By icciec2024
Mientras en foros internacionales y nacionales se debate hoy sobre la participación ciudadana, sobre descentralización y sobre nuevos Derechos de los pueblos indígenas y del ciudadano en general, contradictoriamente en nuestro país se criminaliza la participación del pueblo. Frente a este hecho que fue evidente en la movilización de los pueblos indígenas, convocada el 28 de septiembre y que se interrumpió por el diálogo entablado con el presidente Rafael Correa, días en que también estuvieron presentes los maestros, estudiantes y trabajadores, reflexionamos:
¿Desde qué modelo económico estamos viendo la participación ciudadana? ¿Cómo estamos entendiendo esto de la descentralización?, a lo que solo tenemos una respuesta:
Si partimos que la participación ciudadana, está reducida al voto, a la participación del individuo ciudadano, ya sea como sujetos de impuestos, sujetos de cedulación o de consumidor de ciertos servicios que el Estado le “otorga” claro que si hemos tenido participación ciudadana; y si miramos esta participación en la esfera política como la participación de ciudadanos, reconocidos como tal, por haber nacido en el territorio ecuatoriano, claro que existe participación ciudadana y mucha, sino, ¿cómo llamamos a la participación de los ciudadanos ecuatorianos, que hoy y siempre han sido, banqueros, grandes comerciantes e industriales? Ellos también son ciudadanos y han participado apasionadamente en la gobernabilidad del país.
Otra de las preguntas que debemos responder es ¿qué se entiende como descentralización? Entendemos que debe ser aquella que dice de la democratización del ejercicio de gobernabilidad, está enmarcada en la institucionalidad del Estado, es decir solo se puede hablar de descentralización entre los tres poderes del Estado y siguiendo el hilo de la institucionalidad, hasta las municipalidades, prefecturas y recalcando la generosidad de la democracia del siglo XXI, la descentralización llegaría hasta los cabildos.
Para los Pueblos Indígenas, los pueblos que están asentados en las grandes barriadas, para los obreros de las fábricas, para los movimientos sociales, la participación ciudadana como categoría de participación individual, no cabe en nuestro quehacer político, tenemos como esencia la participación de colectivos, de comunidades que están organizadas, cohesionadas fuera de lo que está estimulado como institucionalidad estatal.
Creemos que el Derecho a la resistencia, reconocido en la nueva constitución legitima nuestro accionar, nuestra participación. Entendemos que dentro de los parámetros de la democracia capitalista, el accionar popular en las calles, esa participación que ha hecho posible la nueva constitución y con ella el nuevo carácter del Estado ecuatoriano, no es reconocido ni validado.
Los pueblos, las organizaciones sociales, barriales y los sindicatos de los trabajadores queremos dejar expreso que las conquista que hemos logrado, y que están impresas en las constituciones democráticas y en declaraciones internacionales, son el resultado del ejercicio de la participación política, realizada en las calles, lugar que suele ser nuestro escenario de debate y de confrontación política.
Desde esas prácticas, planteamos una participación política de sujetos no individuales (CIUDADANOS) una participación desde nuestras organizaciones, desde aquello que nos da nombre y apellido, al momento de defender una propuesta.
Creemos además que la descentralización no está limitada a la institucionalidad del Estado, debe entretejerse entre las organizaciones de base, ya sean comunitarias o barriales; nosotros somos capaces de ejercer en nuestros territorios, nuestros gobiernos propios; por lo tanto creemos que el debate de la participación ciudadana y de la descentralización institucional, no responde a la realidad de nuestro país, este debate se está construyendo invisibilizando la lucha de los pueblos, su participación que siempre ha sido positiva, pues siempre ha estado entregando propuestas de ley y de gobernabilidad.
Solo bajo esta deslegitimación, se puede entender que el debate de participación ciudadana, sea ahora la panacea de la revolución ciudadana, puesto que esta carece de bases orgánicamente estructuradas, de allí la justificación al llamado del presidente para formar las brigadas en defensa de su revolución, Comités de defensa de la revolución ciudadana.
También entendemos que es desde esta deslegitimación intencionada, que se persigue y se califica como anticonstitucional el quehacer político de los pueblos, un quehacer que ha sido histórico, que ha permitido desde el pueblo mantener el ejercicio de la gobernabilidad democrática, a cuenta gotas hemos sido escuchados y los resultados están a la vista con la nueva constitución.
La participación como ciudadanos ecuatorianos, ha estado siempre presente, ha sido parte de la historia del Ecuador, sin embargo esta participación no está escrita, está totalmente invisibilizada por un sistema político basado en personalismo, mesianismo y caudillismo propios de la era colonial y que hasta ahora están presentes.
Entendemos que la participación o el criterio de participación ciudadana también debe descolonizarse, a la par del pensamiento; este ejercicio permitirá que las categorías tomadas de la propuesta del movimiento indígena dejen de ser simple retórica para convertirse en praxis cotidiana de una gobernabilidad intercultural.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Omar Burneo
La provincia de Loja, es un territorio que desde hace décadas, ha sido considerada como una parte del Ecuador, aparentemente inmersa en el subdesarrollo, una provincia pobre, características que son absolutamente falsas, pues nuestros territorios son totalmente ricos y prósperos, contradicción que hoy entendemos porque se da.
Una de las informaciones falsas que se han dado respecto a Loja, fue la aplicación del Plan de Desarrollo Regional del Sur del Ecuador, PREDESUR, surgido como respuesta a la sequía de los 70, por medio de lo cual se canalizó grandes cantidades de dinero para supuestas obras de infraestructura, canales de riego que se construyeron en 20 años, por ejemplo.
Otra de las grandes falacias que se difundieron respeto de la provincia, como resultado de estudios de grandes ingenieros y otros profesionales más de PREDESUR, es que la ciudad de Loja estaba asentada en un territorio carente de minerales; cuando en el 98, el director de PREDESUR, presidente nacional de la cámara de minería, Fabián Rodríguez, público un documento titulado “Plan de desarrollo del sur del país”, donde se puede leer afirmaciones que contradicen a este estudio, pues se menciona, que Loja tiene algunos recursos minerales no metálicos, pero que ésta información no consta en los mapas de recursos naturales del Ecuador.
Loja está ubicada en una formación geológica enorme, donde existen grandes yacimientos naturales, con las mismas dimensiones de la minera Yanacocha, yacimiento más grande de Latinoamérica, frente a estas mentiras, los lojanos, nos hemos propuesto encontrar, qué hay detrás de lo que se nos dice, de lo que se dice en las comunidades, a los campesinos e indígenas.
Por lo que nos preguntamos, ¿qué hay de tras de lo que nos dice el CEMPLADES? institución encargada de elaborar el proyecto económico del país, una élite técnica política con la que el gobierno, sostiene en marcha un proyecto del país, que no cambia absolutamente nada el modelo económico, manteniendo y asegurándose de que el Ecuador siga siendo proveedor de materias primas y recursos naturales, para los países industrializados; asegurando así las ganancias cuantiosas de las grandes empresas nacionales y de las transnacionales.
La presencia de CEMPLADES, era constante en la Asamblea Constituyente, estaban en las mesas asesorando, y si les tocaba una mesa donde los asambleístas eran muy fáciles de influir, dictaban los textos; inclusive, las empresas mineras se daban el lujo de estar presentes en las discusiones, haciendo lo que hoy llaman, lobby; en una de estas reuniones, estuvo presente la empresa minera ECUACORRIENTE, quien fue presentada por Irina Cabezas, entonces vicepresidente de la asamblea, las presentó señalando que son empresas que nos están abriendo el camino hacia el desarrollo, quienes se lazaron un discurso segador, en cuanto a los montos invertidos en el Ecuador, citaron por ejemplo, que en Zamora, específicamente en Pangui, donde tienen su concesiones, habían invertido 100 millones de dólares, tamaña mentira que se contradecía con un dato dado en otro discurso, donde aseguraban haber invertido 300 millones en Zamora.
Cantidades citadas para que todos dimensionemos lo que significaría económicamente para el país, en el caso de suspensión de las concesiones.
De esta misma manera, legitiman su estudio de impactos ambientales que exige la ley, de manera fraudulenta, convocan a la gente y empiezan a socializar el estudio de impactos ambientales por 3 a 4 horas, luego de que la gente se cansa, porque muchas de las veces se habla en Inglés, se le brinda una comida, luego música y dan por terminada la convalidación. Es esto que nosotros llamamos la agenda oculta de las mineras, que nos pueden dejar ver una estrategia de muchos años para explotar los recursos.
En el 2006, cuando se da las confrontaciones del pueblo Shuar, de los habitantes del Pangui, donde inclusive se dio el secuestro del entonces diputado Salvador Quishpe, empezamos a conocer que en 1968, se hace una primera gran exploración del país, que dio como resultado un libro titulado “Los recursos no renovables el Ecuador” escrito por el Ingeniero Agustín Paladines, quien fue asesor del presidente Correa.
En este libro está la descripción de todas las regiones geológicas y mineras del Ecuador, información que está siendo utilizada para el plan Nacional de Desarrollo de CEMPLADES, Este libro que fue impreso en el 2005, es la suma del estudio de geólogos, Facultades de geología, empresas mineras, que han estado cerca de los gobiernos, asesorando en el tema minero, cumpliendo el cronograma de explotación y trabajo de las transnacionales en el país.
En este plan de desarrollo, está el destino que van a tener los territorios del Ecuador, contiene un concepto totalmente distinto del programa de ordenamiento territorial, completamente distinto del discurso constitucional actual, aquí no existe el derecho a la naturaleza, en este plan de desarrollo lo que hay es actividades industriales y mineras a gran escala en el país, de empresas transnacionales y de supuestas empresas nacionales.
Es necesario que todos conozcamos que las empresas supuestamente nacionales, no existen, pues los socios capitalistas de estas empresas, son las mismas empresas transnacionales, por lo tanto cuando decimos o cuando dicen algunos analistas que la respuesta, la alternativa frente a las empresas transnacionales es tener una empresa nacional, se están engañando y nos engañan, está es la trampa que debemos ver.
Por lo tanto el discurso de la nacionalización, por medio de empresas nacionales es una estrategia para bajar las tensiones, quitarle sentido a la lucha y a la resistencia de los pueblos en relación a la minería. Por ello debemos estar atentos frente a los planes de desarrollo, pues existe toda una estrategia para elaborar y convalidar estos planes de desarrollo que se están fraguando desde mucho tiempo atrás.
Nuestra tarea entonces es tratar de suscitar en la población una actitud de alerta, de preocupación en relación a los planes de desarrollo, los cuales son construidos y debatidos por técnicos, que tienen una capacidad poderosa para maquillar en un discurso progresista estos planes.
Por ejemplo, lo que no muestra el CEMPLADES, lo que no está visible en su Plan de Desarrollo respeto del uso del suelo: cuando se refiere a bosque natural húmedo, se dice que aproximadamente el 26.69% de territorio nacional, corresponde a estas formaciones; camaroneras, y demás cultivos intensivos al 5.2%; cultivos en su especie natural el 4.47%. Datos que en el Plan de Desarrollo de la región Sur, desaparecen, por qué cuando revisamos la planificación del uso de la cubierta vegetal y el tipo de cultivos, solo aparece el PNP, ¿Dónde están las demás variables ambientales?
La respuesta la podemos encontrar en un plan agrícola que está en un proceso muy dinámico, que destina grandes zonas de mono cultivo de maíz y piñón; proceso que inició hace mucho tiempo, y que lo trae PRONACA, que en los años 90 al 2000, se valieron de diputados que trabajaban para esta empresa, haciendo campaña para este tipo de cultivos, fraguando para que el campesino se interese por el tipo de semilla que ofrecían, dando inclusive préstamos; campaña que tenía supuestamente una mezcla de oferta de trabajo con desarrollo, pues decían que la baja productividad de las semillas tradicionales, debían ser remplazadas por una productividad más rentable, la que ofrecía la semilla de maíz que estaban dando.
Respecto al piñón, en los estudios de CEMPLADES, no se cita las zonas destinadas o llamadas como protegidas, del parque Nacional Poducarpus, porque gran parte de este territorio está destinado al cultivo de piñón, de allí que existe un programa agresivo de compra de tierras; del mismo modo se compra las tierras en Daule Peripa, son los mismos compradores; e inclusive compran ONGs, a buen precio; utilizándolas para legitimar socialmente su trabajo, porque presentan proyectos de desarrollo, frente al subdesarrollo provocado sistemáticamente por ellos mismos; por eso, sin temor a equivocarme que el subdesarrollo no fue el resultado de las economías no desarrolladas, el subdesarrollo fue forjado, muy estratégicamente en nuestros pueblos; una muestra de ello es que desde el 98, se conocían las riquezas de la provincia de Loja, y por ello sometieron a nuestra población, a la mono producción de maíz, a la venta de tierras, todo para tener los territorios libres, los campesinos en banca rota, y las tierras empobrecidas, condiciones necesarias para ingresar a explotar los recursos, que sabían que existían hace décadas.
Conocimiento que ya lo tenían con Teodoro Golf 1892, quien publica el mapa geológico del Ecuador, ya tenían entonces información geológica de Junín, de Zamora, etc. Teodoro Golf era representante de los ingleses, de las empresas británicas que conspiraron en contra de la Gran Colombia, quienes estuvieron atrás de la muerte de Simón Bolívar, eran las que habían recibido, como una especie de pago no monetario, parte del territorio de nuestra república dividida.
Entonces son estás empresas las que trajeron a Teodoro Golf, para que investigara otros espacios mineros que no sean Portovelo, Nambija, y otras, que eran minas de la colonia, que por cierto nuestros compañeros shuar, como ahora, en ese entonces salieron a defender su territorio y nuestros recursos, y acabaron con siete ciudades en tres días; esperamos que ahora no sean ciudades y sean unas cuantas transnacionales mineras e hidrocarburíficas.
En el 98, cuando firmamos el acuerdo de paz, con el Perú, nos dijeron que hay que construir ejes viales transversales, para la integración binacional y el intercambio comercial entre los pueblos, nos engañaban, porque desde esos años la intención era construir carreteras de primer orden para favorecer el transporte de minerales a Puerto López que está en Machala; infraestructura que se financiaría con dinero del Estado y con dineros de préstamos, o sea deuda externa.
Toda esta infraestructura es necesaria, pues las empresas condicionan, si el Estado no tiene todo garantizado, ellas no explotan. Entonces, no debemos engañarnos, las empresas mineras desde mucho tiempo atrás, conocen los espacios mineros, por lo tanto desde hace mucho tiempo atrás, también previnieron todo los riesgos políticamente, por ejemplo: si se levantan los indios, buscamos una alternativa, formamos las empresas mineras nacionales; si los estudiantes profesores, se levantan, convenios con las universidades para realizar proyectos de investigación para el desarrollo; y a los periodistas que quieren conocer más allá de lo que se dice y muestra, hay que ofrecerles proyectos, bonos o por último dinero para que dejen de ser trabajadores del medio y se conviertan en socios; estos ejemplos y muchos casos más, con el único afán de callar la boca al pueblo, comprando las conciencias, no directamente; sino bajo la idea de proyectos de desarrollo.
Son estas estrategias políticas de las empresas transnacionales, las que hicieron posible, que conocimientos como los estudios de minería en el Ecuador permanecieran como una especie de secreto de Estado. En el caso de Loja, el conocimiento de la reserva minera, data desde 1895, incluso Teodoro Golf le puso un nombre a esta formación geológica binacional, “Batolito de Tangula”, Tangula es un pueblito que queda entre Sosoranga, Cariamanga y Catacocha.
Un pueblito de 14 casas, que en el sitio web de google gear, aparece, mientras que ciudades importantes como Macará no está ¿Cómo podemos explicar eso? Está Nambija, Cangasa y todos los puntos mineros que son explotados. ¿No será que esta información, está allí también para los inversionistas mineros? He citado Nambija y Cangasa, porque creo prudente recordar que en estas dos grandes mineras, se dio el primer y más grande genocidio, que casi terminó con el pueblo Palta, felizmente ahora se está recuperando y está trabajando, para rechazar el proyecto minero a gran escala.
Debemos entonces ser profundamente desconfiados con lo que nos dicen, en función de nuestros intereses, no debemos ser ingenuos, debemos anticiparnos, para alertar a la gente, para conocer qué intereses están detrás del supuesto desarrollo que hoy nos quiere vender la revolución ciudadana.
En función de esta tarea, es necesario ir abriendo la agenda oculta del nuevo proyecto económico político que se está implantado en el país, para ello debemos preguntarle al Plan de Desarrollo Nacional del CEMPLADES, ¿Por qué no se cita, la cuenca de Zamora-Santiago en el plan de conservación de fuentes de agua de ésta región? No olvidemos que esta cuenca, está vinculada a toda la cordillera del Cóndor, la cual está destinada, según el gobierno a ser zona de extracción minera extensiva.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Dr. Alex Zapata
El Ecuador es uno de los países en América Latina, en tener una ley de aguas luego de la independencia. Recordemos que el Ecuador se funda en 1830 y la primera ley de aguas en el país es de 1832, es decir a los dos años de la fundación; dato histórico que da cuenta, de cómo la problemática del agua, está presente en el Ecuador desde sus inicios.
Luego de muchos estudios, que se han realizado al interior del CIPAE, hemos diferenciado tres modelos de gestión pública de las aguas, a lo largo de la historia. Modelos que los vamos a analizar, partiendo desde una hipótesis, para nosotros, estos modelos de gestión pública de las aguas, han estado históricamente condicionados por las lógicas de articulación de la economía; que han estado basadas en la concentración de la propiedad agraria, la extracción de la renta sobre la tierra y la renta en trabajo.
Esta renta pre capitalista correspondió a un modelo de gestión del agua basado en la garantía de la propiedad de ésta. Este modelo que se inició de la mano de la conformación del Estado ecuatoriano, se prolonga en buena medida, hasta los años 30 o 40, viniendo después un momento de tránsito a un nuevo modelo de gestión pública de las aguas, modelo que va estar enmarcado por la políticas Cepalinas, aquellas fomentadas por la comisión económica para América Latina, me refiero al CEPAL de los años 60.
Uno de los mentores de este modelo fue Raúl Breishs, quien junto a otros, planteó el modelo de sustitución de importaciones por la vía de la industrialización de América Latina, este modelo cepalino va a estar presente desde los años 60 hasta inicios de los 80, y va a marcar fuertemente la gestión pública del agua; para nosotros, este es el segundo momento.
El tercer momento de la gestión pública de las aguas que va estar fuertemente marcado por el modelo de ajuste estructural, y revitalización macroeconómica, lo que nosotros comúnmente llamamos las políticas neoliberales. En materia de aguas estas políticas fueron conocidas como las políticas del ajuste hídrico, implicaron una serie de reformas al marco institucional, de la ley de aguas, este momento más o menos se prolonga hasta el año 2004. Podríamos decir que ahora estamos en ciernes, un cuarto momento; pero si partimos de la hipótesis que hemos planteado, que los modelos de gestión pública de las aguas están condicionados por la forma como se organiza la económica, más allá de la ley de aguas, más allá del debate actual sobre el recurso hídrico, y sobre la insistencia de varios sectores, entre ellos el movimiento indígena, que con justa razón está exigiendo que se revise ciertos artículos de la ley de aguas, que pone en peligro la administración pública y comunitaria del agua, más allá de eso, el poder del manejo del agua, donde la ley es solo un componente, hoy, se está configurando al parecer alrededor del modelo extractivista de los recursos naturales, por eso creer que el debate del agua, de la minería y otros está solo en el sistema jurídico, es un error, creemos que la trampa para todo el movimiento social está en la sobre dimensión de la leyes, hemos perdido de vista que las leyes están subordinadas al modelo de articulación de la economía.
Desde nuestra hipótesis, decimos que estamos viviendo momentos de transición del modelo de gestión pública de las aguas, basado en el ajuste hídrico y la necesidad de salir de una economía en crisis. Proceso que nos debe llevar a preguntarnos ¿por qué la necesidad de una nueva ley de aguas? A lo que yo propondría, cuatro respuestas posibles:
Uno, la ley de aguas del 72, que rige hasta febrero del 2010, que fue aprobada en el gobierno del general Rodríguez Lara, en el apogeo del modelo cepalino, es la consolidación de un proceso iniciado en los años 60, que hizo posible la creación del IEOS en 1965 y el INERHI en 1966, culminando con la ley de aguas de 1972, punto cumbre de un proceso de avanzada en relación al tema agrario, porque decimos esto, porque esta ley lo que hace es nacionalizar las aguas, antes del 72, el agua se compraba y vendía como escritura pública, es decir al comprar el terreno en las escrituras constaba los metros cúbicos de agua que tenía el terreno; a partir del 72, con la ley de aguas, esto cambia y el Estado asume el control de todas las aguas, del suelo, subsuelo, marítimas, etc.; y es quien otorga el uso y el aprovechamiento de las aguas, regulando el acceso de los particulares al recurso hídrico. Por primera vez en la historia el uso del agua pasa a ser de dominio público.
Para un poco recrear este hecho es necesario escribir sobre un hecho anecdótico, antes del 72 había sobre la propiedad de las aguas, dos figuras jurídicamente legales, la privada y la pública, reconocidas en la ley de condominio de las aguas aprobada en los 60, la cual reconocía tres tipos de uso y aprovechamiento de las aguas: la pública, la privada y la comunitaria; sin embargo había todo un debate sobre las aguas lacustres (lagos y lagunas), un sector defendía la tesis de que esas aguas debían pasar a ser de propiedad pública, otro sector defendía la tesis de que debían ser de dominio privado; ganó el debate el sector privado, con una leguleyada que ofende a todos los ecuatorianos, se decía en uno de los incisos de la ley, que las aguas de origen lacustre será de dominio público, cuando sobre ellas pueda navegar un buque de 100 toneladas de carga, es decir era una forma de legitimar que todos los sistemas lacustres pasaban a ser de control privado.
Para completar esta anécdota, en el año 62 hubo una masacre de compañeros salasacas, por el tema de las aguas, exactamente en Pelileo-Tungurahua, donde había un hacendado de apellido Sevilla, que luego fue ministro de gobierno y ministro de finanzas durante la dictadura del 76, quien llegó a un acuerdo con el pueblo indígena para construir una acequia, una vez finalizado la obra, con mano de obra salasaca, este señor Sevilla dijo, “yo tengo la sentencia de que las aguas son mías”, entonces los salasacas exigieron con justicia sus Derechos, al tener la negativa del hacendado, ellos por cuenta propia abrieron una trocha y se llevaron el agua. El señor Sevilla lo que hizo es mandar a la policía para que echaran bala, donde murieron 18 salasacas. En aquella el señor Sevilla fue señalado como asesino, pero este como estrategia y como el dinero lo encubre todo, mando a llamar a un cantante ambateño e hizo una bonita canción; creo que todos la hemos cantado alguna vez “Taita Salasaca” donde hay una estrofa que dice: “el patrón Sevilla, ofreció a la Rosita una vaquita y un huasipunguito” quedando éste como el patrón bueno.
Volviendo a la ley del 72, al nacionalizar las aguas la inversión sobre este sector se multiplica, a través del INERHI, empezando en el Ecuador un proceso de desarrollo de la infraestructura para el uso y aprovechamiento de las aguas. En materia de agua de tubo, a través de los municipios y en materia de riego, a través del INERHI.
Lo que le faltó a esta ley es una buena administración estatal, lamentablemente como todos sabemos la gestión estatal casi nunca ha actuado con sentido de justicia social, ¿por qué decimos esto?, la lógica del INERHI fue “quien más tierra tiene, más agua necesita” con esta lógica, lo que se hizo es agudizar la desigualdad en el aprovechamiento de las aguas, favoreció a su acaparamiento; la ley que tenía un fin progresista, deja de tenerlo y más bien legitimó las lógicas de acaparamiento del agua.
De esta última reflexión, podemos contestarnos a la pregunta, ¿por qué la necesidad de una nueva ley de aguas?, ¿por qué la ley del 72?, más allá de su intencionalidad progresista, no logró desmonopolizar el control del recurso hídrico en el país, pues gracias a la mala administración se sigue acaparando las aguas. Y esta realidad es más visible en la cuencas de mayor desarrollo de la agricultura capitalista, me refiero a la cuenca del río Guayas, Toachi, Mira, Paute, Cutuche y otros.
Las cuentas de mayor desarrollo agrícola capitalista es donde mayor concentración de aguas existe, hecho que debemos tomar en cuenta, donde la ley del 72 ha jugado un papel fundamental en la inequidad distributiva del agua.
Una segunda respuesta, al ¿por qué una nueva ley de aguas?, es que los problemas de este recurso han cambiado de forma abismal, por ejemplo en los 60, o 70 el problema de la minería no existía, pues teníamos una minería pequeña que no tiene comparación a los proyectos mineros que el gobierno está alentando. Lo mismo ocurre con los proyectos hidroeléctricos se reducían a Paute y Agoyán, ahora en cambio se piensa desarrollar proyectos de gran envergadura, medianos y pequeños a lo largo del país. Para todos es conocido que el proyecto IRSA tiene puesta su mirada a nuestras caídas de agua, como fuente de energía; el crecimiento agro industrial está viviendo una expansión impresionante en el país, cultivos como el banano, la palma africana, el azúcar, en los últimos 10 años, prácticamente han duplicado su frontera agrícola, modificando la relación agua-agroindustria; otro elemento que hace la diferencia es la población, en los años 70 éramos alrededor de 7 millones de habitantes hoy somos más de 14 millones.
Por lo tanto la problemática del agua es totalmente distinta a la de hace 30 o 35 años, la oferta de agua disminuye y la demanda de agua aumenta.
Un tercer elemento de respuesta es que las políticas del recurso hídrico, tuvieron una modificación sutil, y a veces grosera del marco general de las aguas, el cual permite la creación de un mercado del agua y garantiza el control monopólico de las aguas. Estos cambios sutiles están presentes en la ley de desarrollo agrario de 1994, donde se establece que al vender la propiedad sobre la tierra, se transferirá automáticamente los derechos del agua; lo que termina con la ley del 72, puesto que al ser las aguas declaradas como bien público, no pueden éstas estar en el mercado, por lo tanto no hay comercio de aguas, y no se pueden transferir, pero la ley de desarrollo agrario como vemos introduce sutilmente al mercado este recurso. Otro ejemplo es el consejo constructivo de aguas, que es un órgano de apelación de los juicios sobre el agua, establece que todas las sentencias sobre los problemas de agua son de carácter indeterminado, es decir a perpetuidad, cosa grave en un país donde existe un alto grado de concentración del agua, por lo tanto un alto grado de exclusión de la misma. Reformas que desvirtuaron el sentido de la ley de aguas del 92.
La última razón de por qué una nueva ley de aguas, es la nueva constitución del Ecuador, donde se determina principios fundamentales en relación a las aguas, por ejemplo: las aguas declaradas como patrimonio nacional estratégico, el derecho humano al agua, la prohibición de la privatización de las aguas, y la constitución reconoce solo dos formas de gestión de las aguas: la pública y la comunitaria.
Antes de la constitución del 2008, la administración del agua lo podía hacer cualquiera, ahora no hay una autoridad única del agua, la constitución además obliga al árgano legislativo que en el plazo de un año se dicte una nueva ley de aguas, compromiso que se postergó a febrero por acuerdos políticos, también existen dos disposiciones que son transitorias, la primera dice que el Estado tiene la obligatoriedad de revisar todos los contratos firmados con empresas privadas para la gestión de las aguas; en el caso de Guayaquil que delegó la administración de las aguas de consumo de la ciudad de Guayaquil a la empresa INTERAGUAS, en el caso de Machala TRIPLEORO, en el caso de la península de Santa Elena la empresa AGUAPEN, pero sobre todo los casos más dramáticos, lo que pasó en la provincia de Manabí, donde las dos grandes represas que el Ecuador ha construido, las represas Poza Onda y la Esperanza, fueron entregadas al dueño de los aceites la favorita, dueño de pamicultoras, Gonzalo Artigas, para generación de energía eléctrica, cuando esas dos obras fueron construidas para el consumo de los manabitas. Y la otra disposición constitucional transitoria, donde se da el plazo de dos años, para que el gobierno revise la situación del acceso al riego en todo el país.
Cuatro razones fundamentales que nos exigen tener una ley de aguas que responda a estas nuevas circunstancias, pero esta necesidad tiene puntos críticos en su debate.
El primero, es la institucionalidad, la constitución dice la autoridad única del agua, y el gobierno entiende esto como el señor secretario y la institución; mientras que el movimiento indígena dice, un momento esa interpretación dice de una representación unipersonal, más no única, pues ésta debería ser un consejo plurinacional, que represente la diversidad del país, otros sectores dicen debe reflejar una institucionalidad participativa. Este debate se centra en la autoridad única del agua, como aparato burocrático o un organismo de participación social.
El otro punto es que la CONAIE califica a la ley propuesta por el gobierno como una ley privatizadora, ley que para mi parecer no precisa los mecanismos para la redistribución de las aguas. El tercer elemento está alrededor de los usos productivos del agua, por ejemplo en tema minero, la ley debería ser cuidadosa, por los daños al ecosistema que ha provocado y que provocará si se aplica una producción a gran escala.
Hace falta entonces mayor precisión, más claridad, en América Latina y en el Ecuador mismo hay propuestas, que no han sido tomadas en cuenta.
Por último también debemos anotar, sobre la inversión del tema aguas. Para la educación hay presupuesto, para salud y para obras públicas hay inversión, pero para la ley de aguas no, cómo es posible esto, si toda ley viene con su respectivo presupuesto, más aún cuando la ley de aguas habla de canales de riego, etc.
Y por último, las aguas de la Amazonía, son un tema que no se lo ha tocado con especificidad, los pueblos amazónicos dicen que no se sienten identificados en lo más mínimo; por lo tanto, la propuesta de este análisis es que no nos quedemos en el debate formal, debemos debatir desde el modelo económico que estamos viviendo hoy, solo así lograremos acercarnos a un análisis real sobre el futuro de las aguas.
Coordinación General: José Luis Bedón
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Alicia Vacacela
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Blanca Chancosa
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