By icciec2024
Equipo Editorial
La noche quedó atrás… pero me envuelve,
negra como un abismo entre ambos polos;
doy gracias a los dioses, cualesquiera sean,
por mi espíritu indómito.
No importa cuán estrecha sea la puerta
ni que me halle abrumado de castigos:
soy capitán triunfante de mi estrella,
soy dueño de mi espíritu.
William Henley
La noche quedó atrás, pero el día no llega solo. Hace falta empujar el alba con las manos llenas de historia y la voz firme de quienes no se resignan a ver caer lo conquistado. En tiempos en que se pretende convertir los derechos en favores, y las conquistas en “acuerdos ministeriales”, hay quienes —como Marcela Arellano, y muchas otras— plantan bandera en la memoria y el trabajo colectivo. Saben que el destino no se entrega a los poderosos ni se escribe con decretos; se construye, desde abajo, con alianzas, con firmeza y con esperanza. La lucha sindical no es cosa del pasado: es brújula en este presente incierto. Y, como diría Henley, aun con la cabeza herida, no se inclina. Porque hay un futuro que no se negocia por horas ni se retira en cómodas cuotas mensuales. Se vive con dignidad, o no se vive del todo.
Cuando todo parece más sombrío, es cuando más hemos de aplicar la resistencia y el no parar. Muchas generaciones de ecuatorianas y ecuatorianos hemos transitado vidas dignas de lucha sea por el cambio estructural, sea por reformas, sea por inclusión de derechos. Luchas forjadas en largas escuelas impulsadas por comunidades, organizaciones de base y de todo tipo, que han sido pilares de nuestra constitución colectiva y su sostenimiento.
Ocurre —y sin duda— que, siendo jóvenes, muchas veces pretendimos abolir a los “mayores”, tildando de retrógrada su mirada, su análisis y sus formas de lucha. Y ocurre también que esa negación de las luchas previas permite que nos dividan aún más. La segmentación etaria, geográfica o por identidades puede alejarnos, haciendo que las contradicciones más sentidas ocurran entre quienes conformamos lo que habitualmente se denomina el campo popular.
¿Cuántas veces hemos visto que, frente a medios y portavoces de la derecha política y económica, el llamado más insistente es a una “renovación de cuadros” sin contenido, despojada de raíces, que niega lo que se estigmatiza como intereses “ideológicos”, y deslegitima las luchas históricas a punta de etiquetas?
Desde este espacio, siempre hemos insistido en la resistencia, la esperanza y la búsqueda de mínimos comunes que permitan al conjunto trascender cualquier problemática y dar continuidad al camino abierto por nuestros mayores.
Este mes inicia con el recordatorio de la Masacre de Chicago. Coincide —aunque diferido por decreto presidencial— con el Primero de Mayo. Y, en Ecuador se conmemoró con una marcha poderosa. Desde este boletín, queremos decretar que ya “la noche debe quedar atrás”, que, superado el proceso electoral y la tramoya de los políticos profesionales ya posesionados, las organizaciones volvamos al diálogo. Que saldemos —sin condescendencias ni justificativos amorales— las disputas conceptuales y políticas, y pongamos en marcha el diálogo que proponemos este mes.
De una parte, Marcela Arellano enfoca dos nudos críticos en la reforma —o más bien, conculcación— de los derechos de las y los trabajadores ecuatorianos: la jubilación patronal y el trabajo a destajo o por horas, pese al voto mayoritario en contra en abril pasado.
Luis Carlos Córdova-Alarcón nos propone un análisis profundo y directo sobre las causas del recrudecimiento de la violencia y la criminalidad que atraviesan nuestra cotidianidad, sin concesiones a posturas partidarias.
El equipo editorial, en consonancia con la línea sostenida durante estos meses, ha abordado con preocupación cómo la legislación sobre recursos hídricos, páramos, preservación y naturaleza no es neutral. Al contrario, forma parte de un entramado de desposesión planificada.
Con estos análisis en mano, el mapa presentado va dando cuenta de cómo se entreteje el poder político hacia una presunta salida “constituyente” o reforma constitucional, a pesar del rotundo fracaso de abril de 2024, donde -puntos centrales que pretendía este gobierno de turno-, ni el trabajo por horas ni el arbitraje internacional fueron aprobados. Todo esto en un contexto donde el mandatario y su vicepresidenta electa representan intereses oligárquicos premodernos que conciben el mundo desde el despojo, la negación de la democracia y el desprecio por los derechos.
Sumemos entonces luchas, esfuerzos y alianzas, hasta que podamos decir con convicción:
“La noche quedó atrás.”
Marcela Arellano Villa
Se ha situado al trabajo como un privilegio y a la contratación colectiva como un exceso.
En este momento Ecuador atraviesa una profunda crisis en los temas laborales. De hecho, en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la Comisión de Aplicación de Normas, el Estado ecuatoriano estuvo observado el año pasado, en 2024 y ahora en este momento Ecuador entra dentro de los cinco peores países bajo el parámetro de los exámenes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Está junto a países como: Afganistán y Libia, países que están atravesando serios problemas de democracia.
¿Por qué entra a este grupo, a esta lista corta de países? Porque no cumple con el Convenio 98 de la OIT[1], el referido al derecho de sindicación y de negociación colectiva. Precisamente porque desde el Estado ecuatoriano, el gobierno actual pone serias trabas al cumplimiento de este Convenio (1949); así como, se está viviendo una práctica anti-contratos colectivos. En este momento, por ejemplo, se puede observar que las y los trabajadores, los sindicatos se encuentran viviendo bajo un ataque, una campaña en contra de la negociación colectiva en medios de comunicación nacionales y en redes sociales. Se está situando como que el trabajo fuese un privilegio de algunos, no se afronta la situación estructural de una sociedad donde más del 70% de personas se encuentra sin empleo pleno; se está construyendo la idea de que la contratación colectiva es un exceso y eso, nos pone en una situación grave y crítica frente a la garantía y al acceso a derechos, que recordemos es una obligación suscrita por el Estado ecuatoriano para cumplirla ante todos sus ciudadanos y ciudadanas, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo.
Es este el contexto, así como el que Ecuador está viviendo un problema de incremento de la violencia. Este ingreso de varias organizaciones delincuenciales, también ha puesto en grave riesgo a la organización sindical. Tenemos sindicatos que han sido amenazados para no ejercer los derechos de libertad sindical.
Tenemos compañeras mujeres, líderes del sector bananero, del sector palmicultor que han sido amenazadas. Varias de ellas han tenido que salir del país. Tenemos un compañero que fue asesinado por denunciar actos de corrupción en el caso del Consejo Provincial de Manabí.
Estamos en un momento muy crítico, muy difícil y creemos que este nuevo gobierno que inicia en mayo de este año va a profundizar esta situación. Sus características, su agenda económica es de carácter neoliberal. Hasta el momento, este gobierno, ha dado muestras de intentar reducir los derechos que están contemplados en la normativa nacional e internacional.
Alrededor del 74% de personas se encuentran en trabajo precario y en la informalidad. Contratos, por ejemplo, a través de “servicios profesionales”; cuando en la realidad, son trabajadores, cuentan y cumplen con un horario, tienen un jefe, tienen salario mensual; eso es trabajo, no es servicio profesional, eso es trabajo[2]. Entonces hay evasión de derechos, estos trabajadores no son afiliados a la seguridad social, no tienen seguridad y riesgos del trabajo, no tienen ningún derecho, no tienen ninguna estabilidad.
Y estos trabajadores están vinculados, están identificados en las estadísticas como que tienen trabajo, pero el trabajo no está en relación de dependencia y hay una evasión flagrante del cumplimiento de los derechos. Uno de los problemas de la informalidad es precisamente la falta de garantías, no solamente normativas, sino institucionales. El Ministerio de Trabajo y el Sistema de Inspecciones deberían ser las instituciones que garanticen los derechos laborales y que las empresas cumplan con las obligaciones normativas que tienen.
No estamos pidiendo más, lo que está en el Código de Trabajo, pero no se cumple. Tuvimos una reunión hace unos meses para evaluar la situación laboral convocada por el Banco Mundial. Una de las cifras que saltó a la discusión fue el número de inspectores y el Banco Mundial dice por lo menos para la cantidad de empresas, debe haber mil personas en la inspección laboral. Hay 146, 147. Cuando entró la ministra, habían alrededor de 200 y la ministra de trabajo, Ivonne Núñez, fue reduciendo esa cantidad de inspectores de trabajo. Entonces, si no hay Ministerio de Trabajo, como garante de derechos, si no hay un Sistema de Inspecciones, que vigile y que controle los abusos aquí en el Ecuador, puede haber no solamente informalidad, puede haber trabajo forzoso, como ya se lo demostró en el caso Furukawa.
Creemos que el caso Furukawa no es un caso aislado en el mundo del trabajo en Ecuador, es un caso que puede estar generalizado en el sector agroindustrial, sobre todo, porque son haciendas a las que no se puede entrar, no entran ni los inspectores del trabajo, no entra nadie. Entonces, si es que no hay un control exhaustivo del Estado, supervigilancia de los derechos; pues, es posible que tengamos esos índices de precarización y de trabajo forzoso, que está prohibido por la normativa internacional del trabajo.
El trabajo en el caso de reformas o sustitución de la Constitución
Hasta el 2008 tuvimos una Constitución de carácter neoliberal, que daba ciertas protecciones al capital transnacional. En esta Constitución y sobre todo en la normativa secundaria estaba contemplado, por ejemplo, el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo. El trabajo por horas decía: si hay trabajo por horas, va a haber generación de empleo. Lo que ocurrió es que, en el trabajo por horas, a un trabajador por una, dos horas de trabajo, le pagaban 50 centavos y a veces le pagaban y a veces no. Esto se elimina en la Constitución. Allí ingresan trabajadores que estaban en tercerizadoras, que no habían recibido sus ingresos, que no tenían estabilidad, que habían trabajado durante 8, 10, 15 años en tercerizadoras sin conseguir estabilidad. Lo que ocurre después de eso es que se incrementa el nivel de vida en el Ecuador.
¿Qué pasaría si es que, en este momento, en un momento de profundización de la violencia, de profundización de un Estado de carácter autoritario, patriarcal; se intenta un cambio constitucional sin un poder constituyente? Porque la otra cuestión es que cuando se redactaba la Constitución de 2008, había un poder constituyente y era el mandato de las organizaciones, de las mujeres, de toda la población que se movilizó para asegurar que el interés que nos movía estuviese en dicha Constitución. Ahora no hay ese poder constituyente. La organización social no demanda que haya nueva constituyente. Es un requerimiento del capital y es un requerimiento de este capital primario, agroexportador, minero, de carácter extractivo en todos los horizontes económicos. Un capital que, a través de sus expresiones políticas, ya ha intentado bajarse precisamente las pocas conquistas que se tiene en la Constitución de 2008. ¿Qué se intenta bajar? Uno, sectores estratégicos. Quieren privatizar los sectores estratégicos.
Han intentado buscar por cualquier mecanismo privatizar la energía, el petróleo, el agua. Y esto para nosotros es vital, porque si se entrega a manos privadas, este sector se convierte en mercancía. La energía eléctrica, el agua, el mismo petróleo se convierten en mercancía. Por lo tanto, los precios pueden ser incrementados a gusto y paciencia de los dueños de esa mercancía. Por supuesto tenemos una seria preocupación sobre la normativa acerca de los temas laborales, aquellos que afectan el mundo del trabajo. Entre otros, debe destacarse que nuevamente se pretende que se incorpore la modalidad del “trabajo por horas”. En otro caso, estaría también el “contrato a plazo fijo”, el cual implicaría una mayor precarización laboral.
Ahora tenemos apenas el 20% de trabajadores que tienen un contrato decente. El resto están precarizados, en el “mejor” de los casos muchos están en el subempleo.
Poca negociación colectiva: igual a mala calidad del trabajo
Si no hay sindicatos en el Ecuador, no hay respeto a los derechos laborales. Ecuador en este momento tiene un índice, un porcentaje de sindicalización de apenas el 3%. Y en ese 3%, están consideradas organizaciones que no negocian colectivamente. Por ejemplo, los sindicatos de choferes profesionales. Ellos no tienen negociación colectiva, no son realmente trabajadores sindicalizables.
El Ecuador tiene una matriz productiva primario agroexportadora. Está centrada la mayor parte de su producción en la minería, en la agroexportación.
Los principales productos que se exportan son: banano, café, cacao, flores. La pesca también es otro producto importante. Estas características de un Ecuador que no es industrializado, que es un país primario exportador, pone presión en la situación laboral.
El tipo de trabajadores que se necesitan en este sector de la economía es un grupo de trabajadores que no necesitan que estén capacitados con mayor tecnología. Por lo tanto, tenemos allí un nivel de precarización. Son trabajadores que no conocen sus derechos.
Los trabajadores no están teniendo acceso, por ejemplo, ni siquiera a condiciones salariales. El contrato colectivo permite acceder a mejores condiciones salariales, a negociar mejores salarios.
¿Dónde hay contratación colectiva?, por ejemplo, el caso de la minera Ecuacorriente. En la gran empresa minera en la que se explotaba a sus trabajadores, pues los trabajadores se organizaron; demandaron tener negociación colectiva y sus salarios se incrementaron en un porcentaje importante de casi en los 50%. Este porcentaje de incremento salarial tiene impacto en la comunidad porque estos trabajadores tienen mayor capacidad de consumo, tienen capacidad de endeudamiento porque son trabajadores fijos de la empresa. Entre mejores salarios, mejores condiciones laborales, hay la posibilidad también de que la economía se reactive.
La contratación colectiva, el sindicato; aseguran primero, la existencia de una democracia en el lugar de trabajo, asegura que haya distribución de poder en el lugar de trabajo; segundo, una distribución de lo mínimo, de los recursos económicos que nosotros generamos. Entonces, por supuesto, la organización sindical y la contratación colectiva son mecanismos efectivos para asegurar trabajo digno, para asegurar mejoramiento de las condiciones económicas y las condiciones de vida en general.
Panorama para defensores del trabajo digno en Ecuador
Es necesario poner también sobre la mesa los índices de violencia y de delincuencia que tenemos en Ecuador, que se han exacerbado en los últimos cuatro años y sobre todo después de la pandemia.
El ingreso de las organizaciones delincuenciales internacionales ha puesto en evidencia que no tenemos garantía de derechos, que no hay una política pública de seguridad, sobre todo está la decisión del gobierno actual, en 2024, de situar al Ecuador en situación de presunta “Guerra interna” o Conflicto Armado No Internacional, y en constantes “estados de excepción”, que ponen en serio peligro los derechos humanos y a las personas y organizaciones que los defienden. Si además hay una estigmatización en contra de los líderes sociales, líderes indígenas, líderes sindicales y líderes barriales, que supuestamente estarían vinculados o tendrían relación con delincuentes o directamente son tachados de “terroristas”, hay mayores peligros para la organización sindical; para la organización social y sobre todo para quienes lideramos la lucha sindical en el Ecuador. No hemos podido tener movilizaciones precisamente porque en medio del estado de excepción los militares y la policía nos agreden físicamente.
[1] C098 – Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
[2] [2] En febrero de 2025, Ecuador reportó una tasa de empleo adecuado o pleno del 35,4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Si bien esta cifra representa un ligero aumento con respecto al 33,9% del mismo mes en 2024, la variación no se considera estadísticamente significativa, lo que sugiere que el mercado laboral ecuatoriano se encuentra relativamente estancado. La autora se refiere como incluso para ese bajísimo porcentaje, se truca e incluye a personas que no son consideradas como trabajadoras en relación de dependencia con sus derechos y garantías constitucionales y legales.
Luis Córdova Alarcón
Oficialmente Ecuador está en guerra. Así lo decidió el gobierno de Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. Ese día, tras una ola de actos de violencia criminal en varias provincias, el presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo 111, reconoció la existencia de un conflicto armado interno e identificó a 22 grupos delincuenciales como organizaciones terroristas.
El justificativo para una medida de tal magnitud era contener la ola de violencia criminal que hizo del 2023 el año más violento en la historia del país: con 8008 asesinatos y una tasa de 47 homicidios por cada cien mil habitantes. Ha transcurrido más de un año y el panorama es desalentador. El primer trimestre del 2025 se alcanzó otro récord histórico: se registraron 2361 muertes violentas. De mantenerse esta tendencia, este año podríamos superar la tasa de homicidios del 2023. La política de militarización de la seguridad interna no ha contenido la violencia, la ha catapultado.
Desde los estudios de seguridad la realidad ecuatoriana está sobre-diagnosticada. Sus explicaciones redundan en tres ideas: el Estado ha perdido control territorial frente a las organizaciones criminales; el Estado ha fallado en el control de las economías ilícitas facilitando el lavado de activos, y el Estado necesita más –y mejores– recursos humanos y tecnológicos para recuperar el monopolio de la fuerza. El problema con estas interpretaciones es el limitado campo de visión que brindan para comprender lo que ocurre en el país.
Por eso, siguiendo las tesis del académico británico Bob Jessop, en vez de centrarme en las dimensiones formales del Estado (representación, articulación institucional y capacidad de intervención) haré un breve análisis de sus dimensiones sustanciales: base social del Estado, proyecto de Estado y visión hegemónica. Al analizarlas se constata que los factores multiplicadores de la violencia y la criminalidad son mucho más profundos y complejos.
El primer factor multiplicador de la violencia y la criminalidad es la fractura de los compromisos sociales institucionalizados en el Estado. Un dato revelador es la deserción escolar. En Ecuador hay más de 450.000 niños y adolescentes, de entre tres y 17 años, que no asisten a una de los 16.000 escuelas y colegios que hay en el país. ¿Cuántos de estos niños y adolescentes han sido reclutados por las pandillas callejeras y están dinamizando la violencia y el crimen? La edad de reclutamiento criminal bordea los 13 años y solo en el 2024 las desapariciones de menores de edad se incrementaron en un 88 por ciento.
Mientras el gobierno y los generales que le asesoran buscan comprar más balas para su guerra, solo en la región Costa y Galápagos, en donde está por iniciarse un nuevo ciclo escolar, el 80 por ciento de los establecimientos educativos fiscales requiere reparaciones urgentes (7.520 escuelas y colegios). A esto hay que sumar las epidemias que han reaparecido por falta de campañas de vacunación en los últimos años, el incremento de la tasa de desempleo, el aumento de la pobreza y la contracción económica producto del mal manejo de la crisis energética.
La reproducción social de la violencia criminal no es un fenómeno espontáneo. Al contrario, es el resultado de una pérdida sistemática de base social por parte del Estado.
Y no es una cuestión meramente material; la dimensión simbólica tiene un peso específico. Sin mecanismos de ascenso social ni políticas de inclusión y reconocimiento las expectativas de futuro individual se estancan, y la población más joven migra al extranjero o busca otros horizontes al margen de la legalidad. Los intangibles de la política social es otra tarea pendiente, impunemente postergada por el gobierno nacional.
Al mirar desde este ángulo se observa que el Estado no ha perdido control territorial. Lo que ha perdido es base social, sobre todo, en las zonas más pobres del país. Por eso, militarizarlas tiene un efecto limitado y en el mediano plazo se vuelve contraproducente.
Sin un gobierno que asuma seriamente los compromisos sociales institucionalizados, las organizaciones criminales seguirán ganando adhesión y reconfigurando al Estado como un “orden crimilegal” a su servicio.
El segundo factor, multiplicador de la violencia y la criminalidad tiene que ver con una crisis de legitimidad del Estado, ante la ausencia de un proyecto político que asegure la unidad operativa del Estado y su capacidad para actuar. Lo que Jessop denomina: un proyecto de Estado.
Desde el estallido de la violencia criminal, en enero del 2018, los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa han optado por un modelo de “Estado mínimo”: achicamiento del aparato estatal y desregulación de los mercados. Los acuerdos draconianos con el Fondo Monetario Internacional, y la política de premios y castigos que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos para alinear al país a su agenda hemisférica, han acelerado esta reconfiguración.
En ese modelo de “Estado mínimo” las fuerzas militares y policiales se convierten en el principal brazo burocrático del Estado. La constante declaratoria de Estados de Excepción (más de 40, desde el 2018) para restringir derechos civiles y militarizar el orden público lo confirma.
En vez de fomentar una política de empleo digno, los gobiernos de Lasso y Noboa han promovido el reclutamiento de miles de jóvenes para formarlos como policías o militares. En mayo de 2022, el presidente Lasso prometió incrementar el pie de fuerza de la Policía Nacional, pasando de 52.000 a 82.000 efectivos. Su mandato quedó trunco el año siguiente y el incremento fue de 12.000 policías. Con Daniel Noboa y la declaratoria de conflicto armado interno los militares han desplazado a la Policía. En febrero del 2024 el gobierno anunció que cuadruplicaría el servicio militar, pasando de 9.657 a 36.853 conscriptos para el 2025.
La militarización es consustancial con el proyecto de Estado mínimo que promulga el gobierno nacional. Una estrategia militar fallida ha reemplazado el diseño de una política criminal sensata. Por eso, cuando el gobierno detecta problemas de criminalidad persistente en el sector público la única repuesta es militar.
El ejemplo más elocuente es la reciente militarización del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y del Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito. Ante las constantes amenazas, asesinatos y secuestros contra los funcionarios que obstaculizan los negociados en las compras públicas de ambos hospitales, la respuesta del gobierno fue intervenirlos militarmente.
Daniel Noboa solo esgrime martillos, incluso dentro de una cristalería.
Finalmente, el tercer factor multiplicador de la violencia y la criminalidad tiene que ver con la visión hegemónica del bloque de poder que dirige el Estado. La razón es sencilla: la fe ciega en la desregulación de los mercados como vía de crecimiento económico ha hecho del Ecuador un paraíso para las economías ilícitas. La expansión del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de armas y de personas, son facilitados por la visión de Estado mínimo que pregonan los gobernantes.
En Ecuador se ha consolidado un régimen oligárquico. Como lo explica muy bien el politólogo Jeffrey A. Winters, la oligarquía se refiere a la política de defensa de la riqueza por parte de actores que poseen los medios materiales para ello. Generalmente, los oligarcas financian ejércitos de abogados y políticos para que hagan el trabajo sucio y protejan sus intereses. Pero cuando la crisis de legitimidad del Estado socava también el margen de legalidad, los oligarcas intervienen directamente en la política para defender su riqueza y multiplicarla.
El ingreso a la política de Guillermo Lasso y Daniel Noboa no es casualidad. El primero, dueño del tercer banco más grande del país y cabeza de uno de los cinco grupos económicos más acaudalados. El segundo, heredero del grupo agroexportador más importante del Ecuador. Ellos son las caras visibles de una oligarquía avezada y agresiva.
La desregulación de los mercados es la piedra angular de su acción de gobierno y con esa visión también comulgan los oligarcas que dirigen el narcotráfico desde Europa, Asia o Norteamérica.
Para muestra, un botón. Con sus decisiones de gobierno, Lasso y Noboa han facilitado la expansión del tráfico de armas en Ecuador. El uno flexibilizando los permisos para tenencia y porte de armas de fuego. El otro eliminando los aranceles para su importación. Hoy, 8 de cada 10 homicidios se ejecutan con armas de fuego. Y la vía predilecta de los contrabandistas es enviarlas a través de courier desde Miami.
Ahora Usted, estimado lector, comprenderá mejor por qué el Ecuador es un país anegado en sangre.
Equipo Editorial ICCI
En octubre de 2024, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió un segundo proyecto sobre páramos y anunció el inicio del tratamiento del «Proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Preservación de los Páramos». Aunque se lo ha publicitado como un instrumento para la protección ambiental y el cuidado del agua, una revisión detallada del articulado, su exposición de motivos y antecedentes legislativos revela graves limitaciones tanto en su enfoque técnico como en su respeto por los derechos constitucionales de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, así como de la naturaleza misma.
Una técnica de zonificación al servicio del extractivismo
El texto legal surge en un contexto de fuerte presión extractiva sobre los territorios altos del país, en donde se superponen proyectos mineros, intereses agroindustriales y tensiones sobre el uso y control del agua. Pese a ello, la iniciativa legislativa no reconoce con claridad el carácter de sujetos de derechos de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y de la propia naturaleza, como lo establece el artículo 10 de la Constitución de 2008. Por el contrario, articula una visión vertical que coloca al Estado y sus ministerios como los principales agentes de acción, desconociendo los sistemas propios de autoridad, gobernanza y territorialidad de los pueblos indígenas que han habitado y cuidado los páramos por siglos.
En este marco, el Ministerio del Ambiente, Transición Ecológica y Territorio (MATTE) aparece como el principal «necesitado» de esta normativa, como lo afirma la exposición de motivos. Se propone un esquema de zonificación técnica basado en la distribución espacial de la actividad volcánica de la cordillera andina, lo que no solo ignora los linderos históricos de los pueblos y comunidades, sino que genera una preocupante asociación con los mapas de concentración mineralógica. Esta superposición entre conservación, minería y regulación estatal del agua ha sido ampliamente denunciada por las organizaciones del movimiento indígena y ecologista. Detrás del discurso de ordenamiento ecológico se oculta una pretensión de control estatal sobre territorios codiciados por su valor estratégico, funcional al denominado «extractivismo verde» que busca legitimar nuevas formas de despojo en nombre de la sostenibilidad.
La invisibilización de lo comunitario: entre la ignorancia y el control
Una de las secciones más problemáticas del proyecto se encuentra en el artículo 4, literal b, donde se menciona como «habitantes tradicionales de los páramos» a las personas que han nacido o habitan en los páramos o zonas circundantes consideradas subpáramos. Esta expresión ha sido usada en múltiples proyectos anteriores y representa un vaciamiento de la condición colectiva e histórica de los pueblos y nacionalidades. Reduce su presencia en los territorios a una circunstancia demográfica, ignorando el sentido profundo de los páramos como espacios de vida, espiritualidad y organización comunitaria.
Durante las décadas de lucha por una legislación sobre recursos hídricos, han existido varias formas discursivas similares: en algunos proyectos se hablaba de los pueblos indígenas como «guardianes» o «gestores» del agua o de los ecosistemas, términos que, aunque aparentemente positivos, refuerzan una lógica de delegación o subordinación y no de autonomía o soberanía sobre el territorio. Es una forma más de lo que la antropóloga Rita Segato ha descrito como la mezcla entre un lenguaje jerárquico premoderno y un discurso moderno igualitario, que en lugar de democratizar las relaciones de poder, termina reforzando jerarquías más sofisticadas y despojadoras.
El artículo 3 del proyecto es revelador en este sentido: agrupa como sujetos de aplicación de la ley a pueblos y nacionalidades indígenas, comunas, gobiernos autónomos descentralizados y dependencias estatales, todo en una misma línea y sin distinción alguna. Este gesto borra las diferencias entre sujetos individuales y colectivos, entre titularidades constitucionales y competencias administrativas, entre formas de vida comunitaria y entidades de gobierno. Es una omisión que no es inocente: habilita la intervención unilateral del Estado y abre la puerta a la mercantilización de territorios hoy disputados por su potencial hídrico y mineral.
Los páramos como territorios en disputa: continuidad colonial y extractivismo verde
En efecto, la regulación de los páramos no puede desvincularse de los procesos de acumulación por desposesión que afectan a los pueblos andinos desde la colonia hasta la actualidad. El propio régimen de tenencia de la tierra fue reconfigurado por la reforma agraria, que si bien entregó títulos colectivos a algunas comunidades, nunca cuestionó la estructura latifundista ni la apropiación de fuentes hídricas por parte de elites agroexportadoras. Hoy, el avance de proyectos extractivos sobre estos territorios reproduce un nuevo ciclo de despojo, ahora en nombre de la transición ecológica o de la seguridad hídrica.
Resulta preocupante, además, que este proyecto sea considerado como insumo para una futura reforma integral a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uno de los temas más sensibles para las comunidades. Lejos de avanzar en una perspectiva de derechos colectivos, el texto actual opta por una técnica normativa centralista, ambigua y peligrosamente funcional a los intereses extractivistas. En lugar de proteger el agua como derecho y los páramos como territorios de vida, los convierte en objetos de gestión estatal o de conservación sin pueblos.
En este contexto, es urgente una respuesta desde los movimientos sociales, académicos y juristas críticos que ponga en evidencia la vacía neutralidad de este tipo de propuestas legislativas. Nombrar como «habitantes tradicionales» a pueblos con formas propias de gobierno es una forma de borrarlos. Convertir sus territorios en zonas técnicas es una manera de despojarlos. Asumir la protección de los páramos sin su participación vinculante y autodeterminada es una contradicción insalvable con el espíritu de la Constitución del 2008.
Por una legislación desde el agua y la vida
El desafío, por tanto, no es solo evitar una mala ley, sino defender la posibilidad misma de un orden normativo que reconozca la pluralidad de formas de vida, gobierno y relación con la naturaleza que existen en el Ecuador. En un momento de retroceso global del Estado de bienestar y de la democracia, la defensa de los páramos se vuelve una trinchera esencial para imaginar otras formas de justicia, de sostenibilidad y de autonomía.
Desde las organizaciones sociales y pueblos indígenas se viene levantando un texto alternativo que parte de los principios de soberanía, autonomía territorial, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Frente a una legislación que romantiza o neutraliza la presencia indígena, se plantea una ley que reconozca el papel fundamental de las comunidades en la defensa del agua, que respete sus límites territoriales y que garantice su participación plena en la toma de decisiones. Esta es una apuesta que no se limita a resistir, sino que propone otra forma de legislar desde abajo, desde el agua y desde la vida.
