By icciec2024
Convocamos a la reflexión profunda desde la memoria histórica y la crítica de nuestras comunidades. Ante la urgente e impostergable necesidad de integrar conciencia colectiva del cuidado y preservación de los territorios comunitarios, pilares fundamentales del Sumak Kawsay.
Por un lado, presenciamos con dolor la devastación de los incendios forestales, catástrofes que dejan pérdidas irreparables no solo para las poblaciones aledañas, sino para el equilibrio vital del planeta: justamente en territorios ancestrales, donde nace el agua y donde palpita la mayor biodiversidad de flora y fauna.
Por otro lado, la voracidad extractivista persiste como una amenaza latente sobre las zonas más sensibles. A tres años de la histórica Consulta Popular del 20 de agosto de 2023 —un hecho inédito a nivel mundial donde el 58,95% de los ecuatorianos votó por mantener el crudo del Bloque 43-ITT indefinidamente bajo tierra—, la realidad en el Yasuní demuestra cómo el poder corporativo y estatal dilata la voluntad soberana.
Una investigación de Lupa y media revelan la gravedad del desacato: aunque el mandato exigía un retiro progresivo y un cierre técnico ordenado, al cierre de 2025 Petroecuador apenas había abandonado 58 de los 246 pozos previstos, un pequeño 23,6%. Mientras el 76,4% de la infraestructura sigue intacta, los reportes oficiales de mediados del mes de agosto de 2026 confirman que el Bloque 43 continúa extrayendo más de 40.000 barriles diarios —representando casi el 11% de la producción estatal—. Esta extracción continuada desacata las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y las denuncias de organismos de derechos humanos, poniendo en riesgo inminente la supervivencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane en aislamiento voluntario. La suspensión de los seguimientos por parte de la Corte Constitucional bajo el pretexto de resolver la acción de incumplimiento de YASunidos (organización ecológica) alarga una agonía institucional que colonializa el derecho a la vida de los pueblos de la Amazonía.
En este mismo escenario de vulneración, la tensión social se desplaza a la sierra norte, en el territorio ancestral de Cotacachi. Las organizaciones comunitarias vinculadas a la UNORCAC y la FENOCIN se han visto obligadas a declarar medidas de protección territorial, tras la orden de prisión preventiva dictada contra el dirigente Guido Perugachi, criminalizado por la justicia ordinaria por presunta «paralización de servicios» durante las movilizaciones de 2025.
Este hecho revive la histórica disputa entre la administración de justicia ordinaria y el ejercicio legítimo de la Jurisdicción Indígena, amparada en el artículo 171 de la Constitución. La persecución penal contra líderes comunitarios evidencia cómo el Estado utiliza la función judicial para reprimir el derecho a la protesta y deslegitimar la autodeterminación territorial. El pluralismo jurídico no puede seguir siendo un enunciado formal en el papel; requiere el reconocimiento pleno del Gobierno Comunitario y un verdadero diálogo intercultural en igualdad de condiciones, sin chantajes procesales ni judicialización de la lucha social.
Esta misma matriz de despojo histórico y violencia extractiva se ensaña hoy en la Amazonía centro-norte, en el territorio ancestral Kichwa de Tzawata-Ila-Chukapi (Napo). Un conflicto generado por el propio Estado desde mediados del siglo XX —al adjudicar tierras comunitarias a misioneros y particulares bajo la premisa colonial de ser «tierras baldías»— alcanza hoy un punto crítico de emergencia humanitaria y ambiental. A pesar de que el Ministerio de Gobierno dejó sin efecto la orden de desalojo contra la comunidad en marzo de 2026, la empresa Terraturismo S.A. ha irrumpido impunemente con maquinaria pesada, destruyendo más de 97 hectáreas de bosque primario, chakras y árboles sagrados como los ceibos, hogar de los espíritus Amazangas. La respuesta corporativa y estatal ante la resistencia comunitaria ha sido la intimidación, amenazas de violencia sexual, el desabastecimiento alimentario y una feroz persecución judicial: al menos 19 líderes y autoridades —incluyendo a Kambak Alvarado, Marlon Vargas (CONAIE) y Leonidas Iza (Ecuarunari)— enfrentan absurdas denuncias por «delincuencia organizada» e «intimidación». Frente a la inacción del Estado para hacer cumplir las garantías constitucionales, la Asamblea de Justicia Indígena de la CONFENIAE ha emitido una sentencia de expulsión contra la empresa y exigido la declinación de competencia a la justicia ordinaria. Tzawata no solo resiste al desmonte de sus selvas, sino a un modelo que criminaliza la vida para proteger los intereses del capital privado.
Frente al fuego que quema nuestros bosques, el petróleo que desangra el Yasuní, el despojo territorial de empresas como Terraturismo en Tzawata y la criminalización que persigue a las autoridades comunitarias, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la Pachamama y la autonomía de las comunas. Cuidar la tierra no es solo una consigna ecológica: es el acto de resistencia política más contundente de nuestro tiempo.
Para dar camino a la reflexión conjunta, les invitamos a recorrer voces fundamentales que alimentan el debate político e identitario. Iniciamos con el testimonio que nace desde Guayzimi: una mujer valiente con una fortaleza inquebrantable, nos cuenta su camino hacia las organizaciones indígenas en Zamora y, sobre todo, su experiencia dentro de los procesos de justicia indígena; en el artículo de Teresa Guayllas. Continuamos con la profunda y necesaria reflexión de Inti Cartuche, quien nos interpela sobre la tendencia actual a explicar la crisis del movimiento indígena desde la simple falta de radicalidad o fidelidad moral de sus dirigentes, que posterga la renovación colectiva y democrática del proyecto político plurinacional. Cerramos esta edición con el riguroso análisis geopolítico que nos comparte Pablo Dávalos, quien nos invita a interrogar las nuevas relaciones de poder global, la resistencia frente a las amenazas de exterminio y la reconfiguración de un nuevo escenario internacional. Con esta edición incentivamos a que la resistencia se construya desde cada comunidad, y que seamos unidad y fortaleza para edificar una realidad fundada en el respeto por la vida, el entorno y la equidad.
Inti Cartuche Vacacela
La política no es ciencia e ingeniería que influye sobre la realidad
sino creación práxica de un nuevo saber hacer y una nueva cultura de vida.
Los sujetos de la política no son las minorías cualificadas, las vanguardias,
las élites, sino la totalidad de los sujetos de las clases subalternas.
Joaquín Miras Albarrán
Introducción
En los últimos años ha surgido una tendencia a explicar la crisis del movimiento indígena como resultado de una supuesta falta de radicalidad de sus dirigentes o, en su defecto, de una falta de fidelidad al proyecto político. Desde esta perspectiva, los problemas internos de las organizaciones se reducen al ámbito moral, dejando de lado un análisis más profundo de las causas que los explican.
Una de las consecuencias de esta mirada ha sido la promoción de una política organizativa basada en la división entre amigos y enemigos, entre buenos y malos, entre fieles e infieles. Otra, de mayor alcance, ha sido la dificultad para renovar el horizonte político, que ha quedado fuera de la discusión colectiva y democrática dentro del movimiento indígena.
Sin embargo, antes de abordar este problema es necesario preguntarse qué es un proyecto político y cuál es su función. Luego cuáles han sido los principales elementos del proyecto indígena, que pueden alumbrar sus fortalezas, y finalmente, en qué consistiría su verdadera radicalidad.
Ideología y estrategia
En un primer nivel, un proyecto político puede entenderse como una declaración de principios político-ideológicos que define el sentido de una lucha colectiva y los objetivos históricos que se aspira a alcanzar. En otras palabras, responde a preguntas fundamentales como: ¿hacia dónde queremos ir como sociedad? y ¿qué horizonte de futuro consideramos deseable? En este plano se juega la capacidad de un proyecto para incluir o excluir a la diversidad de sectores sociales que conforman un país. Dicho de otro modo, se pone en cuestión la posibilidad de construir un proyecto nacional capaz de articular múltiples demandas, luchas y aspiraciones de justicia.
De ello depende, en gran medida, su alcance democrático. Un proyecto político será tanto más democrático cuanto mayor sea su capacidad de integrar a las mayorías sociales en un horizonte común; por el contrario, cuando expresa únicamente los intereses de un sector específico, corre el riesgo de volverse particularista.
Un segundo nivel del proyecto político tiene que ver con la manera de alcanzar ese horizonte a partir de las condiciones concretas en las que actúan las organizaciones. En este plano se pone en juego la capacidad estratégica del movimiento para definir el camino a seguir, construir alianzas, identificar los recursos políticos y organizativos disponibles y escoger los medios más adecuados para avanzar hacia sus objetivos.
Aquí la discusión es fundamentalmente política antes que ideológica, aunque ello no implique abandonar una determinada posición frente a la realidad —en el caso del movimiento indígena, históricamente vinculada a la izquierda—. Se trata, más bien, de comprender la política como un arte que exige interpretar las coyunturas, evaluar la correlación de fuerzas y tomar decisiones acordes con las posibilidades reales de cada momento, antes que actuar con apego irrestricto a un manual ideológico.
Ello no significa sostener que el fin justifica los medios o que cualquier acción sea válida. La estrategia requiere leer adecuadamente el contexto político, comprender el comportamiento de los actores externos y valorar con realismo las fortalezas y limitaciones de la propia organización. En otras palabras, consiste en dar los pasos más adecuados en cada coyuntura sin perder de vista el horizonte político de largo plazo. Desde esta perspectiva, el avance político no siempre supone avanzar linealmente. En determinadas circunstancias puede ser necesario detenerse, retroceder o ceder en ciertos aspectos para preservar las condiciones que permitan alcanzar los objetivos estratégicos en el futuro.
De lo anterior se desprende que, en política, el discurso ideológico por sí solo no basta, aunque constituya el horizonte normativo que orienta la acción colectiva. Tan importante como los principios es la estrategia, entendida como el arte de actuar en una coyuntura determinada con los recursos políticos y organizativos realmente disponibles. La estrategia no sustituye a la ideología; por el contrario, traduce sus principios en cursos de acción viables a partir de las condiciones concretas de la realidad.
Sin estrategia, el discurso ideológico corre el riesgo de volverse abstracto, incapaz de conectar con las necesidades, expectativas y experiencias de la sociedad. Sin un horizonte ideológico, en cambio, la estrategia pierde orientación y puede reducirse a un ejercicio de pragmatismo u oportunismo político. La eficacia de un proyecto político depende, precisamente, de la articulación entre ambos niveles: la claridad del horizonte y la capacidad estratégica para avanzar hacia él en circunstancias siempre cambiantes.
En el caso del movimiento indígena de las décadas de 1980 y 1990, lo verdaderamente radical no fue tanto su declaración ideológica —que, en buena medida, estuvo marcada por el retroceso del socialismo y de los partidos de izquierda tanto a escala nacional como internacional—, sino su estrategia política: la construcción colectiva de poder desde las comunas y en alianza con los sectores populares.
Esa estrategia no partía de la imposición de un discurso ideológico previamente definido, sino de la politización de las diversas formas de explotación, dominación y exclusión que atravesaban la vida cotidiana de las comunas. Las demandas inmediatas, los agravios históricos y las experiencias concretas de injusticia se convirtieron en el punto de partida para construir una identidad política compartida y un horizonte común de transformación. Fue precisamente esa capacidad de articular experiencias diversas dentro de un mismo proyecto lo que permitió que la plurinacionalidad dejara de ser una formulación abstracta para convertirse en un marco de interpretación de la realidad y en una propuesta de futuro inteligible para las comunas y, posteriormente, para amplios sectores de la población indígena.
Lo verdaderamente radical del proyecto político indígena no fue únicamente su orientación ideológica, formulada en los niveles dirigenciales y, en muchos casos, distante de los debates y procesos organizativos de las comunas, sino su capacidad para articular las necesidades concretas de la población dentro de un programa más amplio de construcción de poder desde abajo, con proyección más allá del ámbito comunitario o local. Este proceso no puede entenderse como la imposición de una ideología comunitarista previa, sino como un desarrollo que emerge de la propia realidad social: la politización de formas de existencia ya existentes que, al transformarse en objeto de disputa política, se convierten en el núcleo del proyecto plurinacional.
En contraste con una comprensión multicultural de la plurinacionalidad —entendida como el simple reconocimiento de la diversidad cultural dentro del Estado y la sociedad—, su contenido central ha sido una lucha político-económica orientada a la construcción, desde las bases comunitarias y populares de la sociedad¹, de una forma distinta de organizar la vida social en su conjunto, y no meramente una demanda sectorial de los pueblos y nacionalidades.
La construcción de poder popular desde lo comunitario, en articulación con los diversos sectores populares y trabajadores que comparten condiciones de explotación y exclusión frente a la riqueza concentrada por las clases dominantes del país, se ha planteado en torno al proyecto de Estado plurinacional —y, en algunos casos, al horizonte del socialismo—. Sobre esta estrategia política fundamental se ha sostenido una determinada postura ideológica, anclada en una realidad material concreta y, por ello, comprensible para amplios sectores de la población. En este marco, la posibilidad de recuperar y redistribuir la riqueza generada por el trabajo y la relación con la naturaleza no constituye un horizonte propio de la derecha, en tanto entra en tensión con sus intereses económico-políticos. Históricamente, han sido las izquierdas quienes han articulado las demandas de justicia social y de igualdad político-económica.
La estrategia de construcción de poder desde abajo, con proyección hacia arriba y hacia afuera, se ha expresado en distintas tácticas según los momentos políticos. Un ejemplo de ello es la creación de Pachakutik en 1996, cuando se asume la vía electoral como un espacio más dentro del proceso de acumulación de poder desde las bases. Sin embargo, con el paso del tiempo, este desplazamiento táctico ha tendido a generar una confusión entre el medio y el fin.
En varias ocasiones, los dirigentes históricos del movimiento indígena han planteado la necesidad de “volver a las bases, a la comunidad”. Sin embargo, este retorno no debe entenderse como un repliegue hacia el ámbito estrictamente local o como una reducción al “metro cuadrado” de la vida cotidiana, sino como una reorientación hacia lo comunal en tanto eje central del proyecto político plurinacional. Es decir, se trata de recuperar tanto el horizonte estratégico hacia el cual se orienta el proceso político, como la fuente del poder social aún disponible: la comunidad entendida como una forma política en permanente construcción.
En este sentido cobra relevancia la afirmación de que es necesario “reconstruir el movimiento indígena”. Volver a las bases implica, entonces, retomar un elemento fundamental de la estrategia política orientada a la construcción del Estado plurinacional.
Lo comunal como fuente de poder y horizonte
¿Qué tiene de radical la estrategia política indígena y por qué su radicalidad no reside tanto en el discurso ideológico como en su práctica política? La respuesta se encuentra en la tensión entre el vanguardismo y la autodeterminación social. El movimiento indígena ha optado, de manera fundamental, por esta última: la construcción y sostenimiento de formas organizativas comunitarias que se expanden hacia otros niveles de la lucha política, en y contra el Estado.
Desde esta perspectiva, la transformación social no se concibe como un proceso externo a las fuerzas sociales comunitarias y populares, sino como algo que solo puede emerger desde ellas. Son las bases sociales las que hacen posible las transformaciones profundas de una sociedad; los dirigentes y las eventuales vanguardias cumplen, en este esquema, un rol de representación y articulación de esa fuerza social, no de sustitución. Esto no implica la ausencia de dirección o conducción política, sino que estas deben estar subordinadas a las dinámicas y decisiones de las bases, es decir, de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
En última instancia, se trata de reconocer que las transformaciones sociales no son sostenibles en el tiempo si no son asumidas como propias por amplios sectores de la población. Las revoluciones o procesos de cambio profundo en la historia han ocurrido precisamente cuando la gente común incorpora como propio un horizonte de transformación de su forma de vida. Sin esa apropiación social del cambio, ningún proyecto político logra sostenerse más allá del momento de su irrupción.
Otro elemento que permite apreciar la potencia de la estrategia política indígena es su énfasis en la forma política comunal y su capacidad para confrontar las formas liberales de la política. Estas últimas se caracterizan por la delegación casi absoluta de la representación y la conducción política, es decir, por una separación rígida entre mandantes y mandatarios, así como por la primacía de lo individual sobre lo colectivo, del “yo” por encima del “nosotros”.
En este sentido, la forma liberal ha sido históricamente la contraparte política del capitalismo, en tanto contribuye a un proceso de enajenación del poder social, el cual queda progresivamente concentrado en el Estado. Este proceso implica la separación entre la sociedad y su capacidad de decidir sobre los asuntos que le afectan directamente. Cuando el Estado se encuentra en manos de élites, tiende a convertirse en un instrumento de dominación sobre las clases trabajadoras, los pueblos y las nacionalidades, configurándose como un espacio de poder profundamente desigual. Desde esta lógica, se monopolizan las decisiones sobre recursos económicos, territorios, salarios y derechos, excluyendo a la población de la deliberación sobre las condiciones de su propia vida colectiva.
En este contexto, la democracia queda reducida a su expresión mínima: el acto de votar cada cierto número de años, sin que ello implique una participación efectiva en las decisiones fundamentales de la sociedad.
En contraposición a la lógica liberal de la política, la forma comunal se caracteriza porque, aunque permite la elección de representantes —cabildos, consejos de gobierno o directivas—, estos permanecen siempre subordinados a la decisión colectiva. Es decir, están sujetos al mandato de las asambleas comunales, barriales o sindicales, que constituyen el espacio de deliberación y decisión de las bases.
En este sentido, esta forma política posee un mayor potencial democrático y democratizador, en tanto las decisiones fundamentales del colectivo son tomadas por el conjunto de sus miembros y, en algunos casos, también ejecutadas de manera compartida. A diferencia de la lógica liberal, en la forma comunal la representación no se concibe como un derecho individual de acceso al poder, sino como una obligación y una responsabilidad del individuo frente a la comunidad.
No se trata, por tanto, de la afirmación del “yo quiero ser dirigente”, sino del reconocimiento del “te corresponde asumir una responsabilidad con la comunidad”.
Un elemento central en este ámbito es la relación entre decisión y conducción colectiva. La política comunal no se limita únicamente al momento de la toma de decisiones en asamblea, sino que también se expresa en la forma en que esas decisiones se ejecutan, es decir, en cómo se organiza la conducción de lo colectivo sin separar de manera rígida la delegación de la ejecución.
En este sentido, lo colectivo no se reduce a la producción de decisiones, sino que implica también una dimensión de conducción compartida. Si bien es posible que las decisiones colectivas se deleguen en representantes individuales, se procura que la conducción no recaiga exclusivamente en ellos, sino que permanezca vinculada a la supervisión y participación de la colectividad.
De este modo, la política comunal se contrapone a la primacía de figuras individuales propia de la política liberal, en la que la conducción tiende a concentrarse en liderazgos personalizados.
Esta ha sido una de las características organizativas del movimiento indígena: la no dependencia de una sola figura dirigencial. Por el contrario, en distintos momentos su fortaleza ha radicado en la existencia de una diversidad de liderazgos socialmente legítimos y articulados colectivamente en la conducción.
Un ejemplo de ello puede observarse en el Pueblo Kayambi, con la presencia de dirigentes como Humberto Cholango, Guillermo Churuchumbi y César Pilataxi, cada uno con su propia base de legitimidad social y aportes específicos en términos de experiencia política y organizativa. De manera similar, en la CONAIE de los años noventa, figuras como Luis Macas, Nina Pacari, Blanca Chancoso, José María Cabascango, Ampan Karakrás, entre otros, conformaban un entramado dirigencial con distintos énfasis y contrapesos políticos y organizativos, lo que hacía posible una conducción más colectiva del movimiento indígena.
Esta configuración permitió procesos de debate y organización interna con altos niveles de deliberación y legitimidad, tanto en momentos ordinarios como en contextos de levantamientos. Esto no implica desconocer la existencia de desigualdades, tensiones o limitaciones, pero sí reconocer un elemento clave en la fortaleza organizativa de la época.
Una cuestión clave en la conducción colectiva tiene que ver con la distinción entre el poder de la unidad y la unidad del poder. El movimiento indígena histórico ha tendido, en general, a privilegiar el primero: es decir, la construcción de una unidad basada en la articulación continua de procesos organizativos diversos y en el reconocimiento de las diferenciaciones internas dentro de un proyecto político amplio y flexible.
En esta perspectiva, la unidad no se entiende como homogeneización ni como concentración del poder en una sola instancia, sino como democratización de la conducción colectiva del movimiento, evitando la primacía de un líder individual o de un reducido grupo dirigencial desvinculado de las bases. Que este horizonte haya sido cumplido de manera consistente o no en distintos momentos y contextos no invalida su importancia como rasgo organizativo, ni su vigencia como principio que puede ser retomado y fortalecido en la actualidad.
De hecho, una de las tensiones permanentes dentro del movimiento indígena ha sido la representación de nacionalidades demográficamente más pequeñas en relación con pueblos como los kichwas o los shuar, lo que ha planteado desafíos constantes en términos de equilibrio, inclusión y conducción política.
Por otro lado, la forma comunal de la política no establece una separación rígida entre lo político —entendido como las actividades de decisión, administración y gestión de lo público o comunitario— y la economía en su sentido amplio. Los cabildos, en este marco, actúan orientados a sostener las condiciones materiales que hacen posible la reproducción de la vida comunal, lo que incluye aspectos como la construcción de caminos, el manejo de la tierra y de los páramos, así como el impulso de proyectos agropecuarios o artesanales, entre otros.
Si bien es cierto que en la actualidad las comunas han visto reducido su control sobre diversos aspectos de la reproducción económica de sus miembros, esto no elimina el potencial alternativo que encierra esta forma de organización frente a la lógica individualizada de la economía, resumida en la idea de que “cada quien se las arregla como puede”. La lógica comunal, incluso bajo las restricciones impuestas por el Estado y por las dinámicas del capitalismo, conserva la posibilidad de una economía orientada por lo colectivo, la justicia y la igualdad, por sobre la competencia y la acumulación individual.
Sin embargo, la realización de este potencial depende en gran medida de la capacidad de enfrentar las fuerzas externas que la debilitan, entre ellas ciertas normativas estatales que no reconocen plenamente la economía comunal como una vía legítima de reproducción de la vida, colocándola en una posición de desventaja frente a la lógica dominante del capitalismo.
Conclusiones
En conjunto, lo que se ha intentado mostrar es que la radicalidad del proyecto político indígena no radica principalmente en su formulación ideológica, sino en su forma de construcción política concreta. Su potencia reside en la apuesta por la autodeterminación social, la centralidad de lo comunal y la construcción de poder desde abajo, en tensión permanente con las formas liberales de la política y con la lógica de concentración del poder en el Estado.
Esta estrategia se expresa en una concepción distinta de la representación, la conducción y la democracia, donde la delegación no implica separación absoluta entre mandantes y mandatarios, sino sujeción permanente al control colectivo; donde la dirigencia no sustituye a las bases, sino que se articula con ellas; y donde la política no se reduce a la esfera institucional, sino que se entrelaza con la reproducción material de la vida.
En ese sentido, la forma comunal no constituye únicamente una herencia organizativa o una identidad cultural, sino un horizonte político en disputa, con capacidad de confrontar —aunque de manera desigual y tensionada— las formas de individualización, mercantilización y concentración del poder propias del capitalismo y del Estado liberal. Su vigencia depende, justamente, de la capacidad de sostener y recrear esa relación entre bases, conducción colectiva y reproducción de la vida, en un contexto atravesado por presiones externas y transformaciones internas.
Así, más que un modelo cerrado, lo comunal aparece como una práctica política en permanente construcción: frágil en sus condiciones materiales, pero potente en su capacidad de abrir alternativas a la organización dominante de la sociedad.
Pablo Dávalos
Disipado el humo de la guerra, ¿qué nueva realidad se configura? ¿Qué nuevos relatos se fraguan? ¿Qué nuevas relaciones de poder y geopolítica emergen? La Guerra del Ramadán como la denominan los persas, es decir, la respuesta militar que dio Irán al ataque que sufrió en marzo de 2026 por parte de Israel y EEUU, rebasa todos los marcos teóricos y todas las hipótesis que se habían supuesto y, de manera sorpresiva, coloca a Irán en el rango de nueva superpotencia.
Antes de esta guerra Irán soportaba el peso de las sanciones norteamericanas, israelíes, europeas y de los aliados de Occidente y hacía esfuerzos para demostrar su intención de uso pacífico de la energía nuclear. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, en 2025 ya fue atacado por Israel en una guerra que duró doce días.
El argumento que sirvió a Occidente para agredir a Irán fue aquel de la posibilidad de que produjese armamento nuclear, algo que Irán siempre ha negado, no por falta de capacidades técnicas, sino por un compromiso moral con sus propios principios religiosos.
En los más de cuarenta días de la Guerra del Ramadán, Irán sufrió miles de ataques y bombardeos a instalaciones tanto civiles como militares. Se bombardearon a sus hospitales, a sus universidades, a sus centros de investigación, a barrios residenciales, a sus puertos, a sus centrales eléctricas, a sus carreteras, a sus navíos tanto civiles como militares, en fin. Fue amenazado, incluso, varias veces por el presidente norteamericano Donald Trump de ser borrado de la faz de la tierra como civilización, una amenaza que enuncia de manera directa al genocidio como política de Estado.
La Guerra del Ramadán empezó con el ataque israelí y norteamericano a una escuela llena de niñas. Más de 160 de ellas murieron. Ni Israel ni EEUU se han disculpado nunca por ello. Claramente es un crimen de guerra; pero ni una sola palabra, ni una sola mención.
El ataque a Irán se produjo a pocos meses del ataque y secuestro al legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una operación impecable en lo militar, pero que destruyó el orden jurídico mundial y creó una nueva realidad geopolítica marcada por la presencia del imperialismo en su fase más violenta.
Ahora bien, pocos pudieron prever que este ataque a Irán que desencadenaría la Guerra del Ramadán se traduciría en una victoria militar de Irán y en su ascenso al rango de superpotencia regional y mundial. Todas las apuestas daban por sentado que se impondría el enorme poder militar, tecnológico y económico de EEUU. No había, al respecto, casi ninguna duda en Occidente sobre la forma por la cual Irán podría salir bien librado de estos ataques conjuntos entre Israel y EEUU.
El desmantelamiento de toda su cúpula religiosa, política y militar desde el inicio de los ataques, además, presagiaban casi un fin inminente para el sistema político de Irán y su proyecto de construir el islam democrático. Nadie dudaba de que la fuerza militar de EEUU e Israel, combinados, produciría una grave derrota a Irán, salvo los propios iraníes que demostraron que se habían preparado a cabalidad para una situación como esta.
Empero de ello, el Pentágono y los militares norteamericanos, en oposición al optimismo desmesurado del Mosad y de Israel, siempre demostraron su escepticismo con respecto a las operaciones militares en Irán. Siempre fueron prudentes y señalaron que esos ataques podrían desencadenar represalias regionales y globales, como en efecto sucedieron.
El presidente norteamericano Donald Trump, hizo caso omiso a todas las advertencias y dio luz verde para este ataque. Durante todos los días que duró la Guerra del Ramadán, el presidente Trump declaraba oficialmente que la guerra había terminado con una gloriosa victoria de EEUU. Estas declaraciones casi diarias llevaron a muchos sectores a dudar de la salud mental del presidente norteamericano, porque venían acompañadas de versiones sobre reuniones y acuerdos que nunca se habían realizado.
En medio del ataque contra Irán, Israel aprovechó la guerra para invadir el sur del Líbano con el pretexto de crear una zona de amortiguamiento hasta las orillas del río Litani en Líbano, para controlar a Hezbolá. Esto puso en pie de guerra a las milicias de Hezbolá que tienen un largo historial de enfrentamientos contra Israel y condujo a Israel a una guerra de desgaste territorial que lo llevó a acumular pérdidas en soldados, oficiales y maquinaria de guerra.
La Guerra del Ramadán movilizó y puso en pie de guerra a Irán y sus aliados en Irak, Siria, Yemen, a Hezbolá en el Líbano y Hamas en la franja de Gaza. Asumieron un nombre significativo y de resonancias simbólicas especiales, se denominaron Eje de la Resistencia. La columna vertebral de este Eje de la Resistencia fue el Cuerpo Revolucionario de la Guardia Islámica y, con ellos, casi toda la población musulmana de orientación chii.
De su parte, EEUU e Israel fueron denominados como coalición. Una coalición que nunca pudo sumar ningún otro aliado, salvo el caso anecdótico de Argentina y su desquiciado presidente Xavier Milei.
En la Guerra del Ramadán, Irán condujo una estrategia militar brillante que se sustentó en conceptos militares relativamente novedosos, como aquellos de asimetría, mando por mosaico, guerra de enjambre, encubrimiento efectivo de capacidades logísticas, entre otros. Cada movimiento táctico de Irán correspondía a la activación de estos nuevos conceptos y permitía que Irán asuma la conducción estratégica de esta guerra. Gracias a ello, siempre y desde sus inicios, fue Irán quien manejó el tempo, la intensidad, el relato y la estrategia.
Irán nunca permitió que le sea arrebatada la conducción estratégica de la guerra y siempre pudo anticiparse a las jugadas de sus enemigos. Su respuesta era legítima porque procedía desde el derecho a la autodefensa y su ataque a los países del Golfo se legitimaba porque se trataba de ataques a las bases militares desde donde, a su vez, se procedía a atacar a Irán.
Irán comprendió que detrás de la coalición entre EEUU e Israel, existía una coalición a la sombra conformada por los países del Golfo Pérsico, como Kuwait, Bárein, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Era desde estos países que se atacaba a Irán. Estos países eran el soporte logístico y de retaguardia a los ataques a Irán. Todos estos países de la coalición a la sombra son árabes, son islamistas sunitas y son monarquías sin Estado de derecho. Todos ellos tenían bases militares norteamericanas. Todos ellos conformaban parte de los intereses estratégicos tanto de EEUU como de Israel.
Irán no se confrontaba, por tanto, solamente a la coalición EEUU-Israel, sino a un entramado más amplio que involucraba a los países del Golfo Pérsico. En ese contexto, Irán tuvo la habilidad de impedir que EEUU involucre a la OTAN; pero también tenía que impedir que el Mosad israelí, conjuntamente con la CIA, incendien el país y provoquen sublevaciones internas, al tiempo que utilicen a los kurdos como quintacolumnas. Para Irán se trataba de una guerra con un frente externo y uno interno.
Para neutralizar a los kurdos, Irán supo utilizar una baza estratégica, aquella de motivar a Turquía a una posición de alineamiento para impedir que los kurdos fueran utilizados por EEUU e Israel y que se conforme un Estado Kurdo que se convertía en amenaza no solo para Irán sino también para Turquía.
Para controlar su frente interno acudió a sus milicias internas Basij pero también movilizó las fibras del nacionalismo e hizo un llamado a las armas a toda la nación para defender su patria. A ese llamado acudieron 24 millones de iraníes (Irán tiene una población de más de 90 millones de personas). La guerra solidificó al sistema político iraní y a su proyecto del islam democrático.
El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán desde los primeros días de la guerra, fue un movimiento estratégico que transformó la Guerra del Ramadán en un evento global y que abrió un frente interno en EEUU: aquel de la economía y de la desaprobación de los ciudadanos norteamericanos a las políticas de Trump, por cuanto a la guerra con Irán había provocado el encarecimiento de los combustibles y de los precios de los productos básicos. El norteamericano promedio no estaba de acuerdo en involucrarse en una guerra por encargo y que nada tenía que ver con los intereses de su propio país.
Luego de más de cuarenta días, EEUU no sabía cómo salir de la guerra, mientras que Israel quería profundizarla e intensificarla. El precio del petróleo se disparó. La OTAN se hizo a un lado. Algunos gobiernos europeos llegaron incluso a negar que las bases militares, o sus puertos e infraestructuras sean utilizadas en esta guerra, como fue el caso de España y su presidente Pedro Sánchez. EEUU se quedó solo. Pero fue aún mayor la soledad de Israel. Paulatinamente, las sociedades europeas y del resto del mundo empezaron a generar distancias con respecto al régimen político israelí y su apuesto por la violencia e, incluso, el genocidio.
Mientras EEUU se quedaba solo, Irán, en cambio, acumulaba aliados. China hizo declaraciones específicas de apoyo a Irán y, bajo la cuerda, se supone que existía también colaboración militar y de inteligencia entre ambos países. Lo mismo con Rusia, quien también realizó varias declaraciones en apoyo a Irán y de quien Occidente sospecha de intercambio de inteligencia y armamento. Lo mismo Corea del Norte, quien asumió una posición más radical de apoyo a Irán e, incluso, ofreció armamento nuclear táctico.
Sin embargo, quizá la jugada más estratégica de toda la Guerra del Ramadán no hayan sido los misiles balísticos de Irán, o su noción de guerra asimétrica, sino una decisión que altera de manera profunda toda la arquitectura de la globalización y de la hegemonía norteamericana. Se trata de la decisión de cobrar un peaje por el paso del estrecho de Ormuz en moneda china, el yuan, o la misma moneda de Irán, entre otras formas de pago.
Para tener la legitimidad y legalidad de cobrar un peaje por el estrecho de Ormuz de manera permanente, Irán tiene que, primero, nacionalizar el estrecho de Ormuz. Esto significa pasar de la táctica de guerra de cerrarlo/abrirlo, hacia el objetivo estratégico de controlar el comercio de los flujos energéticos del mundo (sobre todo gas y petróleo), hacia el objetivo geopolítico de que las demás naciones del mundo reconozcan la legitimidad y la legalidad de Irán con respecto a cobrar el peaje de tránsito por el estrecho de Ormuz. Algo que solo puede hacerse por vía legal y desde el parlamento iraní y sostenerse a futuro con la fuerza de las armas.
La nacionalización del estrecho de Ormuz es una consecuencia inevitable de la Guerra del Ramadán. Con esa nacionalización, Irán puede controlar los flujos de energía a escala global y utilizarlos como un recurso heurístico para evitar nuevos ataques. Por eso, es imposible siquiera pensar o imaginar que el estrecho de Ormuz retorne a su situación antes de la Guerra del Ramadán. Se trata de una situación ya irreversible y el tiempo lo ha demostrado.
No obstante, la decisión más estratégica no es solo nacionalizarlo sino cobrar su peaje en otras monedas que no sea el dólar norteamericano, entre ellas, el yuan chino. Eso pone al dólar norteamericano en una posición de debilidad estratégica y fundamental, porque países y empresas que importan y comercializan energía, fertilizantes, helio, entre otros productos que genera el Golfo Pérsico, ahora tendrán que buscar otras monedas para adquirirlos y, para hacerlo, tendrán que desprenderse del dólar norteamericano. Esto pondría fin a los acuerdos entre petróleo y dólar suscritos por Arabia Saudita y EEUU en los años setenta del siglo pasado, y establece un punto de no retorno sobre el dólar y el sistema monetario internacional.
Ahora bien, es necesario contextualizar esta decisión de Irán en el hecho de que este país ha sufrido de manera directa las consecuencias de utilizar el dólar como moneda de intercambio global y los sistemas financieros, entre ellos el mecanismo de pagos interbancarios SWIFT, como sistema de pagos. Irán, como Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, entre otros, fueron las víctimas de la guerra monetaria-financiera asociada a las sanciones y medidas adoptadas contra ellos por parte de EEUU y sus países aliados.
Estos países, para sobrevivir a las sanciones, han creado mecanismos alternativos y paralelos a la globalización financiera de tal manera que han podido eludir el peso de esas sanciones. Con la utilización de otras monedas y con otros mecanismos de pago y compensación, como, por ejemplo, el sistema de pagos y compensación ruso SPFS, la tarjeta rusa Mir que elude a Visa y Mastercard, el sistema chino de pagos interbancarios Cross-Border (CIPS), el dólar norteamericano pierde, de hecho, su posición de hegemonía y referencia en el comercio global.
Las sanciones contra varios países y la Guerra del Ramadán terminaron por crear una nueva realidad: la pérdida de hegemonía monetaria y financiera del dólar norteamericano. En efecto, al desconectar al petróleo del Golfo Pérsico del dólar, Irán realiza una jugada a varias bandas: devuelve el sentido de las sanciones económicas en contra su país de origen, esto es, EEUU; internacionaliza al yuan chino y provoca una adhesión geopolítica fuerte entre China e Irán; fortalece los sistemas paralelos de pago y compensación global, entre ellos el CIPS chino y el SPFS ruso y abre alternativas legítimas, legales y viables al único canal existente hasta el momento (el sistema SWIFT); coloca a Irán en una posición de arbitraje financiero-monetario a escala global que incide directamente sobre todos los países del Golfo Pérsico e, indirectamente, sobre los países árabes porque tiene la capacidad no solo de controlar sus exportaciones sino, también, sus importaciones; al desconectar el petróleo del Golfo Pérsico al dólar norteamericano, ejerce una presión indirecta sobre la deuda pública de EEUU y sobre los instrumentos monetarios de la FED.
Esas consecuencias solo pueden provenir de un país que tiene peso geopolítico. Sin el correspondiente peso geopolítico estas jugadas a varias bandas serían inimaginables. Fue la Guerra del Ramadán la que condujo de manera directa a Irán como árbitro monetario y financiero a escala global y con capacidad de dirimir geopolíticamente a todo el Oriente Medio.
Entonces, no es descabellado ni exageración alguna indicar que la Guerra del Ramadán produjo una de las mayores transformaciones geopolíticas de las últimas décadas, al colocar a Irán como superpotencia regional y global.
Puede también apreciarse que Irán no necesitó de acudir a la disuasión nuclear para tener ese rol de superpotencia. De hecho, si Irán hubiese apostado a la disuasión nuclear habría tenido el mismo destino que Corea del Norte, sufrir por parte de Occidente una especie de cordón sanitario de aislamiento y repliegue permanente. En ese sentido, Irán pudo conseguir un mayor peso sin apelar a la disuasión nuclear.
Así, Irán, se convierte en el primer país que sanciona económicamente a EEUU. Es un hecho inédito. Las sanciones siempre fueron unilaterales. Siempre provenían desde EEUU y sus aliados. La Guerra del Ramadán le otorga a Irán la fuerza militar, política y financiera, para que sea el primer país del mundo que sanciona económicamente a EEUU. Para evitar esas sanciones de Irán, los aliados de EEUU se hicieron, prudentemente, a un lado.
Existen muchas interrogantes sobre esta nueva situación geopolítica. EEUU no va a permitir esta situación porque supone el inicio del fin de su imperio. ¿Acudirán EEUU e Israel al expediente de utilizar armas nucleares tácticas para resolver este impasse? En el caso que llegaran a hacerlo, ¿Qué consecuencias puede provocar esa escalada? ¿Podrá sobrevivir Israel a futuro si llega ese escenario? Y EEUU, ¿cómo justificar su discurso liberal e imperial si ocurre esto? Otra consecuencia tiene que ver con las petromonarquías del Golfo Pérsico: ¿cuál es su futuro político? ¿Cómo podrán confrontar al islam democrático de Irán? ¿Es plausible pensar en el derrumbe de los sistemas políticos de estas petromonarquías?
