By icciec2024
El humo que hoy tiñe el cielo de Imbabura no solo nubla el horizonte; evidencia una crisis estructural profunda. La tierra no arde únicamente en términos de hectáreas perdidas, métricas térmicas o estadísticas oficiales. Arde en el pecho, en la garganta y en la piel de quienes han habitado y resguardado estos territorios por siglos. La reciente ola de incendios forestales en la provincia de Imbabura, ha dado un golpe demoledor a nuestros Apus: el Tayta Imbabura y, con una gravedad desgarradora, la Mama Cotacachi.
Ver arder la montaña es asistir a la destrucción de un ecosistema frágil y vital. Lo que las llamas consumen a su paso no son solo pajonales; son los colchones de agua que abastecen a toda la región, la vegetación nativa que regula el clima local y el hábitat insustituible de especies emblemáticas como el oso de anteojos, avistado en los alrededores de la Laguna de Cuicocha huyendo del fuego antes de que su hogar fuera calcinado. A ello se suma la inhabilitación de los servicios básicos y de telecomunicaciones tras alcanzar el fuego el sector de Las Antenas, dejando desconectadas a varias comunidades y emisoras locales.
Sin embargo, entre las columnas de humo y el dolor de la pérdida, se erige una verdad incontestable: mientras la respuesta estatal naufraga en la burocracia, la organización comunitaria sostiene el territorio.
Mientras las entidades gubernamentales y los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos analizan las ráfagas de viento de 90 kilómetros por hora y los bajos índices de humedad como «barreras técnicas», en las comunidades el fuego se combate con lo que se tiene a la mano. Para los runakuna, la Pachamama no es una abstracción ni una consigna para discursos internacionales; la conexión con la naturaleza se vive de forma profunda, se siente en la angustia de ver quemarse a la madre y se demuestra poniendo el cuerpo.
Así quedó demostrado en las faldas del Tayta Imbabura, donde la alerta temprana del Pueblo Natabuela y la movilización inmediata de los comuneros, en un esfuerzo conjunto de 9 horas con los bomberos, permitieron sofocar el fuego que amenazaba con expandirse, conteniéndolo en cerca de 20 hectáreas.
La tragedia en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, es catastrófica devorando más de 800 hectáreas en la Mama Cotacachi. Ante la escasez de recursos oficiales, cerca de 500 comuneros, unos de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC y otros pobladores voluntarios de Cotacachi y Otavalo, se desplegaron en cuadrillas para enfrentar las llamas en las zonas más inaccesibles.
Soportando el fuego y las espesas olas de humo, los comuneros no retrocedieron. Pese a la falta de equipo especializado, la gente sostuvo la línea de defensa porque entiende que defender el páramo es defender la vida misma.
Es en este punto donde surgen preguntas urgentes: ¿Por qué los sectores que menos tienen, son quienes reaccionan más rápido y con mayor entrega?
Siendo la responsabilidad del Estado, por ser quien ostenta el monopolio de los recursos, la logística de las fuerzas armadas, los presupuestos de emergencia y la capacidad operativa para salvaguardar el patrimonio natural del país, en la práctica, la respuesta institucional resulta tardía, fragmentada e insuficiente.
Recién al cuarto día del desastre en la mama Cotacachi, llegaron representantes del Ejecutivo para «informar» sobre las acciones desplegadas, acción que desencadenó el justo descontento de la ciudadanía. La población local cuestionó con dureza que, para un evento de esta magnitud, el despliegue militar promediara apenas 30 uniformados diarios en la zona, mientras la operatividad de los helicópteros con sistema Bambi Bucket quedaba supeditada a la intermitencia del clima y a la disponibilidad gubernamental.
Resulta vergonzoso que sean las organizaciones sociales, los municipios locales y la ciudadanía de a pie quienes tengan que asumir la logística de la supervivencia: abrir centros de acopio, organizar el transporte de donativos y solicitar públicamente insumos tan elementales como gafas de protección, agua, gasas, chocolates y caramelos para sostener el desgaste físico de las brigadas comunitarias.
Esta precariedad no es casualidad; es el resultado directo de políticas de austeridad, del recorte sistemático del presupuesto destinado a la prevención y gestión de emergencias y del abandono histórico de las zonas rurales y de conservación.
Existe una amarga ironía en el corazón de esta tragedia. Los mismos pueblos indígenas y comunidades que cotidianamente enfrentan el racismo estructural, la discriminación, el reproche mediático y la criminalización de sus luchas, son exactamente los mismos que se levantan sin dudarlo para apagar el fuego que nos quema a todos. No luchan solo por sus parcelas; luchan por los ojos de agua que abastecen a las ciudades, por el aire que respiramos y por la biodiversidad que el capital y el Estado ignoran hasta que se convierte en cenizas.
La crisis en la Mama Cotacachi y el Tayta Imbabura demuestra, una vez más, que la estructura estatal ha fallado. El Estado llega tarde, llega con discursos, llega con comunicados oficiales y visitas protocolarias, pero no llega con la urgencia ni con el compromiso que exige la catástrofe ambiental.
Ante la ausencia del Estado, los pueblos indígenas nos enseñan la lección de dignidad de la minga, de la solidaridad comunitaria, que no espera órdenes ni presupuestos para actuar.
Exigir responsabilidad al Estado no es solo pedir más helicópteros o brigadas; es demandar un cambio radical en la forma en que se prioriza la vida, los bienes comunes y a quienes los protegen. Las comunidades han dejado claro que no retrocederán en la defensa del territorio. Es hora de que el poder político entienda que los páramos no se gobiernan con promesas desde los escritorios y que la resistencia de los pueblos seguirá siendo el único freno ante la indiferencia de los gobiernos.
