By icciec2024
Equipo Comunicación
La soberanía alimentaria en Ecuador no es solo un concepto político o económico; es un principio vital que cruza lo cultural, lo ecológico y lo comunitario. Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008, este país andino se convirtió en pionero al incluir este derecho en su carta magna, posicionándolo como eje estratégico del desarrollo nacional. Sin embargo, más allá del marco legal, la soberanía alimentaria es una realidad que se construye día a día, especialmente en el campo y en las comunidades indígenas, donde las mujeres desempeñan un papel central.
La soberanía alimentaria, como lo define el Artículo 281 de la Constitución del Ecuador, es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, garantizando una alimentación sana, suficiente y culturalmente apropiada. Esto incluye promover la agricultura familiar campesina, el comercio justo, la conservación de semillas nativas y el acceso equitativo a la tierra y el agua.
Sin embargo, en la práctica, este ideal enfrenta diversos desafíos: el avance de los monocultivos, la expansión de transgénicos, la dependencia de agroquímicos, la pérdida de biodiversidad agrícola y el debilitamiento del tejido comunitario debido a la migración y al modelo extractivista.
Frente a este panorama, diversas comunidades han impulsado alternativas desde lo local. Ferias agroecológicas, bancos comunitarios de semillas, sistemas de riego ancestral, trueques y mingas agrícolas han ganado protagonismo como formas concretas de ejercer soberanía alimentaria desde abajo.
En las comunidades indígenas y campesinas del Ecuador, las mujeres no solo cultivan la tierra: cultivan también la memoria, el saber ancestral y las formas de organización colectiva. Históricamente han sido las responsables de conservar las semillas nativas, de seleccionar los alimentos, de mantener la diversidad agrícola y de transmitir conocimientos intergeneracionales.
Desde la Amazonía hasta los Andes, las mujeres lideran procesos de recuperación de prácticas agroecológicas, siembra con calendario lunar, cuidado de huertos diversificados (chakras) y protección de fuentes de agua. Estas acciones no solo garantizan la alimentación familiar, sino que constituyen una forma de resistencia frente al sistema agroindustrial global.
Ejemplos concretos pueden encontrarse en organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) o la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), donde las mujeres han asumido roles clave en la formación política, la defensa del territorio y la producción agroecológica. Sus luchas están estrechamente ligadas a la defensa de la vida, la tierra y la identidad cultural.
Aunque el Estado ecuatoriano ha desarrollado planes como la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria (ENSA) y programas de compras públicas a pequeños productores, persisten brechas entre lo que se establece en la ley y lo que ocurre en los territorios. El acceso desigual a recursos productivos, la falta de asistencia técnica intercultural, la marginación de saberes ancestrales y la centralización de las decisiones siguen siendo obstáculos.
En este escenario, las voces de las mujeres indígenas se alzan para exigir que la soberanía alimentaria no se convierta en una consigna vacía. Reclaman políticas públicas con enfoque de género, que reconozcan su doble y hasta triple carga de trabajo (productiva, reproductiva y organizativa) y que les garanticen autonomía sobre sus cuerpos, sus tierras y sus decisiones.
