By icciec2024
Ñukanchikka kichwa runakunami kanchik
kaypimi kanchik
kaypi kawsanchikmi
kaypimi katishunchik
Hatun tayta mamakunata, apukunata, kishpichiway nishpa
tukuykunaman hatun napayta chayachipani.
Inicio este análisis en la lengua de mis abuelas y abuelos. No lo hago como un gesto protocolario ni para decorar un texto, sino como un acto de soberanía epistémica y política. Hablar de las lenguas indígenas en el Ecuador contemporáneo no es un ejercicio romántico ni folclórico; es, preguntarnos quién tiene derecho a nombrar el mundo y en qué idioma se escribe la ley, se dicta una sentencia, se firma un contrato o se enseña en la escuela. En esencia, es, hablar de las estructuras de poder, de la profundidad de nuestra historia y de la urgencia de un futuro digno.
Como warmi kichwa Saraguro, en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO, me veo obligada a plantear una pregunta que incomoda a las estructuras del poder: ¿De qué sirve celebrar la diversidad lingüística en foros internacionales si, al cruzar esas puertas, el Estado ecuatoriano sigue operando bajo una matriz monocultural que silencia nuestras voces?
Durante décadas, el movimiento indígena no solo se ha movilizado por la recuperación de la tierra y los territorios; también lo ha hecho por el derecho irrenunciable a nombrar el mundo en nuestros propios términos. La conquista de la plurinacionalidad en la Constitución de 2008 no fue una concesión del poder de turno; fue el resultado de siglos de resistencia frente a un proyecto de Estado-nación que exigía nuestra asimilación o nuestra desaparición.
El artículo 2 constitucional, que reconoce al kichwa y al shuar como idiomas oficiales de relación intercultural, no es un simple enunciado jurídico. Es una promesa incumplida y una deuda histórica frente a una modernidad capitalista que nos exige silencio o «traducción» para ser considerados sujetos «productivos» o ciudadanos con plenos derechos. Cada lengua que desaparece no es solo una pérdida filológica; se lleva consigo una cosmovisión única, un sistema de conocimientos ancestrales y una forma distinta de comprender la relación entre la sociedad y la naturaleza.
Desde una perspectiva sociológica, observamos una brecha profunda entre el mandato constitucional y la realidad institucional. En teoría, la declaración de un Estado plurinacional debió transformar radicalmente la estructura burocrática: implicaba tener intérpretes certificados en cada juzgado, formularios de salud en lenguas originarias y, sobre todo, un sistema educativo que no solo enseñe la lengua como un objeto de estudio, sino que piense y produzca conocimiento desde ella.
Antes de la invasión colonial, el complejo lingüístico kichwa fue una lengua franca en los Andes, un vehículo de ciencia, administración y espiritualidad con millones de hablantes. La colonia y la posterior República no solo mermaron nuestra población; instauraron un proceso de glotofagia: la imposición del castellano como única vía de «salvación» y acceso a la ciudadanía.
Hoy, quince años después del hito constitucional, la oficialidad sigue siendo mayoritariamente simbólica. Los gobiernos, sin importar su tinte político, han tratado nuestra identidad como un adorno folclórico o una herramienta de marketing electoral, evitando una reestructuración real del poder.
La colonialidad no opera solo en la economía; reside en la lengua. Cuando el Estado planifica, legisla y evalúa exclusivamente en castellano, pero exige a las comunidades que «preserven su lengua» sin asignar presupuesto ni políticas públicas sostenidas, está ejerciendo una violencia sistémica. Es un muro lingüístico que enfrentan diariamente nuestras madres cuando intentan acceder a la salud o a la justicia y son ignoradas o maltratadas porque no hablan el idioma del poder.
No puede haber democracia plena mientras el acceso a los derechos fundamentales dependa de dominar la lengua del opresor. La oficialidad lingüística es, por tanto, una disputa por la dignidad humana. Un Estado que permite que sus lenguas originarias mueran es un Estado que continúa operando bajo la lógica colonial de la exclusión.
Interculturalizar la sociedad no es una tarea que nos corresponda únicamente a los pueblos indígenas; es una obligación de todo el país. Significa desmontar el racismo estructural que nos hizo creer que lo propio es «atraso» y lo ajeno es «progreso».
A las nuevas generaciones les convoco: que la lengua de nuestras abuelas no sea una carga de la que deban avergonzarse, sino su mayor orgullo. Que nuestra autoidentificación sea nuestro escudo y nuestra palabra, nuestra lanza en esta disputa por la vida. No permitamos que el miedo nos arrebate el derecho de nombrar el mundo en nuestra propia lengua.
La verdadera plurinacionalidad nacerá el día que un niño indígena no tenga que dejar de ser quien es para ser considerado ciudadano; cuando nuestras lenguas sirvan no solo para escribir poemas, sino para dictar sentencias, curar cuerpos y transformar la ciencia. No buscamos lástima ni folclorización; exigimos derechos, presupuesto e institucionalidad. Mientras nuestra palabra esté viva, la memoria de nuestros pueblos no podrá ser derrotada.
Tukuy shunkuwan. Yupaychani.
