By icciec2024
A principios de este mes festejamos a las y los wawas, quienes son la semilla y el futuro de nuestra tierra. Son el presente y el porvenir de nuestra sociedad; pequeños y pequeñas que nos devuelven la ternura con su inocencia y nos abrigan el pecho con sus abrazos pequeñitos. Como madre, celebro la existencia de estas almas inocentes con el corazón abierto; sin embargo, ese mismo amor me obliga a mirar una realidad que indigna y llena de impotencia. Vivimos en un Ecuador profundamente desigual donde permitimos que el costo de las crisis lo paguen los más vulnerables. Si a las madres se nos niega el acceso a empleos dignos, el nido se quiebra: se vuelve una tarea imposible garantizar el alimento y la educación de nuestros hijos e hijas. Los datos no mienten. Detrás de sus sonrisas se esconde un monstruo silencioso que la burocracia estatal no ha querido ni sabido frenar: brechas estructurales e históricas impregnadas de racismo que castigan con saña, principalmente, a la niñez de nuestras comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Uno de los mayores y más dolorosos problemas de salud pública en el país es la Desnutrición Crónica Infantil (DCI). Según la última Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI), esta problemática afecta actualmente al 20,1% de los niños menores de dos años en el Ecuador. Esta cifra nos coloca en el vergonzoso cuarto lugar de la región con mayor índice de DCI, situándonos por debajo de realidades tan complejas como las de Honduras y Haití.
Sin embargo, cuando la tecnocracia analiza los promedios nacionales, convenientemente invisibiliza los picos de la desigualdad. Al desglosar los datos por autoidentificación étnica, la realidad nos explota en la cara: el 33,4% de los niños indígenas menores de dos años sufren de DCI, en contraste con el 2% reportado en la niñez mestiza. La geografía del abandono también habla: la Sierra rural es la región más golpeada, alcanzando un 27.7% de desnutrición crónica.
Lo más alarmante es que en cantones con alta densidad poblacional indígena y geográficamente postergados, como Taisha en Morona Santiago y Guamote en Chimborazo, las cifras sobrepasan de lejos la media nacional, superando el 56% de niños con DCI. ¡Más de la mitad de nuestros niños nacen con el futuro hipotecado por el Estado!
Esta condición no se soluciona con charlas informativas. La DCI es el resultado acumulado de la escasez de agua segura, la falta de saneamiento básico, la contaminación ambiental y el acceso desigual a los servicios de salud. Una vez que el retraso en el crecimiento es diagnosticado en los primeros 1.000 días de vida, no hay marcha atrás; el daño cognitivo y físico es irreversible, limitando su aprendizaje escolar y su inserción laboral futura. Entre 1993 y 2021, el Estado ecuatoriano ejecutó alrededor de 12 programas de salud y nutrición, pero la curva casi no se movió. Esto no es ineficiencia; es indolencia estructural hacia los pueblos originarios.
La violencia que sufre nuestra niñez está directamente ligada a la violencia y el abandono que sufrimos las madres. Los datos presentados por especialistas revelan que nueve de cada diez muertes maternas en el Ecuador podrían evitarse. Lo paradójico e indignante es que más del 90% de estos decesos ocurren dentro de los mismos establecimientos sanitarios. ¿La razón? Hospitales públicos desmantelados, escasez crítica de medicamentos, despidos masivos de personal y una alarmante carencia de insumos en áreas de neonatología que provoca muertes de recién nacidos por sepsis bacteriana.
En este sistema, nacer indígena es un factor de altísimo riesgo: las mujeres de nuestras comunidades tienen entre dos y tres veces más probabilidades de morir por causas maternas que el resto de las ciudadanas. A esto se suma que el 47,5% de las mujeres en Ecuador reporta haber experimentado al menos un episodio de violencia gineco-obstétrica a lo largo de su vida. El Estado nos exige parir en un sistema que nos deshumaniza, nos juzga y nos despoja de nuestros saberes ancestrales de parto, sin garantizar la vida de nuestros hijos ni la nuestra. Las brechas se consolidan desde antes de nacer: mientras el promedio de escolaridad nacional es de 10.2 años, las mujeres indígenas alcanzamos apenas los 8 años debido a la falta de oportunidades en el campo.
Cuando el estómago ruge y el Estado se desentiende de crear empleo digno para los adultos, los núcleos familiares se ven obligados a depender del ingreso infantil para la subsistencia diaria. Actualmente, más de 279.000 niños, niñas y adolescentes en Ecuador han sido empujados al mercado laboral, vulnerando de forma flagrante sus derechos fundamentales. Las estadísticas oficiales muestran que el 7,01% de la población entre 5 y 14 años realiza actividades de explotación en calles, mercados y zonas agrícolas.
Una vez más, el sesgo étnico y territorial salta a la vista. En las áreas rurales, los niños trabajan cerca de cinco veces más que en las ciudades. Provincias como Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo concentran casi el 30% de la población infantil trabajadora a nivel nacional. Al mirar la etnicidad, la brecha es un abismo: mientras en la población mestiza la incidencia del trabajo infantil entre los 5 y 14 años es del 5%, en la población indígena esta cifra escala dramáticamente al 26%, y se dispara al 39% en el caso de los adolescentes.
Nuestros wawas están expuestos a jornadas extenuantes bajo el frío o calor intenso y al manejo de productos químicos peligrosos. Lo más doloroso es que, del total de la niñez que trabaja en la ruralidad, la inmensa mayoría no recibe remuneración alguna. Para las niñas la situación es aún más invisible: el 94% de ellas trabajan sin ingresos monetarios, asumiendo además cargas de trabajo doméstico que superan las 15 horas semanales. Esta realidad triza su desarrollo emocional. Según los estudios de INEC y UNICEF, apenas el 56% de las y los niños que trabajan y no estudian se considera feliz la mayor parte del tiempo, en comparación con el 86% de aquellos que tienen el privilegio de dedicarse únicamente a sus estudios. El trabajo infantil les roba el derecho a jugar, les agota el cuerpo y les quita la sonrisa.
El adverso panorama de la niñez ecuatoriana se ha complementado en los últimos años con una profunda crisis de seguridad y derechos humanos que ha convertido a los menores de edad en las víctimas más vulnerables de la violencia criminal. Entre los periodos recientes de 2024 y 2025, el país registró un incremento del 87.1% en los homicidios de niños y adolescentes de entre 12 y 17 años. Las alertas de activistas e investigadores son espeluznantes: solo en el mes de enero de 2026 se perpetró el asesinato de 50 menores de edad en el país.
El desmantelamiento de las políticas e inversiones sociales iniciado en 2018, sumado a una tasa de criminalidad generalizada que supera los índices de naciones históricamente convulsas de la región, ha dejado a la juventud empobrecida a merced de las dinámicas del narco-capital ante la absoluta falta de oportunidades. Estrategias basadas únicamente en la militarización, han demostrado su fracaso al generar amedrentamiento hacia los adolescentes de los sectores populares en lugar de contener la inseguridad o devolverles las escuelas.
El abandono es tan severo que la crisis se ha trasladado a la salud mental: el suicidio se ha posicionado como la primera causa de muerte en niñas y niños de 10 a 14 años en las últimas dos décadas. Paralelamente, UNICEF reportó que las muertes de niñas y niños por homicidio aumentaron un alarmante 640% en el último quinquenio. No solo les falta el pan; ahora les falta la vida.
El Ecuador no puede esperar ni un segundo, ni un minuto, ni un día más. Las consecuencias de estas brechas estructurales -como la desnutrición, la anemia que afecta a 4 de cada 10 niños, el trabajo infantil peligroso y la violencia criminal- son condiciones absolutamente inaceptables en una sociedad que se jacta de ser plurinacional. El gasto asociado a la malnutrición le cuesta al país el 4,3% de su PIB, pero el costo humano y social en nuestras comunidades es incalculable.
No basta con discursos románticos ni con festejos efímeros cada inicio de junio. El Estado tiene la obligación urgente de implementar políticas de protección social eficientes, garantizar empleo digno para las madres y los padres, asegurar soberanía alimentaria y devolver la salud y la educación intercultural de calidad a los territorios rurales. Salvar a la niñez, y en especial a la niñez de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, es un imperativo ético y de supervivencia. Las vidas de nuestras hijas e hijos valen. ¡Exigimos acciones concretas y justicia social ya!
