Bienvenidos al "Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas"
Cada octubre, la memoria histórica de nuestras comunidades se activa no como un mero ejercicio de evocación del pasado, sino como una categoría analítica indispensable para comprender la estructura de explotación del presente. No es posible descifrar la arquitectura financiera internacional contemporánea sin desenterrar las raíces de la modernidad colonial.
Como bien lo planteó Karl Marx en el tomo I de El Capital y lo popularizó Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, el surgimiento de la economía-mundo capitalista tuvo su piedra angular en la conquista, despojo y despoblación de Abya Yala. La extracción voraz del oro de Potosí, la plata de Zacatecas y el trabajo esclavo o servil imposición en mitas y encomiendas no fueron un hecho aislado del desarrollo europeo, sino la verdadera acumulación originaria de capital sobre la Sangre del Abya Yala.
Esa transferencia masiva y violenta de valor desde las periferias coloniales hacia las metrópolis europeas financió la acumulación comercial, la Revolución Industrial y la consolidación de la hegemonía occidental. Sobre las tumbas de los pueblos originarios y el arrasamiento de los saberes comunitarios (Sapi), se trazó la división internacional del trabajo que asignó a nuestra región una función primaria y subalterna: ser proveedora de materias primas baratas, cantera de bienes comunes y receptora de manufacturas e ideologías dominantes.
A 534 años del inicio de este proceso, los mecanismos del despojo se han sofisticado, integrando la coerción económica con una agresiva reconfiguración geopolítica.
La nueva ofensiva neoconservadora y la acelerada “derechización” en América Latina no ocurren en un vacío local, sino que están profundamente alineadas con los intereses estratégicos de las potencias del Norte global.
La diplomacia de la Casa Blanca ha reasumido un rol tutelar directo en el hemisferio, restaurando formas contemporáneas de la Doctrina Monroe.
La agresión militar que culminó con el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026, sumada a la implementación de la agenda de seguridad del “Escudo de las Américas”, marcó un hito simbólico y político: el intento explícito de clausurar cualquier alternativa soberana y reestructurar la geopolítica regional en favor del capital transnacional.
Esta estrategia de dominación se manifiesta en el respaldo abierto a liderazgos conservadores y de extrema derecha (como Abelardo de la Espriella en Colombia, Flávio Bolsonaro en Brasil o Javier Milei en Argentina), promoviendo discursos de “mano dura” y militarización de la vida pública.
Aprovechando el temor legítimo de las poblaciones ante el avance del crimen organizado y el narcotráfico —fenómenos exacerbados precisamente por el abandono estatal—, estas agendas justifican la suspensión de garantías democráticas, la persecución de la protesta social y la entrega de recursos naturales a cambio de una promesa ilusoria de paz inmediata.
Paralelamente a la presión militar y geopolítica, el Fondo Monetario Internacional (FMI) opera como el principal gendarme financiero de la región. Tras un periodo de relativa autonomía financiera durante los primeros años del siglo XXI, América Latina ha sido reincrustada en el circuito del sobreendeudamiento multilateral.
Según informes recientes de entidades analíticas como International Development Economics Associates (IDEAs) y la CEPAL, la región atraviesa una “segunda década perdida”, caracterizada por un estancamiento estructural con tasas de crecimiento promedio inferiores al 2% anual desde 2014. Hoy, 17 de los 32 países de América Latina y el Caribe mantienen acuerdos o compromisos financieros activos con el FMI, abarcando el 44% de la cartera de crédito global del organismo.
El patrón macroeconómico de este endeudamiento demuestra que la intervención del FMI no busca la estabilización productiva ni el desarrollo autosostenible:
1. Efecto Anticatalítico: Lejos de atraer inversión privada productiva, la enorme masa de deuda soberana concentrada con el FMI actúa como un factor de disuasión para el crédito internacional, atrapando a los países en refinanciamientos perpetuos.
2. Flujo Neto Negativo: Gran parte de los nuevos desembolsos no ingresa a la economía real ni financia infraestructura pública; se reencauza de forma casi inmediata hacia el pago de amortizaciones e intereses de deudas previas con el propio Fondo y tenedores privados.
3. Internalización de la Austeridad: La ortodoxia del superávit primario se ha naturalizado en la política fiscal regional, imponiendo techos de gasto que estrangulan la capacidad de los Estados para responder a crisis sanitarias, educativas o climáticas.
Ecuador sintetiza de manera trágica el impacto de estas recetas macroeconómicas. Convertido en el segundo mayor deudor del FMI en América Latina —solo por detrás de Argentina— y ubicándose entre los cinco principales deudores a nivel mundial con una acreencia cercana a los 10 000 millones de dólares, el país vive las consecuencias de la consolidación del modelo neoliberal bajo el régimen de dolarización.
Al carecer de política monetaria propia, el ajuste en Ecuador se ejecuta “por cantidades, salarios y gasto público”, descargando todo el peso sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares:
Las condicionalidades de la austeridad y la derechización política no golpean a la sociedad de forma uniforme. Existe una dimensión de clase, etnia y género en la distribución del dolor económico.
Sufren la presión violenta sobre sus territorios ancestrales (Pachamama), los cuales son entregados a concesiones mineras y petroleras para obtener las divisas que exige el pago de la deuda externa. La destrucción de la economía campesina y la falta de riego o infraestructura vial agravan la pobreza rural.
El retiro del Estado de los servicios de salud, cuidado infantil y atención a adultos mayores traslada de forma desproporcionada esa carga de trabajo al ámbito doméstico. A este despojo material se suma la ofensiva ideológica contra los derechos sexuales, reproductivos y de género, orientada a reordenar las jerarquías patriarcales y vaciar de contenido las políticas de igualdad.
Atrapados entre la falta de acceso a la educación superior pública por recortes presupuestarios y la ausencia de empleo formal, las juventudes quedan expuestas al reclutamiento por parte de redes de criminalidad o a las dinámicas de represión estatal bajo los estados de excepción.
A pesar de la magnitud de la ofensiva, el modelo de ajuste fiscal e injerencia externa enfrenta serias contradicciones internas e insuperables niveles de resistencia social. El cambio político hacia la extrema derecha no ha traído la estabilidad prometida, sino que ha reactivado la conflictividad distributiva en toda la región:
Quinientos treinta y cuatro años después de la llegada de los primeros invasores a Abya Yala, el mensaje de este boletín de octubre es contundente: no hay deuda odiosa ni ajuste fiscal que pueda extinguir la raíz histórica de nuestra resistencia.
El verdadero dilema de América Latina no se resuelve en los pasillos del FMI ni en los despachos de los organismos internacionales. Se resuelve en la capacidad de los pueblos de tejer la fuerza de la juventud con la sabiduría de los mayores (Ishkantin Kawsay: tejiendo la fuerza con la sabiduría) y de mantener la continuidad de nuestra raíz histórica (Sinchi Sapi Pakta Kawsay).
Las venas de nuestra América continúan abiertas y sangrantes por el saqueo de minerales, divisas y trabajo precarizado. Pero por esas mismas venas corre la sangre de los levantamientos indígenas, de las luchas obreras, de las exigencias feministas y del mandato ancestral de defender la tierra, la vida y la soberanía. Frente al capital transnacional y la diplomacia del garrote, la respuesta de Abya Yala sigue siendo la misma de siempre: organización, dignidad y lucha comunitaria para escribir nuestra propia historia.
Hatari Ulcuango
El En 2008, el movimiento indígena consiguió la incorporación o ratificación de una serie de derechos y principios en la Constitución, como el Estado plurinacional e intercultural, el sumak kawsay, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza y la educación intercultural bilingüe, gracias a una historia de lucha y resistencia sostenida generación tras generación. La continuidad de esta Carta Magna fue defendida por el pueblo ecuatoriano en el referéndum y consulta popular de 2025, cuando rechazó la convocatoria a una Asamblea Constituyente que, a todas luces, amenazaba con abrir el camino hacia un retroceso en los derechos conquistados.
El proyecto político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE, 1994) es tan claro como legítimamente ambicioso en cuanto a la exigencia de los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y mestizos, de quienes conforman la clase trabajadora nacional. En este documento, la organización declara:
Nuestra lucha es una opción frontal contra el sistema económico, político e ideológico capitalista hegemónico, represivo y esclavizante, tanto nacional como internacional, que impide la Autodeterminación y la Independencia económica y política de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y de los demás sectores sociales del Ecuador. (p. 7)
Además, declara como principios propios el humanismo integral, entendido como una forma de reproducción de la vida en la que el ser humano se interrelaciona con la naturaleza y, por tanto, depende de ella para vivir; el comunitarismo, como una forma de vida en comunidad basada en la reciprocidad, solidaridad e igualdad; la democracia plurinacional comunitaria, que persigue la participación de los pueblos y nacionalidades como titulares de derechos y, por tanto, sujetos con poder de decisión sobre sus territorios y recursos, entendiendo esto como ejercicio del poder político; y el plurinacionalismo, que reconoce la existencia de los pueblos y nacionalidades indígenas como entidades económicas, políticas y culturales históricamente diferenciadas. A estos principios se suman la unidad en la diversidad, como reconocimiento de los diferentes pueblos y de la necesidad de su unión; la autodeterminación, como el derecho a elegir y ejercer poder sobre su propio sistema político y económico; la soberanía plurinacional, como una apuesta por la voluntad y el poder político de los pueblos, dejando atrás el dominio de los grupos hegemónicos; la independencia económica, política, ideológica y tecnológica; y, finalmente, la solidaridad internacional, como un principio de reconocimiento moral, político y material basado en el humanismo y la reciprocidad con los pueblos sometidos a Estados hegemónicos.
Entonces, podemos entender la interculturalidad y la plurinacionalidad como objetivos comunes de los pueblos en la búsqueda de una vida digna o del buen vivir, sumak kawsay.
Sin embargo, el ejercicio de los derechos dista del reconocimiento jurídico que yace en el papel. De hecho, el reconocimiento y la utilización de símbolos, idiomas y prácticas culturales pueden formar parte de la administración pública, pero no constituyen, por sí solos, un Estado intercultural y plurinacional, sobre todo si su explotación responde únicamente a productos comunicacionales en el marco de agendas electorales, como sucede con el actual Gobierno. Un ejercicio real consistiría en el reconocimiento, respeto y distribución del poder de decisión sobre las instituciones públicas, sus formas de participación, sus criterios de validación del conocimiento y la transformación de las estructuras administrativas homogeneizadoras y, especialmente, sobre los territorios, recursos y medios de producción de los pueblos. Estas transformaciones han sido despreciadas por el Gobierno nacional, pues contravienen los intereses neocoloniales y extractivistas denunciados frente a las iniciativas de explotación minera, que constituirían nuevas formas de invasión y colonización de los territorios ancestrales y de los pueblos que los habitan.
Estas contradicciones tienen también una expresión material. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) anual de 2025 (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2026), apenas el 18,15 % de la población indígena económicamente activa accedió a un empleo adecuado, frente al 40,92 % de la población mestiza. Asimismo, el 76,91 % de las personas indígenas ocupadas trabajaba en el sector informal y, entre las mujeres indígenas, el empleo adecuado apenas alcanzó el 11,16 %, mientras el empleo no remunerado llegó al 39,43 %. Estas cifras retratan una desigualdad económica que persiste más allá del reconocimiento constitucional y que exige cuestionarse de qué interculturalidad se habla cuando los pueblos continúan enfrentando condiciones materiales profundamente desiguales.
Otras formas de despojo que afectan a la clase trabajadora son el debilitamiento y el desmantelamiento institucional de sectores sociales estratégicos como la salud y la educación, cuyos efectos repercuten principalmente en las poblaciones más vulnerables, como los pueblos y nacionalidades.
Respecto al sector de la salud, el Gobierno nacional no ha tenido la capacidad o, por lo menos, la voluntad política suficiente para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los hospitales, a pesar de las promesas presidenciales pronunciadas incluso en actos nacionales, como ocurrió durante el Informe a la Nación del 24 de mayo de 2026. En aquella ocasión, el presidente de la República anunció una compra masiva de medicamentos que, según las declaraciones posteriores de la ministra de Gobierno, se concretaría en tres semanas. Sin embargo, transcurrieron los meses y, en septiembre, el propio Gobierno reconoció que el abastecimiento de medicinas en las casas de salud apenas alcanzaba el 60% (Beltrán, 2026), mientras proyectaba llegar a una cobertura de entre el 75 % y el 80 % al finalizar el año, sin alcanzar todavía la cobertura plena.
Por otro lado, respecto al sector de la educación, el problema tampoco se limita a lo que se anuncia o presupuesta, sino a aquello que efectivamente se ejecuta. Según el informe oficial de rendición de cuentas del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (2026), su Plan Anual de Inversiones registró en 2025 aproximadamente USD 236,19 millones de presupuesto codificado y USD 187,02 millones devengados, equivalentes a una ejecución del 79,18 %. Particularmente, el proyecto de reestructuración integral de infraestructura educativa ejecutó apenas el 37,49% de sus recursos codificados. Así, mientras se anuncian inversiones y transformaciones, una parte de los recursos previstos para mejorar las condiciones de aprendizaje no llega a materializarse dentro del ejercicio fiscal correspondiente.
La existencia de presupuesto, por sí sola, no garantiza el cumplimiento de un derecho. A ello se suma la denominada reforma a la normativa de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), promovida por el Gobierno nacional, que ha afectado gravemente la capacidad de los municipios para sostener programas de alimentación escolar, una conquista social que beneficia especialmente a las periferias históricamente olvidadas, donde crecen las hijas y los hijos de los pueblos y nacionalidades.
Frente a esta política de despojo institucionalizada desde el Ejecutivo, las organizaciones sociales y estudiantiles han alzado su voz. Así ocurrió en la Universidad de Cuenca, donde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, filial Cuenca, junto con docentes, ejerció su legítimo derecho a la protesta durante una visita presidencial cuestionada por su instrumentalización con fines electorales. Durante la visita, el Gobierno presentó como logro propio el proyecto de construcción de una residencia universitaria, reivindicación histórica del movimiento estudiantil. Durante la protesta, los manifestantes denunciaron agresiones de la Fuerza Pública que escoltaba al mandatario y cuestionaron la presencia de agentes fuertemente armados en espacios universitarios que deben ser respetados como territorios de paz. Posteriormente, el presidente de la Federación y uno de sus docentes fueron atacados, intimidados y acosados en redes sociales por medios que difunden propaganda gubernamental. En contraste, el Gobierno utilizó imágenes de población indígena para promocionar la visita, evidenciando una instrumentalización simbólica de su identidad que dista de una interculturalidad sustantiva, fundada en el respeto a sus derechos y decisiones políticas, como el rechazo de las comunidades cañaris a la minería en sus territorios, cuyas consecuencias afectarían también al pueblo cuencano.
Esta distancia entre el reconocimiento cultural y el ejercicio efectivo del poder fue advertida por Quijano (2005/2020):
[…] no se trata solamente de hacer admitir en los textos constitucionales las frases rituales, ahora comunes a casi todos esos textos, sobre la plurietnicidad, la pluriculturalidad, la pluri, etcétera. Se trata de que la estructura institucional del Estado sea modificada en sus fundamentos, de modo que pueda representar efectivamente a más de una nación. Es decir, se trata de una múltiple ciudadanía, ya que en la existente los “indígenas” no tienen, no pueden tener, plena cabida. (pp. 734–735)
El caso contemporáneo más alarmante en términos de institucionalidad, por las condiciones opacas e ignominiosas que rodean el proceso, es lo sucedido con la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, intervenida recientemente por el Consejo de Educación Superior (CES), tras considerar configuradas las causales legales necesarias para una intervención, sobre la base de informes y denuncias cuyo sustento fue públicamente cuestionado.
En efecto, una de las primeras denuncias que dieron origen a las investigaciones fue desconocida por la propia estudiante a quien se atribuía su presentación, quien denunció públicamente la presunta falsificación de su firma y suplantación de identidad. Posteriormente, el CES conoció otras denuncias y continuó con el procedimiento, pese a los cuestionamientos sobre estos antecedentes y la legitimidad de las pruebas.
A esta situación se suma la crisis presupuestaria. La propia Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (2025) informó que su presupuesto inicial de 2025 fue de USD 7,06 millones y que la proforma de 2026 contemplaba apenas USD 3,80 millones, una reducción del 46,15 % respecto a la asignación inicial del año anterior y del 68,92 % frente al presupuesto codificado de 2025. Estas cifras dan cuenta de la magnitud de las restricciones presupuestarias previstas para una institución creada para responder a las necesidades educativas, científicas y territoriales de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Así, el fruto de la lucha de nuestros abuelos, y no una concesión estatal, corre el riesgo de convertirse en un botín político del que pretende apropiarse el actual Gobierno.
Las denuncias de desvinculaciones docentes y administrativas, junto con los cuestionamientos a la intervención, alimentan la preocupación por el posible desmantelamiento de un modelo educativo que apuesta por una educación liberadora, enmarcada en los principios de la interculturalidad y la plurinacionalidad. En respuesta, los pueblos y nacionalidades, como clase trabajadora, debemos permanecer en vigilia frente a las infames pretensiones de eliminar este ícono del progreso educativo intercultural, bilingüe y comunitario.
La folclorización no debe entenderse únicamente como un acto de apropiación banal sino como una expresión de la colonialidad institucionalizada en el Estado y la sociedad que, bajo la apariencia del reconocimiento cultural, perpetúa estructuras de dominación de clase y subordinación étnica, restringiendo el poder político de los pueblos sobre sus territorios, recursos e inclusive vidas.
La lucha de nuestros abuelos nos legó la tarea histórica de transformar estas estructuras y materializar la plurinacionalidad mediante la autonomía, la redistribución de la riqueza y el ejercicio efectivo de los derechos conquistados.
Corresponde a nuestra generación defender ese legado y profundizar la lucha para que los pueblos gobiernen su propio destino.
Referencias
12 DE OCTUBRE, NUEVOS FRENTES DE LUCHA POR LA VIDA: DÍA DE LA INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD DEL ECUADOR.
Jimy Tene
El 12 de octubre es una fecha que marca el fin de una historia y el inicio de otra, un acontecimiento que transformó profundamente el destino de nuestros pueblos. Una historia que, lamentablemente, quedó escrita en muchas de sus páginas con la sangre de nuestros ancestros, quienes lucharon por defender su existencia, su territorio y su propio sistema de vida frente a una realidad que pretendió someterlos y desaparecerlos.
Sin embargo, nuestros pueblos resistieron y lucharon por seguir existiendo. Su legado sigue vivo en nuestra sangre, en nuestra memoria, en nuestras lenguas, en nuestras comunidades y en nuestra forma de comprender la vida. Esa resistencia histórica nos ha permitido avanzar y conquistar importantes derechos colectivos, derechos que no fueron regalos de ningún gobierno ni concesiones de ningún partido político, sino conquistas alcanzadas mediante la organización, la unidad, la lucha y la perseverancia de nuestros pueblos y nacionalidades.
Por esta razón, hoy, 12 de octubre, en Ecuador conmemoramos el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, fecha que no debe ser únicamente un acto conmemorativo, una ceremonia institucional o un discurso que se repite cada año. Debe ser, ante todo, un momento de reflexión profunda, de autocrítica y de compromiso colectivo con el presente y el futuro de nuestros pueblos.
El Ecuador se reconoce constitucionalmente como un Estado intercultural y plurinacional, esto gracias nuestra lucha y que representa una conquista histórica de nuestros pueblos y nacionalidades. Sin embargo, debemos preguntarnos con responsabilidad: ¿hasta qué punto este reconocimiento constitucional se ha convertido en una realidad en la vida cotidiana de la sociedad ecuatoriana?
¿Estamos construyendo un Estado que comprende, respeta y practica la interculturalidad y la plurinacionalidad, o seguimos viviendo bajo las mismas estructuras de exclusión, desigualdad y concentración del poder que históricamente hemos cuestionado?
Hoy es más frecuente encontrar profesionales provenientes de pueblos y nacionalidades ocupando cargos de autoridad en distintos niveles de gobierno. Esto gracias a nuestros pueblos que han luchado durante generaciones para abrir espacios que antes nos fueron negados.
Ante ello nos preguntamos ¿la presencia de nuestras autoridades en las instituciones está transformando las estructuras del Estado o simplemente está incorporando nuevos rostros a las mismas estructuras de siempre?
No es suficiente que una persona perteneciente a un pueblo o nacionalidad llegue a ocupar un espacio de autoridad, es necesario analizar qué cambios impulsa, qué derechos fortalece, qué desigualdades combate y cuánto contribuye a construir una sociedad más justa, complementaria e igualitaria.
El verdadero avance no se mide solamente por cuántos compañeros llegan a ser autoridad, sino también por cuánto cambia la realidad de nuestras comunidades, cuánto se fortalece la autonomía de nuestros pueblos, cuánto se respetan nuestros territorios y cuánto se transforma la manera en que se toman las decisiones que afectan a nuestras vidas.
Porque si llegamos a los espacios de poder, pero no transformamos las estructuras que producen desigualdad, debemos tener la valentía de reconocer que todavía tenemos una tarea pendiente.
Como pueblos y nacionalidades, también debemos mirarnos hacia dentro y preguntarnos qué estamos haciendo con la historia de lucha que hemos heredado de nuestros abuelos.
Como sector comunitario organizado a nivel nacional, ¿estamos renovando nuestras estrategias para conquistar nuevos derechos y transformar estructuralmente el país, o hemos permitido que nuestras luchas se conviertan en instrumentos de intereses particulares, electorales y partidistas?
¿Estamos fortaleciendo la unidad desde nuestras comunidades o estamos debilitando nuestras propias organizaciones por diferencias personales, disputas de liderazgo e intereses coyunturales?
Con esto no busco deslegitimar la lucha histórica de nuestros pueblos. Al contrario, es la necesidad de defenderla, fortalecerla y proyectarla hacia el futuro, debemos comprender que ningún movimiento ni partido político puede sustituir la capacidad de pensamiento, organización y decisión de nuestros pueblos, no podemos entregar nuestra conciencia colectiva a cambio de espacios temporales de poder. Tampoco podemos confundir la participación política con la transformación social. Nuestra lucha no puede reducirse a conquistar espacios dentro del Estado; debe orientarse a transformar el Estado para que responda verdaderamente a la diversidad de los pueblos que lo conformamos.
Por eso, la unidad no debe significar obediencia ciega, ni la crítica debe interpretarse como traición. Una organización madura es aquella que sabe debatir, cuestionar, corregir sus errores y renovar sus caminos sin perder sus principios.
Nuestros ancestros nos enseñaron a resistir frente a la adversidad. A nosotros nos corresponde aprender también a evaluar nuestras decisiones, superar nuestras contradicciones y construir nuevas formas de organización que respondan a los desafíos de nuestro tiempo.
Debemos entender que la interculturalidad y la plurinacionalidad no son únicamente conceptos constitucionales ni principios que deben aparecer escritos en documentos oficiales, son una forma de comprender y organizar la vida en sociedad, implican reconocer que somos diversos, que tenemos distintas culturas, conocimientos, lenguas y formas de organización, pero que podemos convivir con dignidad, respeto y justicia, sin que una cultura se imponga sobre otra.
Nuestros pueblos han desarrollado, a lo largo de generaciones, conocimientos vinculados con la convivencia comunitaria, la reciprocidad, el cuidado de la naturaleza y la responsabilidad colectiva. Estos conocimientos no deben idealizarse, ni permanecer estancados; deben dialogar con otros saberes, enriquecerse y contribuir a resolver los problemas del presente.
La plurinacionalidad plantea el desafío de construir un país donde la diversidad no sea motivo de discriminación, sino una fuente de aprendizaje y transformación y la interculturalidad nos invita a ir más allá de la simple tolerancia, nos conlleva aprender a convivir, dialogar y construir acuerdos entre diferentes, reconociendo la dignidad y los derechos de todos.
La unidad en la diversidad no significa que todos debamos pensar igual, significa que podemos construir un futuro común sin renunciar a lo que somos.
Este es uno de los aportes que nuestros pueblos pueden ofrecer al Ecuador y a la humanidad, demostrar que la convivencia no necesita fundarse en la imposición, sino en el respeto, la complementariedad y la responsabilidad compartida.
Mientras reflexionamos sobre nuestra historia y nuestros desafíos actuales, el mundo entro en una nueva etapa de transformación tecnológica.
La inteligencia artificial está cambiando la manera en que aprendemos, trabajamos, producimos, nos comunicamos y tomamos decisiones. Su desarrollo abre posibilidades extraordinarias, pero también plantea riesgos relacionados con la desigualdad, la concentración del poder, la manipulación de la información, la migración de empleos, la vigilancia y el uso de la tecnología con fines destructivos.
Frente a esta realidad, debemos plantearnos una pregunta fundamental: ¿estamos preparándonos para comprender esta nueva tecnología y utilizarla en beneficio de nuestras comunidades, o estamos esperando una vez más que otros decidan por nosotros cómo debemos vivirla?
No podemos permitir que la brecha tecnológica se convierta en una nueva forma de exclusión para nuestros pueblos y nacionalidades, si no participamos en la construcción, el conocimiento y la orientación ética de estas tecnologías, corremos el riesgo de convertirnos únicamente en consumidores de herramientas diseñadas por otros, sin capacidad suficiente para decidir cómo utilizarlas según nuestras necesidades y principios.
Por eso, debemos comenzar a formar a nuestros jóvenes, fortalecer la educación comunitaria, desarrollar capacidades digitales y promover el acceso al conocimiento científico y tecnológico en nuestras comunidades, pero, no se trata solamente de aprender a utilizar la inteligencia artificial, también debemos preguntarnos para qué la utilizamos, a quién beneficia, qué consecuencias produce y qué límites éticos debemos establecer.
Aquí encontramos una enseñanza que conecta profundamente con nuestra reflexión sobre la sabiduría: La sabiduría es conocer los límites, entender las consecuencias y ser capaces de no hacer algo cuando sabemos que no se debe hacer.
No toda innovación representa necesariamente un avance para la humanidad. Una tecnología puede ser extraordinaria en sus capacidades y, al mismo tiempo, resultar perjudicial si se utiliza sin responsabilidad, sin principios éticos y sin considerar sus consecuencias sociales y ambientales, la inteligencia artificial no existe aislada de la sociedad, su desarrollo y sus aplicaciones están influidos por las decisiones humanas, los intereses económicos, las relaciones de poder y las condiciones sociales en las que se utiliza, por eso, hablar de una IA segura también exige reflexionar sobre la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la contaminación, la guerra y las formas de violencia que atraviesan nuestras sociedades, por ello una buena semilla difícilmente podrá desarrollarse de manera saludable si el suelo en el que crece está profundamente deteriorado, de la misma manera, el avance tecnológico no resolverá por sí solo los problemas de una sociedad que no atiende las causas de sus desigualdades y conflictos.
Por eso, nuestro desafío no consiste en rechazar la tecnología por temor ni en aceptarla sin cuestionamientos. Consiste en comprenderla, apropiarnos críticamente de ella y orientar su desarrollo hacia el bienestar colectivo.
Mientras algunos actores pueden utilizar la tecnología para concentrar poder, vigilar, manipular o causar daño, nosotros debemos trabajar para que estas herramientas contribuyan a educar, prevenir la violencia, proteger la naturaleza, fortalecer las lenguas ancestrales, recuperar la memoria histórica, mejorar la producción comunitaria y encontrar soluciones a los problemas de nuestros territorios.
¿Por qué no pensar en una inteligencia artificial que ayude a preservar nuestras lenguas originarias, documentar los conocimientos de nuestros mayores, fortalecer la educación intercultural y apoyar a las comunidades en la defensa de sus derechos?
¿Por qué no impulsar una tecnología que permita a nuestros jóvenes investigar, crear, innovar y participar en las decisiones que definirán el futuro?
¿Por qué no contribuir a una ciencia y una tecnología que tengan como principio fundamental el cuidado de la vida?
Si otros pueden desarrollar tecnología para competir por el poder, nosotros también debemos prepararnos para desarrollar capacidades tecnológicas que contribuyan a proteger la vida, la dignidad humana y el equilibrio con la naturaleza.
No se trata de enfrentar a unos pueblos contra otros, ni de sustituir una forma de dominación por otra. Se trata de demostrar que el conocimiento y la tecnología pueden orientarse hacia la cooperación, la justicia y la construcción de un futuro compartido.
Ese es el nuevo frente de lucha que debemos reconocer, no solamente resistir los efectos negativos de la transformación tecnológica, sino participar activamente en la construcción de alternativas y debemos hacerlo desde nuestros propios principios, dialogando con la ciencia, aprendiendo de otros conocimientos.
Ante esta realidad es necesario reflexionar sobre que, nuestras autoridades no sean solamente representantes de nuestros pueblos, sino agentes de transformación estructural.
Que nuestras organizaciones no sean únicamente espacios de resistencia, sino también centros de pensamiento, innovación y construcción de alternativas.
Y que nuestras comunidades continúen siendo espacios donde la memoria de nuestros mayores dialogue con las ideas de nuestros jóvenes, donde los conocimientos ancestrales se encuentren con los avances científicos y donde la diversidad sea una fortaleza para construir una sociedad más justa, además de que la historia nos ha demostrado que nuestros pueblos tienen la capacidad de resistir, ya es momento en el que debemos demostrar que también tenemos la capacidad de transformar, proponer e innovar sin perder nuestra identidad.
Un saludo fraterno, de análisis, conciencia y sentimiento comunitario, para cada uno de mis hermanos y hermanas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Que la interculturalidad y la plurinacionalidad no sean solamente el reconocimiento de lo que somos, sino la fuerza transformadora que nos permita decidir lo que queremos llegar a ser. ¡Que nuestra memoria se convierta en conciencia, nuestra conciencia en organización y nuestra organización en transformación!