By icciec2024
Somos como la paja del páramo,
que aunque la cortan vuelve a crecer y de
paja de páramo sembraremos el mundo»
(Mama Dolores Cacuango).
Mama Dolores Cacuango desde niña supo lo que era el hambre, la soledad y la tristeza. Era analfabeta hablaba solo kichwa, hasta que fue a trabajar en Quito como empleada doméstica y aprendió a hablar y escribir el español.
A principios de 1900 el liberalismo propuso la emancipación indígena, que permitía romper las ataduras que como indígenas nos mantenían ligados de por vida a la hacienda. Pero tomó muchos años y en 1919 estalló la primera rebelión indígena, cansados de tanta explotación en el huasipungo y liderados por mama Dolores Cacuango, exigían el respeto a los indígenas y la abolición de la esclavitud.
Dolores por su coraje y valentía fue elegida representante del sindicato agrícola, formó sindicatos agrícolas en Pesillo, y en 1944 junto a mama Tránsito Amaguaña y otros líderes indígenas, crearon la primera organización indígena del Ecuador, se llamó la Federación Ecuatoriana de Indios. Fundó la primera escuela bilingüe (quichua-español) en 1946, que seguían los programas del Ministerio de Educación y además incorporaban elementos y costumbres indígenas, pero la presión de los terratenientes y del Gobierno que rechazaban la educación de los indios, la Junta Militar prohibió el kichwa en las escuelas.
Después de la muerte de mama Dolores, su lucha y valores humanos fueron reconocidos y en 1998 la Asamblea Nacional Constituyente permite el sistema de educación intercultural bilingüe.
En 1986, se creó la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, CONAIE, instancia que agrupó a las trece nacionalidades y a los dieciséis pueblos indígenas existentes.
El movimiento combinó las demandas anti neoliberales con las etnoculturales, luchando por los derechos de los pueblos y las nacionalidades indígenas y reivindicando el derecho a crear su propia institucionalidad, cuestión que se tradujo después de 1993, en la propuesta de creación de un Estado Plurinacional.
Las sucesivas movilizaciones impulsadas por la CONAIE logaron finalmente la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1997 y a una segunda Asamblea en el 2007 que redactó la actual Constitución del país, donde se declaró el Estado Plurinacional.
El sueño descolonizador de las luchadoras Mama Dolores y Mama Tránsito se cumplió en 1988 con la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, cuando el Estado acepta la demanda de la educación intercultural, respetando la autonomía que los pueblos y las nacionalidades.
El 11 de enero de 2011, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley el cuál fue remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción, el 30 de marzo de 2011 el Registro Oficial expuso el texto definitivo de la Ley Orgánica de Educación Intercultural para su publicación y el 31 de marzo de 2011 fue publicada en el Registro Oficial, en consecuencia entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.
Los principios que sustentan el modelo de educación intercultural bilingüe son la familia que representa la base del proceso de formación de la persona y es la principal responsable de su educación, la comunidad y la organización comunitaria son corresponsables junto con el Estado, de la formación y educación de sus miembros, la lengua nativa constituye la lengua principal de educación, y el español tiene el rol de segunda lengua y lengua de relación intercultural, tanto la lengua nativa como el español deben expresar los contenidos propios de la cultura, los conocimientos y prácticas sociales de los pueblos indígenas son parte integrante del sistema de educación intercultural bilingüe.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Alberto Acosta
“No hay peor tozudez que la que arrastra en su torpeza a otros.
No hay peor tozudez que la del Poder, cuando se equivoca, y ese espíritu de infalibilidad le impide reconocer que se equivocó”.
Javier Ponce Cevallos[1]
Será una discusión interminable. Unos continuarán afirmando, sin dejar resquicio a duda alguna, que el 30-S se produjo un golpe de Estado. Incluso no falta quien ve los tentáculos de la CIA detrás de lo sucedido. Esta es la posición oficial que construye una verdad indiscutible, buscando, a como dé lugar, sancionar a los culpables de su verdad. Otros niegan de forma categórica cualquier idea de golpe de Estado. Y no faltan algunos que incluso ven en lo sucedido en ese día una suerte de autogolpe, escenificado por el propio gobierno. La verdad, en estas circunstancias, seguirá tironeada por todo tipo de intereses. Las evidencias, en muchos casos, serán inservibles para quienes ya asumieron una posición frente a lo sucedido en esa fecha.
Ese día, al menos en eso pongámonos de acuerdo, se registró el hecho político más violento de las últimas décadas en el Ecuador. No da motivo para celebración alguna una fecha tan trágica. Tantos muertos y heridos, tanta violencia no se habían registrado desde la masacre de los trabajadores en el ingenio azucarero Aztra en 1978, durante la dictadura militar.
Sin negar que alrededor de los sucesos del 30-S hay todavía mucho por analizar, aparecen como evidentes al menos tres puntos. Uno, existió una conspiración fraguada con anterioridad, propiciada por una supuesta pérdida de beneficios a manos de la ley de servicio público, en la que estaban involucrados miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas; quienes no sólo se tomaron algunos cuarteles, sino que bloquearon la Asamblea Nacional, así como calles y carreteras en todo el país, a más de los aeropuertos de Quito y Latacunga, agrediendo brutalmente a la ciudadanía, lo que condujo al asesinato de varios civiles ese día. Dos, el presidente de la República quedó como rehén de la Policía Nacional cuando él, en un acto temerario, fue al regimiento Quito a tratar de frenar la sublevación en marcha o a enterarse de lo que estaba pasando allí. Tres, hubo un intento de asesinato del presidente, sobre todo al finalizar la jornada cuando tropas del Ejército entraron a rescatarle del hospital de la Policía y fueron recibidas violentamente por los policías sublevados.
Estos hechos, más allá de todas sus sinrazones, confirman que las circunstancias propicias para una asonada golpista no son necesariamente de naturaleza política y que no siempre un golpe es el resultado de acciones totalmente planificadas que tienen que conducir a un cambio de gobierno. Una acción golpista, por definición, no necesariamente hace ruido, tampoco tiene porque requerir mucha gente ni muchos escenarios para triunfar. Además, si esa habría sido la intención, no fue, al menos por lo pronto, necesario (o posible) culminar dicha sublevación policial y militar con un nuevo presidente. Sin embargo, esta sublevación pudo muy bien servir como un ensayo para lo que se considera un verdadero golpe de Estado… algo que ya ha acontecido en otras oportunidades.
Lo anterior, sin embargo, no puede ocultar que, en la práctica, el 30-S se dio un golpe al Estado Constitucional de Derechos. El Estado, por la sublevación policial y militar, se paralizó. El presidente, vejado y en una situación de vulnerabilidad extrema, quedó como rehén en un recinto policial, limitado en sus funciones. Las actividades públicas y privadas se vieron interrumpidas de forma violenta. La ciudadanía quedó en indefensión. La sociedad se vio afectada en el ejercicio de sus derechos; las agresiones policiales a la ciudadanía y los saqueos en Guayaquil son apenas las muestras más brutales de dicha situación. La cúpula gubernamental no atinó respuestas adecuadas. La incapacidad de la Asamblea Nacional fue manifiesta. La escasa movilización de Alianza País para respaldar al presidente en las calles, a pesar de asomar como la principal fuerza electoral, demostró sus limitaciones en tanto fuerza política organizada. El posicionamiento público de la cúpula militar, a través de una conferencia de prensa, condicionando veladamente su apoyo al presidente de la República a la revisión de sus ingresos, transformó nuevamente a las Fuerzas Armadas en “garantes” de la democracia, una institución abolida conscientemente en la Constitución de Montecristi.
Los sectores sociales y las izquierdas, que en su mayoría no están dentro de Alianza País, se fragmentaron. Algunos, en su bronca con algunas políticas del gobierno, plegaron inmediatamente a la sublevación policial, sin reflexionar para nada sobre las consecuencias de un cambio de gobierno y una afectación del proceso democrático. Otros grupos, sobre todo el movimiento indígena, rechazaron “la intentona golpista” y llamaron a defender el Estado Plurinacional. Pero no hubo un posicionamiento claro y categórico para defender la democracia en el marco de la Constitución de Montecristi ampliamente aprobada por el pueblo ecuatoriano dos años antes. En concreto, los movimientos sociales, que en un momento dado fueron aliados estratégicos de la Revolución Ciudadana, sobre todo durante la discusión constituyente, no se manifestaron en las calles en defensa de su Constitución…
En otros sectores de la sociedad, mayoritarios por cierto, una suerte de preocupada apatía fue la característica.
Sin caer en el simplismo de ver golpistas en todas las esquinas y en todos los grupos de las derechas, hay que reconocer la existencia de fuerzas desestabilizadoras desde hace mucho tiempo atrás, que no solo están en Sociedad Patriótica. Estas fuerzas no cejarán en su empeño por más que se ahonde la derechización de las políticas gubernamentales. Las oligarquías no asumirán como propio al gobierno actual aunque se rinda ante sus pretensiones, como parece suceder con cada día que pasa. Un proceso político, que abrió la puerta a transformaciones profundas, que incluso podrían ser asumidas como revolucionarias, sobre todo en el marco de la Constitución de Montecristi, no será nunca confiable para quienes ven en riesgo sus privilegios…
Lo lamentable es que, luego del 30-S, el gobierno fue incapaz de dar respuestas políticas categóricas. En su miopía autoritaria, buscando de paso pulir la imagen del presidente, convocó a una consulta popular para atropellar varios de los principios fundamentales de la Constitución, como son la independencia de la justicia y la misma participación ciudadana. Igualmente, en lugar de buscar un acercamiento franco con los movimientos socialesy las fuerzas políticas de las izquierdas para reconducir el proceso político de cambio reencontrándose con sus principios originales, los combate implacablemente. Basta anotar la criminalización de la protesta popular usando leyes represivas de las épocas oligárquicas.
Hoy, en el primer aniversario del fatídico 30-S, urge condenar toda intentona golpista venga de donde venga. Negar su posibilidad sería irresponsable. También sería ingenuo no comprender que una de las armas más socorridas para impedir que brille la verdad radica en neutralizar la opinión pública. Y para conseguirlo nada mejor que dejar a la sociedad discutiendo si hubo o no golpe el día 30-S.
Para que no se repita un 30-S más, hay que aclarar lo sucedido. Y por cierto, de ser del caso, establecer las correspondientes sanciones. La pregunta de quiénes estuvieron involucrados es plural. ¿Quiénes son los responsables del 30-S? ¿Quiénes organizaron la asonada policial y militar? ¿Quiénes son sus autores, cómplices y encubridores? ¿Quiénes retuvieron al presidente? ¿Quiénes agredieron y luego dispararon al presidente? ¿Quiénes ordenaron el asalto violento al hospital de la Policía? ¿Quiénes impiden que se conozca la verdad? ¿Qué se negoció con Fuerzas Armadas y otros sectores de la Policía Nacional para ganar o recuperar su apoyo? Quizás desde ya la sociedad debe asumir el compromiso de organizar una comisión de la verdad, incluso en un gobierno posterior al actual, que permita aclarar estos hechos y sancionar a los responsables.
Es errado considerar que la defensa del Estado democrático es un tema simplemente judicial-penal para construir la historia oficial. Por eso, no está bien que el gobierno presione por las sentencias para demostrar su verdad.
Por otro lado, y esto es lo que realmente cuenta, el combate a los golpismos de cualquier cuño pasa por hacer realidad los cambios estructurales que requiere la sociedad. Para que una verdadera revolución se haga realidad, no basta hablar de revolución y cantar de vez en cuando el “che Guevara”. La revolución exige revolución.
La agenda para esos cambios estructurales está trazada en la Constitución que aprobó mayoritariamente el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre del 2008, a la que habrá que defender activamente y dotarle de vida al exigir el cumplimiento de sus principios, amenazados incluso por las políticas gubernamentales y no sólo por los grupos golpistas. Esto implica oponerse en los hechos a aquellas políticas gubernamentales reaccionarias y así como también a aquellas prácticas represivas en contra de la lucha popular desplegadas por el gobierno. Para lograr estos cometidos, en el marco de la construcción de un Estado plurinacional será necesario organizar un gran dialogo de todas las fuerzas que propician la revolución en democracia (en el que habría que incluir a quienes en Alianza País estén todavía dispuestos a jugarse por cambios radicales…).
La tarea luego del 30-S sigue siendo la misma. Hay que construir democráticamente una sociedad democrática. No hay otro camino. Sin democracia no hay revolución, y sin revolución no hay democracia. Y eso será posible solo si cristaliza una verdadera y sólida unidad democrática de todas las fuerzas que quieren transformar radicalmente el Ecuador.-
[1] Editorial Diario Hoy, Quito, 22 de febrero de 1996 (A propósito del Caso Putumayo: 11 campesinos torturados y encarcelados por 3 años y medio, acusados injustamente por la muerte de policías y soldados ecuatorianos).
http://alainet.org/active/49756&lang=es
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Alex Contreras Baspineiro*
Como en los mejores tiempos de los gobiernos dictatoriales, ayer cientos de efectivos policiales reprimieron brutalmente a mujeres, niños, ancianos y hombres indígenas que protagonizaban desde hace 41 días la marcha “Por la Defensa del Territorio, la Dignidad y la Vida”. Una represión de un gobierno indígena, con un presidente indígena, a los pueblos indígenas.
El Comité de Comunicación de la Marcha reportó que falleció un bebé indígena de tres meses, a causa de los gases lacrimógenos utilizados en la represión policial, 37 personas están reportadas como desaparecidas, entre ellas siete niños, dos centenas de detenidos fueron liberados por acción de la población solidaria y algunas columnas de marchistas se rearticulan para continuar su avance hacia La Paz, sede de gobierno de Bolivia.
Los indígenas de la Confederación del Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ) iniciaron la marcha el 15 de agosto, recorriendo en 41 días 310 kilómetros y aún les faltan poco menos de 300 kilómetros para cumplir su objetivo.
“Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. éste gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminación, pero en estos cinco años de gobierno nada de eso ha ocurrido. Los efectivos policiales nos han reprimido y pateado como si fuéramos animales, esto ya no lo podemos tolerar”, señaló el principal dirigente indígena, Adolfo Chávez.
El campamento de los marchistas indígenas fue saqueado y quemado por los efectivos policiales, varios dirigentes fueron golpeados y maniatados, otros lograron huir al monte y algunos se encuentran aún desaparecidos; los periodistas que cubrían la acción represiva fueron atropellados y se incautaron sus equipos de trabajo e incluso los médicos de las poblaciones aledañas fueron golpeados.
“A un médico lo enmanillaron, lo golpearon, él ahora está internado, se hizo una radiografía para descartar que no haya una fractura de costillas”, aseveró el director del Hospital de San Borja, Javier Jiménez.
Crisis de gobierno
Mientras el gobierno trata de justificar la violenta represión policial contra los marchistas, la ministra de Defensa Nacional Cecilia Chacón renunció irrevocablemente a su cargo.
En una carta enviada al Presidente Evo Morales Ayma, le expresa: “Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender ni justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo».
«¡No así! Acordamos con el pueblo hacer las cosas de otra manera», agregó.
Como ocurría en los gobiernos neoliberales, el Ministro de Gobierno Sacha Llorenti manifestó que se procedió a “evacuar” a los marchistas para preservar su integridad física.
La intención gubernamental radicaba en conducir por la fuerza a los marchistas indígenas a sus comunidades de origen, ese intento fue impedido por masivas movilizaciones y el bloqueo de caminos y aeropuertos que se produce en diferentes poblaciones del oriente del país.
Representantes de la Iglesia Católica y de otras religiones, Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos y otras instituciones criticaron el accionar gubernamental afirmando que lo ocurrido en la represión a los indígenas no es democracia.
«Exigimos a las autoridades nacionales renunciar al camino de la represión, la persecución y la violencia que no soluciona los problemas y demostrar con acciones coherentes el discurso de escucha y defensa de los derechos de los bolivianos, especialmente de las poblaciones más pobres y vulnerables», dijo el Secretario General de la CEB, monseñor Oscar Aparicio, a manera de llamado de los pastores episcopales en el mensaje con el título «La violencia niega la dignidad de las personas».
La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, denunció que los marchistas incluso estuvieron privados del acceso al agua y ayuda humanitaria.
Conciencia nacional
Ante la brutalidad policial, en diferentes puntos del territorio nacional se llevan adelante medidas de presión en apoyo a las demandas indígenas y en contra de la política gubernamental.
La Central Obrera Boliviana (COB), máximo órgano de los trabajadores de éste país, declaró un paro nacional.
Desde el primer día de la marcha, el gobierno trató de criminalizar a los indígenas acusándolos públicamente de estar manipulados y financiados por Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones, por empresarios madereros y ganaderos, por la embajada norteamericana y USAID, por los partidos de la derecha y la extrema izquierda; pero, ninguna acusación fue comprobada.
Cada una de las acusaciones lo único que hicieron fue fortalecer los pasos de los marchistas.
La principal demanda indígena está referida al rechazo de la construcción de una carretera que atraviese el núcleo o corazón del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Los indígenas defienden lo que dice la nueva Constitución Política del Estado, el gobierno lo pisotea.
Lo cierto es que en el país ubicado en corazón del continente latinoamericano, la represión policial contra los marchistas ha colocado una gran interrogante en el denominado “proceso de cambio”, en el “gobierno indígena” y en el “gobierno de la revolución social”.
El proceso de cambio tiene como pilares fundamentales la cultura del diálogo, la cultura de la paz y la cultura de la vida, pero ayer esos pilares se invirtieron por la cultura de represión, la cultura de la violencia y la cultura de la muerte.
Y, los pueblos indígenas, históricamente se convirtieron en otro de los pilares en lo que significa la estructura de apoyo al gobierno nacional.
Diferentes sectores sociales que lucharon durante años por el proceso de cambio, claman una reconducción y/o profundización de éste proceso; caso contrario nos espera un peligroso abismo…
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