By icciec2024
La Plurinacionalidad es el principio político que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas las nacionalidades que existen en el nuestro país.
En el Ecuador es necesario la plurinacionalidad debido a que existen diversos individuos y sociedades colectivas como indígenas, afro-ecuatorianos, mestizos, montubios, que constituyen el Estado Ecuatoriano. Como pueblos y Nacionalidades organizados hemos estructurado nuestra manera propia de vida, con derecho a nuestra propia administración de justicia, derecho a nuestro territorio, propia lengua y costumbres de los Pueblos y
Nacionalidades que hasta hoy existimos.
La plurinacionalidad es parte del proyecto político de la organización indígena, como un modelo de organización político, económico y sociocultural; y un sistema de gobierno que busca justicia, libertad y un desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad y de todas sus regiones y culturas, buscando la descolonización y discriminación de nuestros Pueblos y Nacionalidades. Durante muchos años de lucha y resistencia al modelo neoliberal se logró el reconocimiento de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas que ya se encuentran estipulados en la Constitución Política ecuatoriana, el convenio 169 de la OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Cabe recalcar que la plurinacionalidad y la interculturalidad no son ni opuestos ni antitéticos, los dos van de la mano o son muy importantes el uno del otro, sin Plurinacionalidad no podría existir la interculturalidad, en la actualidad existen 14 nacionalidades y 17 pueblos, los pueblos indígenas tenemos lengua propia, territorio y recursos económicos, como por ejemplo la nacionalidad Kichwa, Shuar, Awá, etc, y dentro de estas nacionalidades existen pueblos diferentes como los Saraguros, Otavalos, Cañaris; con su diversidad y características propias.
De esta manera se estructura el Estado Plurinacional, que es la organización política y jurídica de los Pueblos y Nacionalidades del país. El Estado Plurinacional surge cuando varios pueblos y nacionalidades se unen bajo un mismo gobierno y Constitución.
La plurinacionalidad es el camino a la autodeterminación como nacionalidades y pueblos, permitiendo establecer las propias costumbres, creencias, formas de organización política, social y jurídica.
Muchos piensan que el estado plurinacional es un estado dentro del estado o llevar a las autonomías dentro del estado ecuatoriano y no es así, todo lo contrario, el reconocimiento de las nacionalidades indígenas se basa en la necesidad de romper con el estado liberal a cambio del estado plurinacional, se trata de diferenciar nacionalidad de ciudadanía y reconocer la interculturalidad como un espacio de integración entre indígenas, afros, blancos, mestizos etc. y de esta manera reconocer que existe una diversidad de culturas que llevan a una diversidad de naciones.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Natalia Sierra
El gobierno de la Revolución Ciudadana ha realizado en los últimos meses del año algunas jugadas en su tablero político, que dicen mucho sobre la anunciada “radicalización de su revolución”:
Despido masivo de trabajadores públicos
En el mejor estilo neoliberal, los “revolucionarios” de Alianza País pusieron en marcha el despido ilegal e inconstitucional de cientos, miles de trabajadores públicos, la mayoría de los cuales pertenecen al área de la Salud. Es curioso, por decir lo menos, que el gobierno de la Revolución Ciudadana haga efectiva en toda su radicalidad las políticas del Consenso de Washington que los gobiernos declaradamente neoliberales no pudieron hacerlo. Cabe preguntarse: ¿si la anunciada “radicalidad de la revolución” es en realidad la radicalización de las políticas neoliberales?
Cuando el gobierno de Sixto Duran Ballén empezó con la compra de renuncias en el sector público, hubo presiones a los empleados para que se acojan a dicha política, sin embargo no llegaron a la violencia con que la Revolución Ciudadana ha aplicado la política de la renuncia obligatoria. El absurdo semántico contenido en la expresión “Renuncia Obligatoria” muestra en su ejercicio práctico su violenta realidad. Queda claro que la única manera de ejecutar esta absurda afirmación es en su literalidad fáctica: ir con la fuerza pública y obligar a los trabajadores a renunciar, amenazándoles con la cárcel e incluso, como el caso del Dr. Jijón amedrentándole con las armas del GIR.
Esta infame violación a los elementales derechos humanos, que la Constitución del Ecuador reconoce, es imperdonable e inaceptable. Cómo es posible que la Constitución garantista, que los ecuatorianos aprobamos, sea vilmente burlada por un gobierno que comete semejante crimen en contra de los trabajadores. Porque no otra cosa es la política de las Renuncias Obligatorias, sino un crimen de Estado. No solo los asesinatos extrajudiciales que el Estado ecuatoriano ha cometido a lo largo de su historia en contra de la disidencia política son crímenes de Estado. Es un crimen dejar a miles de familias sin el recurso para su subsistencia, a niños sin alimento, educación, quizás sin vivienda. ¿Acaso esto no es un crimen? ¿No se supone que el Estado tiene que garantizar el trabajo para todos los ecuatorianos?
¿Qué mueve tamaño atropello a los derechos humanos?:
¿Dejar puestos libres para reemplazarlos con trabajadores jóvenes con contratos eventual sin ninguna seguridad laboral. Jóvenes trabajadores que estarán obligados a jurar fidelidad al proyecto de la Revolución Ciudadana, si quieren conservar su trabajo?
En el caso del área de la Salud ¿hacer una transferencia directa de los recursos del Estado a la empresa de salud privada?, pues como se ha anticipado los médicos especialistas despedidos podrán trabajar de forma particular en los hospitales y clínicas privadas, las mismas que van a dar servicio de “ayuda” que el Estado tendrá que pagar a los costos de la empresa médica privada. ¿Será acaso para esta negociación que buscan subir los impuestos? O ¿se está privatizando la salud “disimuladamente”?
¿Se quiere descabezar la organización de los trabajadores públicos despidiendo a sus dirigentes?, ¿Se quieren librar de los funcionarios que han denunciado malos manejos de la actual administración?
Se ha dicho que los trabajadores despedidos son corruptos, si esto fuese verdad entonces ¿por qué no se les ha hecho sumarios administrativos y se les ha enjuiciado?, ¿por qué se les indemniza? Si la política es acabar con la corrupción en la función pública ¿por qué no se empieza dando ejemplo con los funcionarios que han entrado con esta administración y que han estado y están involucrados en actos de corrupción?
No hay argumento válido para esta violación a los derechos de los ecuatorianos, es simple e indignantemente una atropello de la Revolución Ciudadana, en función de los intereses económicos y políticos de los grupos de poder articulados a este proyecto.
Encarcelamiento a dirigentes populares
Dentro de la política de criminalización de la lucha social que aplica la Revolución Ciudadana, en estas últimas semanas se apresó a dos compañeros dirigentes populares: Compañero Marco Guatemal de la FICI y el compañero Leonardo López de la Federación de las Organizaciones Campesinas e indígenas del Azuay. Compañeros acusados de sabotaje y terrorismo por su compromiso por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y por la defensa de la naturaleza. Mientras se persigue y criminaliza a los dirigentes populares, la Revolución Ciudadana en la persona del “Presidente Rafael Correa ha mencionado la posibilidad de indultar, o aplicar una ley de gracia, a los seis militares colombianos, responsables de la operación Fénix, si fueran condenados en Ecuador por el bombardeo de Angostura, ocurrido el 1 de marzo de 2008, en el que murió el líder de las FARC, Raúl Reyes.”[i] Según dice el Portal del Ciudadano el presidente Correa sostuvo: “La justicia en Ecuador, como en Colombia y como en todo Estado de derecho, es autónoma, entonces, qué puede hacer el estado ecuatoriano respecto a aquello que acabarse el proceso judicial y luego, si hay sentencia condenatoria, en aras de las buenas relaciones entre los países, podemos hablar de indulto, de ley de gracia, algo, pero yo no puedo, como Ejecutivo, interferir en un proceso judicial en marcha.”[ii]
No es necesario siquiera interpretar esta declaración, ella habla sola. Se piensa indultar a militares colombianos que participaron en un ataque ilegal e ilegítimo que violó la soberanía nacional, mientras se ha iniciado más de doscientos juicios por terrorismo a indígenas, mujeres, campesinos ecuatorianos que luchan por defender la vida y la dignidad. Esta es la radicalización de la Revolución Ciudadana, dar las espaldas y combatir al pueblo ecuatoriano y acercarse a Gobiernos de extrema derecha como el colombiano.
Reajuste al gabinete
En este contexto, en el cual las políticas que está implementando la Revolución Ciudadana no muestran sino su clara filiación al proyecto político de la derecha capitalista, en su acostumbrada manipulación política-ideológica hace un “reajuste al gabinete”. Un movimiento de fichas para asegurar la continuidad del proyecto en función del año electoral que se avecina. En este nuevo movimiento de fichas se observa una intención que parece buscar dos cosas:
Por un lado, control en base a un plan de inteligencia política que garantice seguridad para el gobierno en un ambiente de creciente malestar social, debido a las políticas antipopulares que se han venido ejecutando. Para esta tarea se ha designado a Raúl Patiño conocido muy bien por escándalos como el “Foco Ladrón”.
Por otro lado, control de las organizaciones sociales en base a mantener y radicalizar la política de divisionismo, manipulación y chantaje que se ha venido sosteniendo contra las organizaciones sociales y populares. Para este trabajito se ha escogido a dos personajes que servirán en dos sentido: i Betty Tola, Ministra Coordinadora del Aérea Política, encargada de “tender puentes” con las organizaciones y movimientos sociales básicamente la CONAIE. Quizás supongan que porque fue vicepresidenta de Pachakutik pueda hacer mejor el trabajito con el movimiento indígena para neutralizar su lucha. ¡¡ Más novedoso es la designación de Mireya Cárdenas, ex militante de AVC, al frente de la Secretaría de Pueblos. Según dice la presa la tarea central de Cárdenas será conseguir que las agrupaciones de jóvenes, mujeres e indígenas rodeen al gobierno[iii], en función de las próximas elecciones. Está claro que se quiere usar la historia política de Cárdenas para dar un maquillaje de izquierda al gobierno, pues la nueva Secretaria no tiene ninguna cercanía con las organizaciones sociales, es solo un golpe publicitario en la política de manipulación ideológica al pueblo, acostumbrada en el actual gobierno.
Vale la pena aclarar que la participación de Cárdenas es a nombre personal y no a nombre de la organización AVC que hace tiempo dejó de existir. Aclaración necesaria que protege la memoria de los compañeros caídos en la época del gobierno Social Cristiano de Febres Cordero, quienes por su convicción de lucha nuca hubieses participado en un gobierno antipopular. Con esta aclaración Cárdenas deberá sumir su responsabilidad, pues la única manera de que sea coherente con su pasado es que exija desde la Secretaria de Pueblos que se suspendan todos lo juicios de terrorismo y sabotaje contra los compañeros campesinos e indígenas, y que se termine la criminalización de la lucha social. Pero sabemos muy bien que si hiciera lo justo sería inmediatamente separada del gobierno y no tendría sentido que haya aceptado ser parte del mismo, en el momento en que no hay duda de que su proyecto es un proyecto de la derecha capitalista.
Los otros cambios son parte de la misma política que se ha venido sosteniendo y servirán para que los funcionarios trabajen en función de radicalizar la Revolución Ciudadana, digamos de radicalizar la política antipopular.
[i] Portal Oficial El Ciudadano
[ii] Portal Oficial El Ciudadano
[iii] El Comercio viernes 13 de Noviembre
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Edgar Isch L.
Revista Rupturas No. 5, Quito <r.rupturas@gmail.com>
En distintos momentos, los sectores populares se han planteado la necesidad de caracterizar a este gobierno para contar con una interpretación necesaria que permita comprender el comportamiento de los distintos sujetos y actores sociales, así como las perspectivas que se abren para el país.
La tarea no ha sido y, aún hoy, no es sencilla debido a las contradicciones que se observan entre el primero y el segundo gobierno de Correa, algunas posturas correctas en política internacional frente a un accionar opuesto en lo nacional, o el abuso de un discurso izquierdizante que busca confundir a los trabajadores y pueblos, mientras se aplican políticas derechistas especialmente en el área económica. Por ello y por la cercanía de una serie de factores, cualquier caracterización realizada, incluyendo la de este mismo artículo, resultan interpretaciones que guardan inevitablemente un carácter provisorio pero que, debido a los hechos que sustentan el análisis, contribuyen a identificar hacia dónde el proceso continuo de derechización, cada vez más acentuado de este segundo período, condujo al gobierno
Una de las interpretaciones más generalistas ha sido la de calificarle como gobierno post- neoliberal. Si con ello se quiere decir que este gobierno no aplica buena parte de las recetas del Consenso de Washington, la afirmación es correcta. Sin embargo, el venir después de algo o, en este caso, del neoliberalismo, de por sí no significa que se llegue a una situación mejor para los sectores populares y, mucho menos, que se haya afectado los mecanismos de dominación del capital abriendo paso a una nueva sociedad.
Procurando observar más a la práctica gubernamental y menos a sus discursos, encontramos rasgos que caracterizan la conformación de un nuevo esquema de dominación del gran capital, principalmente trasnacional, sobre los intereses nacionales, de los trabajadores y pueblos del Ecuador.
Ese modelo tendría dos características fundamentales: un neo-institucionalismo y un neo-desarrollismo con base extractivista, mixturados pero que de ninguna manera (y ya casi ni en el discurso, si se considera el llamado de Rafael Correa a la concertación con los empresarios el pasado 10 agosto), cuestiona los fundamentos de la acumulación de capitales. A fin de cuentas, es un gobierno que considera que enriquecerse no tiene nada de malo porque pretende desconocer que las grandes fortunas sólo pueden surgir con base en la explotación del hombre por el hombre.
El neo-institucionalismo surge como una respuesta a la crisis del capitalismo, combinando criterios neoliberales y keynesianas que, siendo opuestos en muchos aspectos, confluyen en la defensa del sistema y en pretender que el origen de la crisis no está en el sistema mismo, sino en factores institucionales frente a los cuales hay que asumir una postura para manejarlos en beneficio de la acumulación del capital en pocas manos. De allí que, en esencia, se proponen reestructurar las instituciones públicas y las condiciones en las cuales se mueve el capital. Así, por ejemplo, keynesianos como Joseph Stiglitz o George Soros, plantearán la necesidad de que el Estado posea instituciones que limiten la especulación, se establezcan regulaciones más estrictas que las permitidas en el neoliberalismo, cuestionen los excesos de autonomía de los bancos centrales (en el Ecuador el Banco Central ya dejó de ser autónomo) pero que, en la práctica, planteen además medidas para socializar las pérdidas y garantizar las ganancias del sector financiero.
Para contar con nuevas instituciones, las clases dominantes aceptan que por un tiempo se puedan transferir las riendas del aparato del Estado a una élite de expertos que tengan condiciones para ocultar en qué manos realmente se encuentra el poder (el poder real está en toda la estructura social y no solo en el Estado como organismo de administración). Desde allí emplearán mecanismos tecnocráticos e incluso neoliberales como los cobijados bajo el nombre de “meritocracia”, mediante los cuales se mantiene y fortalece la competencia como mecanismo fundamental de producción, pero esta vez llevada a la competencia individual, entre personas, lo cual se asemeja a un “sálvese quien pueda”, que combina muy bien con la visión de individuos ciudadanos cuyos nexos sociales van siendo quebrados al mismo tiempo que se ataca a las organizaciones populares.
Las bases del neo-institucionalismo se plantearon ya en el informe del Banco Mundial de 1997 llamado: “El Estado en un mundo en transformación”. Allí se proponía devolver ciertos roles al Estado mediante cambios y ajustes institucionales que, sin embargo, no rompieran con la esencia de los dogmas neoliberales. Por tanto, permiten hablar de una “nueva arquitectura financiera internacional”, mientras en Europa y Estados Unidos se aplican políticas de ajuste ya sufridas en América Latina y otras partes del mundo.
Esto genera una serie de rupturas con el neoliberalismo, tal y como lo conocíamos hasta los gobiernos anteriores, pero al mismo tiempo genera continuidades que son visibles en la búsqueda de la eficacia económica y en el impulso de la acumulación de capitales en pocas manos. Vale recordar expresiones gubernamentales que demuestran ese impulso: “se nos convenció de que ser pobres de ser bueno, la capacidad de acumulación se sataniza” (…) “necesitamos prosperidad material, capacidad de acumulación, producir más de lo que consumimos comillas” (revista Vanguardia, número 253, agosto de 2010).
La creación y cambios ministeriales, la estructuración de nuevas leyes que van en esta dirección tales como el código de la producción, los ajustes en las distintas instituciones estatales y los ajustes en los términos de actuación de los sectores privados, como en la ley antimonopolios, hablan de cómo en el gobierno de Rafael Correa se ha dado paso a esa neo institucionalidad.
Alguien podría argumentar que una nueva sociedad, la sociedad socialista, requerirá también instituciones de nuevo tipo. Por ello es importante enfocar también que clases sociales son las beneficiadas y cuál es el modelo de desarrollo que se está siguiendo desde las esferas oficiales.
Además de lo dicho, estamos viviendo la aplicación de una serie de normas neo- desarrollistas, que van acompañadas de la implementación de programas de asistencialismo social, con revalorización del sector público pero que, a diferencia del desarrollismo de los años 70, no logra impulsar una producción que contribuya a una economía más centrada en el mercado nacional, y menos en los intereses y demandas del mercado internacional.
La matriz extractivista del pensamiento económico del gobierno obliga a una reprimarización de nuestra economía es decir, a ubicarnos como productores de materia prima supliendo necesidades del mercado internacional y fortaleciendo a sectores de la gran y la mediana burguesía que están íntimamente relacionados con los capitales transnacionales. Si bien es cierto que existen pocos grupos monopólicos afectados por las decisiones políticas y económicas del gobierno, tales como el grupo Isaías, también es cierto que otros grupos monopólicos han tomado su lugar y que son los ligados a la producción petrolera, minera, agricultura intensiva y de exportación. Datos recientes del INEC confirman el alto grado de concentración de la producción en el Ecuador tanto territorialmente, cuanto en determinados grupos económicos.
Los programas de asistencia social permiten a éste, como a los gobiernos de los demás países de América Latina, sean abiertamente de derecha o de los llamados gobiernos progresistas, a mantener un apoyo de importantes sectores populares, el mismo que tiene una vida limitada en función del desgaste de las políticas clientelares, que siempre se presenta como lo demuestra la historia de nuestros países.
En este contexto, es natural que las encuestas señalen un creciente apoyo del sector empresarial al gobierno y que las calles demuestren un creciente rechazo de parte de las organizaciones populares. Cada clase social va tomando su lugar frente a la coyuntura histórica y, el hecho de que personajes y hasta pequeñas organizaciones relacionadas con una u otra clase aparezcan en contradicción con la posición de la misma, no reduce la verdad este hecho sino que tan sólo, permite identificar a quienes renuncian a esa identificación y, en última instancia, traicionan a quienes dicen representar.
El propio carácter del neo-institucionalismo como una forma de “poner la casa en orden”, justifica la represión a los opositores y la criminalización de la protesta social, aspecto que, por otro lado, siempre acompaña al extractivismo. El fortalecimiento del Estado que vemos, tiene como finalidad principal garantizar las inversiones de los grandes capitalistas y dar “seguridad jurídica y social” a las nuevas, tal y como vemos en el trato a las transnacionales mineras, cuanto a los acreedores de la nueva deuda externa.
Pero el orden de una casa que desde sus estructuras origina las crisis, no podrá ser más que un momento transitorio mientras las mayorías toman conciencia de la necesidad de que solo se puede construir una casa nueva tras destruir la casa en ruinas. En el mundo entero se observa hoy una gigantesca participación de los pueblos tomando las calles y hablando de construir una nueva sociedad que supere al capitalismo, una casa nueva y no ajustes en la vieja. Ninguna reforma tibia, a pesar de sus rupturas y continuidades con el neoliberalismo, podrá pagar este anhelo que también en el Ecuador crece de manera continua.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
