By icciec2024
Equipo Editorial ICCI
Cada mayo, el calendario nos recuerda que los derechos laborales no fueron una concesión del poder, sino una conquista histórica. Sin embargo, en el Ecuador de 2026, esa memoria choca con una realidad incómoda: hoy, tener trabajo ya no garantiza vivir con dignidad. El relato oficial celebra una tasa de desempleo del 2,9% como un caso de éxito. Pero la cifra es un engaño. No estamos ante un mercado laboral saludable, sino ante una economía que ha normalizado la precariedad como forma de supervivencia. El problema no es la falta de ocupación; el problema es que, para la gran mayoría, el trabajo ya no alcanza.
Detrás de la propaganda, las cifras del INEC confirman la crisis. Apenas el 32,1% de la población económicamente activa cuenta con un empleo adecuado. En solo un año, más de 186.000 personas perdieron la estabilidad y fueron absorbidas por la informalidad, donde hoy sobrevive el 56% de los trabajadores sin contrato ni seguridad social. Mientras el salario básico es de USD 482, el ingreso promedio real apenas llega a USD 430, una cifra abismalmente alejada de una canasta básica familiar que ya bordea los USD 829.
Esta violencia estructural tiene rostros definidos. Se ensaña con las mujeres, que ganan un 12% menos que los hombres debido a la carga invisible del trabajo de cuidados no pagado, y castiga a la juventud, cuyo desempleo roza el 40% en los sectores más jóvenes. Para colmo, el empleo formal se centraliza en apenas siete urbes, empujando al resto de las economías locales al abandono y la migración.
Este desmantelamiento laboral coincide con el colapso provocado de los servicios públicos. Con una ejecución presupuestaria en salud inferior al 45% y escuelas fiscales en ruinas, el Estado transfiere sus costos a las familias, obligándolas a pagar de su bolsillo la educación y las medicinas. Mientras tanto, se asfixia financieramente al IESS para justificar su privatización, ocultando la millonaria deuda estatal de 30.000 millones de dólares.
Para sostener este modelo, el gobierno utiliza el miedo como mecanismo de disciplina social. La declaratoria permanente de “conflicto armado interno” no ha frenado la violencia criminal, pero ha servido de coartada perfecta para militarizar el espacio público y criminalizar la protesta de sindicatos y organizaciones sociales.
Bajo este escenario de shock, la soberanía nacional es entregada al mejor postor. El Ejecutivo ignora abiertamente el mandato popular de las consultas sobre el Yasuní y Quimsacocha, abriendo miles de kilómetros de la Amazonía a nuevas concesiones petroleras y mineras vinculadas al entorno presidencial, sin el consentimiento de los pueblos ancestrales. Esta entrega interna se complementa con una sumisión geopolítica vergonzosa que permite la presencia militar extranjera en nuestro mar territorial y las Galápagos, rompiendo además relaciones con los países vecinos, lo que terminó por agudizar la crisis energética del país.
¿De quién es, entonces, el Ecuador? El balance de este mayo es categórico: el Estado ha sido puesto al servicio de la banca —que reporta utilidades récord de 946 millones de dólares— y de los monopolios corporativos, mientras el riesgo y la incertidumbre se trasladan por completo a las espaldas de la clase trabajadora. No existe verdadera libertad sin estabilidad material. El éxito de un país no puede medirse por cuántas personas están «ocupadas» sobreviviendo al día a día, sino por cuántas pueden vivir dignamente de su esfuerzo. Que este mayo nos devuelva el espíritu impetuoso de quienes, por siglos, han luchado por defender los derechos colectivos e históricos. En este sentido, desde el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas (ICCI) presentamos este boletín de mayo como una herramienta de resistencia, denuncia y, sobre todo, de profunda esperanza para seguir tejiendo la vida comunitaria y la justicia social.
Abrimos esta edición con Juana Chicaiza quien nos trae una luz de esperanza desde el territorio Puruhá, detallando cómo el Ayllu y la economía comunitaria surgen como alternativas legítimas para sostener la vida frente al abandono deliberado del Estado. Finalmente, el académico Napoleón Saltos Galarza nos comparte un riguroso y enérgico análisis económico y social de la compleja coyuntura que atravesamos los ecuatorianos.
Invitamos a nuestra comunidad a leer estas páginas no como un ejercicio pasivo, sino como un llamado a la acción. Que este contenido sea la chispa para transformar la realidad, profundizar la empatía con los sectores más vulnerables y, por encima de todo, para levantar con firmeza la voz. ¡A leer y a seguir caminando!
Juana Chicaiza
En el corazón de los Andes ecuatorianos, donde el páramo besa el cielo entre los 3.200 y 4.120 metros de altitud, el territorio de Columbe-Colta-Chimborazo no solo resiste el clima implacable de la montaña, sino también las tensiones estructurales de la modernidad globalizada. Aquí, entre neblinas y memoria, 16.262 habitantes distribuidos en 230,56 km² han tejido una respuesta colectiva al despojo histórico: la Chakana Económica del Ayllu Moderno. Este modelo no es un diagrama académico; es un mapa vivo que articula producción, memoria histórica, migración y tecnología bajo la lógica ancestral de la reciprocidad. Es, en esencia, la demostración de que el desarrollo no exige asimilación, sino que puede construirse desde la identidad, la autodeterminación y el respeto profundo a la Pachamama.
La identidad productiva actual es el resultado de un largo proceso de resistencia frente al despojo histórico. En Columbe, la memoria histórica se manifiesta como un motor dinámico de resiliencia más que como un registro pasivo del pasado. Este territorio ha atravesado hitos fundamentales de transformación social, la historia no es un objeto de contemplación, sino el cimiento activo sobre el cual se edifica la resistencia.
EL AYLLU SIN FRONTERAS
Uno de los elementos más significativos de esta transformación es la consolidación de una relación directa entre el campo y la ciudad. Mientras la producción se mantiene en territorios como Llinllín, Sasapud y las 8 comunidades de Calpa, la comercialización se desarrolla en espacios urbanos como Guayaquil y Durán, donde los migrantes han establecido microempresas y negocios vinculados a la venta de carne y derivados lácteos.
Según entrevistas a emprendedores indígenas en Guayaquil (2026), esta articulación permite eliminar intermediarios, quienes históricamente imponían precios bajos a los productores. Al controlar la cadena de valor, desde la producción hasta la venta final, las familias del Ayllu logran mejorar sus ingresos y reducir las condiciones de desigualdad en el mercado.
De esta manera, el territorio del Ayllu deja de ser únicamente geográfico y se convierte en una red extendida que conecta el páramo con la ciudad en tiempo real, manteniendo vínculos económicos y sociales activos.
La Chakana, esa cruz andina que simboliza la conexión entre el Hanan Pacha (mundo de arriba), el Kay Pacha (mundo presente) y el Uku Pacha (mundo interior), deja de ser solo un símbolo ceremonial para convertirse en una arquitectura de gestión territorial. En Columbe, cada brazo de la Chakana representa una dimensión funcional del Ayllu contemporáneo, pero todas convergen en un centro sagrado: el Alli Kawsay, el buen vivir colectivo donde comunidad, reciprocidad, autogestión y solidaridad no son conceptos abstractos, sino prácticas cotidianas que aseguran que “todos crecemos juntos”.
En el Hanan Pacha —la producción en el páramo— se arraiga la base material y espiritual del Ayllu. Aquí, la tierra, el agua y el conocimiento ancestral no son recursos explotables, sino la base misma de la existencia. Las comunidades se encargan de la ganadería de leche y carne, la agricultura de altura y sobre todo son los guardianes del territorio y el conocimiento ancestral —los adultos mayores— sostienen una economía que no mide su éxito en acumulación individual, sino en sostenimiento comunitario. El páramo no es un espacio productivo cualquiera; es un territorio sacralizado donde cada llama, cada papa nativa y cada gota de agua llevan la memoria de quienes los cultivaron antes.
En el Uku Pacha —la memoria, la resistencia y el sacrificio— late el corazón político del Ayllu. La historia en Columbe no se archiva en museos; se opera como insumo de lucha. Desde 1769, cuando el sistema colonial elevó a Columbe a categoría de parroquia intentando imponer una lógica extractivista, pasando por el gran terremoto de 1797 que rompió el equilibrio físico, pero fortaleció el tejido social, hasta el levantamiento indígena de 1803 en defensa del equilibrio comunitario y el reconocimiento como parroquia civil en 1861, cada hito es una capa de resistencia que sostiene el presente.
El sistema de haciendas intentó fragmentar la unidad familiar indígena, concentrando tierras ancestrales en propiedad privada y empujando al éxodo forzado. Pero el Ayllu respondió reorganizando sus niveles de protección: del espacio territorial amplio kitilli (parroquia) al ayllu llakta (comunidad intermedia), hasta el ayllu (núcleo familiar) que sostiene la economía cotidiana. La transición del «wasi» colonial a la propiedad comunitaria, la ruptura del privilegio colonial y la resistencia al despojo no son capítulos cerrados; son la raíz que nutre la autonomía actual. Como afirman los mayores: «La memoria es nuestra raíz, la resistencia nuestro legado, el sacrificio nuestro privilegio».
En el Runa Maki —la migración como expansión del Ayllu— se desmonta el mito de que la movilidad disuelve la identidad. Según datos oficiales, Columbe tiene una tasa de migración estacional dentro del país de un 31 % y de migración permanente fuera del país un 33,0%. Estos datos podrían leerse como territorio en fuga. Sin embargo, la realidad es otra: la migración forzada por la falta de tierra se transformó en estrategia de expansión nodal. Los jóvenes que estudian en ciudades como Guayaquil, Quito o Durán no abandonan el Ayllu; lo extienden. Crean empresas, negocios como carnicerías y establecen redes logísticas, conectan mercados urbanos con la producción del páramo y envían remesas que no son caridad, sino reciprocidad diferida en el tiempo. Transformando a toda la comunidad del wakcha (sin tierra o pobre) al charik (el que tiene oportunidades).
Esta diáspora activa sostiene todas las familias, pero más importante aún, redefine la noción de territorio. El Ayllu ya no está confinado a los 230,56 km² de Columbe; es transregional, conectado en tiempo real, presente en las ciudades sin dejar de ser andino. Los adultos mayores custodian la producción y el páramo; los jóvenes inyectan capital, conectividad y visión logística. No hay jerarquía generacional, sino complementariedad: yanantin, la dualidad que se completa.
En el Lluki Maki —tecnología y mercado directo— la modernidad no se impone; se apropia. La autogestión de Internet en el Ayllu, la comunicación en tiempo real con compradores, la venta directa al «mercado grande» y la eliminación de intermediarios no son simples innovaciones técnicas; son actos de soberanía económica. La tecnología permite integrar comunidad, mercado y sustento para todos, pero bajo reglas comunitarias, no bajo la lógica del capital extractivo.
El acceso a servicios del Aylli Kawsay y la economía comunitaria a través de plataformas digitales no digitaliza la tradición; la visibiliza y la escala. Los guardianes del territorio pueden ahora negociar precios justos, rastrear sus productos, conectar con consumidores conscientes y asegurar que el valor agregado permanezca en la comunidad. La tecnología, en este marco, no sustituye la sabiduría ancestral; la potencia.
Pero la Chakana Económica no funcionaría sin el marco de reciprocidad del Kay pacha, que la atraviesa como principio rector. Aquí, la solidaridad no es caridad; es la certeza de que «lo que das, vuelve». La reciprocidad no es intercambio calculado; es el compromiso de «hoy por ti, mañana por mí». La autogestión no es individualismo; es la convicción de que «construimos nuestro propio camino». El respeto a la Pachamama no es ecología superficial; es el reconocimiento de que «la tierra es nuestra madre». La identidad y el futuro no son nostalgia; es la promesa de que «sembramos hoy para el mañana».
Este marco de reciprocidad opera en múltiples niveles: entre generaciones (adultos mayores y jóvenes), entre territorios (páramo y ciudad), entre actores (productores y consumidores), y entre mundos (ancestral y moderno). No es un sistema estático; es un ciclo dinámico de producción, redistribución y sostenimiento comunitario donde cada dimensión se retroalimenta sin jerarquías impuestas.
La Chakana Económica del Ayllu Moderno no es una utopía rural romantizada; es una arquitectura práctica de resistencia y proyección política. Al entrelazar memoria, diáspora, tecnología y producción bajo el principio de reciprocidad, Columbe demuestra que el futuro andino no se construye contra la modernidad, sino a través de ella, sin romper el hilo que une a los vivos con la tierra y con los antepasados.
El Ayllu, lejos de ser una reliquia histórica, se erige como un sistema vivo de gestión territorial capaz de traducir la reciprocidad ancestral en herramientas operativas para el siglo XXI. Su lección es clara: la identidad que se transforma, la comunidad que se expande y la economía que sostiene la vida no son contradictorias; son las tres caras de una misma Chakana que gira, como el tiempo andino, en espiral, siempre regresa, pero nunca igual, siempre recuerda sin dejar de crear.
«El desarrollo no es dejar de ser indígenas. Es caminar en la modernidad sin perder el Sistema Ayllu.» Esta no es una frase decorativa; es un mandato político, social y cultural que Columbe encarna cada día, recordándonos que otro mundo no solo es posible, sino que ya está siendo tejido en el páramo, con memoria, con reciprocidad, con vida.
Napoleón Saltos Galarza
El 13 de mayo, la delegación internacional de la OIT, después de tres días de visita, presentó los resultados preliminares. Expresó su preocupación por la persecución y despido de dirigentes sindicales mediante la figura del visto, por la persecución penal en contra de dirigentes, por el congelamiento de cuentas bancarias de las organizaciones como medida punitiva a su labor crítica, por los impedimentos para la organización sindical, con niveles más extremos en el sector público.
En el Informe a la Nación presentado el 24 de mayo, el Presidente Noboa presentó una imagen de avances en el tema del empleo, destacando récords en la firma de contratos y una baja tasa de desempleo. El desempleo se ubicaría en el 3,1%, según el discurso oficial, la más baja de los últimos años. Señaló la creación y registro de más de 1 millón de contratos laborales nuevos.
Los datos reales. La “baja” del desempleo abierto (3,1 %) silencia la realidad. Sólo 1 de cada 3 ecuatorianos (34,3 %) trabaja 40 horas semanales o más y recibe al menos el salario básico con los beneficios de ley. Esto significa que 2 de cada 3 ecuatorianos (65,7%) no tiene empleo pleno.
El problema no es sólo la cantidad, el juego de cifras, sino la calidad del empleo. El subempleo afecta al 19,5 %, es decir, perciben ingresos inferiores al mínimo o laboran menos de la jornada legal, queriendo trabajar más.
La mayoría de ciudadanos no puede permitirse el desempleo obligatorio y migra hacia el comercio informal o categorías precarias como el «Otro Empleo No Pleno». Las personas no permanecen desocupadas por falta de ahorros o subsidios, sino que se ven obligadas a autoemplearse en el comercio ambulante o actividades de subsistencia diaria. La ocupación informal alcanzó 55,8% en abril de 2026 (frente a 54,1% en 2025). Los trabajadores bajo esta condición no cuentan con un contrato laboral formal ni están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Debido al crecimiento de sectores informales y precarios como el «Otro empleo no pleno», el ingreso promedio mensual de los trabajadores ecuatorianos cayó de $476 a $429,5. Esto sitúa el ingreso promedio nacional por debajo del Salario Básico Unificado ($482).
La informalidad afecta sobre todo en el campo: Mientras en el área urbana afecta a cerca del 43 % de los ocupados, en la zona rural se dispara drásticamente, superando el 77 % de la población laboral.
El desempleo y la informalidad tienen rostro de mujer. La probabilidad de acceder a un trabajo formal es desigual. Mientras que la tasa de empleo adecuado para los hombres se sitúa cerca del 39,6 %, para las mujeres desciende drásticamente al 28,9 %. Según el INEC, hay una brecha salarial de género, el ingreso laboral promedio de un hombre ocupado ronda los $579,1, mientras que el de una mujer cae a $513,9. En el sector informal, esta disparidad se acentúa notablemente, dejando a miles de mujeres por debajo del Salario Básico Unificado ($482). Al no encontrar plazas formales, las mujeres se ven empujadas a sectores informales (comercio minorista, servicios domésticos o emprendimientos autónomos de subsistencia). Aquí se ubica el lado oculto del trabajo: esta situación se basa en el problema estructural de la falta de corresponsabilidad en el trabajo de cuidado del hogar, recae sobre todo en las mujeres, y no tiene reconocimiento ni remuneración.
El desempleo y la informalidad tienen rostro juvenil. Los jóvenes de entre 18 y 29 años representan el sector más vulnerable frente a la informalidad, enfrentándose a un mercado que no logra absorber la oferta de nuevos profesionales. Alrededor de 8 de cada 10 jóvenes que logran trabajar en el país lo hacen atrapados en la economía informal o en el «empleo inadecuado». La tasa de desempleo juvenil es históricamente la más alta del país, superando el 9 % (el triple del promedio nacional general de 3,1 %). El 36 % de los jóvenes desempleados se encuentra atrapado en un ciclo donde nunca ha podido conseguir su primera experiencia laboral formal. Se produce un círculo vicioso: Las empresas formales suelen exigir años de experiencia previa que los recién graduados no poseen. Esto fuerza a la juventud a aceptar plazas precarias sin estabilidad ni beneficios básicos.
Aquí se asienta una consecuencia a largo plazo. Al no cotizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la juventud pierde acceso inmediato a servicios médicos, pólizas de fondos de reserva y al seguro de desempleo, hipotecando su capacidad de jubilación y estabilidad financiera futura.
Pero el tema más profundo es que quiebra la cadena de solidaridad en el seguro social, la reducción del empleo pleno en la juventud deja menos aportantes activos, frente al crecimiento de la población de adultos mayores y de jubilados. Los afiliados representan aproximadamente el 21,2 % de los 18,36 millones de habitantes que registra el Ecuador. Esto significa que apenas 1 de cada 5 ecuatorianos cuenta con protección integral directa de la seguridad social. Respecto a la Población Económicamente Activa (8,9 millones de personas según la última encuesta del INEC), los cotizantes equivalen al 43,7 %. Más del 56 % de la fuerza laboral del país (alrededor de 5 millones de trabajadores) se encuentra totalmente desprotegida.
El Gobierno señala que el número de afiliados ha crecido en 90 mil nuevos asegurados (incremento del 2,39%), permitiendo que la institución alcance un volumen histórico de 3’894.083 afiliados activos. Este crecimiento se da principalmente en modalidades que deben ser pagadas por el afiliado, sin obligaciones del Estado. En la afiliación voluntaria, el afiliado paga el 17,60 % calculado sobre los ingresos que declare percibir; y que no pueden ser inferiores al Salario Básico Unificado vigente ($482), por ende, el pago mínimo mensual es de $84,83. Afiliación independiente, el afiliado actúa como su propio empleador ya aporta el 20,60 % sobre el salario declarado. Afiliación Joven (Voluntaria), dirigida a jóvenes de 15 a 24 años que no registran ingresos, el costo mensual fijo es de $52,11, cubierto por el joven o por sus familiares.
En la población indígena, paradójicamente la tasa de desempleo abierto suele figurar como la más baja del país (cerca del 1,1 %). En la realidad, menos del 15 % de la población indígena accede a un empleo pleno (con estabilidad, beneficios de ley y un sueldo básico garantizado). Se calcula que más de 8 de cada 10 trabajadores indígenas operan en la informalidad. Su actividad principal está vinculada a la agricultura familiar, la subsistencia rural y el comercio minorista urbano ambulante. La tasa de empleo informal para las mujeres indígenas, según el INEC supera el 83 %.
Esta situación lleva a que el mapa de la pobreza sea más grave en las provincias en que concentra la población indígena, como en la Sierra Centro. Mientras la pobreza nacional por ingresos se redujo al 21,4 %, en Chimborazo está en 48,9 %, con pobreza extrema del 19,5 % Bolívar pobreza por ingresos 32,9 %, extrema pobreza el 25 %. En Cotopaxi, pobreza por ingresos del 31,2.
La situación más grave está en la Amazonía, la paradoja entre la zona de producción petrolera y minera y la exclusión de la población, sobre todo indígena. Morona Santiago es la provincia con el mayor retroceso del país con la tasa de pobreza por ingresos más alta a nivel nacional, 74,2 %. Siete de cada diez personas viven bajo la línea de pobreza, afectando a las comunidades Shuar y Achuar. En Napo la pobreza por ingresos se sitúa en el 58,6 %. En Orellana se registra una reducción, pasando de un pico del 76,2 % a un 44,2 % gracias a dinámicas de comercio y empleo local indirecto. Sucumbíos, pobreza por ingresos del 46,7%. En Pastaza se ubica en el 36,3%.
Cuando se mide la pobreza en base al índice de pobreza multidimensional, es decir atención a necesidades básicas y a derechos fundamentales como educación, salud, trabajo, vivienda y servicios básicos, la situación de la pobreza en la población indígena es mucho más alarmante. A nivel nacional, la pobreza multidimensional en comunidades indígenas se sitúa en torno al 75,6 %. En la región amazónica alcanza el 75,6 %. En provincias de alta densidad indígena como Orellana y Morona Santiago, las privaciones estructurales de la población tocan niveles críticos del 90,6 % y 84,1 % respectivamente.
En La Sierra los índices de pobreza multidimensional son muy altos. Chimborazo registra el 65 %. En cantones con altísima densidad poblacional indígena (como Guamote, Colta y Alausí), se ubica por encima del 80 %. Bolívar, el 63 %. Cotopaxi, el 58 %.
Uno de los impactos más graves es la desnutrición infantil. En Chimborazo y Cotopaxi afectan a cerca de 3 de cada 10 niños menores de dos años en las comunidades indígenas, lo que condiciona de manera irreversible el capital humano y el desarrollo de las futuras generaciones de la región.
Un signo clave de los derechos laborales es el bajo índice sindicalización en el país. La tasa global de sindicalización se sitúa en torno al 3,75 % de la población ocupada, existen 1.665 sindicatos activos, agrupan a 230.534 trabajadores afiliados. Sector privado, 832 sindicatos activos, aproximadamente 120.000 trabajadores. Sector Público, 833 sindicatos activos, cerca de 110.000 afiliados.
Aquí se ha concentrado la política restrictiva del Gobierno. Para constituir un sindicato de base en el país se requiere un mínimo de 30 trabajadores, una condición que deja por fuera de la protección colectiva a la inmensa mayoría de los trabajadores ecuatorianos, quienes laboran en micro, pequeñas y medianas empresas o dentro de la informalidad. El Ministerio del Trabajo ha emitido normativas para controlar el financiamiento de las centrales, el descuento de cuotas sindicales obligatorias y los procesos de registro de directivas. Ha cerrado ilegalmente cuentas de organizaciones, como la UNE, demora la inscripción de organizaciones críticas al Gobierno, persigue a los dirigentes.
No se trata sólo de la actuación del Gobierno actual. Hay modificaciones profundas, estructurales, en las relaciones laborales en el tiempo actual, tanto en el país, como a nivel mundial.
El contexto es la crisis de la sociedad salarial tradicional (trabajo estable, protegido por leyes laborales y sindicatos). Forma parte de la crisis del Estado de derecho y de la democracia representativa, el paso a Estados autoritarios-policíacos, los Estados de seguridad. (Agamben, 2016). Se licúan las relaciones sociales capital-trabajo, la uberización y el discurso del autoemprendimiento conforman un dispositivo que oculta la sobreexplotación bajo el ropaje de la libertad y la flexibilidad.
En la modernidad líquida, las instituciones (incluido el empleo) se vuelven frágiles, temporales y descartables. Los lazos laborales se debilitan. La consecuencia es la individualización de los conflictos laborales, pérdida de la “solidaridad de clase”, los bloqueos a la organización laboral y la ansiedad constante por la obsolescencia ante la invasión de la Inteligencia Artificial y la robótica. “El trabajo se ha convertido en una actividad de corto plazo, sin expectativas de carrera o de desarrollo profesional”. (Bauman, 2017)
La gubernamentalidad neoliberal conllevaba una reconfiguración profunda de la subjetividad, dando forma a un nuevo tipo de homo economicus: el empresario de sí mismo. (Foucault M. (., 2001 (1963))
El fundamento es la teoría norteamericana del capital humano. Redefine al trabajador, no como alguien que vende su fuerza de trabajo, sino como un empresario que invierte en sí mismo. Abarca no sólo lo económico, sino la totalidad de la existencia humana: habilidades y competencias adquiridas (educación, formación), salud física y psíquica, tiempo disponible, capacidad de adaptación a los cambios del entorno. (Foucault M. , 2008, págs. 225-226)
El empresariado de sí mismo se combina con la uberización del trabajo. Se pasa del control en el modelo industrial clásico (fordismo-taylorismo) al control algorítmico. El control industrial clásico se ejercía mediante supervisión humana directa (capataces, jefes de taller), tiempos y movimientos cronometrados, presencia física obligada en un espacio cerrado (la fábrica).
El control algorítmico opera de manera diferente: no necesita un jefe presente, ni un reloj de fichar físico, ni una cadena de montaje visible. En su lugar, utiliza sistemas automatizados de gestión que asignan tareas, evalúan desempeño, imponen sanciones y premian conductas, todo mediado por una aplicación móvil. El control algorítmico es el conjunto de mecanismos de dirección, evaluación y disciplina basados en reglas computacionales (algoritmos) que gestionan el trabajo.
Utiliza diversos mecanismos: asignación opaca de tareas, lo que crea incertidumbre permanente, el trabajador debe estar siempre disponible, pero sin garantía de ingresos. Evaluación continua y punitiva con sistema de estrellas o puntuación: los clientes califican al trabajador (del 1 al 5). Una calificación baja puede implicar suspensión temporal o exclusión de la plataforma. Disciplina automatizada (sin apelación humana), sanciones invisibles; no hay un gerente que explique la sanción ni permita descargos. Gamificación del trabajo, con mecanismos lúdicos coercitivos: rankings de eficiencia, insignias, bonificaciones por cumplir metas horarias. Se convierte la precariedad en un juego. Control horario difuso sin derechos: el trabajador no tiene un horario fijo, pero debe estar pendiente constantemente de la App, difuminando la frontera entre tiempo de trabajo y tiempo de vida.
El efecto psicológico es que el trabajador desarrolla un «miedo algorítmico» (Wood, Graham, Lehdonvirta, & Hjorth, 2019): internaliza que debe cumplir reglas que no conoce del todo, porque no puede arriesgarse a ser excluido.
Vivimos en una cultura de hiperendimiento, una sociedad que glorifica el esfuerzo constante y asocia el éxito con jornadas extenuantes. Vivimos en una sociedad de ritmos frenéticos… donde algunos trabajadores sienten que están sometidos a un ciclo de tareas que nunca finaliza, por mucho que se esfuercen. El empresario de sí mismo, al sentirse dueño de su propio negocio (aunque sea como riders o freelance), internaliza la presión de tener que rendir al máximo sin red de contención, llevando la autoexigencia al extremo. Las relaciones de explotación capital-trabajo se licúan y desplazan, el empresario sí mismo, es su propio patrono.
Tiene graves consecuencias psicosociales: la nueva enfermedad, la sisifemia representa la patología específica del trabajador precario moderno, del empresario de sí mismo, aquel que, creyéndose libre y autónomo, se somete a una autoexplotación infinita persiguiendo metas inalcanzables en un mercado laboral líquido. Aislamiento: al no haber compañeros ni sindicatos de plataforma (aunque están surgiendo), la queja es individual e ineficaz, aún más se establece competencias entre los trabajadores-empresarios de sí mismo por un mercado escaso. Autoexplotación, el trabajador se exige más a sí mismo porque el algoritmo «premia» la eficiencia, pero las recompensas son marginales. Pérdida de autonomía real: aunque se publicita “elige tus horarios”, en la práctica hay que conectarse en horas específicas para obtener ingresos dignos.
El control algorítmico no funcionaría sin el “empresario de sí mismo” como subjetividad de respaldo. Si los trabajadores de plataformas se percibieran a sí mismos como asalariados precarios, exigirían derechos, horarios fijos y protección social. Pero como se los interpela como “socios”, “emprendedores” o “dueños de su tiempo”, aceptan la sobreexplotación como un desafío personal, no como una injusticia colectiva. (Gago, 2019)
El algoritmo no es un simple instrumento técnico; es una nueva forma de gobernar el trabajo que combina la precisión del cálculo con la opacidad de la norma. El control algorítmico es la técnica; el empresario de sí mismo es la teología. Una no opera sin la otra. Ambos conforman el dispositivo post-laboral de la modernidad líquida: trabajar sin seguridad, obedecer sin jefes, fracasar sin excusas.
En América Latina el trabajo de plataformas y el empredurismo encuentran un clima favorable en una matriz de informalidad estructural que lo precede y lo potencia. “El trabajo de reparto se sitúa en medio de un mercado laboral altamente informal y con altas tasas de desempleo estructural, lo cual ha contribuido a la transformación de la naturaleza del trabajo y de las relaciones laborales.” (Enríquez, 2025) La uberización no crea la informalidad; la profundiza, la legitima y la viste con ropajes tecnológicos.
Una condición básica en América Latina es el vacío regulatorio. Mientras en Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Deliveroo (2018) o la Ley Rider española (2021) establecieron presunciones de laboralidad, en América Latina predomina el vacío normativo o la regulación incipiente y fragmentada. En Ecuador este vacío es particularmente agudo; el debate ni siquiera ha llegado a los tribunales, mientras los trabajadores exigen reconocimiento en medio de la indiferencia estatal.
Los trabajadores de plataformas en Ecuador sufren alta precariedad. El 94% no tiene seguridad social. El 84% no tiene vacaciones. El 100% carece de beneficios de maternidad y paternidad. El 66% de mujeres ha sufrido acoso laboral. El 91% gana menos de 400 dólares mensuales. El 90% está insatisfecho con su remuneración. (Moya, 2024)
La vulnerabilidad se refuerza por la sobrerepresentación de migrantes venezolanos entre los repartidores: el 52% migrantes venezolanos vs. 43,2% ecuatorianos. La irregularidad migratoria obliga a «alquilar cuentas» a ecuatorianos (hasta $100 mensuales), la discriminación y xenofobia reducen las oportunidades laborales alternativas. El miedo a la deportación inhibe la denuncia y la organización sindical. El aislamiento social dificulta el acceso a redes de apoyo.
La flexibilidad choca con la realidad de jornadas extenuantes. La jornada máxima legal en Ecuador es de 8 horas diarias / 40 horas semanales (Código del Trabajo, art. 47) Pero el 90% de los repartidores trabaja entre 1 y 80 horas semanales, y el 10% supera las 80 horas (hasta 120 horas semanadas). La «libertad de elegir horarios» se traduce, en la práctica, en la necesidad de trabajar 12-14 horas diarias para alcanzar ingresos de subsistencia. (Salazar, 2021)
La resistencia es posible, sin embargo, la organización enfrenta obstáculos específicos: imposibilidad legal de formar sindicatos porque no son reconocidos como trabajadores, criminalización de la protesta, rotación laboral altísima que dificulta la construcción de memoria colectiva.
El centro de la disputa no es puramente ideológico. El neoliberalismo no es sólo un modelo de sobrexplotación encubierta del trabajo, sino que es un modo de vida que involucra todos los ámbitos de las relaciones sociales consigo mismo, con los otros, con la humanidad, con la naturaleza, con el cosmos. Es una disputa civilizatoria.
Desde el punto de vista ideológico podemos ver el neoliberalismo y las narrativas libertarias como un monstruoso proceso de encubrimiento de las relaciones de explotación capital-trabajo, la disolución de las relaciones de clase, la alienación de los trabajadores sobre su ubicación en el proceso de reproducción del capital, para desplazarse al sitio del “empresario de sí mismo”. Este movimiento implica una derrota estratégica de la clase obrera y la hegemonía de una nueva visión de vida, basada en la teología de los algoritmos y de la inteligencia artificial, los resultados de la cuarta revolución científico-técnica controlados por el poder monopólico concentrado de las transnacionales bioeconómico-políticas.
El centro de la disputa ya no es la defensa del trabajo asalariado, de los derechos laborales en el marco de las relaciones capital-trabajo, sino la disputa sobre el modo de vida posthumanista que impera. Enfrentar la distopía de la “república tecnocrática”, proclamada por Palantir (Karp, The Technological Republic, in brief, 2026):[1] La democracia pluralista es «vacía y hueca». Las élites tecnológicas deben gobernar sin rendición de cuentas. Las culturas inferiores deben ser dirigidas. El software decide sobre la vida y la muerte. La empatía es una debilidad.
El empresario de sí mismo tiene un espejo vital centrado en el éxito individual, la aspiración hedonista del paraíso de la sociedad de consumo, justificada con el discurso de la autonomía y la independencia, la autorrealización, e impulsada por el miedo a la expulsión definitiva del mundo real. El trabajador uberizado se opone a los intentos de resistencia, como la disputa por un marco jurídico que reconozca el carácter laboralista de su empleo, porque teme ser expulsado de los turnos algorítmicos de los que depende su vida inmediata. El empresario de sí mismo mira el modelo de acumulación del capital como el ideal a alcanzar más allá del sacrificio presente, la autosobreexplotación al límite.
El centro de la disputa es sobre la naturaleza humana, la dignidad humana, sobre la naturaleza de la naturaleza, la relación de la humanidad con la naturaleza, con el cosmos.
Y actualmente el centro, como plantea León XIV en la Encíclica Magnifica Humanitas (Mayo 2026), está en la disputa sobre la Inteligencia Artificial, el papel de la IA respecto a la dignidad humana, enfrentar el paradigma tecnocrático y el poder digital, las narrativas del transhumanismo y el posthumanismo. El camino es reconocer “la grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA”, custodiar lo humano en las transformaciones que estamos viviendo.
Una línea clave es el reconocimiento de “la dignidad del trabajo en la transición digital: el trabajo no es un simple instrumento, sino que expresa y acrecienta la dignidad de nuestra vida. Es una necesidad inherente a la condición humana, un camino habitual hacia la madurez, el desarrollo y la realización personal.” (León XIV, Mayo 2026, pág. 29)
“La combinación de la automatización, la robótica y la IA está transformando rápidamente la estructura misma del trabajo. (…) los “nuevos modos” de trabajar no son necesariamente mejores. (…) mientras la IA promete impulsar la productividad haciéndose cargo de tareas ordinarias, a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la velocidad y a las exigencias de las máquinas, en lugar de que estas últimas estén diseñadas para ayudar a quienes trabajan. Así, contrariamente a los beneficios anunciados sobre la IA, los enfoques actuales de la tecnología pueden paradójicamente desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas. La necesidad de seguir el ritmo de la tecnología puede erosionar el sentido de la propia capacidad de obrar de los trabajadores y ahogar las capacidades innovadoras que están llamados a aportar en su trabajo. Precisamente para evitar esta deriva, es necesario diseñar sistemas centrados en la persona y no sólo en el rendimiento. (León XIV, Mayo 2026)
El desempleo y la sustitución con empleos precarizados hoy es un problema más agudo: “en la “cuarta revolución industrial”, la innovación suele acogerse únicamente con el fin de reducir costes y aumentar los beneficios. (…) esto ya se traduce en nuevas formas de precariedad y desigualdad, con remuneraciones muy elevadas para una minoría altamente especializada y salarios cada vez más bajos para una gran parte de la población activa. (…) El objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo, porque la persona humana es un fin y no un medio, y el orden económico debe permanecer subordinado a su dignidad y al bien común.” (León XIV, Mayo 2026)
El primer paso es reconocer las modificaciones profundas de las relaciones laborales, que no tienen al trabajo asalariado como la forma principal, sino que surgen nuevas formas en torno al trabajo de plataformas y al emprendedurismo. Por lo tanto, se requieren nuevas estrategias de respuesta.
Hay que enfrentar dos problemas: la debilidad del movimiento sindical formal que organiza a los trabajadores bajo sistema de dependencia; e impulsar nuevas formas de organización de los trabajadores informales, tanto los de portales virtuales, como los emprendedores, y buscar una alianza entre estos dos procesos. “Las organizaciones sindicales (…) están llamadas a abrirse a las nuevas formas de trabajo y a los nuevos trabajadores, para representarlos y defenderlos en un contexto en el que, sin decisiones valientes, surgen más pobreza y más desigualdades, con una multitud de excluidos rodeados de máquinas y sistemas automatizados que han ocupado su lugar.” (León XIV, Mayo 2026)
El lado oculto de los derechos laborales es el desconocimiento del trabajo del cuidado, que forma parte de la reproducción de la fuerza de trabajo y que recae sobre todo sobre las mujeres, que deben cumplir doble jornada, en el empleo y en la atención a la familia. Una respuesta combinada de corresponsabilidad dentro de la familia, y de atención por parte del Estado puede dar contribuir a la mejora de las condiciones de vida sobre todo de las mujeres.
Una clave es la disputa civilizatoria sobre el tiempo integral, el tiempo de trabajo, el tiempo libre y el tiempo del ocio. La paradoja de la cuarta revolución científico-técnica es que puede liberar tiempo de trabajo para abrir, ampliar, el tiempo del ocio, de la realización humana; pero esta potencialidad en manos del tecno-capital se transforma en estrategias de sobreexplotación y precarización del trabajo.
La tarea empieza por “desarmar las palabras con la verdad” (León XIV, Mayo 2026)
Trabajos citados
[1] La 22 tesis de la República tecnocrática publicada por Alexander Krap es un texto de difusión del libro The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West. (Karp & Zamiska, The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, 2025)
