By icciec2024
Unidad con horizonte: por la vida, el debate y el proyecto plurinacional
Hay tantos niños que van a nacer
Con una alita rota
Y yo quiero que vuelen compañero
Que su revolución
Les dé un pedazo de cielo rojo
Para que puedan volar.
Pedro Lemebel, 1986
“Hablo por mi diferencia”
En tiempos donde la crispación política crece y la desinformación se propaga como fuego en monte seco, se vuelve urgente tomar la palabra desde las raíces. La segunda vuelta electoral ha agitado no solo los ánimos, sino también los intentos —viejos y nuevos— por dividir, confundir y desprestigiar al movimiento indígena, su dirigencia, su trayectoria y, sobre todo, su horizonte estratégico: la construcción de un Estado Plurinacional y de una sociedad profundamente intercultural, justa y democrática.
Desde algunos sectores del poder mediático, político y económico, se ha pretendido caricaturizar las diferencias internas como rupturas insalvables, amplificando voces individuales sin representatividad colectiva, e incluso burlándose con racismo del liderazgo legítimo de nuestra organización. Pero los pueblos y nacionalidades del Ecuador no estamos en esta lucha desde ayer. Somos historia viva, organización con memoria, y fuerza que no se doblega ante el oportunismo ni se pierde en el ruido coyuntural.
La CONAIE, como proceso político, ha atravesado crisis, persecuciones, conquistas, debates profundos y decisiones difíciles. Lo que hoy vivimos no es nuevo. Por eso sabemos que, lejos de ser un punto de quiebre, es una oportunidad para reencontrarnos, para fortalecer nuestros canales internos de discusión y para reafirmar lo que somos: una fuerza colectiva con vocación transformadora.
Desde el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, con la voz de las mujeres y hombres, comuneras y sabios, jóvenes y ancianos que han sostenido este caminar, hacemos un llamado firme y esperanzado a la unidad con conciencia crítica, al debate con respeto, a la reconciliación que no es olvido ni silencio, sino reencuentro con lo esencial: nuestro horizonte común.
La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los pueblos Tagaeri-Taromenane es muestra viva de ese horizonte. Es una victoria que honra la lucha por el Yasuní, por la vida en todas sus formas, por el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos. Es un triunfo de décadas de defensa territorial, de dignidad, de articulación de saberes y estrategias. No es un tema del pasado: es una brújula que señala lo más alto de nuestras causas y compromisos.
Como decía el tayta Manuel de Jesús Macas Sarango, “no hay fortaleza más grande que la comunidad en diálogo”. No se trata solo de resistir. Se trata de seguir construyendo. De avanzar sin perder el alma. De sumar sin diluirnos. Y de demostrar, una vez más, que la plurinacionalidad no es una consigna, sino una propuesta profundamente humana, radical y tierna para todos y todas.
La esperanza no es ingenuidad. Es decisión política. Y hoy decidimos, una vez más, caminar con firmeza, levantar la palabra, defender lo que hemos sembrado y seguir soñando con un país donde las voces de los pueblos no sean silenciadas, sino escuchadas, respetadas y celebradas. Porque no hay viento adverso para quienes saben hacia dónde van. Y nosotros y nosotras lo sabemos: vamos hacia la vida.
Por: Francisco Hidalgo Flor.
Este artículo se escribe a medio camino entre los resultados de la primera vuelta presidencial y elecciones parlamentarias del 9 de febrero, y el futuro inmediato del balotaje del 13 de abril. El propósito es analizar los factores que llevaron al inusual acontecimiento de un empate electoral, no solo en las presidenciales, sino también en la conformación de la nueva Asamblea Nacional, donde además dos fuerzas políticas aglutinan el 88% de los votos válidos, pero también destaca el rol determinante, que en ese contexto, corresponde al movimiento indígena, en especial en las expresiones orgánicas de la Conaie y Pachakutik, que lograron resistir al embate de una polarización y fijar espacios propios.
En los comicios de primera vuelta el candidato – presidente Daniel Noboa obtuvo el 44, 1% de la votación, la candidata Luisa González alcanzó el 43,9%, en tercer lugar, se ubicó el candidato Leonidas Iza con el 5,2%, en cuarto lugar, la candidata Andrea Gonzales con el 2.6%. Apenas 16.000 votos separan al primer lugar respecto del segundo.
En las elecciones para la nueva Asamblea Nacional, el partido Revolución Ciudadana obtiene 67 escaños, que representan al 44,6% de la composición parlamentaria; el partido Acción Democrática Nacional obtiene 66 escaños, que representan el 44,1% del parlamento; el movimiento Pachakutik obtiene 9 escaños, que representa el 6% de la composición parlamentaria; y el Partido Socialcristiano obtiene 4 escaños que representa el 2,6%.
¿Por qué se produce una inusitada aglomeración y polarización entre estas dos tendencias?
Daniel Noboa alcanza el 44,1% de la votación presidencial y su movimiento ADN alcanza el 44,1% de la composición parlamentaria, representa la síntesis de la tendencia conservadora – neoliberal que retorno al control gubernamental del Ecuador desde el año 2017 para acá. Durante este año y medio, la gestión de Noboa se ha caracterizado por ejercer el mandato bajo estado de excepción, incluyendo una declaratoria injustificable de conflicto armado interno, iniciando la construcción ideológica sobre la infundada relatividad de los derechos humanos y la resolución del conflicto de narcotráfico por la vía de militarización de la vida nacional.
En el ámbito de la economía sostiene el cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y hace suya las banderas neoliberales de que la única salida para la crisis nacional es el acentuamiento del extractivismo petrolero y minero, a la par que la flexibilización laboral.
Consolida a los sectores de derecha y centro derecha tras suyo, pero también genera una amplia resistencia frente a este programa. En buena medida, las elecciones de primera vuelta fueron una especie de plebiscito frente a su gestión, alcanzando el respaldo indicado, que no obtuvo su meta central: triunfar en primera vuelta y alcanzar un voluminoso respaldo que respaldará una ofensiva política conservadora, expresada en la consigna de una nueva Asamblea Constituyente y derogar la Constitución del 2008. Eso no lo lograron, y ese ya es dato muy relevante.
Luisa González alcanza el 43,9% de la votación presidencial y el partido RC alcanza el 44,6% de la composición parlamentaria. Si aceptamos el supuesto planteado de que uno de los factores decisorios de la primera vuelta fue un comportamiento plebiscitario frente a la gestión gubernamental de Noboa, se puede concluir que la agrupación Revolución Ciudadana logró levantarse como el antagonista creíble con el suficiente capital político para hacer frente a la tendencia conservadora – neoliberal.
A la par los resultados del 9 de febrero indican la consolidación de este partido, pues ratifica, por quinto periodo político consecutivo: 2009 – 2013 – 2017 – 2021 – 2025, ser la primera agrupación parlamentaria, algo inédito en la historia de la función legislativa en el Ecuador.
Durante su fase de partido de gobierno (2007 – 2017) implementó un programa neodesarrollista y favorable a la vía extractivista frente a los recursos naturales, y en su fase de oposición la denuncia al neoliberalismo y la apelación al caudillismo del “líder ausente”.
Obviamente el gran desafío es alcanzar el triunfo en segunda vuelta, pero todavía no están claras las líneas fundamentales de un probable gobierno al frente de Luisa González.
Tanto ADN como RC, cada uno dentro de su tendencia, pulverizaron electoralmente a las otras fuerzas políticas.
La excepción fue el candidato Leónidas Iza y la votación alrededor de las listas parlamentarias provinciales de Pachakutik, que los convierten en la tercera fuerza política y parlamentaria, además decisoria en el escenario de polarización descrito.
Cabe recordar que rol decisorio no solo frente a las elecciones de segunda vuelta, sino también al interior de la Asamblea Nacional para el periodo 2025 – 2029.
Está claro que frente a las disyuntivas planteadas en la boleta electoral del 9 de febrero amplios sectores de la población indígena, especialmente en las zonas rurales de la región andina y amazónica se alinearon en torno a Iza, a las y los candidatos/as a asambleístas de Pachakutik. Es importante también la votación alcanzada en los centros urbanos de la región sierra.
Un dato decidor de esta cohesión lo encontramos en la nómina de las y los parlamentarios/as electos por Pachakutik corresponden a las provincias con importante población indígena en la región andina y amazónica: Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Napo, Pastaza y Morona.
La cohesión en las poblaciones indígenas se torna en un acontecimiento de relevancia política: tener una voz y voluntad decisoria frente a una situación de empate entre corrientes electorales tanto en el ejecutivo como en el legislativo, por un lado, la tendencia conservadora – neoliberal, y por otro lado la tendencia neodesarrollista.
¿Cuál es el programa de reivindicaciones y demandas a levantar ante esta condición de fuerza social y política decisoria, no solo frente a la segunda vuelta, sino ante la etapa 2025 – 2029?
Para dar respuesta a la cuestión expuesta cabe indicar una condición previa y recuperar dos documentos orgánicos guías.
La condición previa plantea la pertinencia o no de que el movimiento indígena exponga una posición política y un programa social equidistante, que no se diluya en ninguna de las dos tendencias predominantes. Descartamos de plano la posibilidad de naufragar en la tendencia conservadora – neoliberal, pero también es relevante aquella de tampoco de diluirse en la tendencia neodesarrollista.
La tendencia conservadora – neoliberal es la opción de la oligarquía agroexportadora y la entrega al imperialismo, que solo conduce a profundizar el abismo en el cual se encuentran los sectores populares y el estado de represión y racismo estructural.
Pero también el recorrido durante el gobierno neodesarrollista entre 2007 y 2017 evidencio las distancias entre el proyecto modernizador y el programa indígena de plurinacionalidad e interculturalidad.
Es decisivo que el movimiento indígena tenga las capacidades políticas y sociales de sostener un programa propio y desde allí demandar al nuevo gobierno.
Si se afirma la línea de mantener un programa propio, allí encontramos dos referentes históricos claves, tanto en el largo plazo como en el corto.
En el largo plazo se encuentra el “Programa Político de los Pueblos y las Nacionalidades Indígenas del Ecuador” aprobado en el año 1994 y cuya vitalidad se ha demostrado a lo largo de estos treinta años, donde emergen con nitidez los postulados de la Plurinacionalidad e Interculturalidad.
El programa del 94 conecta directamente con la recuperación y defensa de las conquistas alcanzadas en la Constitución del 2008, que incorporaron en el texto constitucional los planteamientos de plurinacionalidad e interculturalidad y también los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, los derechos de la naturaleza, entre otros.
En el corto plazo se encuentra la plataforma de lucha del Paro Nacional del 2022, que plantea las demandas desde la situación de crisis económica por la aplicación de las condiciones del Fondo Monetario Internacional y luego de la pandemia de los años 2020; la situación del deterioro de los términos de intercambio en el mercado capitalista, el agudizamiento de la pobreza y la desatención estatal en las zonas rurales, y la detención de la expansión extractivista.
Definir una línea de acción independiente frente a la coyuntura 2025 – 2029, aprovechando la condición de fuerza decisoria, en un contexto de polarización política, es relevante no solo para los pueblos y nacionalidades indígenas, sino para el conjunto del campo popular: obreros, campesinos, estudiantes, y en atención a la crisis múltiple: ambiental y acentuamiento del colonialismo y racismo.
¿Qué aporta el programa de la plurinacionalidad e interculturalidad a un horizonte de emancipación?
Uno de los aportes medulares, que han caracterizado la incidencia y relevancia del movimiento indígena, ha sido la confrontación a la colonialidad del poder, el colonialismo interno, el racismo estructural y la depredación de la naturaleza.
Un programa de esa magnitud no había sido planteado antes en el Ecuador, en esa magnitud, por ninguna fuerza social y política previa.
Su potencialidad se evidenció en su incidencia en el texto de la Constitución del 2008, en el cual seque marcó un hito nacional e internacional; pero, los acontecimientos posteriores demuestran que siendo relevante ese logro, es insuficiente.
Esa es la diferencia sustancial frente a las ofensivas neoliberales entreguistas y también frente a los proyectos de modernización capitalista.
A su vez, plantea un desafío político y teórico para las horas presentes, sobre las agendas específicas para avanzar en la concreción de la plurinacionalidad e interculturalidad en una condición de crisis múltiple.
Kutik Makas Vacacela
Concomitante en el tiempo con el reflujo del llamado progresismo, en el Ecuador, como en otros países de América Latina, se atestigua un impetuoso (re)surgimiento del neoconservadurismo político, en tanto estrategia ideológica y política de reagrupamiento de las clases dominantes alrededor de un movimiento social y cultural que sea capaz de reciclar, promover, amplificar y propagar una narrativa basada en los postulados y prácticas de varias de las más rancias doctrinas que durante el siglo pasado fueron ampliamente cuestionadas y condenadas por estar reñidas con el respeto a los derechos fundamentales, el ejercicio de la democracia, (incluso en términos liberales) y la dignidad humana en general. Así, con el apoyo orgánico de los grandes medios corporativos de comunicación y el empleo de las denominadas redes sociales en el espectro digital, vemos como se lanzan a diario consignas que corean y exaltan los valores y las prácticas de los nacionalismos conservadores, las doctrinas de seguridad del Estado, los axiomas libertarios, el ultra-conservadurismo religioso entre otros.
En otras palabras, la lucha ideológica y política se ha agudizado en momentos, como los actuales, de profunda crisis del modelo capitalista, en cuyo marco se advierte el reavivamiento de una nueva derecha con pretensiones omnímodas, puesto que su enfoque ya no solo se afana por el dominio de la institucionalidad formal como eje de su acción, sino su interés se orienta también a conseguir la definitiva hegemonía cultural en la sociedad, pues las clases dominantes entienden que la disputa en el campo de la cultura política es una materia pendiente para ellos, sobre todo en sociedades como la ecuatoriana con una raigambre popular cultivada desde la lucha y de la conciencia social crítica que ha generado a la larga una identidad política propia.
Entre uno de los aspectos de esta contienda por el sentido común de la sociedad en su conjunto y, que más le interesa atacar a la nueva derecha radicalizada, es el campo de las normas y de los avances jurídicos en materia de garantías y de derechos humanos alcanzados tras años de luchas de varios sectores sociales, como son los movimientos de mujeres, ambientalistas, diversidades sexo-genéricas, niños, niñas y adolescentes, jóvenes y por supuesto los pueblos y nacionalidades indígenas.
El instrumento discursivo que emplea la nueva derecha radicalizada para este efecto, es la negación sistemática de la discriminación estructural hacia dichos sectores replicando la conducta de movimientos ultraderechistas de Europa -como el partido Vox en España, por ejemplo- que consideran las reivindicaciones sociales como excesivas o como el resultado de una mera victimización. Entonces, es inquietante cuando observamos en redes sociales a voceros provenientes de la clase media-alta de ciudades como Quito, exaltando los valores de la hispanidad y la herencia colonial europea, instando a la población a impugnar las demandas de los movimientos sociales, en un contexto de anuncios oficiales de un cambio íntegro del texto constitucional, espacio de nueva redacción que abriría la puerta al desmantelamiento de las conquistas sociales que se consagran en la carta constitucional en vigencia. En otros términos, el propósito de las oligarquías criollas agrupadas en este bloque político de convergencia neoconservadora, es arremeter y restringir los derechos constitucionales logrados a través de la lucha social, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas.
La nueva derecha escoge un enemigo público según la coyuntura: el ataque al feminismo crítico.
Valga remitirse al pasado 8 de marzo con ocasión de la conmemoración del día internacional de la mujer, para observar el despliegue de los relatos anti-feministas por parte de voceros de la nueva derecha radicalizada. Así, la nueva extrema derecha pone sus empeños en aparecer como defensora de los llamados valores tradicionales de la sociedad y, siendo como dicen entonces: ¿de la amenaza de quién o quiénes debería “defendernos” este movimiento redentor de la familia, la tradición y la propiedad?
El juego de esta narrativa recurre al montaje de un atrio moral desde donde posicionarse para juzgar a buenos y a malos, o mejor dicho para segregar entre devotos y enemigos de las “buenas” costumbres tradicionales-coloniales. La nueva extrema derecha criolla se abre un frente entonces contra los movimientos feministas y su trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres por la equidad, la justicia y contra el carácter patriarcal del Estado, considerando además el importante espacio ganado por este movimiento social en su rol de denuncia frente a múltiples violaciones de derechos humanos de las mujeres cometidas por las instituciones represivas del Estado en los últimos años. Sin embargo, se debe resaltar que el repertorio discursivo del que hace gala la new far right criolla es variado y no escatima léxico alguno para la descalificación de su enemigo, llegando incluso a invocar nociones como la feminidad para contraponerla al feminismo, tratando de connotar a este último como una “ideología” ajena y artificial, y a la primera como propia y auténtica de una cultura que debe preciarse de su origen hispano. El uso de las palabras y los calificativos no está exento de intencionalidades políticas y con este artilugio discursivo los radicales de derecha buscan confundir al público y abrir brechas y distancias en la conciencia política de los sectores populares, respecto de las diferentes causas de los movimientos sociales.
Por esto, es preciso señalar que, en las comunidades indígenas –en tanto sector identificado con las luchas de los pueblos- también se celebra y se honra a la feminidad en distintos momentos del ciclo anual, lo cual no implica ignorar la realidad: la discriminación hacia las mujeres persiste y se profundiza en contextos de empobrecimiento, afectando especialmente a mujeres indígenas, afrodescendientes y de sectores populares. A pesar de los avances, la marginación sigue siendo una constante. Por tanto, la nueva-vieja derecha criolla, vestida para este caso con un tauromáquico traje de brillantes luces pro-monárquicas (al estilo Vox) apela al esencialismo racial, reivindicando una supuesta ascendencia europea común de la población ecuatoriana para, desde ese espacio, erigirse como un decidido antagonista de los sectores organizados que representan a las comunidades y colectivos históricamente oprimidos, como el movimiento feminista, y de la trayectoria de sus luchas por el reconocimiento de sus derechos.
En este contexto, no es casual el despliegue, la difusión y la amplificación de este tipo de narrativas anti-derechos, o más bien dicho anti-movimientos sociales en nombre de la defensa del orden y la preservación de unos supuestos valores tradicionales y en contra de lo que ellos denominan los excesos del feminismo. Entonces, aquí cabe reflexionar, si la nueva extrema derecha se ha constituido alrededor de esta narrativa anti-movimientos, en su perspectiva está la apertura de varios frentes en su gran cruzada cultural y, dependiendo de la coyuntura, el embate les llegará (si es que ya no les llegó) a las organizaciones ambientalistas, al movimiento indígena, a los colectivos de jóvenes y a otros. Sin embargo, la mirada fija de la nueva extrema derecha parece estar puesta en impregnar el texto de la pretendida nueva constitución, con el carácter de clase que representa a sus intereses y embeberla totalmente de su propia hegemonía ideológico-cultural, considerando las futuras contiendas a librar con los movimientos sociales. Así, el espacio digital sobre todo, se ha convertido en el campo de batalla preferido en donde a diario proliferan las cuentas falsas, los trolls y toda clase de opinadores, dispuestos al descrédito y la deslegitimación de los movimientos sociales y sus demandas, con el único propósito de provocar su debilitamiento y su descalificación como actores válidos en la esfera del debate público, con lo cual se allanaría el camino para la anulación y eliminación de las garantías y derechos constitucionales alcanzados por dichos movimientos gracias a largos procesos de movilización social.
La nueva extrema derecha y su cruzada en contra del movimiento indígena ecuatoriano
Por lo dicho hasta aquí, no debe sorprender que la derecha radicalizada criolla tenga como otro de sus objetivos estratégicos la eliminación del movimiento indígena, por cuanto dentro de los movimientos sociales es el que ha liderado y posicionado las demandas de los diferentes sectores sociales, sobre la base de su estructura organizativa en la que fundamenta su fortaleza para la movilización de masas y en un proyecto político propio construido a golpe de resistencia frente a la opresión colonial de siglos, primero ejercida por parte de los españoles y luego, hasta la actualidad, por parte de las clases dominantes criollas.
En tiempos electorales presidenciales como el actual momento, el impulso de la nueva extrema derecha criolla se intensifica y, valiéndose de la polarización político-electoral correismo-anticorreismo, potenciada en estos últimos diez años al menos, sus relatos se amplifican por las redes sociales y se reproducen a gran escala mediante granjas de desinformación con el propósito de orientar a la opinión pública hacia la adopción de sus postulados ultras, apelando a la burla y a la degradación del debate.
En este escenario, los espacios de discusión internos del movimiento indígena no están exentos de intromisiones. Algunos participantes del movimiento, de manera consciente o no, han asumido el papel de trolls, replicando justamente los discursos hegemónicos de la gran prensa corporativa y la propaganda de la nueva extrema derecha que saturan los medios de comunicación masivos y el espacio digital.
Los sectores dominantes han comprendido que la lucha cultural en el campo político les es o les era desfavorable, sin embargo, hoy buscan colonizarlo con los mecanismos e instrumentos derivados del tipo de retórica antes señalada. Por lo cual, en contraposición a la degradación que pretenden provocar las narrativas de la nueva derecha, los espacios del movimiento indígena demandan un debate serio y argumentado. No basta con reproducir lo que dictan los medios empresariales o los chismes virales de las redes sociales. La construcción de pensamiento crítico requiere compromiso con la profundidad del análisis y con los principios que han guiado históricamente la lucha de los pueblos indígenas.
Además, frente a los discursos que exacerban la libertad individual -como el del emprendedurismo o el del libre pensador político aislado, por ejemplo- profesados por la derecha radicalizada en este nuevo embate político-ideológico, es necesario entender la naturaleza de las organizaciones sociales. Estas no son empresas privadas ni instituciones estatales donde se cumplen horarios o se obedecen órdenes jerárquicas. Quien como individuo no se sienta identificado con estos espacios, tiene plena libertad de buscar otros ámbitos donde su percepción de libertad no se vea afectada. Paradójicamente, esta misma noción de libertad individual hace que algunos integrantes de los foros internos del movimiento indígena presenten ciertas señales de una disonancia cognitiva que pone en contradicción la relación entre libertad y actividad laboral, pues parecen haber internalizado dinámicas institucionales que los llevan a concebir la participación en colectivos como una obligación o un mandato institucional, en lugar de un ejercicio de construcción colectiva.
Además, esta retórica de ultraderecha proveniente de los sectores dominantes, ha servido también para que ciertos actores profundicen la fragmentación dentro del movimiento indígena, pues encasillan sus demandas o empeños al estrecho límite de la institucionalidad creada por las demandas del movimiento indígena en el aparato estatal. Entonces, resulta inconcebible como algunos que ocuparon u ocupan estos espacios, en lugar de fortalecer el proceso organizativo, han asumido un rol opositor al movimiento, distanciándose de sus raíces y como no, reproducen el relato de la polarización de la ultraderecha.
Las luchas de los pueblos indígenas y de otros sectores históricamente excluidos siguen enfrentando desafíos y, la contienda por los significados en el campo de la cultura política se encuentra en plena disputa, frente a la conducta de unos sectores dominantes cada vez más agresivos y violentos, dispuestos a reprimir por todos los medios al movimiento indígena. Al mismo tiempo, se debe encarar con sabiduría, diálogo y construcción de pensamiento colectivo las contradicciones internas. Sin embargo, a pesar de los desafíos como los que plantea este nuevo escenario en la lucha dentro del campo ideológico la historia demuestra que la organización y la resistencia han sido clave para avanzar en derechos y visibilizar problemáticas largamente ignoradas. La pregunta que queda es: ¿seremos capaces de sostener estos espacios de lucha por los sentidos y los significados sin perder de vista su razón de ser?
El 30 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane contra Ecuador. El caso se centra en la responsabilidad del Estado ecuatoriano por violaciones de derechos humanos cometidas contra estos pueblos en aislamiento voluntario, ubicados en la Amazonía ecuatoriana. La controversia incluye la falta de protección territorial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y la falta de investigación efectiva en tres eventos de violencia extrema, en 2003, 2006 y 2013, que resultaron en la masacre de múltiples miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Además, la sentencia aborda la desprotección de dos niñas sobrevivientes del ataque de 2013, quienes fueron secuestradas por los atacantes y sometidas a situaciones de violencia y aislamiento sin medidas de protección adecuadas.
Reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado ecuatoriano
Ecuador reconoció su responsabilidad internacional de manera parcial, limitándose a aceptar la falta de debida diligencia en las investigaciones de los ataques de 2003 y 2006 contra los pueblos Tagaeri y Taromenane, por lo que se declaró responsable de violaciones a los derechos a las garantías judiciales (art. 8.1) y a la protección judicial (art. 25.1), en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte consideró este reconocimiento insuficiente, ya que el Estado no aceptó su responsabilidad por las masacres de 2013 ni por la situación de las dos niñas sobrevivientes de estos pueblos indígenas en aislamiento.
Decisión de la Corte Interamericana
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional de Ecuador por violaciones a los siguientes derechos:
Reparaciones y medidas de no repetición ordenadas por la Corte
La CIDH emitió una serie de reparaciones y medidas de no repetición que Ecuador debe adoptar:
Reflexión final Esta sentencia marca un precedente clave en la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario y evidencia el fracaso del Estado ecuatoriano en garantizar su supervivencia. Sin embargo, su omisión en relación con la masacre de 2013 deja una grieta en la verdad y la justicia para los pueblos Tagaeri y Taromenane. La decisión de la Corte reafirma la importancia de los derechos de los pueblos en aislamiento y la necesidad de que el Estado garantice su seguridad y su territorio libre de extractivismo y amenazas externas.
[1] Nota de reseña elaborada por el Equipo Editorial del ICCI y ChatGPT.
