By icciec2024
Así sucedió hace 25 años, la fecundidad histórica del movimiento indígena se manifestó en el contexto más violento y represor del gobierno de León Febres Cordero, que fue uno de los brazos del poder oligárquico e imperialista que perseguía e intentaba desmantelar toda lucha libertaria en nuestra Patria.
Las luchas acumuladas de los pueblos indígenas desde hace siglos, encontraron las condiciones óptimas para consolidarse en una organización que enarbole la bandera multicolor de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, junto a los excluidos por los gobierno de turno.
De este modo surge La Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuador CONAIE el 16 de noviembre de 1986, con el objetivo de defender y recuperar las tierras y territorios usurpados, es decir defender la Pachamama, por construir un Estado Plurinacional y una sociedad Intercultural, para continuar luchando por los sueños y recorrer por los caminos señalados por nuestros líderes como Rumiñawi, Daquilema, Jumandi, Dolores Cacuango y otros que lucharon por los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, y de todos los ecuatorianos para que los derechos fundamentales no sigan pisoteados por siglos en Latinoamérica.
Todos los gobiernos y los grupos de poder económico y político desde entonces han pretendido aniquilar las luchas históricas del movimiento indígena, más aún luego del levantamiento indígena y popular realizado en 1990, puesto que la CONAIE irrumpió en la historia del país y del continente como un ejemplo de lucha, que enfrentó al poder político, militar, económico y religioso, con las únicas armas gestadas de generación en generación, con la rebeldía en los corazones y llenos de dignidad, que habían sido enseñado desde el vientre de sus madres y el ejemplo de sus padres y abuelos que habían resistido desde hace siglos.
Niños, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos luchamos sin doblegarnos ante las amenazas de la represión armada, juicios, encarcelamientos, torturas y diversas maniobras de amedrentamiento y división de nuestras fuerzas. Desde entonces nos constituimos en la mayor amenaza para el capitalismo y el imperialismo. No en vano el Che Guevara tenía fe y esperanza en los pueblos indígenas.
De esta manera hemos realizado grandes levantamientos al precio de sangre, contra el modelo neoliberal y toda forma de nuevo colonialismo, junto con diversos sectores sociales, hemos derrotado a los gobiernos neoliberales que imponían paquetazos económicos, feriados bancarios; luchamos y echamos abajo el ALCA y el TLC. Luchamos por la defensa de soberanía nacional; por la recuperación de los Recursos Naturales; por la salida de base militar de Manta y el plan Colombia impuesto por el imperio norteamericano.
Luchamos por una nueva Constitución en la que se declara Estado Plurinacional y sociedad intercultural, que contemplen los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, la justicia indígena, las circunscripciones territoriales indígenas, la creación de las instituciones indígenas; entre innumerables luchas que siempre repercutían en la búsqueda del Sumak Kawsay de todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
Lo que jamás nos imaginamos es que un día tendríamos que enfrentar a un gobierno que en nombre de la “revolución” pretenda aniquilarnos, y nos persiga como terroristas, nos enjuicie y encarcele a nuestros líderes, y realice todo tipo de maniobras con la intención de debilitar. Sin embargo la lucha continúa, porque se pretende incursionar en nuestros territorios, sin ningún respeto a los derechos, para usurpar los recursos de todos los ecuatorianos y contaminar a la Pacha Mama, en nombre del progreso, el desarrollo y por la sobrevivencia de un modelo capitalista que fracasó.
Es hora de luchar por una auténtica revolución agraria y ecológica, por la democratización de la economía, la comunicación, por el derecho a la resistencia. Lucharemos porque se ejerza la justicia indígena y cese la represión contra dirigentes de los diversos sectores revolucionarios, sobre todo por los más 200 compañeros que están siendo enjuiciados acusados de terroristas.
Ningún partido político y gobierno cambiará la historia de nuestro país al margen de las fuerzas revolucionarias de la Patria. Sólo la conciencia de los pueblos rebeldes será la garantía para el presente y futuro de los millones de ecuatorianos.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Pablo Ospina Peralta
Dos maniobras políticas fallidas erosionaron el inmenso apoyo social y electoral del que Evo Morales gozaba hasta diciembre del año pasado. El intento de eliminar de golpe y sin anestesia los subsidios a los combustibles; y el lamentable espectáculo de un viejo luchador social que no solo reprimía por medios innobles sino que buscaba desautorizar con argumentos insólitos el legítimo derecho a hacer una marcha de indígenas amazónicos que se oponían a una carretera. En ambos casos, el presidente boliviano retrocedió en un gesto doble de flexibilidad y rectificación. Pero la herida simbólica y política es grave y honda. Revela la torpeza a la que arrastra la arrogancia del ejercicio del poder, pero también el peso y la autonomía política que conservan las organizaciones sociales y su capacidad de movilización.
Ambos tropiezos expresan también la existencia de contradicciones sociales, culturales y programáticas profundas: la que distancia a los colonizadores de los pueblos amazónicos, la que separa las políticas desarrollistas clásicas de una auténtica transformación en el modelo económico. No hay respuestas sencillas para esas contradicciones pero cualquier salida requiere el diálogo, el respeto a diferentes opciones y la apertura a negociaciones sensatas. Al final, Evo Morales terminó aceptando la negociación. Pero lo hizo de la peor manera, contra su voluntad, como segunda opción; y ahora debe pagar el precio político de haber creído que esas “tensiones creativas”, como García Linera llama a estas contradicciones, se podían manejar por medio de la imposición.
Durante las últimas semanas, cuatro acontecimientos en Ecuador recuerdan estos problemas del proceso de cambio en Bolivia. Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena de Imbabura, es arrestado por haber conducido una manifestación anti-gubernamental en Otavalo hace dos años. Más de treinta estudiantes secundarios son investigados y procesados por participar en manifestaciones contra la improvisación en la aplicación de la reforma curricular del bachillerato. El presidente Correa se enfrenta a manifestantes en Quimsacocha, provincia del Azuay, que se oponen a la firma de un contrato minero que amenaza sus tierras y su forma de vida, a quienes llama “agitadores” y “tirapiedras”; y que, a pesar de los riesgos que implica recientemente atacar la majestad de la autoridad, terminaron lanzando piedras contra el automóvil presidencial. Un grupo de afectados por una represa en Chone, Manabí, es desalojado del terreno que ocupaban y se los acusa, nada más y nada menos, de ser manipulados por la CONAIE, una organización que nunca ha tenido bases organizadas en esa zona de la costa.
Tomados en conjunto, los cuatro acontecimientos son parte de una política coherente y sistemática. Equivale a convertir la línea de conducta que Evo Morales trató de aplicar con los marchistas del TIPNIS en una política de Estado. La diferencia no es solo la repetición sistemática de la actitud, sino que el gobierno ecuatoriano y su partido no provienen ni son herederos políticos de una tradición de movilización social ni de bases sociales organizadas que lo consideren “su” gobierno. Nadie que salga a protestar en Ecuador podrá gritar en la calle, mientras marcha en medio de la represión policial, como lo hicieron las mujeres indígenas de Bolivia: “¿qué le pasa al presidente?, nosotros le pusimos allí, éste es nuestro gobierno, ¿por qué nos hace esto?”.
Pero sin duda, de los cuatro, el más grave y pesado de consecuencias, es el empecinamiento en la política de expansión de la minería a gran escala. El gobierno ecuatoriano no percibe que la protesta que se enciende en las comunidades afectadas por la minería a gran escala está genuina y profundamente arraigada en la base. Siguiendo la tradición de la mayoría de gobiernos reaccionarios de América Latina, asume que las movilizaciones son obra de perversos agitadores externos. Y lo peor, pese a todo, no es que utilice ese discurso que lo infama, sino que el presidente realmente lo cree. Las consecuencias de semejante miopía pueden ser fatales. La minería afectará zonas densamente pobladas, donde la audacia y la ira contenidas en el episodio de Quimsacocha, es probablemente una señal que amenaza extenderse como incendio en la paja reseca. El empecinamiento en la vía colonial del extractivismo minero no solo es incompatible con el cambio que se proclama, sino que encenderá conflictos impredecibles y seguramente mucho más sangrientos de lo que el Ecuador está acostumbrado a vivir. Ojalá tuviésemos un gobierno capaz de rectificar; pero quien desprecia la movilización social independiente tiene pocas herramientas para hacerlo.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
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Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Luis Macas
Ojarasca. Suplemento La Jornada <www.jornada.unam.mx>
En la realidad diversa del Ecuador, el reconocimiento entre nosotros fue un proceso, sin duda, complejo y sembrado de nuevos sentidos. Parecería incluso anecdótica la reconstrucción de tantos momentos de encuentro entre kichwas de la Sierra con compañeros y compañeras de las nacionalidades de la Costa, por ejemplo. Reconocer al otro desde nuestra propia alteridad, en el camino de estructurar una coordinación nacional de todos los indígenas, fue de las recompensas que encontramos.
Los hermanos shuar y kichwa de la Amazonía se hallaban ya en proceso de fortalecer sus organizaciones. En la región andina, décadas de lucha por la tierra habían amasado organizaciones fuertes, con una noción sólida de sí como campesinos. Del Sur veníamos con un reconocimiento de indígenas, cargando una forma propia de percibir la organización, aún nuestras comunas se sostenían en los mayorazgos y el sistema decenal. Ir encontrándonos en los años 70, todos más jóvenes, fue una experiencia intercultural o quizás intracultural e intercultural. Desde la apariencia exterior de nuestra vestimenta, la posibilidad de encontrar parecidos y diferencias entre nuestros pueblos, ir contándonos las múltiples luchas y batallas que diariamente librábamos contra la mentalidad colonial que no nos reconocía y no nos reconoce.
De esta manera, se fue caminando varios años. Sin duda, una minga de conocer nuestras identidades e ir encontrando los sentidos más profundos hacia la constitución de nuestra Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
Un hecho que marcó fue la constante presencia de la primera organización indígena, la “mamá FEI” como la llaman hasta hoy los mayores del norte de la serranía. Quisimos hacer justicia, partir de las luchas heroicas de nuestros líderes, surgir a la sombra protectora de la mamá Dolores Cacuango, aliada en innumerables luchas con una izquierda ecuatoriana que se esforzaba por entender la realidad indígena.
En los años 80 la conjunción de esfuerzos y voces estaba por prender en una sola organización nacional. En 1984, nuestro primer gran Congreso fue impedido con una violencia irracional desde el ejército enviado por el gobierno. Sin embargo, la hermandad de los shuar, en Sucúa, nos volvió a abrir las puertas, sin temores al sistema abusador. En 1986, fueron varios días de convivir entre distintos a los que nos hermanaba un desconocimiento colonial, entre pueblos que como única razón habíamos hallado la de la violencia a nuestra propia identidad. Sin duda como pueblos los más desposeídos, pues durante siglos nos han tratado, y aún tratan de desconocernos en lo que somos.
En ese Congreso se formalizó la alianza que hoy en día es la Conaie. Allí desde un espacio común de conducción integramos la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conacnie).
Desde el inicio la insurgencia de un pensamiento se fue rebelando. Encuentro que las voces sobre una identificación como nacionalidades, la demanda de romper el Estado liberal, constituyendo en gran minga la opción plurinacional, fue parte del parto de la unidad de nuestras voces.
Somos pueblos con idioma, territorio, una espiritualidad propia. Tenemos miles de años y, por lo tanto, somos nacionalidades. Nosotros pensamos, actuamos bajo el concepto de la dualidad. No es sólo lo material, sino también lo espiritual. Pero nadie ha entendido la espiritualidad de los indígenas; nos decían paganos, aunque decían que ellos eran ateos. Hablaban en contra de la brujería. Esos mitos hay que ir rompiendo.
Por todo esto, el concepto que defendemos no es el de ciudadanía. Pensar que no somos indígenas, sino ciudadanos, es individualizar a las comunidades, a los pueblos, pasando por alto los conceptos de reciprocidad, solidaridad y complementariedad, haciendo caso omiso a los derechos internos de cada pueblo. En nuestras comunidades resolvemos cosas colectivamente y es lo que debemos continuar haciendo. La ciudadanía es la relación del Estado con el individuo, pero no considera a las nacionalidades ni a los pueblos, ni a las futuras generaciones. Esta relación viene profundizando el individualismo.
¿Cuál puede ser el punto de encuentro con la sociedad no indígena? Mal que bien tenemos nuestra organización, tenemos puntos de encuentro entre nosotros pero, ¿dónde debe estar el encuentro con la sociedad nacional?, ¿cómo nos entendemos?, ¿qué puentes debemos utilizar?, ¿quién debe tener esos puentes?
No podemos tener un proyecto político sólo para los indios. Para cambiar el país se requiere tener relación con la otra sociedad, es necesario tener un mecanismo de encuentro, una identidad política con la otra sociedad. Ese punto puede ser la interculturalidad, pero es también la lucha social, como decía la lucha de clases, el reconocimiento entre explotados de esa tierra, el reconstruir la solidaridad entre los distintos, los pobres, los empobrecidos, los negados.
Esa pobreza no es sólo un problema de los indígenas, aunque nos afecta mayoritariamente, podemos construir alianzas contra la pobreza. Estamos dentro de una clase pobre, la lucha política existe, nunca podríamos aliarnos con la oligarquía. Es muy difícil que salgamos solos de este marasmo. El país no puede liberarse si no establecemos este tipo de alianzas. Recordemos que estas alianzas entre los pueblos, estos diálogos entre distintos, este recorrer hermanándonos para proseguir es parte, también, de una herencia milenaria.
Cuando salimos a otro país, Canadá o España, nos damos cuenta de que allí no ven la distinción. Todos somos iguales para ellos. Los mestizos son iguales, recién entonces muchos se ven en el espejo. Estamos condenados a vivir juntos. No es que unos tienen que irse y otros que quedarse. Aquí vivimos los indios, los mestizos, los negros. No podemos vivir todo el tiempo torciendo los ojos sin llegar a un entendimiento.
Las alianzas deben ir en el sentido de ir construyendo juntos, con otros. No es una reflexión sólo de los pueblos indígenas. Hay otros que también piensan como nosotros: los campesinos, los obreros, las mujeres, los ecologistas. También debemos tener en cuenta que no hay fronteras, que cuando hablamos de pueblos indígenas no nos encerramos en fronteras geográficas nacionales. La nación Quechua va desde Colombia hasta el norte de Argentina. Los hermanos Surra están en Perú, lo mismo los Agua están en el norte del Ecuador y sur de Colombia. Somos una América de Indios.
No vamos a poder sobrevivir en el sistema si no nos ayudamos, colectivamente, indígenas y no indígenas, a romper con el sistema. Es entonces un pedido desde la misma tierra que nos compone a todos, construir la plurinacionalidad, hacer de la diferencia la suma de un inmenso colectivo, dialogar respetando y reconociendo al otro y a uno mismo.
Luis Macas, líder histórico del movimiento indígena en su país, ha sido presidente de la Conaie, ministro de gobierno y candidato presidencial. Dirige el Instituto Científico de Culturas Indígenas. Este texto forma parte del ensayo que, con el mismo título, aparece en el volumen Plurinacionalidad. Democracia en la diversidad, compilado por Alberto Acosta y Esperanza Martínez, Ediciones Abya-Yala, Quito, 2009.
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Guido Proaño A.
El presidente de la República sabe cómo manejarse en la tarima, así lo ha demostrado durante todos estos años y no podía dejar de hacerlo en la reciente Cumbre Iberoamericana realizada en Asunción, Paraguay. Cuando la vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial, Pamela Cox, hacía uso de la palabra en ese evento, Rafael Correa abandonó la sesión señalando que Cox debería «comenzar su discurso pidiendo disculpas por el daño que el BM ha hecho a América Latina y al planeta».
Las cámaras y micrófonos corrieron tras él para sacar algunas declaraciones que, por supuesto, insistieron en criticar el nefasto papel jugado por ese organismo. Pero lo que el mundo no pudo conocer es que en ese mismo instante en el Ecuador 2500 empleados públicos eran despedidos bajo una novedosa figura inventada por la «revolución ciudadana», tipificada como «renuncia obligatoria». Al momento de escribir estas líneas ya son cerca de cinco mil los trabajadores estatales echados a la calle y, de lo que se conoce, la intención gubernamental sería despedir a muchos más.
Con habilidad y bastante de cinismo, el presidente ecuatoriano envió un falso mensaje al mundo: «en Ecuador existe un presidente de izquierda que hace frente a los organismos internacionales manejados por los dueños del capital financiero»; sin embargo, en realidad Rafael Correa aplica medidas que forman parte del viejo recetario del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, éste apenas es un solo ejemplo. Ahora la propaganda gubernamental intenta convencer que los despedidos son quienes, con su desidia e irresponsabilidad, tenían empantanado el funcionamiento de las instituciones estatales, que estaban contagiados por la corrupción o que sobraban en un aparato burocrático muy grande al que es necesario reducirlo, como lo afirma el Ministro de Relaciones Laborales Richard Espinoza. Pero ninguno de quienes de pronto viven hoy la desocupación fueron evaluados en su trabajo o juzgados por las temerarias acusaciones que se han lanzado.
No, simplemente es necesario echarlos para cubrir esas vacantes con gente cuyo principal mérito es portar el carné del partido de gobierno. Entre los cesantes, por ejemplo, existen profesionales de la salud de alto nivel; mujeres embarazadas que por ley no pueden ser despedidas; dirigentes sindicales; trabajadores que estaban por jubilarse, por lo que ahora han perdido ese derecho… La asambleísta por Loja, Nivea Velez, denunció en el parlamento que la gobernadora de su provincia despidió a 112 de 113 empleados de esa institución. ¡Quién puede creer que tras esa barrida no está la intención de saciar el apetito de correístas que se afirman en la «revolución» a cambio de un puesto! Eso es lo que la Ministra Doris Solís y otros denominan cubrir los puestos en base a la «meritocracia».
La renuncia a una función es un acto voluntario, pero el correísmo parió la renuncia obligatoria que, por cualquier lado que se la mire, es inconstitucional. El ministro Espinoza es incapaz de diferenciar lo que constituye un acto voluntario de uno forzado y señala que lo actuado se apoya en el art. 47, literal k de la Ley Orgánica de Servicio Público que habla de la “compra de renuncias con indemnización”, pero resulta que ninguno de los empleados despedidos presentó su renuncia: fueron echados de su trabajo, lo que equivale a despido intempestivo. No son pocos los servidores públicos que denuncian haber sido presionados y amenazados con armas por parte de los policías que fueron a expulsarlos de sus puestos de trabajo. Nunca antes en el país se ha producido algo similar.
La confabulación del correísmo para consumar este acto es total. En la sesión de la Asamblea del día lunes 31 de octubre, el asambleísta Jorge Escala del MPD y dos parlamentarios más, por separado, solicitaron el cambio en el orden del día para tratar este grave problema, pero la mayoría gobiernista lo impidió. En la Corte Constitucional, en la que desde agosto reposa un pedido de inconstitucionalidad del decreto 813 tampoco se agilita el proceso y, obviamente, no se lo hará como parte de la estrategia gubernamental.
Esta medida violatoria a los derechos humanos expresa la afirmación del carácter autoritario del gobierno, es una más de entre las tantas adoptadas en contra de los derechos de los trabajadores que han provocado rechazo y protestas, como ahora están produciéndose. Rafael Correa no necesitaba en Asunción escuchar a la representante del Bando Mundial, él sabe de memoria cómo aplicar sus programas antipopulares en el país, no necesita de tutores.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
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