By icciec2024
Equipo Editorial ICCI
Desde nuestra mirada como mujeres y hombres de la tierra, este enero de 2026 no es solo el inicio de un calendario gregoriano; es un nuevo ciclo de alerta. Recientemente, a través de las redes sociales el gobierno publicó cifras donde muestra una supuesta reducción de la pobreza en el país, 21,4% pero la realidad técnica es distinta.
Mientras el discurso oficial habla de la tasa más baja en 20 años, el último dato verificado (junio 2025) situaba la pobreza en un 24%. En la cotidianidad, esto significa que casi uno de cada cuatro ecuatorianos no cubre sus necesidades básicas. La supuesta reducción se diluye frente al alto costo de la canasta básica y la falta de servicios públicos de calidad.
Expertos y portales de verificación como Lupa Media han detectado que el gobierno utiliza datos reales, pero fuera de contexto. Al comparar sus mejores meses con los peores momentos del gobierno anterior (como el inicio de la gestión de Lasso), se crea una ilusión de progreso. No se mencionan los USD 88 mil a 90 mil millones de deuda pública, ni los millonarios atrasos con el IESS y los Gobiernos Locales. En las comunidades y barrios empobrecidos, esta «omisión» se siente en hospitales sin medicinas y escuelas abandonadas.
Es cierto que el Riesgo País bajó a 496 puntos en diciembre de 2025, un nivel no visto en siete años. Sin embargo, para nosotros, este indicador no mide el bienestar del pueblo, sino la certeza de los bancos extranjeros de que Ecuador les pagará la deuda. Lo que se resume en menos inversión en educación, salud, y otras necesidades básicas.
Entonces, si el riesgo financiero baja, el riesgo para la vida sube. El 2025 cerró como el año más violento, una contradicción que la economía formal no puede explicar: ¿cómo puede bajar la pobreza mientras el crimen organizado se toma los barrios?
Expertos como Oswaldo Landázuri señalan que, si hay dinero circulando, no es por una mejora en la producción nacional, sino por tres factores externos: Primero, las remesas, que son el sacrificio de nuestros migrantes que siguen sosteniendo la economía desde fuera. Segundo factor, los bonos, estas transferencias estatales que alivian el síntoma, pero no curan la enfermedad del desempleo. Y por último, la economía “Subterránea”, el dinero del crimen organizado que «lubrica» el consumo pero destruye el tejido social.
Aunque se reportan ventas y exportaciones récord (estimadas en USD 36.000 millones), este crecimiento está concentrado en sectores extractivos y grandes grupos económicos.
En este boletín contamos con el aporte de Arawi Guanotuña, quien nos propone un diálogo intergeneracional profundo, analizando cómo la vitalidad de la juventud debe entrelazarse con la memoria de los mayores.
Para las comunidades, las «exportaciones récord» de minería significan más presión sobre nuestras fuentes de agua y mayor militarización de territorios. Es un crecimiento que despoja, no que integra.
Así también, Apawki Castro que examina la genealogía de la lucha social en el Ecuador contemporáneo, sosteniendo que la resistencia no es un evento aislado, sino una raíz histórica que se nutre de la identidad colectiva. Castro reflexiona sobre cómo los pueblos mantienen su firmeza frente a las políticas neoliberales que intentan borrar la historia de movilización popular.
Y finalizamos con Alberto Acosta y Carlos Zorrilla que, a través de un análisis crítico de la propuesta de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos, denuncian las «autorizaciones ambientales exprés» y la creación de clústeres mineros militarizados. El texto alerta sobre cómo esta normativa busca acelerar el extractivismo, subordinando la seguridad de las comunidades y los Derechos de la Naturaleza a la discrecionalidad técnica y el lucro empresarial.
Arawi Guanotuña
Vengo de los páramos fríos, de los vientos que enseñan a escuchar. Soy del pueblo Panzaleo, de la comunidad humilde de Shiñacunga, en Chugchilán, cantón Sigchos, Cotopaxi. Crecí mirando cómo el sol conversa con la montaña, cómo la minga que une manos diversas y cómo la palabra kichwa nombra lo que el castellano a veces no alcanza a decir. Desde ese lugar quiero pensar lo que vivimos nosotros, los jóvenes; no desde discursos prestados, sino desde la experiencia cotidiana de ser runa, de ser parte de un ayllu que resiste y sueña.
En nuestras comunidades se repite que la juventud es el futuro; sin embargo, muchas veces solo somos el adorno del presente. Nos llaman para bailar en las fiestas, para cargar banderas en las marchas, para aparecer en la foto de la asamblea. Con eso, algunos dirigentes sienten que han cumplido: “kaypi wamrakuna kan”, dicen; “aquí están las y los jóvenes”. Sin embargo, cuando llega la hora de decidir de verdad, sobre la tierra, el agua, los proyectos o las alianzas políticas, -tanto en lo organizativo como en lo electoral- volvemos a ser los que “todavía no saben”. Nuestra presencia termina siendo simbólica y no se traduce al poder comunitario.
Lo digo porque lo he vivido. A los 17 años fui dirigente de mi comunidad. Organizamos el año viejo, campeonatos y diversas gestiones para la escuela. Los mayores me aconsejaban y yo aprendía haciendo; sentía la alegría de servir, ese “sumak ruray” que nos enseñan desde wawa: hacer bien las cosas para la colectividad. Muchos me decían que sería un gran líder. Pero también descubrí que a las y los jóvenes nos aplauden mientras no movamos el orden de siempre. Cuando proponemos cambios, aparece la frase conocida: “chayri mana yachanki” -aún no sabes, todavía estás aprendiendo-.
Ahí está una herida profunda. Se ha instalado la idea de que la política es asunto de pocos, casi un territorio cerrado. Muchos jóvenes se alejan porque sienten que no hay espacio real; que solo nos buscan para llenar un casillero electoral o para justificar un discurso de inclusión. Este escenario ha sembrado desinterés y frustración que nos aleja de lo colectivo. ¿Cómo vamos a creer, si nuestra voz no entra en el círculo donde se decide el destino del territorio?
Pero, desde la cosmovisión andina, sabemos que la vida no camina en ruptura, sino en complementariedad. El problema no son los mayores; ellos son la memoria viva, quienes guardan la historia de las recuperaciones de tierra, de las caminatas a Quito y de las luchas contra el olvido. Sin esa experiencia, la juventud sería como chakra sin riego. El verdadero problema es la falta de puentes entre generaciones; la pérdida del diálogo frente al fogón, donde antes se transmitía la palabra.
Nuestra cultura nos enseña el “ranti ranti”, la reciprocidad. Así debería ser también la política comunitaria: donde los mayores entregan su sabiduría y la juventud retribuye energía, creatividad y nuevas miradas. Como en la chakra, donde la semilla nueva necesita de la profundidad del suelo antiguo para brotar. No somos bandos distintos; somos partes de un mismo cuerpo, el cuerpo del ayllu.
La interculturalidad de la que tanto se habla no puede quedarse en el papel. Para nosotros, significa que el kichwa tenga el mismo valor que el castellano en las asambleas; que la forma de decidir de nuestros abuelos dialogue con las herramientas del presente y que el conocimiento de la universidad converse con la sabiduría del páramo. Ser interculturales es aprender a escucharnos sin jerarquías.
También a las y los jóvenes nos corresponde mirarnos hacia dentro. A veces nos gana la impaciencia o el desencanto; preferimos alejarnos porque la política parece sucia o porque sentimos que el mundo digital nos brinda más voz que la asamblea. Pero en el pensamiento andino nadie se salva solo: el “ñukanchik” -nosotros- es más grande que el “ñuka”–yo-. Si dejamos vacíos los espacios de participación, otros decidirán por nuestra agua, por nuestra lengua y por todas nuestras de luchas.
Defender el territorio, entonces, no es solo enfrentar a las mineras o a las políticas que vienen de afuera. También es sanar las relaciones internas, descolonizar nuestras propias organizaciones y abrir círculos donde la mujer joven, el estudiante o el migrante retornado puedan hablar sin miedo. No podemos invocar la vivencia armónica mientras sigamos repitiendo prácticas que excluyen.
Soñamos con procesos donde la formación política tenga raíz propia; donde se estudie la historia del movimiento indígena a la par con la tecnología, y donde la asamblea combine el consenso ancestral con la planificación moderna. Liderazgos colectivos, como el trabajo de la minga, no caudillos que se eternizan. Buscamos coherencia entre lo que se dice en castellano y lo que se vive en kichwa.
Invito a la juventud a volver al camino comunitario; a perder el miedo a equivocarse, a participar en los cabildos, en las organizaciones, en las cooperativas y en las radios locales. Que cultivemos la paciencia, pero una paciencia digna: esa que sabe preguntar y no teme proponer. Y a los mayores, les pido que abran el corazón como se abre la chakra en tiempo de siembra; que confíen en que nosotros también cuidaremos la semilla.
Si logramos unir la fuerza de la juventud con la experiencia de nuestros taytas y mamas, la convivencia intergeneracional dejará de ser un discurso y se volverá una práctica diaria. Entonces, la política se parecerá más a la minga: cada quien con su herramienta, pero todos para el mismo horizonte, porque sin juventudes con poder real de decisión y participación, y sin mayores con palabra generosa – dueños de la experiencia y la sabiduría-, nuestro pueblo camina incompleto. Queremos avanzar como nos enseña la cosmovisión andina: en equilibrio, en complementariedad, como dos brazos del mismo camino, sembrando un futuro con rostro kichwa y corazón de todos.
Apawki Castro
«No se construye el presente, sin conocer el pasado,
la verdadera historia es la que no nos han contado»
La humanidad transita por ciclos y momentos que germinan como semillas en las nuevas generaciones, sostenidas por la memoria viva de los ancestros y por la esperanza de quienes vendrán. En la cosmovisión andina y Kichwa, el tiempo no avanza como una flecha implacable hacia el futuro, sino como un río que serpentea entre montañas: a veces se aquieta en los Pukara de la memoria y, otras, corre impetuoso en los levantamientos, pero siempre retorna a su cauce ancestral. Para comprender la lucha del movimiento indígena ecuatoriano frente al capitalismo y al modelo neoliberal es necesario entrelazar ambos sentidos del tiempo: reconocer la circularidad sagrada que une a los vivos con los Apus, y a la vez trazar una línea histórica de resistencia que, desde las entrañas de la Colonia hasta este 2025-2026, mantiene encendida la llama de la dignidad colectiva.
Conviene traer a la memoria a quienes dieron forma a esa rebeldía a lo largo de los siglos. De Túpac Amaru a Daquilema se extiende una raíz profunda. La rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II (1780-1781), aunque surgida en el Alto Perú, retumbó como un trueno en los Andes del norte. Su grito “¡El que nace una vez, muere una vez!” fue más que un llamado contra los corregidores: afirmó que el pueblo andino tenía derecho a existir según sus propias leyes cósmicas. Esa voz atravesó fronteras coloniales y quedó sembrada en la memoria de los pueblos Kichwa del actual Ecuador.
En nuestro territorio, durante el régimen de Gabriel García Moreno, la resistencia se alzó contra el saqueo de los diezmos. En 1871, en Cacha, provincia de Chimborazo, Fernando Daquilema encarnó esa memoria viva. Al proclamarse “rey de los indios” no imitaba una monarquía europea, sino que reivindicaba la autoridad ancestral de los Kurakas, guardianes del Ayllu y del equilibrio con la Pachamama. Su ejecución no extinguió la rebeldía: la enterró como semilla para que germinara después. En el Pachakutik, cada caído vuelve como raíz.
Ese legado no quedó en el pasado. Recobró el aliento en manos de hombres y, sobre todo, de mujeres dispuestas a ofrendar su vida por la liberación del pueblo. Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña son madres de la organización y símbolos de la resistencia. El siglo XX marcó el paso de la rebelión espontánea a la conciencia organizada. Dolores Cacuango (1881-1971), nacida en la hacienda San Pablo Urcu de Cayambe, comprendió que la emancipación requería tierra y palabra. Fundó escuelas bilingües clandestinas donde el kichwa dialogaba con el castellano, desafiando la imposición del idioma como instrumento de dominio. Para ella, educar no era “modernizar”, sino volver a nombrar el mundo desde la propia cosmovisión: el Wayra, el Inti, el Kuychi recuperaban su lugar en el conocimiento. Su vida fue una lucha constante por los derechos campesinos, la justicia social y la organización comunitaria a través de la Federación Ecuatoriana de Indios – FEI.
Tránsito Amaguaña (1909-2009), su compañera de camino, llevó la resistencia al terreno legal. Con sombrero de paja y mirada firme enfrentó a los hacendados en los tribunales, exigiendo derechos que nunca se cumplían para los indígenas. Su mayor revolución fue ética: enseñó que la dignidad no se mendiga, se conquista. Las mingas se consolidaron como forma de vida y de organización, anticipando el nacimiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE en 1986.
Con la República, la organización se volvió estrategia de sobrevivencia. La injusticia crecía al ritmo del Estado. El 28 de junio de 1990, durante el Inti Raymi, se produjo un punto de inflexión: pueblos Panzaleo, Puruwá, Otavalo, Kayambi, y demás pueblos y Nacionalidades ocuparon calles y carreteras. No fue una ruptura al estilo occidental, sino un Pachakutik, un retorno del orden andino frente al Estado Uninacional. “¡Tierra, territorio y dignidad!”. “¡El levantamiento es por la vida!” resumían el sentido de la lucha.
El movimiento no rechazó la modernidad, sino el neoliberalismo extractivista que convirtió a la Pachamama en mercancía. El Sumak Kawsay -donde el ser humano es parte de una comunidad que incluye montañas, ríos y animales- se levantó como alternativa civilizatoria frente al individualismo. La Minka, el Ayni y el respeto al Allpa se transformaron en principios políticos.
Desde los años noventa hasta hoy, el movimiento ha enfrentado violencias concretas: minería en la Cordillera del Cóndor, Palo Quemado y Las Pampas; expansión petrolera en la Amazonía; endeudamiento campesino y mercantilización de la vida. Gobiernos de distinto signo intentaron cooptar su fuerza o doblegarla mediante la represión, pero su fuerza permanece en el territorio y en la cosmovisión. En 2015, la resistencia a la reelección indefinida combinó movilización e incidencia política. En octubre de 2019 y en junio 2022, las jornadas contra Moreno y Lasso demostraron que la lucha no se agota en la cancha electoral ni se limita a las calles: las asambleas comunitarias continúan decidiendo desde el Sumak Kawsay.
Esta memoria no se extingue. Hay más fechas y nombres por recordar, pero el hecho reciente de septiembre-octubre de 2025 confirma la continuidad de este Sinchi Sapi, raíz fuerte que cae en tierra fértil.
Hoy el movimiento enfrenta nuevos desafíos: la crisis climática que seca los páramos, la
expansión digital que coloniza
imaginarios y un neoliberalismo maquillado de “transición ecológica”. La respuesta sigue siendo
tejer desde abajo.
Las Hatun Tantanakuy en la Sierra, Amazonía y Costa con su fortaleza tejen la autonomía alimentaria con semillas nativas como la papa, la kinwa y la kiwicha. Jóvenes kichwa formados en universidades, pero arraigados a sus comunidades, impulsan comunicación propia para disputar los sentidos y desmontar los relatos hegemónicos. La oposición al TLC y al FMI es defensa del Sumak Kawsay frente al capitalismo verde.
La historia del pueblo kichwa no es una suma de episodios, sino un tejido donde Túpac Amaru, Daquilema, Cacuango, Amaguaña, y demás, así los levantados del 90 forman una misma Chakana. El tiempo lineal pretende fragmentarnos; la cosmovisión andina nos recuerda que los ancestros caminan con nosotros en cada Pakarina.
Frente a un modelo que mercantiliza hasta el aire, la resistencia indígena, Kichwa, Runa, afirma que la vida no se negocia. Mientras un Chaski suba al Urku a dialogar con los Apus, mientras las abuelas enseñen el sentido del Raymi y las comunidades defiendan sus territorios con cuerpo y palabra, la lucha seguirá. No como nostalgia, sino como proyecto de futuro: el Sumak Kawsay donde el ser humano vuelve a ser Runa en armonía con todo lo existente. Esta lucha no es propiedad de intelectuales de escritorio, partidos instrumentalizadores, ni voceros que hablan sobre nosotros, pero nunca desde nosotros. El pensamiento Runa no se importa: se vive en la minga, se decide en la asamblea, se canta en el yaraví.
¡Que quede claro! No renunciaremos a ser Runa para convertirnos únicamente en “clase obrera” abstracta, ni negaremos nuestra condición de explotados, marginados, excluidos, empobrecidos para ser “etnia folclórica”. Somos Runa con conciencia de clase: el latifundista no distingue entre quien habla kichwa o castellano al cobrar la deuda; el FMI no negocia con nuestros Apus, sino con gobiernos que firman tratados sobre nuestros territorios. La unidad no se decreta desde arriba: nace cuando el Chakra de Cotopaxi se hermana con la selva de Macas, Morona Santiago y el manglar de Muisne, Esmeraldas, cuando el joven universitario vuelve a su comunidad no para “enseñar”, sino para aprender y luchar junto a sus mayores.
Que ningún partido, intelectual o ONG venga a decirnos cómo resistir. El Runa Kawsay no se diseña en talleres financiados por cooperación internacional. La rebeldía kichwa late en quien camina descalzo sobre la tierra sagrada, en quien defiende su ayllu con el pecho frente al bulldozer. Somos Runa y somos clase: dos raíces del mismo árbol que sostiene el Sumak Kawsay, decimos con firmeza: ¡No nos moverán! Seguiremos siendo Runa -kichwa, pueblo trabajador, memoria viva de Túpac Amaru y raíces de los que vendrán.
Estamos cerca del nuevo tiempo, que el Mushuk Nina renueve nuestro fuego. Que cada Pakarina nos encuentre de pie, tejiendo futuro con los hilos de nuestros ancestros y ancestras, sin pedir permiso para existir.
Mientras haya un Runa que siembre papa nativa, dialogue con los Apus y defienda su territorio con el cuerpo, la historia no terminará. Y nosotros — Sinchi Sapi — seguiremos germinando, multiplicándonos, resistiendo
¡Sinchi Sapi Pakta Kawsay!
¡La continuidad de la raíz histórica de lucha!
Alberto Acosta y Carlos Zorrilla
Un rápido análisis del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, calificado como urgente en materia económica, demuestra una serie de falacias y múltiples amenazas. Lo que se busca, en síntesis, es acelerar la entrega de concesiones y forzar lo más posible la extracción de minerales.
Partamos por identificar los objetivos expresos del proyecto. Al gobierno le preocupa que los sectores estratégicos de energía y minería enfrenten -textualmente- restricciones regulatorias, fragmentación normativa y ausencia de condiciones mínimas de seguridad jurídica, lo que ha provocado paralización/ralentización de proyectos, caída de inversión, pérdida de ingresos fiscales y expansión de actividades ilegales. Con las reformas se ofrece superar trabas regulatorias, fragmentación normativa y la inseguridad jurídica. Y se ofrece también generar inversión para frenar la expansión de la minería ilegal.
Como el papel aguanta todo, el gobierno afirma que el proyecto de ley cumple con los requisitos legales y constitucionales. Es preciso, entonces, hacer una revisión de algunos puntos clave, teniendo en consideración que el gran objetivo del gobierno es ampliar y acelerar aún más la actividad minera en el país para aumentar los ingresos económicos y fiscales.
Desglosemos algunos aspectos preocupantes de este proyecto:
1. De la licencia ambiental a las autorizaciones exprés…
Uno de esos puntos conflictivos es el relativo a la introducción de la “autorización ambiental” que reemplazaría la “licencia ambiental”. Debe quedar claro que el término “autorización ambiental” no aparece ni en la actual Ley de Minería, el Reglamento General a la Ley de Minería, ni en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en el Ecuador.
La “licencia ambiental” es una autorización integral y previa para los proyectos de pequeña, mediana y gran minería, cubriendo toda la vida útil de las operaciones mineras, que requiere entre otras cosas, estudio de impacto ambiental, plan de manejo ambiental y proceso de participación ciudadana (consulta ambiental y, de ser el caso, consulta previa, libre e informada). Mientras tanto la autorización ambiental (o permiso) se refiere a aspectos específicos, temporales o de menor impacto, a menudo integrados dentro de la licencia ambiental.
Según el gobierno, toda actividad minera seguirá requiriendo una autorización ambiental, pero será un comité técnico -y no la Ley de Minería- el que determine qué tipo de autorización corresponde en cada caso; es decir se pasa de un marco general, a la discrecionalidad de un comité: un paso muy riesgoso. Esta sustitución supondría disminuir el nivel y las exigencias para los controles técnicos, ambientales y sociales. Esto acarrearía menos control para impedir o corregir afectaciones a la Naturaleza, a las comunidades directamente afectadas y al resto de la población en el área de influencia de los proyectos mineros.
Es conocido que las licencias ambientales, con todas sus falencias, demandan más tiempo y costos. Se trata de procesos técnicos complejos, como la elaboración de estudios de impacto ambiental extensos, auditorías ambientales periódicas y la participación de profesionales especializados. Justamente eso quiere “ahorrar” el gobierno con los cambios propuestos.
Aquí aparece una transitoria sospechosa, por decir lo menos. En un plazo máximo de tres meses se actualizará el catálogo de proyectos, obras o actividades vinculadas a la fase de exploración minera y “actividad minera” para incluirlos en la nueva normativa. Es decir, esta transitoria se podría interpretar como que los proyectos y actividades enlistados en dicho catálogo, requerirían una simple autorización administrativa ambiental a través del Sistema Único de Información Ambiental, con lo que se obviaría la “licencia”.
En este proyecto de ley se establece que el gobierno podrá expedir nuevos reglamentos, acuerdos ministeriales y, en general, normativa integral, con el único fin de avanzar en la explotación minera. Este punto es muy preocupante, pues vía reglamentos, que normalmente no se discuten abiertamente y que incluso son poco conocidos, se introducen ajustes aún más perversos.
Sin tener claro los requisitos para obtener la autorización ambiental, es decir en especial los requisitos y plazos de las autorizaciones ambientales, no se puede prevenir adecuadamente los impactos en la Naturaleza ni en las comunidades, por cierto, tampoco su constitucionalidad (un punto que debe ser analizado con más profundidad). Es posible que la obtención de las autorizaciones sea similar a la obtención de registros ambientales, que se pueden conseguir en línea por la empresa, sin un proceso de socialización o consulta previa, libre e informada o consulta ambiental y solo con pagar 180 dólares.
El riesgo es que con esta autorización ambiental se esté abriendo, en la práctica a la expedición del equivalente de licencias ambientales exprés y de múltiple uso, es decir rápidas y de una para todas las fases de la explotación minera.
2. Velocidad y no calidad en los controles ambientales
Con este proyecto de ley la
concesión minera se dividiría en
una etapa de exploración y una etapa de explotación; se sintetizan las etapas y de paso los controles propios para cada etapa. Como se establece en el proyecto, la fase de exploración comprenderá las subfases de exploración inicial, con una duración de hasta cuatro años; y, de exploración avanzada y evaluación económica, con una duración conjunta de hasta once años.
La transición entre las subfases se produciría por el transcurso del tiempo, es decir por el cumplimiento del plazo establecido para cada una, sin necesidad de autorización previa. Esto significa, que, automáticamente, se transitaría de una subfase a otra y poco o nada importaría el cumplimiento de las normas ambientales y otros requisitos técnicos, dado que el objetivo es llana y sencillamente avanzar rápido con la explotación minera.
En el artículo 8 de la propuesta de Ley, en el último párrafo, el Ministerio del ramo tendría apenas seis meses para aprobar lo que antes era la licencia ambiental; sostenemos que es corto ese lapso porque el ente estatal, por el mismo efecto de la masiva ampliación de las actividades mineras, tendría decenas de autorizaciones para revisar, constatar _in situ_ y aprobar
Para la explotación, los estudios de impacto ambiental (que la propuesta ni menciona) podrían ser reemplazados por “documentos o estudios” ambientales (1er párrafo Art. 8 de la propuesta). Hablamos de estudios en un país tan biodiverso, topográficamente muy accidentado, con enormes índices de sismicidad, con elevados niveles de pluviosidad, rico en fuentes de agua; una cuestión que no puede ser asumida a la ligera, menos aún con yacimientos tan problemáticos por sus características geológicas. Seis meses es como decirles, entreguen nomás sus documentos ambientales y si no hay una oportuna respuesta del Ministerio, sabrán que en 6 meses pueden iniciar la minería.
A más de plazo de seis meses para la licencia ambiental, a modo de ejemplo, cabe anotar que se simplificaría trámites administrativos, con el silencio administrativo positivo de 30 días, se viabilizaría dicha autorización en poco tiempo. Además, basta una declaración notarizada y juramentada de que no va a pasar nada malo, para ponerlo en términos coloquiales. Con ese enfoque no se garantiza, por ejemplo, la protección del agua, uno de los puntos más sensibles en proyectos mineros a gran escala.
Para cerrar este punto, simplemente recordamos que el gobierno del presidente Noboa debilitó la frágil institucionalidad ambiental, al fusionar al Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas; que ahora se llame primero del Ambiente y luego de Energía es un simple distractor para incautos.
3. Aumento de la conflictividad social con más militarización
Ténganse presente que si lo ambiental no es prioritario, tampoco lo es la cuestión social. Ambas cuestiones se subordinan a las demandas de ingresos económicos.
Para mencionar apenas un punto, el artículo 6 de la propuesta de ley aumenta el plazo de las dos fases de exploración y evaluación económica, de 10 (ley vigente)- a 15 años- lo que implica tener a las empresas en los territorios más tiempo, con los problemas ambientales y sociales que les acompañan, antes de que empiece la fase explotación.
Tampoco se plantea subsanar el sistemático incumplimiento de las normativas constitucionales en lo relativo a la participación de la ciudadanía en la aceptación o no de las actividades mineras. Recuérdese que casi todos los proyectos, inclusive los considerados como legales, han incumplido normas establecidas en la Constitución, como lo es la consulta previa, libre e informada en territorios de pueblos y nacionalidades (artículo 53,7 CRE), la consulta ambiental en el resto del territorio nacional (artículo 398), irrespetando, inclusive, la prohibición de minería en páramos y fuentes de agua establecida en el Mandato Minero del 18 abril del 2008. Por cierto, ningún proyecto cumple con lo que dispone el artículo 408 de la Constitución, que ordena que el estado debe recibir más del 50% de los beneficios o ganancias que obtendría la empresa.
Con esta reforma, se crearían los Clústeres Mineros Integrales. Es decir, territorios donde imperaría la voluntad de las empresas mineras, muchas veces coaligadas de forma corrupta con las autoridades estatales. En este punto la reforma contradice las normas de la Constitución y del Código Orgánico de Coordinación Territorial-COOTAD, que establecen las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales sobre el uso, ocupación, gestión y control del suelo urbano y rural cantonal. Estos clústeres impactarían en contra del artículo 425 de la Constitución que establece el orden jerárquico de aplicación de las competencias.
Pero no existiría solo esa afectación a las competencias de los municipios, sino que, por otro lado, esta reforma podría ocasionar una carga importante a los gobiernos seccionales, que tendrían que asumir la apertura y mantenimiento de carreteras para beneficiar a las actividades mineras, así como a las comerciales y productivas que se encuentren en los clústeres.
En los Clústeres Mineros Integrales, al tratarse de zonas con potencial minero considerado como estratégico, a las que se brindará protección de seguridad estratégica, aumentaría la militarización. Con ello, los conflictos con las comunidades experimentarían un significativo aumento. Una situación que se aguzaría por la creciente presencia de operaciones extractivas dado la flexibilización de las leyes y reglamentos, con las que descaradamente se favorece a las empresas mineras.
stos conglomerados mineros, que configurarían una suerte de ente estatal paralelo al estado nacional, demandarían más gasto fiscal para proteger a la actividad minera privada, lo que configura otro de los subsidios ocultos, tal como veremos más adelante.
La experiencia nos dice que cuando los gobiernos militarizan áreas operadas por empresas mineras, se abre la puerta a una abierta violación de los Derechos Humanos y de la Naturaleza. Eso ya ha sucedido en Intag, en la Cordillera del Cóndor o en Palo quemado, para citar apenas un par de ejemplos. Esta acción represiva aumenta los conflictos comunidad-Estado, desata nuevas violencias, atropella derechos. En consecuencia, la seguridad deja de centrarse en las personas y la Naturaleza, se la redefine como seguridad en beneficio de la inversión privada.
Por cierto, se desvirtúa el papel de las Fuerzas Armadas, que deben proteger el territorio nacional como ordena el mandato constitucional. Los soldados e incluso los policías no pueden estar al servicio de empresas mineras y menos aún actuar como guardias pretorianas para imponer brutalmente la ampliación de la frontera extractivista, tal como ha sucedido y sucede en varias regiones del país.
4. No mejora el control efectivo, pero si se mantienen los subsidios
Si no se destina un monto significado del presupuesto nacional para contratar a cientos y posiblemente miles de personal suficientemente calificados para revisar, calificar, aprobar documentos y permisos ambientales, y después confirmar cumplimiento in situ, la minería “formal” se le escapará de las manos al gobierno nacional en claro perjuicio de la Naturaleza y comunidades locales.
En realidad, bien sabemos que no habrá suficiente personal para regular y controlar a las empresas, y específicamente confirmar si las empresas o sus contratistas cumplen efectivamente con las diferentes normativas Constitucionales y nacionales que protegen a los derechos de las comunidades, el patrimonio cultural y natural, el recurso hídrico y el correcto uso de materiales y técnicas aprobados con las diferentes autorizaciones y licencias ambientales y planes de manejo.
En la práctica, como ya lo anotamos, se amplían los beneficios a las empresas mineras, pues se ex-tiende la exploración minera a 15 años, de los cuales 4 son iniciales y 11 avanzados, con transiciones au-tomáticas.
Es más, se establecen patentes de conservación diferenciadas, que deberían servir para financiar todo o una parte importante del control y regulación de las empresas en los territorios y la evaluación de los documentos ambientales. Así la patente para la exploración inicial sería de 2,5% del salario básico unificado hasta el 4to año ($12/ha); 5% a partir del inicio del 5to año ($24/hectárea); para explotación, 10% del Salario Básico Unificado ($48 / ha); en el caso de la pequeña minería para la patente para la exploración y explotación: 2% ($9.60/ha).
Hay que estar atentos, pues algunas empresas “se achicarán” para aprovecharse de la tarifa más baja y de menos control y exigencias regulatorias. Esto no es nuevo: Llurimagua, que se considera uno de los yacimientos cuprífero más importantes del Ecuador y de la región, en el mapa se le considera dentro de régimen de mediana minería. Lo mismo ocurre con varias otras concesiones en Intag, de cerca de 5 mil hectáreas cada una. Muchas que entraban en el régimen de gran minería, ahora son de mediana minería; algunas medianas ahora son de pequeñas…
De igual manera hay que incorporar el sistema de interconexión eléctrico en función de la demanda de la actividad minera; suministro de electricidad que ha sido subsidiado por el Estado, pues pocos emprendimientos han asumido el autoabastecimiento de sus actividades. A esto se suma la construcción de infraestructura para abastecimiento de combustibles. Todo esto implica gastos adicionales para el fisco. También se pretende crear un tipo de tarifa preferencial para la venta de materiales explosivos para la actividad minera privada, lo que significa subsidiar parte de los costos de la extracción de minerales para una actividad privada.
A más de esos beneficios y subsidios explícitos, se debería tomar en cuenta varios “subsidios ocultos” en la minería. Se trata de costos que no se transparentan, que pueden estar asociados a la remediación de la contaminación, la destrucción de ecosistemas, la afectación de la salud pública, la pérdida de biodiversidad, la destrucción del hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, los nocivos impactos para actividades turísticas y productivas, entre otros. Por ejemplo, el cambio climático por la destrucción de los páramos o las deforestaciones masivas asociadas a la extracción de minerales, no aparece en los cálculos de costo-beneficio empresariales / oficiales.
Resaltemos, entonces, lo que implica la necesidad de las inversiones públicas necesarias para el funcionamiento de esas grandes infraestructuras y los costos que implica la militarización de los territorios mineros.
5. Una falsa solución para la enfrentar la minería ilegal
Debe quedar absolutamente claro que el tema de la minería ilegal, que es, supuestamente, uno de los motivos que alienta este proyecto de ley, no se resuelve simplemente abriendo la puerta a la minería considerada como legal. Hay territorios en donde es imposible la existencia de actividades ilegales como las conocemos, sea porque la concentración de mineral es muy reducida (menos de 0,5 gramos de oro por tonelada de material que se extrae, como sería el caso del proyecto Cangregos en El Oro) o porque las comunidades se oponen a la minería.
Tengamos presente la coexistencia de actividades de las mineras “legales” -que con frecuencia son también ilegales al funcionar atropellando el marco institucional- con las propiamente ilegales. Y de todas, directa o indirectamente, con los capitales del crimen organizado. Esto se da sea porque compran el mineral extraído de forma ilegal o porque incluso las mineras “legales” alientan la actividad ilegal, quizás aprovechando los trabajos de prospección de los mineros ilegales o entregando informaciones de estudios geológicos de yacimientos superficiales a esos mineros, para luego aparecer como salvadores de una situación caótica.
En todo este complejo escenario la complicidad con autoridades estatales está permanentemente presente. Al menos desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo del Sector minero, en el año 2020, se conoce con exactitud los lugres en donde había dichas actividades ilegales.
6. Una seguridad jurídica más desequilibrada
Para gobernantes y élites empresariales -defensoras del extractivismo minero- el gran objetivo de la seguridad jurídica es asegurar el lucro de las inversiones privadas. Ese aspecto contradice el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, a la vida y a la participación democrática establecidos en la Constitución.
Se olvida que la seguridad jurídica es también un derecho de la ciudadanía, de pueblos y nacionalidades indígenas, de trabajadores y trabajadoras, de consumidores y consumidoras, de gobiernos autónomos, del gobierno central y demás organizaciones sociales, políticas y económicas… es decir de todos los miembros del Estado. Y esta seguridad incluye a la Naturaleza, que también es sujeto de derechos, repre-sentados por individuos, comunidades, pueblos y nacionalidades.
No cabe la menor duda que este proyecto de reforma de la ley de minería aumentará los problemas ambientales y jurídicos existentes en la actualidad, provocando nuevos enfrentamientos en la sociedad: ¡A más extractivismo, menos democracia!
