By icciec2024
Equipo Editorial ICCI
El extractivismo minero metálico, a gran escala, está en el centro mismo de la codicia y la acumulación de las oligarquías locales y las clases sociales a las que representa Noboa, en complicidad con los grupos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cara visible del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes están detrás de este saqueo.
Según el Grupo Spurrier, de Alberto Acosta Bermeo, hasta el 2030 estiman que por efecto de la industria megaminera en el Ecuador obtendrían [la bicoca de] 9.191 millones de dólares, en 2060 los 15 proyectos megamineros, que se impondrían, en el país generarían [la escandalosa cifra de] 217.000 millones de dólares, que equivalen al doble del Producto Interno Bruto (PIB) actual. Seguro que estos recursos no beneficiarán a la mayoría de ecuatorianos porque el extractivismo megaminero, a diferencia de la explotación petrolera estatal, es un negocio exclusivamente privado.
Para lograr el jugoso objetivo propuesto, la tecnocracia de Washington tiene bien aleccionado al régimen. Primero deberá desconocer los acuerdos de: moratoria minera y petrolera, suspensión de nuevas concesiones mineras y la creación de una normativa para la aplicación de la Consulta Previa, libre e informada, logrados por el movimiento indígena y la CONAIE a través de la lucha.
El siguiente paso a esta catástrofe ambiental y social que se anuncia en el Ecuador consiste en el descongelamiento del catastro minero (cerrado desde 2018). Mediante la resolución 2025-0029-R emitida por el gobierno de Noboa, publicada el 8 de julio de 2025, se aprobó la apertura gradual del catastro minero para la explotación no metálica, mediante la Agencia de Control y Regulación Minero (Arcom). Pero resulta que la ambición, la corrupción y la desregulación estatal pueden más, y se ha producido una avalancha de solicitudes de concesión para la explotación “minera no metálica” (284 solicitudes en agosto de 2025), que luego se convierte en explotación metálica de oro, plata, cobre y otros metales. Así la explotación minera metálica se esconde detrás del disfraz de la minería no metálica (de materiales para la construcción).
El conflicto con el modelo extractivista minero metálico no pasa por si este es o no es legal, si es artesanal o industrial, o si es pequeño, mediano o gigante. Toda actividad minera que vulnere el derecho a la Consulta previa, libre, informada y vinculante es atentatoria a la vida de las nacionalidades y pueblos indígenas, montubios, afrodescendientes o mestizos.
Bajo el pretexto de la “inversión extranjera”, casi siempre vinculada a grandes intereses locales, se impusieron en el Ecuador dos proyectos megamineros que están en plena explotación; cuyos beneficios se van del país y a cuya población solo le quedan los “pasivos ambientales”, es decir, la contaminación de la tierra, el agua y el aire y el riesgo para su sobrevivencia. Desde 2020, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yantzaza, parroquia Los Encuentros, en 3.087 hectáreas; dentro del bosque protector de la Cordillera del Cóndor y áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y en territorio de las comunidades Shuar: Santa Lucía, La Libertad, Jardín del Cóndor, El Zarza, El Playón y Río Blanco, algunas de ellas desalojadas, extrae oro y plata en la mina “Fruta del Norte” la empresa canadiense Lundin Gold. También en Zamora, cantón El Pangui, parroquias Tundayme, Quimi y Güisme; zona de alta diversidad en la Cordillera del Cóndor, territorios ancestrales de la Nacionalidad Shuar, en la mina “Mirador” explota cobre el consorcio chino EcuaCorriente S.A. / CRCC Tongguan.
Los capitales que apuestan por futuros proyectos mineros a gran escala provienen principalmente de Canadá, China y Australia. En el proyecto “Cascabel” que está en exploración avanzada, en la provincia de Imbabura, operan como concesionarios o financistas la australiana SolGold, atrae también el interés de: BHP, Newmont / Newcrest, Jiangxi Copper. El proyecto Cascabel ha sido concesionado para 33 años de explotación y se estima que es la mina de plata más grande del mundo, la tercera de cobre (10.9 millones de toneladas) y una de las más importantes de oro, cuyo codiciado metal se vende actualmente en el mundo en más de 4.000 dólares la onza.
En el proyecto “El Domo / Curipamba”, en las Naves provincia de Bolívar; que ya cuenta con permisos ambientales concedidos en 2024, tienen interés Silvercorp Metals y como socios locales: Salazar Resources y Adventus Mining Corporation; cuyas acciones compró en 2019 el Consorcio Nobis liderado por Isabel Noboa, tía del presidente. Adventus Mining además tiene a su cargo 12 proyectos mineros en cinco provincias del Ecuador. Las empresas vinculadas al Grupo Nobis podrían tener control sobre más de 170.000 hectáreas en concesiones mineras. Esta afirmación se basa en un análisis económico y señala un flagrante conflicto de intereses.
Un estudio científico desarrollado por la Universidad de las Américas, la WWF, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y el Royal Ontario Museum, reveló que más del 25% de peces de las cuencas hidrográficas de los ríos Napo y Pastaza, incluidos los ríos Aguarico, Cuyabeno y Bobonaza, contienen metales pesados por encima de los límites recomendados, derivados principalmente de la actividad minera, agrícola, la extracción de petroquímicos y la deforestación. Ochocientas toneladas anuales de mercurio, entre otros metales, se arrojan a la cuenca amazónica durante la extracción artesanal o industrial y la refinación de oro.
En abril del presente año, más de una decena de niños de la Nacionalidad Shuar en Taisha, provincia de Morona Santiago, murieron con síntomas de intoxicación a causa de la ingestión de metales pesados que contienen las aguas de los ríos amazónicos que pasan por sus comunidades, frecuentemente afectados también por derrames petroleros.
La minería ya empieza a tener graves efectos sobre la salud y la vida de las nacionalidades y pueblos sin que se respeten sus más elementales derechos humanos y los derechos de la naturaleza. La minería atenta en contra de los derechos colectivos como: el de la libre determinación, la participación en decisiones que les afecten, la protección de la identidad cultural, tierras, territorios y recursos naturales, la Consulta Previa, libre e informada para el consentimiento o no sobre actividades extractivas. Los derechos colectivos son reconocidos y garantizados por la Constitución del Ecuador, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y el Convenio 169 de la OIT (1989).
La mayoría de la población ecuatoriana ha demostrado su profunda vocación y compromiso con el ambiente en el Ecuador, cuando en consulta popular se pronunció con el 59% de los votos a favor de cuidar y suspender toda explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Igualmente rechazó la minería en el Chocó Andino. El 7 de febrero de 2021, más del 80% de la población de la ciudad de Cuenca, la tercera más grande del país, prohibió toda actividad minera en las fuentes de agua y páramos que alimentan a los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay, que abastecen de agua a la población. El 24 de marzo de 2019, en consulta popular, la población de Kimsakocha, con un 86.87% de los votos (6.652 votantes) dijo NO a la minería en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha que abastecen a la ciudad de Cuenca y los cantones Girón y San Fernando. Para noviembre de este año, el mismo gobierno que no cumple con la voluntad popular expresada en las urnas, llamará a una nueva consulta popular, sobre otros temas de su conveniencia.
La minería es la mayor amenaza a la vida y a la permanencia de las nacionalidades y pueblos. En consecuencia, con ello la resolución número16 del VIII Congreso de la CONAIE expresa la decisión de: “Levantar un proceso nacional para declarar al Ecuador libre de minería, impulsando una consulta popular vinculante”.
La eterna disputa por el agua
Iván Cisneros
La clara definición y preferencia de los actuales y anteriores gobernantes por la implantación de la industria minera (Proyecto minero en el Ecuador), que involucra al agua como un elemento más de la explotación y el beneficio de los capitales especulativos mineros, ha puesto nuevamente al agua en el debate político nacional, cargado de un conjunto de elementos nuevos.
El mísero argumento del Presidente Noboa de que “si nos demandan ustedes tienen que responder ante los [falsos] tribunales internacionales”, no solo es la crasa manifestación de su voluntad e interés de sacrificar el agua en favor de las ambiciones mineras, sino una amenaza que “nos dice verán que nos puede salir caro” si no se ofrenda el agua de las comunidades y toda una ciudad como Cuenca en favor de las empresas mineras, y esto lo dice después de que su propio gobierno ha concedido la licencia ambiental para acelerar la explotación y la destrucción del páramo y las fuentes de agua.
Cuenca multitudinaria con participación enorme del mundo rural y urbano, confirma que el agua es un bien común y que está por encima de los intereses mineros y del gobierno, y en democracia no se puede menospreciar y postergar la voluntad de los amplios sectores sociales y también que solamente se defiende con la fuerza de la organización y la movilización, como ha sido la histórica lucha por el agua mantenida por el movimiento indígena, las juntas de agua, los comités de páramos, ecologistas y demás sectores sociales.
Elementos claves han sido los argumentos técnicos de ETAPA en defensa de lo público, frente a los seudo-argumentos de las mineras de que la explotación no va a causar daño, y el engaño de la “supuesta y tramposa minería responsable”, que es el discurso infame, pobre y servicial de los extractivistas.
También el informe de ETAPA destroza ese argumento y reproche, de que “somos pobres y estamos sentados en una montaña de oro”. Por el contrario nos viene a decir que es verdad que estamos sobre montañas y que debajo puede haber oro, pero mezclado con aluminio, con cianuro y con muchos otros metales peligrosos y dañinos para la salud y el ambiente, y que la ambición de remover eso para sacar el oro va a causar enorme contaminación y afectación al agua superficial y subterránea, y que por lo tanto los costos en salud, en biodiversidad, etc., serían muy superiores a los ingresos monetarios previstos y también que esas cargas se las dejarían a las comunidades y a las sociedades locales en los denominados pasivos ambientales.
Como siempre la ganancia para los ricos extranjeros y la desgracia para los pobres del campo y de la ciudad. De esto las comunidades y la sociedad de Cuenca están muy claras y se han manifestado reiteradamente en contra.
Otra cosa que deja con meridiana claridad es el caso de Kimsakocha, es la estafa que significa el “ecologismo de derecha”, encarnada en el Ministerio de Ambiente, esos ecologismos que andan ligados a los fondos internacionales, que a su vez son financiados por gobiernos y empresas transnacionales, que ponen su discurso sobre la naturaleza al servicio de esos protervos intereses.
Cabe recordar que un sueño húmedo de los neoliberales siempre fue que el agua sea manejada desde el Ministerio de Ambiente y con este tipo de líneas ideológicas. Los movimientos sociales y organizaciones, desde hace mucho tiempo, se vienen enfrentado a los discursos y financiamientos, y sobre todo a las falacias favorecidas y publicitadas por interesados y dependientes como la “minería responsable”, que es una verdadera contradicción y engaño a la vez.
Sobre esto no hay más que recordar que los principios que deben regir la política ministerial para cuidar y defender la naturaleza son la precaución y prevención, y precisamente han sido estos los menos invocados y aplicados en la gestión ministerial.
La comunidad: la primera trinchera de defensa del agua
Como una repetición constante a lo largo de siglos de historia, las comunidades con sus escasos recursos iniciaron y demostraron su enorme capacidad de resistencia y paciencia; las formas comunitarias de solidaridad, de organización y lucha han sido las que han sostenido la contienda y en el camino han logrado incorporar, de manera activa, a otros sectores sociales en defensa del agua, generando un amplio espectro técnico, social y cultural de apoyo activo.
Ese sentido colectivo de mirar por el beneficio de todos, de cuidarnos entre todos, de ver por el futuro de todos y todas y la visión de respeto a la Pachamama que ha penetrado y se ha mantenido en toda la resistencia. Ese es un elemento fundamental y un gran aporte a la sociedad, a la economía desde la vida de los Pueblos y las Nacionalidades.
También hay que recordar que las comunidades cuando hablan del agua se refieren como un bien que es de todas y todos los miembros, que entre todos han conseguido, cuya titularidad es colectiva, que les costó entre todos hacer gestiones, los aportes de mano de obra en mingas, en cuotas económicas u otros aportes, etc., y entre toda la comunidad cuidan “su agua”.
El agua: ¿un bien estratégico de quién?
Por otra parte, uno de los argumentos que se viene manteniendo desde los sectores gubernamentales es que el agua es un sector estratégico y que por eso es de exclusiva competencia del Estado, es decir, para el manejo de los grupos que controlan los gobiernos. Y, es más, muchas veces hablan de que el agua es un “recurso estratégico”, manteniendo la primacía de esa visión de recurso para el usufructo.
Admitimos que el agua es un bien común estratégico, ya que es fundamental para la vida, el agua que tomamos, que cocinamos y usamos en la casa, para producir alimentos y otra serie de productos y también para generar electricidad etc. Pero hemos constatado que a los gobernantes cuando ven algo de plata de por medio no les importa que sea estratégico y vital, cuando se trata de ambiciones por el dinero y corrupción desechan el valor estratégico y al agua le vuelven un vulgar recurso y mercancía.
Hay que anotar que siempre ha sido estratégico, fue estratégico por ejemplo en la época de la hacienda. Los amos controlaban la tierra y el agua; castigaban al pobre que se atrevía a tomar algo de agua. Inclusive a cambio de tomar agua de las acequias exigían mano de obra para la limpieza de los canales.
Por eso ahora la pregunta es: ¿para quién es estratégico? ¿Es estratégico para los intereses del capital y sus serviles gobiernos? La creciente necesidad impuesta por la nueva presencia del capital transnacional para implantar una explotación bestial, arrasando la naturaleza y todo lo que le sea funcional, exige que se asegure el control y las decisiones sobre los bienes como el agua. Se entiende que el agua es de importancia vital para la población y para la naturaleza y también para la misma economía.
El agua: es más que un bien estratégico
Como se ha visto, el agua también es un bien común que involucra a toda la sociedad, es un bien comunitario, que a más de la gestión comunitaria (interna) depende también de lo que pase fuera del ámbito de las comunidades, es un bien de la naturaleza para facilitar el resto de las vidas. Por otra parte, el agua es la base para el ejercicio de un conjunto de derechos: como el derecho a la salud, a un ambiente y vida sanos, a la alimentación, a la vivienda, el derecho humano al agua en general, porque se requiere del agua para ejercer un conjunto de derechos sociales, colectivos y de la naturaleza.
Va quedando claro que, por su naturaleza y dependencia, el agua es vital, estratégica y fundamental. No solo para el Estado y los grupos que detentan el poder, sino para todos y todas; por eso la necesidad de defender y de decidir qué hacer, cómo cuidar el agua. No hay ninguna otra alternativa más que cuidar el agua, por lo tanto, las políticas no pueden girar, en los actuales momentos, para sacrificar los territorios y sacrificar el agua como recurso en beneficio y acumulación de unos pocos.
El caso de Kimsakocha y muchos otros más que se vienen dando durante estos años nos enseñan que no se puede confiar la gestión del agua solamente a los que están gobernando, porque en lugar de cuidar y precautelar el agua, han preferido la posible generación de ingresos para el Estado. Por lo tanto, si se pretende cuidar el bien para las actuales y futuras generaciones y si se piensa en que los problemas se agudizan conforme el impacto del cambio climático, se requiere cambiar sustancialmente la gestión del agua y su toma de decisiones.
Y es que precisamente esto se ha venido intentando en varias ocasiones, cada vez que se han debatido las propuestas de modificación de la Ley de Aguas. El movimiento indígena planteó la necesidad de generar una política, una institucionalidad y una forma de tomar decisiones distintas.
¿Quién y cómo se decide sobre el agua de todos?
Conforme hemos constatado se viene pretendiendo dar prioridad a la explotación minera, y en general satisfacer las exigencias que impone la presencia del nuevo capital transnacional extractivista, más no precautelar el agua, tanto para las comunidades y los usos tradicionales, como también para la ciudad de Cuenca y la naturaleza. De esta situación se desprenden las siguientes inquietudes:
La verdad es que todos los gobiernos anteriores han argumentado e inclusive se ha llegado a estampar en la Ley de Recursos Hídricos: que el agua es un “sector estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado”, y por lo tanto quienes manejan el Estado son los que deciden de manera exclusiva y mandan en los asuntos relacionados con el agua; que como hemos visto en el caso de Kimsakocha, Palo Quemado y muchos otros, no es lo más adecuado. Esta forma tradicional y excluyente de gestionar el agua lógicamente responde a determinados intereses y favorece el control de los grupos detentadores de poder y, además, ha sido sustentada por la tecnocracia de las entidades internacionales, en donde la población es marginada y solo debe aceptar y obedecer.
Igualmente, no se ha hecho con apego a la legalidad, para la toma de decisiones. Muchas de las disposiciones logradas incluir en la Constitución, no han sido respetadas o aplicadas, como la Consulta libre e informada y más derechos colectivos, y los derechos de la naturaleza, etc.
Y no es que esto haya sido aceptado con pasividad por las comunidades, Juntas de Agua y más organizaciones. Esta forma ha sido largamente cuestionada y se han ofrecido alternativas al monopolio del Estado, manejando y decidiendo sobre el agua de todas y todos. Pero desde los sectores políticos y autoridades de turno no se ha querido dar paso a una nueva gestión del agua.
Democratización y transparencia en la gestión del agua
En su lucha, el movimiento indígena ha realizado una propuesta de un nuevo modelo de gestión del agua, con el aporte de lo comunitario, como parte fundamental, para cuidar los territorios, los páramos y el agua misma.
Esta propuesta de democratizar y generar una estructura participativa, amplia e incluyente de todos los involucrados en la problemática del agua y su futuro, ha sido trabajada también con Juntas de Agua, Comités de Páramos y otras organizaciones sociales, académicas, ecologistas, etc. de nivel local, regional y nacional.
Institucionalmente se ha propuesto la consolidación de la Autoridad Única del Agua, autónoma, y como un ente democrático y con participación de todos los sectores en un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, con capacidad ejecutiva de tomar decisiones y de generar políticas de Estado de largo plazo, para no solo depender de los vaivenes de los intereses cambiantes de los gobernantes de turno. Esto permitirá, respetando la prelación y demás disposiciones constitucionales, recoger los intereses de los distintos sectores, para una gestión democrática del agua que valga la pena, frente a la actual gestión: excluyente, impositiva y conflictiva.
Como se ha podido constatar los derechos colectivos son vistos, por los interesados en el extractivismo, como una traba a sus ambiciones. Con una autoridad democrática y plurinacional se busca el cumplimiento de dichos derechos y a la vez es una vía para preservar el agua.
Una de las características que requiere la gestión del agua es la Transparencia, conocer en manos de quién está el agua, cuáles son los mayores poseedores. La transparencia y el acceso público de todos a los trámites, informes, etc. debe ser la norma. Conjuntamente con esto se debe, y sin demora, abordar una tarea históricamente aplazada como ha sido la redistribución del agua. En el país no se ha dado ningún proceso de redistribución de este bien.
Dentro de la arremetida desatada por el neoliberalismo, dirigida desde las altas esferas estatales, en la actualidad hay varias amenazas, tanto las leyes que fueron aprobadas a petición de la presidencia de la República como las que están dentro del trámite legislativo como: la Ley de Páramos y la misma Ley de Aguas.
Si bien hay un conjunto grande de problemas en la administración y gestión del agua, que requieren grandes esfuerzos para superarlos, es necesario adoptar un marco regulatorio que contemple estas proposiciones que se encuentran en la propuesta de Ley de Aguas presentada por la Conaie y sus filiales: Ecuarunari, Conaice, Confeniae y el Foro de Recursos Hídricos, que es necesario seguir apoyando hasta su aprobación.
Una lectura en tiempos de excepción y convulsión para el país
Luis Corral
Frente Nacional Antiminero
Introducción
Escribir sobre minería desde la profundidad de la tierra, en tiempos de excepción y convulsos como los que vivimos dentro del paro nacional de septiembre – octubre de 2025, reviste un desafío intelectual y ético.
Ético porque todos quienes, de alguna manera, tenemos una situación de privilegio, como es mi caso, estamos en deuda con la lucha popular campesina e histórica en el país. Una forma de superarla es con un aporte como el presente artículo que pretende profundizar sobre los sentidos de la lucha coyuntural y contemporánea del campo popular en el Ecuador.
Si bien no soy comunero y no estoy en la primera línea de lucha, desde la militancia y la academia crítica hemos incomodado al poder y lo seguiremos haciendo. Soy académico y militante; he tratado de abrir el campo de sentidos sobre la problemática vinculada con un aspecto central en las tensiones entre las élites, nacionales e internacionales, y los pueblos campesinos e indígenas del Ecuador. Soy parte del Frente Nacional Antiminero, del Colectivo de Defensa del Agua y la Vida en Loja y de la Asamblea de los Pueblos del Sur y actualmente cumplo una función de enlace organizativo dentro de estas plataformas de lucha. En este marco, estoy siendo criminalizado y perseguido políticamente por el actual régimen; no obstante, mi caso es de menor gravedad frente a la violencia con que el Estado ha perseguido y criminalizado a la lucha antiminera en el país, y está enfrentando ahora mismo el Paro Nacional, que es la expresión de la lucha digna y comunitaria de lo indígena y campesino.
Es por ello, que asumo este desafío ético primero con palabras de reconocimiento, solidaridad y agradecimiento a los pueblos originarios y campesinos de este país por su gran capacidad de organización, resistencia y dignidad; desplegada no solo en esta lucha, sino a lo largo de la historia reciente y antigua de este país, que nos permite no solo contar aún con un territorio, megadiverso, multicultural, plurinacional e intercultural sino que nos permite mantener abierta la posibilidad enorme todavía de avizorar y construir una sociedad más justa. Por otro lado, rechazo enérgicamente la política de terror de Noboa, que con al asesinato, brutal represión, encarcelamiento, abuso del tipo penal de “terrorismo”, traslado de presos de Otavalo a cárceles de alta peligrosidad, está consolidando en el país un modelo político que colinda con la dictadura.
Del mismo modo, representa un gran desafío conceptual y político, traer al debate público en esta coyuntura la grave problemática de la minería industrial para nuestro país, que en cierto sentido ha sido desplazada por la principal demanda del Paro Nacional relacionada a la eliminación del subsidio al diésel. A pesar de la multitudinaria marcha de 100.000 personas en Cuenca por la defensa de Kimsakocha, a pesar de la voluntad política de la sociedad ecuatoriana expresada en la consulta popular sobre la minería en Cuenca, Girón, Quito y a nivel nacional sobre el Yasuní, a pesar de la lucha articulada desde y por fuera del Frente Nacional Antiminero, a pesar de lo que ha significado ver en vivo la brutalidad del ejército en Las Naves, en Palo Quemado, en las Pampas, la problemática de la minería metálica sigue ocupando un lugar secundario en relación a las inmediatas necesidades y demandas de los sectores populares frente a las políticas de ajuste fiscal (reducción de subsidios a los combustibles, aumento del IVA, entre otras medidas) que afectan directamente el bolsillo de las familias empobrecidas del país.
Si bien, parar el despojo minero, que ha sido parte fundamental de la lucha social en el Ecuador desde hace más de 35 años, es una demanda que, a diferencia de lo sucedido en el Paro Nacional de 2019, aparece en las principales resoluciones de las protestas de 2022 y de las actuales movilizaciones, todavía no logra posicionarse en el centro del debate público ecuatoriano. Por esta razón, a través de este artículo, nos interesa contribuir a que la problemática minera se coloque en un lugar estelar dentro del debate político abierto por el Paro Nacional de 2025. Queremos sugerir que la reducción del subsidio al diésel es apenas una entre otras muchas medidas vinculadas con una brutal agenda neoliberal y de despojo en lo económico y territorial que se cierne sobre el país. La cuestión minera puede explicar de mejor manera el contexto de ocupación militar y económica actualmente en curso. Si es así, como lo planteamos acá, la defensa de la vida y la soberanía nacional, deben ocupar también un lugar central en las reivindicaciones del campo popular ecuatoriano en el presente contexto.
Antes de iniciar el artículo, me gustaría reflexionar sobre el enfoque de este trabajo, que tiene que ver con “la fuerza de la verdad de los que luchan”. En el contexto del paro nacional, estamos observando como gracias a la lucha social de los pueblos y las nacionalidades, donde el poder de lo comunitario ha sido lo central, y alrededor de ello, la deliberación y la acción colectiva, se han vuelto audibles voces que desvirtúan la narrativa, sobre estas movilizaciones, instalada desde el poder. Como sociedad hemos podido acceder a videos, audios, testimonios sobre la brutal represión, la ocupación militar sobre territorios campesinos e indígenas, el dolor, la indignación, el reclamo, pero también, sobre la solidaridad y la ternura de nuestros pueblos milenarios[1]. En este sentido, no hay terrorismo entre las organizaciones sociales indígenas, ni hay vínculo con la minería ilegal, ni son las cuentas bancarias de dirigentes supuestamente corruptos las que financian el paro; todo se ha desmoronado gracias a la lucha poderosa principalmente de los ayllus del norte, en la provincia de Imbabura, y progresivamente de gran parte del país; pero que también estuvo y está presente en la defensa de Palo Quemado y las Pampas en Cotopaxi y en Las Naves en la provincia de Bolívar, así como en la provincia del Azuay, Loja e Imbabura.
La narrativa oficialista, canalizada y amplificada por los mass medias, está sembrando en amplias capas de la sociedad ecuatoriana peligrosísimos sentimientos de odio racial, conduciendo, además, a estos sectores a justificar y a avalar una forma brutal de política militarista, propia de un régimen dictatorial, que amenaza seriamente con llevar a cabo un etnocidio en el país. Por esta razón, es tarea central, visibilizar y difundir las razones profundas y legítimas de estas protestas, a través de las vocerías autorizadas de sus dirigentes, pero, también, mostrando y divulgando cada acto de esta poderosa y digna acción colectiva.
El buen sentido de los que luchan, de los subalternos, que sería, según Gramsci la capacidad de las clases dominadas para desarrollar una visión crítica y práctica de la realidad, desafía a la ideología dominante. Esta conciencia, gestada en el día a día y en la acción colectiva, es una forma de resistencia y de auto-representación crucial para la consecución de la emancipación social.
En esta dirección, desde esta trinchera, se pretende contribuir a fortalecer el buen sentido de los que luchan, ubicando en el centro al problema minero dentro de la coyuntura actual; es decir, plantear algunos de los desafíos más importantes de la lucha social en torno a esta problemática. Las razones por las que esta lucha se convierte en esencial y las posibilidades que tiene ésta de trastocar la matriz colonial y de despojo que ha caracterizado al país desde su nacimiento. Finalmente, también, este trabajo se propone advertir, sin exageraciones alarmistas, que, si no logramos articular y consolidar una lucha efectiva en contra del despojo minero, nos veremos como país en una situación de alto riesgo de sobrevivencia social, cultural, económica, ambiental y política. El capital y la dictadura minera en marcha pretenden llevárselo todo, dejando al país, solo con un acumulado irreparable de ruinas.
Para lograr este objetivo, se ha organizado este artículo en tres momentos: 1) Contexto geopolítico nacional e internacional 2) El problema minero en Ecuador, y 3) Las consecuencias de su implementación y las posibles salidas.
CONTEXTO
A continuación, se apuntan algunas líneas sobre la situación del contexto global por el que atraviesa la humanidad, cuya cruda realidad se ve reflejada en dos tipos de presión sobre nuestro continente y sobre nuestro país en particular, la militar y la económica; específicamente la lógica de la guerra y la expansión militar del imperio del norte y por otro lado la presión sobre nuestro subsuelo y nuestros recursos estratégicos.
El contexto actual, que atraviesa el mundo y el país, podría ser analizado, de manera sumaria, en 4 aspectos centrales: a) la disputa geopolítica por acceso a territorios y minerales, en la que la invasión a Gaza es la expresión más dramática; b) la transición energética, una cruzada de los países del Norte – con excepción de Estados Unidos – para descarbonizar sus economías, lo que implica volcarse hacia la obtención de minerales en todo el mundo; c) la crisis económica norteamericana, el boom de los Brics y la avanzada militarista de Estados Unidos, y finalmente d) el holocausto ambiental global, como expresión de una crisis civilizatoria inédita en la historia de la humanidad.
A penas se dejarán nominados estos temas con el objetivo de entender como estas dos fuerzas – militar y económica – están operando en el país, y requieren una respuesta contundente incluso más allá del paro nacional, que ha girado en buena medida alrededor de la eliminación del subsidio al diésel.
Es así como, en la primera dimensión, la guerra comercial entre EE. UU. y China[2], la guerra entre Rusia y Occidente, y la invasión y exterminio del pueblo palestino, revelan elementos claves de este contexto global; la guerra comercial se ha intensificado en los últimos años alrededor de la propiedad intelectual, el acceso a mercados y a disputas ocasionadas por desequilibrios comerciales. En ese enfrentamiento es un tema central el acceso a recursos minerales, en especial aquellos llamados: minerales críticos (tierras raras, litio, cobalto, grafito, etc.). Ellos se vuelven estratégicos ya que son insumos esenciales para industrias de alta tecnología, defensa, energías limpias y transporte. El control del gas en territorio ucraniano es parte del mismo movimiento.
Dentro del marco de esta disputa por el acceso a minerales hay un factor adicional que tiene que ver con los compromisos de los países del norte, especialmente Europa, con la excepción de Estados Unidos, ahora los principales consumidores de combustibles fósiles, obligados a descarbonizar su economía, para transitar hacia el uso de energías limpias. Este escenario incrementará la presión sobre los minerales críticos y en general sobre los minerales metálicos. Por ejemplo, es notable la gran cantidad de minerales de los que dependen las actividades relacionadas a las alternativas energéticas, como se puede observar en el siguiente cuadro:
Fuente: Cepal, 2024[3]
Por otro lado, los países de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), están creciendo aceleradamente. A tal punto que se prevé, por ejemplo, que la India superará a la economía norteamericana en pocos años. La disputa comercial asociada a la mayor importancia de este bloque económico en la dinámica de la economía internacional, implica inevitablemente, una mayor presión sobre los recursos naturales. No se vislumbra en este otro espacio de la geopolítica global, un proceso de desmaterialización de sus economías, es decir, de desacoplar su crecimiento económico de la demanda de materiales y energía.
En ese contexto, la presión sobre los recursos naturales de nuestros países será cada vez mayor, y si no hay una respuesta soberana y digna desde los pueblos, de alcance nacional y continental, a esta tendencia, la lógica de mercado terminará por convertir al país y al continente, a los países del sur global, en zonas de sacrificio, para la acumulación del llamado primer mundo.
Dentro del marco de la disputa económica que revela un deterioro de la hegemonía norteamericana, existen varios estudiosos que señalan el peligro relacionado al avance de la estrategia militar norteamericana, que no ha dejado de invertir millones de dólares en la guerra, y que, además, incluye el control del gas en Ucrania, el genocidio en Gaza y la intervención irregular en la costa del Caribe, al frente de las costas venezolanas[4]. Sin duda, la geopolítica norteamericana utilizará la estrategia de la guerra como mecanismo para no perder su hegemonía global, en el contexto de las tensiones comerciales con China y los Brics.
Por último, habría que agregar que se está imponiendo globalmente una ideología de extrema derecha, comprometida con proyectos económicos impulsados por los países imperialistas del Norte; por ejemplo, en Gaza, con los negocios inmobiliarios_- entre otros-_ en Venezuela, con la explotación de petróleo, y en todo el Sur global, con la extracción de minerales[5]. La ideología de extrema derecha y la estrategia militarista desplegada por estos países tienen como propósito eliminar todos los obstáculos a favor de sus megalómanos intereses económicos, e incluyen, en este sentido, el despojo, el desplazamiento y el exterminio de pueblos enteros alrededor de todo el planeta[6].
Finalmente, no se puede dejar de mencionar por su importancia, aunque sea brevemente, el holocausto ambiental mundial al que nos están llevando los países capitalistas del Norte global, sin dejar de mencionar, por supuesto, la grave corresponsabilidad en esta situación de otras potencias económicas como: China y Rusia. Se trata de una crisis ecológica sin retorno, que ya ha rebasado los umbrales mínimos requeridos para mantener el equilibrio de varios ciclos naturales de la tierra, como el ciclo del carbono o del nitrógeno. Este último aspecto se lo menciona, ya que, en países como el Ecuador, que todavía cuentan, a pesar de la creciente y acelerada presión, con páramos y bosques húmedos tropicales relativamente bien conservados, la responsabilidad es aún mayor sobre el devenir de estos ecosistemas, cruciales para el equilibrio planetario.
Por último, como anteriormente ya se mencionó existen varias amenazas para nuestro país. La primera de las cuales es una presión que pretende allanar el camino para dar paso a un control geoestratégico, militar y político a los intereses norteamericanos en el país: ver Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas[7], firmado por el gobierno de Lasso y de Noboa, sin que pase por la Asamblea Nacional y con el beneplácito de la Corte Constitucional; por otro lado, el intento de introducir bases militares en territorio nacional, vía consulta popular, entre otros aspectos claves para la seguridad nacional; y, segundo, relacionado con ello, el impulso de una violenta agenda minera que se basa en un conjunto de leyes, normas y disposiciones administrativas que buscan la consolidación de esta agenda, cuyas estrategias van desde la criminalización, la persecución política, el espionaje y la violencia directa.
La agenda securitista y militarista y la expansión violenta del despojo minero están estrechamente relacionadas. Ahora último, aparece otra grave amenaza, relacionada a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que como ha dicho el presidente Noboa, busca facilitar la inversión extranjera en sectores estratégicos. Como han insinuado algunos actores vinculados con el sector de minería industrial, la Constituyente buscaría eliminar o debilitar el alcance de los derechos colectivos, especialmente, la consulta libre, previa e informada, la consulta ambiental, así como los derechos de la naturaleza y el derecho a la resistencia. Es importante recordar que estos derechos han sido adquiridos a través de la lucha social, y también son la base de los argumentos jurídicos centrales en los procesos judiciales de primera, segunda y tercera instancia que se han desplegado a través de acciones de protección en varios sitios del país y que han permitido obstaculizar el avance de proyectos en Intag, territorio Ai Cofan, Rio Blanco, Loma Larga, entre otros.
EL PROBLEMA MINERO
El problema minero en el país requiere de un profundo tratamiento político, económico, ambiental y jurídico. Alrededor del impulso de la megaminería y del pretendido impulso de la transformación de la matriz productiva, y como veremos territorial del país, existe un discurso que se sostiene en una perspectiva prometeica sobre la tecnología, sobre la enorme riqueza que tendría el país, y sobre el desarrollo general del Ecuador, que su impulso reportaría. Por otro lado, en los últimos años, se ha asociado a la “minería legal” como la única manera de enfrentar la “minería ilegal”, ya que con su ocupación se impediría el avance de esta economía criminal.
Con el ánimo de alterar este discurso hegemónico, habría que decir en primer lugar que el problema minero en el país, es un problema de soberanía, por encima de cualquier otra consideración. Por otro lado, es un asunto vinculado con el modelo de desarrollo y con la vida misma de pueblos y regiones enteras del país. El modelo minero cede la soberanía territorial a terceros y profundiza la dependencia de nuestra economía a la economía global, con mínimas rentas de la riqueza a ser explotada para el Estado, con indicadores macroeconómicos eventualmente interesantes, que sin embargo ocultan los costos, sociales, ambientales, culturales que este proyecto trae consigo, y cuyo peso se vuelca sobre los cuerpos de campesinos y campesinas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, pero en perspectiva sobre todo el país, y que las cuentas nacionales ni los grandes agregados macroeconómicos los consideran.
La banca internacional, especialmente el Baco Mundial y el BID, así como las corporaciones mineras transnacionales y entidades internacionales de prestigio como CEPAL, han impulsado esta agenda en todo el sur global. Para hacerlo han organizado un régimen jurídico, muy favorable para los intereses del capital minero y muy lesivos para los interese nacionales.
Luego del “Consenso de Washington”, fue sin duda el sector minero uno de los más afectados por la doctrina neoliberal. La idea de la atracción de la inversión llevó al absurdo de aprobar en el año 2001 una ley dentro del marco de la Trole I y II, que suprimía el concepto de regalías; con lo que los ingresos para el Estado, vendría únicamente por la vía tributaria, incluso afectada también por una serie de incentivos para el sector. Se suprimió el concepto de renta minera, con lo cual el negocio quedó bajo exclusivo control y beneficio del capital transnacional.
El proyecto minero, ha sido impulsado por todos los gobiernos, desde los abiertamente neoliberales como el de León Febres Cordero, hasta los socialdemócratas como el de Rodrigo Borja, con quien se hace una de las primeras reformas al marco legal minero en el 88 y la ley 126. Luego con el gobierno de Rafael Correa Delgado, quien después de la Constituyente de 2008 aprueba un nuevo marco jurídico que introduce algunas consideraciones en beneficio del Estado, así como un porcentaje mínimo del 5 al 7% de regalías sobre las ventas brutas, realizar control ambiental desde el Ministerio del Ambiente y no desde el Ministerio de Minas, como sucedía (y como ha vuelto a ocurrir con el presidente Noboa), o la disminución de los plazos de las concesiones, incorporación de un impuesto por la venta de concesiones para el Estado del 1%; como la distribución 80% – 20% favorable para el Estado, de los ingresos extraordinarios que se obtenga cuando el mineral supere el precio pactado en el contrato. Muchas de estas medidas, de corte más nacionalista fueron revertidas para el beneficio del capital minero, a través de varias modificaciones legales, hasta finalizar el gobierno de Correa. Por ejemplo, se suprimió la idea de ingreso extraordinario y se dejó sin efecto esta política, con el nuevo concepto de utilidad extraordinaria, con lo que su aplicación ahora depende de la contabilidad de las empresas mineras que, como se ha denunciado, esconden ingresos y elevan costos, gracias a sus vínculos con paraísos fiscales.
Durante este proceso el régimen de concesiones en su matriz constitutiva de corte neoliberal se mantuvo.
Actualmente, luego de gobiernos neoliberales, así como progresistas, tenemos un régimen de concesiones que afecta la soberanía no solo del patrimonio sobre el subsuelo, sino sobre la organización territorial en su conjunto. Por eso se puede afirmar que el régimen de concesiones es un “disparo al pie” que afecta la soberanía, y en potencia, la base material y simbólica del país en su conjunto, es decir afecta la calidad ambiental y productiva del país, así como toda la simbología y valores de uso asociados con dicho patrimonio.
La entrega de concesiones mineras a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, en términos estrictamente legales, no afecta la propiedad de la tierra ni del subsuelo, sin embargo, impone en términos prácticos un nuevo régimen de ocupación, uso y usufructo del territorio, basados en una racionalidad capitalista violenta, con profundas implicaciones materiales, económicas, metabólicas, y por ende biofísicas, sociales, y por otro lado simbólicas, de carácter cultural, que progresivamente van limitando por un lado las potencialidades de regiones enteras y por otro lado circunscribiéndolas únicamente alrededor de la dinámica minera, que termina siendo omnipresente.
Con ello, se convierte el subsuelo ecuatoriano en un activo de libre disposición y transacción, con consecuencias inmediatas que afectan al patrimonio sobre el subsuelo ecuatoriano, pero que rebasan ésta ya de por sí enorme consecuencia. La entrega de derechos mineros cambia la configuración de los poderes nacionales y locales que organizan un determinado territorio. Con la irrupción de un actor extraterritorial como es la empresa especuladora minera[8], entra en disputa la vocación del uso del suelo, y la proyecta en otra dirección, a la que histórica y socialmente ha sido construida. Con ello se afecta la forma soberana a través de la cual se puede organizar el territorio. El Estado, a través de los últimos 10 gobiernos, ha extendido títulos mineros – que se convierten en la base de la seguridad jurídica de las empresas – en detrimento de los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
El derecho minero es: inconstitucional / cede soberanía nacional / rompe el modelo del buen vivir / se viola derechos colectivos / derechos de participación/ derechos de la naturaleza, y el régimen concurrente de planificación.
¿Dónde están las concesiones mineras?[9]
Si el modelo minero, es similar al peruano, o al que se despliega en la parroquia de Tundayme, con el proyecto minero Mirador, como se verá más adelante, las consecuencias para el país serían desastrosas:
El proyecto minero en manos de las élites
Ahora con un gobierno neoliberal vinculado a las élites económicas del país, los derechos y concesiones mineras se han convertido en un nuevo objeto de deseo de las élites bananeras y plutocráticas del país.
Este gobierno quiere ampliar este proyecto mega minero en el país, y para ello ha anunciado la apertura del catastro. Tal como ocurrió con el presidente Correa, el gobierno de Noboa se ha convertido en el mejor vocero del sector minero, y como tal este sector ha sido uno de los temas centrales de su agenda. Su presencia en Canadá, en marzo del año 2024, dentro del PDAC, una serie de conferencias que reúne a los más importantes desarrolladores mineros del mundo; la firma de acuerdos de inversión con empresas que desarrollan tareas de prospección; por ende otorgando garantías a proyectos que no se sabe en rigor si vayan a avanzar, como ocurrió con el Acuerdo de Inversiones con Atico Mining, al menos un mes antes de la llamada consulta ambiental que se aplicó en Palo Quemado, bajo una población militarizada y amedrentada; en este acuerdo, hay varias prerrogativas para el sector entre ellas: exenciones y estabilidad tributaria, la posibilidad de ir a tribunales internacional en caso de diferencias (algo que constitucionalmente no es posible), entre otras. El trabajo que ha realizado Noboa, ha estado volcado a dar señales positivas a las inversiones mineras. En Canadá estuvo acompañado de David Tankamash, que actualmente funge como presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), quien fue destituido por sus bases por ir a ese evento minero en forma inconsulta; ahora es nuevamente presidente gracias a un hostigamiento y finalmente varios allanamientos a la sede de la Ficsh, donde trabajaba el directorio electo. Luego de la destitución de Tankamash, dirigida por Domingo Ankuash, reconocido dirigente shuar con una clara posición de defensa territorial. De esta manera el gobierno logra que su vocero shuar minero se instale como presidente en la Ficsh; finalmente, con el impulso de las consultas ambientales bajo procesos de militarización, con convocatorias limitadas, dirigidas solo a pequeños grupos afines a los proyectos, revela su agenda. En realidad, en ninguno de los casos fueron consultas libres, previas, o informadas, como lo dictamina la sentencia de la Corte Constitucional, que ya declaró inconstitucional el decreto ejecutivo No. 754 de Guillermo Lasso, con el que se quiso pasar por alto la necesidad de disponer de una ley orgánica de consulta ambiental[11].
El presidente, durante el primer año y más de su gobierno, logró que la empresa vinculada a los intereses de su familia, el Grupo Nobis, controle aproximadamente el 10% del catastro minero[12]. Lo logra a través de su participación accionaria, primero en Adventus Mining y luego en la empresa Silver Corp Metals[13], que maneja el proyecto El Domo en Las Naves, provincia de Bolívar, y a través de la cual tiene un control de varias concesiones en el país. El tráfico de influencias se manifiesta a través de anuncios públicos, una agenda internacional que favorece estas transacciones, y el conjunto de políticas denunciadas. El Grupo Nobis, fue beneficiario dentro de sus concesiones, de fondos de inversión, de riesgo y de joint ventures; donde la base de negociación fueron sus concesiones adquiridas, que permitieron el ingreso de inversiones frescas a través de las bolsas de valores y como se ha dicho de otros mecanismos, como joint ventures.
Ahora el presidente anuncia la apertura del catastro minero para megaminería a partir de diciembre, sin considerar en lo más mínimo los pactos y acuerdos a los que se llegó en materia minera con el presidente anterior Lasso, luego del paro de 2022. Entre otras cosas, para detener el paro nacional, el presidente Lasso decretó que se modificaría el plan nacional de desarrollo minero para no afectar ni páramos, ni territorios indígenas, entre otros criterios. Así mismo, se llegó a un acuerdo para iniciar un proceso de investigación y auditoria sobre todas las concesiones mineras y los proyectos en curso, que se desenvuelven en la más absoluta opacidad, sin auditorías independientes; sin embargo, como es de conocimiento público, no se pudo avanzar más en las negociaciones. Ahora el presidente Noboa anuncia la apertura del catastro minero y el impulso de nuevos proyectos, muchos de los cuales, han enfrentado la oposición de la población local y nacional, como fue el caso del proyecto Loma Larga que se pretende desarrollar a través de la empresa Dundee Precious Metal; proyecto interpelado por la sociedad cuencana, del Azuay y del país, que en estos días gracias a la poderosa movilización del 16 de septiembre, su licencia de explotación ha sido revocada, lo que constituye un hito sin duda dentro del marco de las luchas contra el despojo minero en el país. Ahora bien, la sociedad cuencana está preocupada por la forma como se ha hecho esta revocatoria, en donde al parecer se deja abierta la posibilidad de futuras demandas por parte de la empresa Dundee Precious Metal. Es por eso que Cuenca continua alerta, movilizada y exige la revocatoria de la concesión minera de manera definitiva.
Las consecuencias del proyecto mega minero, desde la ventana sobre lo que ocurre en el Perú y en la mina a cielo abierto Mirador en Tundayme y Zamora Chinchipe; y el correlato de la lucha social
La lucha social contra la megaminería, que inicia en los años 90, ha sido central para lograr que las montañas y cordilleras de gran parte del país no estén siendo trituradas como lo está siendo la parte media de la Cordillera del Cóndor, con el proyecto Mirador, generando drenaje ácido de mina y contaminando las fuentes de agua: El río Wawayme, el Kiim y el Tundayme son ríos muertos, afectando con ello la economía y la vida campesina y shuar de la región sur oriental del Ecuador. Actualmente, en el Perú la megaminería se ha convertido en el principal rubro de exportación y responsable central de un crecimiento económico sostenido de entre 6 y 8%. A pesar de la resistencia poderosa, no se logró parar la instalación de más de 60 proyectos mineros, desde la década de los 90 del siglo pasado, actualmente en crecimiento. Pues bien, bajo el mismo marco legal, las empresas se instalaron en el vecino país. Ahora la economía de ese país crece, pero así mismo su población se enfrenta a la enfermedad y la muerte. Más de 10 millones de personas están bajo problemas de salud, por metales pesados en su sangre, como lo reporto Pedro Arrojo, comisionado especial de Naciones Unidas para agua y saneamiento, luego de su visita a Perú, en diciembre del 2022[14]. En el Ecuador la lucha ha sido efectiva, sin embargo, ha sido muy costosa, con los asesinatos de varios líderes sociales en Morona Santiago y en Azuay.
Esta lucha social en el Ecuador ha implicado, la ocupación militar de los territorios en resistencia, como el caso Nankints en el año 2016, o el caso de Palo Quemado y las Pampas, así como Las Naves, en el año 2024 Por otro lado, ha desembocado en un proceso agresivo de criminalización, donde la figura del terrorismo y del crimen organizado, son los tipos penales más utilizados. Esta violencia selectiva es lo que dentro del marco del actual paro nacional se ha generalizado en las comunidades principalmente del norte del Ecuador.
Una mención especial dentro del marco de esta lucha es el caso de Cuenca y la revocatoria de la licencia ambiental de Dundee Precious Metals. Cuenca, luego de la marca del 16 de septiembre, se constituye en un símbolo de la lucha contra el despojo minero en el país y es el resultado de un acumulado histórico que estaría poniendo en crisis toda la política pública minera. Ahora bien, luego de la extraordinaria marcha de Cuenca, ocurre este paquetazo a la economía popular que en pocos días invisibiliza los sentidos de la lucha que se abrían en Cuenca; paralelamente, el gobierno nacional, pretende sofocar el incendio revocando de manera irregular, como han denunciado actores sociales como el Cabildo por el Agua de Cuenca, la licencia ambiental del proyecto Minero Loma Larga en Kimsakocha. De manera expresa, o no, se pretende aniquilar al “Quinto Río” de Cuenca como se llamó a la marea que llenó de sentidos una lucha por los páramos, y por sus fuentes de agua, inédita en el país[15]. La subida al diésel que provocó el paro nacional, impidió que se procesara de mejor manera esta multitudinaria marcha y sus resultados; a pesar de ello, este acontecimiento es ya un referente político crucial para construir otro modelo de desarrollo en el Ecuador, por fuera de la lógica rentista y la destrucción de los bienes comunes.
Ahora bien, para concluir este acápite, si hacemos un registro de los momentos de mayor tensión que se ha vivido en términos de confrontación campesina –Estado en los últimos años, vamos a mirar que el tema minero ha ocupado un lugar central, por lo ocurrido en Palo Quemado y las Pampas, en el subtrópico de Cotopaxi y en el cantón de Las Naves, provincia de Bolívar, así como en otros sitios como Buenos Aires en Imbabura, o en Napo, o en otras zonas del Azuay, como el Valle de Shincata. Producto de esta lucha hay más de 130 criminalizados en Cotopaxi, gran parte de ellos por el delito de “terrorismo”, más de 30 en la provincia de Bolívar, con al menos 9 compañeros con sentencias en firme, vinculados a los delitos de “crimen organizado y delincuencia”. Así mismo en Azuay, hay más de 30 criminalizados en el sector de Nabón.
Conclusiones
El escenario para los próximos meses será crucial para el país, ya que, en un contexto global de presiones geopolíticas y económicas, el país debe decidir si abre su espacio territorial para la instalación de bases militares extranjeras y el proyecto megaminero.
Con la reinstalación de bases militares en el país, se pretende vulnerar una vocación de paz del pueblo ecuatoriano, presente en nuestra Constitución y subordinarlo a uno de los países causantes o vinculados de manera orgánica con la guerra en medio oriente, en Gaza y en Ucrania, y que en la coyuntura actual asedian peligrosamente al Estado de Venezuela, a cuyo gobernante ya han acusado de crímenes de lesa humanidad, o de estar vinculado con facciones narcotraficantes, para ellos terroristas.
Por otro lado, en relación a la agenda minera, ha sido muy emblemática la lucha campesina en el país, y últimamente la de la ciudadanía de Cuenca que de alguna manera pone una dura prueba al gobierno de Noboa. Este negocio se mueve en gran medida por la credibilidad, ya que, en gran parte, se basa en un proceso de financiarización de concesiones mineras que van a los mercados de valores, con lo que una noticia tan positiva para el país como la revocatoria de la licencia de explotación y al mismo tiempo tan negativa para los inversionistas mineros podría despedazar su agenda y poner en riesgo al sector en su conjunto. Al presidente Noboa no le quedó más que revocar la licencia ambiental, incluso con algún tipo de engaño, para sofocar la lucha social; sin embargo, se espera que la movilización en Azuay persista en la medida en que la concesión permanece inalterada.
Ahora bien, la agenda minera continua en el resto del país.
El proyecto minero avanza en Morona Santiago, donde la posición de calma de la población Shuar contrasta con anteriores procesos de lucha; esto merece un trabajo adicional de análisis y estudio; pero el proyecto minero no solo avanza allá, avanza el proyecto en zonas con baja densidad organizativa al norte y al sur del Ecuador, con el proyecto Cascabel al norte de la provincia de Imbabura, o en el sur occidente con el proyecto Cangrejos en la provincia de El Oro. Avanza el proyecto en Las Naves a pesar de la resistencia continua durante más de dos meses.
Avanza el proyecto en Palo Quemado, donde Atico Mining ya ha recibido licencia de agua para el inicio de operaciones del proyecto minero. Finalmente, avanza el proyecto mega minero en su conjunto al haberse anunciado la apertura del catastro minero, para minería metálica a mediana y gran escala.
En ese marco la agenda del gobierno es violenta y acelerada, y por ello se requiere lograr mínimos avances en el contexto de esta lucha.
La agenda continua con algunos tropiezos, por ello es fundamental elevar esta problemática a un lugar central de las reivindicaciones sociales.
A lo largo de cientos e incluso miles de años los pueblos y nacionalidades han coevolucionado con sus ecosistemas, y lo han hecho proyectando la economía agrícola campesina e indígena. La sabiduría de este recorrido se manifiesta en la agricultura, pero también en las prácticas de recolección, caza y pesca; ello ha generado una economía local con bajo impacto y alta productividad ecológica que podría ser la base de una economía popular que mejore la calidad de vida de la población y que construya una base económica para el país, diseñada para la permanencia.
Ese otro futuro de vida para el país está en entredicho, amenazado, criminalizado y a punto de ser aniquilado con las fuerzas militares y económicas que ocupan el país.
Dentro del marco legal y regulatorio determinado por el Consenso de Washington y la doctrina neoliberal, este nuevo momento ha puesto en una situación de vulnerabilidad enormes porciones del territorio nacional.
Por ello, este paro es crucial, central para parar esta agenda explícita del FMI, relacionada con subsidios, reducción del tamaño del Estado, privatizaciones, pero también para evitar el avance de esta agenda militarista, y de ocupación minera sobre nuestro territorio.
La magnitud de las inversiones mineras, la escala de las operaciones, la tecnología de punta actualmente disponible, los bajos niveles de encadenamiento económico productivo de la actividad minera, los bajos ingresos estatales producto de reducidas, tasas, impuestos y regalías, fomenta la constitución de distritos mineros de gran escala, en regiones sensibles, con potencialidades intrínsecas que son reducidas a su mínima expresión.
Potencialidades y realidades cruciales para la mantención viva de saberes, prácticas y otras racionalidades que pueden estar en el núcleo de otros futuros posibles justos y para la permanencia para nuestro pluricultural y plurinacional país. Cómo ha dicho Petro, presidente colombiano, en una reciente intervención en Naciones Unidas, nuestros países son exportadores de VIDA, esta es nuestra vocación y hacía allá debe volcarse parte de la lucha social de los pueblos y organizaciones del campo popular.
[1] Un artículo con información sistematizada sobre este tema, es ¿Quién embosca a quién?, de Jorge Corral, está publicado en Línea de Fuego, https://lalineadefuego.info/criminalizacion-y-la-estigmatizacion-racista-de-la-protesta-social-paro-nacional-2025-quien-embosca-a-quien/?fbclid=IwY2xjawNQ1u9leHRuA2FlbQIxMQABHlBx50DgPpWQPwKJpKBMd483PLCCX0pzv
UxbrmlaeInbnWZBQQ7oWtaB2QSx_aem_VvEQpsOIkUwqj7t-ZfmVeA
[2] https://www.celag.org/los-recursos-estrategicos-de-latinoamerica-en-la-guerra-china-eeuu/
[3] Cepal. 2024. Minerales críticos para la transición energética y la electromovilidad: oportunidades para el desarrollo económico con desafíos socioambientales. https://www.cepal.org/es
[4] https://www.inteligenia.info/implicaciones-geopoliticas-de-un-ataque-de-estados-unidos-a-venezuela/
[5] https://thetricontinental.org/wp-content/uploads/2019/06/190604_Dossier-17_ES-Web-Final-2.pdf
[6] https://thetricontinental.org/wp-content/uploads/2019/06/190604_Dossier-17_ES-Web-Final-2.pdf
[7] Un tratado militar, ultra secreto que da inmunidad a personal civil o militar norteamericano, que permite que ingrese cualquier vehículo estadounidense sin que se le exija ningún control en su ingreso o salida del territorio nacional, entre otras disposiciones.
[8] Las empresas que disponen de derechos mineros en el país no son desarrolladoras de proyectos mineros. La mayoría de ellas, realiza prospección, afina un modelo de negocio, sobre la base del cual, venden sus derechos mineros a terceros. Son empresas junior, especializadas en acaparar derechos mineros y capitalizarse vía especulación en las bolsas de valores del mundo.
[9] Información publicada por el Frente Nacional Antiminero, sobre la base de información del catastro minero del 2018 y de varias otras fuentes, tanto gubernamentales, como de ONGS, como Naturaleza y Cultura Internacional, o RAISG, https://www.facebook.com/photo/?fbid=638362115512290&set=a.258897996792039&__tn__=%2CO*F
[10] Ver Plan Nacional de Desarrollo Minero (2020 – 2030). Plan-Nacional-de-Desarrollo-del-Sector-Minero-2020-2030.pdf
[11] https://www.corteconstitucional.gob.ec/inconstitucionalidad-por-la-forma-del-decreto-754/
[12] https://www.revistacrisis.com/debate-territorios-en-resistencia/mineria-por-la-razon-o-por-la-fuerza-persecucion-y
[13] https://nobisholdings.com/inversiones/
[14] Arrojo Agudo, Pedro. 2022. Declaración de final de misión del Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Naciones Unidas. Lima
[15] Comparable quizás con la marcha del 2012 a Quito, con la diferencia de que esta fue una marcha nacional.
