By icciec2024
Equipo Editorial ICCI
Cada boletín supone para el equipo editorial del ICCI un proceso apasionado de debate, búsqueda, diálogo con nuestros colaboradores y colaboradoras, tanto como el querer cumplir con nuestra misión de concebir textos que generen reflexión, diálogo -rimana-, en los espacios organizativos que tenemos la posibilidad de acompañar. Agradecemos la acogida que el Boletín ha tenido en estos meses de retomar caminos, de nuestra parte, el entusiasmo y compromiso se han retomado con alegría y entusiasmo. En el Boletín Rimay 159, solicitamos del compañero Patricio Ruiz, una colaboración que se concretó en su informe de investigación sobre la Evolución del Sector Agropecuario en Ecuador, entre los años 2007 a 2015. Este texto ha generado mucha discusión: revisión de material sobre el tema, acalorados debates sobre el alcance del importante avance que aparece en dicho sector frente a muchos nudos que hemos vivido y observado cuando no se lograron contextualizar los cambios en las políticas públicas de la producción en la vitalidad de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; ni en la sólida característica del estado plurinacional. Así también, observamos con admiración como el trabajo de Ruiz pudo suscitar ideas, posturas críticas, pero sobre todo más cuestionamientos y líneas para transitar como Instituto. Decidimos ofrecer por tanto un breve resumen de los diálogos al interior del equipo editorial, como una breve introducción de la investigación de Patricio. A continuación, Maria Luiza Muniz y Luis Jacobo Corral Fierro, compañeros de camino en muchas luchas de resistencia y reflexiones; nos ofrecen un esfuerzo específicamente realizado para este boletín e historizan con gran capacidad de síntesis los trayectos de la minería industrial en Ecuador, dotándonos de elementos profundos a la vez que sencillos y dando cuenta del trayecto recorrido por los pueblos en luchas por distintos canales y con diversos logros. Finalmente, el importante texto de Katy Machoa y Gabriela Gallardo refresca los tópicos abordados en gran parte de la producción intelectual alrededor del Paro Nacional de junio de 2022, incorporando una mirada que atiende de manera compleja, entrañable, profunda, desde voces propias, lo que fue como proceso el Paro, así como, las aristas que tuvo en relación con la importante participación de las mujeres de los Pueblos y Nacionalidades en el sólido insurgir popular e indígena de junio de 2022, realizando una profunda crítica a la falta de visualización por parte del análisis tradicional; pero, sobre todo, en el contexto de la lucha misma. Este boletín se propone compartir estas reflexiones desde las miradas diversas que componen el Ecuador Plurinacional e Intercultural, en función de aportar en la siembra colectiva de ideas, saberes, de las ciencias que los actores colectivos -fundamento del Ecuador que somos y que queremos construir y dejar al futuro- vamos emergiendo para la práctica, la resistencia, el diálogo y la vida misma.COMENTARIO Y REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE RUIZ
Equipo Editorial ICCI.
La investigación de Patricio Ruiz ha contribuido a distintos debates internos en el equipo editorial del boletín Rimay. En tributo a dicho desafío, consideramos pertinente compartir varias reflexiones a modo de comentario sobre el texto que a continuación proponemos.
Durante el período investigado, en el contexto político se encuentran los Gobiernos de Rafael Correa (2007-2017), un período en el cual Ecuador experimentó un cambio significativo en su estructura económica debido a las políticas de la «Revolución Ciudadana». Esto incluyó un enfoque en el fortalecimiento del sector agroindustrial a través de incentivos fiscales, crédito agrícola y un rol más activo del Estado en la economía.
Por otro lado, en ese mismo período, se produjo un Boom de las Materias Primas, caracterizado por un aumento en los precios globales de productos agrícolas y alimentos, un factor clave que facilitó el crecimiento de las exportaciones agroindustriales, como el camarón y el cacao. Sin embargo, el posterior descenso de los precios afectó negativamente al sector.
En cuanto a la evolución de la agroindustria, observamos dos ejes importantes para la reflexión:
– Diversificación en la producción: En el período investigado por Ruiz, la agroindustria no solo creció en términos de volumen, sino también en la diversificación de productos. La expansión del procesamiento de camarón y la creciente importancia de productos como el cacao se destacaron como motores del crecimiento.
– Inversión en Infraestructura y Tecnología: Durante este período, habría existido una inversión en infraestructura, como plantas de procesamiento y tecnología agrícola, lo cual ayudó a mejorar la productividad y calidad de los productos ecuatorianos en el mercado internacional.
El importante texto de Ruiz nos permite reflexionar sobre los impactos sociales y ecológicos:
– Generación de empleo y condiciones laborales: Aunque el período experimentó un incremento en las cifras de empleo, es necesario analizar la calidad de los empleos generados, considerando aspectos como la seguridad laboral, los salarios y las condiciones de trabajo en el sector agroindustrial.
– Impacto ambiental: Si bien el crecimiento agroindustrial ha tenido connotaciones positivas, especialmente en sectores como el camarón, también ha afectado a los ecosistemas locales. La expansión de la industria camaronera en áreas sensibles, como los manglares, y el uso de agroquímicos han amenazado la subsistencia de las comunidades locales, muchas de ellas afroecuatorianas, que tradicionalmente han dependido de la recolección de conchas y la protección integral del ecosistema.
En el ámbito internacional, especialmente en el regional, es necesario investigar la competitividad del sector agroindustrial ecuatoriano en comparación con otros países de la región, como Perú o Colombia, que también han experimentado expansiones en sus sectores agrícolas y agroindustriales. Es fundamental establecer un contraste entre las decisiones políticas de estos países en torno a sus políticas de exportación y acuerdos comerciales.
Las cifras presentadas nos permiten una cierta prospectiva en torno a desafíos y oportunidades. El estudio de Ruiz nos invita a reflexionar colectivamente sobre los desafíos que enfrenta el sector agroindustrial para mantener su crecimiento, como la necesidad de innovación, diversificación de mercados y adaptación a cambios en la demanda global. Es necesario que en un Estado plurinacional este desarrollo considere la situación de la población local, y que la diversificación sea radical, inclusiva y apoyada por políticas públicas que beneficien a todos, promoviendo actividades sostenibles y un comercio justo.
En cuanto al impacto en las Comunidades Indígenas, proponemos varias breves reflexiones:
– Monopolios y despojos territoriales: Las cifras extraídas por Ruiz sobre el sector agroindustrial demandan rigurosas reflexiones sobre lo que implica este sector, en gran parte controlado por monopolios tradicionales, y cómo ha impactado en las comunidades indígenas, cuyos miembros son a menudo trabajadores del sector. Es necesario investigar cómo una perspectiva desarrollista y las acciones de impulso a “emprendimientos” en el marco de la agroindustria han influido en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades y en su tejido organizativo.
– Acceso a recursos y territorios: Un saldo remanente de la expansión agroindustrial ha sido la afectación del acceso a recursos naturales y territorios ancestrales de las comunidades indígenas. Asimismo, el sector ha generado conflictos e impactos ecológicos y sociales, perceptibles en la distribución del agua.
– Omisión del Estado plurinacional: Es fundamental reconocer cómo la falta de atención a la caracterización plurinacional del Estado ecuatoriano en la política pública ha generado una desconexión con las dinámicas, tradiciones y realidades agrarias de las comunidades indígenas. Estas comunidades, que han mantenido la naturaleza y producido para la sostenibilidad alimentaria de los ecuatorianos, han visto ignoradas sus necesidades y contribuciones.
Es crucial realzar el enfoque intercultural, considerando el mandato constitucional que reconoce el aporte de las comunidades indígenas. La importancia de caracterizar al Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural debe ser una práctica constante en la gestión pública. En el caso de los datos presentados por Ruiz, la política pública debe reflejar un ciclo de participación que incluya la consulta previa, libre e informada, y la generación ética del consentimiento para que dicha política pública:
– Integre Saberes Ancestrales: Considerando cómo estos saberes pueden mejorar la sostenibilidad y resiliencia de las producciones agroindustriales.
– Respete y fortalezca los Derechos Colectivos: Promoviendo la autodeterminación y el fortalecimiento de los proyectos de vida de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Solo con estos elementos el desarrollo agroindustrial podrá dar cuenta de un verdadero proyecto de país. Este proceso debe ir más allá de las cifras o la mera perspectiva del ingreso de divisas, reflejando un Estado garantista, plurinacional e intercultural.
Finalmente, las exigencias globales y locales en torno al cambio climático y la necesidad de salir del patrón extractivo sin caer en un desarrollismo que tribute únicamente al mercado internacional requieren un enfoque plurinacional que sea didáctico, humanista, ético y político. Es necesario generar alternativas que incluyan a todas las actorías, respeten los derechos colectivos y de la naturaleza, y promuevan un modelo productivo que permita a todos los miembros de este país intercultural avanzar juntos.
La demanda es construir, juntos y en debate constructivo, un país en el que quepa ese inmenso colectivo intercultural; repensar las prioridades en la educación; revalorizar lo que implica ser Ecuador, aquí y ahora, con la inmensa herencia de la plurinacionalidad como égida y camino; consolidar en el diálogo la riqueza de lo que somos, la diversidad que nos distingue en todos los ámbitos naturales, geográficos y humanos; y preparar el Ecuador que debemos a las generaciones futuras.
Patricio Ruiz
1.- Introducción La agroindustria es el sector económico que mejor desempeño económico ha tenido en los últimos 9 años, con una tasa de crecimiento promedio en el período 2007 – 2015 de 4,3%, mayor que la tasa de crecimiento de la economía 4,1%. Para la evolución favorable de la agroindustria confluyeron algunos factores, entre otros la política agraria implementada por el Gobierno, que aumento la oferta exportable de algunos productos agroindustriales como el camarón, cacao entre otros y por el boom de los precios internacionales de las materias primas y particularmente de los productos alimenticios durante el período 2008 hasta mediados del 2013, en que empieza el ciclo negativo de las materias primas y que probablemente dure algunos años. Hay que destacar principalmente el aumento significativo de la industria de procesamiento y conservación de camarón con una tasa de crecimiento promedio en el período señalado del 10,2% y un aumento significativo de las exportaciones, las mismas que pasaron de 616 millones en el 2007 a 2.276 millones en el 2017 un aumento del 269%. A continuación se analizan algunas variables relevantes como tasa de crecimiento, valor agregado, productividad, empleo, exportaciones e importaciones de las principales ramas de la agroindustria ecuatoriana para el período 2007 – 2015. 2.- Evolución del sector agroindustrial La agroindustria ecuatoriana es el sector económico que mayor dinamismo ha tenido en los 9 años, materia de la presente investigación; con una tasa de crecimiento promedio del 4,3%, mayor que el crecimiento de la manufactura (2,8%) y del PIB (4,1%). Es importante destacar que la industria de procesamiento de camarón es la que mayor crecimiento obtuvo en el período señalado 10,2%, seguido de elaboración de bebidas alcohólicas 8,8% , elaboración de productos alimenticios diversos 6,8%, procesamiento y conservación de carne 5,3%. Los sectores que menor crecimiento fueron: elaboración de productos de tabaco -0,8%, productos de molinería -0,6% y refinación de azúcar -0,2% (ver cuadro y gráfico 1). 2.1 Empleo En lo referente a la generación de empleo, la agroindustria aumento el empleo en más de 43 mil plazas en el período 2007 – 2015, pasando de 240 mil empleos en el 2007 a 283 mil en el 2015; un aumento del 18%. Las industrias que más empleo generaron fueron las de procesamiento y la de conservación del camarón con 22 mil empleos adicionales, equivalente al 51% del empleo total generado por la agroindustria en el período. La industria de aceites y grasas paso de 6 mil empleos en el 2007 a 14 mil en el 2015, es decir 8 mil nuevos empleos, otras ramas de la industria han generado empleos tales como especies acuáticas alrededor de 5 mil nuevos empleos. Sin embargo, hay otras industrias en que durante el período señalado han perdido empleos: panadería 13 mil empleos perdidos, procesamiento de carne 7 mil (ver cuadro y gráfico 2). 2.2 Valor Agregado El valor agregado se duplica en términos nominales pasando de 2.353 millones de dólares en el 2007 a 5.591 millones en el 2015 un aumento del 137,6 %. La industria que mayor aumento tuvo en este período fue la del procesamiento y conservación de camarón, favorecida por los buenos precios del camarón en el mercado mundial, principalmente en los años 2013 y 2014. El valor agregado en la industria del camarón paso de 127 millones de dólares en el 2007 a 962 millones en el 2015, un aumento del 655,4 % en el período 2007 – 2015. Otras de las industrias que tuvieron un importante aumento en términos nominales fueron las de la elaboración de bebidas alcohólicas 205,8 % en el mencionado período y la de conservación de especies acuáticas en un 80,4%. El resto de industrias tienen incrementos inferiores salvo la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería que es la única industria que disminuye en términos reales en -3,7% (ver cuadro y gráfico 3). 2.3 Remuneración promedio En el período 2007 – 2015 se dio un aumento significativo de las remuneraciones en el sector agroindustrial. Éstas pasaron de 3.000 dólares promedio por personal ocupado en el 2007 a 5.889 dólares en el 2015, un aumento del 96% en el período mencionado. El sector que mayor incremento tuvo en lo referente al salario promedio, fue elaboración de bebidas alcohólicas en un 292 %, Elaboración de fideos y de otros productos farináceos 278% y procesamiento y conservación de carne en un 190 %. Las industrias con menor crecimiento en el período fueron la elaboración y refinación de azúcar en un -18% y la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 7,7% (Cuadro y gráfico 4). 2.4 Productividad laboral La productividad laboral medida a través de la relación Valor Agregado / número de trabajadores en la agroindustria, ha tenido un aumento significativo en términos nominales en el período 2007 – 2015, pasando de 9.786 dólares por personal ocupado a 19.700 dólares en el 2015 un aumento del 101,3 % en el período. Significativo es el aumento de la productividad laboral en la industria del procesamiento y conservación del camarón que paso de 4.891 dólares por personal ocupado en el 2007 a 19.861 en el 2015 un aumento del 306 %, aumentos significativos tuvieron la industria de elaboración de fideos y de otros productos farináceos 280%, elaboración de productos de la panadería 231%. Entre las industrias con menores crecimientos tenemos: elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería -33%, elaboración de café -19,2% (ver cuadro y gráfico 5). 2.5 Relación consumo intermedio valor de la producción (CI/VP) La relación entre el consumo intermedio (CI) y el valor de la producción (VP) nos permite tener un indicador de eficiencia en el uso de los insumos, si disminuye el CI es porque hemos aumentado el valor agregado. En general, la agroindustria ha reducido este coeficiente en 5 puntos, pasando de 0,74 en el 2007, a 0,69 en el 2015. La agroindustria en general, ha mejorado su eficiencia y generado un mayor valor agregado, se corrobora con los otros indicadores como productividad, empleo, tasa de crecimiento, del buen desempeño que ha tenido el sector agroindustrial en este período. Las industrias con mejor desempeño (disminución del coeficiente) han sido: elaboración de productos de tabaco 28 puntos, procesamiento y conservación de camarón con 19 puntos, alimentos preparados para animales 17 puntos. Las industrias de menor desempeño (aumento del coeficiente) han sido elaboración y refinación de azúcar que paso de 0,62 de coeficiente en el 2007 a 0,82 en el 2015 20 puntos, chocolate y productos de confitería 13 puntos y elaboración de café 13 puntos (ver cuadro y gráfico 6). 2.6 Exportaciones Se encuentra un importante aumento de las exportaciones de productos agroindustriales en el período 2007 – 2015. Pasó de 2.202 millones de dólares a 4.553 millones, un aumento del 106,8%. El producto estrella en estos 9 años, sin duda, ha sido el camarón que paso de 617 millones de dólares en exportación en el año 2007 a 2.276 en el 2015 es decir un aumento del 269 %; le siguen otros productos, aunque en menor importancia como aceites crudos y refinados un aumento del 89,8 %, cacao elaborado 71,5%, preparados y conservas de pescado 42,2%. Otros productos en cambio tuvieron un franco retroceso como las bebidas no alcohólicas -82.5%, productos de molinería con una caída de -85.5%, y productos de panadería -47,9% (ver cuadro y gráfico7). Las importaciones de productos agroindustriales han pasado de 796 millones de dólares en el 2007 a 1.411 millones en el 2015, un incremento del 77,4% en el período. Los productos que más aumentaron en el período en valor fueron: aceites crudos y refinados paso de 255 millones en 2007 a 525 millones un aumento de 270 millones (105,8 %), productos animales con un aumento de 131 millones (375 %) y productos alimenticios diversos, en 135 millones (83%). Estas tres industrias significaron el 87% de aumento en las importaciones de productos agroindustriales en el período 2007 – 2015. Entre las industrias que disminuyeron las importaciones se encuentran las bebidas no alcohólicas a 22 millones (-76,6%), bebidas alcohólicas a 16 millones (-26,9%) (ver cuadro y gráfico 8) 2.8 Conclusiones • La agroindustria es uno de los sectores que mayor dinamismo ha tenido en la economía en los últimos 9 años con una tasa promedio de crecimiento en el período 2007 – 2015 del 4,3 %. El total de la manufactura creció en 2,8 % y el PIB en 4,1%. • La agroindustria ha tenido crecimiento importante en términos corrientes de USD 2.354 millones de PIB en el año 2007 a USD 5.592 millones en el 2015, aumento del 138%. • La agroindustria empleaba a 240 mil trabajadores en el 2007, en el 2015 son 283 mil trabajadores empleados en el sector agroindustrial, 43 mil nuevos empleos se han generado en estos últimos 9 años. • La productividad laboral (VA/Empleo) tuvo un aumento significativo pasando de USD 9.786 por empleado en el 2007 a USD 19.700 por empleado en el 2015 es decir un aumento del 101 % en el período. • El nivel de participación del PIB agroindustrial con respecto al PIB manufacturero aumentó en 5 puntos, pasando de una participación de 33% en el 2007 a 38% en el 2015. • Se visualiza un aumento importante en las remuneraciones agroindustriales, ya que estás pasaron de una remuneración promedio de USD 3.001 por ocupado en el 2007, a USD 5.889 en el 2015 un aumento del 96 % en el período señalado. • Las exportaciones agroindustriales aumentaron en 106 %, en el período 2007 – 2015, pasando de USD 2.202 millones en el 2007 a USD 4.553 millones en el 2015.BREVÍSIMA HISTORIA DE LA MINERÍA INDUSTRIAL EN ECUADOR ó, cuando la excepción se convierte en norma.
Maria Luiza Muniz
Luis Jacobo Corral Fierro
El 8% del territorio ecuatoriano está concesionado a la actividad minera, un porcentaje que puede ampliarse si consideramos que el actual presidente ignora la voluntad expresada hace un año en consulta popular por las y los quiteños, quienes se manifestaron a favor de la prohibición de la minería en el Chocó Andino. Además, a inicios de agosto de 2024, hemos visto la represión contra de comuneros de los cantones Las Naves y Sigchos, una ofensiva que converge con la intención del presidente Daniel Noboa, quien ha considerado reabrir el catastro minero, cerrado desde 2017 tras presión popular. Contribuyendo para presionar el 8% hacia niveles aún más altos, la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, anunció una sentencia favorable a la canadiense Atico Mining y al proceso de “consulta ambiental” que se ha impulsado en Palo Quemado y Las Pampas, bajo el estado de excepción, con un despliegue de cientos de militares y policiales contra moradores locales.
Era una vez…
La historia de la minería en Ecuador se remonta a la época precolombina, pero las acciones para apoyar el desarrollo de la industria minera y atraer capitales transnacionales hacia este sector son relativamente recientes. Se anunció al mundo la intención de explorar las reservas de oro, plata, cobre y otros minerales, que permanecían intactas mientras se priorizaba el estatus de país petrolero. Desde los 90, a través de diferentes gobiernos y con las reformas neoliberales, se intentó, mediante cambios en las leyes, introducir la megaminería como actividad económica que reemplazaría al petróleo como principal commodity de exportación.
Mientras se desplomaba el precio del crudo, entre 2014-2016, se fue estructurando un aparato administrativo para la gestión de lo que sería identificado como una política pública minera. Así se creó el Ministerio de Minería, mediante el Decreto Ejecutivo 578, el 13 de febrero de 2015. Vale recordar que en aquel momento los intentos para la ampliación de la frontera petrolera, particularmente la XI Ronda de Licitaciones hacia el centro-sur amazónico, demostraban claras señales de fracaso, principalmente debido a insistentes y sucesivas movilizaciones de las nacionalidades indígenas, oriundas de zonas potencialmente afectadas.
Ya se sumaban las muertes violentas de Bosco Wisum (2009), Freddy Taish (2013) y José Tendetza (2014), representantes de la nacionalidad shuar, involucrados en conflictos territoriales, con contextos antimineros. Al final de 2016, una confrontación violenta en la “Correa del cobre” , ubicada en la cordillera del Condor, donde se encuentra el megaproyecto cuprífero San Carlos Panantza, acabaría detonando un fuerte esquema de represión, con la militarización y declaración del estado de excepción en toda la provincia de Morona Santiago. Dos meses después, el 14 de febrero de 2017, se suspendió la excepción, faltando cinco días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que ganó la presidencia Lenin Moreno.
Ese fue un periodo emblemático en la fase reciente de expansión de la minería industrial. Dos puntos clave destacan: la fuerza represiva del aparato militar estatal desalojando familias que se resistían a dejar sus casas y la capacidad de articulación junto con movimientos ecologistas y observadores internacionales que, desde las redes sociales, resonaron un alerta: #SOSPuebloShuar.
Desde años anteriores es visible la estrategia de convertir periodos de “excepción” en escenarios favorables para forjar un marco legal, esquivando los convenios y leyes ya existentes. A pesar de la anunciada ruptura política con su antecesor, Moreno mantuvo el mismo horizonte, o el mismo ‘mirador’. El 18 de julio de 2019 se anunciaba al mundo que el Proyecto Mirador pasaba a ser la primera experiencia nacional de minería a gran escala, localizado en la provincia de Zamora Chinchipe y operado por Ecuacorriente S.A (ECSA), subsidiaria de un consorcio chino. Las autoridades de la época exaltaban lo que sería “un día histórico”, ya que Ecuador se había convertido en un “exportador de minerales a escala industrial” .
Contra el alardeado optimismo oficial, una comparación económica sobre la base de la proyección de ingresos de 10 proyectos estratégicos para los siguientes 100 años, indica que la actividad minera, con todos los ingresos que reportaría para el Estado, en términos de regalías, impuestos, y demás gravámenes, no podría cubrir los costos de las inversiones que el Estado requeriría hacer para proveer a esta actividad económica de varios servicios, como luz, agua, servicio de carreteras, entre otros. Además, según estimaciones de William Sacher , si se incluyen los pasivos ambientales, los resultados serían tremendamente desfavorables para el Estado y para las regiones afectadas.
Casos emblemáticos
Condor Mirador, Panantza-San Carlos, Warintza, Fierro Urku, Loma Larga, Molleturo, Chocó Andino, Las Naves y Sigchos, Napo. Estos son nombres dados, por las comunidades a regiones biogeográficas, a nudos montañosos, son también nombres de cantones, parroquias, comunidades, puntos emblemáticos, que se han convertido en territorios bajo ocupación . Diferentes dimensiones territoriales, diferentes contextos, entre los páramos de la sierra y los ríos amazónicos. Estos y otros escenarios biodiversos del Ecuador cuentan una historia semejante sobre la resistencia de comunidades locales, campesinos e indígenas, que han aglutinado sus esfuerzos contra el despojo minero, articulando a organizaciones vinculadas con la estructura de la CONAIE y de otras organizaciones campesinas y urbanas, actuando entre lo local y lo nacional, conformando el Frente Nacional Antiminero.
Desde hace más de 30 años el Valle de Intag ha sido el escenario de ofensivas mineras y resistencias a la presencia de las compañías, bloqueando caminos, ocupando campamentos mineros, confrontando a agentes del gobierno. Más recientemente, algunos casos emblemáticos muestran diferentes estrategias de las comunidades afectadas y de las redes de resistencia articuladas para frenar el avance de la industria minera sobre sus territorios. Mientras las empresas y gestores públicos han utilizado diferentes instancias del Estado ecuatoriano para imponer la realización de los proyectos – incluyendo aparatos mediáticos, jurídicos, militares y policiales –, las comunidades también fueron diversificando sus repertorios de movilización y protesta, invocando instancias del propio Estado en defensa de aquellos derechos constitucionales que estarían siendo vulnerados.
En la región del Valle de Intag, un caso ha ganado importancia: el Caso Judicial del Bosque de Protección Los Cedros sobre violaciones de derechos de la naturaleza – art. 71 de la Constitución ecuatoriana – ha sentado una jurisprudencia vinculante, es decir, un antecedente para orientar cómo deben aplicarse determinadas disposiciones constitucionales en futuros casos futuros casos en todo el territorio nacional. Una acción de amparo, presentada en el 2019, buscaba detener la fase inicial de exploración del proyecto minero Rio Magdalena, ubicado en el bosque que es parte de la Reserva Cotacachi-Cayapas. La sentencia de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador reconoció la vulneración de los derechos constitucionales de la naturaleza, prohibiendo la minería en el bosque.
Otro caso emblemático ha sido protagonizado por la comunidad Comunidad Cofán de Sinangoe, quien reportó en el año de 2017 “que existían 20 concesiones vigentes para la explotación y exploración de pequeña y mediana minería metálica de oro, con un total de 19.556 hectáreas concesionadas en las riberas de los ríos que consideran sagrados. Asimismo, señaló que existían otras 32 concesiones en trámite” . Cinco años después, la CC dictó la Sentencia No. 273-19-JP/22, confirmando la inexistencia de Consulta previa en la comunidad A’I Cofán de Sinangoe. En su sentencia la Corte reafirma que “los principios de plurinacionalidad e interculturalidad son esencial y estructuralmente complementarios”, además observa que la “noción de territorio para el pueblo de la comunidad Cofán de Sinangoe, constituye un elemento trascendental para el ejercicio de sus derechos colectivos y medular para su desarrollo y subsistencia”, concluyendo con la sentencia que reconoce la “vulneración de los derechos a la consulta previa, a la naturaleza, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio” .
Otro caso emblemático fue aquel relacionado con el megaproyecto cuprífero San Carlos Panantza, ubicado en territorio ancestral shuar, en la provincia de Morona Santiago, cubriendo un área de 41.760 hectáreas. La Sentencia 1325-15-EP/22 de la CC nuevamente reconoce la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, en consonancia con el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se constató que:
los procedimientos de participación social y la aprobación de la licencia y estudio de impacto ambiental para la fase de exploración avanzada del proyecto minero Panantza – San Carlos, realizados por el MAE no observaron la CRE , los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y la jurisprudencia vinculante aplicable. (Corte Constitucional, Sentencia 1325-15-EP/22)
Convirtiendo la excepción en norma …
Con su modus operandi, el Estado y las empresas mineras concesionarias suelen apostar por cierta tensión en la frontera de la legalidad, aprovechándose del vacío legal en el tema de la consulta, o mismo intentando llenar este vacío con instrumentos paliativos y escaso respaldo legal, como en el caso del Manual para la operativización de la consulta previa libre e informada (Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2024-0002-AM), expedido en marzo del presente año por el presidente Daniel Noboa. La misma artimaña ha sido realizada hace 12 años, con el Decreto presidencial 1247/2012, de Correa, cuyo objetivo ha sido crear un aparato para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos.
En incontables casos la acción conjunta Estado-empresa frente a las comunidades potencialmente afectadas ha resultado en divergencias intrafamiliares e inter organizativas, como hemos visto recientemente en la disputa por la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, cuyo desalojo en la madrugada, por parte de la Policía Nacional , atentó contra la autodeterminación de aquellos que eligieron al presidente de la FICSH, el líder shuar Domingo Ankuash, abiertamente opositor a los impactos que la industria minera produce al sur de la Amazonía ecuatoriana.
Otras decisiones en defensa de la consulta libre previa e informada han detenido – al menos provisionalmente – el avance de proyectos mineros, como en el caso de Río Blanco y Loma Larga (Quimsacocha). Sin embargo, ha sido recurrente la estrategia de transformar la excepción en la norma: interponiendo artimañas legales en lugar de sólidos instrumentos en materia de legislación; presentando beneficios diminutos a la población afectada como parte de una supuesta “política pública minera” confundidas con las regalías mineras de las empresas privadas; con demandas administrativas para la constitución de servidumbres impuestas a quienes se negaron a vender sus propiedades; con consultas o “socializaciones” superficiales forjadas en medio de reuniones escolares y eventos comunitarios totalmente ajenos al tema minero.
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El estado de excepción ha sido decretado por la tercera vez al inicio de julio de 2024, con el objetivo de proveer al Estado con instrumentos excepcionales – vale la redundancia – en contra de actos delictivos. Con algunos de los recuerdos obtenidos de este breve viaje al pasado, queda una interrogación: ¿qué hacer cuando lo normal es driblar la norma?
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El asesinato de Bosco Wisum ocurrió durante las protestas contra las leyes mineras del país, en medio a un enfrentamiento policial. Ver más: https://bit.ly/3WNVcQK
Ver más.: Las despojadas de la Correa del Cobre, https://bit.ly/4cHbml2
1. adj. Que tiene venas de cobre, o que lleva o contiene cobre. www.rae.es
Ver más: Ministro de Energía y Recursos Naturales de Ecuador, Carlos Pérez, https://bit.ly/4dmCp69
Ver más: La minería a gran escala en Ecuador, https://bit.ly/47b1EpX.
Ver más: Guerra de baja intensidad tras el control de los minerales en la Cordillera del Cóndor. En La Restauración Conservadora del correísmo (2014), https://bit.ly/3XeawYt
Ver más: Sentencia: No. 1149-19-JP/21, https://bit.ly/4cBCFge.
Sentencia de 03 de agosto de 2018, dictada por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarro de la Provincia de Sucumbíos dentro del proceso No. 21333-2018-00266.
Ver más: Sentencia No. 273-19-JP/22, http://bit.ly/46W95AQ
Constitución de la República del Ecuador
Ver más: Desalojo de la Sede de la Federación Shuar: Una Vulneración de Derechos Constitucionales y de Autodeterminación, https://inredh.org/desalojo-de-la-sede-de-la-federacion-shuar-una-vulneracion-de-derechos-constitucionales-y-de-autodeterminacion/
RESEÑA DE: “La democracia feminista decolonial: el Paro Nacional en las voces de las lideresas de la CONAIE”
Katy Machoa y Gabriela Gallardo
Reseña del Equipo Editorial del ICCI
El libro Levantamientos, insurrecciones y paros, contiene experiencias y reflexiones nacidas desde el paro de junio del 2022. En esta ocasión vamos a mirar el articulo presentado por Gabriela Gallardo y Katy Machoa, La democracia feminista decolonial: el Paro Nacional en las voces de las lideresas de la CONAIE
En el artículo se analiza el concepto de democracia feminista decolonial, a partir de las experiencias vividas por las lideresas indígenas ecuatorianas, las cuales, desempeñaron un papel fundamental y durante 18 días, sostuvieron el Paro Nacional de junio de 2022 liderado por la CONAIE.
El texto establece una distinción crucial entre la democracia feminista liberal y la democracia feminista radical. La primera, que se caracteriza por ser una construcción vertical y elitista, se enfoca en la representación individual y es promovida desde estructuras de poder establecidas, a menudo ignorando las realidades de las mujeres más vulnerables. En contraste, la democracia feminista radical se erige desde las bases, enfatizando la participación colectiva y la inclusión de voces diversas, especialmente aquellas de las mujeres indígenas y subalternas. Este enfoque no solo busca la inclusión de más mujeres en posiciones de poder, sino que también cuestiona y desafía las estructuras de poder existentes que perpetúan la desigualdad. Este contraste es fundamental para entender cómo las mujeres indígenas pueden desarrollar un modelo de democracia que refleje sus realidades y necesidades, creando un espacio donde sus voces sean escuchadas y valoradas.
Uno de los objetivos centrales del texto es visibilizar el papel de las mujeres subalternas, que a menudo son ignoradas en las discusiones sobre democracia y feminismo. Estas mujeres, que provienen de contextos indígenas y marginalizados, han sido despojadas de su voz en narrativas dominantes. Al centrar la atención en sus experiencias, el texto busca reivindicar su lugar en la lucha por una democracia que no solo sea inclusiva, sino que también reconozca las complejidades de sus identidades y luchas. Este enfoque es esencial para desafiar las narrativas hegemónicas que tienden a homogenizar la experiencia femenina y para resaltar la diversidad de las luchas que enfrentan las mujeres en diferentes contextos.
Por otro lado, el Paro Nacional de junio de 2022 se presenta como un evento significativo en el que las mujeres indígenas jugaron un papel crucial. Durante 18 días, estas mujeres sostuvieron una movilización social que no solo fue un acto de resistencia contra políticas neoliberales, sino también una afirmación de sus derechos y demandas. Este evento se convierte en el eje central del análisis, permitiendo explorar cómo se manifestaron las luchas feministas en un contexto de resistencia indígena. A través de sus relatos, se pone de manifiesto la valentía y determinación de estas mujeres, quienes, a pesar de enfrentar múltiples formas de opresión, se unieron para exigir cambios significativos en sus comunidades y en el país.
A lo largo del texto se evidencia que las mujeres indígenas están comprometidas en una lucha interconectada que abarca múltiples formas de opresión. Esto incluye la resistencia contra el neoliberalismo, que perpetúa la desigualdad económica; el colonialismo, que despoja a las comunidades de sus tierras y recursos; el patriarcado, que perpetúa la violencia de género; y el extractivismo, que amenaza sus territorios. Esta interconexión es fundamental para entender la complejidad de sus luchas y la necesidad de abordarlas de manera holística. Además, se destaca cómo estas luchas no son solo locales, sino que están conectadas a movimientos globales que buscan la justicia social y la igualdad.
Otro aspecto destacado es la transmisión intergeneracional de valores democráticos y de resistencia entre madres e hijos. Este proceso es vital para fortalecer el compromiso colectivo y garantizar que las luchas por la justicia social y la dignidad continúen a lo largo del tiempo. Las experiencias compartidas y los aprendizajes de las generaciones anteriores se convierten en un legado que empodera a las nuevas generaciones para seguir luchando. Este aspecto también resalta la importancia de la educación y la formación de conciencia en la juventud, asegurando que las futuras generaciones estén equipadas para enfrentar los desafíos que se presenten.
Finalmente, el texto presenta los sentimientos y experiencias de las mujeres que participaron en la investigación. Al incluir sus voces y emociones, se añade una dimensión humana a la lucha, mostrando que la resistencia no es solo un acto político, sino también un proceso emocional lleno de dolor, esperanza y fortaleza. Estas narrativas personales enriquecen la comprensión de la lucha por la democracia feminista decolonial y subrayan la importancia de reconocer el sufrimiento y la resiliencia de estas mujeres. Al compartir sus historias, se ilustran no solo las dificultades que enfrentan, sino también su capacidad de resistencia y su deseo de un futuro mejor para sus comunidades.
En conclusión, el texto propone una nueva forma de entender la democracia desde la perspectiva de las mujeres indígenas, resaltando su papel activo en la lucha social y la necesidad de reconocer sus experiencias y contribuciones. Al hacerlo, se busca construir un modelo de democracia que no solo sea inclusivo, sino que también refleje las realidades complejas de las mujeres subalternas y sus luchas por la dignidad y la justicia. Este enfoque no solo es relevante para el contexto ecuatoriano, sino que también ofrece lecciones valiosas para otros movimientos sociales en todo el mundo que buscan desafiar las estructuras de poder y construir un futuro más equitativo y justo.
Maria Luiza Muniz: Socióloga (PhD) y Máster en Ciencia Política. Ha actuado como docente en algunas de las principales universidades del Ecuador. Durante los últimos 10 años, ha acompañado el desarrollo de proyectos extractivos y las estrategias de resistencia de los pueblos y nacionalidades ecuatorianos, con énfasis en la Amazonia. E-mail: muniz.malu@gmail.com. Más información: https://independent.academia.edu/MalluMuniz
Luis Jacobo Corral Fierro: Economista. Máster en Sociología y estudiante del Doctorado en Desarrollo Territorial (FLACSO. Ecuador). Integrante de la Asamblea de los Pueblos del Sur, y del Frente Nacional Antiminero.
