By icciec2024
Una de las banderas del gobierno de la revolución ciudadana ha sido la propuesta Yasuní ITT, en la que se manifiesta la idea de conservar el petróleo en el subsuelo. Según la información oficial publicada en la página del gobierno, a través de esta iniciativa «El Ecuador se compromete a mantener indefinidamente inexplotadas las reservas recuperables de 846 millones de barriles de petróleo del Campo ITT. De esta forma se evita la emisión de 407 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, reduciendo el cambio climático». Según esta web, «el valor de las emisiones evitadas es mayor a las emisiones anuales de países como Brasil o Francia.»
El Fideicomiso Yasuní-ITT, administrado por el PNUD, tiene un Comité Directivo y una Secretaría Técnica. El Comité Directivo define los proyectos a financiarse, que serán ejecutados por el Estado ecuatoriano bajo los lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir, y está conformado por tres representantes del Estado ecuatoriano, dos representantes de los contribuyentes y un representante de la sociedad civil.
La Secretaría Técnica proporciona información sobre los proyectos a seleccionarse, y además monitorea y evalúa su ejecución.
Entonces, desde esta perspectiva, el Ecuador consigue percibir una parte de lo que normalmente ganaría explotando el petróleo por la venta de acciones preferentes, con una rentabilidad fija por la inversión anual.
Ante la insistencia de las grandes empresas petroleras del eje sur, y además ante la negociación lenta y postergada de la firma del fideicomiso, el gobierno ecuatoriano decidió proponer un plan B llamado iniciativa TT, que consiste en explotar los campos Tambococha y Tiputini, dejando el petróleo en el subsuelo solo del campo Ishpingo.
Resulta entonces una farsa, un engaño, o más bien, como es usual en este gobierno, un juego de doble discurso. De la forma más perversa, el discurso sobre la iniciativa Yasuní empezó a tener un carácter de ambiguo y oscuro. Sin embargo, la estrategia de la iniciativa Yasuní-ITT está planteada desde el principio: la revolución ciudadana cooptó una propuesta de la sociedad civil y la tomó como bandera, para introducirla en la dinámica de la economía ecológica, el mercado de carbono y canje de deuda.
Habría que plantearse una vigilancia permanente y atenta ante todas estas trampas, ante todas estas jugarretas bien orquestadas, que ratifican el orden instaurado. Solo oídos despiertos, ojos audaces y corazones sensibles podrán despertar ante el llamado de la Pachamama. Podrán oír el grito de los árboles, del agua y de los animales. Podrán espantarse al mirar las heridas de la selva y sabrán que lo que nos dicen es una mentira, la muerte envuelta en algodón de azúcar.
La bandera de los pueblos y naciones originarias de Abya-Yala es un llamado a la vida, al retorno a la humanidad, a terminar con la vorágine del consumo, a luchar contra esta matanza impune. Este llamado se expande como la luz del sol, tiene un ciclo como el de la lluvia… es hora de llover con vida sobre la muerte.
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Raúl Moscoso Álvarez
La propuesta de dejar el crudo bajo tierra en el parque nacional YASUNI a condición de que la comunidad internacional nos apoye económicamente tiene vicios o debilidades de origen en lo ético y en lo jurídico. Y no es porque la idea de conservar intocada esta área natural protegida sea mala. Al contrario, es bellísima. Lo inicuo está en que pidamos recompensas a otros para cumplir la obligación principal e intransferible que tenemos como Estado de conservar nuestro patrimonio natural y tutelar de manera eficaz la vida de nuestros hermanos los pueblos libres en aislamiento voluntario: TAGAERI, TAROMENANI, ONAMENANI y OTROS.
Este aserto no pone en cuestión la lucidez y la buena fe de personas tan queridas, como Alberto Acosta y Esperanza Martínez, que han impulsado esta iniciativa, de no explotar esta reserva natural sin condiciones, desde hace muchos años, con la mejor de las intenciones y el gran talento que les caracteriza.
Por lo tanto, en esta espera de compensación de extraños para cumplir nuestros deberes estriba precisamente el vicio ético de la propuesta.
Esta decisión preliminar de no explotar petróleo en el parque nacional YASUNI no puede ser considerada como una opción política, el colmo de noble, tomada por el gobierno más progresista de los que en el país han sido. Abstenerse de realizar actividades extractivas en las áreas naturales protegidas es una obligación jurídicamente obligatoria. No es facultativo del poder soberano del Estado sino un imperativo de país, más aún si el Ecuador se autoproclama, muy pomposamente, en el artículo 1 de la Constitución de Montecristi, un “Estado de derechos y justicia” y adhiere a cuanta declaración o convención sobre ambiente y derechos humanos aparece en el firmamento universal y regional, libremente y con enorme agilidad, novelería y entusiasmo.
Tampoco se puede dejar al arbitrio y a la discreción del Estado o al “tun tun” de la salud hepática del gobernante la tutela o la no tutela de los pueblos libres en aislamiento voluntario. Al dejar de protegerlos, damos paso a su exterminio y cometemos genocidio por omisión, al crear, con nuestra inacción premeditada, las condiciones suficientes para su holocausto. Si callamos y no advertimos; si permitimos y no hacemos nada para evitarlo, simplemente estos pueblos libres hermanos morirán a consecuencia de nuestra locura moral (concepto de la ciencia penal referido a la falta de percepción de lo que es bueno y de lo que es malo) y por una suma abigarrada de causas derivadas de la incursión estatalmente autorizada, propiciada, protegida o tolerada de extraños en sus territorios, sean madereros, petroleros, militares, policías y misioneros de iglesias o de sectas, cada grupo con sus propósitos específicos pero unidos con el objetivo común de penetrar, siendo los dos primeros forasteros, los destructores irredentos de los ecosistemas que hacen posible la vida; los militares y policías, quienes ponen las armas letales de fuego, para proteger a los invasores de las lanzas defensivas; y los misioneros, quiénes se consideran encargados por Dios para quemar en la hoguera la cultura de estos pueblos, estigmatizada de herética y cosa de brujos,
Los instrumentos internacionales de derechos humanos, considerados de linaje supra-constitucional desde la carta política del 1998, la Constitución Política de Montecristi; la Ley de Gestión Ambiental y una nueva ley que prohíbe y reprime el etnocidio (no sé por qué la Constitución y la ley omiten, como mala palabra, el vocablo genocidio) constituyen el repertorio de normas positivas que encasillan y tipifican de congénitamente viciada en el orden jurídico, a la opción de explotar petróleo en territorios de pueblos indómitos y en el parque nacional YASUNI, independientemente de que falle el apoyo internacional en los tiempos y las cantidades esperadas.
El gobierno ecuatoriano exige de la comunidad internacional una cantidad mínima anual que resulta exagerada a la luz de los registros históricos de la cooperación foránea, lo cual significa que tal condición deviene en imposible y haría sospechar, aún al más ingenuo, de que precisamente tal requerimiento habría sido puesto deliberadamente para que tal hecho incierto e indeterminado jamás ocurra. Este hecho resta credibilidad a la determinación prioritaria de dejar el crudo bajo tierra.
Otros indicios corroboran el escepticismo respecto de la sinceridad de la propuesta, tales como por ejemplo: las declaraciones del máximo ejecutivo de PETROAMAZONAS, quién señaló la necesidad de hallar un socio estratégico para explotar el bloque 31, situado en el corazón del parque nacional YASUNI y del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario; la entrevista a una alta funcionaria pública que, aparentemente preocupada por el cumplimiento de las medidas cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger a los TAGAERI, TAROMENANE, ONAMENANE y OTROS; medidas que se concretan a cumplir el objetivo de impedir por parte del Estado el ingreso de extraños en los territorios de estos pueblos, dijo, palabras más palabras menos, que tales prevenciones no podían impedir las actividades petroleras; y la continuación del proceso de contratación para la explotación del bloque ITT (ISHPINGO-TAMBOCOCHA-TIPUTINI), proceso que por cierto está previsto que sea llevado adelante en el plan operativo de PETROPRODUCCCIÓN, recordando que no se ha revocado el compromiso de PETROECUADOR de entregar a dedo, en base de una alianza estratégica que no se aplica legalmente a la exploración y explotación petrolera, el bloque ITT, a un consorcio integrado por chinos (SINOPEC), chilenos (ENAP) y brasileros (PETROBRAS).
A todo ello se suma la peligrosa apuesta por la inversión china en el sector petrolero, considerando que empresas de este país explotan bloques situados en la parque nacional YASUNI, justo en donde se han dado avistamientos de TAGAERI y encuentros violentos con ellos.
Se querría vender a la comunidad internacional la farsa de que los territorios de estos pueblos hermanos se encuentran acotados en la denominada “zona intangible” y que la conservación del parque nacional YASUNI se encuentra asegurada con la no explotación del bloque ITT, que hace parte pero no cubre toda el área natural protegida. Este cuento, acompañado del plato fuerte de la promesa de dejar el crudo bajo tierra a cambio de la cooperación internacional, no se lo pueden tragar todos durante todo el tiempo. No debemos darnos de vivos ni insultar su inteligencia.
Para acceder a la solidaridad internacional, por lo tanto, tenemos que enviar la señal indubitable de que vamos a cumplir con nuestro deber de proteger a nuestros pueblos libres y al parque nacional YASUNI en su integridad, aún sin el apoyo foráneo o a pesar de la falta o la insuficiencia de su ayuda, indicando a los cooperantes que sin el concurso de ellos, este sacrificio económico comprometerá la construcción del “buen vivir” como modelo de convivencia sin violencia entre las personas y de las personas con la naturaleza.
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Edición Electrónica: Marc Becker
282 días llevan retenidos en las intalaciones del fuerte militar Macoa, Machiques de Perijá región de interés minero trasnacional
Indígenas Yukpas de Perijà toman el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ante la posibilidad de que el Estado legisle con leyes ordinaria el destino de tres caciques que podrían ir a prisión por un conflicto manipulado que sirvió para frenar el proceso de auto-demarcación de sus territorios.
Sociedad Homo et Natura
Durante décadas la criminalización deliberada de la región de Perijá ha sido una táctica recurrente que ha servido de plataforma a viejos planes de militarización de la zona que acompañan el interés minero-carbonífero trasnacional en los territorios indígenas Yukpa, Barí y Wayuu de la Sierra de Perijá, en Venezuela.
El pasado 13 de Octubre de 2009 un enfrentamiento intra-étnico sin esclarecer, que involucró a dos caciques indígenas Yukpa que lideraban el proceso de autodemaración de sus territorios en la cuenca del Río Yaza, sirvió para que en un proceso judicial viciado fueran asilados de sus territorios y encarcelarlos en un fuerte militar violándoseles todos sus derechos civiles y culturales, y poniendo fin con ello al movimiento de autodemarcación de territorios que lideraba esta etnia ante el retrazo gubernamental de demarcar los territorios de los que fueron despojados por las petroleras y hacendados de la región.
Esta semana los familiares y miembros de las comunidades indígenas Yukpa Chaktapa y Guamo Pamocha, toman indefinidamente la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, para exigir al Estado venezolano que los caciques Olegario Romero, Sabino Romero y Alexander Fernández sean juzgados por las autoridades indígenas de la etnia, por considerar que el viciado proceso judicial guarda de trasfondo un juicio político y el mensaje de pagar caro la avanzada en la recuperación de sus territorios.
Juicio Montado
Desde el 23 de octubre de 2009 hasta el día de hoy Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández están. recluido en el Fuerte Macoa de Machiques, 12 Brigada de Caribes comandada por el General Mateo Rafael Adames Weiland (sustituto del célebre Izquierdo Torres) nefasto lugar donde se encuentran, los enemigos militares más acérrimos del pueblo Yukpa y en especial de Sabino quien siempre se les enfrentó como líder su comunidad ante los vejámenes típicos de los pueblos de fronteras. Allí sólo se les permiten visitas de su mujer e hijos sábado y domingo, y sus abogados lunes y viernes, nadie más los puede visitar, les suministran agua sucia y contaminada, y poca comida. Periódicamente Sabino es sometido a tortura sicológica.
A Sabino se le acusa de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles, en Grado de Determinación, en prejuicio de la adolescente Meriña Romero (muerta) y, al igual que a Alexander Fernández Fernández, de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en Grado de Frustración y en Complicidad Correspectiva, en prejuicio de Juan de Dios Castro (herido) y el adolescente Manuel Segundo Romero (herido), a Alexander también se le acusa de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en prejuicio de Meriña Romero y lesiones Personales en prejuicio de Eddy Romero. A Olegario se le acusa Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles con Complicidad Correspectiva en prejuicio de Ever Romero (muerto) y Homicidio Intencional en Grado de Frustración y con Complicidad Correspectiva en prejuicio de Sabino Romero Izarra, de los niños, su hija Marilin Romero y sobrino Edixon Romero.
A los tres dirigentes indígenas se les acusa del delito de Agavillamiento. Pero el hecho más curioso de estas infundadas acusaciones del Estado materializadas en los siete fiscales públicos que el Ministerio les impuso está expresado en el hecho que a Sabino para el mes de octubre de 2009 se le acusaba del delito de Robo Agravado de Ganado en Grado de Frustración previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá, pero al no presentar pruebas los fiscales en el mes de diciembre de 2009 para ir a la Audiencia Preliminar el 15 de enero de 2010, quedó sin efecto dicha acusación, es decir fue un vil montaje estructurado contra Sabino por sectores del Gobierno, de ganaderos de Machiques, de parceleros liderizados por Oscar Carrillo y los medios de comunicación regional; a quien a demás se le acusaba públicamente de violador y ladrón de enseres. Pero en la zona ha continuado el abigeato y los lideres Yukpa continúan rechazada la Contra Propuesta de Demarcación que presentó el Estado gobierno a través de la comisión de demarcación de las tierras indígenas.
Las pruebas realizadas de Experticia de Análisis de Trazo de Disparo (A.T.D.) no resultaron pruebas contra Sabino, Alexander u Olegario, tampoco es prueba alguna determinar con certeza científica quién mató o hirió a quien en el supuesto recorrido balístico presentado por el CICPC en estos parajes casi a las ocho de la noche. Sabino recibió cuatro impactos de proyectiles, todos por la espalda en la huída la noche del conflicto cuando comenzaron a detonarse armas que nadie ha precisado su origen y dirección.
Sabino tubo nueve días secuestrado por el Ministro de Relaciones Interiores y Justicias desde 14 de octubre de 2009 cuando fue trasladado por cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), previa tortura sicológica, y más de sesenta efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército del Hospital Coromoto de Maracaibo para recluirlo sin orden alguna en el Hospital Militar de esta misma ciudad y posteriormente en las misma condiciones de ilegalidad fue trasferido a la Primera División de Infantería del Ejercito Bolivariano de Venezuela, para así presentarlo el 23 de octubre al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá.
El trasfondo
El Ministerio de Interior y de Justicia quien lleva a cargo un mega proyecto para la región, designó sietes fiscales del Ministerio Público con sede en Maracaibo y Machiques de Perijá del estado Zuliacontra el caso: Víctor Raúl Valbuena, Abigail José Rodríguez Jiménez, Jhovan Molero García, Marco Antonio Perrota, José Luis Rincón Rincón, Ana Cecilia Lugo Gil y Santa de Jesús Frascarella Villalobos, todos para imputar a dos de los dirigentes indígenas más representativos del pueblo Yukpa en su lucha por hacer valer la autodemarcación y recuperación de su territorio originario, a saber los Caciques Sabino Romero Izarra de la comunidad Chaktapa y Olegario Romero Romero de Guamo Pamocha, así como al indígena Wayuu Alexander Fernández Fernández de la comunidad Yukpa Kusare.
Estas actuaciones del Estado gobierno se impusieron a través de la Jueza Judith Esperanza Rojas del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá y posteriormente a través de los Jueces Juan José Barrios, Gladis Mejías Zambrano y Rafael Roja Rosillo de la Sala 2 de la Corte de Apelación de Maracaibo al negar la competencia de la Jurisdicción Indígena Yukpa para conocer del caso tal como lo argumentaron sus abogados Ricardo Colmenares y Leonel José Galindo. Ahora bien, por considerar que el Estado burgués está violando los derechos colectivos del pueblo Yukpa sus abogados introducirán en enero un recurso de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Es evidente y notorio como el Ministerio Publico y el Poder Judicial han manipulado y simulado todas y cada una de las fases o actos del juicio ilegal impuesto a los indígenas Yukpas: SABINO, OLEGARIO y ALEXANDER miembros activos y de vanguardia en todo el proceso de auto demarcación de los territorios indígenas en el piedemonte de la Sierra de Perijá del Estado Zulia, desconociendo el derecho indígena propio y la jurisdicción especial indígena, a pesar de estar contenidos expresamente en los Artículos: 9, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 260 de la tantas veces violada Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, sin obviar la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y las resoluciones internacionales del Sistema Americano y Universal aprobadas como Ley Especial por la Asamblea Nacional.
El derecho de los pueblos indígenas
Los pueblos o naciones indígenas exigen para poder existir como pueblos diferenciados que el Gobierno nacional venezolano les reconozcan los derechos colectivos Territoriales y la aplicación de la Justicia Indígenas propia de cada pueblo, así como a sus derechos a la Libre Determinación, Autonomía o Autogobierno, a participar en la Adopción de Decisiones en las cuestiones que afecten a sus vidas, culturas y derechos, a poseer, utilizar, desarrollar y controlar los Recursos en sus Territorios, así como sus instituciones tradicionales sociales, políticas, jurídicas, económicas y religiosas.
Esta situación etnocida venezolana es una de las pruebas más de la práctica etnofágica que se practica en América Latina por los Gobiernos, donde el Estado digiere o desaparece como pueblos diferenciados los pueblos y culturas indígenas, fenómeno este estudiado por Héctor Díaz Polanco en su libro Elogio de la Diversidad. El racismo de los Estados Nacionales ya no los asesinan, principalmente se los comen como pueblos diferentes, tal como hoy pretende en Venezuela estos fiscales y jueces, ante el silencio cómplice nacional y de los señores diputados indígenas.
El TSJ ha sido incapaz de pronunciarse ante el Amparo Constitucional introducido hace 4 meses por los abogados defensores del caso. Un Amaparo que de ser admitido o no, determine si el Estado venezolano juzgará con leyes ordinarias el destino de estos líderes Yukpas y violará con ello su propia Constitución.
Consejo Editorial:
Luis Macas
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Linda Lema Tucker
La derecha avanza -como la maleza en la selva-
por las grietas que deja la izquierda
en sus hermosos proyectos”.
Fernando Báez
El presente artículo concentra la atención a un tema de actualidad: la invasión en nuestra Amazonía de empresas multinacionales que buscan acaparar el territorio para llevarse los recursos naturales (petróleo, gas, madera y bienes genéticos) como si fuesen mercancías, sin interesarles el arrasamiento ambiental y social que ocasiona, ni el exterminio de pueblos indígenas que van dejando a su paso.
Los pueblos amazónicos se organizan en defensa y protección de los bienes nacionales, activan un discurso que supera lo meramente ambientalista para pensar y discutir qué modelo de país quieren y articular acciones que vayan en ese sentido. Se resisten a la homogenización cultural y rechazan el engaño y colonización de sus territorios que cuidaron y protegieron hace más de 10,000 años. Como señalara en anterior artículo: “Los pueblos indígenas son inteligentes, dignos y sensibles, reclaman que se respete el derecho a ser consultados por sus territorios, por ser diferentes y por tener un modelo de desarrollo propio que preserva la vida de todos los seres, animales y plantas” (Lema 2010). Mantener este modelo económico es agudizar las condiciones de extinción de la vida, la escasez del agua y la contaminación de la tierra y ríos. Los indígenas proponen: “La naturaleza es vida y la vida habla, pero muchos olvidaron escucharla. Si no nos oímos entre humanos, menos aún oiremos el mensaje de los árboles, los pájaros, los animales, el agua. Quien no escucha a la vida y pisotea a la naturaleza, cultiva culturas de muerte” (Conclusiones del Encuentro de Pueblos Indígenas 2008).
En el Perú, la clase política se niega a cambiar y persiste en continuar asumiendo aquella conducta feroz con la que nos oprimió Europa. En la colonia para fortalecer la economía peninsular se llevaron barcos y barcos, atiborrados, repletos de oro y plata que extrajeron a costa del exterminio de miles y miles de hermanos indígenas. Con arcabuces, lanzas y mosquetes, los condujeron a las minas por la fuerza para estrujarles el sudor y la vida y conquistar el oro y la plata para el Rey Católico de España. A costa del tortuoso sistema colonial murieron millones y millones de indios por las guerras, enfermedades y brutales trabajos. De este modo, Europa se enriqueció y nuestros pueblos y culturas fueron exterminadas. De manera bárbara nos colonizaron y así de bárbaros, la clase política peruana se ha comportado hasta el día de hoy.
Muchas cosas han ocurrido desde el siglo XV, sin embargo, luego de dos siglos de vida Republicana, ésta conducta aún continúa vigente. Lo cierto es que a la clase política, poco o nada les importó ser socios menores del arrasamiento de los recursos naturales, del exterminio y la muerte de las poblaciones indígenas a expensas de la acumulación mundial del capital.
El gobierno de García Pérez es intransigente y persiste en oponerse a los pueblos indígenas al concebirlos como ciudadanos de segunda categoría y continuar con la entrega y la privatización de los bienes naturales no renovales, ríos, bosques, biodiversidad, y conferir permisos a las multinacionales para la construcción de proyectos que promueven el saqueo amazónico. Estamos ante uno de lo saqueos más grandes de nuestra historia. Lo encarna las multinacionales que cuentan con el consentimiento del gobierno que respalda su accionar. Estos empresarios se regocijan con el botín de los bienes nacionales adjudicados por el modelo extractivo-exportador que solo beneficia a unos pocos, a costa de producir el exterminio de las poblaciones indígenas o mantener en la pobreza a millones de peruanos. Esto es lo que hace el Estado peruano en lugar de amparar a sus poblaciones indígenas. De esta manera, elmodelo colonial del capital transnacional arroja a millones de peruanos a la miseria y amenaza a los pueblos indígenas que piensan el desarrollo del país en términos absolutamente opuestos.
¿Qué proyectos de explotación de recursos naturales en la región amazónica se vienen entregando a las multinacionales?
En el estudio “Amazonía Peruana en 2021” realizado por un equipo de estudiosos e instituciones de la sociedad civil, se denuncia que si en 2003 las petroleras hurgaban el 15% de la selva peruana en busca del petróleo, para el 2009 esta actividad revolvía el 70% de los territorios amazónicos. Los autores, además, dejan ver la existencia de numerosos proyectos – poco difundidos – de explotación de los más diversos recursos naturales en la región e infraestructura: 52 proyectos de centrales hidroeléctricas, 53 lotes petroleros, 24,818 derechos mineros, 4,486 km. de proyectos de carretera, 483,581 has de tierras destinadas a nuevas plantaciones de biocombustibles (Dourojeanni y Barandiarán, 2009). En tanto, el destacado estudioso, Roger Rumrilll, demuestra que la Amazonía peruana ha sido convertida en un inmenso “mapa petrolero” y de otras concesiones (ver imagen), donde el 68% de la extensión de bosques amazónicos “ya está lotizada” y 4 millones de has están “en proceso de venta” para la producción de biocombustible (Rumrill 2009).
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