By icciec2024
Equipo Editorial Instituto de Ciencias y
Culturas Indígenas
Iván Cisneros
Lo que dábamos por sentado se desestabiliza bajo nuestros pies
Sofía Lanchimba Velastegui.
Asistimos a un genocidio transmitido en vivo en tiempo real; los derechos que tantos años costaron ganar se borran de un plumazo, los términos de convivencia se rompen sin mayor problema, proliferan expresiones fascistas que considerábamos propias del siglo anterior y las ideas de progreso son sustituidas por el colapso. El futuro dejó de ser un campo de esperanza para convertirse en uno de incertidumbre. Toda esta serie de cambios deben ser enmarcados en una época de transiciones y transformaciones y, aunque el escenario parece poco prometedor, toda reorganización de fuerzas implica una oportunidad.
La geopolítica mundial atraviesa una serie de transformaciones que están reorganizando los grandes poderes del mundo. El fuego cruzado que observamos nos muestra que estamos en el corazón de la disputa y en uno de sus puntos álgidos. Los espacios, territorios y la hegemonía están en juego y están provocando guerras, ejercicios militares y pruebas nucleares.
Durante la década de los noventa, luego de la caída del muro de Berlín (1989), Estados Unidos se establecía como la potencia hegemónica indiscutible. Esa imagen ya no se sostiene en el momento actual. Aunque Estados Unidos sigue siendo una potencia militar, está en clara declinación económica. China es la potencia que ha alcanzado una enorme gravitación económica y el país que está a la cabeza de las tecnologías del futuro. A estos países se suma Rusia, que es un reservorio de recursos naturales estratégicos y una potencia en misiles nucleares. Esto nos sitúa en un mundo multipolar, sin embargo, la moneda aún está en el aire y todavía está en juego los alcances que cada uno tendrá.
Esto provoca problemas de reordenamiento espacial y territorial a través de guerras militares, económicas e informativas. De las que el resto sufre la inestabilidad de los mercados, inflación, la interrupción de cadenas de valor y rutas logísticas y el desvío de recursos hacia la guerra.
En este escenario América Latina es un territorio apetecible a disputarse. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, ha sido muy explícita al respecto: todos los aspectos destacados derivan de los “ricos recursos y elementos de tierras raras”. En primer lugar, destaca la presencia del litio en el triángulo conformado por Argentina, Bolivia y Chile: “sesenta por ciento del litio del mundo se encuentra en ese triángulo” necesario para usos de tecnología. El petróleo no ha dejado de ser uno de los recursos de mayor interés, al que se suman el cobre y el oro. Además, en tiempos de colapso ambiental, destaca la importancia del Amazonas como “los pulmones del mundo” y la existencia del 31% de agua dulce del mundo que está en América Latina.
Las declaraciones de la comandante dejan entrever el carácter colonial con la que Estados Unidos mira a América Latina: un territorio a extraer recursos. Por tanto, la perspectiva es la ampliación de las fronteras extractivas petroleras y mineras cruciales para la transición energética y en la carrera por el desarrollo de tecnologías del futuro.
América Latina es un importante campo de batalla que ya se está librando en territorio. China ha expandido su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar a lo largo de la región de manera constante. Y Estados Unidos no ha dudado en reforzar sus alianzas, sobre todo, a través de la cooperación en seguridad. Y aunque ahora la tensión se concentra alrededor de los minerales, la presión por la crisis hídrica y los efectos del calentamiento global irán incrementando el interés en las fuentes hídricas y de oxígeno.
En este escenario la conflictividad sólo irá en aumento ante un escenario de desposesión. Nuevamente corremos el riesgo de repetir la misma historia que vivimos con la plata o el petróleo, es decir, que los países se queden con unas cuantas monedas y con territorios devastados mientras las potencias fortalecen sus posiciones.
La pandemia por COVID-19 transformó nuestras sociedades, aceleró el desarrollo tecnológico, nuevas modalidades de trabajo ligadas al capitalismo de plataforma cobraron fuerza, las cadenas globales de valor se reorganizaron y entramos en una crisis económica de la que aún no hemos podido salir. Durante los primeros meses un escenario por completo inédito incluso nos dejó soñar con otro mundo, uno en que la desaceleración de la economía permitía que ecosistemas se recuperaran y que se redujera la contaminación, incluso que pudiéramos revertir el calentamiento global.
La esperanza duró poco, mientras enormes poblaciones se quedaron sin trabajo, sufrieron políticas restrictivas en nombre de la economía, vieron cómo sus hijas e hijos dejaron de asistir a las escuelas y nunca más volvieron, experimentaron hambre, incertidumbre, falta de asistencia médica y el terror de la muerte; otros amasaron enormes fortunas.
Jeff Bezos, quien tuvo el cinismo de agradecer a los trabajadores y trabajadoras de Amazon por haber hecho posible su viaje al espacio, es uno de los hombres más ricos del mundo. “Su fortuna, de 167.400 millones de dólares estadounidenses, ha aumentado en 32.700 millones de dólares desde 2020[1]”.
Como lo sostiene OXFAM de manera muy clara: “Una enorme concentración de poder empresarial y monopolístico está exacerbando la desigualdad en la economía mundial […] A base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar los servicios públicos y alimentar el colapso climático, las empresas están impulsando la desigualdad y generando una riqueza cada vez mayor para sus ya ricos propietarios”.
Ante la obscena desigualdad que experimentamos vale la pena destacar algunos datos ofrecidos por el Informe de Oxfam en el 2024:
El deterioro de las condiciones de vida que estamos experimentando las mayorías hace que la vida cotidiana sea cada vez más difícil. Las personas más pobres, generalmente racializadas, mujeres y sectores excluidos están experimentando la condición humana como sufrimiento y crueldad.
En muchos países y empresas –como Amazon– los trabajadores no cuentan con los derechos laborales básicos y hay una clara cruzada por evitar su sindicalización. Las nuevas generaciones enfrentan un mundo cada día más hostil, las condiciones de trabajo cada vez son peores, hay mayores dificultades para acceder a la vivienda y el acceso a la educación ya no garantiza una movilidad social. En resumen, los derechos que parecían ganados van en franco retroceso. Sin embargo, las luchas frente a la desigualdad no han cesado, diversas huelgas y manifestaciones se dan justo ahí donde están las fábricas del mundo y donde existen las peores condiciones laborales: China, India y Bangladesh. Europa tampoco es ajena, ahí las protestas de agricultores se extienden para exigir mejores condiciones y en Estados Unidos se ensayan nuevas formas de sindicalismo. La guerra, la inflación y la presión económica que generan sobre las y los trabajadores siempre puede estallar.
En los últimos años vemos cómo las derechas radicales crecen de manera alarmante. En Europa la extrema derecha está en auge y en países como Italia con Giorgia Meloni y Hungría con Viktor Orbán gobierna. En países como Suecia, Polonia, Eslovenia, Austria, Finlandia, Países Bajos, Francia, Bélgica, Alemania y España han hecho evidente su presencia. En América Latina figuras como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y José Antonio Kast en Chile encienden las alarmas. Además, analistas pronostican que en las siguientes elecciones de Estados Unidos, Donald Trump podría volver a ganar las elecciones de ese país.
Así como sucedió en el campo tecnológico después de la pandemia, los procesos políticos se aceleraron y mutaron en expresiones violentas. Hemos visto una ruptura de lo que era públicamente aceptable: hay una creciente oleada reaccionaria con expresiones de racismo, misoginia, aporofobia, xenofobia, etc. que no temen decir que hay que “matar indios”, que los extranjeros son un peligro para la identidad y seguridad de los ciudadanos nacionales, que deben eliminarse los derechos de las mujeres y que la tortura de personas privadas de la libertad es aceptable.
En América Latina y según los datos de Latinobarómetro[2], la región atraviesa una “recesión democrática” debido a la reducción del apoyo a la democracia: solo el 48% la apoya, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% de aprobación registrada en 2010. Al mismo tiempo, entre 2020 y 2023 ha habido un crecimiento de casi 4 puntos en la preferencia por un gobierno autoritario, que ahora representa un 17% del total de simpatizantes de alternativas autoritarias.
Lo nuevo en estas derechas es su oposición abierta a derechos y garantías sociales. En su narrativa se han perdido los valores que garantizaban el orden, por lo que apuestan por la revitalización de imaginarios conservadores y de valores que se resumen en el lema “Tradición, Familia y Propiedad”. Las nuevas derechas proponen que frente al caos impulsado por élites culturales hay que restaurar la familia tradicional y las jerarquías sociales como base del orden social: devolver a las mujeres, disidencias y grupos racializados al lugar de subordinación. Impulsar una feroz desregulación del capitalismo y desestructurar el Estado y para ello usar toda la fuerza necesaria en su implementación.
Su nivel de peligrosidad no sólo está en sus posibilidades de convertirse en gobierno sino en su capacidad de movilización social y uso de redes sociales para convencer a la ciudadanía de cosas como: defender la familia tradicional, eliminar el derecho al aborto, defender a “la patria y a la nación” o eliminar adversarios políticos.
La desigualdad, inseguridad y violencia que vive la región se convierte en el terreno propicio para movilizar sentimientos de incertidumbre y miedo e imponer discursos de mano dura, securitización y militarización de la sociedad. Podría decirse que las derechas han ganado en gran medida la batalla cultural y han conseguido priorizar el discurso de seguridad y militarización por encima del de justicia social.
Aunque en gran medida los discursos de las derechas están cargados de odio y violencia, también ofrecen una comunidad y un horizonte de futuro. Por un lado, hay una defensa de un pasado imaginario afectado por la ampliación de derechos a movimientos de mujeres, indígenas, migrantes, etc. y reforzado por sentidos de comunidad y prácticas de solidaridad ofrecidos, sobre todo, por sectores religiosos. Por otro lado, reiteran una “utopía emprendedora” que garantizaría el éxito a través de una gestión de sí mismo bajo la figura del “empresario emprendedor”. Las derechas parecen ofrecer respuestas que las izquierdas no han podido cubrir frente a la precariedad, inseguridad y desesperanza en el futuro.
El 2024 podría ser el año de mayores catástrofes climáticas, al parecer se traspasará el umbral del 1.5 celsius de la temperatura promedio del planeta, meta que había sido establecida en el Acuerdo de París en 2015 y ratificada en Dubái en 2023 para evitar un sobrecalentamiento que amenace la vida humana. Sin embargo, la actividad bélica (la guerra Ucrania-Rusia y las bombas lanzadas sobre Gaza), las extracciones de petróleo y el deshielo continuo están acelerando la era de la ebullición planetaria[3].
No obstante, quienes tienen el poder y los recursos para tomar acciones reales frente a la crisis climática no lo están haciendo a pesar de las múltiples alertas que ha lanzado la comunidad científica. El 1% de los más ricos y los gobiernos mantienen un modelo de acumulación que tiene como una de sus bases la extracción de riqueza de la naturaleza.
Ante este panorama internacional al que estamos indisolublemente ligados como nos dejó claro la última pandemia, hay acciones y oportunidades que se deben construir de manera colectiva a distintos niveles: bloques económicos, agrupaciones regionales de países, movimientos transnacionales frente al cambio climático y en contra del avance de la ultraderecha y solidaridades internacionales de orden sindical y en favor de los derechos de mujeres, disidencias, grupos racializados y sectores excluidos, movimientos globales en contra de la guerra, etc. Como diría el escritor afroestadounidense James Baldwin, “no todo lo que se enfrenta puede ser cambiado; pero nada puede cambiarse hasta que se enfrenta”.
Alejandra Santillana Ortiz
Este 21 de abril, el pueblo ecuatoriano regresará a las urnas para una nueva Consulta Popular, convocada por el actual gobierno de Daniel Noboa que, de acuerdo a lo anunciado por el régimen, busca resolver los problemas de seguridad del país en medio de una crisis energética (apagones de hasta 8 horas diarias); un Plan Fénix que no ha resuelto como se anunciaba los hechos de violencia en el país; una crisis del mercado laboral y una profundización de las precarias condiciones de vida de los sectores populares; un escenario de conflictividad marcado por la entrada de la mega minería a territorios campesinos e indígenas; por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que definió, entre otras cosas, la subida del 15% del IVA; y el asalto a la Embajada de México en Quito y el desate de una crisis diplomática sin precedentes para el Ecuador.
Pero además de estos hechos que marcan la coyuntura actual, es importante establecer algunos factores (no menores) del contexto y la memoria más amplia que explican también el carácter de la Consulta y el objetivo del gobierno en estos meses que le restan de mandato. Entre otros, propondremos cuatro claves:
Si bien no vamos a desarrollar a cabalidad estos elementos, quisiera proponer algunas reflexiones y preguntas que dibujen el contorno de lo que considero son pistas e hipótesis sobre lo que estamos viviendo en Ecuador, en esto que podríamos calificar como una de las peores crisis del país.
En efecto, la crisis recurrente del capitalismo como modo de producción implica, para la lógica del capital y de los capitalistas, la ampliación o creación de mercados pero, sobre todo, la instauración de formas de despojo que aumenten su tasa de ganancia y permitan la superación relativa de la crisis. En efecto, las élites latinoamericanas requieren no solo de las tradicionales formas de acumulación por explotación y despojo sino también de la configuración de una serie de cuerpos y existencias desechables (no duelables, diría Judith Butler), así como de capital ilegal para acelerar el proceso de acumulación del capital. En esa medida, a la nueva ola de despojo le sucede de manera simultánea la producción de caos y la instauración de la guerra, formas que históricamente han aumentado el precio de las mercancías.
A partir de la entrada de Daniel Noboa o incluso antes con Guillermo Lasso, podríamos pensar que esta alianza entre capital legal e ilegal coloca al Estado como parte del engranaje necesario para establecer una relación directa con las transnacionales y las mafias que operan directamente en América Latina. En esa medida, el Estado y los escenarios políticos creados por las élites son elementos centrales para alcanzar los objetivos transnacionales del capital ilegal que ya estaba en un proceso de articulación con el capital financiero legal.
Si bien el comportamiento de las élites en el país está determinado por su carácter rentista, se ha producido en este tiempo un pacto por arriba (entre la mayoría de las fuerzas políticas) que, casi sin excepción, avala y aplaude la tesis de que la mano dura y la militarización le devolverán al Ecuador seguridad y paz. Este pacto, que se difumina por momentos debido a las disputas entre las distintas facciones de la oligarquía ecuatoriana por el control de la renta pero también por el control del Estado, requiere una reforma constitucional que archive los elementos más democráticos de la Constitución de Montecristi y permita la consolidación de un neoliberalismo agresivo que amenaza la vida.
En efecto, para cumplir las necesidades de los capitalistas nacionales o extranjeros se requiere la instauración de un nuevo orden legal que habilite, legitime y resguarde el despojo. Despojo que tradicional e históricamente se produce en el capitalismo por la vía de la explotación del trabajo, de la mercantilización de la naturaleza, del desmantelamiento de lo público social y que actualmente incorpora el despojo generado por la militarización, el control territorial de los carteles del narcotráfico, la intensificación del comercio de armas y de la trata de personas.
En esa medida, este pacto por arriba requiere fuerza de trabajo ilegal para reproducir y aumentar las ganancias de los grupos capitalistas. Mientras las élites controlan las infraestructuras, las vías para movilizar las mercancías, y buscan modificar el marco legal, es el pueblo racializado, empobrecido y joven quien en estos momentos está poniendo su vida asfixiada por el abandono y el racismo estructural.
Para que esto ocurra, el gobierno de Noboa ha desplegado: 1) una narrativa sobre la violencia y la urgencia de seguridad y militarización que configura como enemigo interno a los y las jóvenes empobrecidos y racializados (Esmeraldas, Guayas) que están a merced de las torturas perpetradas por las Fuerzas Armadas y el reclutamiento al crimen organizado; 2) una narrativa contra el terrorismo (elemento que ya veíamos en tiempos del progresismo) pero que ahora tiene como novedad el vínculo directo entre terrorista y parte del crimen organizado, y que ha permitido ampliarse al conjunto de quienes nos oponemos a la minería, a la militarización, a la consulta popular, etc.; 3) una estrategia que avanza para golpear duramente al actor que mayor capacidad de representación, movilización y sentido de pertenencia tiene en el campo popular organizado: la CONAIE y que posteriormente se expandirá al resto de actores; 4) la recurrencia al clivaje correismo vs ant correismo (asalto a la Embajada de México) para garantizar un voto “duro” a favor del régimen y con eso acercar al resto de derechas; y 5) una Consulta Popular que permita constitucionalizar un orden de despojo y una vía de militarización y represión, que se pasa por alto la legalidad que la propia burguesía/oligarquía esgrimió y que ahora le resulta una camisa de fuerza.
En efecto, las preguntas de la Consulta Popular están organizadas en torno a la permanencia en el combate al crimen organizado de las Fuerzas Armadas como estrategia complementaria de las labores de la Policía Nacional; pero también proponen el regreso al arbitraje internacional como forma privada de garantizar el desangre del Estado ecuatoriano a través de mecanismos interpuestos por las empresas transnacionales para garantizar sus inversiones presentes y futuras por encima de los derechos laborales, humanos o de la naturaleza. Finalmente, en la consulta se pregunta al país por la legalización del trabajo por horas, que no solo contraviene todos los acuerdos y derechos firmados por Ecuador en materia laboral, sino que precariza y abarata la fuerza de trabajo para aumentar las ganancias de los empresarios, dejando sin efecto sus derechos laborales y poniendo en peligro al Seguro Social al flexibilizar y dejar sin base las contribuciones de la clase trabajadora.
Ante esto, el conjunto del campo popular organizado ha optado por llamar a votar NO en las once preguntas y desplegar distintas acciones para dar la vuelta a la tendencia por el Sí que han mostrado las encuestadoras en estas últimas semanas. En este sentido, la voz más clara y política que sin cálculo ha representado nuevamente a las organizaciones, colectivos y movimientos ha sido la de la CONAIE. Siguiendo la tradición histórica de abordar los problemas estructurales y los escenarios de la coyuntura desfavorables contra el pueblo, el movimiento indígena con todas sus tensiones, desencuentros y diversidades internas ha sido una voz que con enorme capacidad pedagógica ha recuperado la certeza de que la lucha no es solo con y para los pueblos y nacionalidades indígenas, sino para la totalidad de un campo popular en crisis y debilitado. Con esta fuerza hemos visto que el tejido organizativo que actuó y se produjo en el paro del 2022 ha vuelto a rearticularse de distintas maneras para hacerle frente al proyecto de giro dictatorial del presidente Noboa. Más allá de los resultados de la Consulta Popular de este 21 de abril, las tareas para las organizaciones no son menores: la construcción de una estrategia de articulación en torno a un proyecto político desde abajo, amplio y diverso que le proponga al Ecuador una alternativa distinta a las derechas y al progresismo.
AUSCHWITZ HOY SE LLAMA GAZA
Rafael Narbona
Se ha criticado muchas veces la pasividad de las democracias occidentales durante la Shoah, cuya existencia se conocía desde 1942, cuando Jan Karski, diplomático polaco, informó a Roosevelt y Churchill de lo que sucedía en el Este de Europa. Hoy sabemos lo que está sucediendo de Rafah y Alemania, Francia, Reino Unido y EEEUU, lejos de adoptar medidas disuasivas, siguen apoyando el genocidio impulsado por Netanyahu, un criminal de guerra que jamás responderá por sus actos, pues goza del apoyo de las grandes potencias occidentales y se beneficia de la inhibición de muchos países árabes. EEUU e Israel no reconocen la Corte Penal Internacional y nadie moverá un dedo para que Netanyahu se siente en el banquillo, pese a que es el responsable del asesinato de más de 40.000 civiles palestinos, la mayoría niños.
Karski logró infiltrarse en el gueto de Varsovia y en un campo de tránsito, lo cual le permitió ser testigo del genocidio que se había puesto en marcha. Detenido por la Gestapo, fue brutalmente torturado, pero logró fugarse y realizó una gira por las democracias que aún no se hallaban bajo la bota nazi, relatando lo que había presenciado. No sirvió de nada. Los aliados se encogieron de hombros. En 2024 se repite la historia. El gobierno israelí ha ocupado los puestos fronterizos que se utilizaban para abastecer de ayuda humanitaria a millón y medio de refugiados. Se está privando a las familias palestinas de alimentos, agua, electricidad y asistencia sanitaria. Es imposible no establecer analogías con la destrucción del gueto de Varsovia. La derecha, tradicionalmente antisemita, hoy apoya los crímenes del sionismo. Milei, Díaz Ayuso, Abascal, Trump, Aznar, celebran las bombas israelíes y animan a continuar la agresión contra Gaza.
No se puede negar a los palestinos el derecho de resistencia, pues Gaza y Cisjordania están ocupadas, pero cuando se utiliza la violencia contra la población civil, no se puede hablar de resistencia, sino de terrorismo. Es lo que hizo Hamás el 7 de octubre de 2023 y es lo que hace hoy Israel. Hamás asesinó a 1.200 israelíes. No todos eran civiles, pero sí la mayoría. Las Fuerzas de Defensa de Israel han asesinado a más de 40.000 palestinos, pues también hay que contar los cadáveres sepultados por los escombros. Solo un 15% eran milicianos de Hamás. El terrorismo de estado de Israel es mucho más inmoral, pues se ejerce desde una posición asimétrica. No hay guerra en Gaza, sino un obsceno genocidio. Hamás debería liberar los rehenes. Su cautiverio es inmoral y cruel, pero no es menos inmoral que el gobierno israelí mantenga en prisión sin cargos a miles de palestinos, aplicando la figura de la detención administrativa, que no exige aportar pruebas ni contempla fecha de juicio. Esos miles de detenidos también son rehenes.
El gobierno israelí acusa de antisemitismo a todos los que se atreven a criticar sus crímenes, sin advertir que su conducta está encendiendo de nuevo los prejuicios contra el judaísmo. Conviene aclarar que sionismo y judaísmo no son términos sinónimos. El sionismo es una ideología supremacista. El judaísmo una tradición digna de respeto que ha realizado grandes aportaciones culturales y científicas. Netanyahu está adoptando el un victimismo que ya nadie se cree. Su demagogia ya solo conmueve a la ultraderecha.
Auschwitz hoy se llama Gaza. Un estado invoca su derecho a existir para perpetrar una limpieza étnica y destruir a un pueblo. La opinión pública está horrorizada, pero los gobiernos miran hacia otro lado. ¿Por qué? Porque el poder real no está en los gobiernos, sino en los grandes grupos empresariales que los controlan. La democracia solo es una fachada que legitima un orden mundial profundamente injusto. Las acampadas que se están realizando en las universidades de distintos países contra los crímenes de Israel en Gaza nos devuelven la dignidad a todos, pues nos demuestran que los ciudadanos no participan de la miseria moral de líderes al servicio de inconfesables intereses económicos y geoestratégicos.
Los intelectuales que evitan pronunciarse sobre estos temas para no perder lectores actúan de una forma tan mezquina como los deportistas que aceptan representar a países donde se violan los derechos humanos. Se echan de menos voces como las de Saramago y José Luis Sampedro. Auschwitz hoy se llama Gaza y los inocentes no pueden esperar a mañana. Todos deberíamos alzar la voz para que cese su sufrimiento. En estos días, el silencio es una indignidad.
Horizontes de Plurinacionalidad – Luchas comunitarias populares en Ecuador (1970-2019) – reseña
El libro del intelectual saraguro Inti Cartuche Vacacela rinde homenaje a las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas, que han marcado la historia de la democracia con propuestas innovadoras y proyectos colectivos. Sin pretensiones chauvinistas, Cartuche sitúa su trabajo en un contexto que abarca desde la historia hasta la teoría política, el análisis crítico del neoliberalismo y la perspectiva kichwa sobre la historia contemporánea del movimiento indígena. Dividido en cuatro capítulos, el libro aborda temas como la resistencia histórica en «Tierra, cultura y libertad», las consecuencias del neoliberalismo en «Ganamos pero perdimos», la dinámica política frente al proyecto progresista en «La patria ya es de todos, menos de los indios», y las posibilidades de construir la plurinacionalidad en «Hacer nuestra propia libertad». Además, ofrece un epílogo donde reflexiona sobre las distintas aristas de la plurinacionalidad y un anexo teórico que profundiza en las categorías clave de su análisis, todo ello con una narrativa fluida y rigurosa, alejada de academicismos.
También sintetizamos el sensible e inteligente prólogo que antecede a este importante aporte teórico, realizado por Alejandra Santillana. En este texto ella aborda la complejidad del contexto político y social actual, caracterizado por la crisis de alternativas y la polarización ideológica. Critica la tendencia a las dicotomías simplistas que dominan el discurso político, destacando la necesidad de miradas más amplias y contextualizadas. Santillana elogia la obra de Cartuche Vacacela, «Horizontes de la plurinacionalidad», por su análisis riguroso y su propuesta pedagógica comunitaria popular, que combina diversas perspectivas y tensiones dentro del movimiento indígena ecuatoriano. Destaca la importancia de esta obra para abrir nuevas perspectivas políticas e intelectuales en tiempos de crisis, donde la plurinacionalidad se presenta como un horizonte de transformación profunda y síntesis autocrítica de nuestros pasos.
Este libro ofrece un análisis riguroso de las luchas del movimiento indígena ecuatoriano a lo largo de casi cinco décadas de historia del país. Escrito por Inti Cartuche Vacacela, Horizontes de Plurinacionalidad es una obra que combina distintas perspectivas y tensiones dentro del movimiento, proponiendo una mirada pedagógica comunitaria popular. Sumérgete en esta exploración que abre nuevas perspectivas políticas e intelectuales en tiempos de crisis, donde la plurinacionalidad se presenta como un horizonte de transformación profunda y síntesis autocrítica de nuestros pasos.
Título: Horizontes de Plurinacionalidad – Luchas comunitarias populares en Ecuador (1970-2019)
Autor: Inti Cartuche Vacacela
Edición: Primera edición
Editorial: Ediciones Abya Yala
Año de publicación: 2023
Número de páginas: 341
Dimensiones: 15 x 21 cm
EQUIPO EDITORIAL BOLETÍN ICCI-ARY Rimay, Año 14, No. 155, abril 2024:
Iván Cisneros
Luis Macas
Katik Macas
Paulina Palacios Herrera
