By icciec2024
Equipo Editorial ICCI
Al finalizar el año 2024, el pueblo afroecuatoriano ha presentado una acción de protección por el llamado «etnocidio estadístico» en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. En el Censo de 2010, la población auto reconocida afroecuatoriana alcanzó el 7.2%, siendo que, en el reciente de 2022, se registrarían apenas el 4.8%. Este descenso poblacional, a todas luces inentendible, salvo por negligencia gravísima estatal o acción de exterminio físico a casi la mitad de su población; se ha pretendido explicar esta situación apelando a fallas de tipo metodológico y operativas del INEC, más desde la actoría del movimiento afroecuatoriano, se denota como un acto de racismo estructural y de discriminación. Los resultados del proceso censal se presentan como actos de vulneración de los derechos constitucionales que garantizan a las comunidades del pueblo afroecuatoriano su autodeterminación, igualdad y no discriminación; así como, el acceso a datos confiables para la generación e implementación de políticas públicas que justamente aproxime a la democracia a las y los miembros de este importante colectivo.
La acción de protección evidencia como principales irregularidades: la falta del proceso de consulta previa al pueblo afroecuatoriano en la fase de diseño, en las campañas de sensibilización y en la planificación censal para el fortalecimiento de los procesos de autoidentificación; también expone la omisión en el empadronamiento en áreas con alta concentración afroecuatoriana, cuando de hecho el estado debe realizar estos procesos en el marco de su caracterización de constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural, con la implementación de los estándares más altos en lo técnico; y, jamás anteponiendo la supuesta condición de peligrosas de dichas áreas. Otra gravísima omisión es la desactualización cartográfica en territorios ancestrales.
La acción presentada por las organizaciones del pueblo afroecuatoriano, asimismo, hablan de los impactos que está teniendo el Censo 2022, pues la gravísima reducción de representación estadística afecta la asignación de recursos públicos, planes educativos (como la
etnoeducación) y representación política. En segundo lugar, se estarían reforzando prácticas discriminatorias al invisibilizar al pueblo afroecuatoriano.
La acción de protección demanda la garantía estatal alrededor de los datos que maneja la institucionalidad pública, exigiendo la corrección de los datos censales y la implementación de políticas públicas inclusivas. Asimismo, exige la reparación por las omisiones que perpetúan desigualdades. Esta acción subraya la necesidad de reconocer y proteger la diversidad étnica como base del Estado plurinacional e intercultural del Ecuador.
Como Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, convencidos de la propuesta de Plurinacionalidad e Interculturalidad; nos sumamos a las demandas del Pueblo Afroecuatoriano quien interviene dignamente como sujeto de sus derechos constitucionales, y como una actoría fundamental en la vida y el trazado del futuro nacional. Exhortamos a la Corte Constitucional ecuatoriana que analice la demanda y provea de la sentencia que repare la grave conculcación de derechos que el INEC, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República ha realizado en contra del pueblo afroecuatoriana por las omisiones y vulneraciones a sus derechos en torno al proceso censal 2022.
De otra parte, también entendemos como parte del racismo estatal y aclaramos que la ola excluyente, racializante, de estigmatizar las luchas de los pueblos y nacionalidades; así como, de considerar zonas de peligro los espacios de vida afroecuatoriano, constituyen un flagrante atentado que se encuentra perpetrando el estado al reproducir desigualdades en su accionar que no solo descuida, sino que está en contra del desarrollo de la población diversa e intercultural.
Finalmente, demandamos que la CC nutra su decisión de estudios del más alto nivel científico en cuanto a estadísticas comparativas de los censos 2010 y 2022; establezca de manera técnica cumpliendo con el rol de estado miembro del concierto internacional de los derechos humanos, los Mapas o listas de territorios omitidos por considerarse peligrosos, que tienen alta concentración de población afrodescendiente; garantice la integridad de los derechos constitucionales, así como de los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Durban, que refuercen las obligaciones del Estado; y, el repertorio integro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El proceso requiere de una reversión radical de la acción estatal conducente a que el proceso censal se realice de forma íntegramente transparente y participativa, garantizando el rol protagónico del pueblo afroecuatoriano; que la generación de toda política pública, regulación normativa o creación-recreación legislativa se base en los datos del Censo 2010, mientras se corrigen las inconsistencias actuales. La sentencia podrá devenir en un proceso de educación y sensibilización sobre el racismo estructural, al tiempo que fortalezca la autoidentificación étnica entre los agentes censales y los ciudadanos.
Se ha cumplido un año desde que el presidente ecuatoriano declarase el “conflicto armado interno” mediante decreto en un contexto dramático de violencia. En este boletín queremos proponer y promover la discusión sobre lo que supone la salida violenta a la violencia, recordando al maestro de la ciencia ficción norteamericano, Isaac Asimov cuando de cara a la defensa de la especie humana y las diversas formas de gobernar sociedades, el líder de la Fundación dice “la violencia es el último recurso de los incompetentes”.
Entre los contenidos preparados para este boletín, tras la abrupta y triste partida del compañero Raúl Ilaquiche, hemos releído dos de sus múltiples colaboraciones al Instituto, publicadas en la revista Yachaykuna hace varios años. A la par de reseñar los artículos, realizamos una semblanza de este líder, pensador y propiciador de sueños y caminos. Paz en tu tumba, querido Raúl.
En un siguiente espacio, recogemos el texto de la Presidenta de la CEOSL, Marcela Arellano, sobre la lacerante realidad que han vivido generaciones de hombres y mujeres sometidos a “esclavitud moderna” en las plantaciones de abaca, de la empresa Furukawa. Este frontal artículo debe hacerse carne de la lucha diaria por condiciones dignas de trabajo para todas y todos, tanto como para mantener la vigilancia del cumplimiento de las decisiones que suponen memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.
En el último texto, con María Luiza Muniz, queremos honrar la memoria de Ismael, Josue, Nehemías y Steven, pero también interpelar la implicación de un estado gobernado por quienes niegan el futuro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; ¿qué futuro están construyendo al satanizar, perseguir con sesgo y discrimen racial y de clase?; ¿con quiénes estamos construyendo el futuro del Ecuador cuando permitimos que maten y rematen en los medios y las redes sociales desde el extremo del racismo, el desprecio?
¡Somos Ismael, Nehemías, Josué y Steven, por siempre¡
RAÚL ILAQUICHE, UNA VIDA DESDE, EN Y CON LA COMUNIDAD
Equipo Editorial ICCI
El compañero Raúl Ilaquiche acompañaba siendo un joven estudiante universitario el esfuerzo de escuela de formación política en su natal Tigua, al cual desde el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas tuvo el honor de apoyar con un proceso de diálogo alrededor del proceso organizativo de la CONAIE. En esa ocasión en medio de una brumosa mañana, decenas de jóvenes llevando su contribución monetaria para la alimentación del conjunto de dicentes y de los acompañantes, estuvimos pendientes de las palabras del tayta Luis Macas, quien tiza en mano, en kichwa y en español, nos fue explicando cual ha sido la forma de ir construyendo los
epistemes, nos permitía ir evocando y reflexionando sobre cómo el conocimiento se desarrolla y se transmite en un contexto cultural y histórico de nuestro territorio considerando las dimensiones ecológicas, sociales, culturales y simbólicas; así como, considerábamos la importancia de la palabra, la relacionalidad, la ciclicidad del tiempo, la reciprocidad y los conocimientos ancestrales.
Poco después se nos sobrevino la posibilidad de retomar el trabajo de investigación, diálogo y publicaciones como ICCI, proceso en el cual Raúl fue un permanente invitado a la discusión que analizaba sobre temas en ese tiempo bastante pioneros. Desde la propuesta política del movimiento indígena ecuatoriano, mucho se iba debatiendo alrededor de las dimensiones, retos y alcances de la plurinacionalidad. Los temas vinculados con los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, eran bastante recientes, apenas en 1998 la Asamblea Constituyente incluyó el repertorio de los principales, de la mano de asambleístas indígenas y de compañeros comprometidos que siguieron tanto el “mandato” de la organización, como recogieron tantos debates. En esa época, de Raúl teníamos siempre criterios respetuosos, profundidad en sus opiniones, comedimiento en el debate, inquietudes de esa generación tan bonita que parecía de auténticos descubridores. Gracias a la emergencia del movimiento indígena con su Proyecto Político de la Plurinacionalidad, todo lo que habíamos estudiado en la universidad nos merecía interpelaciones, encuentros de nuevos paradigmas de interpretación, claridad crítica para apuntalar desde los procesos comunitarios, con voces que de forma leal denotaban, “decían” lo que han dicho por generaciones desde los pueblos y nacionalidades, frente al silenciamiento colonial y racializado.
Raúl también escribió para las publicaciones del ICCI. En el presente boletín Rimay, presentamos una breve reseña de su artículo sobre Ciudadanía y Pueblos Indígenas, publicado en el boletín No. 22, de enero del 2001. También reseñamos, su contribución para la Revista Yachaikuna No. 1, de marzo de 2001, llamada “Administración de Justicia Indígena en la ciudad: un estudio de caso”.
En ambos textos podemos visualizar la madurez y rigor con las que Raúl, siendo muy joven investigaba y aportaba para la construcción teórica desde, en y para los procesos de los pueblos y nacionalidades, y tal como ha ocurrido estas últimas décadas, aportando con propuestas para un Ecuador más democrático en su plurinacionalidad, interculturalidad y diversidad.
Ciudadanía y pueblos indígenas
El artículo de Raúl Ilaquiche, titulado «Ciudadanía y pueblos indígenas», examina la relación histórica entre los conceptos de ciudadanía en el Ecuador y las luchas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos diferenciados. Publicado en 2001, este texto se enmarca en el contexto de las transformaciones políticas impulsadas por el movimiento indígena en las décadas previas, especialmente en la Constitución de 1998.
La ciudadanía, según Ilaquiche, ha sido un concepto históricamente excluyente en el Ecuador, diseñado para privilegiar a los sectores blanco-mestizos y marginar a los pueblos indígenas. Desde la independencia, los indígenas fueron integrados como ciudadanos formales bajo términos jurídicos desiguales, pero se les negaron derechos reales, considerándolos incapaces o inferiores. Esta exclusión estructural se reflejó en una legislación que ignoró las particularidades culturales y colectivas de estos pueblos.
En las décadas finales del siglo XX, gracias a la organización del movimiento indígena, se lograron avances significativos. La Constitución de 1998 marcó un hito al reconocer a los pueblos indígenas como entidades colectivas con derechos específicos. Este marco incluyó la plurinacionalidad, los derechos colectivos, la administración de justicia comunitaria, y la creación de circunscripciones territoriales indígenas como espacios para ejercer su autonomía.
Ilaquiche subraya que estas reformas no solo redefinieron la noción de ciudadanía en el Ecuador, sino que también desafiaron el modelo tradicional de ciudadanía universal. Propone el concepto de «ciudadanía diferenciada», que integra las identidades culturales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, respetando su autonomía dentro de un marco nacional.
El artículo concluye destacando que el reconocimiento legal es solo un paso en un proceso más amplio de transformación social. Las luchas indígenas no solo han ampliado el concepto de ciudadanía, sino que también han abierto debates sobre la representación política, la identidad y la justicia social, contribuyendo a reconfigurar el Estado ecuatoriano como un espacio plurinacional y diverso.
El texto rinde homenaje a las movilizaciones indígenas y su impacto en la construcción de un Ecuador más inclusivo. Es un llamado a comprender la ciudadanía no solo como un estatus jurídico, sino como una práctica política viva que responde a las realidades de los diversos grupos que componen una sociedad.
Administración de justicia indígena en la ciudad: Estudio de un caso
El artículo «Administración de justicia indígena en la ciudad: Estudio de un caso» de Raúl Ilaquiche, publicado en 2001 en la revista Yachaykuna, analiza cómo los sistemas normativos indígenas se adaptan y persisten en contextos urbanos, ejemplificado por un caso práctico en la ciudad de Quito.
Ilaquiche explora la administración de justicia indígena como una práctica basada en el derecho consuetudinario, sostenida por autoridades comunitarias que resuelven conflictos de manera eficaz, económica y culturalmente adecuada. Subraya la tensión entre el sistema jurídico estatal, homogéneo y coercitivo, y los sistemas normativos indígenas, que priorizan la oralidad, la flexibilidad y la participación colectiva.
El artículo detalla los procedimientos propios de la justicia indígena, desde la denuncia y la investigación hasta las audiencias orales, donde se imponen sanciones que buscan restaurar la armonía social, como multas simbólicas o actos de reconciliación. A través del análisis de un caso de conflicto en la Asociación de Estibadores de Tigua en Quito, se evidencia cómo las comunidades indígenas urbanas mantienen sus prácticas de justicia, pese a la falta de reconocimiento legal pleno en contextos no rurales.
Ilaquiche destaca la importancia del pluralismo jurídico incorporado en la Constitución de 1998, que reconoce a las autoridades indígenas la facultad de administrar justicia en sus territorios. No obstante, subraya la necesidad de avanzar en la definición de jurisdicciones y competencias en contextos urbanos para consolidar la autonomía indígena.
El texto enfatiza que, incluso en entornos urbanos, la justicia indígena es un mecanismo eficaz para garantizar la cohesión social y la identidad cultural, al tiempo que representa un desafío al modelo de justicia estatal. Ilaquiche plantea un llamado a fortalecer estos sistemas, alineándolos con las disposiciones constitucionales y respetando la diversidad cultural del Ecuador.
Marcela Arellano
Los trabajadores de Furukawa comparten historias de vida que revelan una dura realidad: muchos han estado laborando desde los 12 años, y algunos han dedicado toda su vida a esta empresa, llevando a sus familias a compartir su destino. En Ecuador, este fenómeno es lamentablemente común. Mientras que en las ciudades se ha comenzado a construir una relación laboral más justa, en el campo persiste una dinámica de explotación que se asemeja a relaciones feudales. La mayoría de quienes permanecen en la agroindustria aún identifican al patrón como el proveedor, lo que dificulta la comprensión de sus derechos laborales.
La población de Furukawa vive en condiciones extremadamente precarias, con altos índices de analfabetismo. Por ello, la intervención no puede ser exclusivamente sindical ni centrarse únicamente en los derechos humanos. Es fundamental adoptar un enfoque multidimensional,
pero el tiempo apremia y muchos trabajadores están siendo despedidos debido a la falta de protección estatal y a la inacción de instituciones como el Ministerio de Trabajo. Lo lógico sería intervenir en la empresa y devolverla a los trabajadores como compensación por años de explotación. Esto implicaría entregarles los terrenos y organizar cooperativas que permitan una reparación histórica.
Estamos trabajando en dos áreas clave. Primero, promovemos la asociatividad entre los ex trabajadores, buscando que se organicen para luchar por sus derechos laborales. Este reconocimiento debe incluir el pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la obtención de indemnizaciones por los años de trabajo no reconocido. El Estado debe respaldar esta asociación para implementar las resoluciones necesarias que beneficien a los 1,200 trabajadores afectados, y no solo a un grupo reducido de 130.
En segundo lugar, es esencial humanizar a la población. Junto con la asociatividad, planteamos trabajar en salud y alfabetización, diseñando un plan en colaboración con CEOSL y otras organizaciones. Entendiendo que esta intervención debe ser integral , que permita reconocer los derechos humanos de los trabajadores, por ello consideramos que la respuesta a esta problemática debe involucrar a múltiples actores y organizaciones como por ejemplo el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Aquellos que han estado trabajando con los compañeros y que están comprometidos con los procesos de formación de la CEOSL están compartiendo sus experiencias sobre cómo superar esta situación.
La CEOSL ha defendido los contratos colectivos y los pocos sindicatos existentes, pero ha descuidado la sindicalización en el sector privado y la agroindustria. Es crucial que la sindicalización no sea vista como un acto asistencialista; requiere la participación activa de los trabajadores. La situación de Furukawa no es un caso aislado; representa una problemática generalizada en la agroindustria, donde con el respaldo del Estado se está explotando a los trabajadores, lo que se traduce en una forma de esclavitud moderna.
Es fundamental lograr que los trabajadores se organicen y que se impulse la legalización de sindicatos por rama. Actualmente, hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que busca facilitar esta organización, pero enfrenta la oposición de empresarios agroindustriales y del Ministerio de Trabajo.
Después del primer curso de formación, algunos compañeros se sintieron abrumados y callados, pensando que los demás participantes eran profesionales. Les recordé que todos somos trabajadores, independientemente de nuestras experiencias. En el siguiente proceso de formación, comenzaron a hablar sobre su situación, no desde la revictimización, sino exponiendo la explotación que han sufrido y lo que están haciendo para mejorar sus condiciones laborales.
Es necesario canalizar la frustración que sienten para organizarse y movilizarse. Nosotros estamos aquí para acompañar este proceso. Actualmente, hay desconfianza en el movimiento sindical, ya que el enfoque se centró en la defensa de los derechos de quienes ya está afiliados a los sindicatos, en lugar de mirar hacia quienes lo han perdido todo. Estamos tratando de sindicalizar a trabajadores en total exclusión. Hemos logrado establecer sindicatos para trabajadores remunerados del hogar, quienes ahora tienen negociación colectiva.
Es crucial visibilizar las condiciones de vida de estos trabajadores. No podemos limitar la lucha sindical a la industria y la ciudad; los sindicatos han demostrado capacidad para pelear por condiciones laborales y por la propiedad de la tierra. En Furukawa, la lucha debe centrarse en la propiedad de la tierra y la creación de cooperativas. Esta no es solo una cuestión de condiciones
laborales, sino de justicia y dignidad para todos los trabajadores agroindustriales. Furukawa puede convertirse en un ejemplo en esta lucha, donde los compañeros peleen por su trabajo, que es la tierra, y por el reconocimiento de su condición como trabajadores.
¿DEMOCRACIA O AUTORITARISMO? LAS DESAPARICIONES FORZADAS COMO CRIMEN DE ESTADO EN LA ERA DE LA ‘POLÍTICA DE SEGURIDAD’
Maria Luiza Muniz
El primero año de Noboa se ha caracterizado por un barniz democrático sobre las ásperas prácticas autoritarias, bajo el contexto forjado de un “conflicto armado interno”. Guilhermo O’Donnell, especialista en el autoritarismo latinoamericano, supo proponer en el pasado el término dictablandas para hablar de regímenes híbridos, en una combinación de elementos democráticos y autoritarios. Sin embargo, ciertas palabras acaban suavizando o disfrazando algo que debe ser nombrado y visibilizado. Eso porque no son blandas las memorias de la familia Restrepo, revividas en espacios públicos, recordando el autoritarismo del gobierno de León Febres-Cordero.
Tampoco serán recordadas como blandas las desapariciones forzadas de los cuatro niños de Las Malvinas (Guayaquil), que han sido dejados a 40 km de sus casas por militares del Estado ecuatoriano y tuvieron sus cuerpos calcinados y encontrados con señales de tortura. Es igualmente clave visibilizar los riesgos – mal escondidos bajo aquel barniz democrático –, de utilizar la “política de seguridad” como salvoconducto para acciones ilegales o para la ausencia de transparencia en el manejo de recursos públicos, como en el caso de los controversiales procesos reservados para la construcción de estructuras en un sistema carcelario masificado, coadyuvante en diversas formas de “desaparición”.
El barniz de la “política de seguridad”
La ausencia del debido proceso legal no es excepcional, es parte de un modus operandi.
En los últimos meses, Ecuador ha vivido la conmoción nacional por la desaparición forzada, tortura y calcinación de Josué e Ismael Arroyo, ambos hermanos de 14 y 15 años; y sus amigos, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años. Christian Paula, abogado especializado en Derechos Humanos (DDHH) y docente universitario, explica que “se configura Delito de Estado porque la desaparición forzada la hizo las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAA), agentes estatales en ejercicio de sus funciones, sin seguir el
debido proceso para la detención”.
Antes que la violación a los derechos humanos llegará a los tópicos más comentados en la Internet, el aumento en la temperatura de las movilizaciones sociales ya se sentía virtualmente y desde el cantón de Archidona, en la provincia amazónica de Napo. La población local se puso en vigilia permanente durante 15 días, en contra de la construcción de “mega cárceles” millonarias, denunciando la falta de transparencia, sobre todo por su ubicación junto a territorios indígenas, sin ningún proceso de consulta.
Con estos antecedentes y tantos otros que van ganando espacio entre voceros de organizaciones de derechos humanos y medios alternativos, se evidencia el apuro pre electoral de Daniel Noboa, cuyas medidas represivas en contra del “conflicto armado interno” han representado un atropello a derechos constitucionales e internacionales.
Quedan expuestos los riesgos de utilizar la “política de seguridad” como salvoconducto para acciones ilegales; sean las detenciones arbitrarias o los procesos reservados para construir las estructuras de un sistema carcelario masificado.
Faltando pocas semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Noboa se ha esforzado por dejar huellas de su “política de seguridad”, marcada por un año de medidas excepcionales, que han sido sustentadas por una fórmula recurrente: presentar la mano dura del Estado como arma contra la violencia.
En Ecuador, el “conflicto armado interno”, enunciado al inicio del año 2024, conllevo una mejora sobre la sensación de inseguridad que creció en los últimos años, desbordándose de los centros urbanos, hacia los pueblos menos poblados. En diversos frentes de batalla, el mandatario anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, hecho recibido con entusiasmo punitivista por parte de la población ecuatoriana, ansiosa por soluciones rápidas y palpables.
Sin embargo, la posibilidad de tener en el vecindario una de las estructuras carcelarias anunciadas por Noboa se ha hecho demasiado palpable para la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy, en la provincia costeña de Santa Elena, y para la ciudadanía de Archidona, provincia Amazónica de Napo, en gran parte formada por comunidades indígenas, quienes estuvieron en vigilia durante 15 días, en contra lo que sería un grave impacto socio-ambiental y cultural.
En la tarde del lunes 16 de diciembre, la noticia sobre la reubicación de la mega cárcel de Archidona en Salinas, provincia de Santa Elena, prometía un aliento a la población amazónica tras varios días de movilizaciones; al tiempo que se cambiaba el conflicto a la turística Salinas, donde el noticiario indica la intensificación de una guerra interna que involucra a pescadores pobres y a poderosos narcotraficantes de bandas como Los Choneros o Los Lobos.
La preocupación gira alrededor del incumplimiento de los tiempos necesarios para el debido proceso de consulta previa a pueblos originarios – en el caso de Archidona (temporalmente suspendido) y de la Comuna Ancestral Bajada de Chanduy. En el contexto pre electoral de entonces, tampoco hubo espacio para trámites licitatorios, destinados a impedir arbitrariedades y abusos en la contratación pública, favoreciendo acuerdos de escasa transparencia como el realizado con la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria de una controversial estatal china, la China Road and Bridge Corporation (CRBC).
¿Un ‘Bukele ecuatoriano’? Diferentes formas de desaparición…
Noboa no es Bukele, y esta es la parte buena de la historia, ya que la política de encarcelamiento masivo del presidente de El Salvador ha sido previamente criticada en otros países, como en el caso brasileño, con la tercera población encarcelada del mundo, más de 800 mil presos, de los cuales 70% son afrodescendientes (Fuente: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023). Lo que se está prometiendo implementar en Ecuador es un modelo carcelario masivo que suele actuar como coadyuvante de las diversas formas de “desaparición”. Se trata de un modus operandi ya previamente implementado y criticado en otros países.
El 10 de diciembre, dos días después de la desaparición de los niños de Guayaquil, antes que fuera conocido el bárbaro desenlace en el último día del año (2024), organizaciones y colectivos del pueblo afro ecuatoriano llamaban la atención sobre un “etnocidio estadístico” en el último censo nacional realizado en 2022, donde figura que apenas un 4,8 % de la población se definió como afrodescendiente, respondiendo a la pregunta de autoidentificación étnica.
La denuncia apuntaba a la subrepresentación de la comunidad afroecuatoriana entre 2010 y 2022, pasando de un 7,2 % a un 4,8 % del total de la población, por debajo de los mestizos (77,5 %), indígenas (7,7 %) y montubios (7,7 %). Las diferentes formas de invisibilizar a todo un pueblo como parte de la ciudadanía en un Estado supuestamente plurinacional hacen que este pueblo desaparezca; y, no solo en las estadísticas.
En 2024, Ecuador experimentó un estado de excepción constante, oficialmente justificado por la crisis carcelaria y el avance de las bandas criminales.
En 2024, Ecuador experimentó un estado de excepción constante, oficialmente justificado por la crisis carcelaria y el avance de las bandas criminales. Sin embargo, varios expertos sostienen que una política eficaz y sostenible para combatir el narcotráfico y el hacinamiento en las prisiones debe adoptar un enfoque diferente al del encarcelamiento masivo, que ha ganado terreno en la prensa sensacionalista y en gobiernos que promueven el populismo penal.
En pocas palabras: invertir en el encarcelamiento masivo es una inversión en la violencia. Este es el diagnóstico repetido por Camila Caldeira Nunes Dias, con larga trayectoria investigativa sobre temas como el sistema penitenciario, crimen organizado, seguridad pública y violencia criminal. Desde el complejo caso brasileño, la investigadora es asertiva al afirmar que, en ningún lugar del mundo, jamás, las prisiones han demostrado una eficiencia en la reducción del crimen o de la violencia.
La entrada del Ecuador en el ranking de los países más violentos del mundo es un fenómeno relativamente reciente. En 2023, el Ecuador fue clasificado como el 11º país más violento del mundo según el Índice Global de Crimen Organizado, de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC). Luego, vale mirar la realidad de países que han convivido durante más tiempo con los dilemas del combate a la violencia en general, y particularmente los problemas de un sistema carcelario que se retroalimenta de las abultadas inversiones, tanto publicas cuanto del capital privado.
Según Luis Córdova, director del Programa de Investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, hay bastante incoherencia en la decisión de construir cárceles al mismo tiempo que se mantiene la política de “guerra interna y el apresamiento masivo que se dio al inicio del año según las cifras del gobierno”. Córdova analiza que la intención sería de “reestratificar a las personas privadas de libertad (PPL) y aislar a los más peligrosos”, pero “no se está resolviendo el problema del hacinamiento, en verdad se está agravando, ya que el gobierno detiene a más personas en el contexto del conflicto armado interno, alimentando aún más a la población carcelaria”. El investigador observa que la incoherencia diagnosticada “nos muestra que no hay una política, una estrategia, no hay un plan, lo que hay es un montón de decisiones alocadas que no guardan coherencia de unas con otras y más parecen poner paños fríos a los problemas que alcanzan altas temperaturas”.
Sin embargo, Córdova no clasifica a las cárceles anunciadas por Noboa como un ejemplo comparable al “modelo bukelista”, diferenciando lo que serían las “mini cárceles” proyectadas con capacidad para alrededor de 800 PPL y las mega cárceles para 40 mil reos que han sido ostentadas como la solución del mandatario salvadoreño para reducir los índices de violencia y criminalidad en su país. “No creo que es un modelo bukelista desde este punto de vista. No se trata de un modelo de encarcelamiento masivo, sino más bien de profundizar la privatización carcelaria a partir de una segmentación de la población y lo que intentarían es crear dos recintos carcelarios para llevar a quienes ellos consideran objetivos de alto valor, cabecillas de las pandillas o de las organizaciones criminales” indica Córdova.
Si bien las cárceles anunciadas en la gestión de Noboa no alcanzan la magnitud del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, con sus 116 hectáreas, la falta de información y transparencia desde los procesos de contratación nos permiten establecer algunas similitudes. Un reportaje detallado de la BBC informa que, poco tiempo después de su funcionamiento, el CECOT ya se había convertido en un símbolo de aislamiento, con varias acusaciones sobre la falta de transparencia en el régimen de excepción impuesto, en marzo de 2022, tras el registro de 76 asesinatos en apenas 48 horas.
Desde el inicio del régimen de excepción, casi 70 mil personas han sido detenidas, con la suspensión de garantías y denuncias de graves infracciones en contra de los derechos humanos, incluyendo prisiones arbitrarias, tortura y muertes. Miles de salvadoreños, según el reportaje, han estado por varios meses sin noticias de sus familiares, reforzando la similitud con el caso ecuatoriano en un punto clave: el silencio y la falta de transparencia permiten a los funcionarios del Estado gozar de un salvoconducto amplio e supuestamente irrestricto, un peligro para cualquier democracia.
“Lo que sí podemos decir es que hay un enorme manto de silencio, de sigilo, que intenta ocultar las contrataciones, pero no solo del sistema carcelario, hay el decreto 206 del presidente Noboa, de 21 de marzo de 2024, que declaró como reservada toda la información relativa a contrataciones en el sector público, entonces no es apenas el sector carcelario, pero todo el sector público de seguridad, lo cual involucran las cárceles, la policía, los militares” – dice Córdova, para quien esto impide que periodistas, sociedad civil o academia, puedan observar cómo, de qué manera, y en qué se están invirtiendo los recursos,
generando un “enorme negocio de la inseguridad”.
“Si tomamos en cuenta los últimos informes de Insight Crime sobre la situación en Ecuador, queda bastante claro que mientras no se logre abrir a los familiares, en primer lugar, no se va a desactivar la violencia interna en las cárceles, mientras no se logre reducir drásticamente el número de presos para mitigar y eliminar el hacinamiento, los mecanismos del negocio que son las cárceles no serán eliminados”.
En medio de un régimen de silencio, las comunidades de Archidona y Santa Elena fueron sorprendidas por la llegada de una “mega” construcción, al menos para los patrones locales, donde están ubicadas comunidades dedicadas al turismo, que mantienen su cultura con elementos ancestrales. El documento disponible en la página de Compras Públicas asegura que las obras en el caso de Archidona (suspendido tras los 15 días de protestas) contaba con los “debidos estudios y diseños definitivos, pero que los mismos son reservados”, razón por la cual quedan dudas sobre el valor de la contratación: US$ 55 millones de dólares.
“Desarrollo” y “seguridad”: ¿salvoconductos para la ilegalidad?
Tras 15 días de protestas, el proceso licitatorio fue declarado desierto la construcción del Centro de Privación de Libertad en Archidona, quedan algunas inquietudes entre los moradores de la provincia amazónica de Napo, particularmente debido a la ofensiva de la minería industrial sin los debidos procesos de consulta previa, libre e informada. Las mismas inquietudes que se multiplican entre moradores de Victoria de Portete y Tarqui, que recibieron más de un centenar de policías y militares a los primeros días de enero, para la realización de una supuesta “consulta previa”, realizada con 30 personas vinculadas a la minera canadiense DPM y, contradiciendo la previa expresión mayoritaria de la consulta popular de Girón y Cuenca.
Son eventos que siguen el mismo guion trazado por el Decreto presidencial 754. Este instrumento de legislación adoptado por el poder ejecutivo, ha ignorado los derechos colectivos de los comuneros de los cantones Las Naves y Sigchos, cuyos territorios fueron ocupados a mediados de 2024 por fuerzas militares y policiales, asignadas para garantizar la concesión minera a la empresa canadiense Atico Mining Corporation, que debe ocupar una superficie territorial de 2.222 hectáreas, con un frágil respaldo legal. El mismo Decreto presidencial ha sido declarado inconstitucional en sentencia de la Corte Constitucional, para quien “aquellos aspectos de la consulta ambiental no pueden ser regulados a través de un reglamento”.
¿Qué hay en común en estos dos temas: “seguridad” y “minería”? Los ejemplos mencionados indican atropellos a la legalidad, debido el apuro de Noboa en presentar a su electorado los avances de su gobierno temporal, tanto en el ámbito del desarrollo económico – supuestamente alcanzado con la ampliación de concesiones mineras y licitaciones petroleras –, cuanto en la contención de la sensación de inseguridad.
Sin embargo, la historia de los autoritarismos latinoamericanos nos ha enseñado los riesgos de instrumentalizar la ley, de modo excepcional y autoritario, para agilizar determinados procesos que exigen cambios estructurales y de largo plazo, constantemente postergados.
