a un gobierno y específicamente a un individuo racional: “el ciudadano presidente”. “Revolución ciudadana” que implementa una democracia burguesa liberal reencauchada, reciclada, revisada; una democracia en la cual nuevamente quedan fuera de la participación política directa la sociedad organizada y no se diga el pueblo no organizado. El argumento del gobierno y de los sectores aliados a él es que no ha habido organización política de izquierda, argumento tramposo, pues aunque hoy golpeados y en crisis son los movimientos sociales, y ante todo del movimiento indígena y campesino del país, los que han recogido y han impulsado la lucha popular por la transformación social. Es ingenuo pensar que los logros políticos conseguidos en la lucha contra el capital nacional y transnacional es resultado de la mente brillante de cuatro ciudadanos.
La ausencia de participación política real de la sociedad busca ser invisibilizada con la mediatización y espectacularización de las apariciones públicas de Correa, con la concentración del poder de decisiones en su persona y su pequeño equipo técnico y sobre todo con la supervaloración del mismo. Por otro lado, la intención de concentrar a las organizaciones populares dentro del Estado para administrar y controlar la lucha popular dentro de los lineamientos políticos del reencauche social-demócrata, pretende garantizar la revolución sin revolución, la revolución Light. Aquellas organizaciones político sociales que no aceptan los lineamientos de la revolución ciudadana son ahora tildadas de “grupos terroristas”, “ambientalista románticos”, “izquierdistas infantiles” para quienes habrá “tolerancia cero”. Ahora el presidente dice que no permitirá ningún “terrorista” que se oponga al desarrollo del país enmarcado dentro del modelo de extracción y explotación de recursos. Qué fácil le resulta al presidente juntar un discurso de “izquierda radical” con un discurso de derecha fascista como es el del terrorismo, quizás sea resultado de los tiempos postmodernos donde los “viejos antagonismos de clase” ya no cuentan.
Ante el vacío político institucional, todos aquellos que respondieron al llamado de Correa lo configuraron como su “salvador”. Después de las continuas frustraciones cuyo punto culminante fue la traición de Gutiérrez, la gente urgía de un salvador que recubra la inconsistencia del Estado, un salvador que salve el Estado, y ese fue Correa. Correa asume el gobierno como el “elegido”, aquel que va a resolver el caos institucional en el que hemos caído, él y nadie más que él; el presidente y su equipo de tecno-burócratas sin filiación política ni ideológica. El Mago y sus hechiceros, solo ellos parecen poseer el saber mágico que va a resolver la crisis política que asota al país, no necesitan de las organizaciones y movimiento sociales para hacer su “revolución ciudadana”.
Parece ser que más allá de la retórica de la participación, Correa quiere afirmar su imagen de Guía político, imagen mística que no abre procesos de politización y participación real de la sociedad. Su discurso convoca a una falsa participación, ya que el ciudadano no organizado, solo puede delegar su poder a un representante, no ejercerlo de manera directa. La participación a la que convoca el presidente es la participación del individuo atomizado del mundo postmoderno, de ninguna manera es una convocatoria que busque abrir procesos de alianza política con las organizaciones y movimientos sociales o a abrir procesos de organización y participación política popular autónoma. Alianza País es una amalgama informe de individuos y agrupaciones sociales, que van desde sectores de izquierda no organizada hasta la derecha reciclada y alejada de la desprestigiada derecha oligárquica.
Es importante observar el papel preponderante que los técnicos tienen en la transformación del Estado Nacional al Estado Técnico Administrativo en la era del capitalismo multinacional. La hegemonía de la razón científico tecnológica en la vida social produce un profundo proceso de despolitización en la medida en que los asuntos políticos, que tienen que ver con el complejo de intereses sociales mayoritariamente enfrentados, devienen en asuntos de administración. Es así que el Estado, instancia política por excelencia termina siendo un aparato de administración pública de recursos sociales. Sospecho que a diferencia de lo que el discurso radical de Correa dice, la forma en que se está reorganizando el Aparato Estatal indica su reconfiguración técnica-administrativa. Antes de la llegada del nuevo gobierno, el Estado Ecuatoriano no era sino un aparato político de control de las clases dominantes contra las clases populares; era claro para el país la pertenencia clasista del Estado Ecuatoriano, todos sabíamos o intuíamos que la derecha oligárquica disponía del Estado a diestra y siniestra para la realización de sus negocios. Ya nadie creía en la fantasía de la representación del interés general y fue esa claridad lo que hizo entrar en crisis la institucionalidad burguesa estatal. Quizá por esto el pueblo perdió la fe en los gobiernos y en el congreso, quizá por esto quería que se ¡¡vayan todos!!.
Descubrir el carácter de clase del Estado Nacional requiere de largos proceso de lucha social al interior de los que se construye la conciencia política de los sectores subalternos. Cada lucha popular, cada levantamiento indígena que enfrentaron el poder de las clases dominantes destruyeron la malla ideológica con que la burguesía ha construido la identidad imaginaria de su Estado. Sin fantasía ideológica comprendimos que el Estado Nacional no expresa ni de lejos los intereses de las mayorías empobrecidas de este país. La comprensión de la falacia del Estado es sin duda un avance en la lucha política que abre la posibilidad de atravesarlo desmantelarlo e ir hacia la construcción de un lazo social distinto que funde otra manera del ser social y político. Está claro que atravesar el Estado Nacional y no atraparse en él es un asunto complicado y difícil, sin embargo intentar reconstruirlo es no entender que el problema del estado no es su contenido, sino su forma misma.
La presencia de la tecnoburocracia en el seno del Estado cubre su inconsistencia dándole una nueva identidad imaginaria que se articula a través del discurso de la objetivad del conocimiento científico tecnológico. La técnica es el nuevo significante de acolchonamiento que permite reinventar al Estado como espacio neutro donde confluyen los intereses sociales para ser resueltos por medio de la administración técnica de los recursos sociales. No es gratuito que desde hace algún tiempo las llamadas “Secretarías Técnicas” proliferen al interior de los Estados Nacionales, unidades de decisión política que articulan la institución nacional con los organismos internacionales de control. El discurso tecnoburocrático no esconde los intereses político, no es un metalenguaje, su estructura, su forma expresa los intereses del capital multinacional.
Es curioso que muchos de los técnicos que trabajaron en el gobierno de Gutiérrez y de Palacio sigan trabajando en el Gobierno de Correa. Se quiere explicar esta curiosa continuidad diciendo que estos funcionarios no son políticos, que los cargos que ocupan no son políticos, que las secretarías técnicas no son instancia políticas, sino que son cargos e instancias de ordenamiento técnico. Creer esto a estas alturas de la lucha política es por decir lo menos ingenuo, sino cínico. Lo más cercano a la liquidación de lo político es la implementación de la gestión técnica en los asuntos de orden público, eso ya lo sabemos desde la época de Marcuse. El discurso técnico es una “magia” que invisibiliza los antagonismos de clase creando la ilusión de que las demandas sociales que responden a intereses concretos de los sectores sociales enfrentados se resuelven con un manejo técnico que administre los recursos en disputa. Realmente lo que se oculta es que el tema de las demandas sociales de los sectores empobrecidos solo se resuelve liquidando las relaciones de explotación sobre la que descansa este orden social y no con proyectos de desarrollo técnicamente concebidos para “paliar” los niveles de miseria y contener los procesos de lucha popular.
Ahora parece ser que la solución a los problemas políticos y sociales del país se resuelve con la organización técnica del Estado, cuando desde hace mucho se sabe que las profundas contradicciones que articulan la sociedad ecuatoriana no se resuelven con la magia de la técnica, sino con la transformación de las relaciones sociales existentes.
Debemos tener mucho cuidado en depositar las decisiones políticas en un “maestro” o en grupo de “técnicos-magos”, la política es la participación directa de las personas en los asuntos del mundo en el que quieren vivir, cualquier tipo de representación, sea la liberal burguesa o la mítica idolátrica es un proceso de transferencia y por lo tanto de enajenación del poder que cada uno tienen `para construir en colectivo la sociedad que desea.
Todos los levantamientos indígenas-populares a los que hemos asistido en los últimos veinte años han sido momentos pre-revolucionarios. La última gran movilización de abril que terminó de abrir la posibilidad de una transformación que se suponía iba a ponerse en marcha con la llegada de Correa al gobierno, se entendía que el gobierno actual podía significar una primera revolución; digo revolución por cuanto Correa no gano las elecciones del 2007 gracias a sus ofrecimiento de campaña, sino porque una subjetividad social y política desencantada del viejo orden y deseosa de transformaciones, que vino configurándose en los procesos de lucha prevolucionarios, lo “eligió”.
Una primera revolución que implica poner en marcha un proceso por el cual el viejo orden político sea negado dentro de su misma forma política ideológica, es decir dentro del Estado Nacional. Este proceso exige la participación directa de los sectores sociales subalternos en las decisiones que el gobierno lleve adelante en la perspectiva de liquidar, en un segundo momento, la forma misma del Estado. Solo la negación de la forma del Estado conlleva una verdadera revolución. Si no está en el horizonte político del Gobierno de Correa la negación del Estado no está en su horizonte la revolución, no hay radicalidad en su praxis política. La puesta en marcha del proyecto revolucionario no tiene postergación, cualquier aplazamiento es el signo indiscutible de que no hay proyecto revolucionario, sino reformas que al fin de cuentas son reencauches del viejo orden. Según dice Zizek sobre Lenin:
la noción deificada de la necesidad social (no debe arriesgarse la revolución demasiado rápidamente; hay que esperar el momento correcto, cuando la situación esté madura con relación a las leyes del desarrollo histórico: “es demasiado temprano para la Revolución Socialista, la clase obrera no está madura todavía”) o bien la legitimidad (democrática) normativa (la mayoría de la población no está de nuestro lado, de modo que la revolución no sería verdaderamente democrática.”)
La revolución no requiere permiso de ninguna entidad más allá de la subjetividad deseante de transformación, de ningún mecanismo “democrático burgués” (referéndum, plebiscito, etc.) El acto revolucionario se da justamente en la desarticulación y negación del orden vigente, no necesita garantías ni legitimidad por fuera de su posibilidad. “el temor de tomar el poder “prematuramente”, la búsqueda de garantías, es el temor ante el abismo del acto.” El temor al abismo del acto es propio de la clase media que cree tener una oportunidad de existencia en el orden burgués-capitalista, de ahí que sea una clase por excelencia “oportunista”. El proletariado, el indio, que sabe que su existencia está negada en esta sociedad no tiene temor al abismo del acto, no tiene temor a realizar el acto.
Volviendo a la primera revolución, que ya lleva en su germen la segunda y definitiva, debemos decir que la liquidación del viejo orden político pasa por cambiar radicalmente la ideología burguesa que se materializa en la manera de hacer política. Pensemos en la lógica de la representación, la espectacularización, la concentración de poder, la verticalidad, el clientelismo, la idealización, la personalización de la política, etc. Lo que se puede observar en estos seis meses del Gobierno de Correa es la continuidad de estas prácticas política, que no es otra cosa que la continuidad de la ideología burguesa oligárquica que ha gobernado históricamente este país. Sino se niega estas prácticas, que es el contenido del Estado burgués, no es posible de ninguna manera avanzar en la liquidación de la forma, ya que ésta se sostiene en estos contenidos.
6.- EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI UN SOCIALISMO DE IPOD
A un año del Gobierno de Correa se perfila el carácter de su apuesta política o los contenidos del anunciado Socialismo del Siglo XXI. Recuerdo que cuando el gobierno lanzó la idea de Socialismo del siglo XXI había una imagen de Karl Marx con un Ipod, en ese momento solo me resultó una imagen poco o nada estética, ahora con las últimas acciones del gobierno donde se clarifica el carácter de su “Revolución ciudadana”, esa triste imagen postmoderna cobra sentido. Siempre he pensado que la fuerza de la teoría revolucionaria marxista responde a dos cosas: 1. al peso histórico de las demandas y voluntades humanas en su largo caminar y a la radicalidad de la transformación civilizatoria que reclama; en este sentido Marx no es una imagen, sino un símbolo de ese fuerza humana, fuerza telúrica que he visto en los rostro de los indios de estos Andes ecuatorianos. Marx con un Ipod: qué será lo que escucha? Cuál es la música que lo vuelve liviano, que le quita peso y fuerza a sus ideas, a su pensamiento revolucionario? Tan liviano que es fácil jugar con su pensamiento, es fácil hablar de un socialismo con propiedad privada, de en un socialismo de mercado, de en un socialismo en noviazgo con el capitalismo. En la época de la “modernidad líquida” todo es posible diría Bauman.
Creo que es urgente sacarle a Marx el Ipod así perderá la levedad y caerá en la tierra, en lo profundo de la tierra donde su pensamiento nuevamente eche raíces en la voluntad humana e inflame su potencia creativa. Hay que volver al Marx, al hueso duro atrancado en la garganta del Capital, sea éste norteamericano o chino-brasileño.
