By icciec2024
Llega otro proceso electoral en el país y nos encontramos con la misma historia de siempre. Han terminado las elecciones primarias, las precandidaturas ya están presentadas y se repite el mismo problema de cada elección: compiten cientos de candidatos y más de 230 organizaciones políticas habilitadas, donde muchos se presentan aun sabiendo de que no tienen ninguna posibilidad de ganar.
Esta es la realidad de unas elecciones locales que tendrán como marca principal la fragmentación y la división. Competirán movimientos locales que casi no tienen estructura y, aunque algunos hagan alianzas por desesperación, son acuerdos pasajeros que desaparecerán tan pronto como se apaguen las cámaras y se cuenten los votos.
Desde la memoria de nuestros pueblos y comunas, nos preguntamos: ¿Cuánto tiempo más puede aguantar el país con este sistema político?
Lo que los analistas llaman «crisis de partidos» o «debilidad institucional» no es una simple falla del Código de la Democracia. Es la prueba clara de que la democracia liberal, esa forma de hacer política copiada de afuera, pensada desde las élites y el dinero, ya no da más. Nos enseñaron que la democracia era solo ir a marcar una papeleta cada cierto tiempo para darle un poder total a un grupo de políticos que no conocemos.
Las recientes «democracias internas» dentro de los partidos demostraron lo mal que está el sistema. Lo que debería ser un espacio para que la gente participe y elija libremente a sus representantes, en la práctica es solo un show armado para respaldar a los candidatos elegidos a dedo, donde manda el dueño del partido. Como no hay reglas claras, la democracia interna se convierte en cualquier cosa. La mayoría de los candidatos nacen sin representar a nadie y sin el apoyo de la gente.
A esto se suma la actuación de las propias autoridades electorales y de la justicia. En lugar de garantizar elecciones limpias e iguales para todos, vemos cómo se usan las leyes para castigar o dejar fuera a las voces que incomodan al poder de turno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que cuando se deja fuera a un grupo político, no solo se frena a sus candidatos, sino que se castiga al pueblo quitándole el derecho de elegir libremente. Cuando las reglas se manipulan para favorecer al gobierno y dejar fuera a la oposición, la democracia deja de existir y se convierte en un régimen autoritario.
El resultado de todo esto lo pagamos nosotros: vamos a tener autoridades locales, alcaldes, prefectos y concejales, que ganarán con pocos votos (incluso con menos del 25%). Serán autoridades débiles, sin apoyo real de la ciudadanía y sin capacidad para gobernar, atrapadas en la improvisación y la corrupción.
La paradoja es clara: entre más partidos y candidatos aparecen en la papeleta, menos representación real tiene el pueblo y más difícil es votar con responsabilidad.
Frente a este desastre, algunos dicen que la solución es eliminar todos los partidos o acortar los tiempos de las campañas. Pero borrar los partidos de un plumazo solo lograría apagar el debate de ideas y abrir la puerta a líderes autoritarios o «salvadores» que prometen todo y no cumplen nada.
El verdadero problema no es solo arreglar las leyes electorales. El problema es que nos hicieron creer que la política solo se hace dentro de los partidos y en las urnas. Nos hicieron olvidar que existe otra forma de organizarnos y tomar decisiones.
Frente al fracaso de la democracia de partidos, los pueblos y nacionalidades indígenas tenemos una propuesta que ha funcionado durante siglos: la democracia comunitaria.
En la Constitución de 2008 se reconoció esta forma de vida que practicamos en nuestros territorios. La democracia comunitaria no existe solo para nombrar a un dirigente; sirve para organizar toda la vida de la comunidad. Se usa para resolver problemas con la justicia indígena, para organizar las mingas y los trabajos colectivos, para repartir el agua, preparar las fiestas y cuidar el territorio.
En nuestras 14 nacionalidades y 18 pueblos, las decisiones no se le regalan a un candidato: las toma la comunidad junta.
El corazón de esta democracia es la asamblea comunitaria (Tantanakuy). A diferencia del voto individual donde la mitad gana y la otra mitad pierde y queda enojada, en la asamblea se busca el consenso:
En la asamblea nadie es más que nadie, hablan los dirigentes, las mujeres, los jóvenes y, de manera muy especial, las mamas y taytas (los sabios de la comunidad), que aportan experiencia y la sabiduría.
La autoridad comunitaria (presidente, síndico) no manda según su capricho. Su único trabajo es cumplir y hacer cumplir lo que la asamblea decidió. Si una autoridad traiciona la palabra dada en la asamblea, es sancionada o cambiada inmediatamente.
En la asamblea, la política no es un negocio ni un trámite de cuatro minutos frente a una urna; es un compromiso de vida donde la palabra empeñada vale más que cualquier documento firmado.
El próximo 29 de noviembre de 2026 los ecuatorianos elegiremos a casi 5.700 autoridades locales entre alcaldes, prefectos, concejales y juntas parroquiales. Ningún cargo es adorno; todos influyen directamente en si tenemos agua potable, caminos, transporte o seguridad en nuestros barrios y comunidades.
Sabemos que las elecciones que vienen no van a resolver mágicamente la crisis del país. La papeleta seguirá llena de nombres desconocidos y partidos de papel. Pero lo que sí está en nuestras manos es cambiar la forma en que actuamos. No regalemos nuestro voto por simpatía, por una propaganda bonita en redes sociales o por costumbre. Exijamos a cada candidato una hoja de vida limpia, propuestas claras y planes con presupuesto real.
Pero, sobre todo, les invitamos a mirar más allá de las urnas. La verdadera salida a la crisis que vive el Ecuador no vendrá de los políticos tradicionales. Nacerá cuando volvamos a encontrarnos en la asamblea de vecinos, en la reunión del barrio, en la organización del campo y la ciudad.
Es hora de desaprender la idea de que alguien más debe decidir por nosotros. Es momento de reaprender de la democracia comunitaria, del diálogo horizontal y del consenso para construir, entre todas y todos, una vida digna para nuestro país.
Les invitamos a leer en este boletín el texto de María Belén Gualán, donde comparte desde el sentir y la experiencia su camino de aprendizaje y liderazgo en la Escuela de Formación Martha Medina; y el artículo de Mariana Yumbay, un riguroso análisis jurídico-político sobre las leyes inconstitucionales y la defensa firme de los derechos de nuestros territorios. Dos lecturas fundamentales para seguir alimentando la formación, el pensamiento crítico y la resistencia comunitaria.
María Belén Gualán Guayllas
Foto: Clausura y entrega de certificados de la escuela de la Escuela de Formación de Liderazgo Manta MedinaSoy María Belén Gualán Guayllas, tengo 17 años y vivo en la comunidad de San Ramón, en el cantón Nangaritza. Durante mucho tiempo, mi acercamiento a la organización fue a través de los pasos de mis padres. Desde que tenía unos diez años, los acompañaba a las asambleas, a las marchas y a las reuniones comunitarias, sobre todo por su dedicación y sabiduría en los procesos de la justicia comunitaria, ahora ellos son reconocidos por este papel fundamental para la resolución de conflictos en nuestro cantón. Yo miraba todo con la curiosidad propia de una niña, pero no fue sino hasta mi paso por la Escuela de Formación de Liderazgo Martha Medina (impulsada por la Federación Provincial ZAMASKIJAT en convenio con el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas (ICCI)) que comprendí el verdadero peso y la dignidad de la lucha comunitaria en nuestra provincia de Zamora Chinchipe.
Detrás de este transformador espacio de aprendizaje se encuentra el respaldo orgánico y la trayectoria histórica de la Federación Provincial ZAMASKIJAT (Zamora Markamanta Saraguro Kichwakunapak Jatún Tantanakuy), organización nacida en 1992 que aglutina al pueblo Kichwa Saraguro asentado en la Amazonía ecuatoriana desde finales del siglo XIX. Con la fuerza de sus organizaciones filiales distribuidas en cantones como Yantzaza, Nangaritza, Centinela del Cóndor, El Pangui y Yacuambi, ZAMASKIJAT se ha consolidado como un referente indiscutible en la administración de justicia indígena, la territorialidad y el ejercicio efectivo de los derechos colectivos. Su accionar cotidiano promueve la resolución pacífica de conflictos internos y la construcción de un desarrollo integral orientado hacia el Sumak Kawsay (Buen Vivir), demostrando en la práctica la viabilidad y vigor de un Estado verdaderamente Plurinacional e Intercultural.
A esta tarea de fortalecimiento comunitario se suma el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas (ICCI), institución gestada en 1986 junto al nacimiento de la CONAIE por sus mismos líderes históricos. El ICCI cumple un rol estratégico al brindar un acompañamiento basado en la reflexión crítica, el debate académico, la investigación científica y la documentación de los conocimientos ancestrales. Guiado por los principios de compromiso, creatividad, respeto, transparencia y solidaridad, el instituto trabaja de forma incansable para revitalizar la identidad individual y colectiva, apoyando la superación de la marginalidad y orientando sus esfuerzos hacia la edificación de una sociedad cultural, política y económicamente justa, cimentada en la armonía con la Madre Naturaleza.
La creación de la Escuela de Formación Martha Medina responde a una urgencia histórica y social imprescindible: superar el aislamiento y la falta de preparación previa que muchas veces enfrentan los jóvenes al asumir responsabilidades de representación. Frente a este desafío, la escuela nace como una cuna de liderazgos diseñada para dotar a las nuevas generaciones de una sólida base conceptual, política y técnica. Al combinar el conocimiento de las luchas ancestrales con herramientas de gestión moderna, la iniciativa busca asegurar que las juventudes puedan desenvolverse con solvencia, soltura y convicción al asumir las vocerías y cargos directivos que la estructura comunitaria demanda.
El objetivo central de este proceso pedagógico es cultivar una juventud profundamente comprometida con sus raíces, costumbres y tradiciones, capacitada para enfrentar con firmeza las complejas realidades socioeconómicas del país sin perder jamás la humildad y el respeto. A través de este proceso de capacitación integral, se promueve una mayor presencia y participación activa de las y los jóvenes en las dirigencias a nivel comunitario, barrial, cantonal, provincial y nacional. Se trata, en definitiva, de garantizar el relevo generacional del movimiento indígena, formando líderes conscientes de su pasado y preparados para caminar juntos hacia la consolidación de los derechos colectivos.
Ingresar a este proceso de formación transformó profundamente mi forma de ver el mundo. A lo largo de 42 talleres itinerantes, transitando entre la sede de Panguintza en el cantón Centinela del Cóndor y las comunidades de Nangaritza como San Francisco, fui dejando atrás la timidez. De ser una joven reservada a la que le costaba hablar en público, descubrí en mí la capacidad de comunicarme, de expresarme sin miedos y de conectar con los más pequeños de nuestras comunidades para transmitirles confianza. Entendí que liderar no se trata de mandar ni de imponer autoridad desde arriba; un verdadero liderazgo escucha, inspira, une y camina junto al pueblo.
La escuela fue un espacio de construcción mutua donde los facilitadores no vinieron a dictar cátedra, sino a tejer conocimientos junto a nosotros. En cada módulo redescubrimos los cimientos ideológicos y orgánicos que sostienen a nuestras comunidades, comprendiendo que el saber no es un privilegio individual, sino una herramienta para la emancipación comunitaria. Además, me alegra comentar que, a lo largo de estos módulos de capacitación, desarrollados con talleres, encuentros, campamentos y otras actividades, la participación de las mujeres fue el 68 %, para mi es una alegría que las mujeres estemos presentes y aprendiendo, vinculadas a las organizaciones desde jóvenes.
Aprendimos sobre la historia viva del movimiento indígena ecuatoriano y la gran valentía de nuestros mayores. Comprendimos a profundidad el Proyecto Político de la CONAIE, analizando cómo la construcción de un Estado Plurinacional y una sociedad Intercultural no son sólo conceptos teóricos, sino exigencias históricas para garantizar la convivencia armónica de todos los pueblos. Asimismo, profundizamos en la defensa de los derechos colectivos y los derechos de la Pachamama (Naturaleza), reconociendo que la tierra no es una mercancía que se puede vender, sino la vida misma.
Aprendimos también sobre los procesos que sigue la justicia indígena, no como un castigo, sino como un espacio de sanación, purificación y equilibrio; sobre todo me ha llamado la atención que en este proceso se lleva una investigación rigurosa y esta disciplina ha permitido la coordinación con la justicia ordinaria, porque reconocen la minuciosidad que llevan las autoridades comunitarias en estos casos, ganándose el respeto y la aceptación en estos procedimientos, manteniendo vivas nuestras tradiciones, costumbres, gobernanza comunitaria, espiritualidad, y la sabiduría ancestral frente a los despojos históricos que hemos sufrido.
Uno de los impactos más profundos que viví en la escuela fue cuestionar verdades que nos impusieron históricamente. Comprendí cómo la religión colonial nos fue implantada, borrando de la historia las espiritualidades propias del pueblo Kichwa Saraguro. A través de talleres sobre la medicina ancestral, el significado sagrado de la Chakana y nuestras festividades como el Inti Raymi, reafirmando el orgullo por mis raíces.
Desde muy pequeña vestí mi anaco y mis prendas tradicionales para ir a la escuela y al colegio, porque mis padres me enseñaron a no avergonzarme; sin embargo, al compartir con otros jóvenes en la escuela Martha Medina, vi florecer una ola de auto aceptación y auto identificación colectiva. Perdimos la vergüenza, alzamos la cabeza y portamos nuestra vestimenta con la dignidad de quienes nos sentimos herederos de una historia milenaria. Suelo pensar que, una persona es más grande por lo que sabe y siente, y no por lo que tiene.
Mi paso por este proceso me enseñó que la organización comunitaria no es un asunto exclusivo de los adultos o de los dirigentes de larga trayectoria. Las juventudes debemos vincularnos desde muy temprano a estos espacios de formación, porque es aquí donde aprendemos a defender lo que somos. Aprendemos cosas que en ningún otro lado nos dicen. También adquirimos herramientas contemporáneas indispensables, como la comunicación estratégica, el liderazgo comunitario y el marketing digital enfocado en verificar la autenticidad de las noticias frente a la desinformación que circula en redes sociales.
A los jóvenes de Zamora Chinchipe y de los siete cantones que conforman la Federación Provincial ZAMASKIJAT (Yacuambi, Zamora, Paquisha, Centinela del Cóndor, Pangui, Yanzatza y Nangaritza) les digo que no tengan miedo de participar. Aunque a veces los trayectos sean largos y el transporte sea una limitante que debemos superar colectivamente, vale la pena los madrugones y el esfuerzo.
Hoy, mientras concluyo mis estudios de colegio y contemplo mis sueños profesionales en la aviación, sé que a donde sea que la vida me lleve, iré con los principios firmes. Conocer de dónde vengo, me dio la claridad absoluta, para saber hacia dónde quiero ir.
Dra. Mariana Yumbay
Asambleísta por la Provincia de Bolívar
Hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, comunidades indígenas, campesinas, afroecuatorianas y montubias:
Nos han vendido el falso relato de que el país necesita «leyes de urgencia económica» para salvarnos de la crisis. Pero como asambleísta, jurista y mujer indígena, mi deber ético y político es abrirles los ojos: no son leyes orientadas al bienestar social; son el manual de instrucciones para despojarnos del territorio, precarizar el trabajo, asfixiar la seguridad social y desmantelar la democracia plurinacional.
El Gobierno Nacional ha instrumentalizado la figura de la «urgencia económica» para tramitar un paquete legislativo abiertamente regresivo que vulnera la Constitución de Montecristi de 2008, los derechos humanos y los derechos de la Naturaleza (Pachamama). A continuación, desglosamos punto por punto este asalto normativo para comprender la dimensión de la amenaza y trazar una estrategia colectiva de defensa territorial y comunitaria.
1. CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA, ESPIONAJE E INMUNIDAD ESTATAL
El régimen busca blindar su modelo político convirtiendo a la disidencia y a la organización social en enemigos internos. Para ello, han diseñado e impulsado normas que militarizan la vida civil y persiguen el ejercicio de la resistencia popular.
Ley Orgánica de Solidaridad Nacional (Declarada Inconstitucional por la Corte Constitucional):
Permitía al Ejecutivo declarar de manera arbitraria un «conflicto armado interno» sin la mediación ni el control de la Corte Constitucional.
Esto quiere decir que, abría la puerta a la persecución sistemática de nuestras organizaciones. Definía de manera irresponsable y peligrosa que un «grupo armado organizado» podía ser la asociación de dos o más personas. Bajo ese criterio, una asamblea comunitaria reunida para defender su territorio o el agua podía ser tipificada como célula terrorista. Además, autorizaba a las fuerzas de seguridad a allanar domicilios, detener personas y confiscar bienes sin orden judicial previa, estableciendo indultos anticipados para asegurar la impunidad frente a eventuales violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública.
Ley Orgánica de Inteligencia:
Legaliza e institucionaliza el espionaje masivo. Permite el acceso a datos personales, comunicaciones privadas y bases de datos institucionales sin necesidad de autorización judicial previa.
Habilita el manejo discrecional de «gastos reservados» sin auditoría ni rendición de cuentas, permitiendo inclusive la destrucción de documentación oficial. Concentra el mando en una autoridad nombrada a dedo por la Presidencia de la República. Faculta la operatividad de agentes encubiertos con potestad para realizar espionaje y acciones de «neutralización» de objetivos sociales, vulnerando radicalmente la privacidad e imponiendo un régimen de intimidación estatal.
Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional:
Dispone que grandes grupos económicos e corporativos realicen «donaciones» directas a la fuerza pública a cambio de deducir hasta un 30% en el pago de su Impuesto a la Renta.
Esto, representa una privatización encubierta de la seguridad pública. Se institucionalizan unas Fuerzas Armadas y de Policía dependientes del capital privado, abriendo el riesgo de que las corporaciones donantes orienten operativamente a la fuerza pública. En paralelo, destruye la caja fiscal al consagrar un mecanismo de evasión y elusión tributaria legalizada.
2. EL ATAQUE A LA PACHAMAMA Y EL ASFIXIA A LOS GADS
Nuestros bienes comunes como, el agua, la biodiversidad, los páramos y los territorios ancestrales se encuentran en la mira del extractivismo transnacional. El Ejecutivo vulnera abiertamente el derecho constitucional y consuetudinario a la Consulta Previa, Libre e Informada y a la Consulta Prelegislativa.
Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía:
Sustituye el requisito de la licencia ambiental formal por una mera «autorización» administrativa.
Acelerando el despojo minero en territorios vulnerables, invisibiliza los impactos ambientales y normaliza la militarización como herramienta para imponer megaproyectos extractivos. Desprotege los derechos de la Naturaleza y promueve la mercantilización del patrimonio natural.
Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas:
Bajo el pretexto del «fortalecimiento» institucional, sienta las bases legales para transferir la gestión de las áreas protegidas al sector privado.
Violentando el derecho obligatorio a la Consulta Prelegislativa de las comunidades que habitan y custodian dichas zonas. En el ámbito financiero, perdona deudas, mora e intereses a los grandes deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN), constituyendo un salvataje a las élites económicas a costa del saqueo ecológico.
Ley Reformatoria al COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización):
Obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a destinar de forma rígida el 70% de su presupuesto a «inversión», pero excluye de dicho concepto al personal técnico indispensable y a las transferencias destinadas a programas sociales.
Esta ley se constituye como un estrangulamiento presupuestario diseñado para forzar el incumplimiento técnico. Esto abre la puerta a recortes drásticos en las transferencias constitucionales (reduciendo porcentajes históricos del 21% al 15% y del 10% al 5%). Condiciona la descentralización y paraliza la ejecución de infraestructura básica fundamental como agua potable, saneamiento y alcantarillado, en las parroquias, cantones y zonas rurales.
3. LA LIQUIDACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR, EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
El modelo busca precarizar las relaciones laborales y transformar el ahorro público y comunitario en un nicho de especulación para la banca privada.
Ley Orgánica de Integridad Pública (La «Ley Fanesca» – Declarada Inconstitucional por la Corte Constitucional):
Modificaba más de 20 cuerpos legales en un solo proyecto, violentando de manera flagrante el principio constitucional de unidad de materia.
Esta ley atentaba contra la estabilidad laboral en el sector público, promoviendo evaluaciones discrecionales para justificar despidos masivos. En contratación pública, imponía el criterio de «libre competencia» para relegar y desmantelar los incentivos a la Economía Popular y Solidaria (EPS). Forzaba a las cooperativas de ahorro y crédito comunitarias a convertirse en bancos comerciales, destruyendo las finanzas populares. Adicionalmente, permitía juzgar a adolescentes como adultos (ignorando su estatus de grupo de atención prioritaria), facultaba al Consejo de la Judicatura a destituir jueces y fiscales sin concurso de méritos, y otorgaba nuevas amnistías tributarias a los grandes grupos económicos.
Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia:
Autoriza al IESS y al BIESS a enajenar y vender sus carteras de crédito (quirografarios, hipotecarios y prendarios) al sector bancario privado nacional o extranjero.
Podemos considerar que esta ley abre el camino a la privatización paulatina de la seguridad social. Convierte el ahorro acumulado de los trabajadores y jubilados en un activo especulativo. Además, dispone que los directivos del IESS y BIESS sean de «libre remoción», garantizando el control y la inestabilidad política sobre los fondos previsionales del pueblo.
Ley Reformatoria al Régimen Tributario Interno (Vivienda de Interés Social):
Permite a empresas constructoras e inmobiliarias privadas construir y donar soluciones habitacionales de «interés social» a cambio de exonerarse hasta el 30% del Impuesto a la Renta entre los años 2026 y 2029.
El Estado renuncia a su rol constitucional como garante directo del derecho a la vivienda digna, mercantilizando la política pública y transfiriendo recursos públicos hacia la banca y las grandes desarrolladoras inmobiliarias.
4. LA ASFIXIA A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y EL INTENTO DE FRAUDE INSTITUCIONAL
El Ejecutivo le teme a la capacidad de movilización y propuesta de las bases organizadas. Por ello, combina la persecución administrativa con intentos de atajos constitucionales.
Ley Orgánica de Transparencia Social:
Somete a todas las organizaciones sociales sin fines de lucro, fundaciones y comunas al control tutelar de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del Ministerio de Gobierno.
Funciona como un dispositivo de persecución y control político. Vulnera los derechos a la libre asociación, la autonomía y la autodeterminación comunitaria. Contempla la facultad discrecional de inmovilizar o confiscar los fondos de las organizaciones cuando el Ejecutivo lo considere conveniente, buscando asfixiar financieramente la resistencia social.
Decreto Ejecutivo N° 126 (Eliminación del subsidio al Diésel):
Incrementó el precio del diésel de $1,80 a $2,80 por galón. Aunque el Ejecutivo anunció un paquete de 18 medidas compensatorias (tales como el Bono Raíces de $1.000 para pequeños agricultores, créditos de chatarrización o la incorporación de familias al Bono de Desarrollo Humano), se trata de mecanismos paliativos y temporales (programados hasta diciembre de 2025). Dichas medidas no compensan el impacto inflacionario estructural en los costos de producción agrícola y en el transporte de alimentos.
Decreto Ejecutivo N° 148 (Intento de Fraude Constituyente):
Mediante este decreto, la Presidencia pretendió convocar de forma directa a una Consulta Popular para instalar una Asamblea Constituyente, evadiendo el dictamen previo de la Corte Constitucional e imponiendo sus propias reglas mediante un estatuto adjunto.
La Corte Constitucional admitió a trámite las demandas de inconstitucionalidad y suspendió de manera provisional los efectos del Decreto 148, frenando este intento de vulnerar el orden institucional y ratificando que la Carta Magna no es negociable.
5. UN MENSAJE CONTUNDENTE DE LA DIGNIDAD POPULAR
El triunfo de la opción «NO» en la Consulta Popular no representó un simple hecho electoral; constituyó la afirmación consciente de la dignidad, la coherencia ideológica y la defensa inquebrantable de la Constitución de 2008.
El pueblo ecuatoriano, en su diversidad plurinacional, expresó una negativa categórica:
Con este pronunciamiento, las mayorías reafirman su apuesta por un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, democrático, social, plurinacional e intercultural. El Ejecutivo tiene la obligación política de escuchar al pueblo, rectificar el rumbo y gobernar para los cerca de 18 millones de ecuatorianos, y no para los intereses de grupos corporativos.
¿QUÉ SE VIENE Y CUÁLES SON LAS TAREAS DE LA ORGANIZACIÓN?
Compañeros y compañeras: nos enfrentamos a un Gobierno políticamente debilitado, pero altamente peligroso, pues ante la falta de legitimidad profundizará el uso de herramientas administrativas y legislativas. Se avizoran las siguientes acciones por parte del poder central:
Uso de la Legislatura: El Ejecutivo intentará utilizar bloques alineados en la Asamblea Nacional para viabilizar reformas constitucionales por parches en temas laborales, tributarios y extractivos.
Precarización Laboral: Continuará el trámite del Proyecto de Ley Reformatoria a varias leyes laborales, orientada a flexibilizar la jornada, abaratar el despido y desmantelar los principios protectores del Código del Trabajo.
Mandato Político para nuestras Organizaciones:
Frente al divorcio evidente entre las políticas gubernamentales y las necesidades del campo y la ciudad, nuestra respuesta debe ser altamente organizada, técnica y estratégica:
Fortalecer el trabajo de base territorial: Consolidar el tejido social articulando acciones entre comunas, recintos, barrios, parroquias y sectores urbanos populares.
Depuración y fortalecimiento estructural: Consolidar estructuras organizativas éticas, disciplinadas, con ideología clara y blindadas frente a intentos de cooptación o infiltración.
Empoderamiento de los Derechos Colectivos: Desarrollar talleres permanentes de formación jurídica y política en cada comunidad para que los comuneros y comuneras ejerzan, defiendan y exijan los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
Construcción del proyecto político electoral: De cara al próximo proceso electoral, es indispensable formar y posicionar cuadros políticos comunitarios formados, coherentes y honestos. Dirigentes que beban de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos y dominen la técnica jurídica para construir una propuesta plurinacional que transforme las condiciones de vida en el campo y la ciudad.
