By icciec2024
Dayuma en el corazón
Pablo Dávalos
El Ministro de Gobierno de Alianza País, Fernando Bustamante, ha sido llamado a mediados de febrero, a la Asamblea Constituyente a exponer las políticas de Estado con respecto a la seguridad nacional y con referencia a lo ocurrido en la parroquia de Dayuma, provincia de Orellana, en la amazonía ecuatoriana. El Ministro justificó el uso de la fuerza y la utilización del ejército en contra de la población civil, indicando que se trataba de un caso grave y extremo de violencia y provocación de sectores interesados en inducir el caos en el país. Se trata, en realidad, de una retórica recurrente en casi todos los gobiernos en los que, casi siempre y según la lógica oficial, en todo acto de protesta o movilización social, hay infiltrados que provocan a la población y a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, lo que llama la atención en esta oportunidad, fue la frase utilizada por el Ministro de Gobierno, justificando lo ocurrido en Dayuma porque, según él, en hechos anteriores se habían registrado "34 bajas sufridas por las fuerzas del orden", aunque el Ministro tuvo que precisar de que no se trataron de "bajas mortales", es decir, no hubieron muertos. La utilización de la retórica belicista para calificar los enfrentamientos entre la población y el gobierno dan cuenta de que en las coordenadas del poder la política debe entenderse siempre como un campo de confrontaciones bélicas, en las que la referencia a lo bélico no es una metáfora sino una realidad. El lapsus del Ministro forma parte de una visión pragmática del poder en el que los que no están con el gobierno evidentemente están en su contra, y por tanto se convierten en enemigos a los que hay que derrotar bélicamente. La población de Dayuma, por el único delito de ejercer el derecho ciudadano (en pleno contexto de "revolución ciudadana") a la protesta, fue considerada como un enemigo militar y tratada a ese tenor. Sus pobladores ahora están acusados de terrorismo por quienes, precisamente, utilizaron el terrorismo de Estado como arma de confrontación política.
Los "terroristas"
Vicente Moreira es el panadero de la parroquia rural de Dayuma. Cuando el ejército irrumpió en la parroquia y empezó a buscar a los "terroristas", Vicente estaba en su panadería amasando el pan de la tarde. Su esposa, Luz del Alba, estaba embarazada y trató de proteger su hogar. Tanto ella como Vicente fueron brutalmente golpeados. Luz del Alba casi pierde a su niño y Vicente aún está en la cárcel acusado de terrorismo. En la población de Dayuma, el argumento de que Vicente habría dado positivo en la prueba de la parafina, lo que supuestamente demostraba su "participación terrorista", provoca sonrisas de incredulidad y desasosiego ante el cinismo gubernamental. Su esposa ahora está en la miseria y vive de la solidaridad del poblado. Su niño recién nacido está enfermo y no tiene medicinas. La madre de Wilmer Armas, Gloria Ramírez, no entiende aún porqué su hijo está en la cárcel acusado de terrorismo. Wilmer es el vicepresidente de la Junta Parroquial de Dayuma y como autoridad local, había ido a negociar con el ejército que se había apostado a la entrada de la población. Wilmer fue golpeado apenas llegó al sitio y luego fue torturado. Gloria aún no puede entender porqué tanta violencia, porqué tanta saña del gobierno. Rosa Mangasha, indígena de la zona y que habita en la parroquia, cuenta cómo el ejército entró en su hogar disparando y lanzando gases lacrimógenos. Sus hijas de dos y tres años se desmayaron por los gases lacrimógenos. Su esposo, al tratar de protegerlas, fue abaleado, y herido fue arrastrado y pisoteado hasta los camiones que amontonaban los detenidos uno encima de otro. Pastora Morillo, embarazada, fue golpeada y su hogar fue inundado de gases lacrimógenos. Jorge Plazarte, fue golpeado, pisoteado, encarcelado y casi pierde la visión en el ojo izquierdo. Abel Mina fue golpeado conjuntamente con su padre que estaba convaleciendo de una operación quirúrgica, y también fue encarcelado. Leonel Moya cuenta como lo golpearon: "me pusieron contra el piso y una bota encima de rostro me restregaba contra el suelo, mientras me insultaban y me decían que me iban a matar". Son nombres entre varios, que no serán considerados como bajas civiles ni como víctimas del terrorismo de Estado, simplemente es pueblo que tuvo el coraje de reclamar lo que consideraban justo. Para el régimen todos ellos son terroristas. Los organismos de derechos humanos han guardado un silencio bastante parecido a la complicidad, y lo único que han reprochado es que los detenidos hayan sido trasladados en medios de transporte no adecuados. Ahora Dayuma es un pueblo fantasma. La alegría de un pueblo que se parecía mucho a Macondo o Comala, fue robada por un gobierno que se autoproclama defensor de la "revolución ciudadana". Margarita Mora, habitante de Dayuma dice del Presidente Rafael Correa, con lágrimas en los ojos, que se le cayó la imagen que de él había construido: "Luché por él. Hice campaña porque lo consideré un hombre honesto, pero ahora se me ha caído del pedestal". Guadalupe Llori, prefecta provincial de Orellana, que nada tenía que ver con los eventos, ha sido convertida en víctima propiciatoria y acusada de ser la instigadora de los "hechos terroristas de Dayuma". El sistema jurídico ecuatoriano la ha exonerado de toda culpa con respecto a Dayuma, pero el gobierno ejerce presión sobre la justicia para evitar su libertad. Aún está en la cárcel. El gobierno hace cálculos para evitar que Llori asuma nuevamente la Prefectura de la Provincia, y en su lugar se posesione alguien vinculado al régimen, y de esta manera tener carta blanca para su política extractivista en la región. Hasta ahora nadie ha defendido a los "terroristas" del terrorismo de Estado. Siguen esperando la amnistía por un delito que no cometieron.
La Asamblea Constituyente ecuatoriana, totalmente controlada por el gobierno, y que incluso se arrogó para sí los "plenos poderes", no pudo ni siquiera aprobar una moción de respaldo a los derechos humanos de la población de Dayuma. El Presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, personaje vinculado a los derechos humanos y a la crítica al neoliberalismo, durante la coyuntura de la represión en Dayuma guardó un silencio cómplice con los represores, e impidió que la Asamblea Constituyente se pronunciase a favor de los derechos humanos de la población de Dayuma. La razón de Estado se convirtió en más importante que cualquier pronunciamiento que pudiese debilitar al régimen, aunque sea al costo de defender los derechos humanos fundamentales.
Dayuma afectó la credibilidad y legitimidad de la Asamblea Constituyente. Ahora, muchos sectores miran con desconfianza y se preguntan qué clase de Carta Constitucional puede aprobar una Constituyente que no pudo, ni supo defender los derechos más fundamentales de su población. Con qué legitimidad ahora se puede hablar de "revolución ciudadana", si el derecho ciudadano básico a la integridad, fue violentado y pisoteado en Dayuma. El régimen realiza una presión política fuerte sobre la Asamblea Constituyente para evitar que ésta apruebe una moción de amnistía para los pobladores de Dayuma que ahora afrontan juicios penales por terrorismo. La dócil Asamblea Constituyente sigue haciendo caso omiso de los pedidos para que se absuelva y se compense a los pobladores de Dayuma.
Los culpables
Habíamos sido testigos en América Latina de cómo diferentes gobiernos neoliberales criminalizaron a los movimientos sociales y a las protestas sociales y ciudadanas, y guardábamos la esperanza de que los gobiernos progresistas, al menos, restauren los principios de los derechos fundamentales. Pero aquella tenue frontera entre la criminalización y la construcción del enemigo a combatir, era un espacio que ni siquiera nos habíamos imaginado. Las declaraciones del ministro ecuatoriano del Interior sobre Dayuma, y su contabilidad de las bajas militares en su guerra en contra del pueblo, dan cuenta que en América Latina ha empezado no solo un proceso de criminalización a las movilizaciones sociales y protestas ciudadanas, sino un verdadero causus belli en contra de la población. Se trata de un retorno a las épocas del terrorismo de Estado, en el que los gobiernos utilizaron el poder y la violencia del Estado para provocar verdaderos genocidios a nombre de la razón de Estado. El nuevo terrorismo de Estado, en el que Dayuma, al igual que los mapuches perseguidos en Chile, es el nuevo argumento del poder que quiere expulsar a las poblaciones de los territorios que han sido privatizados en el nuevo festín de los denominados "commodities" (petróleo, madera, agua, minerales, agrocombustibles, etc.). En el nuevo terrorismo de Estado, en el que los legítimos actos de defensa y de protesta de la población, y que, además, son parte de las garantías y derechos fundamentales del liberalismo clásico, son visualizados como actos terroristas, y el ejército y la policía tiene "bajas" en su confrontación con la población civil, son concomitantes a las nuevas derivas del sistema-mundo capitalista, en el que los países de la periferia se convierten nuevamente en exportadores de materias primas, y sus poblaciones se convierten en enemigos a controlar, someter o a expulsar. Se trata de una nueva división internacional del trabajo en el que se retorna al capitalismo decimonónico. Son tiempos de conquista, de ocupación, de violencia. Entre Dayuma y el caso Poluco Pidenco en Chile, media esa construcción del terrorismo estatal y la razón del poder que sigue siendo mercantil y neoliberal. Hay un hilo conductor entre la huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles, hermana del pueblo mapuche, y la resistencia de Dayuma: evidencian que la globalización neoliberal empieza a mostrar su verdadero rostro de medusa y que los pueblos ahora tendrán que defenderse incluso de aquellos gobiernos que se autoproclaman socialistas.
