By icciec2024
Equipo Editorial ICCI
El Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, entre el 18 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, dejó en evidencia que el régimen de Noboa no conoce más que el “estado de excepción” y el uso abusivo de la fuerza militar y policial, como respuestas a las demandas sociales y la inconformidad con el incremento del precio del diésel.
La truculenta toma de TC televisión el 9 de enero de 2024 le dio al régimen el pretexto que necesitaba para armar la narrativa de la “guerra interna” contra las bandas del crimen organizado del narcotráfico. Pero la verdadera guerra tiene propósitos muy distintos y permanecen dentro de un “régimen de ignorancia”, que es aquello que el poder oculta y no quiere que se sepa.
Los libretos de los planes estratégicos operacionales de la voluntad omnímoda del poder financiero y militar mundial definen que lo justo para los gobiernos, que someten a sus pueblos, es: que estos cumplan y acaten absolutamente los acuerdos financieros con el FMI y el BM; en especial, el pago de bonos de deuda externa; un mayor incremento de la austeridad fiscal en áreas sociales no militares-estratégicas; y medidas periódicas de ajustes macroeconómico (es decir, disminución paulatina de subsidios a diversos tipos de combustibles, inflación controlada, liberalización del mercado interno, etc.)
Otro guion más oculto, pero mucho más ambicioso consiste en la codicia capitalista e imperial por el agua dulce, el petróleo, el gas natural, los metales preciosos, el cobre, el litio, el uranio, las tierras raras, etc.
El contexto de ese saqueo y despojo que preparan para Ecuador y América Latina, en lo que llaman su “patio trasero” está dado, como sostiene Luis Corral, por: a) la disputa geopolítica por acceso a territorios y minerales, b) la transición energética y la descarbonización de las economías de los países del norte, que requieren mayor obtención de minerales en el mundo, y c) la crisis económica norteamericana, el boom de los BRICS y la avanzada militarista de Estados Unidos.
Estas prioridades económicas y militares están operando en el país en busca de minerales críticos, que se vuelven estratégicos e incluso esenciales para el desarrollo de las industrias de alta tecnología y defensa de los Estados Unidos y sus adversarios: China y Rusia.
El tránsito hacia energías limpias incrementa la presión sobre minerales metálicos. Por ejemplo, para la fabricación de paneles solares se requiere: cobre, silicio, plata y cadmio. Para producir turbinas eólicas, se debe contar con imanes de tierras raras, neodimio y disprosio. Para construir los misiles guiados que se utilizan en las guerras se necesitan tierras raras como el erbio y el neodimio. Los vehículos eléctricos requieren litio, cobalto, níquel, cobre, etc.
El problema es que el asalto megaminero del capital transnacional y local, de los grupos oligárquicos y la familia Noboa en el gobierno del Estado ecuatoriano, lo deben hacer sobre los territorios de las Nacionalidades y Pueblos, cuyos derechos están amparados por la Constitución de 2008, que garantiza los derechos colectivos, la consulta previa, libre e informada, los derechos de la naturaleza y el derecho a la resistencia, que necesitan ser suprimidos o reducidos con un nuevo marco constitucional.
De no lograr la “legitimidad legal” mediante la violencia normativa que se intenta forjar para despojar, le queda al régimen y a las corporaciones mineras transnacionales, ligadas al capital financiero mundial, el uso de la represión más violenta y discrecional, cuyo monopolio pertenece al Estado. Además del recurso de la intervención militar directa por ocupación armada que debe autorizar “un gobierno afín a las Libertades Civiles y la Democracia del mundo libre occidental”.
En los más de 30 días de la paralización nacional convocada por la CONAIE y desarrollada con más fuerza por los pueblos kichwas del norte de la sierra, con 375 cierres viales en todo el país, hemos sido testigos de una represión tan violenta como inédita mediante convoyes militares autodenominados de “paz”, vehículos blindados, tanquetas y más de 7 mil militares enviados a Imbabura que casi provocan un genocidio, y que ahora junto al régimen son responsables de la muerte de Efraín Fuérez, José Guamán y Rosita Paqui, cerca de 500 heridos y 142 detenidos.
Durante los días de la paralización vimos espantados como la artillería de las fuerzas armadas del Ecuador bombardearon a la “minería ilegal” en los sectores de Mina Vieja y El Olivo, ambos ubicados en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura. Estos bombardeos, también se realizaron en La Chonta, en el cantón Pucará (Azuay), y se dice que forman parte de una ofensiva militar para desarticular organizaciones criminales. Lo que no dicen es que, en Imbabura, donde hicieron el espectacular bombardeo, se encuentra el proyecto minero “Cascabel”, adjudicado a la empresa SolGold, en junio de 2024, y constituye la mina más grande de plata del mundo en este momento, la tercera más grande cobre del planeta, con reservas de 10.9 millones de toneladas y la tercera de oro.
Esta exhibición desproporcionada de fuerza del poder civil-militar del régimen en la paralización y en los bombardeos a la “minería ilegal” no constituyen ningún acto de patriotismo por cuidar el recurso para los ecuatorianos sino -todo lo contrario- cuidan para el avance de una megaminería que cuenta con garantía armada. Por igual la inhumana y racista represión de la protesta social solo anticipan lo que es capaz de hacer el régimen frente a las Nacionalidades y Pueblos y sectores sociales y populares que se opongan a los designios del poder político, que escuda sus intereses y su verdadero proyecto de despojo en una guerra que no es contra la delincuencia organizada del narcotráfico, sino contra las Nacionalidades y Pueblos que son los que realmente se encuentran atravesados en “la autopista de sus propias ambiciones” y las del poder financiero, que están detrás de los ajustes neoliberales y el extractivismo. La verdadera “guerra interna” es contra el movimiento indígena y popular.
Kimsakocha entre la sed y la codicia
Un grito por el agua en Ecuador
Yaku Pérez Guartambel
Defensor del agua
No es nuevo el conflicto por el agua en el Ecuador, en abril de 2004 apareció el proyecto de Ley Orgánica de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento que en su artículo 6 disponía: “d) La presente ley promueve la organización de unidades desconcentradas de gestión hacia el interés de las Municipalidades; la delegación de los servicios mediante las modalidades de delegación admitidas por la Ley de Modernización del Estado”. La Ley de Modernización abría el camino privatizador de los servicios básicos a través de delegaciones o concesiones a empresas privadas.
El artículo 9 del proyecto de Ley establecía las responsabilidades al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI): “Propiciar la participación privada en la gestión e inversión de los servicios” disposición más clara no podía ser, sobre el carácter privatizadora de la ley.
Para que no quede sombra de duda el artículo 13 establece las formas de prestar el servicio: “Prestación indirecta, mediante delegación total o parcial a un tercero, bajo cualquiera de las modalidades de delegación contempladas en la Ley de Modernización del Estado; o por autorización a una entidad comunitaria conformada de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”. Y agregaba: “Toda entidad delegataria deberá conformarse como Sociedad Anónima Ecuatoriana, de objeto social limitado al objeto del contrato respectivo y acatar las reglas básicas de la Ley de Modernización del Estado”. De las disposiciones trascritas se pueden extraer que el Estado podía concesionar a una empresa privada la administración del agua, en los mismo términos que se concesionó a la empresa privada INTERAGUA en la ciudad de Guayaquil y si alguna comunidad tenía interés en prestar el servicio con la nueva ley, debía constituirse en una compañía o sociedad anónima regulada por la Ley de Compañías que tiene un carácter eminentemente rentista, lucrativa y el reparto de las utilidades se da en función del paquete accionario o participaciones de capital, lo que es más ni siquiera permitía a compañías limitadas sino anónimas, que son más perversas, en estas últimas ni siquiera se sabe quiénes son sus accionistas o para transferir las acciones, el dueño del capital puede hacerlo sin consulta ni aceptación del resto de accionistas, en fin podían ser dueños de la administración del agua de una comunidad, parroquia o ciudad, un comerciante, banquero o narcotraficante.
No fue fácil acceder al proyecto de Ley privatizador del agua. Accedido, inmediatamente difundimos a las bases de los sistemas comunitarios de agua de Cuenca, luego Azuay y Cañar, realizamos algunas reuniones y talleres para conocer, estudiar y observar, concluyendo que se trataba de una ley anti comunitaria, perversa, atentaba contra los derechos comunitarios, los derechos humanos.
Demandamos una explicación al gobierno, que hizo caso omiso, entonces acordamos levantar jornadas de lucha y el día 9 de julio de 2004 se dio el primer grito por el agua en Ecuador, con una movilización superior a 35.000 usuarios de agua, bajo la consigna “llukshi kaymanta yakushwa” (fuera de aquí ladrones del agua), marchamos por las principales calles de la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador. La policía pretendió disuadir la manifestación, detuvo a tres defensores del agua, pero la multitud los recuperó de manos de la policía; la gran cantidad de manifestantes frustró la represión policial, que terminó siendo testigo de la gigantesca marcha. Al final el gobierno nacional archivó el proyecto privatizador de agua ante una tenaz resistencia indígena campesina que ganó la batalla.
Otro grito por el agua fue en 2014 convocado por el ex prefecto del Azuay Paul Carrasco, que, junto a los sistemas comunitarios de Agua del Azuay, marchamos por las calles de la ciudad de Cuenca un número superior a 35 mil azuayos en defensa del agua y en resistencia al extractivismo minero, que ayudo a descalificar algunas concesiones mineras entregadas a multinacionales en las goteras de la ciudad de Cuenca, incluso dentro del Parque Nacional El Cajas.
Importancia estratégica de Kimsakocha
El páramo de Kimsakocha (tres lagunas) tiene una importancia suprema en el sur del Ecuador, su ubicación geográfica es estratégica, su utilidad ecológica obliga a preservar el espacio vital, que almacena gran cantidad de agua para la región por lo nublado que casi siempre pasa, dando una alta pluviosidad y una baja evapotranspiración en la zona. El páramo de pajonal atrae la neblina y transforma en miles de millones de gotas de agua, guardando en un colchón hídrico para descender sus aguas lentamente hacia los pisos ecológicos habitados por miles de azuayos. Además, la densa cobertura de pajonal y la orografía de la región son factores ambientales que permiten retener los sedimentos en un filtro natural y distribuir generosa y simétricamente el agua a zonas de declive inferior donde siempre hubo asentamientos humanos: Kañaris e Inkas, hoy comunas, comunidades, pueblos y urbes como la ciudad de Cuenca de Guapondelig que se abastecen del líquido insustituible.
El proyecto minero Kimsakocha, mal llamado “Loma Larga”[1]está ubicada en el callejón interandino del Ecuador, en la cordillera occidental de los Andes a 480 Km. al sur de Quito y menos de 20 Km. al suroeste de la ciudad de Cuenca de Guapondelig, a 17 Km de las parroquias Tarqui, 15 Km. y Victoria del Portete, a 12 Km. De las ciudades de Girón, 7 Km. de San Fernando, a 6 Km. de las parroquias Chumblín y a 5 Km. de San Gerardo. El área se encuentra en un rango altitudinal que va desde los 3.000 a 4160 m.s.n.m. y es la divisoria de las aguas de dos grandes cuencas hidrográficas, la del Jubones que desemboca en el Océano Pacífico y la del Santiago que es afluente del Amazonas. Sus aguas al recorrer van irrigando grandes valles de producción agrícola y ganadera para la soberanía alimentaria y aprovisiona agua para uso doméstico de las comunidades y parroquias San Gerardo, Chumblín, Zhaglli, Victoria del Portete, Tarqui, Baños, San Joaquín, Turi, El Valle, así como la periferia y urbes de Girón, San Fernando, Santa Isabel y la Cuenca de Guapondelig, tercera ciudad del Ecuador.
Esta y otras bondades que ofrece el sistema hidrológico Kimsakocha llevó a ser declarada una parte de su superficie que se encuentra en las microcuencas del Irquis – Tarqui y Bermejos – Yanuncay, como zona de Bosque y Vegetación Protectora en un área de 33.426,17 hectáreas por la Dirección Nacional Forestal y el Instituto Nacional Ecuatoriano de Recursos Hídricos INERHI, mediante acuerdo ministerial 292, publicado en el suplemento 255 del Registro Oficial del 22 de agosto de 1985.[2]
Utilidad Ecológica de Kimsakocha
Los servicios ambientales que brinda el sistema hídrico Kimsakocha, constituye un elemento de excepcional importancia, antaño cráter volcánico, ayudado por el tiempo y la combinación de diversas fuerzas de la Naturaleza construyó paciente y sigilosamente un natural reservorio de agua dulce en cientos de miles de años para la humanidad, no sin motivo los abuelos, provistos de grandes conocimientos y sabiduría, reciprocaban religiosamente a la Naturaleza en este sitio de excepción, constituyendo un santuario de altura por las bondades que ofrece y desde la perspectiva originaria proyectaron la importancia suprema que brinda el sistema hidrológico Kimsakocha.
Kimsakocha o tres lagunas es un humedal de altura, resto del inactivo volcán y en su caldera cuyo diámetro es más de 5 Km permitió la acumulación de agua dulce, fruto de la alta y constante pluviosidad y escasa evapotranspiración, igual que su periferia son áreas con grandes reservorios naturales de agua dulce y un sistema lacustre de origen glacial conformado por más de 30 lagunas, que se comunican entre sí constituyendo un conjunto sistémico e integral como la laguna de Truenokocha, con una extensión de 26.27 ha. Kimsakocha 15.48 has. Bermejos 8.22 has. Paredones del Inka 8.10 has., Chuyakocha 4.85 has., Yantawaycukocha 2.78 has. y otras en menor extensión.
Importancia hídrica
Si el Parque Nacional El Cajas tiene gran importancia hídrica para Cuenca de Guapondelig, porque sus aguas forman el río Tomebamba; el sistema hidrológico Kimsakocha tiene mayor y suprema importancia, de ahí nacen tres ríos; dos para Cuenca de Guapondelig (Tarqui y Yanuncay) y uno para el río Rircay que es utilizado por los pobladores de los cantones Girón, San Fernando, Santa Isabel y la zona costera del Pacífico, precisamente por la gran cantidad de humedales que no los tienen el Cajas, por ello las autoridades locales y nacionales siguen en una deuda histórica con su pueblo, en no inscribir en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, pese a insistir los sistemas comunitarios de agua desde el año 2009. Asimismo, debería ser declarado como parte del Parque Nacional El Cajas y lo ideal y urgente es gestionar la Declaratoria de Kimsakocha como Patrimonio Natural de la vida (no solo humana sino no humana) por sus bienes y servicios ecológicos que ofrece en especial la riqueza hídrica que incluye al mineral que está bajo el agua, como parte constitutiva e intocable del páramo, humedal, lacustres, biodiversidad, que cumplen integralmente una función ecológica de características excepcionales.
De estos grandes humedales (pantanos y ciénegas) simétricamente repartidos en una gran planicie sigilosamente colocados sobre el inmenso páramo, como que hubiera intervenido una excepcional mano de artista en la construcción de una fina y delicada obra de arte posibilita el origen de vertientes de aguas superficiales y subterráneas que drenan y forman 11 importantes microcuencas en la región: Rircay, Zhurucay, Alumbre – Cristal, Falso, Santa Ana, Chorro, Kalloancay-Portete, Kiwawayku-Irquis, San Agustín, Tutupali, Zhucay y Bermejos- Yanuncay que van a formar los tres grandes ríos Rircay, Tarqui y Yanuncay, sin contar con los ríos Minas y Chaucha, afluentes del Jubones y Gala, que el primero recorriendo por la provincia del Oro y el segundo por el Guayas desembocan en el Pacífico.
La lucha por el agua, 30 años de resistencia
Corría el año 1994, llegó la mala noticia: “saqueadores del oro llegan a Kimsakocha”, fueron las multinacionales Newman Mining Corp. y Cogema, nos organizamos y sin muchas dificultades logramos expulsar a las mineras de las sagradas lagunas Kimsakocha.
En 1998 adquiere las concesiones mineras la multinacional IAMGOLD, luego INV Metals, y desde el 2021 la Dundeee Precios Metals DPM Ecuador, titular de tres concesiones (Cerro Casco, Río Falso y Cristal). Al inicio pensábamos que la lucha iba a ser fácil y rápida, pasó el tiempo y se puso cuesta arriba la resistencia al extractivismo minero. En noviembre de 2004, en una magna asamblea se decide tomar medidas de hecho con marchas y cierre de vías hacia la ciudad de Cuenca. Sin tener respuesta en el 2005 los usuarios del Sistema Comunitario de agua Tarqui y Victoria del Portete, cierran las carreteras de ingreso y salida a la ciudad de Cuenca, durante una semana.
En junio de 2006, la minera IAMGOLD, instrumentaliza la persecución y criminaliza a 18 defensores del agua de Victoria del Portete. El juicio prospera, el fiscal acusa por delito de “plagio en pandilla”.
En noviembre de 2006, la población de Victoria del Portete anuncia desobediencia civil y no permite el desarrollo del proceso electoral de segunda vuelta presidencial (entre A. Noboa y R. Correa) como protesta al proyecto minero. En respuesta, los representantes del Tribunal Electoral denuncian y se abre investigación penal contra dirigentes y sanciones económicas a electores que se resistieron a sufragar.
En junio de 2007, inicia el levantamiento en defensa del agua y contra la minería en el Azuay, al año siguiente, se radicaliza la medida, durante una semana la ciudad de Cuenca se queda aislada del país, ni la policía puede desalojar a los comuneros de las carreteras en las principales vías de acceso a la provincia del Azuay como es la Panamericana Sur, Panamericana Norte y Molleturo – Naranjal, vías que comunican con las demás ciudades del país y las que se dirigen hacia el Norte y el Perú.
En noviembre de 2007, Galo Chiriboga, ministro de Energía y Minas anunció que obligaría a la minera IAMGOLD a ceder 3.220 hectáreas de sus concesiones mineras y entrega los predios a ETAPA EP. La minera IAMGOLD celebraba la decisión del presidente de Ecuador y aprovechó para remitir un boletín de prensa como la ejemplar de responsabilidad corporativa en términos ambientales y sociales. “Devolvimos una pequeña parte de nuestras concesiones para enviar un mensaje claro” declaró Joseph Conway, presidente de la minera, agregó: “Esta área es de aproximadamente 3.000 has, 23% del total de 12.967 has. de participación de IAMGOLD y no contiene ningún yacimiento, ninguna placa para extracción o exploración. No tendrá ningún impacto en el desarrollo del proyecto Quimsacocha”. Los defensores del agua sintieron un engaño más por el gobierno nacional y local; 3.220 has. es insuficiente para proteger los páramos de Kimsakocha y ante la traición del régimen, que meses atrás a viva voz dijera no permitir explotación minera en fuentes de agua, las comunidades volvieron a las calles.
El expresidente Correa, en cadena nacional rabioso descalificó a los defensores del agua : “los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los ecologistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno” Y agregó: “Se acabó el anarquismo, todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista, no se dejen engañar, el gobierno está investigando quien está detrás de todo esto, el gobierno no dejará que se detengan …”
Agregó: “que prefieren vivir como mendigos sentados en un saco de oro, o sacar la riqueza para educación, salud, canales de riego, ya basta de tanta demagogia de estos fundamentalistas que se oponen al desarrollo quieren vivir como en la época de las cavernas…”.
Igual discurso tuvo Evo Morales (presidente de Bolivia) 10 de julio, 2009 decía: “de qué, entonces, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”.
En abril de 2008, 10 buses llenos de defensores del agua provenientes de Girón, Victoria del Portete, Tarqui, Sidcay, Octavio Cordero, Gualaceo, Chordeleg, Sigsig entre otros asisten a Montecristi para demandar a la Asamblea Constituyente la urgente aprobación del Mandato Minero, que liberen las fuentes de agua de las concesiones mineras y reconozcan a la Pachamama como titular de derechos.
En abril de 2008, IAMGOLD anunció haberse reunido conjuntamente con siete compañías mineras: Aurelian Resources Inc., Cornecstone Capital Resources, Corriente Resources Dynasty Metales & Mining, Ecometales Limite, International Minerales y Salazar Resources con el presidente Correa y altos oficiales del gobierno con el fin de discutir el futuro de la minería en el Ecuador y el impacto del Mandato Minero. Y agrega el comunicado de IAMGOLD: “El presidente invitó a las compañías mineras a reunirse con el ministro para colaborar en la formulación de la nueva Ley de Minería, la cual empezará a elaborarse el 28 de abril de 2008”.
En julio de 2008, en respuesta a la resistencia minera y construcción de una refinería de crudos pesados, el presidente de la República, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana manifestó: “…Lo dije muchas veces, el mayor peligro para nuestro proyecto es esa izquierda infantil, ese ecologismo infantil. (…) Pero, cómo podemos hacer caso a estos mentirosos que ya nos han engañado tantas veces. Cómo podemos hacer caso a fundamentalistas que dicen no a la minería (…) Les insisto, somos ambientalistas, lo que no somos, es: ridículos, no hacemos un culto al atraso. (…) Así que, a rechazar esos absurdos fundamentalismos, muchas veces, les insisto, disfrazados de izquierdas y de ecologismo. Yo me creo ecologista y me creo de izquierda, y les digo: el peor peligro para nuestro proyecto son esos radicalismos infantiles compañeros. (…)”
Diciembre 1 de 2008, la resistencia continúa con el cierre de vías en la Panamericana Sur del Azuay, ante la inminente aprobación de la inconsulta y depredadora Ley de Minería.
Enero de 2009, vísperas de la aprobación de la Ley de Minería por la Asamblea Nacional Constituyente se inicia el levantamiento en el sur de Ecuador con cierre de vías de la Panamericana Sur, dejando incomunicada al Azuay con el resto de provincias del sur y el norte del Perú, así como el cierre de las vías del norte de Cuenca quedando incomunicadas con la región costanera y amazónica. La represión del gobierno es extrema, consecuencias de ello 30 detenidos, mujeres, menores edad, adultos mayores, tres comuneros ingresan por emergencia en el hospital regional con fractura y graves lesiones por impacto de una bomba lacrimógena, el operador del Sistema Comunitario de agua Tarqui – Victoria del Portete Ángel Rodas es intervenido con una cirugía cerebral en el IEES, tras un impacto de proyectil en su cabeza y con pronóstico reservado.
La represión fue extrema, participaron más de 400 policías y fuerzas especiales del GIR, GOE y comandos traídos de Machala y Guayaquil, incluidos canes que ingresaban allanando los domicilios de los campesinos de Tarqui y el amedrentamiento en helicópteros, buses, maquinaria y vehículos antimotines de la policía. Yaku Pérez es buscado, arrastrado y sin orden judicial es detenido por 30 gendarmes del Grupo de Operaciones Especiales GOE a plena luz del día y en el centro de la ciudad de Cuenca, ante el asombro de la ciudadanía y los medios de comunicación.
El 10 de enero de 2009, la Asamblea Constituyente aprueba la ley Minera y cinco días después el ejecutivo promulga la Ley. Un gran revés, se perdió una batalla mas no la guerra y la resistencia continúo.
Mayo 30 de 2009, los defensores del agua, la FOA y la CONAIE presentan una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Minería ante la Corte Constitucional, por vulneración a los derechos de la Naturaleza, Consulta Prelegislativa, derecho humano al agua, entre otras. En abril de 2010, la Corte Constitucional declara la constitucionalidad condicionada de la Ley y agrega: “por esta vez no se obliga cumplir con la consulta prelegislativa, de aquí en adelante deben cumplir con la Constitución” e intenta compensar con recomendaciones a la asamblea que dicte una normativa para la consulta previa para las leyes venideras.
Mayo 4, 5, 6 de 2010, los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay vuelven a cerrar las carreteras para abrir vías de esperanza en la resistencia al extractivismo minero; mientras que la CONAIE se toma la Asamblea Nacional en la capital de la República, en la “Y” de Tarqui, luego de una brutal represión policial nuevamente son detenidos los dirigentes Yaku Pérez, Federico Guzmán, Efraín Arpi y en la tarde un juez, cooptado por el ejecutivo, dicta prisión preventiva en contra de los dirigentes acusados por el delito de sabotaje y terrorismo. 8 días después son liberados tras fianza carcelaria[1].
Ahora la resistencia se traslada a la Ley de Aguas que no reconocía las propuestas de liberar las fuentes de agua del extractivismo minero. Crece la resistencia indígena y el gobierno se ahoga en un mar de protesta social y termina derrotado al no contar con votos para aprobar la nueva Ley de Aguas aduciendo no haber cumplido con la consulta prelegislativa y así desactivar la lucha por el agua, que amenazaba la estabilidad política del régimen del presidente Correa.
La lucha por el agua tiene sus manifestaciones comunitarias, con epifanías espirituales. En octubre de 2010, un millar de creyentes ascienden a Kimsakocha a colocar a la guardiana de las aguas, la virgen de Kimsakocha junto a las lagunas, acompañados de sacerdotes que defienden el agua y dirigentes de ECUARUNARI. Al día siguiente los profanadores de la fe roban la imagen… y luego de un mes de búsqueda se encontró en la Tenencia Política de San Gerardo; con más fe y fortaleza vuelven a colocar a la Virgen Guardiana del Agua, junto a la laguna de Kimsakocha.
En marzo de 2011 con ocasión del Día Mundial del Agua, como todos los años han venido celebrando los sistemas comunitarios de agua anuncian el Encuentro Continental por el Agua y la Pachamama, cónclave que se realiza en el Inty Raymi de junio de 2011en Cuenca de Guapondelig con la participación de 2.700 participantes de 26 países de la región y Europa y se instala el Tribunal Ético Internacional de los Derechos de la Naturaleza, se presentan 189 procesados penales por defender la Pachamama. Ver www. aguaypachamama.org.
En julio de 2011, el gobierno de Correa y sus súbditos militarizan la planta comunitaria de agua potable que nacen en Kimsakocha a través del río Irkis, intentando desmovilizar y amedrentar a la población y allanar el camino a las transnacionales para la explotación minera. Ocho días después logran expulsar a los militares y ante la negativa del CNE de convocar una consulta popular, anuncian realizar una consulta comunitaria sobre la aceptación o no de la explotación minera en Kimsakocha.
El 1 de octubre 2011, se publica en media página de diario El Mercurio de Cuenca un comunicado público, firmado por el gobernador del Azuay alertando a la ciudadanía “a no participar en la consulta por ilegal e inconstitucional…” y la noche anterior a la consulta, la minera y el gobierno reparten miles de volantes en Tarqui y Victoria del Portete exhortando a la población a no participar en la consulta. Empezó el nerviosismo del poder gubernamental ante la inminencia de la consulta y el rechazo en las urnas de las comunidades a la minería en Kimsakocha.
El 2 de octubre de 2011, los usuarios de agua del sistema comunitario de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete pese a los insultos, alarmas y amenazas del gobierno acuden masivamente a las urnas conscientes y voluntariamente a participar en la primera consulta comunitaria en la historia del Ecuador, con 15 Observadores Nacionales e internacionales, bajo las normas de la nobel Constitución de Montecristi, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y normas propias e internas de la comunidad, un contundente 93% de los electores dice NO a las actividades mineras en páramos y fuentes de agua de Kimsakocha. Ese mismo día acuerdan insistir ante el CNE una consulta popular en el cantón Girón.
El 25 de enero 2012 el gobierno nacional declara Área Nacional de Recreación Kimsakocha. La declaratoria solo representa una minúscula parte del páramo Kimsakocha que no logra desactivar la resistencia.
En agosto de 2012, inicia la primera marcha por el agua y la vida liderado por Salvador Quizhpe, prefecto de Zamora Chinchipe y la ECUARUNARI desde Zamora Chinchipe hacia la capital de Ecuador.
En el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2013, Federico Guzmán, Ángel Arpi y Yaku Pérez, se entregan a la justicia tras tres años de juicio. La acusación fue por sabotaje y terrorismo, al final sentenciaron por interrupción de servicios públicos a un año y luego rebajaron a un mes de prisión. Los jueces dijeron en su sentencia que son terroristas/altruistas por defender el agua (¿?)
En agosto de 2015, inicia la segunda marcha por el agua y la vida liderado por la ECUARUNARI desde Zamora Chinchipe hacia la capital de Ecuador. Al llegar a Quito un torbellino de policías detiene a Yaku Pérez, intenta liberarlo Manuela Picq, también es detenida, son arrojados al piso. La detención es arbitraria sin orden judicial, provocó su liberación, Manuela es expulsada del país.
Marzo 15 de 2016, conscientes de que el gobierno nacional no recoge las propuestas de dejar a las fuentes de agua libre de minería, la ECUARUNARI y la CONAIE presentan las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Aguas, Reglamento y el Instructivo para legalizar las Juntas de Aguas.
El 24 de marzo de 2019 el pueblo de Girón en consulta popular rechaza actividades mineras en Kimsakocha con un apabullante respaldo de 86.79% contra la minería y por la preservación del agua.
Con el arrollador triunfo de la consulta comunitaria de Victoria del Portete en el 2011, la consulta popular de Girón en 2019, el GAD de Cuenca impulsados por el Cabildo por el Agua de Cuenca se lanza al ruedo electoral y propone la consulta popular en Cuenca el 7 de febrero de 2021. El CNE anuncia que con el 80,9% de los 435.963 votantes apoyan el cese de las actividades mineras en las zonas de recarga hídrica de los cinco ríos de Cuenca, un triunfo histórico para la tercera ciudad del Ecuador que suman a los triunfos de los activistas en beneficio de la comunidad cuencana.
El poder de las mineras y el Gobierno
Ni la derrota del gobierno y la minera en las consultas populares detuvo a DPM Ecuador. Con más fuerza reactiva actividades mineras en Kimsakocha, esto motivo a que la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y defensores de agua liderados por Lauro Sigcha, Lizardo Zhagüi, Anita Rumipulla, Ariolfo Márquez y otros presenten una acción de protección ante la función judicial de Cuenca el 18 de mayo de 2022. Sus alegatos fueron las violaciones a los derechos de la Naturaleza (Art. 71, 72 y 73, en relación al 406); Derecho humano al agua (Art. 12). Derecho a la Consulta previa libre e informada (Art. 57.7); Derecho a la consulta ambiental (Art. 398). Derecho a la seguridad jurídica (Art. 82); Derecho al Sumak Kawsay Buen vivir (Art. 14, 74, 85, 275, 277). Además, se solicitó una medida cautelar de suspensión inmediata de las actividades mineras por su gravedad e inminencia de afectaciones eco sociales. El juez Carlos Cárdenas dispone la suspensión el día 22 de febrero de 2022.
La lucha jurídica no fue fácil, se demandó al Estado representado por el Ministerio de Energía y Minas, Procuraduría y el Ministerio del Ambiente, pero saltó inmediatamente el Ministerio de Economía, la Secretaria Jurídica de la presidencia de la República y la minera Dundee Precios Metals DPM, debiendo enfrentarnos a seis poderosos adversarios, cuyo poder económico y político era inconmensurable. Mas el poder económico de la multinacional minera, sin contar con los Amicus Curiaes que provenía de las Cámaras de la Producción, Cámaras de Minería, Cámaras de Industrias, Comité Empresarial, es decir la crema y nata de la oligarquía ecuatoriana. Conscientes estaban de la importancia que tenía este proceso jurisdiccional, al sentar precedente judicial para el resto de proyectos mineros y extractivistas en general. De nuestro lado fue determinante el apoyo con Amicus Curiaes presentados por técnicos, investigadores, expertos, abogados, ecologistas, biólogos, antropólogos, ex rectores, decanos y docentes de varias universidades nacionales y extranjeras como Amanda Lyons, Verónica Cadavid González y Meera Kurunananthan, Human Rights Center University of Minnesota, Law School, EUA; Pablo Ospina, Claudia Storini y Enrique Ayala Mora, Universidad Andina Simón Bolívar-Colegio de América sede Latinoamérica; Marleen Haboud, Paola Enríquez y Daniela Narváez, PUCE- Ohio State University-University of Massachusetts, Ecuador/ EUA; Juan Peña Aguirre, Decano de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca; Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional; Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional; Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Acción Ecológica, Yasunidos Guapondelig, Alexander Naranjo, Director Ejecutivo de FIAN Ecuador, Bruno Segovia, ex asambleísta, Fernando Morales, ex concejal de Quito, Byron Real, ecologista, Antonia Carcelén, Universidad San Francisco de Quito; Tania Pineda, Emilia Martínez y otros, estudiantes de Jurisprudencia y Relaciones Internacionales de la USFQ, Ecuador; Shunya D. Wade, Patrick Lee y Manuela Picq, Indigenous Rights Advocacy Group – Amherst College y USFQ, EUA/Ecuador; Bai Bibyaon Ligkayam Bigkay, Maurice Carney, Monserrate Vásquez y Pablo Campo, Sabokahan Unity of Lumad Women- Friends of the Congo – Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte de Ecuador- Fridays for Future, Filipinas/EUA/Ecuador; Rebecca Codija y Luis Martin Valdivieso, PUCE Y USFQ, Perú/Ecuador; Alessandro Molón, Congreso Federal, Brasil; Ricardo Abramovay, NUPENS Universidad de Sao Paulo, Brasil; Pedro Roberto Jacobi, Instituto de Energía y Ambiente Universidad de Sao Paulo, Brasil; Carmela Curup y Juan Castro, Bufete de Pueblos Indígenas, Guatemala; Angela Viviana Herrera, Mining Watch, Canadá; Mika Peck, Ecoforensic y University of Sussex, Fernanda Venzon del Centro Legal de Defensor Ambiental, Inglaterra; Teresa Velasquez,Universidad Arizona; Kate Bayliss, SOAS University of London y University of Sussex, Inglaterra; Natali Segovia y Michelle Cook, Water Protector Legal Collective, EUA; Peter d’Errico y Libertad Aguilera, University of Massachusetts, EUA; Marc Becker, Truman State University, EUA; Carlos Molina Vital, University of Illinois, EUA; Christen Mucher, Smith College, EUA; Sylvia Cifuentes, Leonardo Figueroa Helland, Javiera Barandiaran, Tristan Partridge, Abigail Pérez Aguilera y Patrick Raghu, Mount Holyoke College- The New School- University of California Santa Barbara- Drew University- The New School, EUA; Pamela Martin y Robin Broad, Carolina Coastal University- American University, EUA; Omar Álvarez, concejal de Cuenca; Melanie Huq, Amherst College, EUA, Bolívar Quezada, Sistemas Comunitarios de Agua de Girón; Fabián Aucapiña, DINET Ingeniería en proyectos y construcciones, Ecuador, entre otros, ofrezco disculpas de otros amigos que no recuerdo pero con seguridad hay más.
A esto se sumó los informes con rigurosidad técnica y científica de James Kuipers, asesor de la APA de Norteamérica, Steven Emerman, geofísico con más de 30 años de experiencia pericial, Consultora colombiana TERRAE y la empresa municipal que provee de agua potable para Cuenca ETAPA EP, cuyas conclusiones fueron, de emplazarse un proyecto minero en Kimsakocha, podría cambiar el curso de las aguas subterráneas, secarían sus aguas, contaminarían sus aguas con arsénico y más metales pesados, los daños serían a perpetuidad, en consecuencia es inviable el proyecto, sería una bomba de tiempo tener relaveras mineras arriba de la ciudad de Cuenca.
Con la argumentación técnica jurídica y ecosocial sustentada en la audiencia llegó la sentencia del juez jurisdiccional Carlos Cárdenas el 12 de julio de 2022, quién declara la vulneración al derecho a la consulta previa previsto en el Art. 57.7 de la Constitución del Ecuador. Como medida de reparación integral ordena la suspensión y la inejecutabilidad del registro del sistema único de información ambiental del proyecto minero Loma Larga bajo el régimen de gran minería para la fase de explotación y beneficio.
La amargura del ex presidente G. Lasso, sus correligionarios y la minera extranjera fue notorio, apelaron la sentencia pensando bajar la sentencia en instancia superior.
Los defensores del agua impugnaron la sentencia, aspiraban una sentencia íntegra que declare la vulneración a los derechos de la Naturaleza, el derecho humano al agua, a la consulta ambiental y la seguridad jurídica, toda vez que los pronunciamientos del pueblo de Girón y Cuenca, que abrumadoramente en las urnas apoyaron la preservación del agua y resistencia al extractivismo minero, debía suspenderse definitivamente o la cancelación definitiva de las concesiones mineras en Kimsakocha.
La audiencia estuvo marcada por el poder económico y político juntos; y del otro lado el pueblo movilizado en las calles junto a la verdad que fue la mejor arma en la audiencia de estrados.
Ahora la lucha jurídica se trasladó a la Corte Provincial, mientras la minera y el gobierno nacional mantenían una relación incestuosa presionando a los jueces y una campaña de desinformación, las y los defensores del agua infaliblemente todos los días lunes de cada semana, con epifanías festivas, se apostaban frente al Corte de justicia de Cuenca demandando justicia. Iban y venían rumorares que la justicia va a sentenciar a favor del gobierno y la transnacional minera, su presión era omnímoda. El pueblo cansado, pero no rendido, no era para menos una lucha titánica de más de tres décadas y llegó el día.
El 28 de agosto de 2023 la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, con voto de mayoría de los Dres. Edgar Morocho y Pablo Valverde sentencian: aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los actores, confirma la decisión de primera instancia en cuanto concluye que se vulneró el derecho a la consulta previa, modifica respecto a la forma de reparar y ejecutar; y también concluyen, que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, no observó el contenido de los artículos 71 y 72 de la Constitución; vulneró los derechos constitucionales previstos en los artículos 411 y 412; y debe realizar la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución antes de la emisión de la licencia ambiental para la siguiente fase del proyecto. Sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la parte accionada y terceros con interés que han intervenido en esta causa. Como medidas de reparación se ordena: 1. Previo a continuar con los trámites administrativos para las siguientes fases del proyecto minero, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, debe presentar en el juzgado de origen, un informe completo del estado actual del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, con descripción de toda el área del proyecto y su influencia, la biodiversidad de la zona, su valor científico, el ecosistema, cuál es el estado de la flora y fauna, así como de los bosques y vegetación protectora, lo deberán suscribir los técnicos del Ministerio, con detalle de la metodología utilizada, las pruebas de campo y laboratorio realizadas, y un álbum fotográfico que se constituirá en evidencia de lo informado. Como en el Área Nacional de Recreación Quimsacocha nacen fuentes de agua que sirven tanto para consumo doméstico, abrevadero, riego, alimentación, etc., considerada como reserva hídrica y zona de humedales, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, presentará un informe que aborde la sustentabilidad del ecosistema y como se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua, detallará las acciones para posibilitar la planificación, regulación y control, así como deberá abordar las conclusiones que se emite en el informe presentado en ETAPA EP por parte del Ing. Galo Ordoñez, por lo que, para el cumplimiento de esta medida de reparación, se contará con la Empresa ETAPA E.P., que garantiza el acceso al derecho humano del agua en el cantón Cuenca, debiendo su gerente en el plazo de quince días de recibida la notificación, designar los funcionarios públicos que se encargarán de este estudio y posterior informe, actividades que realizarán en coordinación y colaboración. Se debe realizar la consulta previa, libre e informada por parte del Estado Ecuatoriano, la ejecutarán y materializarán las carteras del Estado competentes en materia ambiental y agua, de explotación de recursos naturales no renovables, protección de derechos humanos y gobiernos autónomos descentralizados que correspondan, en la Comunidad de Escaleras, con domicilio en la Provincia de Azuay, cantón Cuenca, parroquias Victoria del Portete y Tarqui. 4. Se debe realizar la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución antes de la emisión de la licencia ambiental para la siguiente fase del proyecto, se ejecutará y materializará en la zona de influencia del proyecto, por parte de las carteras del Estado competentes en materia ambiental y agua, de explotación de recursos naturales no renovables, protección de derechos humanos y gobiernos autónomos descentralizados que correspondan. En todas las medidas que se ordena intervendrá la Defensoría del Pueblo, se le notificará para que actué en forma inmediata, y presentará en el juzgado de origen un informe que detalle las actuaciones realizadas cada 45 días. Por secretaría cúmplase lo dispuesto en el artículo 86.5 de la Constitución del Ecuador, en relación y concordancia con el artículo 25.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Notifíquese y cúmplase”.
La alegría no era para menos, la comunidad organizada a través de la FOA, el sistema comunitario de agua de Tarqui y Victoria del Portete y más comunidades de Cuenca, Azuay y hasta de otras provincias subieron al páramo de Kimsakocha, allí con presencia del arzobispo de Cuenca Marcos Pérez y autoridades ancestrales, jóvenes, niños, rindieron epifanías de agradecimiento y reciprocidad a la Pachamamita, Yakumamita y a las y los defensores del agua por su tenaz defensa del agua y resistencia al extractivismo minero y el apoyo decidido de nacionales y extranjeros en esta noble causa ecológica que alentaron no claudicar jamás.
El Estado y la minera presentan una acción extraordinaria de protección a la sentencia dictada por la Corte Provincial de justicia del Azuay ante la Corte Constitucional alegando que había violaciones al debido proceso, misma que en el 2024 es inadmitida por la Corte Constitucional quedando en firme la sentencia de la Corte de Justicia del Azuay, ejecutoriada sin posibilidades de recurso alguno.
Por otro lado, la empresa minera derrotada en la consulta popular de Girón presenta una demanda de inconstitucionalidad a la consulta popular misma que es admitida, se convoca audiencia de estrados, ahí de parte de los defensores del agua en la ciudad de Quito se hace una defensa jurídica con mucha rigurosidad evidenciando que la consulta fue legítima. En noviembre de 2024 la Corte Constitucional desecha la demanda de inconstitucionalidad, y la consulta popular de Girón queda legitimada por el máximo organismo de control constitucional.
El 10 de diciembre de 2023, la ministra de Energía y Minas Andrea Arrobo indicó que “la exportación total de unos $ 5.000 millones en minerales de las primeras minas de gran escala y 10.000 millones en inversiones proyectadas para poner a producir a los proyectos mineros que conforman el portafolio de priorizados” en un cónclave organizado por María Rosa Tapia, de Seminarium, que contó con la participación de la ministra de Producción, Sonsoles García, Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de Olade y José Ramón Gómez, del BID y el director ejecutivo de Antofagasta Minerals, presidente del Consejo Minero de Chile y primer latinoamericano presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales, Iván Arriagada. “en el nuevo Ecuador las instituciones ya no serán aisladas, repúblicas independientes, sino que trabajarán juntas bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, para crear sinergias y atraer capitales internacionales pues hoy más que nunca son claves para cumplir con nuestros objetivos, una minería responsable y sostenible”. Además de la producción de las dos minas a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, mencionó seis proyectos que tienen un gran potencial para contribuir significativamente al progreso económico del país: Loma Grande (Kimsakocha), Curipamba, La Plata, Cascabel, Warintza y Cangrejos, entre otros. Para el gobierno del Daniel Noboa, hijo del mayor magnate de Ecuador y las transnacionales, no sirven los resultados de las consultas ni las sentencias que suspende las actividades mineras.
El capital transnacional extractivo no tiene fronteras, penetra e impone a gobiernos conservadores o liberales, de derecha o izquierda, por tal razón viendo que no acatan consultas ni sentencias, el 15 de abril de 2024 presentamos una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, misma que se sustenta en los incumplimientos a las tres consultas populares: Victoria del Portete 2011; Girón 2019 Cuenca 2021 y los incumplimientos de las sentencias de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y de la Corte Constitucional, es parte de la resistencia de las comunidades defensoras del agua, conscientes que la lucha no es de velocidad sino de resistencia.
La marea azul
El Estado y la minera intentan dar cumplimiento a la sentencia dictada por la corte provincial, presentan al juez de origen informes completamente raquíticos sobre el valor científico de Kimsakocha. Inician reuniones entre funcionarios del Ministerio del Ambiente y ETAPA EP, en el camino por órdenes del centralismo quiteño funcionarios de la regional del MAE de Cuenca dejan de participar en las reuniones. El informe del MAE es precario, confuso y contradictorio, con errores garrafales como que el río Irquis se une con el río Rircay, cuando son ríos que van en dirección contraria, el uno al Pacífico y el otro al Amazonas, una aberración técnica y geográfica. El informe de la empresa proveedora de agua potable para Cuenca lo sustenta de manera profesional con rigor técnico, concluyendo que un proyecto minero en Kimsakocha es inviable por los graves e irreversibles impactos ambientales y a perpetuidad que afectarían la dotación del agua para Cuenca y las comunidades aledañas.
El Estado intenta hacer la consulta ambiental marginando a los afectados, apenas dicen haber hecho con tres sectores a espaldas de la ciudadanía cuencana que se beneficia con casi la mitad del agua que viene de Kimsakocha.
Se pretende hacer una consulta previa, pero a 10 km de la comunidad ancestral Escaleras, en un recinto castrense invadidos de policías y militares, desvirtuando lo que dicen los estándares internacionales sobre consentimiento previo libre de información de la comunidad ancestral.
En este marco el MAE sorprende el 23 de junio de 2025 al otorgar licencia ambiental para explotación minera en Kimsakocha a favor de la multinacional Dundee Precios Metals, misma que son publicadas en diarios internacionales y la página web de la multinacional minera. En este contexto se convoca a una asamblea en la comunidad Escaleras para tomar medidas que obliguen al gobierno nacional a rever esta pretensión extractivista. Luego se convoca a la Asamblea por el Agua en la ciudad de Cuenca a la que asisten más de 500 delegados de organizaciones sociales y ciudadanas, en la que se acuerda realizar el 16 de septiembre una “marcha por el agua” en la ciudad de Cuenca liderados por defensores del agua (FOA, Sistema Comunitarios de Agua Victoria del Portete y Tarqui, el Cabildo Popular por el Agua y otras organizaciones sociales) que vienen resistiendo 30 años a la minería en Kimsakocha.
La convocatoria crece cada día, gotitas que fluyen y se multiplican sin cesar. Los representantes de los gremios de profesionales, así como el Colegio de Abogados dio el primer paso, la Universidad de Cuenca lo hizo a nivel académico; la minka crecía sin cesar, universidades, gobiernos locales, organizaciones estudiantiles, sindicales, culturales, barriales, transportistas, artesanales. SOLCA presenta un informe que prende las alarmas sobre enfermedades de cáncer incurables causados por la industria extractiva. Así como el campesino prevé el invierno y la buena cosecha, los convocantes y auto convocantes sienten que la marcha desbordaría como río crecido.
Llegó el 16S, chicos y grandes, del campo y la ciudad, estudiantes y profesionales, mujeres, niños y adultos sin distinción en una gigantesca sierpe hídrica formaron la marea azul bajo el lema “Kimsakocha no se toca”, “toda mina contamina”, “el agua vale tanto que no tiene precio” y expresiones artísticas y populares de las más disimiles se entrelazaron, bajo un hilo conductor: el agua, milagro de la vida, esperanza para las generaciones venideras. Así los defensores del agua en resistencia al saqueo, el extractivismo, la violencia, el caos climático, la depredación y contaminación desde la periferia, desde la Cuenca de Guapondelig dan un mensaje al Ecuador, América Latina y el mundo que valió la pena la lucha social y la militancia ecológica y es posible soñar y tener el coraje de despertar los sueños. ¡Viva el agua, viva la vida!
[1] El Proyecto minero se llamó Quimsacocha al inicio, desconociendo la lingüística Kichwa, que ya no se utiliza la “q” ni la “c” (…) luego por recomendación de un exmandatario le llamaron Quinuahuaico, quería decir Kiwawaiku (quebrada de hierba) y finalmente para confundir a los que no conocen el paradisiaco lugar Loma Larga, nombre errático porque no hay ninguna loma, lo que hay es páramo, pajonales, humedales, biodiversidad y energías que equilibran y potencian el espíritu de los visitantes.
[2] Agua u Oro, Yaku Pérez, Editorial GQ 2012
[3] Emergencia Climática y Ecología de la Esperanza, Pérez Yaku, Ediciones EDB 2014.
Francisco Hidalgo Flor
Echar abajo la Constitución 2008, deshacerse de la carta magna vigente, es una aspiración cara, no solo del presidente Noboa, sino del conjunto de la derecha y los grandes grupos económicos ecuatorianos, las corporaciones transnacionales, especialmente mineras y petroleras, que ven en ella el gran obstáculo para completar la implementación plena del neoliberalismo en el Ecuador, de la mano de la restauración de ideologías racistas, coloniales y reaccionarias.
Para ello distorsionan y tergiversan la comprensión de los contenidos constitucionales vigentes, y hacen una caricatura de la misma, así se promueven frases falsas como: “es una Constitución chavista”, “es la Constitución de Correa”, “Constitución hecha por asesores extranjeros”, “la Constitución del socialismo del siglo XXI”, y que “es la culpable del atraso nacional”.
En verdad la Constitución fue debatida en los años 2007 y 2008, aprobada vía referéndum en septiembre del 2008, esto es en tiempos del gobierno de Rafael Correa, pero los contenidos fundamentales y claves sobrepasaron los marcos del gobierno de turno y se potencian por encima de esa coyuntura.
Hay que decirlo con claridad: en los contenidos principales de la Constitución están presentes las demandas, las visiones y propuestas del movimiento indígena ecuatoriano, fueron sus tesis sobre Estado Plurinacional, sobre Interculturalidad, sobre Derechos Colectivos de pueblos y nacionalidades, los que configuraron la visión de la Constitución, al punto que el principio del Sumak Kawsay fue asumido como el horizonte hacia el cual debería caminar la evolución de democracia, inclusión, derechos de la sociedad ecuatoriana.
Los pueblos y nacionalidades indígenas, junto con diversas organizaciones populares, fueron los que colocaron en el debate nacional la necesidad de una nueva Constitución y la noción de Proceso Constituyente.
Estas nociones claves: i) necesidad de nueva Constitución; y, ii) proceso constituyente, están siendo tergiversadas, alteradas y cambiadas de significado por el gobierno de Noboa.
Para esclarecer este debate hay que recurrir al análisis histórico de los procesos sociales y políticos del Ecuador reciente.
Es en el año 1990, con el Primer Levantamiento Nacional Indígena, en los meses de junio y julio de aquel año, que el movimiento indígena, y en especial la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – Conaie, plantea al país la demanda de una reforma constitucional para que sea reconocido el Estado Plurinacional.
El planteamiento principal fue: en el Ecuador no hay solo una nación, en el Ecuador están también presentes las nacionalidades indígenas; en el Ecuador no hay solo una cultura, en el Ecuador también están presentes las culturas de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Debe modificarse la Constitución para que se reconozca esta diversidad social, política y cultural: el Estado plurinacional e intercultural. Pues el viejo estado – nación es un instrumento de la colonialidad del poder, que niega la existencia de los pueblos y nacionalidades indígenas y sus aportes.
En el año 1994, como los poderes estatales no daban atención a estas demandas, tanto el poder Ejecutivo, como el poder Legislativo, eludían y postergaban, se plantea que no es suficiente la demanda de la reforma constitucional, sino que hay que proponer y exigir una Nueva Constitución.
La tesis de la Nueva Constitución fue para abrir un camino de democratización del Ecuador, para desmontar el viejo estado colonial y racista.
La tesis de la Nueva Constitución fue para reconocer e incorporar la diversidad, sacar de la marginalización a los pueblos indígenas e incluirlos en la vida pública del país, para cuestionar las estructuras de subordinación y explotación, y reconocer los aportes en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la política de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, montubias.
La noción de proceso constituyente emerge en el año 1997, a partir del derrocamiento del ex – presidente Abdalá Bucaram, y su portavoz es el movimiento indígena. En ese año hay un Levantamiento Indígena cuya principal demanda es el cumplimiento de la oferta de Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Constitución, pero que en su elaboración no se limite a los expertos políticos, sino que incluya, incorpore, las propuestas desde las organizaciones populares, incluidas las indígenas.
En aquel momento se entiende por proceso constituyente la inclusión en las propuestas y puntos de debate de la Asamblea, con la participación de indígenas y las clases populares. De hecho, se instala una Asamblea Popular que discute sobre los puntos clave de la Constitución.
Por eso el proceso constituyente está íntimamente conectado con la participación política directa de las organizaciones indígenas y populares, junto con sus voceros propios.
Cabe indicar que la Constitución de 1998 fue una frustración pues no logró incorporar las propuestas fundamentales del movimiento indígena, aunque si pasos tibios en el reconocimiento de los derechos de pueblos y nacionalidades.
A inicios del siglo XXI la Conaie, en la redacción actualizada del documento: “Proyecto Político de los Pueblos y Nacionalidades”, del año 2001, retoma las demandas de Nueva Constitución y la vía de proceso constituyente e insiste en la centralidad de los planteamientos de Plurinacionalidad, Interculturalidad, Derechos Colectivos de Pueblos y Nacionalidades, Pluralismo Jurídico, entre otros.
Todavía ni siquiera existía el partido Alianza País (después Revolución Ciudadana), ni asomaba en el escenario político el economista Rafael Correa, ellos vienen después, en el año 2006.
El punto medular se produce en los años 2007 y 2008, cuando el escenario político y los avances de la lucha social abren una etapa de cambios y la vía es la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la redacción de una Nueva Constitución.
Es aquí donde se generan las condiciones para la incorporación en la Constitución de 2008, el reconocimiento de un Estado Plurinacional e Intercultural, a la par se asume como horizonte de transformación el Sumak Kawsay, que se traduce como Buen Vivir, y eso a su vez genera el reconocimiento de cambios profundos.
Es fundamental recuperar que la Constitución del 2008 reconoce las economías comunitarias, el pluralismo jurídico, la soberanía alimentaria, el derecho al agua, el derecho a la tierra, las circunscripciones territoriales, los sectores estratégicos en manos del estado, la gratuidad de la educación pública, entre otros. Por primera ocasión en el mundo se reconoce los derechos de la naturaleza.
El movimiento indígena ecuatoriano es un actor social, político y cultural fundamental, clave, en la redacción de la Constitución 2008, como resultado de un recorrido histórico de largo aliento contra el colonialismo, el racismo y el neoliberalismo.
Pero el discurso del gobierno de Noboa todo lo tergiversa, juega con las palabras para cambiarlas de sentido, para pervertir su contenido.
Ahora en el 2025 la derecha y los reaccionarios se llenan la boca de las palabras de Nueva Constitución e incluso de proceso constituyente para ocultar su verdadero propósito de echar abajo, de anular, los alcances democráticos de la Constitución 2008, consolidar el modelo neoliberal y volver al viejo estado – nación colonial y racista.
Es una obligación defender la Constitución 2008, sus principios y postulados, porque es defender la democracia contra el autoritarismo, es defender la vigencia de derechos contra el atropello y la fuerza, es defender el reconocimiento de los valores de los pueblos y nacionalidades indígenas junto a sus culturas y saberes contra el racismo y la dominación.
